"... ANATOCISMO. Es la capitalización de los intereses, de modo que sumándose tales intereses al capital originario pasan a redituar nuevos intereses. Es denominado también interés compuesto.

En la mayoría de las legislaciones se prohíbe el anatocismo; así, el código civil argentino establece en su art. 623 que no se deben intereses de los intereses, sino pro obligación posterior. El principio que veda el pacto de capitalización de intereses no vencidos, es de orden público y no puede dejarse sin efecto por el acuerdo de las partes o la renuncia anticipada del deudor. La cláusula de un contrato que contenga un pacto prohibido de esta naturaleza es nula de nulidad absoluta, lo que no obsta a la validez del contrato en el que ha sido incluida.

El principio, por tanto, es que no se deben intereses de intereses, pero esta regla tiene sus excepciones.

a)- Ante todo, cuando la acumulación de los intereses al capital resulta de una convención posterior al momento en que los intereses se han devengado. Sería nula una convenció que estableciera la acumulación ab initio; pero si después de vencida la autorización el deudor desea renovarla, no hay inconveniente en que se acumulen los intereses. La razón es muy simple; si el deudor no tiene dinero para cumplir, se verá obligado a acudir a otro prestamista, a quien deberá pedirle la suma del capital e intereses debidos al primero; y, desde luego, tendrá que pagarle intereses sobre esa suma. No tendría sentido prohibir que esa misma operación se hiciera con el primer acreedor.

b)- Cuando, liquidada judicialmente la deuda con sus intereses, deudor fuere moroso en pagar la cantidad que resulta de la liquidación (art. 623).

c)- Capitalización en ciertos supuestos del derecho comercial.

d)- Capitalización autorizada por leyes especiales.

El anatocismo es admitido con mayor extensión en el derecho mercantil, permitiéndose la capitalización trimestral de intereses, en forma automática, en la cuenta corriente bancaria (art. 795 del código de comercio argentino) y, por convención de partes, en la cuenta corriente mercantil no bancaria (art. 788 del código de comercio argentino).

Asimismo el art. 569 del mismo código prevé que, en el mutuo mercantil, los intereses vencidos pueden capitalizarse y producir intereses a partir de la demanda judicial, con tal de que sean adeudados por un periodo no inferior al año. ..."

TOMO I

A

"... El principio, por tanto, es que no se deben intereses de intereses, pero esta regla tiene sus excepciones.

a)- Ante todo, cuando la acumulación de los intereses al capital resulta de una convención posterior al momento en que los intereses se han devengado. Sería nula una convenció que estableciera la acumulación ab initio; pero si después de vencida la autorización el deudor desea renovarla, no hay inconveniente en que se acumulen los intereses. La razón es muy simple; si el deudor no tiene dinero para cumplir, se verá obligado a acudir a otro prestamista, a quien deberá pedirle la suma del capital e intereses debidos al primero; y, desde luego, tendrá que pagarle intereses sobre esa suma. No tendría sentido prohibir que esa misma operación se hiciera con el primer acreedor...."

MERCELO PLANIOL JORGE RIPERT

"... C´) Intereses de intereses. Anatocismo.- Se da el nombre de anatocismo al hecho de que los intereses ya vencidos se incorporen al capital y produzcan, en consecuencia, a su vez, nuevos intereses.

La posibilidad de que se trata puede nacer de la ley o de la convención de los interesados.

El anatocismo legal se produce con la reclamación de la deuda. Según nuestro Código, los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto (art. 1.109, Código civil). Pero este precepto no rige para los contratos anteriores a dicho Cuerpo legal (sentencia de 15 de octubre de 1902) (a).

El anatocismo convencional suele ser admitido por las legislaciones modernas con algunas limitaciones, por ejemplo, la de que se establezca no con carácter previo, sino por pacto posterior al vencimiento de los intereses y con referencia a un periodo de seis meses cuando menos (2). Por el contrario, nuestro Derecho positivo no prohibe el anatocismo ni aun para el caso de que fuese pactado con carácter previo, sin perjuicio de las facultades que a los Tribunales otorga para calificar el contrato de usurario la ley de 23 de julio de 1908 (3). ..."

"...Por otra parte resulta fácil burlar las disposiciones legales; basta que las partes simulen el pago normal de los intereses adeudados por el deudor al vencimiento, devolviéndolos inmediatamente el acreedor al deudor a titulo de nuevo préstamo que se agrega al capital inicial. Es verdad que ese fraude, cuando se pone al descubierto, implica la nulidad de la operación (2)...."

"...889.- Los intereses han de estar vencidos.- El art. 1154 no permite que los intereses de los capitales produzcan intereses sino cuando ya estén vencidos. El sentido exacto de esa fórmula ocasiona dificultades. ¿Hay que entender que los nuevos intereses sólo empiezan a devengarse desde el momento en que los primeros han vencido, o bien que la pretensión de obtenerlos no puede manifestarse sino desde ese momento? La primera de esas interpretaciones convalida el pacto anticipado de anatocismo, contenido previamente en el contrato principal. Es la que, términos generales, la jurisprudencia ha adoptado (1). Sin embargo, en indefendible, como lo ponen de manifiesto la gran mayoría de los tratadistas (2), porque con ella se enuncia una verdad evidente, lo que priva al precepto legal de toda utilidad. Es obvio que una deuda todavía no existente es incapaz de producir intereses. Además, tampoco ampara al deudor; el peligro que a éste amenaza viene en gran parte de los pactos de anatocismo, impuestos por el acreedor en el contrato inicial, en un momento en que el deudor no se da exacta cuenta de lo que acepta y se ve obligado a pasar por las cláusulas que le exige el acreedor..."

"...La única interpretación que atribuye sentido correcto al precepto legal, protegiendo de modo eficaz al deudor, consiste en permitir el anatocismo solamente en cuanto a los intereses ya vencidos en el momento del pacto o de la demanda judicial. De ese modo se obliga al acreedor a negociar, cada año, un acuerdo especial con el deudor (en un momento en que este ya no se encuentra completamente a su merced y puede con mas facilidad apreciar la situación) o a formular una demanda especial ante los Tribunales después de cada vencimiento anual. El pacto por adelantado será, en este sentido, nulo. Ciertas sentencias se han pronunciado en esa dirección (3), pero constituyen una minoría y no parecen expresar una tendencia destinada a generalizarse en la jurisprudencia..."

"...La capitalización sólo puede hacerse cuando se trata de intereses debidos por lo menos durante un año entero..."

"... No se permite capitalizar el interés sino cuando se debe por un año entero;

La convención de anatocismo solo puede hacerse para los intereses ya vencidos en el momento en que se celebra. Esto es lo que resulta del texto: "Los intereses vencidos de los capitales..." El deudor no podrá pues prometer de antemano a su acreedor que en el futuro se capitalizará cada año de intereses vencidos y no pagados. La ventaja que se encuentra en prohibir la convención anticipada de anatocismo, es llamar la atención del deudor cada año sobre la rapidez con que aumenta se deuda.

Muchos autores consideran que la ley no exige que el vencimiento de los intereses preceda a la convención de anatocismo (AUBRY Y RAU, 4, texto y nota 58). Pero el texto significaría entonces simplemente que los intereses solo pueden producir intereses a partir de su vencimiento. Esto es evidente, y no sería necesario decirlo. Vale mas creer que la ley entendió que los intereses a capitalizar ya están vencidos en el momento en que se produce la convención en la misma línea que la notificación ..."

"...El anatocismo convencional suele ser admitido por las legislaciones modernas con algunas limitaciones, por ejemplo, la de que se establezca no con carácter previo, sino por pacto posterior al vencimiento de los intereses y con referencia a un periodo de seis meses cuando menos ..."

De los préstamos

LEGISLACIÓN MEXICANA

O

COLECCIÓN COMPLETA

DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

EXPEDIDAS

DESDE LA INDEPENDECIA DE LA República

ORDENADA POR LOS LICENCIADOS

MANUEL DUBLAN Y JOSÉ MARIA LOZANO

EDICION OFICIAL

TOMO XI

México

IMPRENTA DEL COMERCIO, DE DUBLAN Y CHAVEZ, A CARGO DE M. LARA (HIJO)

Calle de Cordobanes número 8.

1879

(PAGINA 201)

Número 6855.

"... Diciembre 13 de 1870.- Decreto del gobierno.- Publica el del congreso del día 8 que aprobó el Código Civil para el Distrito Federal y la Baja California.

Ministerio de Justicia e Instrucción publica. – Sección 1ª .- El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados – unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se aprueba el Código Civil que para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, formó de orden del Ministerio de Justicia, una comisión compuesta de los CC. Lics. Mariano Yañez, José María Lafragua, Isidro Montiel y Rafael Dondé.

Este Código comenzará a regir el 1° de Marzo de 1871.

...

(Página 376)

Artículo 2827.- No puede cobrarse interés de los intereses vencidos si no está expresamente estipulado en el contrato; observándose lo que en el se establezca sobre los plazos en que deba hacerse la capitalización. ..."

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DE EDUARDO DUBLAN Y COMP.

COLISEO VIEJO. BAJOS DE LA GRAN SOCIEDAD.

1886.

"... El C. Presidente constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

MANUEL GONZALEZ, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión, por decreto de 14 de Diciembre de 1883, he tenido a bien mandar promulgar el siguiente..."

(PAGINA 571)

SECRETARIA

DE

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA.

SECCIÓN PRIMERA.

El Presidente Constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

MANUEL GONZALEZ, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

"Que en uso de las autorizaciones concedidas al Ejecutivo de la Unión por decreto de 15 de Diciembre del año próximo pasado de 1883, he tenido a bien expedir el siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 13 Transitorio.- Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta Constitución con los patrones, sus familiares o intermediarios.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 4°.- Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Artículo 28.-

...

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

...

Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

...

f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

...

Exposición de Motivos del Código Civil en Materia Federal

"En materia de libre contratación, la nueva Constitución de 1917 protege los derechos humanos y a los asalariados contra los abusos de la libre contratación, llegando a sancionar en los arts. 5, 28 y 123 todo convenio que tenga por objeto, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad o implique la renuncia de su lícito ejercicio; así como cualquier acto que constituyese ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del pueblo en general y aún de alguna clase social. Como consecuencia de la supremacía de los intereses colectivos sobre los exclusivamente privados, se limita, se declara modificable y aún llegan a nulificarse los actos o acuerdos de los particulares contrarios a las leyes prohibitivas, al interés y al orden público; a las buenas costumbres, a la licitud de los contratos; a los terceros de buena fe, a la identidad de las personas a la respetabilidad de las instituciones sociales. Arts. 6, 8, 147: 1795, III; 1827,, III; 1830, 1831, 2224, 2225, 2395, 2692, 2737, Il, 2948, 3007......

Nuestro actual Código Civil, producto de las necesidades económicas y jurídicas de otras épocas; elaborado cuando dominaba en el campo económico la pequeña industria y en el orden jurídico un exagerado individualismo, se ha vuelto incapaz de regir las nuevas necesidades sentidas y las relaciones que, aunque de carácter privado, se hallan fuertemente influenciadas por las diarias conquistas de la gran industria y por los progresivos triunfos del principio de solidaridad.

Para transformar un Código Civil en que predomina el criterio individualista, en un Código Privado Social, es preciso reformarlo substancialmente, derogando todo cuanto favorece exclusivamente el interés particular con perjuicio de la colectividad, e introduciendo nuevas disposiciones que se armonicen con el concepto de solidaridad.

Es completamente infundada la opinión de los que sostienen que el Derecho Civil debe ocuparse exclusivamente de las relaciones entre particulares que no afecten directamente a la sociedad, y que, por tanto, dichas relaciones, deben ser reguladas unicamente en interés de quienes las contraen. Son poquísimas las relaciones entre particulares que no tienen repercusión en el interés social y que, por lo mismo, al reglamentarlas no deba tenerse en cuenta este interés. El individuo, sea que obre en interés propio, o como miembro de la sociedad y en interés común,no puede dejar de considerársele como miembro de una colectividad; sus relaciones jurídicas deben reglamentarse armónicamente y el derecho de ninguna manera puede prescindir de su fase social.

La necesidad de cuidar de la mejor distribución de la riqueza; la protección que merecen los débiles y los ignorantes en sus relaciones con los fuertes y los ilustrados; la desenfrenada competencia originada por la introducción del maquinismo y el gigantesco desarrollo de la gran industria que directamente afecta a la clase obrera, han hecho indispensable que el Estado intervenga para regular las relaciones jurídicoeconómicas, relegando a segundo termino al no ha mucho triunfante principio de que la "voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos ".

La célebre formula de la escuela libertal, "laissez faire", "laissez passer", es completamente inadecuada para resolver los importantísimos y complexos problemas que a diario se presentan en la vida contemporánea.

La idea de solidaridad arraiga cada vez más en las conciencias y encauza por nuevos derroteros las ideas de libertad y de igualdad.

En nombre de la libertad de contratación han sido inicuamente explotadas las clases humildes y con una declaración teórica de igualdad se quiso borrar las diferencias que la naturaleza, la educación, una desigual distribución de la riqueza, etc., mantienen entre los componentes de la sociedad.

Es preciso socializar el derecho, porque como dice un publicista: "una socialización del derecho será un coeficiente indispensable de la socialización de todas las otras actividades, en oposición con el individuo egoísta, haciendo nacer así un tipo de hombre más elevado: el hombre social.

Socializar el derecho significa extender la esfera del derecho del rico al pobre, del propietario al trabajador, del industrial al asalariado, del hombre a la mujer, sin ninguna restricción ni exclusivismo. Pero es preciso que el derecho no constituya un privilegio o un medio de dominación de una clase sobre otra.

Para legislar no deben tenerse en cuenta solamente las necesidades actuales y manifiestas de la sociedad, porque hay necesidades ficticias cuya satisfacción acarrearía gravísimos males, porque hay legítimas necesidades latentes que es preciso descubrir y remediar; porque hay necesidades antagónicas que es forzoso armonizar y porque el legislador debe tener los ojos fijos en el porvenir.

La fuerza de la tradición, la obra de las costumbres, sin duda que son respetables; pero muchas veces sancionan irritantes injusticias, privilegios odiosos que el legislador con valentía debe borrar, y debe también recoger las reivindicaciones de los oprimidos, de los vejados, para convertirlos en preceptos legales.

A efecto de que la buena fe prepondere en las relaciones entre particulares, de que la ley sea fielmente cumplida y no burlada, con grave perjuicio del fisco, de la sociedad o de los derechos de tercero, se reglamentó ampliamente la simulación de los contratos, distinguiendo el caso en que no existe ningún acto real, del caso en el que sólo se trata de desvirtuar la verdadera naturaleza del acto jurídico que se mantiene oculto.

Las reformas al contrato de mutuo tienden a proteger al deudor contra las exigencias indebidas del acreedor, y a evitar que aproveche éste la aflictiva situación de aquél al solicitar el préstamo, pactándose anticipadamente la acumulación de intereses, que por producir una utilidad inmoderada del capital fomentan la negligencia del acreedor para reclamar oportunamente el pago y causan ruinoso perjuicio al deudor.

4o.--Se dió a la clase desvalida e ignorante un protección efectiva, modificándose las disposiciones inspiradas en los clásicos prejuicios de la igualdad ante la ley y de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Se comprendió que los hombres tan desigualmente dotados por la naturaleza y tan diferentemente tratados por la sociedad, en atención a su riqueza, cultura, etc., no pueden ser regidos invariablemente por la misma ley y que la sociedad debe ir en auxilio del ignorante y del miserable cuando es vilmente explotado. Por eso se dispuso en el artículo 18 del Proyecto que cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene el derecho de pedir la rescisión del contrato, y de ser esto imposible, la reducción equitativa de su obligación. En realidad, este artículo no hace más que extender a todos los contratos la rescisión por lesión enormísima que el Código vigente concede, en su artículo 1658, para la compraventa. No hay razón para que se rescinda la compraventa cuando es leonina y se consideren inatacables los otros contratos, aunque en ellos intervenga la misma inicua explotación.

CÓDIGO CIVIL EN MATERIA FEDERAL

Artículo 2384.- El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

Artículo 11.- Las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.

CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo 358.- Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes.

CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio:

...

XX. Los valores u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;

Artículo 76.- No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio.

CÓDIGO CIVIL EN MATERIA FEDERAL

Artículo 2397.- Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

Exposición de Motivos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

"... Fácilmente se advierte así, la trascendencia inmensa que una buena regulación de títulos de crédito tendrá para el desarrollo económico del país y para el debido cumplimiento de uno de los más fundamentales propósitos del programa revolucionario, o sea, el de volver racional la producción y el uso de la riqueza, condición indispensable y previa de cualquier intento de reparto o aplicación de los beneficios y ventajas que de esa riqueza, así concebida y disciplinada, pueda socialmente derivarse.

Estas consideraciones son también aplicables, en esencia, a la regulación que la nueva ley contiene sobre operaciones de crédito. No es sólo una necesidad analítica la que ha hecho incluir en la nueva ley diversas formas contractuales. Esas formas obedecen, sobre todo al doble deseo de ampliar los cuadros ordinarios de las operaciones de crédito y de hacer que éstas, en cierto modo, se cumplan dentro de formas tipos. Lo primero, porque las necesidades prácticas, multiformes y cambiantes no pueden acomodarse, sin grave perjuicio a cuadros contractuales demasiado estrechos como lo eran, por sí solos, el préstamo y el descuento. Lo segundo porque no es posible dar un valor social a formas no típicas de contratación, en las cuales predominen la imaginación o la voluntad de los individuos contratantes y no el sello común que la sociedad exige en todos los casos como signo para el reconocimiento de los valores normales de su tráfico.

Ocurre en este punto algo semejante a lo que sucede en materia de títulos de crédito; así como del título puede decirse que acuña una obligación, de los métodos uniformes de contratación puede afirmarse que acuñan un proceso contractual, lo vuelven intercambiable, lo sacan, en suma, del cambio y de los valores individuales para introducirlo en la vigorizante vida social.

No se limitan, por supuesto, las formas particulares de contratación. La ley sólo hace una selección entre todas sus formas posibles y elige aquellas que por ser más comunes, por llenar más eficazmente una necesidad comprobada, por constituir los medios más seguros para alcanzar el fin propuesto --que el uso más fácil y mejor del crédito -- merecen esta labor de acuñación, de uniformación, para hacerlas más accesibles al a vida económica de la sociedad.

Siguiendo una tradición ya establecida en nuestro derecho bancario y que la mejor experiencia acredita como buena --ya que sus fracasos en la práctica se han debido más a descuido o a impericia que defectos del sistema-- la ley mantiene en su líneas esenciales el sistema de los créditos refaccionarios y de habilitación o avío. No se ha creído prudente abandonar un régimen vinculado por larga tradición a nuestras costumbres, ni experimentar instituciones que, como Warrant, podrían substituir con ciertas ventajas teóricas el procedimiento del avío. Solamente se ha puesto un énfasis particular en la necesidad de que los créditos refaccionarios o de avío se desarrollen con estricto apego a su objeto, haciendo que la disposición de los fondos se gradúe con las necesidades de la inversión comprobada, y que el acreedor tome --bajo pena de perder las garantías excepcionales que la ley concede para estos créditos-- una parte activa en la inversión, y pueda así cumplir, a cambio de la situación privilegiada que la sociedad le concede respecto a los demás acreedores, una verdadera función social de vigilancia: la de evitar que los recursos dedicados a la refacción o al avío, es decir, a la producción, sean substraídos de ese fin social e invertidos en operaciones distintas, no reproductivas, respecto a las cuales el interés público no justifica un sistema de garantías, en cierto modo, derogatorio del régimen común.

Al mismo tiempo la ley amplía las formas en que el avío o la refacción pueden efectuarse y extiende sus beneficios, prácticamente, a todos los casos en que un proceso de producción y distribución se encuentre en desarrollo. Con las prescripciones especiales relativas al crédito prendario y con la nueva reglamentación del bono de prenda y del certificado de depósito, se eslabonarán bien las habilitaciones o refacciones, pudiendo reducirse, así, los plazos largos que el avío o la refacción implican y hacerse más fácil, por tanto, el engranaje de esta clase de créditos con el mercado de capitales que exige disponibilidades más inmediatas.

Por esos medios, el crédito no seguirá restringiendo sólo a los casos en que pueda existir una garantía material, ni será menester que, a falta de ésta, deba ser extendido sobre la base de una mera responsabilidad personal, corriéndose, en ambos casos, los riesgos ciertos de inmovilizar los recursos bancarios, de substraer de la circulación o del aprovechamiento útil los bienes que sirvan de garantía, y de limitar el campo de acción del crédito. Las operaciones de crédito podrán ahora insertarse en el curso mismo del proceso de producción cualquiera que sea su etapa sin paralizarlo ni impedirlo, y teniendo, como base esencial, la garantía viva consistente en el resultado de la producción, y no la garantía muerta de bienes inmovilizados y substraídos, por ello mismo, del proceso productivo. El crédito personl, ya no basado en la estimación del capital del deudor --concepto muerto también-- sino en la de su honestidad y de los valores potenciales de su capacidad e iniciativa, de trabajo, de organización, será el complemento de un sistema de crédito que tendrá por el lo una innumerable diversificación, desde las formas rudimentarias de préstamos con prenda o hipoteca para fines de consumo, hasta las más complicadas operaciones financieras.

Resulta, pues, evidente la unidad de criterio que ha inspirado esta nueva ley, en conexión con las que regulan las operaciones del Banco de México y de las demás instituciones de crédito, haciendo posible un adecuado eslabonamiento entre las actividades destinadas a crear valores monetarios o acumular y utilizar debidamente los fondos y recursos dispersos en la colectividad, y las relativas a hacer que esos valores monetarios representen siempre una verdadera riqueza social y que esos recursos se apliquen ordenadamente al fomento de la producción.

En resumen: la creación y la circulación de títulos de crédito, la realización de formas típicas de contratación, el funcionamiento normal de un sistema bancario, el nacimiento de un mercado de capital y de dinero, el establecimiento y la operación inteligente de un Banco Central, no tienden solamente a la formación de una superestructura artificiosa que haga olvidar los hechos y conceptos esenciales de la vida económica del país, sino al contrario, a constituir un adecuado procedimiento para introducir en esos hechos y conceptos un nuevo y poderoso aliento de racionalidad que logre hacer más fácil, más productivo, más útil, más realizable el resultado del esfuerzo humano, en la misma forma que todas las aplicaciones de la técnica han venido a ampliar, a facilitar, a multiplicar las capacidades naturales del hombre o el aprovechamiento de los elementos naturales. Este camino podrá conducir derechamente, esto es, de un modo lógico, sencillo y sin graves: conmociones, al logro de lo que sólo por actos de violencia y de constreñimiento es dable perseguir mientras subsistan las formas primitivas de una economía individual la posibilidad de que el Estado introduzca en la producción, circulación y aplicación de las riquezas la orientación más conveniente y que mejor se ajuste a las exigencias no sólo de un sentimiento primario de justicia, sino de un más amplio y fundamental propósito de enaltecer la vida de la comunidad, empujándola hacia un mejoramiento económico indefinido .

México, D. F., a 26 de agosto de 1932.

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Artículo 66.- Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, que celebren las instituciones de crédito, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a las bases siguientes:

...

Artículo 71.- La apertura de crédito comercial documentario obliga a la persona por cuenta de quien se abre el crédito a hacer provisión de fondos a la institución que asume el pago, con antelación bastante. El incumplimiento de esta obligación no perjudicará los derechos del beneficiario en caso de crédito irrevocable. El contrato de apertura de crédito será título ejecutivo para exigir el cumplimiento de dicha obligación.

Salvo pacto en contrario y en los términos de los usos internacionales a este respecto, ni la institución pagadora, ni sus corresponsales, asumirán riesgo por la calidad, cantidad o peso de las mercancías, por la exactitud, autenticidad o valor legal de los documentos, por retrasos de correo o telégrafo, por fuerza mayor, por incumplimiento por sus corresponsales de las instrucciones transmitidas, ni por aceptar embarques parciales o por mayor cantidad de la estipulada en la apertura de crédito.

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

Artículo 321.- En virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales, y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa.

Artículo 323.- En virtud del contrato de crédito refaccionario, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisici&oacut