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Teoría del Estado: Perú

Enviado por lsotomayor



  1. INTRODUCCION : hipótesis, alcances y objetivos

"The hiatus in democratic rule and the remergence, however brief, of de facto government make Perú unique in South America. But the forces that destroyed democracy in Peru are not unique to that country".

Stokes, S.

Elegir un objeto de estudio con el fin de aplicarle una colección de categorías de análisis implica un recorte a priori del marco de trabajo. Recorte decimos, puesto que en nuestro caso particular el campo de trabajo es un país, que entendemos como un proceso complejo de instituciones, agentes y relaciones sociales ; y las categorías que utilizaremos intentan dar cuenta de la dimensión política de esta constitución. El hecho, además, de que este país se inserte en el mapa Latinoamericano nos dispone frente a una serie ineludible de temáticas a revisar : la legitimidad, la legalidad, la representación, la crisis y reorganización del estado, entre otros.

Como perspectiva de entrada hemos demarcado tres elementos/procesos que consideramos relevantes en la recomposición del panorama político del caso peruano : el papel del Estado, el tipo de Régimen que en él se encarna, y el modelo de Ajuste económico que opera sobre el conjunto del campo social (en especial interacción con los anteriores elementos citados).

En este sentido las siguientes líneas tienen un claro objetivo : trazar un mapa de la situación política/económica/social del Perú hoy, a partir de un rastreo histórico y analítico de los principales ejes de estas tres esferas. Una vez conformado este mapa (con las claras deficiencias que posee un relevo cartográfico con respecto a la zona en sí), nuestro segundo punto de avance será establecer los pilares de una posible "lógica de funcionamiento" de esa realidad de la que pretendemos dar cuenta. Por último (y ya a nivel de las intenciones) deseamos poder trazar una serie de posibles líneas de desarrollo para dicha realidad. Finalmente, como planteamos en el avance, de los puntos anteriores intentaremos inferir cuál es el proceso -de reconstrucción democrática- que está atravesando Perú actualmente, cuáles son sus características fundamentales, cuáles son los papeles que asume (o delega) el Estado en este contexto y cuáles son las perspectivas de este modelo de funcionamiento político.

Pero para la construcción de estos objetivos generales nos basamos en un supuesto que iremos desarrollando a lo largo de esta investigación, de manera que adquiera el estatuto de hipótesis a validar en el momento de las conclusiones : lo que hace al caso peruano excepcional no es tanto el autogolpe de Fujimori de abril de 1992 (y el apoyo que consiguió de parte de la ciudadanía en un principio) sino el cruce específico, las coordenadas que adquieren en este proceso los tres elementos/procesos que mencionamos ; y la manera especial en que estos pondrán en funcionamiento una serie de relaciones con un "esquema común" a toda América Latina (inestabilidad económica, reconfiguración estatal, desintegración social, violencia política). Es más, suponemos que este cruce es específico del momento de desarrollo político/económico del continente (segunda transición democrática, agotamiento del modelo económico vigente) y necesario como respuesta interna del propio modelo de acumulación de los países pos industriales en relación a las economías del Tercer Mundo en el marco de la globalización. El caso peruano durante el gobierno de Fujimori, se presentaría como en ejemplo más llano y patente del reacomodamiento de las reglas de relación entre mercado y democracia ; proceso que se puede verificar con características similares en todos los países del Cono Sur, dentro de un esquema más respetuoso de los "marcos formales" de legalidad institucional, pero no exentos de las características de lo que O’Donnell define como zonas marrones.

En lo que respecta al caso específico peruano, si bien nuestro estudio comprende una etapa anterior al período inaugurado por Fujimori, nos concentraremos en su etapa de gobierno. Como el propio de presidente del Perú lo ha definido (coincidentemente con la mayoría de los analistas políticos del país) son tres los problemas que su gobierno se propuso enfrentar,

a) la situación económica,

  1. la pacificación nacional,
  2. la moralización.

En lo que respecta al ítem a), el objetivo de definió como "sanear" una economía desgastada que ingresó en un quiebre de la balanza de pagos y en un proceso inflacionario desmedido, mediante la reinserción del país en la economía mundial (mediante un ajuste estructural que permita el ingreso de capitales). En cuanto al punto b), el objetivo planteado fue lograr una derrota estratégica de los grupos subversivos (Sendero Luminoso, MRTA) tanto en el campo militar como político. El objetivo c) se presentó como una operación de depuración de los cuadros "corruptos e ineficientes" de todo el sistema administrativo del Estado (en los tres poderes). Tenemos entonces tres ejes : economía, política y violencia social. Si bien a los efectos analíticos en algunas oportunidades a lo largo de nuestro trabajo los podremos analizar en forma separada, nuestro segundo supuesto es que actúan de forma indiferenciable, y que la puesta en funcionamiento de cualquiera de ellos moviliza a los dos restantes ; por lo tanto la modificación de uno implica en cambio en los otros.

Aquí asentamos el segundo aspecto clave de nuestro trabajo. Sobre la base de la evolución (positiva o negativa) de la persecución de estos tres objetivos, a la luz de los tres conceptos claves (Estado, Régimen, Ajuste), ubicaremos el entramado social -relación entre intereses y agentes- en pugna por la delimitación de un marco de legalidad funcional y la construcción de un proceso de legitimidad en la toma de decisiones. Este binomio (legalidad/legitimidad) lo pensaremos, por un lado, dentro de la lógica del poder de acuerdo al siguiente criterio : es posible definir una construcción del ejercicio del poder (simbólico y material) que se ajuste a cierto horizonte de posibilidades delimitado por un marco jurídico-legal aceptado por el conjunto de la población, pero también es factible encontrar modelos en donde el poder construye su base de legitimación a raíz de un nuevo marco de legalidad ; y, por otro, en función de interpretar las relaciones que establece el binomio -y su posible conflicto interno- con respecto al "campo burocrático" como ordenador privilegiado de la relación entre todos los campos sociales.

El tercer y último punto que queremos precisar se relaciona con el producto de todos los procesos que mencionamos más arriba : el nuevo ordenamiento que observamos en los países de América del Sur ¿debe ser definido desde una aspecto negativo, es decir desde todas las cualidades que adolece con respecto al "arreglo clásico" de la democracia representativa ? ¿O entre sus mismas falencias se construyen aspectos positivos que le brindan cierto margen de estabilidad y previsibilidad ? Si la respuesta es sí, deberemos definir entonces cómo se caracteriza esta nueva forma de entender esta "zona de poder" dentro del aparato estatal.

  1. MARCO PRELIMINAR : acerca de las categorías, definiciones operacionales

Apuntamos en la introducción que a nuestro objeto de estudio lo atravesaríamos con una serie de categorías que vinimos trabajando a lo largo de la cursada. A su vez, hemos expuesto que nuestro análisis lo estructuraríamos a partir de tres elementos/procesos. El objetivo de este apartado es entonces definir estos conceptos y acotarlos a los desarrollos de nuestra investigación.

Una de las categorías más críticas para definir se nos presenta en relación a la noción de Estado. En principio podemos acordar una definición básica de este en torno a su estructura formal. Debemos pues entender al Estado como una forma particular de ordenamiento político/administrativo que surge en Europa a partir del siglo XIII y se va conformando hasta fines del XIX, relacionado principalmente con dos nociones :

- la de soberanía : el estado deberá reivindicar (y demostrar) que no existe ningún otro agente con capacidad de control sobre una población en cuestión.

- la de territorio : esta capacidad de control se aplica sobre un espacio determinado.

A los efectos de sostener esta relación entre soberanía y territorio el estado moderno se organiza como un sistema con determinadas funciones y prerrogativas : progresiva concentración de poder, progresiva impersonalidad del mando, institucionalización de los mecanismos de control y toma de decisiones, generación de una identidad nacional y la capacidad de externalizar su poder. Así llegamos a la definición clásica de Estado de Weber :

"...una asociación de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio".

En líneas generales sobre este ordenamiento formal no existen demasiadas discrepancias. Sin embargo a este acercamiento a las funciones que monopoliza el estado debemos sumarle otro aspecto fundamental señalado por Bourdieu : "el Estado es una X (a determinar) que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física y simbólica". Al agregar esta dimensión comenzamos a ingresar al campo del desarrollo (aplicación) de estas funciones, o dicho de otra manera se nos plantea el problema de definir la forma en que el Estado se relacionará con el resto del campo social. En este sentido ¿cómo entendemos esta interrelación ? Distinguiremos esquemáticamente dos formas de pensar la capacidad de autojustificación y operatividad del aparato estatal. Una línea trabaja sobre la hipótesis del Estado como arena o espacio donde se dirimen los conflictos de clase. Pensado así, este es un espacio que puede ser disputado y finalmente ganado por intereses que responden a génesis contradictorias, siendo la clase vencedora la que subyugue a la vencida. La otra vertiente que presentaremos es la que considera al Estado con cierta capacidad de autonomía relativa. Bajo esta concepción -en la cual nos basaremos- el Estado como institución adquiere funciones que lo ubican en un lugar de cruces de intereses (contradictorios) pero, ya que además es actor con intereses propios también puede tomar decisiones que lo ubiquen por fuera de los intereses particulares de una clase o sector social único. Más que de espacio, este adquiere la forma de trama en la cual las diferentes construcciones responden a ciertos tipos de mecanismos de disputa/concertación previamente definidos. A manera de introducción, seguiremos la explicación planteada por Bourdieu según la cual, la construcción del Estado va de la mano de la constitución del campo de poder "entendido como el espacio de juego en el interior del cual los detentores de capital (de diferentes especies) luchan especialmente por el poder del Estado". Obtendríamos así la siguiente configuración : un macro campo social constituido por subcampos detentores de cierta cantidad de capital -fuerza física, simbólico, económico, informacional- que se relacionan entre sí confrontándose o aliándose (procesos que se verifican también en el interior de cada campo particular en relación a los agentes que lo componen). Dentro de campo podemos precisar una "zona de poder" que hace las veces de elemento organizador de las relaciones del campo hacia adentro y hacia afuera. En la órbita estatal, esta zona de poder se identifica con el campo burocrático, cuya función es mantener la unidad formal y constituir los mecanismos de estabilización de los conflictos entre los diferentes campos y la lucha por la concentración de los diferentes capitales.

Ahora bien, si definimos a la trama/estado como proceso de intereses de diversos sectores de la sociedad y propios de la élite estatal podemos suponer que su funcionamiento existirán una serie de lógicas de conflicto. Uno de ellas es la planteada por Habermas, "todas las sociedades de clases, puesto que su reproducción se basa en la apropiación privilegiada de la riqueza producida por la sociedad, tienen que resolver el siguiente problema : distribuir el producto social de manera desigual y sin embargo legítima". Entonces ¿Cómo se logra esta unidad formal y estos procesos de estabilización ? O mejor dicho ¿por qué las aciones del aparato estatal tendientes a lograr estos objetivos resultan operativas ? Seguimos el planteo de nuestro autor : "lo solucionan mediante la coacción estructural, por medio del hecho de que las oportunidades legítimas de satisfacción de las necesidades se encuentran fijadas en un sistema de normas respetado". Introducimos así otras dos categorías esenciales para nuestro estudio : legalidad y legitimidad. Legalidad entendida como un ordenamiento jurídico formal que actúa a la manera de marco de posibilidades aceptada para el desarrollo del ordenamiento funcional de una sociedad y legitimidad considerada como una serie de procesos de reaseguro y validación de las normas surgidas del marco legal. Rápidamente podemos definir que la legalidad se refiere al título del poder y la legitimidad al ejercicio del mismo. De esta forma podemos hablar de poder legítimo o de hecho, o definir una estructura como de poder legal o arbitrario. De todas formas esto poco nos dice acerca del motivo de que en una sociedad dada en un momento determinado el poder sea de una u otra forma. Para poder procesar este aspecto de nuestra temática debemos sumar una serie de factores condicionantes. Primero los elementos preexistentes como condiciones estructurales del país, territorio, recursos y cultura. Segundo considerar que, de la manera en que hemos definido Estado, las relaciones y acciones de los agentes/grupos se desarrollarán dentro del marco de incentivos y prohibiciones de cada campo en particular, y de las instituciones que lo compongan.

En función de enlazar las categorías de Estado, legalidad, legitimidad e institución debemos presentar nuestro segundo concepto crítico referente a la noción de Régimen. Tomaremos la definición propuesta por O’Donnell : "...el conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las características de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso y los recursos y estrategias que puedan emplear para ganar tal acceso". Para describir esta serie de recursos y estrategias (y los actores que las utilizan) debemos realizar en cada caso una serie de preguntas a la forma que adquiere el sistema político. En la democracia de compromiso (caso que nos ocupa) podemos relevar el siguiente cuadro de situación :

  • ¿Cómo se eligen y cambian los dirigentes ? Existen competencias para los cargos públicos elevados mediante elecciones libres y abiertas.
  • ¿Quién define los problemas ? La élite política disfruta de ventajas categóricas en su definición y en la programación de alternativas aunque los ciudadanos actuando generalmente de manera indirecta poseen importantes prerrogativas.
  • ¿Cuál es el margen de crítica tolerable ? En general es muy grande, aplicándose leyes de regulación de prensa o censura sólo en situaciones de emergencia.
  • ¿Cómo obtienen los ciudadanos la información política vital ? A través de un sistema de flujos entre las distintas ramas del gobierno, los sectores de información y las instituciones informativas.

Nuevamente hemos expuesto una definición esquemática, consensuada de régimen democrático. Pero debemos señalar que la categoría de Régimen con la que nos interesa trabajar no solamente debe ajustarse a la descripción de una serie de rasgos generales, sino también volver sobre su proceso de puesta en práctica. De esta forma nuestro esquema se aproxima casi punto por punto a la definición de poliarquía propuesta por Dahl : autoridades públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio universal, libertad de expresión, libertad de asociación. Debemos entonces considerar que en realidad, esta serie de caracteres básicos no impide que nos hallemos en presencia de un régimen que combine elementos democráticos y autoritarios. Podemos señalar aquí un primer cruce entre nuestras nociones de Estado y de Régimen. Siguiendo el razonamiento de O’Donnell el Estado abarca tres dimensiones : la del estado como conjunto de burocracias, la legal y la ideológica. En la actualidad estas, para el caso Latinoamericano en general, estarían en crisis ; entendiendo esta como una muy baja presencia del Estado a nivel territorial (en extensión), una ineficaz aplicación del marco legal efectivo, logrando una escasa cohesión de los diferentes estratos de la nación a un "proyecto común" . A los países que encuadran en estas falencias O’Donnell los denominará "zonas marrones". La relación entre Régimen y crisis de Estado resulta entonces más que significativa. Tanto es así que nuestro autor duda de que un régimen democrático pueda establecerse dentro de un campo de tanta heterogeneidad. ¿Ante que tipo de régimen nos encontramos ? O’Donnell lo definirá como democracias delegativas (D.D.): "no ajenas a la tradición democráticas, pero sí a la liberal", su punto de apoyo es el del carácter mayoritario de la representación, "consiste en producir, por medio de elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a convertirse, por un cierto número de años, en la exclusiva corporización e intérprete de los más altos intereses de la nación". Así, gracias a una normativa formalmente democrática, se rescatan tradiciones fuertemente autoritarias : la nación como unidad orgánica ausente de discensos, con un objetivo de desarrollo emplazado en la figura de un caudillo líder, que liga sus dones carismáticos a la posesión del saber/poder, y que ejerce su dominio gracias a prácticas como el clientelismo, la prebenda o el particularismo. Estas democracias de nuevo signo adolecen de dos características básicas de las democracias representativas. Primero, carecen de casi cualquier forma de accountability (compromiso) horizontal, entendido como la distinción entre el intereses público y privado, logrado gracias a una serie de controles y regulaciones entre las diferentes agencias estatales entre sí, y de estas con respecto a asociaciones civiles. Las democracias delegativas (en el marco de la crisis del Estado) se insertan en estructuras estatales erosionadas donde esta retirada de "lo público", como espacio de concertación de intereses dispares a través de la vida política, acarrea una serie de "líneas de inestabilidad" (que se verifican especialmente en el plano económico) : uno de los ejemplos más concretos es la pérdida de la distancia entre regulador y regulado en el tema de las privatizaciones de servicios públicos. Segundo, registran una ausencia de institucionalización, entendidas a las instituciones como "pautas regularizadas de interacción que son conocidas, practicadas y regularmente aceptadas (aunque no necesariamente aprobadas normativamente) por agentes sociales que mantienen la expectativa de seguir actuando conforme a reglas y normas -formales e informales- que rigen esas pautas". De la descripción del sistema institucional propuesta por O’Donnell focalizamos en dos aspectos : las instituciones tienden a agregar y estabilizar la agregación de los niveles de acción y organización de los agentes que interactúan con ellas, es decir que el conocimiento de las reglas que establecen estas es utilizado por los agentes en función de estimar los resultados de sus acciones a futuro ; y las instituciones inducen pautas de representación es decir, permiten la transformación de muchas voces en unas pocas capaces de hablar en nombre los que dicen representar. La falta de instituciones representativas estabilizadas en las democracias delegativas nos remite al plano de la movilidad, participación y toma de decisión de los agentes en relación a los diferentes campos, generando en este caso una ciudadanía de "baja intensidad". O como señala Flores D’Arcadis esta situación "embarga" la praxis política tanto como la cultura y desemboca -una vez que el ciudadano siente el menosprecio- en un doble juego de erosión de lo político, "el ‘ciudadano’ (cada vez más entre comillas) oscilará entre la apatía (...) y la rabia contra los políticos" ; y de reducción de lo político de la participación a la política y de la política al sufragio. En este aspecto es donde la dimensión simbólica del Estado vuelve adquirir un valor fundamental. Según lo definido acerca de las D.D., pareciese que sus mecanismos de funcionamiento sólo apuntasen a una desagregación progresiva de la esfera de lo social. Sin embargo el Estado, al ubicarse como un actor privilegiado en la generación de sentido (y en la circulación de discurso), posee una serie de herramientas que le permiten generar movimientos centrípetos y de consolidación (al margen de la dispersión que pueda ocasionar en el sistema su propio funcionamiento). Como apunta Bourdieu :

"la sumisión al orden establecido es el producto del acuerdo entre las estructuras cognitivas que la historia colectiva (filogénesis) e individual (ontogénesis) ha inscripto en los cuerpos y las estructuras objetivas del mundo al cual se aplican : la evidencia de las injerencias del Estado se impone tan poderosamente porque ha impuesto las estructuras cognitivas según las cuales es percibido"

Estructuras cognitivas estructuradas (principalmente gracias al aparato escolar) que se transforman en estructurantes (mediante la socialización diaria del individuo). Este habitus que es producto de condicionamientos sociales ubica a los agentes, aún en momentos de crisis -al menos que sea orgánica-, dentro de una gama posible de acciones susceptibles de ser ejercidas o recibidas, que se corresponden a un conjunto sistemático de bienes y propiedades simbólicas y materiales, que permite que el aparato Estatal "reprocese" ciertos desvíos o que le imprima a una situación anómala un significado nuevo dentro de los límites tolerables para el sistema.

Habiendo definido nuestras dos primeras categorías y sus relaciones, es momento de introducir nuestro tercer concepto crítico, relacionado con la noción de Ajuste. Si bien no coincidimos con las conclusiones a las que arriban Haggard y Kaufman sobre los resultados de la aplicación de las políticas de ajuste económico en América Latina, concordamos en su definición :

"utilizaremos el término ‘ajuste estructural’ para referirnos a los paquetes de políticas ‘ortodoxas’ que incluyen la estabilización macroeconómica, con énfasis en la política monetaria y fiscal, en la liberalización de los mercados de bienes y capital mediante la desregulación y reducción de barreras y controles externos y en la privatización del sector de empresas estatales [de servicios públicos]".

Evidentemente este categoría no puede ser trabajada por separado de nuestra caracterización de Estado y Régimen. En principio debido a que los planes de ajuste son inseparables de la movilización de toda una serie de operaciones por parte de las agencias estatales, ya que la mayoría de las reformas orientadas al desarrollo del mercado deben procesarse por medio las capacidades administrativas estatales (leyes, regulaciones, normas). Y en última instancia ya que "ninguna reforma puede ser introducida sin algún grado de autonomía en relación a las presiones de los grupos que viven de las ganancias financieras [y] tampoco ninguna reforma puede tener éxito a no ser que ella apele a -o bien cree- una nueva coalición de beneficiarios". El problema es que en Latinoamérica la formación de esta coalición para la conversión hacia el neoliberalismo ha sido más que problemática. La primera etapa de este giro hacia el modelo liberal se ubica en la bisagra del pasaje entre la última etapa de las dictaduras militares y la transición democrática en la década del ’80. La vuelta a la ortodoxia capitalista surge entonces de la mano de un proyecto autoritario que introducía la noción de apertura económica a la vez que actuaba como Estado gendarme, y que no pudo (no quiso) generar un consenso o legitimación en torno a este proyecto. Una vez en democracia, el ajuste adquirió carácter de urgencia debido al agotamiento del modelo de "Estado Keynesiano" que mantenían (cuando menos en líneas generales) la mayoría de los países del Cono Sur. Este agotamiento tuvo sus raíces principalmente en dos causas. La primera -interna- fue un trabajo sistemático de endeudamiento y vaciamiento de las empresas estatales y la segunda -externa- fue un reacomodo de la economía mundial en función de un mercado globalizado. El inconveniente fue que la reconversión se dio en medio de una situación de crisis económica cuyos principales síntomas de eran la inestabilidad financiera y la hiperinflación, que prácticamente acabaron con el aparato productivo y el mercado interno. Además, en períodos prolongados o agudos de crisis se produce una suerte de espiral de desconfianza en los operadores económicos que refuerza los efectos del colapso. En estas circunstancias, como plantea O’Donnell es lógico que los agentes actúen en niveles muy desagregados, con horizontes temporales extremadamente cortos y seguros de que los demás harán lo mismo. Los resultados de estas acciones repercuten no sólo en los movimientos individuales sino también en la manera en que el Estado se relaciona con estos agentes, "la corrupción es mayor que antes, segundo la misma crisis produce una enorme fragmentación del aparato estatal o, lo que es equivalente, una brusca disminución de su autonomía". Las recetas que se aplicaron en función de detener la espiral inflacionaria y reestructurar el mercado se organizaron en "paquetes", que generalmente apuntaron a producir "shocks" en el sistema económico, para posibilitar el reposicionamiento de aquellos sectores estratégicos que debían aportar los capitales para la consolidación del nuevo modelo.

El error, en medio de la tormenta, fue pensar que el Estado eficiente (que reclamaban los creadores de los paquetes) era sinónimo de Estado chico. En realidad la más de las veces lo que se hizo fue desmantelar la estructura del aparato estatal sin más criterio que el recorte presupuestario en función de lograr cerrar la balanza fiscal, encubierto bajo el rótulo de reestructuración y desregulación (que no es otra cosa que regular por omisión). Según el planteo de Evans,

"El agudo contraste entre el carácter burocrático, patrimonialista, del estado predatorio y la índole más weberiana de los estados desarrollistas debería hacer reflexionar a quienes atribuyen la ineficacia de los Estados del Tercer Mundo a su naturaleza burocrática. La falta de una auténtica burocracia estaría más cerca de construir el diagnóstico correcto".

La deconstrucción del Estado en tanto burocracia conlleva también a la destrucción "del estado en tanto ley y su legitimación ideológica". Y es en esta cadena de discontinuidades que encontramos la articulación problemática entre Ajuste, Régimen y Estado de la que hablamos en la introducción y que nos servirá de entrada al análisis del Caso Perú.

  1. CUADRO DE REFERENCIA : ¿por qué Perú ?

"Perú necesita de un emperador que lo gobierne durante diez años, para reorganizarlo. De todas formas, yo no quiero ser ese emperador."

Declaraciones de Fujimori al diario "El Peruano", diciembre de 1991

El país (y el período histórico) que hemos escogido para este trabajo posee una serie de características comunes a todos los demás países de América latina : ha salido de una dictadura militar en la década del ’80, se encuentra en un proceso de reconstrucción democrática, inició un plan de reconversión económica de corte liberal. A su vez comparte rasgos específicos con algunos países de la zona, como la existencia de grupos guerrilleros de considerable capacidad operativa y una inserción (aunque no demasiada profunda) de grupos de narcotraficantes con un ascendente que se refleja en la vida política económica del país. Por último, Perú ha experimentado hechos únicos en la vida política de esta década en Latinoamérica : la guerra con el Ecuador durante el ’95 por la frontera en la cordillera del Cóndor y el autogolpe de Estado perpetuado por el presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. El objetivo de este apartado es dar mínima cuenta del desarrollo de esta cadena de recurrencias y particularidades que nos permita ya en el siguiente capítulo, una entrada más profunda a las causas y consecuencias de estos hechos desde nuestro marco analítico.

La primera característica ha tener en cuenta es que el Perú aparece en América latina como uno de los países que más se ha transformado en el pasado reciente. "Tómese como referencia los primeros años del la década de 1960, cuando el país parecía prestarse con una docilidad a prueba de guerrillas al manejo oligárquico (...) o tómese como punto de comparación 1940, cuando dos tercios de la población era rural, proporción que respecto a los habitantes de la ciudad se invertiría en sólo 40 años" . Estos cambios actuaron sobre todos los estratos y sectores : una economía dinámica, que había organizado un juego de postas entre el caucho, el guano, el petróleo, el cobre y el algodón, se desplomaba a principios de los ochenta ; una gestión política "sin sobresaltos" se veía jaqueada por la subversión y atenazada por el narcotráfico ; una organización social estática se sacudía por una nueva identidad cobriza que comienza a invadir espacios y desacreditar normas. La mayoría de los autores consultados coinciden en que un hito fundamental en este proceso de cambios fue el gobierno militar de Juan Velasco : "la reformas agraria, de la empresa y educativa aceleraron el proceso de transformación social que se venía desplegando desde el decenio de los cincuenta con la crisis del Estado Oligárquico". Es claro que estamos ante una suerte de modernización del Perú. Decimos suerte, ya que parece no haberse ajustado a los modelos clásicos de desarrollo (o al menos a sus resultados). No ha sido una modernización que haya cerrado la brecha a través de sucesivas etapas entre el subdesarrollo y el modelo desarrollado (a lo Germani) ; ni tampoco un proceso con eje en la industrialización y la capacidad del Estado como motor de un movimiento de creciente autonomía para la nación (a lo Cepal). Más bien se ha producido un alejamiento de la sociedad tradicional a partir de ciertos lineamientos modernizantes -escuela, promoción industrial, políticas nacionales de comunicación-, de los que resultan una serie de inestabilidades que se plasman en una crisis profunda, que durante la década del ‘80 se manifiesta principalmente en la hiperinflación y en la violencia terrorista. No existe una coincidencia en las explicaciones del por qué de esta "modernización truncada" entre los diversos analistas socio políticos del Perú. En lo que si concuerdan es en la aparición de una galería de nuevos actores sociales que modifican de plano el panorama social del país y que ponen en cuestión las viejas formas de representación del poder político : asociaciones vecinales, comités Vaso de Leche, microemprendimientos empresariales -"informales"-, rondas campesinas, comités de autodefensa, asociaciones juveniles, comunidades autogestionadas. El resultado aparente de esta aparición en escena de nuevos actores es un cambio en la percepción e interpretación de las relaciones entre los agentes y la esfera pública.

De esta manera nos encontramos en el año 1980, con un nuevo mapa que cristaliza políticamente en un sistema tripartidario, de esta forma : la derecha, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (AP y PPC) gana las elecciones presidenciales en 1980, con una mayoría en la legislatura entre el ‘80-85 y varias de las elecciones locales para alcaldes e intendentes del mismo período. El centro, APRA vence en las elecciones presidenciales del ’85 y controla la legislatura durante su gobierno así como varias gobernaciones locales. La izquierda se acomoda como segunda fuerza en la legislatura durante el período 1985-90 y gana varias elecciones locales, entre ellas la intendencia de Lima durante 1983-86. Al margen de este esquema de equilibrio de fuerzas partidarias, el decenio 1980-1990 comienza a mostrar las fragilidades del sistema político peruano para imprimir un rumbo específico al país. La primera de ellas es de orden interno al sistema político : los partidos tradicionales no poseen una inserción profunda en la vida social del país, siendo percibidos por la sociedad civil como electoralistas y nacidos en momentos de crisis, por ende cortoplacistas. La segunda también refiere al ordenamiento político : la constitución de 1979 le había otorgado poderes extraordinarios al Ejecutivo, mediante la posibilidad de generar leyes por decreto en una amplia gama de temas. La exacerbación del poder del Ejecutivo, y la consiguiente reducción de la función legislativa, aportó a la debilidad de los partidos políticos como estructura, elevando solamente la figura de su líder. Las otras dos causas son de orden externo al sistema. La primera es la existencia de grupos guerrilleros, especialmente la de Sendero Luminoso que no pudo ser controlado ni por el gobierno de Belaúnde, ni durante la presidencia de García. A modo de ejemplo -volveremos sobre esto-, el costo en vidas humanas de la guerrilla y las prácticas de contrainsurgencia llevadas adelante por el ejército para el período que nos ocupa fueron de 25.000 vidas, 5.000 desaparecidos, más de 100 fusilamientos extrajudiciales y alrededor de 8.000 desplazados. Los puntos más críticos del avance de Sendero los podemos encontrar durante 1989, con 2802 atentados realizados ; y durante 1990 con 3654 víctimas cobradas. El otro factor externo lo podemos localizar el la zona del Valle de Alto Hullaga, donde se concentra la mayor cantidad de producción de hoja de coca y que sirve como base de operaciones del narcotráfico.

Debido a la debilidad institucional que hemos apuntado, y a la incapacidad del arquitecto Fernando Belaúnde y el doctor Alan García de controlar la violencia política y darle una solución a la creciente crisis económica, las fuerzas armadas del país comenzaron a cobrar una importancia cada vez mayor en la vida política y social de Perú, a la vez que las instituciones democráticas y republicanas caían en un profundo desprestigio. Esta situación tal vez explique el vertiginoso ascenso de la propuesta "independiente" de un ignoto personaje como Alberto Fujimori. De hecho hasta veinte días antes de las elecciones presidenciales de 1990 el candidato indiscutido era el del FREDEMO, el escritor Mario Vargas Llosa, que apuntaba su campaña a una revolución neoliberal : inmediato ajuste de precios, eliminación de subsidios, privatización de servicios y reducción de empleados públicos. Fujimori, como candidato del nuevo partido Cambio90 aparecía como segundo en las encuestas a más de un 15% de distancia. El "independiente" hizo campaña sobre los mismo ejes que Vargas Llosa (economía y pacificación) pero con una propuesta más moderada : contra el paquete shock de su adversario proponía un ajuste de precios progresivos, una reducción parcial del aparato estatal, y una apoyo a las microindustrias, factor clave para el desarrollo económico. Estas medidas eran apoyadas por el sector evangelista de la sociedad civil, representantes del sector informal de la economía y por la comunidad japonesa del país.

La estrategia funcionó : en la primera vuelta, realizada el 8 de abril, el FREDEMO obtiene el 27,3 % de los votos mientras que CAMBIO90 se alzaba con el 24,6 %. Esto obligó a una segunda vuelta (contemplada en la constitución de 1979) en la que la victoria del Fujimori fue contundente : 56,5 % contra un 33,9%.

Inmediatamente el presidente electo comenzó a recibir presiones domésticas e internacionales para que abandone el modelo de estado neo-keynesiano que había levantado durante la campaña. Dos tempranos viajes a Estados Unidos y Japón en junio de 1990, y el rápido alineamiento con la misión del Fondo Monetario que llegaba a su país durante julio marcaron el nuevo rumbo.

"During the first eighteen months, the following structural reforms were implemented : exchange rate unification and liberalization, reduction and simplification of tariffs on imports, elimination of tariffs on exports, capital market liberalization, reduction of employees in government ministries and state-owned enterprises, eliminations of job security laws, and liberalization of labor relations"

A este viraje en sus medidas le siguió un cambio sustancial en las fuerzas que lo acompañaban. De un inicial gabinete multipartidario que reflejaba el apoyo del APRA y la Izquierda Unida en la segunda vuelta, se pasó a una rápida sucesión de gabinetes conformados por independientes de derecha y tecnócratas. Astuto, Fujimori fue tejiendo relaciones con el sector que más poder había acumulado en los últimos años : el Ejército. La alianza con el líder encubierto del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) Vladimiro Montesinos cerró el círculo.

Luego le siguió una larga campaña de agravios contra las instituciones fundamentales del país. La primera recayó sobre la legislatura. Se dio el caso único en la vida democrática del Perú de que el presidente electo no contase con mayoría propia en la legislatura debido a que la composición de las cámaras se decidió durante la primera vuelta. Sobre a quién respondían los legisladores existen opiniones encontradas, lo cierto es que no ofrecieron grandes resistencias a los mandatos de Fujimori (los presidentes de ambas cámaras salieron del riñón de Cambio90). La segunda campaña de agresión tuvo su blanco en el Poder Judicial, altamente desprestigiado ante la sociedad civil. Ambas campañas tuvieron el mismo eje : la inutilidad de estas instituciones para resolver los problemas básicos del país.

Inmediatamente después tuvo lugar el golpe de estado del 5 de abril de 1992, luego de un conflicto entre el Congreso y el presidente por los alcances del poder del Ejecutivo en materia de lucha contra el terrorismo y medidas económicas. En noviembre de 1991 gracias a la ley 25.327 que delegaba poderes del Parlamento al Ejecutivo, Fujimori lanzó un paquete de 126 decretos/leyes que limitaban la libertad de prensa, sumían en estado de emergencia a casi el 80 % del territorio nacional y extendían los poderes militares en la áreas críticas (libre acceso a universidades, ocultamiento de identidad durante el servicio, transferencia de causas de violaciones de derechos humanos al fuero militar), que dieron como resultado en palabras del General Cisneros Vizquerra "una militarización de la sociedad civil mientras se politizaban las fuerzas armadas". La implementación de estos decretos quiso ser detenida por el Congreso mediante la objeción del Consejo de Ministros que formó el presidente. La salida al choque de poderes elegida por el presidente fue la que venía tramando con los mando militares : el autogolpe. Al instante, y en nombre de un "gobierno de emergencia para la reconstrucción nacional" fue disuelto el Congreso, se arrestó domiciliariamente a referentes partidarios y periodistas, se apresó algunos miembros de la administración de García, se interrumpieron las funciones judiciales (poniéndose en disponibilidad a 135 magistrados) y se censuraron los principales medios de comunicación. El golpe fue de todas maneras avalado por los mandos militares, el sector medio de la economía y el conjunto de la sociedad civil -al día siguiente del mismo el nivel de popularidad del presidente era del 80 %- . Estos elementos paralizaron el frente interno -partidos de oposición- dándole más capacidad de maniobra a la jugada del presidente. La reacción más dura se originó en la opinión pública internacional : "la reacción al golpe fue principista y democrática, con las serias advertencias de la administración estadounidense y la suspensión de su cooperación, o el rompimiento de la relaciones diplomáticas por Venezuela y Panamá, como la colectiva suspensión de la cooperación por la Comunidad Económica Europea, así como la reacción colectiva de la Organización de Estados Americanos que condena el golpe, amenaza con sanciones y envía una comisión de observación y negociación al país". Por su parte, tanto el BID como el FMI envían ambiguas señales hacia la administración golpista. Sin el mismo aire político, Fujimori acuerda un plan de retorno a la democracia compuesto por tres etapas : las elecciones de noviembre de 1992 para delegados del Congreso Constituyente (que formarán el CCD encargado de la redacción de la nueva Constitución) ; las elecciones municipales de junio del ’93 y la votación del referéndum constitucional.

De la aventura del régimen de facto, Fujimori llevará para su molino una serie de artículos constitucionales modificados a su medida:

- Artículo 134, que permite al presidente disolver el Congreso : "El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".

- Artículo 137, que permite declarar estado de excepción : "El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él (...) los estados de excepción que en este artículo se contemplan :

  1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o el orden interno. En esta eventualidad pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y las seguridades personales.
  2. Estado de sitio, en caso de guerra exterior, invasión o guerra civil".

- Artículo 118, que deja en manos del presidente la promoción de los cargos militares sin intervención del Congreso : "Corresponde al Presidente de la República presidir el Sistema de Defensa Nacional ; organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional".

- Artículo 112, que permite la reelección presidencial : "El mandato presidencial es de cinco años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional".

- Artículo 140, que introduce la pena de muerte : "La pena de muerte sólo puede aplicarse por delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo".

- Artículo 28, que modifica las pautas de legislación en el sector de seguridad social y permite su posterior eliminación.

De esta manera Fujimori queda en condición de gobernar con un marco jurídico más autoritario en lo político y más liberal en lo económico del que poseían sus predecesores. La mano de cal producto del autogolpe fue una sensible disminución en el apoyo recibido por parte de la ciudadanía : el referéndum constitucional arrojó un 52 % por el Sí (aprobación de la constitución) y un 48 % por el No. Una sociedad fraccionada en dos partes casi iguales, en el momento en que el gobierno parecía estar dando claras señales de haber acabado con Sendero Luminoso y haber encaminado el desarrollo económico.

  1. CAMPOS : construyendo el objeto, casos testigos

Nadie hubiera podido acusar a Rosie Ruiz de ser una caída del plato. Su plan de carrera resultó diferente al de los corredores tradicionales, pero no se puede negar su eficacia. Mientras los otros sudaban las agonías aeróbicas de la larga ruta, Rosie Ruiz se metió a la pista en un sector vacío cercano a la meta, y emprendió a tranco vigoroso su carrera a la victoria. La investigación duró algunos días, durante los cuales Rosie Ruiz vivió el exaltado status de triunfadora y atleta superdotada. En el estado de Illinois, un grupo de aficionados impresionados por la corredora, instauró la maratón Rosie Ruiz. Las reglas, como podía esperarse, resultaron flexibles : todos o casi todos, partían iguales, pero cada cual llegaba desde donde podía y quería. Lo importante era cruzar la meta. En el Perú, el equivalente político de Rosie Ruiz, Alberto Fujimori, se prepara para ganar las elecciones generales del próximo año.

Transcribimos esta introducción con ánimos de reflejar la situación política del Perú dos años después del autogolpe, tal como la sentían ese 48% que había votado por el No en el referéndum. Es verdad que desde el inicio del "fujimorato" muchos cambios acontecieron en la vida política del país y, si nos remitiésemos a las problemáticas que el gobierno se había planteado resolver (la administración del Estado -moralización- , la reforma económica y el control de la subversión) es posible plantear que al menos dos de ellas habían sido llevadas a "buen puerto". Pero ¿a costa de qué ? O dicho de otra manera ¿gracias a qué medios ?

En nuestro marco teórico planteábamos la importancia de pensar la relación entre legitimidad y legalidad en la construcción de las prácticas de poder. Ahora nos vemos en la necesidad de agregar a este binomio la categoría de eficacia que parece arrojar nueva luz a la relación. Paradoja sutil en Perú, Fujimori gobernó hasta el golpe con un apoyo casi total de la sociedad civil mientras transigía sistemáticamente todo el ordenamiento jurídico vigente para esa misma sociedad ; pero después del golpe y una vez que la reglas del juego se ordenaron según su parecer, la sociedad no le respondió de la misma manera. En líneas generales, podemos afirmar que Fujimori pudo gobernar durante este primer período que va desde su elección hasta el golpe, por fuera (o por encima) del marco legal vigente, mientras que luego del golpe pudo crear una serie de nuevas condiciones legales (¿legítimas ?) de gobierno. Cosecho una derrota política, aunque ganó formalmente.

Un segundo momento abarca desde el autogolpe hasta la finalización del proceso de redemocratización. Es cierto que las condiciones para el desarrollo de la vida política e institucional del Perú no son las mismas en el momento del coup d’etat que luego de fines del ’93. A manera de ejemplo : la constitución fue sometida a referéndum, el CCD adquirió funciones legislativas conforme a la división de poderes, el Poder Judicial salió de la situación de mantener el gran porcentaje de sus magistrados en condición provisional (ya que la mayoría de los jueces fueron vueltos a nombrar por el Tribunal de Honor), la oposición volvió a actuar de manera libre y muchas veces frontalmente contra el gobierno. Entonces luego del golpe ¿Perú volvió a un Régimen democrático, representativo y republicano ? ; ¿el Estado perdió su cariz autoritario y el Ajuste se realizó por acuerdo de fuerzas ? Difícil responder que sí. Sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de reinstauración institucional (y sus reglas) fue producto de una imposición.

El tercer período se inicia con el conflicto en puertas con el Ecuador y una nueva victoria en las urnas, esta vez frente a Peréz de Cuellar. Este nuevo voto de confianza ¿no inaugura una etapa de legalidad/legitimidad indiscutida ? Quizá sea esta la pregunta más ríspida de contestar. En principio, la respuesta debería ser afirmativa. Pero veremos en nuestra exposición que el uso de la autoridad delegada en esta elección tampoco se ajusta a las normas que el propio presidente forjó, creando una nueva crisis de representación.

Intentaremos ahora dar cuenta de estos tres períodos tomando una serie de ejemplos concretos.

a) El referéndum constitucional : lo primero a tener en cuenta con respecto a este caso es que la reforma de la Constitución fue la salida política que encontró el Régimen ante la presión de la comunidad internacional. En verdad la modificación de la Carta Magna por medio de un Congreso Constituyente, y su convalidación por medio de una consulta popular fue producto de la ingeniería política del entorno presidencial. El proyecto de país que impulsaba Fujimori se veía aprisionado por dos elementos,

- el primero es producto del propio camino del presidente : "Fujimori, como fenómeno electoral emergente que llega al poder sin pactos ni acuerdos políticos, cuenta con la autonomía suficiente para gobernar sin tener que comparte la administración del Estado con ningún otro partido o frente político, lo cual es su ventaja de poder, pero como carece de una aparato partidario orgánico que lo provea de los cuadros necesarios para dirigir la administración pública, y como tampoco cuenta con funcionarios profesionales en la dirección de la burocracia estatal, esta situación se convierte en una grave desventaja para su gestión pública (...) para subsanar lo anterior, el Presidente ha tenido que cooptar a individuos que sólo responden a la lealtad personal". De esta forma para llevar adelante la reforma político administrativa del Estado necesitaba de una serie de funciones extraordinarias y de un poder de decisión sin contrapesos. Como mencionamos, el Congreso quiso asumir ese papel de control, lo que terminó provocando la crisis de poderes que desembocó en el golpe, primera parte de la estrategia,

- el segundo obstáculo es producto del desarrollo político del país. La reforma económica necesitaba de una serie de herramientas legales que al Constitución de 1979 vedaba. La segunda parte de la estrategia fue entonces modificar estos puntos.

Como decíamos, en realidad no era necesario contar con un nuevo texto y ratificarlo por referéndum, bastaba con efectuar las reformas parciales a la Carta del ’79 de acuerdo con los mismos mecanismos que esta establece. De ahí que podemos sostener que la intención fue política más que jurídica, y que la alternativa fue impuesta más que propuesta. De todas maneras, ante el hecho consumado ¿qué características debió adquirir este proceso para entenderlo como legítimo ?

Podemos pensar en al menos tres : una referida al nivel fáctico, al de las realidades, en la que entendemos que un referéndum es valioso cuando es consentido. En este aspecto la falta de un "clima constituyente" y el escaso margen por el cual ganó el Sí parecen mellar el consenso de la votación. Un ausentismo del 30,93 % y una diferencia de votos entre ambas opciones de solamente 347.429 votos no resultan base suficiente para lograr "el objetivo de obtener el mayor y más intenso consenso político social de los ciudadanos para asegurar la permanencia y, por ende la estabilidad y regularidad del Estado de Derecho". La segunda característica se ubica en el ámbito normativo, y se refiere a la legalidad del mismo en cuanto se desarrolle con la normativa vigente. Ya apuntamos que el mecanismo no estaba contemplado en el ordenamiento legal vigente, aunque de todas manera debemos considerar que el proceso de reforma tuvo lugar durante un régimen de facto. Por lo tanto, este aspecto queda bajo la decisión política generada por los diferentes frentes políticos que consensuaron la formación del CCD, y su validez queda fuertemente ligada al tercer rasgo de nuestra evaluación : el ámbito axiológico. En este campo lo que se pone en juego es el valor (justicia) de la consulta, en le que debemos diferenciar varios aspectos : la legitimidad de la tramitación en la consulta (la "limpieza" con la que el referéndum ha sido elaborado), la información que se brinda a los grupos que intervengan en la contienda, la formulación honesta de las cuestiones sometidas a votación y un régimen electoral sano que refleje fielmente los resultados. De estos aspecto varios fueron puestos en cuestión durante el proceso. Mencionamos simplemente dos : a) el tono de la campaña a favor del Sí que le imprimió el presidente, quién llegó a declarar que si ganaba el No renunciaría, transformando el comicio en un voto de aprobación o castigo a su gestión, es decir en un plebiscito ; b) las razones del voto miembro del Jurado Nacional de Elecciones para declarar la nulidad del comicio, Juan Chávez Molina, "la mayor irregularidad que vicia este proceso, con nulidad absoluta e insalvable, el la intimidación y la inducción autoritaria de quienes ejercen funciones políticas en distintos niveles (...) que es desinformar hacer comprender que el Perú fracasará si se aprueba el No ; que utiliza lemas con violación expresa de las disposiciones de la legislación electoral, con emblemas patrios y la denominación Perú (...) como si estos fueran patrimonio de los que están por una opción".

La última salvedad se refiere al hecho de que, aún sancionada el nuevo ordenamiento, se han alzado voces de protesta por el contenido de la nueva Carta. A diferencia del axioma de Luhmann acerca de que la legitimación se deriva de la legalidad, el jurista Javier Valle-Riestra planteaba en diciembre del ’93 : "con esas premisas la Constitución aún nota es legal (se adecúa a sus leyes y ha ganado por puntos) pero es ilegítima porque es retrógrada en materia de derechos humanos, no es antigolpista, restringe la gratuidad de la enseñanza, reintroduce la pena de muerte, militariza la justicia en casos políticos-sociales (...) como recuerda la doctrina, una Constitución no es legítima por la regularidad de su aprobación sino por el respeto a los valores consagrados en la Constitución positiva (el texto pre-existente) y por la Constitución social (las creencias y sentimientos nacionales).

b) El caso La Cantuta : durante la noche del 18 de julio de 1992 se llevaba a cabo un operativo en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Un grupo de los efectivos que montaban guardia en el mismo predio ingresaban al pabellón de los estudiantes portando armas largas. Rápidamente despertaron a todos los estudiantes, los obligaron a levantarse y a ponerse en fila, mientras separaban ocho de ellos de acuerdo con las indicaciones de una lista. Unos minutos después los efectivos ingresaban en las instalaciones reservadas a las alumnas llevándose a Bertelita Lozano Torres, Dora Oyague Fierro y a Norma Espinoza. Hacia la una de la madrugada entraban a la casa del profesor Hugo Muñoz Sánchez, último de la lista. Completado el operativo abandonaban las instalaciones en dos camionetas militares.

La maña siguiente fue de conmoción en la Universidad. Profesores y estudiantes acudían a las autoridades solicitando el paradero de las víctimas. El 24 de julio el rectorado presenta un recurso de hábeas corpus ante el Juzgado Penal de Lima número 11. Dos meses más tarde el presidente Fujimori visitaba la Universidad cargado de regalos. Un grupo de estudiantes se animó a preguntarle ¿dónde están los desaparecidos ? El presidente respondió : "si es un estudiante que se alineo con Sendero, debe estar en una cárcel de seguridad del Estado".

Es que dos meses antes del secuestro se habían producido los atentados más efectivos perpretados por la organización. Uno fue la explosión de dos vehículos con quinientos kilos de "anfo" -dinamita y nitrato de amonio- en Tarata, "pleno centro del mesocrático distrito de Miraflores". Resultado : veintidós muertos, casi cien heridos y más de doscientas viviendas dañadas. El segundo atentado era el realizado contra Canal 2, cuando 600 kilos de dinamita volaban todo el frente de su planta transmisora. Sin embargo los integrantes de la lista no estaban sindicados con el terrorismo, ni se alojaban encontrados en cárceles de seguridad.

En agosto del mismo año la quinta sala Penal de la Corte Superior rechazaba el pedido de hábeas corpus. Otros pedidos presentados en el mismo sentido fueron sistemáticamente rechazados en la instancia de los tribunales superiores. Mientras tanto el Comando Conjunto declaraba que ese día no existió ningún operativo en la Universidad, y el Comandante General del Ejército, General Hermosa Ríos afirmaba que tampoco hubo detenidos y que no informaba la identidad del personal que ese día se encontraba en el lugar por "razones de seguridad". Cuando parecía que ante la negativa militar y judicial de proseguir las investigaciones llevaban a un callejón sin salida, el congresista Henry Pease del Movimiento Democrático de Izquierda informaba a sus compañeros del CCD (en la sesión del 2 de abril de 1993) que a sus manos había llegado un sobre con información precisa de como se había realizado el operativo del 18 de julio. El documento estaba firmado por COMACA -Comandantes, Mayores y Capitanes- , movimiento clandestino del Ejército opositor al grupo "La Colina", liderado por altos mandos militares. La versión del documento indicaba que el comandante Manuel Guzmán y el mayor Martín Rivas habían estado a cargo del operativo. Después de tomar prisioneros a los estudiantes se retiraron con los detenidos en vehículos del Servicio de Inteligencia del Ejército. El grupo tomó dirección hacia Lima, por la Carretera Central, pero en el camino (por orden de Rivas) se ejecutó a los secuestrados. En principio los homicidas pensaron enterrarlos en un "lugar seguro" pero como estaba amaneciendo se los sepultó en Huachipa. Ante los datos que aportaba el documento se ordenó la apertura en el Congreso de una Comisión Investigadora. Una de las primeras medidas del cuerpo (encabezado por Róger Cáceres -presidente de la comisión de DDHH del CCD) fue citar al ministro de Defensa, al comandante general del Ejército y al presidente del Comando Conjunto. Hermoza Ríos se presentó ante la comisión el 20 de abril. Allí leyó un documento en el que afirmaba que ningún efectivo de su fuerza tuvo participación en los hechos que la comisión investigaba, y que la Inspectoría de su fuerza ya había realizado las investigaciones internas del caso, llegando a la misma conclusión. Asimismo sostuvo que el documento del COMACA era apócrifo y que la denuncia fue hecha "con ánimo de lesionar la imagen del Ejército". En este mismo sentido se pronunciaron todos los integrantes de la fuerza, "al día siguiente los transeúntes de la capital contemplaron el paseo de tanques, sacados a la calle por la II Región Militar con el pretexto de un acto de respaldo al general Hermoza. El propósito no era otro que presionar al CCD para que no prosiguiera con al investigación. Los rumores de golpe de estado comenzaban a cobrar fuerza". Mientras tanto las declaraciones de la fuerza seguían subiendo de tono,

"el burdo intento de incriminar al Ejército Peruano en una supuesta violación a los derechos humanos por un pequeño grupo opositor no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña con el oscuro propósito de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, limitar su capacidad operativa contra el terrorismo y generar desconfianza en la ciudadanía (...) ante los hechos inaceptables el Ejército manifiesta que no tolerará que se pretenda agraviar al comandante general y lesionar la imagen de nuestro instituto" -manifiesto leído el día de la marcha de los tanques por Lima-

Los incidentes dieron lugar a un comunicado del Departamento de Estado Norteamericano deplorando los hechos. EL 22 de abril el Secretario para asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, se comunicó con Fujimori para comunicarle que su gobierno consideraba inaceptable el intento de intimidación por parte del Ejército al CCD. Fujimori se comprometió a respaldar la independencia de la Asamblea Constituyente, sin embargo quedó claramente demostrado la inexistencia en el "equilibrio de fuerzas" : la Cámara había sido amenazada el y responsable de la fuerza no recibía siquiera un apercibimiento. De todas maneras parecía que la investigación estaba destinada a entrar en un período de invernación cuando el general Rodolfo Robles manifiesta haber sido informado del operativo, afirmaba que el móvil fue la venganza del atentado de Tarata y sostenía que el autor intelectual del crimen era Vladimiro Montesinos (jefe del SIN) en conjunto con Hermoza Ríos. Las declaraciones de Fujimori al respecto fueron tajantes "[la denuncia] es anecdótica, personal y dañina para el país", mientras ratificaba su confianza en Hermoza y Montesinos, a los que atribuía los logros de la guerra contra la subversión.

A partir de estas denuncias la comisión investigadoras recibió un impedimento tras otro. Se le negó la posibilidad de tomar declaraciones a los mandos del Ejército y al jefe del SIN (ya que estaban a disposición del fuero militar), y se le negó el acceso a la información referente a los movimientos de personal militar de ese día (por "razones de seguridad"). De todas manera logró plasmar sus conclusiones en un informe (el "informe Cáceres") emitido el día 24 de junio de 1993. En el documento se señala que se puedo establecer la existencia de los desaparecidos así como se logró verificar la existencia de un operativo militar el 18 de julio, que culminó en el secuestro de las víctimas. El informe puntualizaba que lo ocurrido constituía el delito de desaparición forzada de personas, tipificado en el código Penal, y que por lo tanto debía ser juzgado por el fuero común. El contrainforme lo elaboraron los oficialistas Gilberto Siura y Jaime Freundt, quienes sostenían cuatro hipótesis : los secuestró un grupo paramilitar, los secuestraron grupos subversivos, los secuestró algún grupo indeterminado por ajuste de cuentas, o se autosecuestraron (pasaron a ala clandestinidad). Sostenían que no habían podido discernir quiénes participaron el la desaparición de los estudiantes, así que se inclinaban por la última hipótesis. En ninguna se involucraba directamente las Fuerzas Armadas. Un mes después otro anónimo, un mapa indicando el lugar del entierro de las víctimas, llegado a la redacción de la revista , vendría a desmentir la hipótesis de Siura. Se descubrieron las Tumbas de Cienaguilla, donde se encontraron en principio los restos de tres personas que, por haber sido incineradas no pudieron identificarse de inmediato. Pero la incertidumbre no duró mucho. Cuando la fiscalía ordenaba la realización de una prueba de ADN, se encontró en la fosa un manojo de llaves entre los restos de un pantalón. Estas llaves pertenecían al cuarto de la Universidad, a un candado y a la puerta principal de la casa de Juan Mariños Figueroa. Mientras la Americas Watch señalaba que

"el gobierno de Fujimori ha encubierto la verdad acerca de las desapariciones de la Cantuta ; tal encubrimiento incluye la incineración y entierro clandestino de los cuerpos, las amenazas públicas de ; general Hermoza contra los congresistas, intento de la bancada oficialista del CCD de descarrilar la investigación, abdicación de los fiscales públicos de sus responsabilidad en la investigación de los crímenes..."

se iniciaba una larga gestión de competencia entre los fueros militar y civil para determinar quién debía instruir en la causa. El gobierno trató de llevar las aguas a su nivel normal y acallar los pedidos de justicia. De un comienzo del ’93 altamente positivo la imagen del gobierno se comenzaba a erosionar al compás del caso. La contienda fue dirimida por la "Ley Cantuta", presentada por un independiente pero redactada por el oficialismo, que establecía que "salvo los casos de narcotráfico, las contiendas de competencia se resolverían por mayoría simple de votos, disponiendo la aplicación de la misma para todos los casos que estuvieran pendientes de resolución en la Corte Suprema". En único caso pendiente en la corte era el de La Cantuta. La explicación de la aprobación (que orquestó el bloque oficialista) de esta ley claramente violatoria del principio de autonomía de poderes fue que se hizo para salvaguardar la democracia, ya que los militares habían amenazado con el golpe si el caso pasaba al fuero común.

Dos años más tarde, en medio de la euforia por el nuevo triunfo electoral, el 13 de junio de 1995 a las tres de la mañana se aprobaba una ley de amnistía para todo personal civil, militar o policial que hubiese incurrido en violaciones de derechos humanos en los últimos 15 años, quedando sin antecedentes y sin posibilidad de ser juzgados en el futuro. Quedaban libre de culpa y cargo, entre otros, los militares vinculados al golpe de abril y los integrantes del grupo Colina, responsables de la matanza de La Cantuta. El argumento del Presidente fue el siguiente : "el mejor homenaje a los caídos en la lucha contra el terrorismo, a los miembros de las fuerzas del orden, a los civiles, a los campesinos y también a los jóvenes equivocados que se alzaron en arma contra el Estado, consiste en sentar las bases, ciertamente dolorosas, de una verdadera reconciliación. Esta vez el cálculo le falló. Al día siguiente un 87% de la población se manifestó en desacuerdo con la medida.

c) Sendero Luminoso : en 1980 Sendero Luminoso hacía su aparición en la vida social y política del Perú, realizando 219 atentados con un saldo de 11 víctimas. Diez años más tarde, cuando la contienda electoral comenzaba a volcarse a favor de Alberto Fujimori, su capacidad operativa había llegado a 2113 atentados y ya tenía "en su haber" más de 10 mil muertes. Para ese entonces, festejaba su aniversario : "ha llegado el momento de decir que se acabó el crimen por el crimen, el culto a la personalidad y el fundamentalismo ideológico ; hagamos nuestra propia Guerra Popular para evitar su congelamiento. No buscamos el aceleramiento del próximo paso, es decir el Equilibrio Estratégico para la toma del poder, para instaurar la República Popular de la Nueva Democracia, porque no queremos genocidios en masa, sino ganar el apoyo de las masas campesinas y del proletariado (...) mientras tanto denunciamos y condenamos los asesinatos, desapariciones y torturas de nuestro pueblo, efectuado por el gobierno genocida de García y los asesinos de las Fuerzas Armadas y miserables Policías, hechos que no quedarán impunes". Para este momento el Equilibrio Estratégico parecía no estar muy lejano y mientras un matutino publicaba una crónica sobre los atentados del último mes con el título "Cuando el Terror sabe lo que quiere" otro diario publicaba las nuevas medidas antiterroristas bajo el título "Sin Brújula".

Sendero había complicado a los anteriores gobiernos porque adoptó la forma clásica del grupo guerrillero a la perfección : se organizó como un movimiento con una organización política y una aparato militar clandestino, que despliega sus operaciones al interior del mismo territorio (sociedad e instituciones) controlado por su enemigo -personificado en el Estado-. En líneas generales la efectividad del grupo guerrillero se mide según su capacidad de aprovechar su superioridad táctica (ellos son lo indeterminado) y utilizar las zonas en las que las fuerzas del orden tengan menor presencia. Así, Sendero Luminoso construyó una estrategia de asentamiento en las comunidades rurales (principalmente en Ayacucho y en el Alto Hullaga), donde la presencia del Estado es mínima y las condiciones sociales y económicas son propicias para cultivar resentimientos hacia la administración central.

Pero el nuevo presidente sabía de la urgencia de resolver el tema de la "violencia política". Su convicción más profunda parecía ser la necesidad de actuar con dureza, cueste lo que cueste. Sus primeras medidas apuntaron a transformar la batalla política en una batalla puramente militar. Para ello debía crear una serie de mecanismos que permitieran al Ejército y al Servicio de Inteligencia operar sin restricciones en las zonas de conflicto, pero sin transformar la contienda en una guerra civil. En este sentido se encaminaron los anuncios de la necesidad de modificar la Constitución en pos de generar una serie de herramientas en la lucha antisubversiva,

- los Tribunales Militares : la creación de un fuero especial para el juzgamiento de casos de terrorismo. En palabras del ministro del Interior, "en la actualidad muchos jueces no juzgan adecuadamente a los sediciosos y los sueltan, quizá por temor. La intención es que los procesos se hagan lo más rápido posible".

- Decreto Supremo 171-90-pcm : que considera que las fuerzas del orden están de servicio durante las 24 horas del día en las zonas de emergencia, por lo tanto sus acciones están sujetas al Fuero Militar. Además "dada la naturaleza y características de las acciones contrasubersivas, y para proteger a las fuerzas del orden que en ellas intervienen, las identidades de dicho personal pasan a tener carácter reservado".

- Decreto Supremo 024-90-jus : que reglamenta la Ley de Amparo y Hábeas Corpus, recortando su aplicación y beneficios.

Todas estas medidas tendientes a generar una política de "manos libres" para las fuerzas militares, acompañadas de un proceso turbio de nombramientos y rotaciones en la cúpula militar con el fin de generar un núcleo cerrado y oficialista generó la pronta reacción de la oposición. Su mayor manifestación fue el proyecto de ley aprobado en marzo de 1991 que dejó sin efecto el decreto 171. Poco después de esta afrenta llegaría el autogolpe.

Con una capacidad de maniobra sin límites Fujimori volvió a su preocupación primera : arrasar militarmente las bases de Sendero Luminoso. Dejó a cargo de la operación al comandante del Ejército, general Hermosa Ríos, al departamento antiterrorista de la Policía Nacional, la DINCOTE y al Servicio de Inteligencia del Estado. De estos tres organismos el más controvertido es el SIN. Creado por el Decreto Ley 25.635, sus funciones quedan establecidas dentro del marco del desarrollo de inteligencia en los campos político, económico, social y militar. A pesar de sus amplias funciones, el decreto no establece ningún tipo de organismo o forma de control sobre el servicio, haciendo referencia solamente a que "depende directamente del Presidente de la República". Curiosamente quién es sindicado como jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, es también considerado parte de la "trinidad del poder" (junto a Fujimori y Hermoza Ríos).

Habiendo logrado el despeje del camino el Ejército y el SIN se dedicaban a realizar "batallas finales" en el campo mientras la DINCOTE se encargaba de la inteligencia en las ciudades. El trabajo acertado lo realizaba esta última. Tanto es así que sobre fines del ’92, con la caída del "Presidente Gonzalo" -Abimael Guzmán, líder de SL- en su lista de logros Fujimori definió su nueva estrategia : "es muy simple, se basa en rondas en el campo y inteligencia en las ciudades".

Es que el trabajo de inteligencia permitió conocer la estructura interna de funcionamiento del grupo guerrillero, para luego poder apresar a su cúpula dirigente (para fines del 1993, el único dirigente del Comité Central de Sendero que no estaba en la cárcel -o muerto- era "Feliciano"). El caso más contundente fue la captura de Guzmán, con el que se inició una serie de negociaciones conocidas como "las Cartas". Misivas escritas por el líder y dirigida a todos los cuadros de la organización en las que proponía el cese al fuego, "tomar una nueva y gran decisión ; y como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy con igual firmeza y resolución se debe luchar por un acuerod de Paz".

La otra pata de la nueva estrategia fueron las rondas populares. Una de las preguntas que nos surgieron cuando describíamos el funcionamiento de las democracias delegativas era si la desintegración de las dimensiones del Estado se condecía con un proceso de degeneración de la sociedad civil. En este caso la respuesta parece ser negativa. Las rondas surgieron como parte de una estrategia de defensa de los propios campesinos. Surgidas tanto del rechazo de las comunidades rurales a los métodos de Sendero Luminosos como a manera de reacción desesperada ante la incapacidad del Estado de darle protección. Es que desde el ingreso del Ejército a las zonas rurales en el ’82, Sendero se vio obligado a militarizar su accionar ; en lugar de integración ahora necesitaba el aislamiento, que se expresó en la presión, el chantaje y el terror hacia las comunidades. La respuesta doble : por un lado el abandono de comunidades, por otro la organización delos comités de autodefensa. Cuando Sendero perdió su conducción en el avance sobre Lima y quiso volver al campo, ya no tuvo espacio para hacerlo.

Sin embargo el saldo dejado por la "estrategia del Chino" no fue menor : se calculan alrededor de 200 muertes perpetradas por los grupos comando del SIN y el Ejército, y unas 60.000 familias desplazadas por el curso de las acciones militares en las zonas de emergencia, y alrededor de 2.000 personas encarceladas injustamente bajo presunción de terrorismo. Por otra parte, si bien el accionar de los grupos subversivos parece haber sido controlado totalmente (pero no hay que olvidar tampoco la toma de la Embajada del Japón por el MRTA), los rasgos que han sido propicios para la inserción de los grupos guerrilleros (y que lo siguen siendo para los grupos de narcos) no han sido eliminados : la extrema pobreza, la inexistente institucionalidad estatal y la carencia de canales de comunicación participación para la comunidad.

  1. CIERRE PROVISORIO : la desagregación y la nueva institucionalidad

En la introducción del trabajo planteábamos que a manera de hipótesis íbamos a intentar pensar el caso Perú como un espacio donde nuestras categorías -Estado, Régimen, Ajuste- adquirían unas coordenadas específicas (ya lo podemos decir, de matriz autoritaria) que suponían un cruce necesario para el momento socio/político/económico actual de los países de América del Sur. A pesar de todo lo expuesto (y lo que sirvió de sustento de esta monografía pero no ha sido incluido) no podemos afirmar categóricamente que el modelo del "fujimorato" se pueda trasladar al resto de América latina, por dos razones : primero porque se necesitaría de una análisis comparado de envergadura, segundo porque el mismo modelo peruano contiene una serie de mecánicas (y contradicciones) que surgen del propio desarrollo histórico del país. Lo que si podemos sostener al menos en primera instancia es que el modelo que combinó un Estado autoritario, con un Régimen autocrático y con un Ajuste neoliberal, funcionó. Es decir, el proceso iniciado por Fujimori se trazó una serie de objetivos que pudo cumplir en los plazos estipulados, sin importar a que o a quién se violentaba en el medio. Eficacia que le permitió renovar sucesivamente la confianza del electorado (el ciudadano en cuanto voto) mientras gozaba del resquemor de gran parte de la sociedad civil (el individuo en cuanto parte de la sociedad civil). Eficiencia que le permitió asimilar todas las presiones políticas de la opinión pública internacional, a la vez que recibía generosamente los fondos internacionales necesarios para sanear la economía del país. Como ya apuntamos, la lógica de gobierno giró en torno a articular las condiciones necesarias para ganar el apoyo de la población aún por fuera del orden legal, hasta concentrar el poder necesario para generar un nuevo ordenamiento jurídico que le permitiese seguir con las líneas de acción aún por encima del consenso de la ciudadanía.

Las condiciones para que este juego sea posible son muchas, pero se resumen en la ya gastada palabra crisis, que para nuestro caso no es otra cosa que una inestabilidad tal (económica y política) que admite y reclama imperativamente un orden (casi de cualquier signo).

El elemento Mercado, más precisamente la globalización de la economía, arrastra una serie de cambios fundamentales en las relaciones de los individuos entre sí, y de estos con sus representantes. Los problemas de exclusión social -los pobres estructurales-, de dislocamiento y fragmentación de los diferentes actores, repercuten sobre las percepciones y representaciones de los individuos y sus formas de relacionarse con la política. La mala conjunción de la crisis de representación con la impotentización de la política precariza el sistema, los partidos y finalmente la estructura misma de la democracia.

"Si predomina el mercado sobre el estado, si los partidos históricos están obligados a redefinirse drásticamente es natural que ocurra una crisis de representación. El problema más grave en este punto son sus resultados : política espectáculo, clientelismo, escepticismo, discrecionalidad de los gobernantes"

Más que ante una crisis de representación, 1990 en el Perú planteaba una crisis de representabilidad. El conjunto de transformaciones sociales asociadas a la inmigración, a los cambios productos de la masividad escolar, a los movimientos desestabilizadores producto del ingreso a una modernidad tardía, generaron una situación especial, en la que un vasta cantidad de habitantes se encontraron ante la imposibilidad de canalizar sus demandas (por ausencia real de medios, por desconfianza o apatía). Sus necesidades se encontraron a un nivel irrepresentable, por eso fue tan propicia la figura de un independiente, dispuesto a asumir esas demandas (aún sin escucharlas).

De todas maneras sería ingenuo premiar a Fujimori por original. Las raíces de este tipo de arrogancia provienen de una larga tradición de la filosofía política, que ha dividido el ejercicio del poder en una matriz libertaria por una lado, y en una autoritaria por el otro. La primera reconocible ya en Pericles : "si bien unos pocos pueden dar origen a una política, todos nosotros somos capaces de juzgarla. No consideramos la discusión como un obstáculo sino como un preliminar indispensable para actuar prudentemente". La segunda rastreable en la concepción de Estado platónica, que unificaba en la figura del Filósofo Rey la identificación del saber con el poder : "no debe acostumbrase al espíritu de nadie a permitirse obrar siguiendo su propia iniciativa (...) en una palabra, deberá enseñarle a su alma, por medio del hábito largamente practicado, a no soñar nunca a actuar con independencia de las leyes ordenadas por el Estado"

Los tiempos han modificado los métodos, pero no las alternativas :

"una política realmente democrática se encuentra ubicada frente a la forma moderna de una muy vieja alternativa, la del filósofo rey (o el déspota esclarecido) y del demagogo, es decir, la alternativa de la soberbia tecnocrática que pretende ofrecer el bienestar a los hombres sin ellos a o pesar de ellos, y la dimisión demagógica que acepta tal cual la sanción de la demanda que se manifiesta a través de las encuestas de mercado, los escores de la audiencia o las tasas de popularidad (sin contar los casos en los que, como se ha visto aun recientemente, los gobernantes se alternan, por inconstancia o por cinismo, hacia las dos vertientes de la alternativa).

 

 

Autor:

Luis Sotomayor

lsotomayor[arroba]arnet.com.ar


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