Responsabilidad del estado frente a las políticas de seguridad ciudadana (Venezuela) (página 2)

Evidentemente la inseguridad ha significado un problema social de primera importancia en la agenda de la sociedad. Ello implica, en términos de opinión pública, que tarde o temprano la inseguridad ciudadana se transforme en un tema eminentemente político, respecto del cual el Estado y sus organismos les cabe un protagonismo ineludible para establecer prioridades, generar políticas, planes y programas destinados a superar la inseguridad, al mismo tiempo que se le demanda articular y definir los límites de la acción legítima de los demás componentes de la sociedad. En este mismo sentido es interesante observar que en los casos donde el tema de la inseguridad ha adquirido relevancia pública ella se ha generado invariablemente como un problema vinculado a la órbita política.

En efecto, una vez que el incremento de las tasas de criminalidad alcanza cifras alarmantes de reconocimiento público se generaliza la sensación de peligro, muchas veces por un tratamiento sensacionalista por parte de los medios masivos, pero en esta ocasión no es así inevitablemente la opinión pública demanda una respuesta eficaz de las autoridades ante la inseguridad existente en la actualidad.

En Venezuela este problema tiene mucho significado colectivo respecto al tema de la inseguridad ciudadana, en estos casos los cuerpos policiales juegan un papel fundamental, particularmente por ser el cuerpo que en todo momento tiene el primer contacto con la delincuencia y tratan de capturarlo para que el Ministerio Público a través de sus diferentes Fiscalías sancionen al transgresor y se trate de resarcir el derecho vulnerado de la víctima, los medios de comunicación principalmente la prensa escrita reseñan y dan las estadísticas de las cifras de las victimas como resultado de la inseguridad. En ese sentido, se observa que cada día se hace necesario intensificar la protección frente a los homicidios, robos, asaltos, agresiones de toda índole y como si fuera poco el secuestro, supera la capacidad de respuesta individual. En la actualidad la sociedad venezolana enfrenta esta situación que es de suma gravedad y es un problema social del Estado y que éste debe resolver a corto plazo.

El Estado no ha enfrentado esta crisis de inseguridad como debe, éste ha implementado diversas formas de gestión pública, a través de planes que comprometen en distintos grados al aparato institucional en el ámbito nacional, regional o comunal, pero lo que ha hecho lo esta haciendo bajo la visión de su interés político para ganar espacios y en este sentido dominar todas las instituciones y ha descuidado a la seguridad de la sociedad en todas sus expresiones.

Ello por supuesto no descarta, por ejemplo, la intervención activa de individuos particulares que hacen a través de los consejos comunales, en donde tienen un papel protagónico por intervención de las policías comunales, pero la realidad es que no se ha notado ningún resultado en la reducción de la criminalidad.

Evidentemente el Estado a través de estos órganos no ha tenido éxito porque no están aplicando las políticas criminales adecuadas que se deben aplicar desde el seno familiar como asociación natural de la sociedad. La sensación de inseguridad de muchas personas la tienden a reducir mediante muchas acciones, como la adquisición de armas para la defensa personal, la contratación de servicios privados de seguridad, sin embargo ello es insuficiente para terminar la delincuencia, a la vez que son crecientemente cuestionadas por el peligro que conllevan al fomentar la autodefensa y la violencia generalizada como mecanismo de solución.

En la sociedad una vez que determinado problema ha pasado a ser público, como sucede con la inseguridad y se ha descuidado potencialmente por el Estado se reconoce que afecta enormemente a la sociedad en su conjunto y permite reconocer la ineficacia y obsolescencia que tienen las medidas políticas verticalistas adoptadas por los entes gubernamentales en pro de obtener mayor dominio en las instituciones policiales y de seguridad del Estado. Ahora bien el riesgo, la prevención y la seguridad son los tratamientos que los sistemas parciales pueden efectuar respecto de la inseguridad, y en este sentido es necesario profundizar en algunas herramientas conceptuales que permitan interpretar el sentido con el cual se procesa el fenómeno social que resulta posible abordar la inseguridad desde la perspectiva del riesgo, pues más allá del particular contenido del atributo u operaciones que cada sistema pueda efectuar al respecto en términos de equivalencia funcional, todos los sistemas se ven impelidos a adoptar alguna estrategia de prevención y, al hacerlo o no, asumen el riesgo que ello implica.

Ahora bien, la observación de los mecanismos para el logro de la Seguridad Ciudadana conlleva invariablemente ambas distinciones, sea cual sea el esquema de diferenciaciones asumidas por el sistema. Ya sea el Estado a través de cualquiera de sus organismos: Ministerios, Gobernaciones, Municipios, Consejos Comunales, Comandos de Policías y las organizaciones privadas, la comunidad organizada o las personas mismas al reaccionar frente a las amenazas que representan los homicidios, los robos, asaltos, agresiones, secuestros o cualquier otro delito denotado como peligrosos.

Los delitos y el entorno social.

En la actualidad en el ámbito cotidiano, las autoridades ministeriales del país afirman, que estos delitos son atribuidos a fuentes que provienen del entorno social como la toma de venganzas entre bandas y otros del entorno político traduciéndolo que por ser de un color partidista determinado se emprende acciones agresivas que atentan contra los derechos humanos. Cuando el Estado decida emprender verdaderas acciones de prevención orientadas a reforzar la sensación de seguridad, a través de las políticas criminales que estén dirigidas al control social desde las bases de las familias y la sociedad como un todo, se observen los verdaderos resultados en la disminución hasta la erradicación del delito y aumentando la sensación de seguridad, a través de esas medidas que son percibidas como eficaces cuando se logre controlar los delitos en la actualidad y los posibles delitos futuros.

Es inevitable el nivel de riesgo en que están expuesto los delincuentes ante las medidas de prevención y erradicación del delito que debe tomar el Estado, pero con ello se aumenta la seguridad y disminuye el auge de la delincuencia que es el producto de los hurtos, robos, asaltos, homicidios y otras agresiones que cada día asechan al ciudadano.

Estas medidas de prevención y erradicación del delito son evidentemente las políticas criminales que se deben tomar a todos los niveles desde lo más inicuo de la familia hasta las grandes asociaciones de la sociedad.

La inseguridad ciudadana es cada vez más compleja de analizar y controlar en virtud de ese elevado nivel de diferenciación sistemática que exhiben las sociedades contemporáneas. El tema de la Seguridad Ciudadana implica considerar la singularidad con que se efectúan operaciones de prevención y de erradicación, debiéndose distinguir el particular esquema de distinciones que utiliza cada uno de ellos. Dicha consideración remite a la atribución de sentido que efectúan los sistemas sociales para procesar la complejidad de sus entornos particulares hacia los cuales dirige sus operaciones.

Ahora bien las instancias sociales son de gran variedad que pueden eventualmente participar en acciones de prevención y erradicación de los delitos en la actualidad, el Estado central como sistema político debe implementar las políticas criminales necesarias siendo necesaria para implementar la Seguridad Ciudadana necesaria, sin embargo han sido inútiles o nulas estas políticas porque cada día se observa como se eleva la inseguridad de los ciudadanos.

Evidentemente la CRBV (1999), establece la organización de los órganos de seguridad ciudadana, para garantizar la seguridad ciudadana, como medio para garantizar la protección de los ciudadanos y sus hogares en el goce de los derechos fundamentales, el Estado ha incorporado la creación de instituciones y los instrumentos legales que condicionan el funcionamiento y organización de la institución policial para abordar integral y eficazmente la problemática de la inseguridad ciudadana.

La inseguridad es un fenómeno social, que se ha venido incrementando en los últimos años, y corresponde al Poder Público, mediante los órganos de seguridad ciudadana, la coordinación de acciones para resolver las situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o peligro para la integridad física de las personas y sus bienes. Las normativas de para la protección ciudadana siempre han existido pero han resultado insuficientes ante el alto índice de hechos delictivos.

Visto el anterior planteamiento, el Estado establece un Decreto Ley en el ámbito normativo en materia de coordinación para que los Estados y los municipios formulen las normas relativas al desarrollo de la actuación de los órganos de seguridad ciudadana que actuarán en sus correspondientes jurisdicciones. Esta normativa tiene por objeto regular los métodos y parámetros de actuación cuando converjan las funciones de los órganos de seguridad ciudadana en una situación que requiera la participación conjunta y compartida, estableciendo los lineamientos y medidas para evitar actuaciones confusas, como producto del desconocimiento de las tareas comunes y esenciales que han de observar cada uno de los cuerpos y órganos destinados a garantizar la seguridad a la ciudadanía.

El Estado venezolano debe asumir el compromiso de atender este problema partiendo de una política sostenida, proyectada en el tiempo y espacio; concebida en términos científicos no sólo como política antidelictiva sino con el alcance de la política criminal moderna y del control social formal e institucionalizado.

Es así, como el artículo 2 del Decreto Nº 1.453 del 20 de septiembre de 2001, establece:

Son órganos de seguridad ciudadana: 1. La Policía Nacional, 2. Las Policías de cada Estado, 3. Las Policías de cada Municipio, y los servicios mancomunados de policías prestados a través de las Policías Metropolitanas, 4. El Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y criminalísticas, 5. El Cuerpo de Bomberos y administración de emergencia de carácter civil, y 6. La Organización de protección civil y administración de desastres.

Siendo objeto de estudio y análisis y se toma la importancia para esta investigación las Instituciones Policiales en todas sus expresiones, es decir, la Ley de Policía Nacional, las Policías estadales, las Policías municipales, la reciente creación de las policías comunales, las policías metropolitanas y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, aunque su objeto es de investigación también en muchas oportunidadescombaten el hampa y de acuerdo a la norma establece que corresponde a los órganos de seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias acatar, vigilar, organizar, desarrollar y ejecutar las instrucciones de coordinación que en materia de seguridad ciudadana sean emitidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana.

Las actuaciones de los órganos de seguridad ciudadana, se desarrollaran con estricta observancia a los derechos y garantías establecidos en la CRBV, los Tratados Internacionales suscritos por la República y las normativas que regulan a cada una de las instituciones policiales cuyos principios de actuación son la probidad, eficacia, subordinación, disciplina, cooperación y responsabilidad. Evidentemente, todos los funcionarios adscritos a los órganos de seguridad ciudadana forman parte del Sistema de Seguridad de la Nación, en consecuencia los estados y municipios establecerán las normas jurídicas necesarias para crear los mecanismos de protección a estos funcionarios acorde con la misión y el nivel de riesgos al que se encuentran expuestos.

Ley Orgánica de Policía Nacional y del Servicio de Policía (2008).

El Estado ha creado recientemente la Policía Nacional, con el fin de tener mayor control y poder sobre los órganos de seguridad, y en este sentido se ha implementado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Policía Nacional y del Servicio de Policía (2008 LOPN), una normativa que regula, organiza y desarrolla los cuerpos policiales; estableciendo en el artículo 3, que:

El Servicio de Policía es el conjunto de acciones ejercidas por el Estado a través de los cuerpos de policía, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física de las personas, sus propiedades, el ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la Ley.

En este sentido se puede observar una amplia disposición que el Estado central se atribuye la responsabilidad del Servicio de Policía y con ello la seguridad de las personas y sus bienes traducidas estas en seguridad ciudadana, es el deber ser del Estado, pero que en la realidad se cumpla a cabalidad y de una vez inicie la tan necesaria e importante seguridad ciudadana, de aquí se desprenden del artículo 4 las funciones del servicio de policía de los cuales son:

Proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas y la paz social. Prevenir la comisión de delitos. Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente. Controlar y vigilar las vías de circulación y el tránsito. Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación.

Evidentemente se desprende de este artículo de la LOPN, que la policía nacional tiene un gran reto como la de integrarse directamente con las comunidades venezolanas y que de manera conjunta deben contribuir a la seguridad, combatiendo la delincuencia en todo el país y fortaleciendo los aspectos inherentes a la prevención ciudadana. Esta norma orgánica de Seguridad Ciudadana se le conoce como el rostro de las comunidades en la función policial, ya que establece un capítulo especial sobre la participación ciudadana en esta materia y estipula que los cuerpos de policía ahora deben rendir cuenta sobre su desempeño a las comunidades.

Esta integración de la Policía Nacional y las Comunidades, se ha originado lo que se oye a cada instante como una policía comunitaria, preventiva, humanista y revolucionaria. Pero la realidad no es esa, ya que según el autor se pueden implementar una serie de cuerpos policiales pero si no se busca un objetivo bien definido, con funcionarios muy bien remunerados, seleccionados de un grupo social idóneo, que ese funcionario seleccionado no viva en el mismo barrio donde hacen vida el hampa y que después que estos se conozcan vaya el funcionario a reprimirlo por los delitos que se cometen a diario, es aquí una de las grandes deficiencias que se presentan en los cuerpos policiales, además de la deficiente preparación, y que además son funcionarios que no son sometidos a un proceso de selección y admisión y que en realidad cumplan sus funciones con sentido de pertenencia y no por necesidad económica.

La creación de la Policía Nacional se fundamenta en cuatro aspectos esenciales: actitud preventiva y humanista, policía comunal, articulación del sistema de policía nacional y participación de las comunidades en la prevención de delitos. Asimismo esta institución de seguridad ciudadana permite la unificación en un mismo órgano de las distintas competencias nacionales, estadales y municipales; la creación y organización de la policía comunal; el carácter preventivo del servicio de policía, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y la concreción de aspectos como la actitud humana, capacitación académica, rendición de cuentas y evaluación de los indicadores del desempeño.

En los actuales momentos la política de Estado asocia la seguridad ciudadana con los intereses de las clases dominantes, siendo criterio del autor que no es así ya que cada día se observa en la prensa local las estadísticas de los fallecidos por manos del hampa del ciudadano común del padre de familia que salió al trabajo y nunca llego a su destino porque cayo abatido por la delincuencia, el obrero que en busca de trabajo sólo encuentra la muerte porque fueron víctimas de la delincuencia, igualmente de secuestros de grandes e importantes empresarios, muertes de personalidades importantes como jueces, militares e incluso funcionarios policiales que son los encargados de dar seguridad, así se parpa la ineficacia y la corrupción del Estado ante la impunidad de tantas injusticias que cada día ocurren en toda la esfera del territorio nacional.

Evidentemente el autor sostiene que las condiciones legales de la seguridad ciudadana en la legislación venezolana es suficiente y está bien estructurada, pero carece de las políticas criminales por parte del Estado, que le de impulso y que tome de una vez la responsabilidad que tiene frente a la seguridad ciudadana.

En fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009), el Ministro del Poder Popular del Interior y Justicia afirmó sobre un plan de seguridad que está implementando, que va desde el cambio de autoridades policiales hasta el reforzamiento de la participación comunal en labores de seguridad y supervisión policial. Pero a entender, este plan no resuelve la inseguridad ciudadana porque el problema de la seguridad va más allá de una simple remoción de un jefe policial o de incluir a las comunidades en las operaciones policiales de seguridad, es indispensable atacar este flagelo desde las raíces para prevenir y hasta detener el auge de la delincuencia que es la principal razón de la inseguridad ciudadana.

Para la mayoría de la ciudadanía venezolana, en materia de seguridad no se ha hecho nada, porque cada vez son más significativos los homicidios, robos, atracos, y todo tipo de actos violentos, donde las principales víctimas son la población desarmada damas, adolescentes entre doce y quince años, niños, trabajadores, empresarios y altos funcionarios y funcionarios policiales entre otros que mueren y no hay quienes ponga freno a esta situación.

La ciudadanía expresa que el Estado no está combatiendo la inseguridad, ya que cada día hay más delincuencia, esto esta pasando y es una situación muy grave, ya las personas no puede salir de sus casas, pero si no se toman las acciones necesarias a tiempo se llegará el momento de que la delincuencia va a sacar a sus víctimas de sus propias casas no valdrá rejas ni otro dispositivo de seguridad que las familias implementen en sus hogares. Definitivamente el Estado debe conseguir las herramientas indispensables que van más allá de la adquisición de patrullas y más funcionarios, tiene que haber algo para poder lograr una solución.

Ahora bien la responsabilidad del Estado frente a las políticas de seguridad ciudadana de acuerdo al contexto legal venezolano se señala como un deber del Estado y la problemática existente es una emergencia de Estado y debe atacarla, aún utilizando a la comunidad para enfrentarla bajo la necesidad de la creación e interpretación de medidas gubernamentales que no sólo se emplee a la represión y son más importantes que éstas medidas porque son perdurables y quedan en el tiempo tales como la implementación de estrategias de seguridad que comienza con el rescate de los valores desde la educación familiar debido al papel importante en la formación de hombres de bien, exhortando tanto a las autoridades locales como las regionales a contribuir con el desarrollo de principios y valores, con la implementación de métodos que lleguen a todos los hogares.

Con la creación de la Policía Nacional, se implemento la Ley Orgánica de la Policía Nacional, este instrumento jurídico nace con la visión de la revisión, rectificación y reimpulso que apoya un estricto programa de seguridad nacional implementado por el Estado; con el objeto de disminuir de manera considerable el índice delictivo en todo el país. El proyecto fue redactado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), y fue publicada en Gaceta Oficial Nº 5.880 de fecha 9 de abril de 2008. Se hace necesario mencionar que este proyecto nació del consenso nacional, ya que se recogió las propuestas de las comunidades venezolanas, con la finalidad de velar por los intereses e inquietudes de los niños, adultos, policías y especialistas en la materia y tratar de garantizar el respeto de los derechos humanos.

Pero aun, así ha sido imposible el control de la delincuencia, ya es preciso señalar que las leyes solamente bien aplicadas tienen sus efectos pero si estas se aplican para unos y para otros no, la situación de la problemática continuará hasta que la implementación de las medidas para lograr la seguridad ciudadana sea imparcial, equilibrada y justa se llegará al fin que todos desean que es una seguridad digna para ciudadanos dignos.

Para finalizar es necesario establecer que en Venezuela se opera con una generalizada medida de seguridad por peligrosidad presunta que sea bajo la forma de prisión o de privación preventiva de libertad, que si bien es pervertida y solo excepcionalmente con penas con lo cual toda propuesta de destinar penas o medidas de mera contención para los delincuentes pierde su sentido, dado que éstas se emplean desde el mismo comienzo del proceso de criminalización indiscriminadamente. Y de allí a criterio del autor se parte con la difícil utopía de implementar la seguridad ciudadana.

CAPÍTULO II

Políticas criminales que el estado venezolano implementa para garantizar la seguridad ciudadana

La política criminal es una de las estrategias del Estado, que diseña de acuerdo a la práctica de la violencia estatal, siendo la forma como el Estado hace uso del poder en este ámbito de los indicadores de la debilidad o de la profundidad del sistema democrático en la sociedad y muestra el grado de respeto a la dignidad de todas las personas y el nivel de tolerancia a los diversos modos de comportamiento de la sociedad. Según Pizarro (2000), La Política Criminal es:

La ciencia que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente e indica de manera sobresaliente, que: Los campos de la acción de la criminología, están considerados en tres ramas: En la administración de justicia, En el campo penitenciario y En la prevención del delito (p.18).

Evidentemente analizando el texto anterior se puede observar por todo lo que acontece diariamente en el ámbito de los delitos y de la delincuencia que en Venezuela, no se estudia ni existe un equipo conformado, que estudie los delitos como conducta humana y social, y menos quien investigue las causas de la delincuencia, como debe ser su prevención y tratamiento. Por otra parte estas tres áreas que se mencionan no están conformadas por los especialistas que en realidad deseen conocer los factores de la personalidad criminal, con el fin de que se logre impartir la justicia de forma más adecuada, justa e individualizada, así como también, se someta a una terapia idónea al infractor, y todo esto representaría el éxito de todo estudio criminológico, el prevenir que se den o repitan determinadas conductas consideradas como criminales.

Venezuela requiere de estudiosos de esta disciplina y que en realidad sientan el deseo de actuar en el área con la finalidad de establecer medidas de contención y de prevención de la delincuencia y de esta manera erradicar su existencia en la geografía venezolana y que la colectividad sienta esa sensación de seguridad. Ya que la política criminal es la manera como la colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones delictuosas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico. La disciplina que se encarga de estudiar esta faceta del control social recibe igualmente el nombre de política criminal. Y se hace necesario que esta disciplina tenga la tarea de la descripción de la reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia.

En la doctrina la política criminal se presenta como una disciplina o un método de observación de la reacción anti criminal; tal como es efectivamente, y como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; esta estrategia es elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportadas por la observación objetiva

La política criminal es en consecuencia un ápice de la política jurídica del Estado, la que a su vez es parte de su política general. La planificación y realización de una correcta y coherente lucha contra la delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios tendientes a describir el sistema de reacción social y a determinar los lineamientos y los medios más eficaces.

Para el establecimiento de estos lineamientos es necesario observar y analizar minuciosamente cada una de las acciones delictuales, adjuntando a ellas las causas que han provocado la ejecución de esos delitos, para de esta manera el Estado planificar y trazar los lineamientos tendentes a corregir, contener y prevenir los delitos y con ello a la delincuencia.

Venezuela y la Política Criminal

La situación venezolana es característica donde el contexto socio económico se desarrolla bajo una violencia constante y una inestabilidad subyacente a todo el sistema económico que es dependiente totalmente de los hidrocarburos. Como bien se sabe el país es mono productor y depende exclusivamente de los precios del petróleo, cuando estos caen la economía se retrae y cuando sube el precio los excedentes es usado para cubrir la brecha abierta que dejan los bajos precios y de esta forma se comporta una economía pareciendo ser volátil en una gran parte de su existencia.

En este sistema la desigualdad social es enorme, la desocupación es elevada y deteriora a una gran parte de la población. La organización política es insuficiente y la que existe no tiene visión de un correcto programa político de Estado con miras a solucionar los problemas de un país, solamente se persiguen objetivos personales a través del ejercicio de altos cargos gubernamentales y no ofrecen a los individuos la posibilidad de participar en el gobierno del país. Esta descripción, necesariamente esquemática, debe ser apreciada considerando que la estructura social de este país no es homogénea. En el interior, existen zonas muy ricas que las mismas que tienen una peculiar vinculación entre ellas y con los países desarrollados.

La descripción esquemática de cómo el Estado ha reaccionado legislativamente frente al fenómeno delictivo, no puede ser bien comprendida si no se tiene en cuenta el contexto socio-político en que se produce. Es criterio del autor que esta investigación no es la que debe analizar exhaustivamente esa realidad. Pero, así como el estudio de la evolución del derecho penal, se cree necesario hacer aunque sea una verdad trivial, no se puede dejar de decir, que el orden jurídico, en general y el penal, en particular, están vinculados estrechamente a la realidad social, económica y cultural del país. Todo cambio socio-económico y político repercute en la legislación y en la administración de justicia.

Esta vinculación, se refleja, igualmente, en relación con la labor que realizan los juristas. La concepción doctrinaria que elaboren no puede dejar de tener en cuenta estas circunstancias. De igual manera, no es posible sin un adecuado conocimiento de la realidad elaborar y aplicar una Política Criminal coherente y eficaz. La severidad de la pena prevista en la ley respecto al acto imputado al detenido determina las condiciones de su detención. Igualmente puede decirse que la pena requerida por el Ministerio Público, determinada a su vez por la fijada legislativamente y que condicione el juzgamiento del acusado. Así se origina un círculo vicioso de consecuencias desastrosas para quien es detenido como simplemente sospechoso.

El problema se origina no tanto en razón de la incapacidad funcional de los jueces o del número de funcionario, sino, sobre todo, al carácter eminentemente represivo del sistema penal y no aplica las políticas criminales para prevenir y aun mucho menos para contener. Además, su aplicación es realizada de acuerdo a reglas procesales deficientes e incompletas que los magistrados interpretan de manera demasiado legalista. Aunque las leyes procesales y también la Constitución consagran los principios fundamentales y a pesar que éstos son frecuentemente invocados por los jueces en sus resoluciones, es innegable que dichos principios son violados a cada momento, uno de lo más común es que el principio de la inocencia del inculpado pierde casi toda su significancia cuando antes de declararlo inocente se le somete a una larga privación preventiva de libertad.

Cuando el Estado viola estos principios no se le indemniza en forma alguna a las víctimas del Estado. Igualmente ocurre con el principio in dubio pro reo: en los casos de tráfico de drogas o de terrorismo; los jueces de primera instancia prefieren en caso de duda sobre la responsabilidad del inculpado condenarlo, para evitar en caso de absolución la sospecha de corrupción; y dejan de ésta manera la decisión definitiva en manos del tribunal superior.

La política criminal como perspectiva de estado.

La política criminal de un estado se debe a la violencia surgida y pretende enfrentar de un modo efectivo el creciente sentimiento individual y social de inseguridad. Las políticas criminales es la conveniencia de políticas coyunturales de estado como una línea coherente de pronóstico criminal y que evidentemente enuncia la probabilidad sobre el futuro del comportamiento legal de las personas. Este pronóstico es el centro de la actividad preventiva que debe desplegar el estado en sus programas dirigidos a implementar la seguridad ciudadana y en su defecto la practica y ejecución penal. En el área legislativa la primera opción es aplicar el castigo, con la finalidad de mitigar la delincuencia e incrementar la seguridad ciudadana.

Pero es importante señalar que la seguridad ciudadana y la prevención van más allá de aplicar el castigo, antes de aplicar el castigo se debe pasar por diferentes y complejas facetas que el Estado tomará en consideración en el programa de la lucha contra la violencia. Pero la aplicación del derecho penal no se puede erigir como primera ratio, pues como ya se ha dicho es indispensable tomar todas las medidas preventivas e ir más allá de éstas de tal manera que tengan efectos preventivos y que no sea necesario llegar a la practica represiva. Es nocivo enfocar el fenómeno criminal con la lógica dinámica amigo-enemigo, se trata de una postura que describe la situación como un estado de excepción, que se articula con la similitud de una guerra contra la proliferación de riesgos y contra determinados individuos identificados como delincuencia.

Es criterio de la sociedad afectada que la delincuencia debe ser controlada por una autoridad eficaz, ya que se cree que es la solución la aplicación de la capacidad operativa de las instituciones de seguridad y de orden público para dar respuesta al clamor de los ciudadanos pidiendo seguridad ante la intensidad y aumento de la criminalidad, es decir emplear el aparato represivo estatal. Como señala Hassemer (2001), que: la mayor dureza del derecho penal se debe a una política criminal surgida de la dramatización a que da lugar la violencia y pretende afrontar el clamor individual y social de inseguridad (p.81).

Del incremento desproporcionado de la delincuencia puede desbordarse la capacidad de los cuerpos policiales y de seguridad del estado, de cuyo resultado se obtiene un alto índice de criminalidad, violación del derecho de propiedad y violación de los derechos fundamentales de las personas, entre otros. Esta circunstancia anormal que se presenta en la sociedad puede generar la imposición de un estado de excepción como una de las formas autoritarias de imponer el orden y restablecer la seguridad ciudadana. Al estado de excepción se opone el de normalidad, este último entendido como el orden resultante de un control fáctico, y aparecen así determinadas propuestas como la inclusión de la Fuerza Armada de Cooperación conformada con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y en última instancia el empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como un todo, en el esquema de seguridad interior.

En un estado de excepción, se le amplían las facultades a estas instituciones policiales y militares para interrogar y se hace el énfasis a la persecución penal de las personas menores de edad y de otros sectores considerados peligrosos y en la mayoría de los casos comienzan a surgir personas desaparecidas, ya sea producto de encarcelación de personas que están incurso en delitos o por abuso de autoridad que las personas son productos de masacres realizados inmoralmente y que es producto de violación de los derechos humanos incurriendo en delitos de lesa humanidad. Según Goti (2000), señala que:

Es habitual que los discursos de emergencia estén basados en dos suposiciones: la primera es que un sector social amenaza a otro sector con afectar seriamente instituciones y hábitos percibidos como esenciales. La amenaza recae así sobre lo que se denomina estilo o forma de vida, sentimientos comunes, entre otros y la segunda es que el estado debe reservar para sí el poder coercitivo suficiente para desarticular las actividades del sector social identificado con el origen de la amenaza (p.67).

La situación actual de la seguridad ciudadana requiere una considerable discrecionalidad en el uso de la fuerza, pues esta situación requiere de análisis, consenso, estudio minucioso y capacitación del personal en el trato y procedimientos con la ciudadanía, con la finalidad de no caer en arbitrariedad y abuso por parte de estas personas que investidas de autoridad se les olvida de los derechos humanos, en estas circunstancias en muchas ocasiones involucran a personas inocentes mientras que la delincuencia se moviliza impunemente de un lugar a otro con toda la libertad sin que muestre sospecha alguna ante los cuerpos de seguridad del estado, es por ello la expresión más extrema de estas creencias que sirven para concitar el entusiasmo general o sea un fuerte y extenso apoyo y que está precedida por la creencia, por parte de quienes controlan la coerción.

Sin duda alguna, la amenaza contra la seguridad ciudadana proviene de actos muy corrientes como el uso, consumo y tráfico de drogas, siendo esta la causante principal que genera violencias, homicidios, suicidios, violaciones, robos, hurtos, acciones vandálicas contra las instituciones y personalidades, secuestros y todo aquellos actos configurado como delitos en el derecho penal material. La aproximación beligerante al uso de la coerción estatal produce casi siempre efecto incompatible con la sociedad y con el estado democrático, es decir, la acción de beligerancia causa como una división entre la sociedad y el estado, debido a que se produce un malestar en una de las partes por la aplicación de la autoridad, por ser estos parte causante de la inseguridad, representando la parte opuesta y los que se sentirán conforme porque han sido atacados por la delincuencia y requieren acciones contundentes del estado.

Según Wacquant (2000), señala que:

Se propagó a través del planeta a una velocidad fulminante la doctrina de la "tolerancia cero", instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial de la pobreza que molesta, la que se ve, la que provoca incidentes y desagrados en el espacio público y alimenta por lo tanto un sentimiento difuso de inseguridad e incluso, simplemente, de malestar tenaz. Y con ella la retórica militar de la "guerra" al crimen y de la "reconquista" del espacio público, que asimila a invasores extranjeros a los delincuentes (reales o imaginarios) los sin techo, los mendigos y otros marginales, en otras palabras a elementos alógenos que es imperativo evacuar del cuerpo social (p.22).

Lamentablemente esta concepción no es solo teórica, sino que existe efectivamente en la legislación penal y procesal penal y en la practica de la política de estado que no se pregunta por las causas de fenómenos tan complejos como es la inseguridad ciudadana, sino que quiere combatir los efectos, mediante la aplicación represiva de las instituciones responsables de proveer la seguridad ciudadana. En este proceder, al establecer los objetivos primordiales en combatir la inseguridad personal, mediante la represión de determinados grupos de personas, abandona el principio básico del derecho penal de acto y se convierte en una expresión de las tendencias autoritarias del históricamente ya conocido derecho penal de autor, siendo consecuencia del uso simbólico de la propia crisis del estado de derecho.

Ahora bien ante la toma de políticas de estado por el fenómeno de la crisis incesante de la inseguridad, se han obtenido respuestas que demandan el orden en las calles, porque estas medidas o políticas que tiene como único objetivo atacar a la delincuencia, no sólo tienden a la restricción de los derechos ciudadanos sino que son ineficaces ante la mitigación de ese flagelo que cada día atropella a la ciudadanía y plantean respuestas que en realidad no sólo puede acarrear más violencia, riesgos e incrementar inseguridad persistente, sino que cuando se percibe que el estado reprime a quien no debe, son motivos al incremento de la violencia estatal, en lugar de ser entendidos como el bien a proteger por las políticas de seguridad.

Evidentemente el estado no ha sido eficiente ante el continuo fracaso de estas políticas y que paradójicamente el sentimiento social es utilizado para evaluar como insuficiente la fuerza aplicada y solicitar las acciones más apropiadas al estado para restablecer la tranquilidad y con ello la seguridad ciudadana. Ésta imagen no es capaz de dar cuenta ni de los derechos involucrados, ni de la eficiencia requerida. En primer lugar, no da cuenta de los derechos dado que estos son percibidos básicamente como obstáculos al incremento de la violencia estatal, en lugar de ser entendidos como el bien a proteger. En segundo lugar, no da cuenta de la eficiencia requerida, pues los reiterados fracasos de estas políticas sólo llevan a solicitar aumentos mayores, en una espiral irresponsable que nunca rinde cuenta de los resultados obtenidos.

Hassemer (2001), señala que:

…desde hace ya algún tiempo se trata de crear nuevos delitos o de agravar las penas de los ya existentes, sin interesarse para nada en las consecuencias. Al mismo tiempo se extiende su ámbito de actuación a aquellos sectores que la opinión pública considera más amenazados, transformándose el Derecho Penal en un instrumento de política interna, con pretensión de eficacia (p.102).

Evidentemente al analizar la cita anterior, se observa que no es conveniente la utilización del Derecho Penal con una eficacia puramente simbólica, cuando los efectos reales no son los esperados; no debe ser utilizado para responder a los miedos sociales con aparente prontitud pues el provecho que de ello se obtiene es escaso y los costos muy altos. La lógica de la represión autoritaria empleada para erradicar el fenómeno criminal, en la cual quien ejecuta un delito es observado como el enemigo al que hay que aniquilar, es ajena a una política criminal de un Estado Democrático de Derecho, estas acciones además de incrementar la violencia y destruir cualquier lazo de solidaridad, contribuyen a agravar la desintegración social y se convierte en un factor criminógeno.

De allí la obra de Zaffaroni (2006), El Enemigo en el Derecho Penal, que establece que:

El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y les deparó un trato punitivo que no le correspondía a la condición de personas, dado que sólo los consideraba como entes peligrosos o dañinos. Se trata de seres humanos a los que se señala como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del derecho penal liberal, esto es, de las garantías que hoy establece universal y regionalmente el derecho internacional de los derechos humanos (p.32).

Se observa en la cita que desde el punto de vista del derecho y de la justicia es inadmisible y en vista de esto es necesario formular la siguiente interrogante ¿acaso no era: dar a cada quien lo que le corresponde? esto es, de las garantías que hoy establece universal y regionalmente el derecho internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior no es únicamente una verificación de datos de hecho revelados por la historia o la sociología, sino también de datos de derecho, puesto que tanto las leyes como la doctrina jurídica, lamentablemente al ser muchas veces operadores políticos quienes están detrás, legitiman este tratamiento diferenciado. También los saberes pretendidamente empíricos sobre la conducta humana, pretendieron darle justificación científica, como instrumentos de la política criminal (hija legítima de la mera política).

Actualmente en Venezuela, existen las condiciones sociales objetivas, que condicionan el aumento de una serie de delitos, a lo que se está reaccionando no con políticas sociales integrales, sino primordial o exclusivamente con más respuesta penal, y también con formas de reacción social de autodefensa y de mayor violencia, siendo particularmente grave el creciente uso de armas de fuego por la sociedad civil, todo lo cual determina, a su vez, una mayor intervención de la justicia penal, en un proceso en espiral que se magnifica, que va saturando cada vez más de casos no resueltos a la justicia y que va abarrotando las cárceles venezolanas y esta situación crea otro ambiente hostil de un problema carcelario de significante gravedad.

Visto de esta forma Coyle (2003), señala que:

…lo que ha sucedido recientemente en muchos países es que los asuntos de la ley y el orden han venido siendo politizados en forma creciente. Los ciudadanos experimentan una creciente preocupación por su seguridad personal y la de sus familias, preocupación que se ha visto alentada por reportajes exagerados en los medios de comunicación sobre el quebrantamiento de la ley y el orden (p.58).

Pero la respuesta ante la situación de inseguridad ciudadana consiste en encarcelar más y más, aduciendo que ello redundará en una sociedad más segura para el resto. Pero no existe una clara evidencia de que esta sea la solución conveniente, hay que ser muy cauteloso respecto de cualquier sugerencia que plantee que un uso mayor del encarcelamiento es una forma eficiente de controlar el delito, ya que existe muy poca evidencia en cualquier parte el mundo, de que haya alguna relación pertinente entre las altas tasas de encarcelamiento y las bajas tasas de criminalidad; muchas veces es lo contrario, las altas tasas de encarcelamiento constituyen frecuentemente un indicador de la ruptura del sentido de los valores comunitarios de una sociedad.

En Venezuela, no se ha formulado una verdadera política criminal adaptada a la democracia y a la idiosincrasia venezolana, siendo por ello asistido a variaciones en torno a las respuestas al fenómeno criminal carentes de coherencia y que han consistido en respuestas espasmódicas frente a determinados sucesos, ante los cuales se ha respondido predominantemente con la hipertrofia del derecho penal, tomado como única propuesta de acuerdo a cómo se percibe el fenómeno criminal, llevándose a cabo reformas a las leyes penales o procesales aisladas del conjunto del sistema, es decir, del proceso, de la ejecución de la pena y de la prevención, como una medida temporal para remediar inmediatamente una situación en el área penal, donde se merece tomar medidas permanentes en beneficio de la seguridad ciudadana.

Sensación de seguridad o de inseguridad.

El sentimiento de seguridad o de inseguridad y la propia seguridad de los ciudadanos se construye o se destruye diariamente por la propia conducta de los ciudadanos, y en algunas oportunidades se cree también por quienes conforman todo el sistema penal. Su solución no pasa por una represión indiscriminada, propia de los estados autoritarios o policíacos, sino que se edifica a través de la seriedad de las investigaciones, principalmente aquellas referentes a hechos de gravedad, que permitan dar satisfacción a las víctimas, así como a través del respeto de los derechos individuales básicos. Conforma también la seguridad el hecho de que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de no ser detenidos arbitrariamente, de no recibir imputaciones infundadas, de no ser privados de la libertad sin fundamento y de que, en caso de serlo, la justicia rápidamente responda a cualquier atropello, defendiendo las garantías que posibilitan vivir en un Estado de Derecho.

En estos tiempos difíciles es necesario el diseño de una política criminal, con objetivos de corto, mediano y largo plazo y manteniendo estas políticas a través del tiempo. Los cambios que han sucedido ligados a los cambios sociales producen un efecto interno del accionar de las policías, como también hacia la comunidad, porque fruto de las sucesivas interrupciones de la legalidad y la Constitución, se ha proyectado como pauta a la solución de los conflictos a través de una respuesta violenta. Algunas respuestas han ido reafirmando esa pauta cultural de la solución violenta y entonces la población cae frecuentemente en el discurso del endurecimiento de la respuesta penal con la idea de que esa es la solución. Así se contribuye a reforzar la idea en la población de que la respuesta represiva es la adecuada, lo que fomenta la cultura de que sólo la represión resulta pertinente para la solución de los conflictos.

Se refuerza asimismo la idea de que la defensa de las garantías constitucionales resulta contraproducente para el funcionamiento del sistema y de su eficiencia, como si las garantías resultaran ajenas al sistema democrático. En Venezuela, se han sancionados leyes que incrementan considerablemente las penas, restringen la libertad durante el proceso aunque la CRBV, consagre lo contrario y crean nuevas figuras penales, pese a lo cual no influyeron en el fenómeno delictivo. La experiencia ha demostrado que ningún problema se ha solucionado ni mejorado, sino que, por el contrario, se ha agravado. Además resulta peligroso porque, ante el fracaso de leyes que sin reflexión alguna se sancionan, se incrementa la disconformidad de la población con las instituciones, con el consiguiente deterioro del Estado Democrático y se lesiona el Estado de Derecho cuando sus instituciones aparecen como incapaces de solucionar en forma racional los problemas.

Efectivamente el tema de la seguridad ciudadana y el fenómeno criminal deben ser objeto de enfoque permanente, consensuado y racional, visualizándose la política criminal como una política de estado racional, coherente y consustanciada con los derechos fundamentales. Así como la seguridad de los ciudadanos es en sí misma una cuestión que hace a sus garantías y no un límite a éstas, las garantías ciudadanas no remiten solamente a los derechos individuales, sino también a la dimensión social de la ciudadanía. Lo que se requiere es una profunda articulación con otras políticas sociales a diferentes niveles de gobierno. Esto no significa una referencia genérica a políticas de inclusión social y bienestar, sino a acciones que permitan intervenir de modo concreto sobre los modos de la convivencia y proporcionar recursos para el mejoramiento de la calidad del lazo social.

Evidentemente se hace necesario hacer énfasis en la necesidad de que el Estado implemente mecanismos participativos y auto gestionado de resolución de conflictos en barrios con altos índices de violencia es un mecanismo eficaz tanto para una resolución democrática y pacífica de los conflictos, como también para promover la reconstrucción de vínculos sociales que la exclusión económica y social deterioró. En tal sentido se pone como ejemplo la creación de los Consejos Comunales que llevan consigo la responsabilidad de vigilar las normas de Convivencia en la sociedad. Pero con todo esto existe una demanda de protección relacionada con el aumento de la inseguridad de la población. El aumento real o ficticio de la criminalidad o el simple aumento de las noticias acerca de la misma han generado una demanda de seguridad, que puede dar lugar a la adopción de medidas erróneas y aisladas de política criminal y orientarse a buscar soluciones por sus propios medios.

Para finalizar este capitulo se hace necesario establecer que hasta hoy en Venezuela no se ha aplicado una política criminal coherente, no existe programa político criminal observable, quizás ni política criminal, por ello el resultado de lo que se vive y sigue siendo es el desorden, la inseguridad, crímenes y todo tipo de producto de sociedades inadaptadas socialmente. Ahora, ¿por qué política criminal? Según Arismendi (2006) señala que: La política criminal es la disciplina matriz del sistema penal que debe coordinar su funcionamiento en todos los aspectos, de principio a fin para que sea coherente. Pertenece a las políticas de Estado referentes al fenómeno criminal (p.83).

La solución no está en reformas de las leyes, las leyes penales no habrá que deplorarlas más de lo que se le ha hecho; reformas sin sentido, llevadas por la pasión o conmoción del momento, no son nada aconsejables, es improvisación y nada de política criminal. La solución de la disminución de la criminalidad, de la inseguridad personal, está en la seriedad de las instituciones del Estado, trabajo fuerte y constante, aplicación de estudios coherentes y sinceridad en todo ello. En su mayoría la solución estará allí, con más detalle pero en esencia es eso. Una política criminal coherente que involucra muchas actividades del Estado y la sociedad generará resultados, luego de su aplicación sensata y constante a corto, mediano y largo plazo.

CAPÍTULO III

Importancia de la creación de la Policía Nacional y la Policía Comunal en Venezuela

Cualidad significante de los cuerpos policiales.

Todos los Estados requieren un cuerpo policial que representa la fuerza
de seguridad que tiene como función el mantenimiento del orden público
y la seguridad de los ciudadanos. Según Cabanellas (2001), Cuerpo Policial:
"…es cada uno de los institutos que tienen por finalidad asegurar la
tranquilidad pública y reprimir el desorden." En la actualidad las
gobernaciones y alcaldías de Venezuela discuten temas relacionados con
los cambios y reformas de los cuerpos policiales venezolanos con la visión
de reestructurar y de adecuar a las instituciones policiales estadales y municipales
al modelo que esta previsto en la Ley Orgánica del Servicio de Policía
(LOSP 2007), cuya función es la prestación de un
servicio de calidad y preventivo; apegado a las normas y derechos
humanos.

Tradicionalmente seguridad es asociada con la represión del delito y el mantenimiento del orden público, se trata, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del control y de la criminalidad, a este concepto se adscribe la definición que de la policía que según Brumario (2004), establece que: "La policía está instituida para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad individual"(p.35). En este sentido la evolución natural asimila el delito como una enfermedad del cuerpo social, hizo que se sopesara la seguridad de la represión a la prevención, intentando actuar también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas. A la concepción preventiva y, por tanto, pro-activa de la seguridad, hace falta atribuir la incorporación de elementos nuevos a estas políticas, de suerte que a las mismas ya no les son extrañas las políticas sociales y de ocupación.

La seguridad debe englobar un servicio de calidad, para todos los ciudadanos y el respeto de los derechos humanos ha sido la inspiración gubernamental para la creación de este nuevo modelo policial a mediados de febrero de 2007, refiriendo la necesidad de articular a todos los cuerpos policiales en un sistema único de seguridad. En este sentido, los cuerpos de seguridad nacional, estadales y municipales incluidos el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), a la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la Policía Metropolitana (PM), serán desarticulados para darle paso a un solo órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ): que será la Policía Nacional.

Caracterización de la disciplina policial en Venezuela.

En Venezuela las diferentes y variadas instituciones policiales han funcionado siguiendo un modelo al estilo militar caracterizado por una estructura jerárquica, centralizada y piramidal, donde la toma de decisiones descansa sobre una sola persona o en el mejor de los casos, sobre un grupo reducido y luego son transmitidas a los demás niveles para su ejecución. La participación de los niveles medios y bajos es escasa, por lo que realizan actividades impuestas que buscan satisfacer metas organizacionales previamente establecidas, pero este modelo al estilo militar usado por los cuerpos policiales, es sólo por la disciplina y obediencia que es fundamental y representa la columna vertebral de toda organización, que esta exclusivamente al servicio de los ciudadanos y garantiza la seguridad y la prevención ciudadana y además participar en el mantenimiento del orden público. Según Torres (2006), afirma que:

…el estilo militar tiene su base sólida en la disciplina, desde el punto de vista de ser generadora de hábitos saludables que toman el deber como uno de los referentes para mejorar y mantener la calidad y excelencia en sus funciones; tal vez deja en duda si manejan procesos científicos de planificación que seria lo ideal para mejorar la disciplina, pero desde la doctrina la disciplina militar es conocida y muy competitiva (p.32).

Al desarrollar analíticamente la cita anterior se refleja un aspecto particularmente interesante de la literatura venezolana vinculada al tema de la historia y sociología militar, al emplear el término que la disciplina militar es muy competitiva, la disciplina es la expresión más empleada refiriéndose que ella es la base fundamental y columna vertebral donde se apoya la institución armada, es de fácil aceptación pues una fuerza armada sin disciplina es simplemente un grupo de hombres y mujeres armados. Además de esto a medida que a pasado e l tiempo basándose en los nuevos avances el mando dentro de la Fuerza Armada ha sido modificado a liderazgo militar como una suavización de la forma pretoriana en se desenvuelve la actividad militar y los actuales avances ha sido posible llegar hasta el estilo de gerencia militar, donde la actividad castrense se efectúa bajo una visión más humanista.

Desde esta óptica Wrobleski (2003), afirma que "el estilo gerencial militarista esta siendo cuestionado y cambiado por un modelo de negocios tal que categoriza la organización y reduce el número de manejadores y supervisores, mientras que incrementa el número de oficiales" (p.8).

El manejo se realiza por medio del liderazgo participativo y la descentralización

en tanto estructura y operatividad. Es así como en el cuerpo policial se pretende reducir la distancia entre jerarquía y promover la participación de todos los niveles en los procesos de toma de decisiones, planificación y ejecución de actividades, ya que la experiencia de los estratos bajos complementa la gestión administrativa y, en cierta manera es el desenvolvimiento del oficial un medio para calificar un cuerpo policial como eficiente o no. Además es esta jerarquía quien conoce con mayor detalle las necesidades del colectivo y sus posibles formas de satisfacción.

La disciplina militarista observada en los cuerpos policiales se orienta netamente a las teorías gerenciales de la policía que resulta aplicable a la organización para optimizar su trabajo, garantizar el logro de sus objetivos y evaluar los resultados que corresponde con la estructura policial a fin de conocer a groso modo, la dinámica interna y actividad de cada una de las diferentes instituciones, para posteriormente detallar brevemente los principios de planificación policial y finalmente establecer la importancia de la creación de la policía nacional y con ello la policía comunal.

Multiplicidad de Cuerpos Policiales.

En la actualidad se evidencia la existencia de diferentes cuerpos policiales, y muchos de esos cuerpos no cuentan con la preparación adecuada desde el punto de vista académico para cumplir a cabalidad sus funciones que debe estar orientada a mitigar la inseguridad, fungir como organismo de prevención y orden público. Estos cuerpos policiales creados por Gobernaciones y Alcaldes en muchas de las oportunidades es para cumplir ofrecimientos políticos o para satisfacer necesidades de amigos o simplemente para cumplir funciones políticas. Desde el objetivo que persigue el Estado a través de la LOSP (2007), es acabar con la desmembración de la policía en distintos cuerpos, esta situación trae como consecuencia un gasto exagerado al Estado y no se cumple eficientemente con el objetivo y función de los cuerpos policiales referente a la seguridad, prevención y orden público.

Estos gastos adicionales que el Estado tiene que soportar están referido a la elaboración y dotación de uniformes, adquisición de armas de todos los tipos de guerra y procedimientos, de la asignación de sueldos, de becas y de crear toda una infraestructura como si dentro del país estuvieran inmerso varios países, cada uno caracterizado con funciones y objetivos diferentes, que no va dirigido a la esencia e importancia de un cuerpo policial. También se crea una carga enorme al tener una organización armada que esta desasistida desde todo punto de vista, que los conlleva a cometer todo tipo de delitos y atropellos a la comunidad para tratar de cubrir su déficit salarial, esta anomalía crea indisciplina, desorganización desobediencia y el libre convencimiento de los funcionarios de creer que ser funcionario policial es una herramienta que tienen para conseguir a toda cuesta lo que ellos necesitan.

Importancia de la creación de la Policía Nacional

En pleno siglo XXI, Venezuela no ha creado su propio modelo policial adaptado a la forma de vida, a la cultura y a su idiosincrasia, y desde este punto de vista el autor resaltó la importancia de que era el momento adecuado para que los venezolanos cuenten con un cuerpo policial propio, ajustado a sus necesidades y de esta manera se pueda lograr la tan necesitada seguridad ciudadana. Desde este punto de vista es necesario resaltar que los modelos de cuerpos policiales que cuenta Venezuela han sido modelos importados y en la realidad en muchos de los ya existentes no se observa la esencia de sus funciones.

La importancia de la creación de la policía nacional debe estar conformada dentro de las necesidades reales de una sociedad compleja y atender a las demandas sociales de seguridad ciudadana en áreas estratégicas tales como el tema de la delincuencia organizada que se dedica al lucro por el negocio de los secuestros ya que a cada momento se comete este delito para luego cobrar grandes sumas de rescates, el delito de las muertes por encargo el sicariato que cada día toma mayor fuerza en el país, el tema penitenciario que es de significante delicadeza por la sencilla razón que entre muros se encuentran cumpliendo pena un grupo de ciudadanos que han cometido delitos y allí entre esas paredes ocurren delitos aberrantes por que los internos están armados con armas de fuego, granadas y armas blancas; además de esto, no tienen normas que en realidad haga cumplir el precepto constitucional sobre la rehabilitación del penado.

En estos aspectos se refleja la necesidad de una policía eficiente, preparada técnicamente, que esté bien remunerada para que no sucedan delitos atroces en complicidad con los internos ya que estos representan un buen mercado para los negocios de las autoridades carcelarias que ha falta de una buena remuneración salarial cubre el déficit con los internos. También se hace necesario que la policía este capacitada en asuntos relacionado con la migración, ya en Venezuela no se regulariza ni controla quien entra ni sale del territorio nacional. Esta policía nacional debe ser competente también para atender, en materia de aduana, anticorrupción, delincuencia organizada, ya planteado anteriormente desarrollar programas antidrogas y reforzar el servicio policial comunal.

Es importante que este cuerpo de seguridad desarrolle los principios como debe actuar ante cualquier situación sin lesionar a las personas, debe desarrollar las normas básicas del policía de seguridad y prevención de la delincuencia y orden público, además tener una sensibilidad social, y humanista, dirigida más que a reprimir sea responsable primario de las autoridades como el órgano principal de la prevención de la delincuencia.

El autor establece que la importancia de la creación de la policía nacional además de lo anteriormente expuesto se trata en primer orden de innovar en los métodos y aspectos de investigar, a saber crímenes, investigar y desarrollar la victimización como método de recolección de información y optar y renovar nuevas estrategias de actuar en contra de la delincuencia, debe plasmar en salas situacionales todas las áreas de competencia de cada sector, controlar los portes de armas y los portes ilegales para controlar y desarmar la población armada ilegalmente, vigilar y controlar la venta de armas a particulares, se debe habitual la instalación de alarmas y cámaras en las avenidas y calles, para controlar e identificar a los delincuentes perpetradores de delitos y de esta manera ayudar a la policía. Perfeccionar un sistema de llamada de emergencia para atender a la brevedad los problemas suscitados por delincuentes y así minimizar la actuación delincuencial.

Además de ello detectar zonas de desorden a través de practicas de encuestas o llamadas de la comunidad, detectar movilización de personas de unas zonas a otras de la cual es responsabilidad policial velar por la seguridad de ellos. Evidentemente todos estos procesos policiales incluyen aspectos como uso de fuerza y disolver motines usando medios muy contundentes, pero los funcionarios policiales deben tener presente los valores éticos, en cada una de las formas de uso de la fuerza y de arresto, en estos casos los agentes deben considerar la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio policial y la formación académica con que cuentan los funcionarios. La Percepción ciudadana abarca una serie de actividades que muestran la satisfacción del ciudadano entre ellos las encuestas de opinión, sentimientos de inseguridad, denuncias de abusos de funcionarios policiales, policías muertos o heridos en comparación con los ciudadanos en intervenciones policiales.

La satisfacción ciudadana se refleja por la percepción de una adecuada presencia policial, satisfacción de víctimas atendidas; delitos detectados en relación con los cometidos; rapidez de respuesta; la satisfacción del ciudadano que solicitó el servicio y fue atendido a la brevedad, estas son cualidades que demuestran a una sociedad un verdadero y eficaz cuerpo de policía nacional. No obstante esto, los funcionarios deben gozar de una preparación, capacitación y orientación humanística, acorde a la ética y el rol que se desea que cumplan como agentes de seguridad ciudadana. Entonces el espíritu de la creación de la policía nacional es tener policías especializados, profesionales, con sensibilidad social, comprometidos con el interés supremo de las comunidades y sobre todo que es el clamor del estado es la seguridad ciudadana. Por eso se debe iniciar en todos los funcionarios una formación académica, un currículo básico y una jerarquía única.

En la policía nacional se deben desarrollar importantes indicadores de los procesos que comprenden aspectos como los recursos humanos involucrados en la resolución de conflictos comunitarios, a la vez del entrenamiento y capacidades de los funcionarios, el compromiso policial, que incluye indicadores de la relación directa entre policía y comunidad y la participación del policía en actividades propias de la comunidad. Hay que tener en cuenta que la inseguridad es un asunto que cada día aumenta cada día y los cuerpos policiales se muestran incompetentes para controlar la erradicación.

Importancia de la creación de la Policía Comunal

La policía comunal se desprende de la policía nacional o es una consecuencia de ésta, y reviste una situación particular al incorporar a las comunidades y es tomado en cuenta este factor por que la inseguridad ciudadana es un asunto de valores, y por ello se necesita a la comunidad muy cerca de las policías y viceversa, para así lograr el proceso de creación de la Policía Comunal.

Este cuerpo policial estará organizado por cuerpos de seguridad vecinales que junto a los consejos comunales trabajarán en misión de atender y frenar los problemas de desórdenes públicos de carácter local. Además es indispensable para mejorar y perfeccionar la actuación de la policía comunal en la sociedad es necesario que las clases populares perfilen los modelos y las formas en que quieren que la policía actúe en sus comunidades. En vista de esto el Estado tiene la obligación de brindar el equipamiento técnico, académico básico y la dotación necesaria para que la policía comunal, sea eficiente y eficaz en esa lucha social en contra de la delincuencia y con ello contribuir a la seguridad ciudadana, y con la visión fundamental en el desarrollo integral de las comunidades.

El autor establece que el contexto comunitario, encierra factores como el clima político, demográfico y eventos cruciales, los cuales pueden incidir en la comisión de delitos, desordenes, sentimiento ciudadano y clima organizacional. Evidentemente estos factores promueven la necesidad de una satisfacción del público en la percepción de una adecuada presencia policial; satisfacción de las víctimas atendidas; delitos detectados en relación con los cometidos; rapidez de respuesta, satisfacción del ciudadano que solicitó el servicio.

Además de ello, la sustentabilidad de la participación, conforme a la continuidad de estructuras institucionales en conjunto con la comunidad y demás agencias intersectoriales, el impacto sobre el crimen, vinculado a la recepción de denuncias y arrestos que afectan la calidad de la vida en comunidad; el impacto sobre la violencia policial, referido a la recepción de quejas, sanciones disciplinarias y percepción de menor violencia policial, e el impacto sobre el temor de la población, que incluye el temor a ser victimizados y el sentimiento de inseguridad de la comunidad en general.

La policía comunal es un organismo que requiere la incorporación de profesionales de diferentes disciplinas como comunidad organizada. En este sentido la Gran Enciclopedia (1999), establece que: No se conoce sociedad organizada sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad interior, reprimiendo y previniendo delitos.

Con la democratización de las sociedades y la puesta en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999 CRBV), la promulgación de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía, a las tareas policiales de represión y prevención del delito, se les añadió y antepuso los principios rectores de la función policial el de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos.

Según García (2000), establece que Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Esta formulación moderna de los principios rectores de la función policial, que es a la vez tradicional, puesto que sus antecedentes evidentes se encuentran en el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una fuerza pública: esta fuerza publica es, pues, instituida en beneficio de todo el mundo, y no para la utilidad particular de aquellos a quien ha estado confiado.

La creación de la policía nacional y la policía comunal en Venezuela lleva implícito el concepto de seguridad ciudadana, que se debe poner en función de la sociedad que es donde debe operar. Para adoptar un concepto de seguridad, solamente hace falta examinar las declaraciones internacionales en la materia en los últimos años, de la misma surge suficientes elementos para hacer una definición de seguridad ciudadana válida y que represente bastante elementos de concurrencia por tener una pacífica aceptación. Ahora bien pese a que son muchas las voces que se alzan en el sentido del auge de la delincuencia y muchos responsables en materia de seguridad siguen aplicando políticas criminales erradas que no conlleva a ningún resultado en cuanto a la seguridad.

Ahora bien es importante la oportunidad para aclarar que la inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. La inseguridad es una problemática compleja: esta atada a los problemas de salud, de medio ambiente, de urbanismo, de educación, de valores como el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos que pone en juego conflictos de intereses, sobre todo con respecto a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad. La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles. Pero lo tratado en este trabajo de investigación es exclusivamente la inseguridad producto de la criminalidad.

Es importante señalar que la inseguridad disminuyó en muchos países importantes y grandes ciudades como Estados Unidos de América, en Nueva York, San Diego, y esta se debió que la comunidad operó con un sistema de policía comunitaria. Pero aumentó en Nueva York las denuncias por brutalidad policial en el marco de una policía que tuvo como consecuencia la estigmatización de la miseria. Y no se tomaron en cuenta los principios rectores de la función policial, el de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos.

Evidentemente el problema de la inseguridad radica, en que el ciudadano común, razonando con los elementos a su alcance, delante del incremento de la sensación de inseguridad, inequívocamente pide en primer lugar más presos y más penas y, en segundo lugar, más policías. Los responsables de la administración de justicia habrán de hacer todo lo posible para no caer en esta simplificación y poder actuar sobre las causas de la sensación térmica de seguridad