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La UNAM y los premios Príncipe de Asturias



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    Durante los meses de mayo y junio vienen fallándose los Premios Príncipe de Asturias en sus diversas modalidades –cosa que se viene haciendo desde su creación en 1981- y, en el caso que nos ocupa, el pasado día 10 de junio lo sería expresamente el de Comunicación y Humanidades que vendría a recaer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recogiendo así el testigo del otorgado el año pasado al buscador Google. Al mismo también optaban tanto autores particulares como institucionales del mundo de la cultura y de las ciencias sociales en general. Finalmente el premio recayó en aquella institución que mejor podría amplificar en el mundo hispano la imagen de la institución concesionaria y organizadora del evento. Dada la trayectoria académica de la UNAM y su peso político y económico en la historia social de México -siendo un importante referente en buena parte de la América Hispana- su candidatura estaba apoyada por múltiples instituciones y personalidades, algunas ya galardonadas con el mismo premio, así como por diversas universidades españolas. Según expresión del jurado "la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países y ha nutrido el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos. La Universidad Nacional Autónoma de México, que acogió con generosidad a ilustres personalidades del exilio español de la posguerra, ha impulsado poderosas corrientes de pensamiento humanístico, liberal y democrático en América y ha extendido su decisivo influjo creando una extraordinaria variedad de instituciones que amplían el mundo académico y lo entroncan en la sociedad a la que sirven".

    Conforme a los estatutos de la Fundación que otorga dichos premios, la misma está desprovista de todo fin lucrativo, "teniendo por objeto contribuir a la consolidación, de acuerdo con los tiempos actuales, de los vínculos existentes entre el Príncipe de Asturias, Heredero de la Corona de España, y el Principado de Asturias" ya que éste actúa como Presidente de Honor, siendo así el encargado de entregar los diversos premios en la capital asturiana.

    En una primera aproximación a dichos fines organizativos podríamos decir que los premios que también otorga dicha fundación llamados Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias sí vienen a cumplir el citado fin fundacional como es la vinculación del Príncipe Heredero al Principado o Comunidad Autónoma de Asturias. Pero no llegamos a entender qué relación pueda darse entre el Príncipe y las personas físicas o jurídicas galardonadas con los Premios Príncipe de Asturias, fuera de una campaña sistemática e institucionalizada de publicitar algunas instituciones tradicionales o las figuras que vienen a encarnar en nuestro tiempo la institución monárquica, al tomar el nombre de algún miembro de la Casa Real Española, bien sea del pasado o presente.

    Lo mismo ocurre con la creación en 1986 del Premio Internacional Conde de Barcelona o la iniciativa de los responsables de la Agencia Efe de crear el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, tras presentar un expediente de regulación de empleo para los mayores de 57 años y poco después en la misma RTVE pero con 52 años. Con ello se vendría a eliminar de las empresas y agencias estatales de información el verdadero capital social cuyo contenido está en las personas, en los trabajadores, en los periodistas -y no en la tecnología –transfiriendo su costo financiero al Tesoro Público a través de la Seguridad Social. Una medida no solo de carácter financiera o de recorte del gasto empresarial sino también y sobre todo de índole política al reforzar los mecanismos organizativos y laborales autoritarios con las nuevas modalidades contractuales y con unas edades donde la memoria histórica no tiene peso alguno. Con la creación de los citados premios los directivos y profesionales de la información vendrían a simultanear la actividad de empresarios con la de publicistas o cortesanos, haciendo del Estado español una Monarquía parlamentaria sin corte, pero con infinidad de cortesanos, pertenecientes también y sobre todo al mundo de la política y de la empresa.

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