Sobrevivientes de la violencia de estado

Según la definición oficial contenida en el Artículo 4 del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, los Derechos Humanos son aquellas facultades, prerrogativas o derechos consubstanciales a la naturaleza del ser humano, por el simple hecho de serlo, indispensables para asegurar su pleno desarrollo y llevar una vida digna. Asumidos así, los Derechos Humanos se deben vivir independientemente de nuestra religión, nuestra cultura, nuestra nacionalidad o nuestra situación migratoria. La lucha por la defensa de los Derechos Humanos ha respondido a intereses concretos de distintas personas, colectivos y pueblos, ubicados en ciertos espacios y tiempos determinados, en un proceso que ha ido desarrollándose paulatinamente. De esta forma, se comprende que tuvieran que pasar más de ciento cincuenta años, desde la Revolución Francesa de 1789, que enarbolaba la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hasta la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1948, para que los pueblos de todas las naciones conocieran un instrumento que avalara aquello por lo cual luchaban, aquello que, desde su corazón, sentían que debían defender. La lucha por los Derechos Humanos es paradójica, pues responde a las agresiones que los distintos ciudadanos han sufrido de parte de sus gobiernos, quienes, se supone, están para dirigir a un pueblo o a una nación, hacia el goce y disfrute en igualdad de los bienes que se tienen y que se producen.

Así, podemos afirmar que si los estados y sus gobiernos respetaran y asumieran la función que se les ha conferido para garantizar el bien común y la igualdad, el concepto de Derechos Humanos ni siquiera debería existir.

Sin embargo, al revisar la historia, nos damos cuenta de que muchos pueblos han sido sumamente violentados por gobiernos que no muestran interés en los ciudadanos, sino que, más bien, se manejan desde la violencia y la represión, desde la negación de la dignidad humana.

Aún con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sigue existiendo, aún hasta nuestros días, un antagonismo entre pueblos y gobiernos que lleva a que, desde distintas posiciones, se siga luchando por el respeto a la igualdad y a la dignidad de todas las personas.

Actualmente, la situación se torna más compleja ante la presencia de actores no estatales que amenazan también los derechos más esenciales, como las trasnacionales, los poderes fácticos y el crimen organizado, entre otros.

La realidad cotidiana nos muestra que los gobiernos están basados en un poder no sustentado en la aprobación de los ciudadanos; se encuentran amparados en un aparato estructurado para la represión, el hostigamiento y la falta de libre expresión y pensamiento. Bien podemos afirmar que la estructura gubernamental que impera en los Estados responde más a los intereses económicos que la globalización exige, que a las expectativas de los millones de pobres que sostienen este sistema que en poco o nada los beneficia.



 

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