El presente trabajo analizará la descentralización administrativa y fiscal en el Perú desde el año 2002 hasta el año 2008. En aras de clarificar, explicar y evaluar sus diversos matices, se ha tomado en consideración aspectos normativos, y de política y gestión pública. En diversas ocasiones el Perú intentó implementar un proceso descentralizador; no obstante, fracasó en gran parte por motivos políticos. El último intento data del año 2002, cuando se realizó una modificación constitucional que dio paso a un modelo descentralizado. Desde aquella fecha se han emitido diversas normas y se han tomado múltiples medidas que han buscado consolidar el proceso.

El aspecto central de la descentralización administrativa se basa en la distribución de funciones respecto a las competencias de los Gobiernos Locales y Regionales. En Julio de 2002 se aprobó la Ley de Bases de la Descentralización, donde se estableció cuatro etapas del proceso; sin embargo, no se han cumplido dichas etapas. La peor derrota del proceso se dio en el referéndum del año 2005, donde 65% de los votantes rechazaron la conformación de regiones (etapa 2), lo que dejó al Estado frente a una gran presión política para entregar competencias sin poder alcanzar una nueva conformación territorial más eficiente. A lo largo del tiempo se han presentado diversos problemas, se han entregado funciones sin exigir nada a cambio por parte de las autoridades regionales y locales, existen algunas limitaciones en la distribución de las responsabilidades, lo que estaría generando duplicación de funciones. Se han presentado problemas de eficiencia y eficacia en el proceso, así como en su sostenibilidad. Aún es necesario realizar una distribución de recursos como personal del Gobierno Central hacia los otros niveles de Gobierno.

La descentralización fiscal se inicio con aprobación de la Ley de Descentralización Fiscal y su Reglamento. El proceso sería gradual y dependería del grado de funciones que asumirían los diferentes niveles de gobierno. La principal fuente de ingresos para muchos Gobiernos Regionales y Locales, sólo para inversión pública, ha sido el canon y las regalías por la explotación de recursos naturales. Los recursos para gasto corriente son asignaciones del Gobierno Central, los cuales son muy limitados y no toman en cuenta los niveles de pobreza o necesidades reales de la población. A pesar de las necesidades, se debe ser cuidadoso en la participación de estos niveles de Gobierno en la recaudación de impuestos, ya que no existe capacidad para realizar la recaudación, se perderían economías de escala y se generarían incentivos perversos para que los políticos no cobren impuestos en aras de obtener votos y/o popularidad.

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Jorge Ponce Huaroto
poncehu[arroba]yahoo.com

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