Dadas estas condiciones, de influencia en el ánimo y reacción de las personas deben ser más explícito las formas de complementariedad que puedan realizar las Empresas Públicas y el sector privado. Una de las modalidades de la intervención estatal, es la incorporación de políticas de difusión del porque se están realizando estas transformaciones y tratar de incorporar a todas la Opinión Pública Nacional para lograr acuerdos satisfactorios para toda la comunidad afectada por la medida. En el sector de desarrollo social, las formas de prestación de los servicios eléctricos básicos y la satisfacción de bienes deberán pasar por la aceptación de que ni todo lo negativo corresponde al Estado, ni todo lo positivo es exclusivo del mercado.

Dado el gran dinamismo que viviamos y cuyos cambios nos exigen adaptarnos con gran rapidez a situaciones cambiantes, se debe contar con estudios que analicen la pertinencia de las intervenciones estatales juzgando con respecto a los fines con que fueron creadas las empresas públicas en este caso los servicios de electricidad, de forma tal que podamos realizar los ajustes convenientes surgidos de evaluaciones de la Opinión Pública, con respecto a las empresas del Estado. A este respecto, se hace necesario distinguir a las empresas que prestan servicios con carácter eminentemente social, de aquellas que prestan bienes y servicios en el mercado, nuestra empresa, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, tiene un poco de los dos aspectos ya que brinda un servicio social, pero está bien cotizada en el mercado nacional e internacional; para lo cual habrá que contar con criterios de evaluación tales como costo-efectividad, balance social.

Las estrategias de Comunicación Social, utilizadas para la modernización y privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación verán como la Dirección de Relaciones Públicas, juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos establecidos en materia de difusión, propagación y promoción; antes, durante y después de dividida y vendida las acciones de las ocho empresas, como se dividieron la empresa eléctrica estatal.

En última instancia, el reto para las empresas públicas, en materia de comunicación social, es responder adecuadamente a una sociedad que reclama servicios cada vez más diferenciados, pero con calidad y eficiencia en su prestación, con tarifas acordes con los momentos que se esta viviendo y considerando la implementación de la electrificación en áreas rurales y de difícil acceso. Un mal servicio eléctrico o un producto no satisfactorio provocará críticas y cuestionamientos inevitables por parte de la opinión pública echando por la borda los constantes esfuerzos por mantener una imagen estable y de credibilidad.

Será necesario, de igual manera, que se tenga como criterio de actuación la imparcialidad, rompiendo con los criterios clientelares y aquellos que buscan beneficiar a sólo una clase o a un grupo de la sociedad, lo que trastocará y cuestionará a las empresas nuevas empresas eléctricas ahora en manos de las consorcios internacionales privados. En este sentido, habrá que fincar responsabilidades.

La democratización exigirá una mayor participación del Ente Regulador en los asuntos tarifarios de las nuevas empresas públicas que pasen a manos privadas.

Una vez más se comprueba como afecta la utilización de una política de comunicación y un plan de difusión para llegar a los públicos ya sean dentro o fuera de la empresa y así poder lograr los objetivo y transformaciones requeridas. Realizar los cambios dentro de una empresa pública son más conflictivos que en la empresa privada, ya que esto involucra la participación de muchos sectores los cuales por un motivo u otro nunca se ponen de acuerdo y si hay experiencias negativas o poco favorables afectan el proceso de cambio.

En otros países la venta de los servicios del Estado a conllevado a grupos afectados a realizar diferentes actividades, en contra de estos cambios, que van desde huelgas hasta manifestaciones; por esta razón el proceso concientizador y comunicativo dentro, como fuera de la empresa es muy importante y más cuando estos cambios se están realizando en tiempos de consultas electorales.

Las estrategias deben ser bien analizadas y discutidas ya que en la comunicación es donde se puede informar y explicar del porque de los cambios y los beneficios que estos conllevan para los afectados.

Enfrentar las denuncias hechas por cualquier ciudadano en los medios de comunicación, sin esperar a que los problemas adquieran mayor trascendencia y se transformen en problemas mayores, en otras palabras corregir los errores tan rápido como se pueda ya que estamos en la mira de la opinión pública.

Debemos dar a conocer a través de las estrategias de comunicación Social los cambios y las nuevas políticas que se van a realizar e implementar en el Sector Eléctrico Nacional y del porque de estos cambios.

Cuando se pensó en la Modernización del Sector Eléctrico Nacional, se impuso la necesidad de utilizar los mecanismos de comunicación que explicarán a los diferentes públicos o actores relevantes, porque del cambio y la necesidad del mismo.

Todo cambio trae una secuela de oposición y malos augurios, más cuando es un servicio público nacional que ya tiene problemas, por el altos costos de sus prestaciones.

C. Definición del Tema

Nuestro tema "Estrategias de Relaciones Públicas en el Proceso de Modernización y Privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación", quiere dar a conocer los métodos, estrategia y planes; utilizados para crear conciencia en los diversos públicos o actores relevantes, como se le quiera mencionar, de la importancia de la Modernización del sector Eléctrico Nacional y adecuarlo a la nueva política mundial.

El tipo de investigación empleado es Exploratoria, Descriptiva y de campo. Al respecto, Hernández y otros (1991) definen las investigaciones exploratorias como aquellas que se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. El mismo autor define las investigaciones descriptivas como aquellas que buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

Igualmente de acuerdo a la fuente de información es considerada una investigación de campo, entendida como aquella donde el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador. Consiste en la observación directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas y circunstancias en que ocurren ciertos hechos. Es decir, se explora el liderazgo del gerente en atención a las dimensiones, delegación, toma de decisión, participación al igual que factores tecnológicos que inciden en la producción. Así mismo se describe y caracteriza a la empresa para decir como es y se manifiestan las variables, en un contexto particular son las Estrategias de Comunicación Social utilizadas en el proceso de Modernización y Privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

El diseño de esta investigación fue no experimental. Según Hernández y otros (1991) una investigación es no experimental cuando no es posible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones, es decir, no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.

Así mismo pertenece al diseño tradicional descriptivo por que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables, en un solo momento, en un tiempo único.

El diseño de investigación permitió hacer descripciones del estado actual del hecho y sistematizar las acciones para caracterizar el liderazgo y la productividad de la Estrategias de Comunicación Social utilizadas en el proceso de Modernización y Privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

G.1 Objetivos generales

H. Utilidad de la Investigación.

1. Propósito.

Conocer los métodos en comunicación social, utilizados en el proceso de modernización y privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación; como fueron empleados, sus resultados en la opinión Pública panameña.

Una vez conocido el número de sujetos que integrarán el universo del estudio, y las funciones que cumplen se procedió a seleccionar la muestra, aplicando el censo, entendido por Gese (1992) como aquellas muestras donde se trabaja con la totalidad del universo de estudio.

Durante los últimos diez años, las políticas económicas de la gran mayoría de los países, sean estos desarrollados o subdesarrollados, capitalistas o socialistas, han emprendido cambios en su participación estatal, con una tendencia a retirar su participación directa y abordar una política de desregulación.

Antes de esta década, el estudio del fenómeno de la intervención o nacionalización de ciertos sectores de la economía era tema obligado para los estudiosos de la administración pública. Hoy, este campo ha dejado lugar al tema de la privatización o retirada de la participación estatal, obligando a preguntarnos si esta nueva situación es un fenómeno coyuntural o una exigencia estructural, e incluso a cuestionarnos respecto a que si es una acción irreversible o acaso estamos dando pasos hacia una nueva modalidad del Estado.

Se habla, incluso, de un nuevo Estado, modificado y fortificado en su concentración respecto a ciertas actividades, lo que en la competencia económica equivaldría a alta segmentación; sin embargo, se cuestiona no sólo su participación en la economía, sino, con mayor fuerza y vehemencia, sus modalidades y formas de actuación, así como su concepción uniforme con relación a la satisfacción de los servicios y necesidades que trata de brindar a la sociedad.

Estas nuevas ideas van acompañadas de procesos de crisis agudos en las economías de los países como México, Panamá y países Latinoamericanos que buscan salir de una senda de subdesarrollo mediante políticas y orientaciones diversas y en busca de aquello que dé la pauta para alcanzar mejores niveles de vida, dentro de un marco de desarrollo integral. Aquí es donde cobra sentido el papel de la empresa pública, pues es reconocida la importancia que en épocas anteriores tuvo en los países latinoamericanos, entre ellos Panamá y también en algunos países de otras regiones, ya que gracias a ella se obtuvieron beneficios que difícilmente se hubieran logrado sin su existencia.

No obstante el reconocimiento del papel significativo que han tenido las empresas públicas en el pasado, lo cierto es que actualmente nos encontramos viviendo un esquema económico bajo el cual la intervención estatal no parece estar vigente. Por consiguiente, al reconocer este cambio significativo, no solamente no debería cuestionar la existencia de una intervención estatal vía empresas públicas, sino, más bien, preguntarnos cómo y hasta dónde puede darse dicha intervención, entendiendo que lo importante será la naturaleza de la misma y la legitimidad de la acción estatal.

La respuesta a esta interrogante no es del todo sencilla, pues, primero que todo, deberán reconocerse dentro del contexto que se vive y previendo las circunstancias que se estime puedan prevalecer en el futuro, las cuales exigirán: o bien el retiro del Estado, o bien su reiterada participación directa bajo ciertas modalidades. Además, es necesario reconocer que la intervención se realizaría bajo una lógica meramente económica y que las exigencias cada vez mayores de una democratización, así como la gran diferenciación de nuestras sociedades, nos obligan a atender el imperioso reconocimiento de estos factores, en cualquier propuesta o análisis de las empresas estatales.

Abordar el análisis del proceso de modernización de las empresas públicas en el contexto actual requeriría de un estudio profundo de los cauces que se están dando gracias al embate neoliberal y a la naturaleza de los procesos derivados de ella y de los cambios sociales, los que exigen respuestas cada vez más consensuales y diferenciadas de los grupos sociales que, entre sí, son cada vez más heterogéneos. Por lo mismo, en este trabajo sólo buscamos aportar algunas idea sobre consideraciones enmarcadas en esta problemática, sin pretender, naturalmente, haber agotado el tema; antes bien, estimamos que es apenas un esbozo para mayores y mejores desarrollos futuros.

Las privatizaciones son un fenómeno o tendencia que afecta a todos los países. Esta tendencia está inserta como una política de racionalización del Estado moderno, dentro del proceso global de transformación de las economías nacionales.

Los procesos de privatizaciones que se dan en la mayoría de las regiones, subregiones y países del mundo contemporáneo, obedecen a una intencionalidad de hacer más racional la acción de los gobiernos y hacer más eficaz el funcionamiento de los mecanismos de Estado.

En este contexto, en muchas realidades nacionales, están en desarrollo procesos de venta, de fusión y desincorporación de empresas públicas, así como la decisión de entregar actividades que tradicionalmente controlaba el sector público, como son: electricidad, petróleo, ferrocarriles, correos y telégrafos, agua potable y otras. Esta reducción de la actividad estatal, en la producción de bienes y servicios, responde como a un consenso de aceptar como inevitables las privatizaciones para reducir, así, las dimensiones y frenar las tendencia al crecimiento de la propiedad pública.

Con la crisis que sufren los países socialistas, y el desprestigio de la economía centralmente planificada, esta situación ha fortalecido las ideas neoliberales, entre las cuales destaca aquella que sostiene: "...las empresas públicas en general, no son reconocidas por su eficacia y buen desempeño económico." Por ello, se ha ido imponiendo la corriente ortodoxa de pensamiento que sugiere la venta, fusión, desincorporación y liquidación, en particular de las empresas industriales públicas. La justificación que se da en estos casos es la de ampliar o mantener el gasto social y no utilizar una parte importante del presupuesto nacional en el desarrollo de este tipo de empresas que compiten con las del sector privado.

Esto nos lleva a entender las privatizaciones como la acción del sector público de vender o traspasar, a la iniciativa privada, empresas industriales y comerciales estatales. Esta política de gobierno se ha entendido como una acción definida de fortalecimiento del sector privado y de reducción del sector público industrial. La justificación que se plantea en algunos países es la de concentrar la actividad intervencionista en las áreas estratégicas y prioritarias de la economía nacional, para así definir claramente el ámbito del sector privado.

Por otra parte, se plantea una posición con respecto a la política pública de redefinir el papel del Estado en materia de intervención en la economía nacional. Aquí surge toda una línea de acción para enfrentar la crisis; tal línea se sustenta en una comprensión neoliberal de reducir el sector de empresas públicas para ampliar la actividad productiva del sector privado; aunque la visión de este objetivo estratégico de la postura neoliberal se esconde tras la política de sanear las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal.

Este objetivo estratégico definido en las políticas de estabilización y desarrollo, responde a una tendencia mundial que tiene connotaciones particulares, dado que tiene relación con el proceso de Globalización de los mercados, y de avance de la penetración del capital extranjero en las economías nacionales. Situación aprovechada por los empresarios privados que presionan al Estado y a los gobiernos para que la privatización signifique un proceso ajustado a una política económica y a un redimensionamiento del sector para estatal de la administración pública a una escala menor, como una forma de dar fuerza a toda una estrategia continental de ajuste y de reinserción en la economía mundial, así como de ubicación en una nueva regionalización de todos los países medianos y pequeños.

Muchos autores sostienen que el proceso de privatizaciones corresponde a un avance de las ideas neoliberales en contra de la intervención estatal, y se ubica en una ofensiva a escala mundial, la cual responde a las exigencias del proceso de Globalización de la economía y de regionalización que fortalece la penetración de las empresas globales (transnacionales) en las economías internas de los países de desarrollo medio y atrasados. Esta ofensiva ha sido dirigida, en todos los países, en contra de las empresas públicas, alegando deficiencias organizacionales y malos manejos administrativos de tipo financiero, productivo y de personal de las mismas. Sin embargo, hay que reconocer que esta ofensiva y crítica a la gestión pública ha sido justa en algunos casos, en donde el comportamiento burocrático y la corrupción de los altos ejecutivos de las empresas públicas han marcado un procedimiento de gestión que ha sido duramente criticado por la opinión pública de muchos países de las diferentes regiones.

En América Latina, el proceso de privatizaciones se ha dado en un contexto político complejo.

Se puede decir que inicia con las dictaduras militares, surgidas en el cono sur durante la década de los años setenta, las cuales desmantelaron los sistemas de empresas públicas mediante la venta, fusión y liquidación de las mismas. Este proceso responde a una cierta forma de inducción proveniente de los países industrializados (del norte) que han puesto en práctica la política de privatizaciones como uno de los elementos claves para hacer avanzar sus programas estabilizadores y de reconversión industrial, así como fortalecer el proceso de Globalización. Además, los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Banca privada internacional) han propiciado la privatización en todo el continente.

Para apreciar el significado del proceso de privatizaciones en América Latina, se presenta el cuadro siguiente:

El cuadro presenta información general de lo que pasa en América Latina en materia de privatizaciones y enumera las acciones de gobierno y la forma en la que, en algunos países de la subregión, se implementan las políticas de desincorporación de para estatales.

Las empresas públicas, en América Latina, han jugado un papel importante en el desarrollo económico y social, así como en la consolidación de los Estados nacionales e independientes de la región.

Sin embargo, la crisis de la deuda externa, los problemas actuales de modernización de la administración pública, la apertura comercial y el nuevo trato al capital extranjero, han creado condiciones en muchos países latinoamericanos para impulsar las privatizaciones como un proceso de aprendizaje y modernización productiva que pretende cambiar décadas de intervención del sector público en la economía de cada realidad nacional del área; sin embargo ". Se reconoce la necesidad de encarar pragmáticamente este tema, también se quiere destacar que la discusión, con frecuencia, no toma debida consideración de la conveniencia y de las dificultades para privatizar empresas públicas."

Reconociendo la importancia que ha tenido la participación estatal en las economías latinoamericanas, en particular la de Panamá, hemos de subrayar que le contexto de actuación no ha variado significativamente.

Según datos del CEPAL, a mediados de los ochenta, el ingreso real per cápita en América Latina incluyendo Panamá, descendió al nivel de 1977

A su vez, el desempleo urbano se elevó enormemente y la inflación tuvo una gran aceleración. De allí en adelante se han superpuesto varios valores negativos en la economía, como por ejemplo las alzas del interés real, el corte del ingreso de capitales y un considerable deterioro en los intercambios.

Ante la situación, los países latinoamericanos aparecen con un grado mayor de vulnerabilidad externa, pero reconociendo que la crisis tiene un carácter estructural y que los procesos de ajuste son altamente ineficientes. En este contexto, lo más grave ha sido el crecimiento de las desigualdades internas. Por otra parte, existe una serie de factores que prevalecen como formas de relaciones económicas a escala mundial, como son el proteccionismo, las transformaciones de las normas de consumo, la reestructuración industrial, el avance de la tecnología en los países desarrollados y las nuevas modalidades de operación de los agentes transnacionales.

Las nuevas relaciones mundiales exigen estudiar a fondo las formas de inserción y definir una posición clara sobre elementos como la tecnología; los tratados de libre comercio; las políticas fiscales; las regulaciones sobre las relaciones sociales, etc. En breves palabras, habría que considerar elementos endógenos y exógenos cuya importancia es tal, que se requiere de una serie de decisiones en donde el estado está obligado a considerar multitud de intereses y pugnas sociales que lo fuerzan a actuar más como un ente satisfaciente y no del todo optimizante.

Dadas estas condiciones, deben explicarse las formas de complementariedad que puedan realizar las empresas Públicas y el sector privado. Una de las modalidades de la intervención estatal corresponderá al sector de desarrollo social, el cual no debe ser relegado. En este sector, las formas de prestación de los servicios y satisfacción de bienes deberán pasar por la aceptación de que ni todo lo negativo corresponde al Estado, ni todo lo positivo es exclusivo del mercado.

Dado el gran dinamismo que vive y cuyos cambios nos exigen adaptarnos con gran rapidez a situaciones cambiantes, se debe contar con estudios que analicen la pertinencia de las intervenciones estatales juzgando con respecto a los fines con que fueron creadas las Empresas Públicas, de forma tal que podamos realizar los ajustes convenientes surgidos de evaluaciones de la sociedad, con respecto a las Empresas Públicas. A este respecto, se hace necesario distinguir a las empresas que prestan servicios con carácter eminentemente social de aquellas que presten bienes y servicios en el mercado, para lo cual habrá que contar con criterios de evaluación tales como costo-efectividad, balance social, etcétera

En última instancia, el reto para las Empresas Públicas es responder adecuadamente a una sociedad que reclama servicios cada vez más diferenciados, pero con calidad y eficiencia en su prestación. Un mal servicio público o un producto no satisfactorio provocará críticas y cuestionamientos inevitables por parte de la opinión pública.

Será necesario, de igual manera, que se tenga como criterio de actuación la imparcialidad, rompiendo con los criterios clientelas y aquellos que buscan beneficiar a sólo una clase o a un grupo de la sociedad, lo que trastocará y cuestionará a las empresas públicas En este sentido, habrá que fincar responsabilidades.

La democratización por último exigirá una mayor participación de los diferentes grupos y corrientes en los asuntos de gobierno. Si se cuenta con un criterio de igualdad, este proceso será beneficioso para el desarrollo de las empresas públicas, reforzadas éstas, naturalmente, por un cuerpo administrativo capaz y comprometido, cuya permanencia relativa permita paliar los cambios y aprovechar las políticas favorables al sector.

Finalmente, el debate acerca de si son los mecanismos del mercado o la intervención estatal los causantes de la crisis, nos llevaría a un plano de discusión en donde no contamos con evidencias plenamente satisfactorias. Por ello, si han de seguir existiendo las empresas públicas, deberán hacerlo con clarificación de objetivos y a través de los criterios antes expuestos.

La aceleración de los cambios y el aumento de la complejidad empiezan a dar un carácter a la década de los años noventa. Lo que ocurre en Europa marca el proceso actual, junto con la inestabilidad de Medio Oriente y África, el desarrollo de Asia y las nuevas formas de integración que se practican en América Latina y el Caribe, en donde Estados Unidos aparece con nuevas propuestas y hegemónica el proceso de regionalización que se estructura en el ámbito mundial. Todo esto nos muestra que caminamos a un nuevo orden planetario.

Esta nueva realidad, que nos hace ver el mundo como un todo, nos muestra que la Globalización, para su éxito, requiere de una transición pacífica, es decir, sin rompimientos de la paz mundial y con una nueva actitud de los países ricos con respecto a los pobres y a los de desarrollo medio, a fin de mantener los equilibrios en los territorios de los países que tienen cerca del 70% de la población mundial.

En este contexto, se tiene que analizar el proceso de privatizaciones que, con los sucesos revolucionarios de 1989 en Europa del Este, adquiere connotaciones nuevas y lo inserta dentro de las tendencias al cambio que ocurren en el mundo contemporáneo.

El proceso de privatizaciones, el cual se da a escala mundial, se puede definir como la tendencia política que reduce la intervención del Estado en la economía nacional mediante el traspaso de empresas e industrias de propiedad estatal al sector privado. La idea de privatización, para algunos autores, es la de devolver al sector privado las industrias, actividades, empresas y servicios que fueron en su tiempo expropiados, intervenidos y/o nacionalizados. Esta tendencia representa la idea de que hay una toma de conciencia de los pueblos con respecto al sector privado, de que éste es más responsable y eficiente en el manejo de unidades productivas y de servicios; en cambio, aquellas que maneja el Estado o gobierno no dan la atención adecuada y no satisfacen sus necesidades en forma oportuna y eficiente.

La idea que se utilizará en este artículo, con respecto al concepto de privatización, será la siguiente: "...es el acto de reducir el papel del gobierno en la administración y manejo de empresas, para aumentar la función del sector privado, en una actividad o en la propiedad de bienes." Además, se entiende que este proceso tiene dos consecuencias principales que afectan directamente el producto nacional:

• Transfiere activos financieros del sector privado al sector público; y
• Transfiere la propiedad (y probablemente el control) de las empresas del sector público al sector privado.

El efecto de transferencia de fondos es un problema que afecta a todos los gobiernos (qué destino dar y qué efecto producirá ello en las políticas estabilizadoras). Lógicamente, si los activos financieros recibidos del sector privado se destinan a la inversión productiva, tendrán un efecto positivo en el producto; y otro efecto si ellos se destinan al gasto social para atender las necesidades de los sectores de pobreza extrema. En fin, cada realidad nacional debe hacer este análisis y ver también cuál es el efecto de la privatización sobre la distribución del ingreso.

En la coyuntura actual, el proceso de privatizaciones adquiere nuevas connotaciones, derivadas de los cambios en los mecanismos de comercio internacional y los nuevos desafíos planteados por las grandes transformaciones en la URSS y en los países de Europa central y oriental, quienes de una economía centralmente planificada, pasan a otra, basada en los principios de una economía de libre mercado.

Por ello, con esta visión general, se hace una análisis de lo que ocurre en la realidad internacional con el proceso de privatizaciones, el cual se constituye en una tendencia global y es parte de los cambios que coadyuvan a la Globalización de la economía mundial.

c.1 Breve antecedentes históricos del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación fue creado mediante la Ley 37 de enero de 1961 como agencia estatal autónoma, para coordinar y expandir las instalaciones de energía eléctrica necesarias y para proveer el suministro de energía adecuado y confiable del país.

Desde su inicio y hasta mediados del año 1971, el IRHE brindaba el servicio a los usuarios concentrados en las provincias centrales, Panamá Occidente y en diversas poblaciones aisladas, se les suministraba electricidad en bloque a la Compañía Panameña de Fuerza y Luz.

Para ello se disponía de 54.0 MW de capacidad instalada, constituida básicamente de plantas térmicas, con un valor en libros de 22.9 millones de balboas. El resto de la población de las áreas urbanas estaban servidas por empresas privadas, las cuales contaban con 108.4 MW en plantas térmicas y prestaban el servicio a 120 mil 162 usuarios. La penetración de servicio eléctrico era únicamente de 41.2%.

Con la integración de la Fuerza y Luz en 1972, el IRHE adquiere la responsabilidad de más de 88.6% del servicio eléctrico del país, iniciándose un nuevo período en la historia de la industria eléctrica.

Cabe indicar que desde 1967 ya estaba brindado servicio a la comunidad, la hidroeléctrica la Yeguada con 6 MW y localizada en la Provincia de Veraguas.

Posteriormente en 1972, pasa a formar parte del sistema estatal, la Empresa Eléctrica de Chiriquí, en 1974 Santiago Eléctrica y en 1978 la Empresa Eléctrica La Chorrera. En la década del 70, el IRHE inicia un programa de expansión del sistema de generación, orientado al reemplazo de un sistema de generación básicamente térmico, hace otro con un alto componente hidráulico. El plan se inicia en 1976 con la entrada en operación de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz (Bayano), con 150 MW de capacidad instalada. En 1979 se inauguraron los Proyectos La Estrella y Los Valles de 90 MW y a fines de 1984 entró en operación la Hidroeléctrica Edwin Fábrega (Fortuna) con 300 MW.

En el año 1986, la capacidad total instalada de generación del IRHE sumaba 854 MW. Del total de la capacidad instalada, aproximadamente el 65.0% es hidroeléctrica y el restante 35.0% térmica. El parque térmico está localizado fundamentalmente en la Central 9 de Enero en Colón, San Francisco y la Subestación Panamá. Actualmente el sistema eléctrico cuenta con aproximadamente 853.6 Km. de líneas de transmisión, de los cuales 555.3 Km. corresponden a las líneas de 230 KV que interconecta el país. Además de tener 6,671.4 Km. de líneas de distribución, incluyendo el sistema de distribución del Plan Quinquenal de Electrificación Rural. A la fecha el sistema eléctrico del IRHE presta el servicio a más de 300 mil usuarios, de los cuales 88.2% son residenciales.

C.2. Datos Importantes del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.