El lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales Colombianas
Uno de los aspectos de la crisis de los partidos políticos es sin duda la necesidad de recaudar importantes sumas de dinero para poder encarar las campañas electorales, menoscabando, muchas veces, los fines y las funciones legítimas que están llamados a cumplir dentro del sistema democrático, y afectando seriamente su credibilidad. Los crecientes casos de corrupción y de dineros ilícitos en las campañas, nos alerta sobre la necesidad de controlar el ingreso del dinero a las mismas, especialmente si de campañas presidenciales se trata.
De esta preocupación han nacido los intentos legales en muchos países, para evitar la distorsión de los procesos electorales. En Colombia existe un marco legal que reglamenta el financiamiento de las campañas políticas: la Ley 58 de 1985, el Decreto 1926 de 1990, los artículos 109 y 265 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 130 de 1994, Ley de Partidos, y más recientemente la Resolución 067 de enero de 2.008 del CNE.
La Ley Penal Colombiana tipifica y sanciona algunas conductas que pueden presentarse en el financiamiento de las campañas electorales como el enriquecimiento ilícito, la receptación, los delitos contra el sufragio (perturbación electoral, violencia y fraudes electorales, voto fraudulento, alteración de resultados electorales, etc.) También se ha tipificado como delito el lavado de activos.
Luis Francisco Gaitan Puentes
lgaitan[arroba]procuraduria.gov.co
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