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Los derechos humanos en Colombia




Enviado por osram




    La Impunidad a la Orden del Día

    I. Introducción.

    La crisis de los
    derechos
    humanos en Colombia no ha
    tenido las manifestaciones externas de las dictaduras militares
    que asolaron el continente latinoamericano en las décadas
    pasadas; pero se ha alimentado de las mismas prácticas en
    la comisión de crímenes de tesa humanidad:
    torturas, ejecuciones extrajudicales, desapariciones forzadas y
    genocidio; en un marco similar de terrorismo de
    Estado. Lo
    peculiar y paradoxal a la vez es que hablamos de un formal
    régimen civil que se ufana de ser una de las democracias
    más estables y antiguas del continente.

    Ciertamente que el poder militar
    ha estado
    sometido a un sector de la sociedad civil en
    Colombia, que son
    las minorías que gozan de los privilegios del poder
    económico. Minorías que en busca de perpetuar el
    statu quo le han concedido a la Fuerza
    Pública, en particular al Ejército, la facultad de
    actuar por fiera de los marcos legales y constitucionales en el
    "control del orden
    público". Para garantizar ese ejercicio servil de la muerte le
    han ofrecido a sus perpetradores la impunidad sobre sus acciones
    criminales. Al terrorismo de
    Estado
    corresponde entonces una política de
    impunidad.

    En Colombia en los
    últimos diez años se han asesinado trescientas mil
    personas (alrededor de cien por día), treinta mil de las
    cuales por razones políticas
    (en promedio diez diarias), de las cuales tres perecen en
    combates entre la guerrilla y la fuerza
    pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o
    masacres. Cerca de un millón de personas han sido
    obligadas a desplazarse de su terruño (la mayoría
    viudas y niños huérfanos) dejando atrás sus
    ranchos quemados, sus seres queridos asesinados y cargando con su
    miseria a cuestas. Dos mil quinientas personas han sido detenidas
    desaparecidas, miles han sido detenidas arbitrariamente y miles
    han sido torturadas. Estas cifras espantosas que afectan los
    espíritus sensibles, describen el tamaño del terror
    y de la impunidad que padece el pueblo de Colombia.

    El propósito de estas reflexiones es el de
    señalar que más que fallas en el aparato judicial
    que impide la persecución del delito y el
    castigo del verdugo, en Colombia respecto
    de las violaciones de los derechos humanos
    existe una verdadera política de impunidad
    que compromete no solamente todos los órganos del Estado, sino
    los medios de
    comunicación de masas privados al servicio del
    capital, y por
    parte de las élites que controlan dicho capital, que
    encubren no solamente los crímenes de lesa humanidad que
    el Estado
    comete, sino la exclusión económica, social y
    política
    en que dichas élites mantienen a la mayoría de la
    población; todo ello bajo la cortina de
    humo de un discurso
    democrático. Por tanto no resulta incomprensible entender
    el contraste que se presenta en la legalidad y la realidad, entre
    uno de los aparatos judiciales y la burocracia de
    derechos
    humanos más grandes del mundo, con las estadísticas de violaciones y de impunidad
    más aberrantes del planeta.

    II. Burocracia e
    impunidad:

    En efecto el aparato judicial en Colombia cuenta
    con cinco órganos máximos, independientes entre
    sí, encargados de la administración de justicia: La
    Corte Suprema, la Corte Constitucional el Consejo de Estado, la
    Fiscalía General de la Nación y el
    Consejo Superior de la Judicatura. De otro lado como
    órganos de control de la
    función pública están la Contraloría
    General de la República y la Procuraduría General
    de la Nación, a ésta última está
    adscrita la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría
    cuenta a su vez con una unidad de Investigaciones
    Especiales y con una Delegada de Derechos Humanos,
    a la vez que varias delegadas especializadas en las Fuerzas
    Militares, la Policía y la Policía Judicial,
    así mismo extiende su función de control y de
    protección a los derechos humanos a cada uno
    de los municipios del país a través de los
    personeros.

    De otra parte la rama Ejecutiva cuenta con la
    Justicia Penal
    Militar, la Consejería Presidencial para la Defensa,
    Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con
    unidades de Derechos Humanos en el
    Ministerio del Interior, de la Defensa y cada una de las
    guarniciones militares y de policía, así como en el
    Ministerio de Relaciones Exteriores.

    El Congreso de la República tiene por su
    parte una Comisión de Derechos Humanos tanto en el
    Senado como en la Cámara de Representantes. Además
    el Parlamento debe ejercer en su conjunto el control
    político sobre el uso de los estados de
    excepción.

    Si añadimos a lo anterior que el Estado
    colombiano contempla en su Carta Política más
    de cien artículos que consagran los derechos humanos y
    mecanismos de protección de los mismos como el
    hábeas corpus, las acciones de
    tutela (o acciones de
    amparo) y las
    acciones de
    cumplimiento; al tiempo que
    reconoce la primacía del Derecho
    Internacional de los Derechos Humanos sobre el derecho
    interno (Arts. 93 y 94 de la Constitución). Y que ha firmado y
    ratificado casi la totalidad de declaraciones, convenciones y
    pactos referidos a los Derechos Humanos. No podemos menos que
    sentirnos estupefactos cuando la formalidad y el discurso se
    convierten frente a los hechos en mecanismos de
    perpetuación de las violaciones y en afirmación de
    la irnpunidad.

    Por qué éstos órganos
    encargados de velar por el imperio de la ley no han
    correspondido a las expectativas de un Estado de
    Derecho? Debemos brevemente explicar las razones que nos
    parecen fundamentales para comprender el papel que
    estas entidades han cumplido en la degradación de la
    Institucionalidad democrática.

    Restricción de los mecanismos de
    protección de los derechos
    fundamentales.

    A partir de la Constitución de 1991 cualquier persona puede
    interponer acciones de
    tutela para que se salvaguarde un derecho fundamental, propio o
    ajeno, que esté siendo vulnerado o pueda ser vulnerado por
    una autoridad
    pública (Art. 86). La reacción del aparato judicial
    a ésta norma fue adversa y se impuso una
    reglamentación restrictiva (tanto del punto de vista del
    procedimiento
    como del derecho sustancial) que desconoce el espíritu del
    mandato constitucional. Además los jueces y magistrados en
    general son reacios a defender los derechos fundamentales de las
    personas que son atacadas por ser consideradas subversivas, que
    es precisamente la razón fundamental por la cual se han
    presentado y se siguen presentando la mayor parte de las
    violaciones a los derechos humanos. Lo mismo puede decirse con la
    acción de hábeas corpus (art. 30) que precisamente
    está consagrada para proteger a las personas detenidas
    arbitrariamente, pero cuyo derecho ha sido restringido en la
    ley por
    iniciativa del Ejecutivo (por decreto en uso de facultades de
    excepción, Decreto 1156 de julio de 1992), respaldado por
    el Congreso (convirtiéndolo en legislación
    permanente, ley 15 de 1992) y
    con la complacencia de la Corte Constitucional que en el proceso de
    exequibilidad la consideró ajustada a la Carta Política (Sentencia
    C-301 del 2 de agosto de 1993).

    La instrumentalización política
    para la guerra del
    aparato Jurídico.

    Es la tendencia generalizada y asumida por los
    propios magistrados y jueces. El Ejecutivo, el Congreso y la gran
    prensa
    presionan para que las normas no se
    piensen ni se apliquen independientemente de las estrategias de
    guerra contra
    la subversión. El derecho se relativiza hasta desaparecer
    cuando la víctima de una violación lo ha sido por
    presumírsele subversiva, de tal forma que ha sido
    torturado se ignoran las torturas, si ha sido detenido
    arbitrariamente se ignora la ilegalidad de la retención; o
    si han sido ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos o
    masacrados no habrán investigaciones
    penales y si excepcionalmente las hay no habrán sentencias
    condenatorias o en el peor de los casos nunca se harán
    efectivas. Por la misma causa se produce también el
    fenómeno inverso, se aplica la acción judicial con
    máximo rigor desbordando a menudo los marcos del debido
    proceso cuando
    a la persona se le
    sindica de pertenecer a una organización subversiva.

    Esta instrumentalización política
    se expresa además de lo señalado, de las siguientes
    maneras:

    1. Constitucionalizando la legislación de
      guerra. En
      la práctica ha provocado la existencia de dos
      constituciones una garantista de los derechos y otra nacida de
      los Decretos de Estados de Excepción que han sido
      convertidos en legislación permanente pese a vulnerar
      los derechos consagrados en la Carta
      Política. En ello las responsabilidades han sido
      compartidas en las ramas del poder
      público: El Ejecutivo que una vez levantado el Estado de
      excepción presenta como proyectos de
      ley los
      decretos que ha dictado en uso de esas facultades, el
      Legislativo que convierte dichos proyectos en
      leyes, y la
      Corte Constitucional que los avala.
    2. Afirmando el autoritarismo presidencial. La
      Corte Constitucional y el Congreso al darle vía libre a
      las declaratorias de los Estados de Excepción y a los
      decretos de conmoción afirman una práctica que ha
      terminado por confundir y pervertir el necesario control
      entre las ramas del poder
      público. Las crisis
      políticas, las improvisaciones y errores
      de la política criminal o del control del orden
      público se saldan por parte de los gobiernos abusando de
      los Estados de Excepción. La Corte el 18 de octubre de
      1995, en un fallo sin precedentes declaró inexequible la
      declaratoria de Conmoción Interior hecha por el
      Presidente Samper dos meses antes, considerando que el Gobierno
      violó el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos
      Civiles y Políticos y el art. 27 de la Convención
      Americana de Derechos Humanos. No obstante el Congreso
      cubrió de impunidad política al Gobierno al no
      abrirle el juicio correspondiente como era su obligación
      constitucional. Luego el 2 de noviembre de l995, el Gobierno
      volvió a declarar la Conmoción Interior, so
      pretexto del asesinato de un líder
      político de derecha en el que estarían
      involucradas las propias Fuerzas Armadas; la Corte
      Constitucional en la acción ambigua que la ha
      caracterizado, la declaró exequible en fallo de enero de
      1996, contradiciéndose con los argumentos que
      había expresado tres meses atrás. Así el
      ciclo de violaciones a la Carta
      Política se reproduce desde las más altas
      autoridades del Estado, asegurando recíprocamente la
      impunidad política y jurídica de sus
      actos.
    3. Otorgándole competencia a
      los verdugos para que investiguen y juzguen sus propios
      crímenes. Este es uno de los ejes centrales en que se
      ampara con la impunidad a los terroristas de Estado, reviste
      las siguientes formas:

    a) La justicia
    negando la justicia.
    Cuando ha sido posible que la Fiscalía General de la Nación inicie
    investigaciones penales contra miembros de la
    Fuerza
    Pública comprometidos en crímenes de tesa
    humanidad, ésta hace operar los mecanismos de la Justicia Penal
    Militar para provocar colisiones de competencias que
    ha de derimir la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
    Judicatura, quien reiteradamente ha sustraído dichos
    procesos de la
    justicia civil con el argumento de que todos los crímenes
    cometidos por miembros de la Fuerza
    Pública, incluso violaciones carnales se consideran actos
    del servicio o con
    ocasión del servicio.
    Dichas decisiones son discutibles en derecho y están
    mediadas por la voluntad implícita de los magistrados de
    contribuir a la política de impunidad sobre las
    violaciones a los derechos humanos. Su ausencia de independencia
    en las decisiones podemos confirmarla con la decisión de
    las Fuerzas Armadas de ascender ad honorem al cargo de
    Brigadieres Generales a las magistradas de ese órgano de
    justicia Luz Stella
    Mosquera y Myriam Donceto de Montoya "por sus servicios
    rendidos a las Fuerzas Militares, hecho que ya desdice de la
    imparcialidad de éste órgano de justicia, y que se
    ejemplifica en las siguientes decisiones:

    1. El 5 de octubre de 1993, tropas del
    Batallón Palacé bajo el mando del Teniente Coronel
    Luis Felipe Becerra Bohórquez, simulan un enfrentamiento
    armado para justificar la masacre de trece campesinos en el
    municipio de Trujillo, Departamento del Valle, entre ellos un
    anciano de 75 años de edad, seis mujeres, dos de las
    cuales menores de edad y una embarazada, todas torturadas y
    violadas. El hecho se presentó como un exitoso operativo
    militar contra una columna guerrillera, a algunas de las
    víctimas se les colocó trajes y armas de uso
    privativo de las Fuerzas Militares. La justicia penal militar
    inicia la "investigación" una vez trasciende a la
    opinión pública la verdad. Al Coronel quien se
    había confesado responsable intelectual de la matanza de
    los presuntos guerrilleros se le impuso una caución de
    U.S. 70 como medida de aseguramiento; la Fiscalía sólo entra a discutir la
    competencia en la
    investigación trece meses después de
    los hechos y dicta una orden de captura contra el Coronel quien
    nunca se hizo efectiva porque entretanto la Justicia Penal
    Militar provocó colisión de competencias y en
    el mes de marzo de 1995 el Consejo Superior de la Judicatura
    decidió a favor de los intereses
    militares.

    2. Dos miembros de la Red de Inteligencia
    número 7 de la Armada Nacional adscrita a la Dirección de Inteligencia
    de las Fuerzas Militares señalan públicamente la
    responsabilidad de dicha red bajo la dirección del Coronel Rodrigo
    Quiñónez en el asesinato de más de cien
    personas en el puerto petrolero de Barrancabermeja y sus
    alrededores, entre los años 1992 y 1993; la mayoría
    de las víctimas eran sindicalistas, defensores de derechos
    humanos y líderes populares. La denuncia del suboficial y
    del ex-suboficial dio lugar a la iniciación de un proceso penal
    en la Fiscalía General, al tiempo la
    Justicia Penal Militar reacciona para reclamar la competencia quien
    le es otorgada el 11 de agosto de 1994 con ponencia del
    magistrado Leovigildo Bernal. Entonces la Justicia Penal Militar
    vincula a la investigación y ordena la detención,
    no del Coronel Rodrigo Quiñónez, sino de los
    denunciantes quienes son puestos prisioneros y uno de ellos Saulo
    Segura es asesinado en la cárcel en la que estaba
    internado en la ciudad de Bogotá el 30 de diciembre de
    1995.

    3. El día 15 de enero de 1955, en el
    corregimiento de Puerto Patiño del municipio de Aguachica,
    Departamento del César, son detenidos y ejecutados
    extrajudicialmente siete personas y una más detenida
    desaparecida. Las víctimas fueron señaladas de ser
    guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. En el mismo
    municipio y los alrededores entre el 7 de agosto de 1994 y el 31
    de diciembre de 1995, se presentaron 217 Ejecuciones
    Extrajudiciales y 14 desapariciones forzadas. En la zona se ha
    consolidado el paramilitarismo como proyecto
    contrainsurgente, así lo denunció el propio
    Comandante de la Policía de Aguachica quien
    estableció que el mayor del Ejército Jorge
    Lázaro Vergel responsable militar de la base de
    Aguasclaras con poder de mando
    sobre las bases de Aguachica y Morrison, era el principal
    ejecutor del paramilitarismo. La Fiscalía General dictó contra el
    Mayor "orden de detención sin beneficio de
    excarcelación por fomentar y auxiliar estructuras
    paramilitares y por su posible participación en la masacre
    de Puerto Patiño". El Mayor no fue conducido a una
    cárcel, el Ejército comunicó que se
    encontraba recluido en una base militar en la ciudad de
    Bucaramanga, entretanto la Justicia Penal Militar provocó
    la colisión de competencias y el
    Consejo Superior de la Judicatura decidió asegurar el
    camino de la impunidad entregándoles el "Juzgamiento del
    Mayor Lázaro Vergel".

    4.- El 8 de octubre de 1996 la mencionada
    corporación judicial resolvió la colisión
    planteada por una masacre de 17 campesinos cometida en abril de
    1991 en el sitio conocido como "Los Uvos", departamento del
    Cauca, en la que actuaron conjuntamente militares y
    paramilitares; decidió no solamente que los
    crímenes contra la humanidad son hechos relacionados con
    el servicio
    militar sino además legitimó el paramilitarismo al
    decir " …También es lógico que en su afán
    de proteger la vida de sus colaboradores los doten de prendas
    militares para pasar desapercibidos ante la comunidad e
    igualmente los doten de armas para su
    protección". La magistrada ponente de esta aberrante
    decisión judicial fue Myriam Donato de Montoya. De esta
    manera se cierra el círculo de la impunidad, aunque como
    en los casos citados, las pruebas sobre
    las responsabilidades se hayan hecho públicas e
    irrefutables. Los magistrados se convierten en una parte
    sustancial de la cadena del crimen y del
    terror.

    5.- E1 11 de octubre de 1996 la Fiscalía
    General de la Nación profirió orden de
    detención preventiva contra el general Faruk Yanine
    Díaz sindicado de promover grupos
    paramilitares y varias masacres en el Magdalena Medio durante los
    años ochenta. Entre los hechos que se le imputan al
    General Yanine se encuentra la matanza de 19 comerciantes
    asesinados el 6 de octubre de 1987, cuando se desempeñaba
    como Comandante de la II División del Ejército. Las
    19 víctimas eran negociantes de electrodomésticos y
    fueron acusados de ser "auxiliadores de la guerrilla", los
    perpetradores de la matanza fueron miembros de un grupo
    paramilitar financiado por narcotraficantes, protegidos y
    promovidos por el Ejército.

    Contra el General Yanine, desde que era
    Comandante de la XIV Brigada en 1984, se lanzaron graves
    acusaciones de ser violador de los derechos humanos. Pese a ello
    fue ascendido al Comando de la II División, luego al
    Cuartel General del Comando General de las Fuerzas Militares en
    1989, al Estado Mayor como Subcomandante y a la Inspección
    General del Ejército en el mismo año; en 1990 fue
    promovido al Comando General del Ejército y en 1991 como
    Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Desde
    noviembre de 1992 fue nombrado Delegado ante la Junta
    Interamericana de Defensa en Washington, donde permaneció
    hasta el dos de octubre de 1996 desempeñándose como
    "asesor distinguido del Colegio Interamericano de Defensa,
    organismo multilateral dedicado a la promoción de los derechos
    humanos".

    La colisión de competencias
    planteada por la Justicia Penal Militar fue decidida en diciembre
    de 1996 por el Consejo Superior de la Judicatura a favor de los
    militares. Días antes el entonces Comandante del
    Ejército, general Harold Bedoya, hoy Comandante de las
    Fuerzas Militares, quien fue uno de sus alumnos en la escuela del
    terror, y quien por tanto tendría la competencia para
    juzgarlo se refirió a él reivindicándolo
    como un héroe, comparándolo con los próceres
    de la independencia
    Simón Bolívar y José María
    Córdoba.

    6.- El 19 de febrero de 1997 el Consejo Superior
    de la Judicatura, mantuvo su postura al "dirimir un conflicto de
    competencias,
    en un proceso por
    una matanza de 45 personas, en la que están vinculados
    siete militares (entre ellos el general Raúl Rojas) y dos
    policías. Con la decisión el órgano judicial
    declaró competente a la Justicia Penal Militar para que
    asuma la causa contra los involucrados en el asesinato colectivo,
    uno de los más graves cometidos en Colombia. La matanza
    tuvo lugar el 11 de noviembre de 1988 en Segovia, población del departamento de
    Antioquía y fue atribuida a un grupo
    paramilitar que irrumpió en el casco urbano del pueblo y
    disparó contra transeúntes y conterturlios en
    establecimientos públicos. Una supuesta venganza
    política, por el respaldo que recibieron los candidatos de
    izquierdas a la Alcaldía y al Consejo, fue mencionada en
    su momento como causa del crimen masivo.

    b) El Congreso contribuyendo en la política
    de impunidad. La Corte Constitucional en una de sus ambivalencias
    positivas, el 29 de marzo de 1995 declaró inconstitucional
    el inciso segundo del art. 656 del Código Penal Militar,
    Decreto 2550 de 1988, considerando que los militares en servicio
    activo no pueden integrar las cortes marciales ya que no
    garantizan una administración de justicia independiente e
    imparcial. Este fallo de la Corte Constitucional abría el
    camino para una reforma del fuero penal militar que
    evitaría que los mismos militares que cometen los
    crímenes se juzguen así mismos; mas el Congreso en
    la reforma constitucional más rápida en la historia del país dio
    al traste con la plausible jurisprudencia
    y modificó el art. 221 de la Carta
    Política consagrando de manera expresa que los tribunales
    militares podrán estar integrados por oficiales en
    servicio activo de las Fuerzas Armadas. El ponente de dicha
    iniciativa fue Germán Vargas Lleras, familiar de un
    ex-presidente, y miembro del Partido Liberal, que a su vez es el
    partido del Presidente Samper, quien no manifestó ninguna
    objeción a dicha iniciativa, el Partido Conservador
    también le dio su pleno respaldo. Ello confirma los lazos
    de la clase política tradicional en la política de
    impunidad.

    c) La justicia no se admite para los intocables.
    En Colombia a diferencia de otros países de América
    Latina la impunidad para los violadores de los derechos
    humanos no se ha asegurado a través de indultos o
    amnistías. Bajo la máscara de la administración de justicia a través
    del fuero penal militar se ha ido asegurando la absolución
    de todos los responsables del terrorismo de
    Estado. El fuero no es la impunidad en sí misma, pero es
    el medio hacia la impunidad. Sí resalto esta
    reflexión, es porque la voluntad política del
    Poder
    Ejecutivo queda comprometida, la Justicia Penal Militar
    está bajo su jurisdicción y el Presidente es
    constitucionalmente el "Comandante Supremo de las Fuerzas
    Armadas" en tal virtud puede dirigirla y disponer de ella (art.
    189, C.N.) Es decir que podría influir no solamente para
    prevenir las violaciones a los derechos humanos, sino que a
    través de la misma vía podría garantizar que
    el Fuero Penal Militar no se convierta en un instrumento de
    impunidad. Mas en Colombia los factores real de poder invierten
    las reglas de la sujeción y son los gobernantes civiles
    los que terminan sometiéndose a las directrices militares.
    Es más fácil en Colombia meter a la cárcel a
    un ministro de Estado que a un general responsable de violar los
    derechos humanos.

    4. El sutil discurso de
    los funcionarios públicos que encubren el terrorismo de
    Estado. Dentro del Estado colombiano existe una amplia burocracia
    especializada en la teoría
    de la democracia y
    en las refinadas prácticas de la diplomacia. Qué
    observador internacional no se sorprende al visitar el
    país y encontrar una amplia red de autoridades civiles
    que los reciben con gentileza, con puertas abiertas, con
    disposición autocrítica en los diálogos y
    con confesión de las graves fallas que afectan al aparato
    de Estado?. Quién no reconoce que hay una grave crisis de
    derechos humanos? Quién no reconoce que hay impunidad?
    Quién podría dudar al escucharlos de que tienen una
    real voluntad política de ponerle fin a los desafueros y a
    la barbarie?. Si el observador internacional sale de Colombia
    convencido de que con tales funcionarios se pondrá fin a
    la crisis
    humanitaria y deja de hacerle un seguimiento a la
    situación, podrá sorprenderse años
    más tarde al regresar al país de que el funcionario
    público conserve su mismo cargo o haya sido ascendido
    aunque la situación se haya agravado, encontrará
    que el discurso
    seguirá siendo el mismo, quizás un poco más
    profesional. Si el observador visita con frecuencia el
    país terminará descubriendo que detrás de
    los bellos discursos
    existe una gran dosis de cinismo.

    Estos mismos funcionarios se ocupan en el
    exterior de relativizar la responsabilidad estatal en las violaciones a los
    derechos humanos con el fin de evitar que la comunidad
    internacional se ocupe como es debido en la crisis
    humanitaria colombiana. Es decir que respecto a la acción
    debida de los mecanismos internacionales de protección de
    los derechos humanos generan una especie de impunidad
    diplomática, por supuesto con la complacencia de los otros
    Estados.

    Podemos encontrar como ejemplo de lo dicho la
    acción de la Consejería Presidencial para la
    Protección, la Promoción y Defensa de los Derechos
    Humanos, creada en 1988 y convertida desde entonces en el
    baluarte del discurso
    democrático de la represión estatal. En una primera
    etapa se dedicaron a mostrar al Estado como víctima de las
    manifestaciones extremas de la violencia
    ubicadas en el narcoterrorismo Vs. la guerrilla. Agotado este
    planteamiento por la tozudez de los hechos que fueron demostrando
    que la mayor parte de la responsabilidad de la violencia
    política le correspondía al Estado, pasaron de
    aceptar que había algunos miembros de la Fuerza
    Pública que de manera aislada violaban los derechos
    humanos a aceptar que una parte importante de las violaciones se
    producen por la acción de la Fuerza
    Pública.

    5. Cifras, manipulaciones y mentiras en los
    discursos de
    los funcionarios públicos: El Dr. Carlos Vicente de Roux,
    Consejero Presidencial para los Derechos Humanos desde la
    administración de César Gaviria
    Trujillo y en la actual del Presidente Ernesto Samper Pizano ha
    negado que las violaciones de los derechos humanos obedezcan a
    una política estatal, ha negado que el paramilitarismo
    tenga como causa principal la estrategia
    contrainsurgente de las Fuerzas Armadas y ha negado que se
    propicie desde el Estado una
    política de impunidad. Quizás por ello es de lo
    pocos funcionarios públicos con altas responsabilidades
    políticas que no ha sido removido de su
    cargo. No solamente por negarlo, sino por tener la habilidad de
    darle un marco de verosimilitud a sus palabras, de paso
    responsabilizando a la guerrilla colombiana "como ninguna otra en
    el mundo, de las prácticas propias de la delincuencia
    común en el desarrollo de
    su actividad militar" o indicando que la "guerrilla es la
    responsable de la mitad, por lo menos, de la problemática
    humanitaria que padece el país. Si su comportamiento
    se compara con los estándares de los grupos
    irregulares que combaten contra los Estados a lo largo y ancho
    del mundo, se verá que ninguno de esos grupos la supera
    en la utilización de los métodos
    propios de la delincuencia
    común y en el irrespeto por el derecho
    humanitario".

    Lo anterior podría pasar sin mayores
    controversias, si el Consejero a continuación no afirmara
    que se han presentado efectos positivos por las medidas
    gubernamentales, cuyo "más importante consiste en una
    reducción de los casos de violación de los derechos
    humanos cometidas por miembros de las fuerzas militares y de
    policía. Esta reducción ha sido constatada no solo
    por organismos nacionales de control, como la Procuraduría
    General de la Nación, sino también por organizaciones no
    gubernamentales nacionales e internacionales y por agencias de
    gobiernos que ejercen monitoria sobre la materia".

    La Comisión Intercongregacional de
    Justicia y Paz reportó para el año de 1995: 944
    asesinatos políticos, 662 asesinatos presumiblemente
    políticos, 200 asesinatos presumiblemente por limpieza
    social, 899 muertes en acciones bélicas, 3822 asesinatos
    obscuros y 111 desapariciones forzadas. Sobre la
    presunción de responsabilidad de los hechos de violencia
    política para el mismo año señaló:
    Militares 28.4 %, Policías 10.9 %, Paramilitares 5.7 %,
    otros organismos del Estado 5.2%, Guerrillas 10.7 %,
    narcotraficantes 0 % y sin información un 35.2%. Es decir que la
    responsabilidad del Estado en la violencia
    política fue cinco veces superior a la responsabilidad
    atribuible a los grupos
    insurgentes. Y cuando el Consejero Presidencial reporta que "al
    menos la mitad" de la crisis humanitaria, es responsabilidad de
    la guerrilla sin sustentar su afirmación, está
    tergiversando las cifras para relativizar la responsabilidad del
    Estado, convirtiendo de paso su oficina en un
    instrumento de la "Guerra
    Psicológica". Así implícitamente se
    justifica la acción militar.

    Según el Comité Permanente para la
    Defensa de los Derechos Humanos durante 1996 registraron en su
    banco de
    datos 2306
    homicidios de naturaleza
    política, de los presumibles autores identificados se
    señala que la Fuerza Pública y los paramilitares
    serían responsables del 31.18%, y la guerrilla y milicias
    del 12.31%. La tendencia señala una responsabilidad
    creciente de los grupos
    paramilitares, que es la forma estratégica de la guerra sucia
    que ahora prefieren las Fuerzas Armadas, frente a los cuales
    manifiestan que no tienen articulación
    alguna.

    7. Narcotráfico y violencia
    política: El tema de la lucha contra el narcotráfico le ha servido al Estado
    colombiano para desviar la atención mundial sobre su
    propia responsabilidad en el fenómeno de la violencia o
    incluso para justificara Ha sido común que el Gobierno o los
    medios de
    comunicación al servicio del militarismo atribuyan la
    responsabilidad "de la mayoría de los homicidios
    políticos a los traficantes de drogas y a los
    grupos guerrilleros", como lo ha dicho Amnistía
    Internacional: "Las organizaciones
    dedicadas al tráfico de drogas han
    recurrido a los delitos violentos
    en campañas de atentados indiscriminados con bombas y a los
    asesinatos de ministros del gobierno,
    funcionarios judiciales, periodistas y otras muchas personas que
    se oponían a sus actividades delictivas. Sin embargo, la
    percepción del tráfico de drogas como
    causa principal de la violencia política en Colombia es un
    mito".

    El Gobierno respecto a las estadísticas que señalarían
    un reducido margen de la participación del narcotráfico en la violencia
    política ha dicho: No es cierto que los narcotraficantes
    solamente respondan del 2% de la violencia política en el
    país…esa estadística olvida el papel profundo
    del narcotráfico que se ha territorializado,
    que ha comprado tierras en muy amplias zonas de Colombia, en la
    creación de grupos paramilitares".

    A este planteamiento hay que responder que
    efectivamente el narcotráfico financia el paramilitarismo y
    promueve la violencia política, que ciertamente el
    narcotráfico no ha sido ajeno a la
    instrumentalización de la represión. En esa
    perspectiva el narcotráfico ha sido utilizado por el Estado en
    un doble sentido: Para justificar la consecución de
    grandes recursos en el
    exterior que de dedicarían a "combatirlo" pero que se
    desvían a la lucha contrainsurgente. Y para financiar
    operaciones
    encubiertas de la Fuerza Pública y la
    implementación del paramilitarismo.

    Para ejemplificar el primer planteamiento resulta
    ilustrativo las denuncias del lingüista Noam Chomsky al
    resaltar que el Estado de Colombia es el mayor violador de los
    derechos humanos en el hemisferio americano a la vez que es
    recompensado con la mayor concesión de asistencia militar
    por parte de los Estados Unidos:
    "El pretexto de Estados Unidos
    para apoyar estas atrocidades es la guerra contra las drogas, que
    se convirtió en una obsesión nacional al ser
    lanzada por George Bush en septiembre de 1989; más bien,
    uno debería decir se relanzó, ya que este es un
    hecho que ocurre regularmente. Un mes antes, el cargamento
    más grande de armas
    jamás autorizado bajo la ley de
    provisiones de emergencia para Ayuda Extranjera fue enviado al
    Ejército de Colombia, sentando las bases, informa William
    Hartung, "para enviar más armamento estadounidense del que
    se recibió en Colombia durante toda la década de
    los ochenta" lo que ya era excesivo. Se enviaron al
    Ejército: helicópteros, aviones, y otras cosas,
    inútiles en la guerra contra la droga, tal
    como se indicó en ese momento. Entre el 90 y el 95% de las
    operaciones
    antinarcóticos son dirigidas por la Policía
    Nacional, y no con bombarderos y helicópteros. Estos
    tienen otros usos. Grupos de derechos humanos pronto informaron
    de bombardeos a poblaciones, masacres y otras atrocidades. Los
    efectos de los envíos de armamento podrían muy bien
    probablemente haber sido dirigidos a fortalecer los lazos entre
    las fuerzas de seguridad y los
    narcotraficantes, y las clases propietarias de tierra
    asociadas con ellos".

    El segundo planteamiento además de lo
    aceptado por el propio Gobierno, se ha demostrado en
    números hechos de violaciones a los derechos humanos en
    que han participado militares, policías, paramilitares y
    narcotraficantes en acciones conjuntas: 107 personas fueron
    detenidas, torturadas, descuartizadas en vida con una motosierra
    eléctrica y sus restos lanzados en costales a las aguas
    del río Cauca, en el municipio de Trujillo, departamento
    del Valle. Estos hechos atroces se cometieron entre octubre de
    1998 y mayo de 1991. Muchas de las víctimas se
    habían atrevido a denunciar las aberraciones cometidas. El
    principal testigo y denunciante fue partícipe de los
    hechos como informante del Ejército. Su testimonio fue
    considerado como resultado de perturbaciones mentales que lo
    aquejaban, luego fue asesinado. Pero su testimonio
    permitió comprobar las relaciones estrechas entre
    narcotraficantes (vinculados a la cúpula del Cartel de
    Cali), paramilitares, policías y militares que actuaron
    conjuntamente en la desencadenación de estos hechos de
    terror.

    El 5 de octubre de 1993 fueron masacrados 13
    campesinos en el municipio de Riofrío, departamento del
    Valle. En la masacre participaron paramilitares, policías
    y militares, uno de los autores intelectuales fue un reconocido
    narcotraficante de la región miembro del Cartel de
    Cali.

    El 16 de diciembre de 1991, en el municipio de
    Caloto, Departamento del Cauca fueron masacrados 20
    indígenas de la comunidad
    Paéz y sus ranchos incendiados. La autoría
    intelectual tuvo origen en narcotraficantes del Cartel de Cali y
    los ejecutores fueron sicarios a su servicio y oficiales de la
    Policía Nacional.

    El 14 de enero de 1990, 43 habitantes de Puerto
    Bello, (municipio de Turbo, Urabá antioqueño)
    fueron detenidos, se les colocó boca abajo, se les
    ató de las manos y luego les obligaron a subir a dos
    camiones que les llevó a la ciudad de San Pedro de
    Urabá. Testigos presenciales los vieron pasar por dos
    controles del Ejército. Las investigaciones
    oficiales establecieron que los responsables de los hechos fue un
    grupo
    paramilitar bajo las órdenes de Fidel Castaño,
    conocido con el alias de "Rambo": "Tras oír el testimonio
    de un desertor del grupo
    paramilitar, las autoridades judiciales y policiales registraron
    dos ranchos del Departamento de Córdoba pertenecientes a
    Fidel Castaño en los que encontraron nueve tumbas
    clandestinas. En ellas había 24 cuerpos que mostraban
    señales de tortura; se cree que 20 pertenecía a
    habitantes de Pueblo Bello". La detención
    desaparición, torturas y ejecuciones de estos 43
    campesinos tuvo como causa el robo de 43 cabezas de ganado de
    propiedad del
    narcotraficante. De esta manera daba una lección de terror
    a la población que supuestamente colaboraba con
    la insurgencia. Fidel Castaño actuó como jefe
    militar del Cartel de Medellín y luego del Cartel de Cali,
    ha sido procesado y condenado por otras masacres de trabajadores
    de las fincas bananeras, en las que actuado en
    colaboración con el Ejército colombiano. Desde hace
    varios años él y sus hermanos jefes de los grupos
    paramilitares de la región, con el apoyo de la Fuerza
    Pública desarrollan una campaña de aniquilamiento
    de todos aquellos quienes son considerados simpatizantes de la
    insurgencia armada. Fidel Castaño se dirigió al
    Gobierno para criticar el cuestionamiento de los grupos
    paramilitares porque: "Las Fuerzas Armadas, como nosotros, nos
    consideramos aliados y amigos circunstanciales, ya que
    compartimos un enemigo común más poderoso que
    ambos". Pesen a tener él y sus hermanos varias
    órdenes de captura en su contra, el Ministro del Interior,
    Dr. Horacio Serpa Uribe se reunió con ellos en el mes de
    enero de 1996 con el propósito de dialogar su
    "reintegración a la vida civil".

    "Desde finales de 1994, el grupo
    paramilitar "Serpiente Negra" desató en el departamento
    del Meta una ofensiva contra la población de la región del Alto
    Ariari y contra el Comité Cívico de Derechos
    Humanos del Meta, el cual fue desterrado de la región en
    febrero de 1995 y todos sus miembros amenazados de muerte. Varios
    miembros del Batallón de Infantería N 21 "Vargas ",
    acantonado en la región, han sido asociados a distintas
    acciones del grupo Serpiente Negra. Víctor Carranza
    Niño, conocido negociante de esmeraldas y señalado
    reiteradamente como narcotraficante por distintas autoridades,
    lidera el grupo paramilitar". En 1989 dos integrantes de los
    grupos paramilitares conformados por Víctor Carranza,
    confesaron que por órdenes de éste habían
    ejecutado a varios miembros de la Unión Patriótica
    habiendo recibido el apoyo del Batallón Vargas y de la VII
    Brigada. Carranza les pagó sus servicios
    permitiéndoles explotar sin límites una de sus
    minas de esmeraldas durante un mes. Posteriormente el DAS
    (Departamento Administrativo de Seguridad)
    conoció que desde las haciendas de Carranza se entrenaban
    los grupos paramilitares y en una de ellas halló fosas
    clandestinas con varios cadáveres y armas de uso
    privativo de las Fuerzas Armadas. Pese a ello Carranza y sus
    hombres fueron absueltos luego de que se pusiera una bomba en el
    apartamento del abogado que representaba a las víctimas,
    se amenazara de muerte a la
    agente del Ministerio Público y se comprara a la Juez que
    llevaba a cargo la investigación.

    Muchos otros testimonios se han recogido
    judicialmente contra Víctor Carranza, sin embargo no
    solamente continúa en libertad, sino
    que en marzo de 1996 participó en una conferencia a la
    que fue invitado por Juan Manuel Santos, Ex-ministro del Gobierno
    de Samper, en la que estuvo presente el General Manuel
    José Bonnet, varios ministros de Estado y algunos
    ex-presidentes.

    Josué Giraldo Cardona, Presidente del
    Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta,
    denunció en el Parlamento Europeo y en Naciones Unidas
    los crímenes cometidos por Víctor Carranza y la
    participación por acción y omisión en ellos
    de las Fuerzas Armadas. Josué fue asesinado el 13 de
    octubre de 1996 frente a sus dos pequeñas hijas de 3 y 5
    años de edad, en su casa en la ciudad de
    Villavicencio.

    Podríamos seguir mencionando muchos otros
    hechos, recientes y pasados en el que es clara la relación
    entre miembros de la Fuerza Pública, narcotraficantes y
    paramilitares en la comisión de crímenes de tesa
    humanidad. Sin embargo los señalados son una muestra
    fehaciente de los tejidos del
    terror y de la impunidad denunciados. El narcotráfico no
    es un generador independiente de violencia política, ha
    estado estrechamente ligado a las estrategias
    represivas del Estado. De otro lado no podemos olvidar que el
    actual Presidente, Dr. Ernesto Samper Pizano be elegido por los
    aportes significativos del Cartel de Cali lo que ha ocasionado
    que quien fuera el tesorero de la campaña presidencial
    esté detenido, que quien fuera el gerente de la
    misma y posteriormente ministro de la Defensa esté preso,
    que se haya llamado a indagatoria a tres de los ministros
    (Relaciones Exteriores, del Interior y Comercio
    Exterior) que el propio Samper por ello haya sido acusado
    ante el Congreso por el Fiscal General de la Nación; y que
    para sortear la crisis política y de gobernabilidad que
    dicho escándalo le ha generado, el Presidente
    renunció a la política de paz y ha cedido por
    completo a las pretensiones de la extrema derecha como
    única manera de mantenerse en el
    gobierno.

    III. Eliminar a los defensores de derechos
    humanos:

    Uno de los pasos para afianzar la
    impunidad.

    El Presidente Samper señaló en
    discurso público que "como Presidente y Comandante en Jefe
    de las Fuerzas Armadas prefiero a los militares enfrentados a la
    subversión en las montañas y no en los juzgados del
    país contestando requerimientos infundados presentados por
    sus enemigos". Con esta frase el Presidente tiende de un lado un
    manto de impunidad sobre todas las violaciones a los derechos
    humanos cometidas por la Fuerza Pública que se
    estén investigando en alguna agencia estatal, con el
    mensaje claro que si investigan y sancionan están
    favoreciendo a la subversión, lo cual constituye un
    mensaje intimidatorio para dichos funcionarios. De otra parte
    descalifica y expone a la represión a las organizaciones no
    gubernamentales de derechos humanos y a las víctimas de
    violaciones de esos derechos o a sus sobrevivientes que
    denuncien, al equipararlos a la categoría de "enemigos",
    es decir de subversivos y por tanto blancos legítimos de
    la confrontación. Esta frase del Presidente implica la
    confirmación de la impunidad como política estatal
    y de la perpetuación del terrorismo
    como consecuencia.

    Este discurso presidencial tiene antecedentes en
    los propios manuales de
    Contrainteligencia del Ejército, en el Manual de la
    Escuela Militar
    de Cadetes "José María Córdova", titulado
    "Conozcamos a nuestro Enemigo" se incluyen a la mayor parte de
    las Organizaciones No
    Gubernamentales de Derechos Humanos colombianas, así como
    organizaciones
    sindicales, campesinas, populares y partidos de izquierda como
    vinculadas a la insurgencia armada. Es parte de la
    extensión de la Doctrina de la Seguridad
    Nacional que como lo recoge Chomsky en el escrito ya
    reseñado "no es la defensa contra un enemigo externo, sino
    una manera de hacer del establecimiento militar el dueño
    del juego…con el
    derecho a combatir al enemigo interno, como fue determinado en la
    doctrina brasileña, argentina,
    uruguaya, y en la colombiana: es el derecho de luchar y
    exterminar a trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y
    mujeres que no apoyan el establecimiento… El Ministro de
    Defensa colombiano explicó que el aparato oficial de
    terror está diseñado para una "guerra total en el
    terreno político, económico y social". Los objetivos
    oficiales son organizaciones guerrilleras. Pero, tal como un alto
    mando militar explicó en 1987, éstos son de menor
    importancia: "el verdadero peligro" es "lo que los insurgentes
    han llamado la guerra política y psicológica", la
    "guerra para controlar los elementos populares" y para "manipular
    a las masas". Los "subversivos" esperan influir en los sindicatos,
    universidades, medios de
    comunicación y así sucesivamente. Por esta
    razón "cualquier individuo que de una u otra manera apoya
    a los fines del enemigo, debe ser considerado un traidor y
    tratado como tal". Ésta última cita fue
    extraída de un manual militar
    elaborado en 1963, bajo la dirección de los instructores de Kennedy y
    los asesores nazis".

    Obedeciendo a esta lógica
    los defensores de los derechos humanos al denunciar las
    actividades irregulares de la Fuerza Pública y al
    acusarlas ante los tribunales y/o ante las instancias
    internacionales estarían contribuyendo a los fines del
    enemigo y por lo tanto serían tratados como
    tales. El propio Consejero Presidencial para los Derechos Humanos
    declaró en mayo de 1994 que en la "escena internacional la
    guerrilla desarrolla una labor publicitaria en materia de
    derechos humanos, la cual se haría (como sutilmente lo
    sugiere) a través de las ONG
    internacionales de derechos humanos, lo que muestra el grado
    de penetración de esta visión en todos los
    estamentos estatales".

    El trabajo en
    derechos humanos y las leyes protectoras
    de los mismos son vistos como un obstáculo para lograr
    librar una guerra exitosa contra la subversión, en
    palabras del columnista Enrique Santos Calderón, vocero
    del establecimiento y Gerente del
    más importante diario de la derecha del país: "
    …un ejército que tiene un alto porcentaje de su
    oficialidad empapelado por problemas de
    derechos humanos debe sentirse cada vez más cohibido para
    dar la pelea. /Los oficiales empapelados suelen ser los que
    más se han destacado en la misión del
    orden público, los que más han vivido los rigores
    de un conflicto
    interno que poco tiene que ver con las normas
    convencionales de la guerra. Es decir, que por su propia naturaleza es
    irregular, sucio y propenso a excesos. / Francamente, no veo bien
    cómo se puede librar una lucha eficaz dentro del actual
    marco jurídico. No la visualizo, con cada vez más
    agencias del Estado dedicadas a fiscalizar a las Fuerzas Armadas
    o a recortarles sus fueros; con las ONG de toda
    suerte consagradas a denunciar a los militares en cualquier
    foro
    internacional".

    Esta posición como lo hemos
    señalado hace parte de una política de
    intimidación y de persecución contra los defensores
    de derechos humanos que se alienta desde la extrema derecha, el
    Ex-ministro de Samper, Juan Manuel Santos considera que el trabajo en
    derechos humanos es una extensión de la guerra y que los
    defensores de los derechos humanos en la denuncia internacional
    son miembros de la subversión que permiten vencer al
    Estado: "Pero la guerra no solo la están ganando en el
    frente interno. Al país (o al régimen, como lo
    llamaría Alvaro Gómez) lo tienen acorralado en el
    exterior. Y muy particularmente en los foros internacionales de
    Derechos Humanos. A tal punto, que se dan el lujo de vetar el
    nombramiento de cónsul en Hamburgo de Alfonso Plazas,
    célebre Coronel que rescató el Palacio de
    Justicia…se debe aceptar de una vez por todas que estamos en
    guerra… (y por tanto) hay que comenzar a pensar en cambiar el
    marco legal y muchas de las reglas de juego. Porque
    ninguna pelea se gana, ni mucho menos una guerra, con las manos
    amarradas".

    Así se impone la lógica
    de la brutalidad armada y la dialéctica del terror: Los
    defensores de derechos humanos son convertidos en objetivos
    militares, los escasos funcionarios que cumplen las leyes en "idiotas
    útiles de la subversión", las instituciones
    de control y de justicia en un "síndrome" que impide la
    eficacia de la
    Fuerza Pública; de tal manera las leyes que
    propiciarían el Estado de Derecho
    y le darían fundamentos a la democracia son
    obstáculos para la derrota de la insurgencia. Pese que
    aquellas y éstas (las instituciones
    y las leyes) como lo
    hemos reseñado a lo largo de estas reflexiones han
    convivido con una impunidad casi absoluta. Lo que quieren los
    voceros del régimen y los ejecutores del terrorismo es la
    impunidad total, el silencio completo, seguir actuando en los
    caminos de la niebla donde todos los crímenes contra la
    humanidad se cubren con las sombras de la
    muerte.

    Por ello los defensores de derechos humanos han
    sido asesinados, detenidos desaparecidos u obligados al exilio.
    Desde el 7 de agosto de 1994, fecha en que asumió la
    presidencia el Dr. Ernesto Samper Pizano han sido asesinados los
    siguientes defensores de los derechos humanos:

    • El 29 de septiembre de 1994 fue salvajemente
      torturado, asesinado e incinerado JAIRO BARAHONA MARTINEZ, del
      Comité de Derechos de Pailitas, departamento del
      Cesar;
    • el 23 de octubre de 1994, fue asesinado HERMES
      RENDÓN OCHOA, del Comité de Derechos Humanos de
      Ocaña, departamento de Norte de
      Santander;
    • el 20 de febrero de 1995 fue asesinado ERNESTO
      EMILIO FERNANDEZ, del Comité de Derechos Humanos de
      Pailitas;
    • el 16 de junio de 1995 FRANCISCO JAVIER BARRIGA
      VERGEL, abogado del Comité de Solidaridad con
      los Presos Políticos, asesinado en la ciudad de
      Cúcuta, Norte de Santander, había sido amenazado
      de muerte en
      agosto de 1994 por el grupo paramilitar MACOGUE (Muerte a
      Comunistas y Guerrilleros) que se adjudicaron el asesinato en
      la ciudad de Bogotá el 9 de agosto de 1994 de MANUEL
      CEPEDA VARGAS senador de la Unión Patriótica,
      fundador y miembro del Comité Permanente por la Defensa
      de los Derechos Humanos;
    • el 21 de diciembre de 1995 en la ciudad de
      Medellín fue asesinado FABIO DE JESUS GÓMEZ,
      miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos
      Desaparecidos (ASFADDES);
    • el 10 de noviembre de 1996 fue asesinado en la
      ciudad de Ocaña, JAFETH MORALES, promotor de Derechos
      Humanos en el municipio de San Calixto y miembro de las
      Comunidades Eclesiales de Base.

    De otra parte ya hemos mencionado el asesinato de
    JOSUÉ GIRALDO CARDONA, asesinado en la ciudad de
    Villavicencio el 13 de octubre de 1996. La Comisión de
    Derechos Humanos de Naciones Unidas
    en una de sus plenarias el 11 de marzo de 1997 le rindió
    un homenaje a su memoria con un
    minuto de silencio, JOSUÉ había participado en las
    sesiones de dicha Comisión durante los años de 1995
    y 1996; el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales
    de Naciones Unidas,
    señor Bacre Waly Ndiaye, interviniendo en el mismo recinto
    el 9 de abril de 1997 manifestó que los defensores de
    derechos humanos, como en el caso de JOSUÉ GIRALDO,
    merecen más que un homenaje póstumo; palabras
    oportunas para llamar la atención de los Estados y de la
    comunidad
    internacional sobre el hecho de que otros cuatro defensores de
    derechos humanos fueron desaparecidos o asesinados durante el mes
    de marzo de 1997 en Colombia, se trata de:

    • VÍCTOR JULIO GARZÓN asesinado en
      su oficina en la
      ciudad de Bogotá el 7 de marzo de 1997, defensor de los
      derechos humanos de los trabajadores agrícolas, y
      Secretario General de la Federación Nacional Sindical
      Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
    • JAIME ORTIZ LONDOÑO detenido y
      desaparecido por una patrulla militar el 9 de marzo de 1997 en
      el municipio de Segovia, miembro del Comité de Derechos
      Humanos de Segovia, Remedios, Nordeste y Bajo
      Cauca.
    • NAZARENO DE JESÚS RIVERA, miembro del
      mismo Comité y líder
      sindical, se encontraba en compañía de JAIME
      cuando fueron retenidos. NAZARENO fue reportado el 12 de marzo
      como "guerrillero dado de baja en combate" junto con otras
      cinco personas, entre los cadáveres se hallaron los
      documentos de
      identidad de
      JAIME pero su cuerpo no fue identificado por sus familiares
      entre las víctimas.
    • MARGARITA GUZMÁN RESTREPO, asesinada el
      24 de marzo de 1997 en su lugar de trabajo, la Alcaldía
      de Segovia donde era secretaria de la Inspección de
      Policía, Margarita había sido integrante del
      Comité de Derechos Humanos de Segovia entre 1992 y 1993,
      ella estaba adelantando las averiguaciones por la
      desaparición de JAIME ORTIZ.

    La vergüenza que siente un defensor de
    derechos humanos por su patria humillada y vejada por el terror,
    es vergüenza patriótica. Los defensores de derechos
    humanos aman su país y arriesgan su libertad y su
    vida por su pueblo; están dispuestos al sacrificio, como
    se han sacrificado ya muchos para que los valores
    fundamentales de la vida humana no sigan siendo ignorados en el
    autoritarismo marcial de los poderosos. Lo que sigue siendo
    absolutamente atroz es que sólo por descubrir la verdad de
    la infamia y revelarla, la muerte siga
    asechando a los defensores de los derechos humanos azuzada por
    los que aferrados al statu quo, quieren con su torpe y criminal
    persistencia despedazar la nación en medio de la
    guerra.

    Oficio cruel, desgraciadamente imprescindible, el
    de los defensores de derechos humanos en el que la tragedia de
    los humildes, de los torturados, de los desaparecidos, de los
    ejecutados, de los desplazados, los congrega en triste pero
    activa solidaridad para
    exigirle a los victimarios que cesen en sus crímenes y a
    las autoridades que ejerzan la obligación punitiva del
    Estado para que la impunidad no sea la confirmación y
    reproducción de la barbarie.

    Esta exposición es un homenaje a los que
    en Colombia persisten de manera inclaudicable para que la
    decencia y la dignidad humanas se impongan sobre los criminales.
    Ellas y ellos que levantan su voz altiva para silenciar el fuego
    asesino de los fusiles y las carcajadas burlescas de los
    verdugos; ellos y ellas, que blindan sus ilusiones con amor universal
    para que el silencio y la soledad de la muerte no
    sean más poderosos que el derecho a existir de los
    humildes; a ellas y ellos que marchan como luceros en medio de
    las tinieblas para que la oscuridad del terror no enceguezca el
    futuro de los colombianos.

    Termino citando a JOSUÉ GIRALDO CARDONA
    quien previendo hace un año el hecho de su muerte
    dejó su testimonio de amor a los
    suyos, a la causa de la libertad, la
    vida, y su amor
    inclaudicable a la patria; su sacrificio no nos hace arrear las
    banderas, por lo tanto recogemos el espíritu de su lucha y
    con él decimos: "Cuando hay tempestades desoladoras,
    vientos huracanados, uno sabe bien que en algún lugar del
    cielo el sol sigue
    estando presente…Colombia es un pueblo con futuro, no lo digo
    yo, lo dice la gente que no da el brazo a torcer a pesar de tanta
    sangre
    derramada".

    IV. Bibliografía.

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    OIDHACO, El Sur del Cesar, La Provincia de
    Ocaña y El Catatumbo: un ejemplo de ofensiva paramilitar.
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    Organización de las Naciones Unidas,
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    Valencia, Alvaro, En Bejarano,
    Jesús. Construir la Paz. Memorias del
    Seminario Paz,
    Democracia y
    Desarrollo. Pág. 341. Bogotá. 1990.

    Palabras Clave: Derechos Humanos,
    Colombia, Impunidad

    REALIZADO POR:

    OSWALDO E. RAMÍREZ
    COLINA

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