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Independencia de México




Enviado por charly



    En 1764 se suscitó el conflicto
    entre Inglaterra y sus
    colonias

    americanas, provocado por las medidas fiscales tomadas
    por la metrópoli para resarcirse de los

    gastos causados durante la Guerra de los
    Siete Años con Francia
    (1756-1763). La oposición de

    los norteamericanos a ser gravados sin su consentimiento
    por la Corona culminó con la

    Declaración de Independencia
    de los Estados Unidos,
    aprobada por el Congreso

    Continental de Filadelfia el 4 de julio de 1776. Aun
    antes de este hecho, Francia
    había otorgado

    más de 1 millón de libras a los colonos y
    permitido, en su apoyo, la salida de voluntarios;
    más

    tarde reconoció al nuevo Estado (6 de
    febrero de 1778), firmó con él tratados de
    alianza y

    comercio, declaró la guerra a
    Inglaterra y
    envió a América
    las flotas de Rochambeau (1780) y de

    De Grase (1781), con cuyas fuerzas pudo George
    Washington poner término a la guerra el 19
    de

    octubre de 1781. El 3 de septiembre de 1783 fue
    reconocida la Independencia
    de los

    Estados Unidos en el Tratado de París,
    también llamado de Versalles.

    Los 7 500 soldados de la expedición de
    Rochambeau, a su regreso a Francia,
    divulgaron la

    imagen de una joven nación que se había
    pronunciado contra el absolutismo de
    los reyes y

    consagrado el espíritu democrático del
    calvinismo y de la revolución
    inglesa del siglo XVII. El

    ejemplo norteamericano aparecía más
    sugestivo ante la opinión previamente abonada por
    las

    ideas de Voltaire
    (1694-1778) contra el despotismo; las de Montesquieu
    (1689-1755), sobre la

    división de los poderes; las de Rousseau
    (1712-1778), relativas a los derechos y libertades
    del

    individuo; y las de Diderot (1713-1784) y D'Alambert
    (1717-1783), enciclopedistas que

    exaltaron la prioridad y la excelencia de la
    razón. Así, cuando en 1789 se reunieron los
    Estados

    Generales, convocados por Luis XVI, para superar la
    crisis
    política y
    social estimulada por la

    bancarrota del erario, a consecuencia de la guerra, se
    desbordó el ansia de libertad y de
    igualdad.

    La Revolución
    Francesa (1789-1799), a lo largo de sus etapas sucesivas
    —Asamblea Nacional,

    Asamblea Constituyente (1789-1791), Asamblea Legislativa
    (1791-1792), Convención

    (1792-1795) y Directorio (1795-1799)—
    abolió los privilegios, destruyó el poder real,
    los

    parlamentos y las corporaciones e inutilizó el
    poder de la
    Iglesia, pero
    a la postre propició el

    golpe de Estado de
    Napoleón (9 y 10 de noviembre de 1799), que así se
    convirtió en primer

    cónsul y luego en emperador. Ya para entonces se
    había divulgado en todo el mundo la

    Declaración de los Derechos del Hombre y del
    Ciudadano proclamada por la Asamblea

    Constituyente de Francia (27 de
    agosto de 1789), expresión de los postulados del liberalismo
    (v.

    texto completo).

    España estaba unida a Francia por
    sucesivos "pactos de familia" (1733,
    1743 y 1761)

    concertados para contrarrestar el poderío
    inglés
    en Europa y América; pero cuando el 21 de

    enero de 1793 fue guillotinado Luis XVI por acuerdo de
    la Convención, Carlos IV declaró la

    guerra a la República Francesa. Dos años
    más tarde (22 de julio de 1795) se restauró la
    relación

    amistosa mediante la firma de la paz en Basilea, y el 18
    de agosto de 1796 el gobierno
    español

    firmó una alianza defensiva y ofensiva con el
    Directorio, sólo para el caso de guerra con la
    Gran

    Bretaña. El conflicto con
    ésta estalló el 7 de octubre siguiente, en cuyo
    curso Carlos IV (Tratado

    de San Ildefonso, del 1° de octubre de 1800)
    devolvió a Francia la Luisiana —que había
    recibido

    en 1762 como compensación por la pérdida
    de Florida, pero que no podía defender de los

    ingleses—, a cambio de que
    Napoleón creara el reino de Etruria para el yerno del
    monarca

    español, el príncipe de Parma. Las
    hostilidades con los británicos cesaron el 27 de marzo
    de

    1802 en virtud de Tratado de Amiens.

    El 2 de diciembre de 1804 Napoleón fue ungido
    emperador y otra vez Inglaterra
    encabezó una

    coalición para combatirlo. España,
    aunque quiso mantenerse neutral, fue atacada y el 12
    de

    diciembre de 1804 Carlos IV declaró la guerra a
    los ingleses y concertó una alianza marítima
    con

    Francia (enero de 1805). El propósito de asaltar
    las islas británicas naufragó en la
    desastrosa

    batalla de Trafalgar (21 de octubre). Deseoso más
    tarde Napoleón de cortar a Inglaterra
    todo

    apoyo que procediera del continente, convino con
    España
    la invasión y el reparto de Portugal

    (Tratado de Fontainebleu, del 27 de octubre de 1807),
    para lo cual las tropas francesas tuvieron

    libre paso por la Península. La ocupación
    de Portugal, cuyos reyes huyeron al Brasil,
    ocurrió en

    noviembre de ese año, pero en los meses
    siguientes nuevas tropas francesas penetraron a España

    y ocuparon, entre otras ciudades, San Sebastián,
    Pamplona, Vitoria, Burgos, Valladolid y

    Barcelona. Aun cuando el primer ministro Godoy
    había favorecido la expansión
    napoleónica,

    guiado por la ambición de regir o gobernar parte
    de Portugal, quiso en el último momento huir a

    América con la familia
    real, lo cual impidió el pueblo amotinado en Aranjuez la
    noche del 17 de

    marzo de 1808. El 19 siguiente Carlos IV abdicó
    en favor de su hijo el príncipe de Asturias,
    que

    asumió el nombre de Fernando VII. Éste se
    convirtió en símbolo de las reformas a las
    que

    aspiraba la sociedad
    española, irritada por la corrupción
    del gobierno y por la
    subordinación de la

    Corte a los designios de Napoleón. El
    recibimiento que el pueblo de Madrid hizo a Fernando
    el

    24 de marzo justificó el calificativo de El
    Deseado que le daban sus contemporáneos.
    Napoleón,

    sin embargo, temeroso de que el nuevo monarca no le
    fuera dócil, le negó el reconocimiento y
    lo

    indujo a conversar con él en Bayona. El 10 de
    abril emprendió el viaje Fernando VII; el 2 de

    mayo se sublevaron los madrileños y fueron
    violentamente reprimidos por las fuerzas invasoras de

    Joaquín Murat; el día 6 siguiente, ya en
    territorio de Francia, Fernando restituyó la corona a
    su

    padre, quien ya la había cedido de antemano a
    Napoleón; y el 4 de junio, éste proclamó rey
    de

    España a su hermano José Bonaparte.
    Fernando fue confinado al castillo de Valencay
    —donde

    estaría hasta 1814— y mientras tanto el
    pueblo español organizaba, en el orden político,
    las

    juntas provinciales y, en el militar, las guerrillas,
    que iban a sostener durante seis años la guerra
    de

    independencia.

    La noticia de las renuncias de Fernando VII y Carlos IV
    al trono de España se
    recibió en la

    ciudad de México el
    14 de julio de 1808. El grave problema de la vinculación
    de la Colonia con

    su metrópoli —había desaparecido la
    autoridad
    legítima— fue planteada el día 15 por el
    virrey

    José de Iturrigaray al Real Acuerdo —cuerpo
    formado por los oidores para asesorarlo en los

    asuntos difíciles—, que sólo
    acordó no acatar orden alguna de Murat. El día 19,
    sin embargo, el

    Ayuntamiento de la ciudad de México,
    "en representación de todo el reino", entregó al
    virrey un

    memorial con los siguientes puntos: que las reales
    renuncias eran nulas porque fueron "arrancadas

    por la violencia";
    que la soberanía radicaba en todo el reino y en
    particular en los cuerpos que

    llevaban la voz pública, "quienes la
    conservarían para devolverla al legítimo sucesor,
    cuando se

    hallase (España)
    libre de fuerzas extranjeras"; y que, en consecuencia,
    debía el virrey continuar

    provisionalmente en el gobierno. Los
    oidores objetaron la representación que se arrogaron
    los

    regidores (21 de julio), pero éstos, aparte de
    sostener su razón (3 de agosto), propusieron que
    se

    reuniera una junta de las principales autoridades de la
    ciudad —virrey, oidores, arzobispos,

    canónigos, prelados de religiosos, inquisidores,
    jefes de oficina,
    títulos, vecinos principales y

    gobernadores de las parcialidades de indios— para
    examinar el asunto, lo cual ocurrió el día 9.
    El

    licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos,
    síndico del Ayuntamiento, planteó la
    necesidad

    de formar un gobierno
    provisional y propuso el desconocimiento de las juntas
    peninsulares, cuya

    creación se había conocido en México
    desde el 29 de julio. Los oidores y fiscales se
    opusieron

    con vehemencia y opinaron lo contrario, y el inquisidor
    Prado y Ovejero declaró "proscrita y

    anatemizada por la Iglesia" la
    afirmación de que la soberanía había vuelto al pueblo.
    Convinieron,

    en cambio, en que
    Iturrigaray continuara como lugarteniente de Fernando VII, a
    quien todos

    juraron fidelidad el 15 de agosto. Para entonces eran ya
    ostensibles los dos partidos antagónicos:

    los españoles sospechaban que el Ayuntamiento
    aspiraba a la independencia,
    y los criollos

    suponían que la Audiencia deseaba mantener la
    subordinación a España, aun sometida a

    Napoleón.

    El 12 de agosto Iturrigaray dispuso que no se obedeciera
    a ninguna junta peninsular, a menos que

    fuera creada por Fernando VII, con lo cual, estando el
    monarca prisionero, se desligaba de toda

    autoridad en España. El 31 siguiente el alcalde
    de corte Jacobo de Villaurrutia pidió al virrey
    que

    convocase a un congreso, lo cual hizo éste al
    siguiente día, instando a todos los ayuntamientos
    del

    país a que nombrasen sus representantes, y
    mandando a la capital al
    regimiento de Infantería de

    Celaya y al de Dragones de Aguascalientes, cuyos
    comandantes le eran adictos. Estos hechos

    persuadieron a los españoles de las intenciones
    independentistas del virrey y decidieron

    deponerlo. La noche del 15 de septiembre, 300 hombres,
    encabezados por el rico comerciante

    Gabriel de Yermo y con la complicidad de la guardia de
    palacio, entraron a éste e hicieron

    prisionero a Iturrigaray, a quien enviaron a la
    Inquisición con sus dos hijos mayores. Mientras

    tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables,
    reunidos en la sala de acuerdos, declararon al

    virrey separado de su cargo y nombraron para sustituirlo
    al mariscal de campo Pedro Garibay.

    Fueron también detenidos el licenciado Verdad,
    Juan Francisco Azcárate y Lezama, José

    Antonio Cristo y fray Melchor de Talamantes. Este
    último y Verdad murieron en prisión.

    A fray Melchor de Talamantes se atribuye haber sido el
    director intelectual del movimiento.
    A

    juzgar por los papeles que se le encontraron, pensaba
    que no debían elegirse diputados, pues los

    ayuntamientos eran los representantes del pueblo; y que
    los delegados de éstos, constituidos en

    Congreso Nacional Americano, debían ejercer todos
    los derechos de la
    soberanía, "reduciendo

    sus operaciones a los
    puntos siguientes: 1. Nombrar al virrey capitán general
    del reino y confirmar

    en sus empleos a todos los demás. 2. Proveer
    todas las vacantes civiles y eclesiásticas. 3.

    Trasladar a la capital los
    caudales del erario… 4. Convocar un concilio provisional para
    acordar

    los medios de
    suplir lo que está reservado a su Santidad. 5. Suspender
    al tribunal de la Inquisición

    la autoridad
    civil, dejándole sólo la espiritual, y ésta
    sujeta al metropolitano. 6. Erigir un tribunal

    de revisión de la correspondencia de Europa… 7.
    Conocer y determinar los recursos que
    las

    leyes reservaban a S.M. 8. Extinguir todos los
    mayorazgos y vínculos, capellanías y
    cualesquiera

    otras pensiones pertenecientes a individuos existentes
    en Europa, incluso
    el estado y
    marquesado

    del Valle. 9. Declarar terminados todos los
    créditos activos y pasivos
    de la metrópoli… 10.

    Extinguir la Consolidación, arbitrar medios,
    indemnizar a los perjudicados y restituir las cosas a
    su

    estado primitivo. 11. Extinguir todos los subsidios y
    contribuciones eclesiásticas, excepto las de

    media anata y de dos novenos. 12. Arreglar los ramos de
    comercio,
    minería,
    agricultura
    e

    industria, quitándoles las trabas. 13. Nombrar
    embajador que pase a los Estados Unidos a
    tratar

    de alianza y pedir auxilios".

    El 25 de septiembre de 1808 se constituyó en
    Aranjuez la Junta Suprema Central y Gubernativa

    que sustituyó a las muchas otras provinciales que
    se habían formado en España al iniciarse
    la

    guerra de independencia,
    y que en diciembre se trasladó a Sevilla cuando los
    franceses

    cruzaron Somosierra. El virrey Garibay reconoció
    la potestad de ese cuerpo —formado por 34

    diputados y presidido primero por Floridablanca y luego,
    a la muerte de
    éste, por Jovellanos— y

    le envió 11 millones de pesos —9 del erario
    y 2 de particulares—, 100 cañones que
    fundió

    Manuel Tolsá, pagados por el Tribunal de Minería, y
    cientos de fusiles que compró a los ingleses

    en Jamaica. El acto más importante de su gobierno, por las
    consecuencias que habría de tener,

    fue el licenciamiento del ejército acantonado en
    Jalapa y Perote desde 1806 en previsión de un

    ataque de los ingleses. Estos 14 mil hombres estaban
    bajo el mando de oficiales criollos,

    resentidos por el golpe de mano de los españoles
    contra Iturrigaray y recelosos de que el país

    fuera a ser entregado a los franceses. Cuando volvieron
    a sus lugares de origen, estimularon las

    conspiraciones en el sentido de la Independencia,
    dispuestos a defender los derechos de

    Fernando VII.

    El 19 de julio de 1809 el arzobispo de México,
    Francisco Javier de Lizana y Beaumont,
    sustituyó

    a Garibay en el virreinato por instrucciones de la Junta
    Suprema de Sevilla. En septiembre de ese

    año empezó en Valladolid (actual Morelia)
    una conjura para crear una junta que gobernase en

    nombre del monarca prisionero, si España
    sucumbía, como todos pensaban, al poder
    de

    Napoleón. Estaban comprometidos los militares
    José María García de Obeso, José
    Mariano

    Michelena, Mariano Quevedo, Ruperto Mier y Manuel
    Muñiz, procedentes del disuelto

    acantonamiento; los licenciados José
    Nicolás Michelena y Soto Saldaña; el cura Manuel
    Ruiz de

    Chávez, de Huango; el franciscano Vicente de
    Santa María y Luis Correa. Denunciados por

    Francisco de la Concha, cura del sagrario, fueron
    aprehendidos el 21 de diciembre, fecha en que

    pensaban poner en ejecución sus planes apoyados
    por algunos soldados y por los indígenas

    michoacanos, a quienes habían prometido eximir de
    sus tributos. El
    arzobispo-virrey fue muy

    benévolo con los detenidos, pues siguiendo el
    clima general
    de la opinión se inclinaba hacia el

    partido de los criollos. Persiguió, en cambio, a los
    más exaltados españoles: entre otros, a

    Marcos Barazaluce, que pretendió viajar a
    España para pedir su cambio; y al
    oidor Aguirre y a

    Juan López Cancelada, editor de La Gaceta, que lo
    censuraban.

    En las otras colonias españolas de América
    ocurrieron acontecimientos semejantes: en

    Montevideo, el 21 de septiembre de 1808, el gobernador
    Francisco Javier Elío constituyó una

    junta para oponerla al virrey de Río de la Plata,
    Santiago Liniers y Bremond, simpatizante de los

    criollos; el 24 de julio de 1809 se formó en La
    Paz, por el método de
    cabildo abierto, la Junta

    Tuitiva, que presidió Pedro Domingo Murillo, y el
    10 de agosto, en Quito, la Junta Soberana,

    bajo la dirección de Juan Pío María
    de Montúfar y Larrea, marqués de Selva Negra. En
    estos

    dos últimos casos se trataba de regir esos
    países de modo autónomo, aunque a nombre
    de

    Fernando VII. Los tres organismos se disolvieron antes
    de 1810. En Nueva Granada, el virrey

    Antonio Amar y Borbón permitió que se
    celebrara, del 6 al 11 de septiembre de 1809, una
    junta

    de notables donde Camilo Torres propuso la
    creación de un cuerpo integrado por diputados
    de

    las provincias. Aun cuando no se tomó
    ningún acuerdo, quedaron formados, de hecho,
    los

    partidos español y criollo.

    En 1810 los franceses ocuparon la mayor parte de
    España, desapareció la Junta Suprema
    Central

    instalada en Cádiz y se constituyó la
    Regencia —gobierno de una monarquía en ausencia
    del

    rey—, a cuyo Supremo Consejo, con sede en la isla
    de León, pertenecía Miguel de Lardizábal
    y

    Orive, natural de Nueva España. El 14 de febrero
    se convocó a Cortes —asamblea
    legislativa—

    para darle al reino una nueva Constitución, incluyendo por vez primera la
    asistencia de

    representantes americanos. La orden para que los
    ayuntamientos de las capitales nombrasen a sus

    diputados se publicó en México el
    18 de mayo, cuando ya se había separado al arzobispo
    Lizana

    y confiado la administración del virreinato a la
    Audiencia (a partir del día 8 anterior), con lo
    cual

    cambió de signo la relación de los
    criollos con el gobierno. Parte de la proclama que
    antecedía a

    la convocatoria estaba dirigida a los españoles
    del Nuevo Mundo: "Desde este momento

    —decía— os véis elevados a la
    dignidad de hombres libres, no soís ya los mismos que
    antes,

    encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras
    más distantes estábais del centro del poder,

    mirados con indiferencia, vejados por la codicia y
    destruidos por la ignorancia. Tened presente

    que… vuestros destinos ya no dependen ni de los
    ministros, ni de los virreyes, ni de los

    gobernadores; están en vuestras manos". Aunque
    este reconocimiento de las demandas de los

    criollos representaba un esfuerzo para detener las
    revoluciones de independencia en

    América, el efecto que provocó fue el
    contrario. El liberalismo
    español, sensibilizado por la

    sublevación popular contra la invasión
    extranjera, estimulaba sin desearlo los movimientos de

    emancipación de sus colonias.

    El 19 de abril de 1810, se formó en Caracas la
    Junta Suprema, conservadora de los derechos de

    Fernando VII; el 25 de mayo, la de Buenos Aires; el
    20 de julio, la de Santa Fe de Bogotá; el 18

    de septiembre, la de Santiago de Chile; el 19
    siguiente, la de Quito, y en otras fechas las de

    Paraguay, Salvador, Cuzco, y León, en Nicaragua.
    En todas ellas se negó reconocimiento a la

    Regencia y se rechazó la sumisión a todo
    gobierno de la metrópoli, se invocó que la soberanía

    volvía al pueblo mientras el monarca estuviese
    prisionero, se persiguió a los españoles y,
    en

    algunos sitios, como Argentina,
    empezó la guerra; se declaró la libertad de
    comercio,
    se

    establecieron relaciones diplomáticas con
    Inglaterra y
    Estados
    Unidos, se armaron ejércitos

    nacionales, se convocó a congresos y sobrevino la
    separación de España. Aun cuando fue
    varias

    veces reprimida, Venezuela
    proclamó la República el 5 de julio de 1811, la
    primera en

    Hispanoamérica.

    En Querétaro, mientras tanto, se formalizaba cada
    vez más la conspiración cuya denuncia iba
    a

    precipitar el comienzo de la revolución
    mexicana de Independencia, pues la alternativa de

    crear una junta, como en el resto de América, se había cancelado en 1808.
    Aparentando ser una

    academia literaria y bajo la protección del
    corregidor Miguel Domínguez, se reunían en la casa
    del

    presbítero José María
    Sánchez los licenciados Parra, Laso y Altamirano, los
    militares Arias,

    Lanzagorta, Allende y Aldama —estos dos
    últimos iban secretamente desde San Miguel— y
    los

    hermanos Emeterio y Epigmenio González. El cura
    de Dolores, Miguel Hidalgo
    y Costilla, estaba

    vinculado con Domínguez desde hacía
    tiempo y con
    Allende a partir de 1808. En febrero de

    1810 viajó con éste a Querétaro
    para conocer el plan
    revolucionario del doctor Manuel Iturriaga,

    que consistía en formar, en las principales
    ciudades, juntas que propagasen la inconformidad con

    los españoles y rechazaran la idea de que la
    Nueva España quedara sometida a los franceses,
    en

    declararse simultáneamente por la independencia,
    en expulsar a los peninsulares y en ejercer

    el gobierno, a nombre de Fernández VII, mediante
    una asamblea formada por representantes de

    las provincias. En los meses siguientes, aparte la de
    Querétaro, se integraron las juntas de San

    Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis
    Potosí y la ciudad de México; se convino

    nombrar jefe del movimiento al
    cura Hidalgo y se señaló el 1° de diciembre y
    luego el 2 de

    octubre como fecha de la sublevación. Sin
    embargo, las denuncias de Arias, en Querétaro (10
    de

    septiembre), y de Juan Garrido, en Guanajuato
    (día 13), precipitaron los acontecimientos y la

    madrugada del 16 de septiembre Hidalgo dio el grito de
    Independencia. Sus primeros

    pronunciamientos, según Pedro García,
    fueron contra la subordinación política y
    económica: "Mis

    amigos y compatriotas —dijo en su arenga—:
    no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos;

    esta gabela vergonzosa, que sólo conviene a los
    esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos

    como signo de tiranía y servidumbre; terrible
    mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos.

    Llegó el momento de nuestra emancipación;
    ha sonado la hora de nuestra libertad; y si
    conocéis

    su gran valor, me
    ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los
    tiranos".

    La crisis del
    imperio español, provocada por la invasión francesa
    a la Península, puso de relieve
    y

    actualizó, en términos de acción
    política y
    de lucha armada, las corrientes y las tensiones de la

    sociedad novohispana que habían venido
    fraguándose a lo largo del periodo colonial.
    Había

    entonces en Nueva España 6.5 millones de
    habitantes, divididos en tres clases: españoles, indios
    y

    castas. Los primeros representaban una décima
    parte de la población y eran dueños de casi
    toda

    la propiedad y de
    las demás riquezas del país; los otros se ocupaban
    de los servicios
    domésticos,

    los trabajos agropecuarios y mineros, el pequeño
    comercio y los
    oficios. Decía el obispo electo

    de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, en una
    representación dirigida al rey de España en
    1799,

    que había entre unos y otros "la oposición
    de intereses y de afectos que es regular entre quienes

    nada tienen y los que lo tienen todo, entre los
    dependientes y los señores…, porque no hay

    graduaciones o medianías: son ricos o miserables,
    nobles o infames". Añadía el prelado que
    "el

    color, la ignorancia y la miseria" colocaban a los
    indios "a una distancia infinita de un
    español":

    circunscritos a 600 varas de radio en torno a sus
    pueblos, no tenían propiedad
    individual, ni

    podían disponer del producto de
    sus tierras colectivas sin autorización de la Real
    Hacienda; no les

    estaba permitido mezclarse con las otras clases
    —por lo menos legalmente—, ni tratar ni

    contratar, de suerte que se mantenían aislados,
    sujetos en sus propias comunidades al despotismo

    de los caciques. Los miembros de las castas
    —mestizos, mulatos y zambos—, a su vez, se

    hallaban infamados por derecho como descendientes de
    esclavos y estaban sujetos al pago de

    tributos.

    Los españoles se distinguían en europeos y
    americanos, o sea gachupines y criollos, separados

    entre sí por una antigua y arraigada enemistad.
    Los primeros actuaban persuadidos de que "esto

    es una colonia que debe depender de su matriz y
    corresponder a ella con algunas utilidades por

    los beneficios que recibe de su protección",
    según dijo alguna vez el virrey conde de

    Revillagigedo; y los segundos, cuyos ascendientes
    conquistaron el país y lo sentían por ello
    como

    propio, se quejaban de no poder ascender, por lo
    común a las más altas dignidades, de no

    disfrutar de empleos y prerrogativas suficientes, de
    pagar impuestos
    excesivos y de estar

    restringidos en sus actividades. Pero más en el
    fondo de la situación, los criollos representaban
    el

    advenimiento de un pueblo nuevo, distinto al peninsular,
    cuyas formas sociales y culturales, si bien

    eran una prolongación de las europeas, estaban
    singularizadas por la herencia y la
    influencia

    indígenas, la geografía local y las
    peculiaridades de la actividad económica. Ya desde la
    primera

    mitad del siglo XVII el guadalupanismo, el arte y las letras
    apuntaban la formación de una

    conciencia nacional, la cual habría de madurar,
    en el siglo XVIII, cuando los espíritus más
    selectos

    entraron en contacto con la filosofía de la
    razón, fueron seducidos por la apertura intelectual
    del

    enciclopedismo y se conmovieron ante los grandes
    ejemplos de la Independencia

    norteamericana y la Revolución
    Francesa. Así, cuando los acontecimientos de 1808
    pusieron en

    crisis a la metrópoli, los criollos mexicanos se
    sintieron aptos para la Independencia.

    Durante la primera etapa de la guerra (16 de septiembre
    de 1810 al 21 de marzo de 1811), las

    fuerzas insurgentes, comandadas por Hidalgo y Allende,
    fueron engrosándose, a partir de

    Dolores, en Atotonilco, San Miguel, Celaya, Salamanca,
    Irapuato y Silao; libraron batalla por la

    toma de Guanajuato (28 de septiembre), tomaron sin
    resistencia
    Valladolid (17 de octubre),

    derrotaron a los realistas en el monte de las Cruces (30
    de octubre), desistieron de acercarse aún

    más a la ciudad de México, regresando
    hacia el Bajío, y en Aculco fueron derrotadas y

    diezmadas (7 de noviembre) por el ejército
    virreinal. Hidalgo huyó a Valladolid y Allende
    a

    Guanajuato. Este descalabro se compensó en cierto
    modo con la acción de otros jefes

    insurgentes en distintos lugares del país: Rafael
    Iriarte, en León, Aguascalientes y Zacatecas;
    los

    legos juaninos Luis de Herrera y Juan de
    Villerías, en San Luis Potosí; Tomás Ortiz y
    Benedicto

    López, en Toluca y Zitácuaro; Ávila
    y Ruvalcaba, en Cuernavaca; Miguel Sánchez y
    Julián

    Villagrán, en el extenso valle del Mezquital;
    José María Morelos, en la Tierra
    Caliente de

    Michoacán y Guerrero; Gómez Portugal,
    Godínez, Alatorre y Huidobro, en el valle alto de
    La

    Barca; y José Antonio Torres, en territorio de
    Colima y en el sur de Jalisco, hasta que al fin
    tomó

    Guadalajara (11 de noviembre), abriendo el camino para
    que Hidalgo entrase a la antigua capital

    novogalaica el 26 de noviembre. Poco tiempo tuvo el
    caudillo para disponer y legislar: entre esa

    fecha y el 13 de diciembre, nombró jefes de las
    fuerzas insurgentes de San Blas, al cura José

    María Mercado; de
    Tepic, a Rafael Híjar; de Chihuahua, a Simón de
    Herrera, y de las Provincias

    Internas de Occidente, a José María
    González Hermosillo; publicó el decreto de
    abolición de la

    esclavitud, derogación de tributos,
    prohibición del uso del papel sellado
    y extinción de estancos;

    ordenó que las tierras se entregaran a los
    naturales, sin que pudieran volver a arrendarse (5 de

    diciembre); señaló un plazo de 10
    días para que los amos pusieran en libertad a los
    esclavos (6

    de diciembre); nombró ministro de Estado y del
    Despacho a Ignacio López Rayón, y de Gracia
    y

    Justicia a José María Chico;
    designó cuatro oidores; expidió credenciales como
    representante

    diplomático en Estados Unidos a
    Pascasio Ortiz de Letona, y confió a Francisco
    Severo

    Maldonado la edición de El Despertador Americano.
    Estas acciones
    respondían al doble

    carácter —libertario y agrario— del
    movimiento de
    Independencia. A estos hechos

    siguieron la desastrosa batalla de Puente de
    Calderón (17 de enero), la huida hacia el norte,
    con

    la esperanza de hallar auxilio en Estados Unidos, y
    el prendimiento y muerte de
    Hidalgo, Allende,

    Aldama y Jiménez, principalmente. V. HIDALGO Y
    COSTILLA, MIGUEL.

    El nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, quien
    sustituyó a la Audiencia, había llegado
    a

    Veracruz el 25 de agosto y a la ciudad de México
    el 13 de septiembre, tres días antes de la

    sublevación. Al organizar la contraofensiva se
    sirvió del general Félix María Calleja del
    Rey, quien

    después de Aculco, recuperó Guanajuato (25
    de noviembre), derrotó a Hidalgo y a Allende en

    Puente de Calderón y recobró Guadalajara
    (21 de enero de 1811) y San Luis Potosí (5 de

    marzo); el también brigadier José de la
    Cruz, que reintegró a la Corona Valladolid (28
    de

    diciembre de 1810); Alejo García Conde,
    gobernador de Sonora, que venció a Hermosillo
    en

    San Ignacio Piaxtla (8 de febrero de 1811); Manuel
    Ochoa, que retomó Zacatecas (17 de

    febrero); y otros jefes que derrotaron a los insurgentes
    en San Blas (31 de enero), San Antonio

    de Béjar (1° de marzo) y Monclova (17 de
    marzo). En estas acciones
    murieron el cura José

    María Mercado, Ignacio
    Aldama, el padre Salazar, Villerías y Herrera. Iriarte, a
    su vez, fue

    fusilado por los mismos insurgentes. Del grueso de la
    fuerza
    inicial, sólo sobrevivió el cuerpo de 6

    mil hombres cuyo mando confió Allende en Saltillo
    a Ignacio López Rayón, antes de partir
    rumbo

    a Estados Unidos. Éste realizó una
    brillante retirada hacia el sur, internándose en
    Michoacán.

    La segunda etapa (abril de 1811 a 22 de diciembre de
    1815) se caracterizó por el

    recrudecimiento de la guerra en el centro del
    país y por la expresión, mucho más clara, de
    los

    principios ideológicos del movimiento, en
    los cuales estuvieron inspirados los intentos de

    organización gubernamental. Gracias a las
    victorias que tuvieron en Zitácuaro Juan B. de la
    Torre

    (20 de marzo de 1811) y López Rayón (22 de
    junio), pudo éste, el 19 de agosto, establecer
    en

    esa ciudad la Junta Nacional, que conservaría
    —al igual que en España— los derechos
    de

    Fernando VII, organizaría los ejércitos y
    procuraría libertar a la patria de la opresión.
    Por

    elección de 10 jefes regionales —Ignacio
    Martínez, Tomás Ortiz, Benedicto López,
    José Vargas,

    Juan Albarrán, José Ignacio Ponce de
    León, Manuel Manso, José Miguel Serrano,
    Remigio

    Yarza y José Ignacio Ezaguirre— fueron
    electos vocales López Rayón —que sería
    presidente—,

    José María Liceaga y José Sixto
    Berduzco, cura éste de Tusantla. El cuerpo tomó el
    nombre de

    Suprema Junta Nacional Americana o Congreso Nacional
    Gubernativo. A José María Morelos

    se le expidió nombramiento de teniente general y
    más tarde se le nombró cuarto vocal. El 1°
    de

    enero de 1812 la Junta abandonó Zitácuaro
    ante el ataque de las fuerzas de Calleja, que

    incendiaron "la infiel y criminal villa" y despojaron de
    todos sus derechos a los pueblos indígenas

    comarcanos. Los vocales huyeron a Tlalchapa y luego a
    Sultepec, donde el doctor José María

    Cos, cura del burgo de San Cosme (hoy Villa Cos, Zac.),
    publicó un manifiesto, sus Planes de

    paz y guerra (16 de marzo) y los periódicos El
    Ilustrador Nacional (11 de abril al 30 de mayo)

    y El Ilustrador Americano (a partir del 27 de mayo).
    Sostenía Cos "la residencia de la

    soberanía en la masa de la nación", que
    los españoles no podían atribuirse la potestad
    de

    representar al monarca y que los americanos no
    debían obedecer a los peninsulares; si
    éstos

    aceptaban la formación en México de un
    Congreso que defiendese los derechos del rey

    prisionero, renunciando a sus empleos y a las armas, América
    contribuiría a los gastos de la
    lucha

    contra Napoleón; de otro modo, se trataría
    de suavizar los extremos de la guerra, pues ambos

    bandos reconocían a Fernando VII. Casi
    simultáneamente (20 de abril), Rayón envió a
    Morelos

    su proyecto de
    Constitución —Elementos
    Constitucionales—, que establecía la religión
    católica

    sin tolerancia de
    otra; sostenía que el pueblo era el origen de la soberanía, la cual residía
    en

    Fernando VII, y sería ejercida por tres
    organismos —una Junta, un Consejo de Estado y
    un

    Congreso de representantes nombrados por los
    ayuntamientos—, aun cuando la iniciación de
    las

    leyes se reservaba a un "protector nacional";
    preveía un generalísimo, nombrado por el Consejo
    y

    con poderes dictatoriales, para tiempos de guerra;
    declaraba la libertad de
    comercio y la
    de

    imprenta en materias científicas y políticas;
    adoptaba el Habeas corpus
    para la seguridad

    personal, y suprimía la esclavitud, las
    castas, el tormento y los exámenes a los
    artesanos.

    Mientras tanto, la Constitución de Cádiz —10
    títulos con 384 artículos— fue jurada por
    las

    Cortes de España el 19 de marzo de 1812, y
    promulgada en México el 30 de septiembre

    siguiente, al pie de la estatua ecuestre de Carlos IV,
    al centro de la plaza Mayor, que en ese acto

    cambió su nombre por el de la Constitución. Redactada para normar la
    monarquía, implantó la

    soberanía nacional y acabó con el poder
    absolutista: el Título III atribuyó amplias
    facultades a las

    Cortes e impuso severas restricciones al monarca, al
    punto de que las oficinas públicas, que

    añadían a su denominación el
    adjetivo real, usaron a partir de ese momento el de nacional.
    Las

    novedades jurídicas que más interesaron en
    Nueva España, sin embargo, fueron la libertad
    de

    imprenta (Artículo 371) y el derecho electoral
    para el nombramiento de ayuntamientos
    (artículos

    309 a 337). Como consecuencia de lo primero, se
    publicaron multitud de impresos, entre otros

    los periódicos El Juguetillo, de Carlos
    María de Bustamante, y El Pensador Mexicano, de

    Joaquín Fernández de Lizardi; y, a
    resultas de lo segundo, el 29 de noviembre, en medio de
    un

    gran regocijo, el pueblo eligió a los electores,
    todos mexicanos, que a su vez deberían nombrar
    a

    los miembros del nuevo Ayuntamiento de la capital. El
    mismo resultado tuvieron los comicios en

    Puebla, Toluca y otras ciudades. Estos primeros ensayos de
    democracia
    fueron reprimidos por el

    virrey, de acuerdo con la Audiencia: el 5 de diciembre
    suspendió la vigencia del Artículo 371 y
    a

    fines del mes dispuso que continuasen ejerciendo las
    antiguas corporaciones municipales y que

    quedasen sin efecto todas las demás
    prescripciones de la Constitución. Estos hechos
    provocaron

    el recrudecimiento de la revolución
    de Independencia. En julio del año siguiente,
    31

    diputados americanos, encabezados por Miguel Ramos
    Arizpe, pidieron que la Regencia de

    España diera cuenta a las Cortes de estos
    irregulares acontecimientos, pero el Consejo de Estado

    confirmó que en México, mientras durase la
    insurrección, debía existir un régimen
    militar.

    En estas circunstancias, el 2 de noviembre de 1812
    Morelos propuso a López Rayón, desde

    Tehuacán, "que se le quite la máscara a la
    independencia", y el día 7, en una comunicación

    más explícita, insistió en evitar
    toda mención a Fernando VII en los planes revolucionarios
    de

    gobierno. Pero si de este modo se dirigía al
    presidente de la Junta Suprema en lo privado, en lo

    público conservaba su aparente adhesión al
    monarca, a quien mandó jurar reconocimiento y

    obediencia el 5 de diciembre siguiente, una vez que
    tomó la ciudad de Oaxaca. Allí mismo, el
    día

    23 dirigió un manifiesto aclarando algunas ideas:
    "Las cortes de Cádiz han asentado más de
    una

    vez —decía— que los americanos eran
    iguales a los europeos, y para halagarnos más nos
    han

    tratado de hermanos; pero si ellos hubieran procedido
    con sinceridad y buena fe, era

    consiguiente, que al mismo tiempo, que
    declararon su Independencia, hubieran declarado la

    nuestra, y nos hubieran dejado en libertad de establecer
    nuestro gobierno, así como ellos

    establecieron el suyo… Si ellos tienen por
    heroísmo —añadía— rechazar el
    yugo de Napoleón,

    nosotros no somos tan viles y degradados que suframos el
    suyo".

    José María Morelos había recibido
    de Hidalgo, el 20 de octubre de 1810 en Indaparapeo,
    la

    misión de insurreccionar el sur. En su recorrido
    inicial por la Tierra
    Caliente de Michoacán y la

    costa y la sierra de Guerrero, se le unieron los
    hermanos Galeana, Vicente Guerrero, Juan

    Álvarez y los miembros de la familia
    Bravo. En su primera campaña derrotó a los
    realistas en Tres

    Palos, frente a Acapulco (5 de enero de 1811), pero en
    febrero no pudo tomar la fortaleza de

    ese puerto; se apoderó de Chilpancingo (24 de
    mayo) y Tixtla (26 de mayo), batió al realista

    Fuentes (16 de agosto) y se posesionó de Chilapa
    y Tlapa (principios de
    noviembre). En su

    segunda campaña se extendió al norte del
    actual Guerrero, al sur de Puebla y al territorio de
    la

    entidad que llevaría su nombre: tomó
    Chiautla (diciembre), dividió su ejército en tres
    cuerpos

    —Bravo hacia Oaxaca, Galeana hacia Tasco y
    él mismo contra Izúcar—, entró a
    Cuautla (25 de

    diciembre), a Tenango y a Tenanancingo (22 de enero de
    1812) y regresó a Cuautla, para resistir

    el sitio que le puso Calleja durante 58 días y
    que al fin rompió el 2 de mayo. En el curso de
    estas

    acciones se le unieron José Manuel Herrera,
    Mariano de Tapia, Mariano Matamoros, Juan

    Nepomuceno Rosáinz y Antonio Sesma y sus hijos.
    La tercera campaña (junio de 1812 a agosto

    de 1813) tuvo como puntos sobresalientes el combate de
    Huajuapan (13 de julio), la

    reorganización de sus tropas en Tehuacán
    (10 de agosto a 7 de noviembre) —tomada desde el
    6

    de mayo por el padre Sánchez—, la entrada a
    Orizaba para destruir el tabaco almacenado
    por

    los realistas (29 de octubre) y las tomas de Oaxaca (25
    de noviembre) y de Acapulco (20 de

    agosto de 1813).

    Simultáneamente a estos acontecimientos, operaban
    en Michoacán los jefes Muñiz, Navarrete,

    Anaya y José Antonio Torres, que incomunicaron
    Valladolid durante ocho meses. Torres fue al

    fin sorprendido, ahorcado y descuartizado (23 de mayo de
    1812). En Guanajuato se hicieron

    famosos los guerrilleros Albino García (fusilado
    el 8 de junio de 1812), Bernardo Gómez de Lara

    (fusilado el 17 de noviembre de 1811), Vicente
    Gómez y otros; en Huichapan y el Mezquital, los

    Villagrán; y en el norte de Puebla y los llanos
    de Apan, Francisco Osorno. Después de Cuautla,

    fueron significativas las acciones de
    los sacerdotes Alarcón y Moctezuma contra Orizaba (28
    de

    mayo de 1812) y Córdoba (3 de junio siguiente) y
    la de Valerio Trujano en Yanhuitlán. Así,
    a

    fines de 1812, la capital del
    virreinato estaba rodeada, aunque a distancia, por un
    círculo de

    fuerzas insurgentes, ninguna de cuyas facciones estaba
    sometida a la autoridad de
    la Suprema

    Junta Nacional Americana. El 17 de junio de 1812 los
    vocales habían salido de Sultepec,

    acosados por los realistas: Rayón huyó a
    Tlalpujahua, Berduzco a Huetamo y Liceaga a Yuriria.

    Cada uno libró por su cuenta combates
    infructuosos, que suscitaron recriminaciones
    recíprocas,

    hasta que Rayón declaró suspensos en su
    representación a sus colegas (abril de 1813).
    Morelos,

    deseando superar las diferencias de la Junta,
    convocó en mayo de 1813 al Congreso de

    Chilpancingo, cuyo reglamento formuló el 13 de
    septiembre.

    El Congreso Nacional Constituyente se instaló en
    el templo parroquial de Chilpancingo el 14 de

    septiembre de 1813, previa la reunión
    preparatoria del día 13, en que se atribuyó a la
    asamblea el

    nombre de Primer Congreso de Anáhuac. Morelos
    había nombrado seis diputados para

    representar a las provincias dominadas por los
    españoles: Rayón (Guadalajara), Berduzco

    (Michoacán), Liceaga (Guanajuato), Carlos
    María de Bustamante (México), José
    María Cos

    (Veracruz) y Andrés Quintana Roo (Puebla); y las
    provincias de Tecpan y Oaxaca, en poder de

    los insurgentes, a José Manuel Herrera y
    José María Murguía, respectivamente. A la
    instalación

    sólo concurrieron estos dos últimos,
    Quintana Roo y Berduzco. Más tarde llegaron
    Bustamante

    (fines de octubre), Rayón (2 de noviembre) y
    Liceaga (día 6 siguiente). Fueron secretarios

    Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enríquez
    del Castillo. En la primera sesión formal,
    Morelos

    presentó, por conducto de Juan Nepomuceno
    Rosáinz, su secretario, los Sentimientos de la

    Nación (v. texto
    completo), según los cuales debía declararse la
    Independencia, ser la

    católica la única religión, crear los
    poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dar los empleos a
    los

    americanos, respetar la propiedad pero
    confiscar sus bienes a los
    españoles, y abolir la

    esclavitud, las castas, los estancos y los tributos. El
    día 15 se nombró generalísimo a Morelos
    con

    el tratamiento de alteza serenísima, que
    declinó el caudillo para adoptar el de Siervo de la
    Nación,

    y el 18 cesó la antigua Junta; pero cuando
    Rayón se incorporó a la asamblea, varias
    veces

    requerido por Morelos, todavía sostuvo la idea de
    que el Congreso gobernase a nombre de

    Fernando VII, lo cual fue rechazado por la
    mayoría de diputados. Salvado este último
    obstáculo,

    el 6 de noviembre se firmó el Acta solemne de la
    Declaración de la Independencia de

    América Septentrional (v. texto
    completo), inspirada "en las presentes circunstancias de
    la

    Europa".

    Morelos salió de Chilpancingo el 7 de noviembre a
    iniciar su cuarta campaña militar, cuyo primer

    objetivo era la toma de Valladolid, apoyado por las
    fuerzas de Matamoros y Nicolás Bravo, que

    hizo moverse desde Veracruz y Puebla. Aunque
    trató de disimular estos movimientos, los
    conoció

    muy a tiempo
    Félix María Calleja, que era ya virrey desde el 4
    de marzo, quien movilizó hacia

    aquella plaza las divisiones de Toluca y Guanajuato, al
    mando de Llano y Agustín de Iturbide. El

    23 de diciembre, los soldados de éstos y los de
    la guarnición tomaron a dos fuegos a los
    hombres

    de Galeana y Bravo en El Zapote, dispersándolos;
    el 24, una audaz incursión nocturna de Iturbide

    provocó un combate entre los propios insurgentes,
    que fue desastroso; y el 5 de enero de 1814,

    en Puruarán, los realistas acabaron con el resto
    del ejército independiente e hicieron prisionero
    a

    Matamoros. Una columna realista, al mando de Armijo,
    avanzó luego al sur y en las márgenes
    del

    Mezcala derrotó a la tropa de Víctor
    Bravo, que protegía Chilpancingo. En cuanto los
    miembros

    del Congreso se enteraron de estos sucesos, se
    trasladaron a Tlacotepec, donde se les unió

    Morelos, al que despojaron del mando como
    generalísimo para asumir ellos el poder
    ejecutivo.

    Armijo entró a Tixtla, Chilapa y Chilpancingo,
    derrotó a Rosáinz en Chichihualco, a
    Guerrero,

    Galeana y los Bravo (19 de febrero) y puso en fuga a
    Morelos y al Congreso.

    Mientras tanto, el Congreso hacía un penoso
    recorrido por Ajuchitlán, Tlalchapa, Uruapan,
    las

    haciendas de Santa Efigenia y Tiripitío, Ario y
    Apatzingán, en cuyo trayecto los diputados

    —algunos de los anteriores y otros recién
    nombrados— fueron redactando los puntos de la

    Constitución. Ésta, con el nombre de
    Decreto Constitucional para la libertad de la
    América

    Mexicana, fue sancionada en Apatzingán el 22 de
    octubre de 1814. Consta de 242 artículos,

    divididos en Principios o
    Elementos Constitucionales (seis capítulos), dedicados a
    la religión,
    la

    soberanía, la ley y los
    derechos y obligaciones
    de los ciudadanos; y Forma de Gobierno (22

    capítulos), estableciendo el Congreso, el Supremo
    Gobierno —formado por un triunvirato— y el

    Supremo Tribunal de Justicia.
    Firmaron el documento los diputados José María
    Liceaga,

    presidente (Guanajuato), José Sixto Berduzco
    (Michoacán), José María Morelos (Nuevo
    Reino

    de León), José Manuel de Herrera (Tecpan),
    José María Cos (Zacatecas), José Sotero
    de

    Castañeda (Durango), Cornelio Ortiz de
    Zárate (Tlaxcala), Manuel de Aldrete y Soria

    (Querétaro), Antonio José Moctezuma
    (Coahuila), José María Ponce de León
    (Sonora) y

    Francisco de Argándar (San Luis Potosí), y
    los secretarios Remigio de Yarza y Pedro José

    Bermeo. Lo promulgaron, como miembros del Supremo
    Gobierno, Liceaga —presidente—,

    Morelos y Cos. López Rayón, Sabino Crespo,
    Quintana Roo, Bustamante y Sesma, aunque

    contribuyeron a su redacción, no pudieron firmarlo por estar
    ausentes. El Decreto

    Constitucional —redactado, según Morelos,
    por Herrera, Quintana Roo, Sotero Castañeda,

    Berduzco y Argándar— estuvo inspirado en la
    Declaración de los Derechos del Hombre y
    del

    Ciudadano de 1789 y parcialmente en la
    Constitución de Cádiz. Aparte de que este
    documento

    era ineficaz en tiempos de guerra, por lo complicado de
    los mecanismos de gobierno, entrañaba

    un absolutismo
    del Congreso, cuya víctima principal habría de ser
    el propio Morelos.

    Después del desastre de Puruarán, que de
    hecho puso término a su carrera militar, Morelos
    pasó

    a la hacienda de Santa Lucía, a Coyuca, desde
    donde pidió al virrey canjear a Matamoros por

    200 prisioneros, y luego al puerto de Acapulco, donde
    mandó degollar a éstos e incendiar la

    ciudad, una vez que se rechazó su oferta y
    Matamoros fue fusilado. El 14 de abril Armijo

    recuperó Acapulco y uno de sus hombres, el
    comandante Avilés, liquidó a Galeana el 22
    de

    junio, en tanto las milicias españolas de
    Guatemala
    tomaban Tehuantepec. Otra vez unido al

    Congreso, en Ario, con sólo los hombres de su
    escolta, Morelos marchó con los diputados a

    Uruapan y más tarde decidieron cambiar su sede a
    Tehuacán. La custodia del grupo se
    confió a

    Morelos, muy a pesar de que el Artículo 168 de la
    Constitución prohibía a los miembros del

    poder ejecutivo tener mando de fuerza armada,
    salvo circunstancias extraordinarias. El 29 de

    septiembre salió la caravana, por caminos
    inusuales, tratando de esquivar el encuentro con los

    realistas. El virrey, por su parte, cubrió con
    tropas todas las posibles rutas, desde Temascalcingo

    hasta Cuautla. El 3 de noviembre los representantes de
    los poderes nacionales vadearon el río

    Mezcala en Tenango y el 5, estando ya en Tezmalaca,
    fueron alcanzados por las fuerzas del

    teniente coronel Manuel de la Concha. A poco de iniciado
    el combate, los insurgentes se

    dispersaron y fueron perseguidos. Morelos, a pie y sin
    armas, fue
    detenido por Matías Carranco,

    un antiguo soldado suyo que se pasó a las filas
    realistas. Conducido a México, bajo la
    vigilancia

    de Concha, murió fusilado en San Cristóbal
    Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. (V. MORELOS

    Y PAVÓN, JOSÉ MARÍA). En los meses
    anteriores, López Rayón se refugió en las
    montañas del

    norte de Puebla, e igual hizo Rosáinz, uno y otro
    nombrados por el Congreso para hacer la guerra

    en las mismas áreas, lo cual provocó entre
    ellos serias desavenencias. Cuando Zacatlán cayó
    en

    manos de los realistas (25 de septiembre), Rayón
    huyó hasta Cóporo, y Rosáinz fue detenido
    por

    los propios insurgentes, de quienes huyó en
    Chalco para indultarse e informar al virrey del estado

    de la revolución.

    La tercera etapa de la guerra (1816-1819) se
    caracterizó por la actividad de caudillos

    secundarios y la fugaz campaña de Francisco
    Javier Mina. En el curso de 1816 los insurgentes

    sufrieron importantes derrotas: Osorno fue batido por
    Concha en Venta de Cruz y
    San Felipe (21

    y 23 de abril); Mariano Guerrero y Rafael
    Villagrán se acogieron al indulto (agosto); los
    realistas

    recuperaron la isla de Janitzio, en el lago de
    Pátzcuaro (13 de septiembre), el fuerte de
    Monte

    Blanco, junto a Córdoba (7 de noviembre), la isla
    de Mezcala, en la laguna de Chapala (25 de

    noviembre), y el fuerte de Cuiristarán (10 de
    diciembre), motivo por el cual depusieron las armas

    Herrera, Cos, Gordiano, Guzmán, Vicente
    Gómez, el padre Castellanos, Encarnación Rosas,

    José María Vargas y Melchor
    Múzquiz. En 1817 capitularon Ramón
    Rayón en el fuerte de

    Cóporo, frente a Jungapeo (7 de enero), y Manuel
    de Mier y Terán en el cerro Colorado, cerca

    de Tehuacán (20 de enero); en Veracruz los
    españoles recobraron San Juan Coscomatepec (9

    de febrero), Huatusco (17 de febrero), los puentes de
    Atoyac y Chiquihuite y los fuertes de La

    Fortuna, Quimistlán y Palmillas; en Guanajuato,
    el punto fortificado de la mesa de los Caballos

    (10 de marzo), cerca de San Felipe, y en
    Querétaro el de La Faja (diciembre). En
    diciembre,

    Nicolás Bravo fue desalojado del fuerte de
    Cóporo.

    En mayo de 1816 había salido de Londres Francisco
    Javier Mina, patriota español que
    combatió

    a los franceses en la Península y deseaba
    continuar batallando en América contra el absolutismo

    de Fernando VII. Lo acompañaban 32 oficiales
    españoles, italianos e ingleses y el dominico

    mexicano fray Servando Teresa de Mier. En Norfolk y
    Nueva Orleans, E.U.A., aumentó su

    hueste y sus pertrechos, y el 15 de abril de 1815
    desembarcó en Soto la Marina con 300

    hombres. Ahí perdió sus barcos, atacados
    por una escuadrilla procedente de Veracruz;
    construyó

    un fuerte, cuyo mando confió al mayor
    Sardá, y el 24 de mayo emprendió la marcha hacia
    el

    fuerte del Sombrero, al noroeste de Guanajuato, para
    unirse al insurgente Pedro Moreno. A

    pesar de su escasa fuerza,
    derrotó en el camino a los realistas Villaseñor, en
    Valle del Maíz (8 de

    junio), y a Armiñan, en Peotillos (día 15
    siguiente), y después de que llegó a su destino
    (día 24), a

    Ordóñez (día 29), en la hacienda de
    San Juan de los Llanos. El 1° de agosto Liñán
    puso sitio al

    fuerte y lo tomó el 19 sin que Mina pudiera
    auxiliar a sus defensores. El 27 de octubre, en la

    acción del rancho del Venadito, fue muerto Moreno
    y capturado Mina, más tarde fusilado (11 de

    noviembre) frente al fuerte de Los Remedios cercano a
    Pénjamo. El 16 de junio anterior cayó en

    manos del realista Arredondo el fuerte de Soto la
    Marina; en el curso del año se acogieron al

    indulto Osorno, Sotero Castañeda, Carlos
    María de Bustamante, Muñiz y otros; y a fines,
    fueron

    hechos prisioneros Berduzco, López Rayón y
    Nicolás Bravo.

    En 1818 se rindió a los españoles el
    fuerte del Jaujilla en un islote de la laguna de Zacapu (6
    de

    marzo), logrando escapar los miembros de una junta que
    nombró el Congreso antes de su salida

    a Tehuacán, algunos de cuyos vocales fueron
    más tarde aprehendidos (febrero) y otros
    fusilados

    en Huetamo (9 de junio). Fueron asesinados el padre
    Torres, defensor de Los Remedios, y José

    María Liceaga; fusilados en Pátzcuaro,
    Nicholson y Yortis, oficiales sobrevivientes de Mina

    (junio), e indultados otros jefes insurgentes, como
    Amaya, Mariano Tercero, Huerta y los padres

    Navarrete y Carvajal. En 1819 se acogieron al
    perdón realista Arago, Erdozáin y Ramsey,
    que

    operaban en Guanajuato, y José Antonio Magos, que
    lo hacía en Querétaro. Vicente Guerrero

    fue derrotado en el fuerte de Barrabás, en
    Coahuayutla (mayo), y en Agua Zarca (5
    de

    noviembre), al que después de estos hechos se
    unió Pedro Asencio, a su vez desalojado del

    fuerte de San Gaspar. Eran éstos los dos
    únicos jefes insurgentes que continuaban combatiendo
    a

    principios de 1820.

    La ofensiva de Wellington en 1813 y la constante
    actividad de las guerrillas a retaguardia de los

    franceses, hicieron posible recobrar Madrid; José
    Bonaparte abandonó Valladolid y perdió
    las

    batallas de Vitoria y San Marcial; y el 11 de diciembre
    se firmó el Tratado de Valençay, por el

    cual cesó la guerra entre España y Francia
    y Napoleón reconoció a Fernando VII como rey;
    pero

    las Cortes y la Regencia no quisieron considerar libre
    al rey, ni prestarle obediencia, hasta que

    prestase el juramento previsto por la
    Constitución. El 22 de marzo de 1814 Fernando
    entró

    nuevamente a España; el 6 de abril abdicó
    Napoleón; a fines de ese mes 69 diputados se

    declararon absolutistas y el 4 de mayo el rey
    firmó un manifiesto anulando la Constitución
    de

    1812 y todo cuanto habían hecho las Cortes "como
    si no hubieran pasado jamás tales actos y se

    quitasen de enmedio del tiempo";
    restableció la Inquisición, que había sido
    abolida por los

    diputados; persiguió a los liberales y casi no
    prestó atención a las sublevaciones en
    América.

    El 1° de enero de 1820, en la villa de Cabezas de
    San Juan, de la provincia de Sevilla, se
    sublevó

    el coronel Rafael del Riego con el segundo
    batallón del Regimiento de Asturias. En lugar
    de

    embarcarse rumbo a América, a luchar contra los
    insurgentes, proclamó la Constitución de
    1812.

    El apoyo que el pueblo brindó a este movimiento
    obligó a Fernando VII, el 9 de marzo, a jurar
    la

    Constitución. La noticia del triunfo de los
    liberales en España se recibió en Veracruz el 26 de
    abril

    y en México el 29.

    Durante ese mes y los primeros días de mayo, el
    virrey Apodaca, el regente de la Audiencia

    Bataller y los felipenses Tirado y Matías
    Monteagudo conspiraron (Plan de la
    Profesa) para

    impedir el restablecimiento de la Constitución en
    México. Postulaban que el rey estaba oprimido

    por los revolucionarios y que la Nueva España
    debía gobernarse por el virrey, con apoyo en
    las

    Leyes de Indias, y con independencia de la
    metrópoli. La ejecución de estas ideas
    obligaba

    a contar con un jefe militar que mereciera su confianza,
    el cual creyeron encontrar en Agustín de

    Iturbide.

    Los comerciantes de Veracruz, en su mayor parte
    afiliados a la masonería, o controlados por
    ella,

    temerosos de que el virrey fuera a negarse a jurar la
    Constitución liberal, tomaron las armas el
    24

    de mayo, constituidos en el Batallón de
    Voluntarios Fernando VII, y fueron a pedir a José
    Dávila,

    comandante general e intendente de la provincia, que
    proclamara el código. Éste lo hizo bajo

    presión, pero advirtió a los amotinados
    que ese era un acto precursor de la Independencia.

    En Jalapa ocurrieron sucesos semejantes, y en
    México, el virrey, para evitar que los oficiales
    de

    las tropas españolas, casi todos masones, lo
    obligaran en el mismo sentido, convocó al Real

    Acuerdo el día 31, en cuya sesión
    él y los oidores hicieron el juramento. El arzobispo,
    los

    tribunales, los empleados y los colegios hicieron lo
    propio del 1° al 8 de junio, y el 9 el

    Ayuntamiento hizo su proclamación. V.
    MASONERÍA.

    Los efectos de la restaurada Constitución de
    Cádiz consistieron en suscitar la discusión
    pública y

    la expresión de los resentimientos, los temores y
    las esperanzas de todas las clases de la

    sociedad, estimuladas por una conciencia
    generalizada en el sentido de la necesidad de un

    cambio. El fiscal de la
    Audiencia, José Hipólito Odoardo, trasmitió
    en un informe al
    ministro de

    Gracia y Justicia, a
    fines de octubre de 1820, el estado de
    la opinión en Nueva España. Indicaba

    que desde principios de
    1819 la situación había venido
    normalizándose, no quedando sino los

    grupos insurgentes en el partido de Chilapa, protegidos
    "por el clima
    mortífero y las tierras

    montuosas" y que la insurrección de 1810 se
    había dominado no por las concesiones que se

    hubieren hecho en favor de los americanos, ni por las
    providencias de las Cortes, que cesaron en

    1814, "sino por haberse unido cordialmente al gobierno
    las tropas veteranas y las milicias, los

    eclesiásticos, los empleados, los propietarios y
    las demás clases influyentes". Pero advertía que
    el

    espíritu público había ya cambiado
    enteramente: los militares se quejaban del agravio que se
    les

    hizo al suspenderles después de jurada la
    Constitución, el aumento de paga de que disfrutaban;
    el

    clero temía por sus rentas e inmunidades y por la
    existencia de algunos establecimientos

    religiosos; los españoles residentes, por lo
    común propietarios, no parecían dispuestos a volver
    a

    consumir sus fortunas en apoyo del gobierno, si
    ocurría una nueva revolución
    y por ello se

    ocupaban de ir de una a otra tertulia "para explorar los
    planes de independencia que en ellas

    se discutían con más o menos embozo", y
    los abogados y los oficinistas veían en la
    eventualidad

    de un cambio la
    perspectiva de mejorar en sus empleos.

    El 22 de agosto se publicó en México la
    real orden del 8 de marzo anterior, por la cual fueron

    puestos en libertad todos los insurgentes que se
    hallaban presos —Nicolás Bravo, Ignacio
    López

    Rayón y Sixto Berduzco, entre otros— y
    pudieron volver al pais los exiliados —el marqués
    de

    Rayas, Carlos María de Bustamante, Fagoaga,
    Adalid y muchos más—. Una consecuencia
    lateral

    de la nueva política fue que
    quienes se habían indultado con anterioridad empezaron a
    obtener

    grados —hasta de teniente coronel— en el
    ejército virreinal. Había entonces en México
    85 036

    soldados, de los cuales 25 mil eran de
    caballería: 8 448 expedicionarios enviados desde
    España

    de 1812 a 1817, 10 620 hombres de tropas veteranas del
    país; 21 968 miembros de las milicias

    provinciales, y 44 mil elementos urbanos encargados de
    la defensa de las poblaciones. A los

    antiguos insurgentes que ya no podían pelear
    contra estas fuerzas en los campos de batalla, la

    Constitución les permitía luchar por las
    diputaciones provinciales y por los ayuntamientos.

    En noviembre de 1820, el virrey Apodaca, pensando que
    Iturbide sostendría con las armas
    el

    Plan de la Profesa, le confió la comandancia
    general del sur, a la que estaban adscritos los fieles

    de Potosí, los escuadrones de Isabel y los
    batallones de Tres Villas y de Murcia, jefaturados por

    españoles, los infantes de la Corona, el
    Batallón del Sur, las milicias de Acapulco y los
    realistas

    de Tixtla, Chilapa y otros pueblos. Iturbide
    salió a la campaña contra Guerrero el 16
    de

    noviembre —"para pacificar en breve tiempo todo el
    reino", según comunicó al virrey— y
    a

    principios de diciembre, a solicitud suya, se le
    unió en Teloloapan el Regimiento de Celaya, que
    él

    mismo comandaba y cuya oficialidad le era enteramente
    adicta. En diciembre consiguió de

    Apodaca que le enviase el cuerpo de caballería de
    la frontera —que el propio Iturbide había

    tenido bajo su mando en el Bajío—, que se
    le remitieran más abundantes pertrechos y

    municiones, y se le destinasen fuertes sumas en
    efectivo, tanto para cubrir la paga de la tropa

    cuanto para invertir en compra de voluntades, y en
    espías, pues de todos los recursos
    posibles

    "los más eficaces —decía— son
    distribuir la moneda con prudente liberalidad, pues por
    ella

    aventuran los hombres sus vidas, y hacen esfuerzos que
    no practicarían por ningún otro
    estímulo".

    El 2 de enero de 1821 Guerrero derrotó a una
    partida realista en Zapotepec y el 5 Asencio

    desbandó a otra en Tlatlaya. Estos hechos
    persuadieron a Iturbide de que la campaña contra
    los

    insurgentes sería larga, y al parecer
    advirtió entonces la conveniencia de contar con ellos en
    los

    planes de Independencia, en lugar de empeñarse en
    una nueva y sangrienta contienda. El día

    10 escribió a Guerrero instándolo a
    someterse y haciendo votos por la emancipación;
    éste

    contestó el 20 rechazando el indulto, pero
    ofreciéndole colaborar si en efecto buscaba la

    separación de España. Antonio de Mier,
    representante de Iturbide, y José Figueroa, de
    Guerrero,

    dieron cima a las negociaciones. Simultáneamente,
    Iturbide escribió al arzobispo de México, a
    los

    obispos de Guadalajara y Puebla y al gobernador de la
    mitra de Valladolid, anunciándoles sus

    planes, y movilizó agentes que fueran a persuadir
    a los comandantes militares acantonados en

    Michoacán y en el Bajío. Una vez obtenido
    el acuerdo de tan importantes sectores del clero y del

    ejército, proclamó el 24 de febrero el
    Plan de Iguala
    (v. texto
    completo), cuyos artículos

    principales establecían la religión
    católica, sin tolerancia de
    otra alguna; la absoluta

    independencia; un gobierno monárquico
    constitucional, reservado a Fernando VII o a otro

    miembro de casa reinante; la formación de una
    junta gubernativa, previa a la constitución del

    Imperio Mexicano; y la creación del
    Ejército de las Tres Garantías. Se indicaba,
    además, que

    todos los habitantes eran ciudadanos idóneos para
    optar empleos y garantizaba a las personas y

    al clero el respeto a sus
    propiedades y fueros. Los ¡vivas! finales a la religión,
    la

    Independencia y la unión entre americanos y
    europeos aludían a la naturaleza de las
    tres

    garantías. Ese mismo día Iturbide
    envió al virrey las "indicaciones para el gobierno que
    debía

    instalarse provisionalmente" y que contenían,
    aunque más explícitos, los mismos puntos del
    Plan.

    Apodaca condenó estos textos el 3 de marzo y el
    14 puso a Iturbide fuera de la ley. En esos
    días

    desertaron más de la mitad de las fuerzas
    trigarantes; pero, a cambio, se adhirieron al Plan
    de

    Iguala los granaderos provinciales de Jalapa (día
    13), que se pusieron a las órdenes de
    José

    Joaquín de Herrera, en Perote; Luis de Cortazar, en
    Amoles (hoy Cortazar, el 16
    de marzo) y

    Anastasio Bustamante, en la hacienda de Pantoja
    (día 17), quienes luego tomaron la ciudad de

    Guanajuato (día 24); varios miembros del Fijo de
    Veracruz y del batallón provincial de Puebla,

    que se unieron a Herrera para apoderarse de
    Córdoba (1° de abril); los capitanes del Fijo
    de

    México, Vicente Filisola y Juan José
    Codallos, en Tusantla (9 de abril); el teniente
    coronel

    Antonio López de Santa Anna, con 500 hombres, en
    Alvarado (día 25); y en el curso del mes, el

    teniente coronel Francisco Ramírez y
    Sesma, con 80 soldados, en Veracruz; los hermanos
    Flon,

    capitanes de Dragones de Puebla, con casi todo su
    regimiento; el teniente coronel Miguel

    Barragán, en Ario, y el sargento mayor Juan
    Domínguez, en Apatzingán, con una gruesa
    sección

    volante, el primero, y los granaderos de Guadalajara el
    segundo. Advertido Iturbide de la

    formación del Ejército del Sur, cuyo mando
    confió el virrey al mariscal de campo Pascual
    de

    Liñán y que a la postre no se movió
    de Cuernavaca, salió de Teloloapan hacia el Bajío,
    por

    Tlalchapa, Cutzamala —donde se le presentó
    Ramón
    Rayón—, Tusantla, Zitácuaro y
    Acámbaro,

    en cuyo curso fue incorporando a sus fuerzas a los
    antiguos insurgentes, entre otros Epitacio

    Sánchez, que comandó su escolta. El 1°
    de mayo entró a León, el día 10 se
    entrevistó en la

    hacienda de San Antonio, cerca de La Barca, con
    José de la Cruz, comandante e intendente de la

    Nueva Galicia, consiguiendo que permaneciera inactivo, y
    el 20 hizo que capitulara Valladolid.

    Varios jefes realistas se rindieron a los trigarantes
    durante junio: Novoa, en San Juan del Río
    (día

    7); Bracho, en San Luis de la Paz (día 22) y
    Luaces, en Querétaro (día 28). El día 13 de
    ese

    mes, Pedro Celestino Negrete proclamó la
    Independencia en San Pedro Tlaquepaque, en

    las inmediaciones de Guadalajara, huyendo Cruz a
    Durango, donde capituló a la postre (31 de

    agosto). En el curso de junio el virrey suprimió
    la libertad de imprenta y convocó a los

    peninsulares a que formasen los cuerpos de "defensores
    de la integridad de las Españas";

    Iturbide, a su vez, abolió en Querétaro la
    subvención temporal, la contribución directa de
    guerra y

    la de convoy, el 10% sobre alquiler de casas y todos los
    demás impuestos
    extraordinarios

    vigentes desde 1810. Ya para entonces, en lugar de
    hablar de "la tutela de la nación más
    católica

    y piadosa, heróica y magnánima",
    según se había referido a España el 24 de
    febrero, la

    identificaba con "el yugo extranjero". A principios de
    julio, a instancias del brigadier Arredondo,

    se adhirieron al Plan de Iguala la ciudad de Monterrey
    (día 4) y más tarde las otras Provincias

    Internas de Oriente.

    El avance de la revolución
    fue atribuido por los militares de la ciudad de México a
    incapacidad

    del virrey Apodaca. El 5 de julio, mientras éste
    celebraba en palacio una junta de guerra, los

    cuerpos de órdenes, don Carlos y Castilla, a cuyo
    frente se hallaban el teniente coronel Francisco

    Buceli y los capitanes Llorente y Carballo, lo
    despojaron del mando, encargándose del gobierno

    el mariscal de campo Francisco Norella. En los
    días subsecuentes, éste reunió hasta 5
    mil

    hombres de línea, en previsión de un
    ataque a la capital. El día 7 Santa Anna asaltó el
    puerto de

    Veracruz, y aunque fue rechazado, mantuvo incomunicada
    la plaza. Nicolás Bravo, a su vez,

    tomó Pachuca, se apoderó de la
    artillería y más tarde puso sitio a Puebla (1°
    de julio), cuyo

    comandante, el brigadier Llano, se rindió cuando
    llegó Iturbide.

    El 30 de julio desembarcó en Veracruz el teniente
    general Juan O'Donojú, nombrado jefe
    político

    y capitán general en sustitución de
    Apodaca; el 3 de agosto expidió una proclama
    conciliatoria, el

    4 entró en relación con Santa Anna para
    que franqueara las comunicaciones
    al interior del país y

    ese mismo día escribió a Iturbide
    proponiéndole una entrevista.
    Ésta se celebró en Córdoba el 23

    siguiente, y el 24 firmaron el tratado que puso
    término a la dominación de España (v.
    texto

    completo). En resumen, se reconocía al Imperio
    Mexicano como nación soberana e

    independiente, instaurando un gobierno monárquico
    constitucional moderado, a cuyo frente se

    llamaría a Fernando VII y, por renuncia o no
    admisión de éste, a otros miembros de la
    casa

    reinante; se nombraba una Junta Provisional Gubernativa,
    encargada de designar una regencia

    compuesta por tres personas, que ejercería el
    poder
    ejecutivo hasta que el monarca empuñase su

    cetro; se convocaba a Cortes para formar la
    Constitución; se dejaba en libertad de escoger
    su

    nacionalidad a los españoles avecinados en
    América y a los americanos residentes en la

    Península, y finalmente O'Donojú se
    ofrecía a intervenir para que la capital se entregase
    sin

    efusión de sangre.

    Iturbide y O'Donojú enviaron copia del Tratado de
    Córdoba a Novella, quien el 30 de agosto

    convocó a una junta de las principales
    autoridades y vecinos, que sólo sirvió para que
    se

    manifestaran opiniones contrarias y se estimulara
    aún más la deserción entre los realistas.
    Hubo

    algunas agrias contestaciones entre O'Donojú y
    Novella, pero como el Ejército Trigarante —9
    mil

    hombres de infantería y 7 mil de
    caballería— rodeaba ya la capital, éste
    decidió reunirse con

    aquél y con Iturbide en la hacienda de Pateza el
    13 de septiembre para convenir la entrega de la

    ciudad, en lo cual se manifestaron conformes, en los
    días subsecuentes, la diputación provincial
    y

    el Ayuntamiento. Las tropas reales salieron sin
    capitulaciones y los últimos en deponer las
    armas

    fueron los batallones de negros en la Tierra
    Caliente.

    El 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal en
    la ciudad de México el Ejército

    Trigarante y el 28 —cuando en España se
    abrían las Cortes extraordinarias para "promover
    el

    bien de América"— se instaló la
    Junta Provisional Gubernativa, compuesta por 38
    personas

    nombradas por Iturbide. Aparte Juan O'Donojú, la
    integraban siete eclesiásticos: Antonio
    Joaquín

    Pérez Martínez, obispo de Puebla
    (presidente), Manuel de la Bárcena, Matías
    Monteagudo,

    Miguel Guridi y Alcocer, Francisco Severo Maldonado,
    José Manuel Sartorio e Ignacio Icaza;

    cuatro oidores: José Isidro Yáñez,
    José María Fagoaga y Manuel Martínez
    Mancilla, de México,

    y José Domingo Rus, de Guadalajara; seis abogados
    de la Audiencia de México: Juan José

    Espinosa de los Monteros, Antonio Gama, Ignacio
    García Illueca, José María Jáuregui,
    Rafael

    Suárez Pereda y Juan B. Raz y Guzmán; tres
    miembros del Ayuntamiento de la capital: Juan

    Francisco Azcárate, Francisco Manuel
    Sánchez de Tagle y José Manuel Velázquez de
    la Cadena;

    siete títulos nobiliarios: el marqués de
    Salvatierra, el conde de Casa de Heras, el marqués de
    San

    Juan de Rayas, dos miembros de la casa de Santiago
    Calimaya, el conde de Jala y de Regla y el

    marqués de San Miguel de Aguayo; cinco militares:
    Manuel Sotarriva, José María Bustamante,

    Juan Horbegoso, Nicolás Campero y Anastasio
    Bustamante; tres comerciantes y hacendados:

    Juan Lobo, Manuel Montes Argüelles y Manuel
    Sánchez Enciso; y un alto empleado: Manuel

    Velázquez de León, director de
    Hacienda.

    La naturaleza de la
    Junta reveló el propósito de Iturbide de congregar
    a las más altas clases de la

    sociedad en un círculo aristocrático que
    formase la corte del futuro monarca. Pero como la
    Junta

    tenía la función primordial de legislar,
    su composición repugnaba al espíritu popular y
    contradecía

    el Artículo 12 del Plan de Iguala, según
    el cual "todos los habitantes de la Nueva España,
    sin

    distinción alguna de europeos, africanos ni
    indios" eran ciudadanos de la monarquía "con opción
    a

    todo empleo
    según su mérito y virtudes". Y aun cuando el propio
    Plan proclamó la

    Independencia con "la misma voz que resonó en el
    pueblo de los Dolores, el año de mil

    ochocientos diez", los antiguos patriotas y los
    insurgentes quedaron excluidos del gobierno.

    El primer acto de la Junta Provisional Gubernativa
    consistió en decretar —redactada por el

    licenciado Juan José Espinosa de los Monteros, su
    secretario— el Acta de Independencia

    del Imperio Mexicano (v. texto
    completo).

     

     

    Autor:

    Charles El-mann

    charly[arroba]netmex.com

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