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Teoría del Estado: Perú




Enviado por lsotomayor



    1. INTRODUCCION :
      hipótesis,
      alcances y objetivos

    "The hiatus in democratic rule and the
    remergence, however brief, of de facto government make
    Perú unique in South America. But the forces that
    destroyed democracy in Peru are not
    unique to that country".

    Stokes, S.

    Elegir un objeto de estudio con el fin de
    aplicarle una colección de categorías de análisis implica un recorte a priori
    del marco de trabajo. Recorte decimos, puesto que en nuestro caso
    particular el campo de trabajo es un país, que entendemos
    como un proceso
    complejo de instituciones,
    agentes y relaciones sociales ; y las categorías que
    utilizaremos intentan dar cuenta de la dimensión política de esta
    constitución. El hecho, además, de
    que este país se inserte en el mapa Latinoamericano nos
    dispone frente a una serie ineludible de temáticas a
    revisar : la legitimidad, la legalidad, la
    representación, la crisis y
    reorganización del estado, entre
    otros.

    Como perspectiva de entrada hemos demarcado tres
    elementos/procesos que consideramos relevantes en la
    recomposición del panorama político del caso
    peruano : el papel del
    Estado, el tipo de Régimen que en él
    se encarna, y el modelo de
    Ajuste económico que opera sobre el conjunto del
    campo social (en especial interacción con los anteriores
    elementos citados).

    En este sentido las siguientes líneas
    tienen un claro objetivo : trazar un mapa de la
    situación política/económica/social del
    Perú hoy, a partir de un rastreo histórico y
    analítico de los principales ejes de estas tres esferas.
    Una vez conformado este mapa (con las claras deficiencias que
    posee un relevo cartográfico con respecto a la zona en
    sí), nuestro segundo punto de avance será
    establecer los pilares de una posible "lógica
    de funcionamiento" de esa realidad de la que pretendemos dar
    cuenta. Por último (y ya a nivel de las intenciones)
    deseamos poder trazar
    una serie de posibles líneas de desarrollo
    para dicha realidad. Finalmente, como planteamos en el avance, de
    los puntos anteriores intentaremos inferir cuál es el
    proceso -de
    reconstrucción democrática- que está
    atravesando Perú actualmente, cuáles son sus
    características fundamentales,
    cuáles son los papeles que asume (o delega) el Estado en
    este contexto y cuáles son las perspectivas de este
    modelo de
    funcionamiento político.

    Pero para la construcción de estos objetivos
    generales nos basamos en un supuesto que iremos desarrollando a
    lo largo de esta investigación, de manera que adquiera el
    estatuto de hipótesis a validar en el momento de las
    conclusiones : lo que hace al caso peruano excepcional no es
    tanto el autogolpe de Fujimori de abril de 1992 (y el apoyo que
    consiguió de parte de la ciudadanía en un
    principio) sino el cruce específico, las coordenadas que
    adquieren en este proceso los
    tres elementos/procesos que
    mencionamos ; y la manera especial en que estos pondrán en
    funcionamiento una serie de relaciones con un "esquema
    común" a toda América
    Latina (inestabilidad económica,
    reconfiguración estatal, desintegración social,
    violencia
    política).
    Es más, suponemos que este cruce es
    específico del momento de desarrollo
    político/económico del continente (segunda
    transición democrática, agotamiento del modelo
    económico vigente) y necesario como respuesta
    interna del propio modelo de
    acumulación de los países pos industriales en
    relación a las economías del Tercer Mundo en el
    marco de la
    globalización. El caso peruano durante el gobierno de
    Fujimori, se presentaría como en ejemplo más llano
    y patente del reacomodamiento de las reglas de relación
    entre mercado y
    democracia ; proceso que se
    puede verificar con características similares en todos los
    países del Cono Sur, dentro de un esquema más
    respetuoso de los "marcos formales" de legalidad institucional,
    pero no exentos de las características de lo que O’Donnell
    define como zonas marrones.

    En lo que respecta al caso específico
    peruano, si bien nuestro estudio comprende una etapa anterior al
    período inaugurado por Fujimori, nos concentraremos en su
    etapa de gobierno. Como el
    propio de presidente del Perú lo ha definido
    (coincidentemente con la mayoría de los analistas
    políticos del país) son tres los problemas que
    su gobierno se
    propuso enfrentar,

    a) la situación
    económica,

    1. la pacificación
      nacional,
    2. la
      moralización.

    En lo que respecta al ítem a), el objetivo de
    definió como "sanear" una economía desgastada
    que ingresó en un quiebre de la balanza de pagos
    y en un proceso
    inflacionario desmedido, mediante la reinserción del
    país en la economía mundial
    (mediante un ajuste estructural que permita el ingreso de
    capitales). En cuanto al punto b), el objetivo
    planteado fue lograr una derrota estratégica de los
    grupos
    subversivos (Sendero Luminoso, MRTA) tanto en el campo militar
    como político. El objetivo c) se
    presentó como una operación de depuración de
    los cuadros "corruptos e ineficientes" de todo el sistema
    administrativo del Estado (en los
    tres poderes). Tenemos entonces tres ejes : economía, política y violencia
    social. Si bien a los efectos analíticos en algunas
    oportunidades a lo largo de nuestro trabajo los podremos analizar
    en forma separada, nuestro segundo supuesto es que actúan
    de forma indiferenciable, y que la puesta en funcionamiento de
    cualquiera de ellos moviliza a los dos restantes ; por lo
    tanto la modificación de uno implica en cambio en los
    otros.

    Aquí asentamos el segundo aspecto clave de
    nuestro trabajo. Sobre la base de la evolución (positiva o negativa) de la
    persecución de estos tres objetivos, a
    la luz de los tres
    conceptos claves (Estado,
    Régimen, Ajuste), ubicaremos el entramado social
    -relación entre intereses y agentes- en pugna por la
    delimitación de un marco de legalidad funcional y la
    construcción de un proceso de legitimidad
    en la toma de
    decisiones. Este binomio (legalidad/legitimidad) lo
    pensaremos, por un lado, dentro de la lógica
    del poder de
    acuerdo al siguiente criterio : es posible definir una
    construcción del ejercicio del poder
    (simbólico y material) que se ajuste a cierto horizonte de
    posibilidades delimitado por un marco jurídico-legal
    aceptado por el conjunto de la población, pero también es factible
    encontrar modelos en
    donde el poder
    construye su base de legitimación a raíz de un
    nuevo marco de legalidad ; y, por otro, en función de
    interpretar las relaciones que establece el binomio -y su posible
    conflicto
    interno- con respecto al "campo burocrático" como
    ordenador privilegiado de la relación entre todos los
    campos sociales.

    El tercer y último punto que queremos
    precisar se relaciona con el producto de
    todos los procesos que
    mencionamos más arriba : el nuevo ordenamiento que
    observamos en los países de América
    del Sur ¿debe ser definido desde una aspecto negativo, es
    decir desde todas las cualidades que adolece con respecto al
    "arreglo clásico" de la democracia
    representativa ? ¿O entre sus mismas falencias se
    construyen aspectos positivos que le brindan cierto margen de
    estabilidad y previsibilidad ? Si la respuesta es sí,
    deberemos definir entonces cómo se caracteriza esta nueva
    forma de entender esta "zona de poder" dentro
    del aparato estatal.

    1. MARCO PRELIMINAR : acerca de las
      categorías, definiciones
      operacionales

    Apuntamos en la introducción que a nuestro
    objeto de estudio lo atravesaríamos con una serie de
    categorías que vinimos trabajando a lo largo de la
    cursada. A su vez, hemos expuesto que nuestro análisis lo estructuraríamos a
    partir de tres elementos/procesos. El objetivo de
    este apartado es entonces definir estos conceptos y acotarlos a
    los desarrollos de nuestra investigación.

    Una de las categorías más
    críticas para definir se nos presenta en relación a
    la noción de Estado. En principio podemos acordar
    una definición básica de este en torno a su
    estructura
    formal. Debemos pues entender al Estado como
    una forma particular de ordenamiento
    político/administrativo que surge en Europa a partir
    del siglo XIII y se va conformando hasta fines del XIX,
    relacionado principalmente con dos
    nociones :

    – la de soberanía : el estado
    deberá reivindicar (y demostrar) que no existe
    ningún otro agente con capacidad de control sobre una
    población en
    cuestión.

    – la de territorio : esta capacidad de
    control se aplica
    sobre un espacio determinado.

    A los efectos de sostener esta
    relación entre soberanía y territorio el estado
    moderno se organiza como un sistema con
    determinadas funciones y
    prerrogativas : progresiva concentración de poder,
    progresiva impersonalidad del mando, institucionalización
    de los mecanismos de control y
    toma de
    decisiones, generación de una identidad
    nacional y la capacidad de externalizar su poder. Así
    llegamos a la definición clásica de Estado de
    Weber :

    "…una asociación de tipo institucional
    que en el interior de un territorio ha tratado con éxito
    de monopolizar la coacción física
    legítima como instrumento de dominio".

    En líneas generales sobre este
    ordenamiento formal no existen demasiadas discrepancias. Sin
    embargo a este acercamiento a las funciones que
    monopoliza el estado
    debemos sumarle otro aspecto fundamental señalado por
    Bourdieu : "el Estado es
    una X (a determinar) que reivindica con éxito el monopolio del
    uso legítimo de la violencia
    física y
    simbólica". Al agregar esta dimensión
    comenzamos a ingresar al campo del desarrollo
    (aplicación) de estas funciones, o
    dicho de otra manera se nos plantea el problema de definir la
    forma en que el Estado se relacionará con el resto del
    campo social. En este sentido ¿cómo entendemos esta
    interrelación ? Distinguiremos
    esquemáticamente dos formas de pensar la capacidad de
    autojustificación y operatividad del aparato estatal. Una
    línea trabaja sobre la hipótesis del Estado como arena o
    espacio donde se dirimen los conflictos de
    clase. Pensado así, este es un espacio que puede ser
    disputado y finalmente ganado por intereses que responden a
    génesis contradictorias, siendo la clase vencedora la que
    subyugue a la vencida. La otra vertiente que presentaremos es la
    que considera al Estado con cierta capacidad de
    autonomía relativa. Bajo esta concepción -en
    la cual nos basaremos- el Estado como institución adquiere
    funciones que
    lo ubican en un lugar de cruces de intereses (contradictorios)
    pero, ya que además es actor con intereses propios
    también puede tomar decisiones que lo ubiquen por fuera de
    los intereses particulares de una clase o sector social
    único. Más que de espacio, este adquiere la forma
    de trama en la cual las diferentes construcciones responden a
    ciertos tipos de mecanismos de disputa/concertación
    previamente definidos. A manera de introducción,
    seguiremos la explicación planteada por Bourdieu
    según la cual, la construcción del Estado va de la mano de la
    constitución del campo de poder
    "entendido como el espacio de juego en el
    interior del cual los detentores de capital (de
    diferentes especies) luchan especialmente por el poder del
    Estado". Obtendríamos así la siguiente
    configuración : un macro campo social constituido por
    subcampos detentores de cierta cantidad de capital
    fuerza
    física,
    simbólico, económico, informacional- que se
    relacionan entre sí confrontándose o
    aliándose (procesos que
    se verifican también en el interior de cada campo
    particular en relación a los agentes que lo componen).
    Dentro de campo podemos precisar una "zona de poder" que hace las
    veces de elemento organizador de las relaciones del campo hacia
    adentro y hacia afuera. En la órbita estatal, esta zona de
    poder se identifica con el campo burocrático, cuya
    función es mantener la unidad formal y constituir los
    mecanismos de estabilización de los conflictos
    entre los diferentes campos y la lucha por la
    concentración de los diferentes
    capitales.

    Ahora bien, si definimos a la trama/estado como
    proceso de intereses de diversos sectores de la sociedad y
    propios de la élite estatal podemos suponer que su
    funcionamiento existirán una serie de lógicas de
    conflicto. Uno
    de ellas es la planteada por Habermas, "todas las sociedades de
    clases, puesto que su reproducción se basa en la
    apropiación privilegiada de la riqueza producida por la
    sociedad,
    tienen que resolver el siguiente problema : distribuir el
    producto
    social de manera desigual y sin embargo legítima".
    Entonces ¿Cómo se logra esta unidad formal y estos
    procesos de
    estabilización ? O mejor dicho ¿por qué
    las aciones del aparato estatal tendientes a lograr estos
    objetivos
    resultan operativas ? Seguimos el planteo de nuestro
    autor : "lo solucionan mediante la coacción
    estructural, por medio del hecho de que las oportunidades
    legítimas de satisfacción de las necesidades se
    encuentran fijadas en un sistema de
    normas
    respetado". Introducimos así otras dos categorías
    esenciales para nuestro estudio : legalidad y
    legitimidad. Legalidad entendida como un ordenamiento
    jurídico formal que actúa a la manera de marco de
    posibilidades aceptada para el desarrollo del
    ordenamiento funcional de una sociedad y
    legitimidad considerada como una serie de procesos de
    reaseguro y validación de las normas surgidas
    del marco legal. Rápidamente podemos definir que la
    legalidad se refiere al título del poder y la legitimidad
    al ejercicio del mismo. De esta forma podemos hablar de poder
    legítimo o de hecho, o definir una estructura
    como de poder legal o arbitrario. De todas formas esto poco nos
    dice acerca del motivo de que en una sociedad dada en
    un momento determinado el poder sea de una u otra forma. Para
    poder procesar este aspecto de nuestra temática debemos
    sumar una serie de factores condicionantes. Primero los elementos
    preexistentes como condiciones estructurales del país,
    territorio, recursos y
    cultura.
    Segundo considerar que, de la manera en que hemos definido
    Estado, las relaciones y acciones de
    los agentes/grupos se
    desarrollarán dentro del marco de incentivos y
    prohibiciones de cada campo en particular, y de las
    instituciones que lo compongan.

    En función de enlazar las
    categorías de Estado, legalidad, legitimidad e
    institución debemos presentar nuestro segundo concepto
    crítico referente a la noción de
    Régimen. Tomaremos la definición propuesta
    por O’Donnell : "…el conjunto de pautas,
    explícitas o no, que determinan las características de los actores admitidos y
    excluidos con respecto a ese acceso y los recursos y
    estrategias que
    puedan emplear para ganar tal acceso". Para describir esta serie
    de recursos y
    estrategias (y
    los actores que las utilizan) debemos realizar en cada caso una
    serie de preguntas a la forma que adquiere el sistema
    político. En la democracia de
    compromiso (caso que nos ocupa) podemos relevar el siguiente
    cuadro de situación :

    • ¿Cómo se eligen y cambian los
      dirigentes ? Existen competencias
      para los cargos públicos elevados mediante elecciones
      libres y abiertas.
    • ¿Quién define los problemas ? La élite política disfruta
      de ventajas categóricas en su definición y en la
      programación de alternativas aunque los
      ciudadanos actuando generalmente de manera indirecta poseen
      importantes prerrogativas.
    • ¿Cuál es el margen de
      crítica tolerable ? En general es muy grande,
      aplicándose leyes de
      regulación de prensa o
      censura sólo en situaciones de
      emergencia.
    • ¿Cómo obtienen los ciudadanos la
      información política vital ?
      A través de un sistema de
      flujos entre las distintas ramas del gobierno, los
      sectores de información y las instituciones informativas.

    Nuevamente hemos expuesto una definición
    esquemática, consensuada de régimen
    democrático. Pero debemos señalar que la
    categoría de Régimen con la que nos interesa
    trabajar no solamente debe ajustarse a la descripción de
    una serie de rasgos generales, sino también volver sobre
    su proceso de puesta en práctica. De esta forma nuestro
    esquema se aproxima casi punto por punto a la definición
    de poliarquía propuesta por Dahl : autoridades
    públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio
    universal, libertad de
    expresión, libertad de
    asociación. Debemos entonces considerar que en realidad,
    esta serie de caracteres básicos no impide que nos
    hallemos en presencia de un régimen que combine elementos
    democráticos y autoritarios. Podemos señalar
    aquí un primer cruce entre nuestras nociones de Estado y
    de Régimen. Siguiendo el razonamiento de O’Donnell
    el Estado abarca tres dimensiones : la del estado como
    conjunto de burocracias, la legal y la ideológica. En la
    actualidad estas, para el caso Latinoamericano en general,
    estarían en crisis ; entendiendo esta como una
    muy baja presencia del Estado a nivel territorial (en
    extensión), una ineficaz aplicación del marco legal
    efectivo, logrando una escasa cohesión de los diferentes
    estratos de la nación a un "proyecto
    común" . A los países que encuadran en estas
    falencias O’Donnell los denominará "zonas marrones".
    La relación entre Régimen y crisis de
    Estado resulta entonces más que significativa. Tanto es
    así que nuestro autor duda de que un régimen
    democrático pueda establecerse dentro de un campo de tanta
    heterogeneidad. ¿Ante que tipo de régimen nos
    encontramos ? O’Donnell lo definirá como
    democracias delegativas (D.D.): "no ajenas a la
    tradición democráticas, pero sí a la
    liberal", su punto de apoyo es el del carácter mayoritario
    de la representación, "consiste en producir, por medio de
    elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a
    convertirse, por un cierto número de años, en la
    exclusiva corporización e intérprete de los
    más altos intereses de la nación". Así,
    gracias a una normativa formalmente democrática, se
    rescatan tradiciones fuertemente autoritarias : la
    nación como unidad orgánica ausente de discensos,
    con un objetivo de desarrollo
    emplazado en la figura de un caudillo líder,
    que liga sus dones carismáticos a la posesión del
    saber/poder, y que ejerce su dominio gracias a
    prácticas como el clientelismo, la prebenda o el
    particularismo. Estas democracias de nuevo signo adolecen de dos
    características básicas de las
    democracias representativas. Primero, carecen de casi cualquier
    forma de accountability (compromiso) horizontal, entendido como
    la distinción entre el intereses público y privado,
    logrado gracias a una serie de controles y regulaciones entre las
    diferentes agencias estatales entre sí, y de estas con
    respecto a asociaciones civiles. Las democracias delegativas (en
    el marco de la crisis del
    Estado) se insertan en estructuras
    estatales erosionadas donde esta retirada de "lo público",
    como espacio de concertación de intereses dispares a
    través de la vida política, acarrea una serie de
    "líneas de inestabilidad" (que se verifican especialmente
    en el plano económico) : uno de los ejemplos
    más concretos es la pérdida de la distancia entre
    regulador y regulado en el tema de las privatizaciones de
    servicios
    públicos. Segundo, registran una ausencia de
    institucionalización, entendidas a las instituciones
    como "pautas regularizadas de interacción que son
    conocidas, practicadas y regularmente aceptadas (aunque no
    necesariamente aprobadas normativamente) por agentes sociales que
    mantienen la expectativa de seguir actuando conforme a reglas y
    normas
    -formales e informales- que rigen esas pautas". De la
    descripción del sistema institucional propuesta por
    O’Donnell focalizamos en dos aspectos : las
    instituciones
    tienden a agregar y estabilizar la agregación de los
    niveles de acción y organización de los agentes que
    interactúan con ellas
    , es decir que el
    conocimiento de las reglas que establecen estas es utilizado
    por los agentes en función de estimar los resultados de
    sus acciones a
    futuro ; y las instituciones inducen pautas de
    representación
    es decir, permiten la
    transformación de muchas voces en unas pocas capaces de
    hablar en nombre los que dicen representar. La falta de instituciones
    representativas estabilizadas en las democracias delegativas nos
    remite al plano de la movilidad, participación y toma de
    decisión de los agentes en relación a los
    diferentes campos, generando en este caso una ciudadanía
    de "baja intensidad". O como señala Flores D’Arcadis
    esta situación "embarga" la praxis política tanto
    como la cultura y
    desemboca -una vez que el ciudadano siente el menosprecio- en un
    doble juego de
    erosión de lo político, "el
    ‘ciudadano’ (cada vez más entre comillas)
    oscilará entre la apatía (…) y la rabia contra
    los políticos" ; y de reducción de lo
    político
    de la participación a la
    política y de la política al sufragio. En este
    aspecto es donde la dimensión simbólica del Estado
    vuelve adquirir un valor
    fundamental. Según lo definido acerca de las D.D.,
    pareciese que sus mecanismos de funcionamiento sólo
    apuntasen a una desagregación progresiva de la esfera de
    lo social. Sin embargo el Estado, al ubicarse como un actor
    privilegiado en la generación de sentido (y en la
    circulación de discurso),
    posee una serie de herramientas
    que le permiten generar movimientos centrípetos y de
    consolidación (al margen de la dispersión que pueda
    ocasionar en el sistema su propio funcionamiento). Como apunta
    Bourdieu :

    "la sumisión al orden establecido es el producto del
    acuerdo entre las estructuras
    cognitivas que la historia colectiva
    (filogénesis) e individual (ontogénesis) ha
    inscripto en los cuerpos y las estructuras
    objetivas del mundo al cual se aplican : la evidencia de las
    injerencias del Estado se impone tan poderosamente porque ha
    impuesto las
    estructuras
    cognitivas según las cuales es percibido"

    Estructuras
    cognitivas estructuradas (principalmente gracias al aparato
    escolar) que se transforman en estructurantes (mediante la
    socialización diaria del individuo). Este habitus
    que es producto de
    condicionamientos sociales ubica a los agentes, aún en
    momentos de crisis -al
    menos que sea orgánica-, dentro de una gama posible de
    acciones
    susceptibles de ser ejercidas o recibidas, que se corresponden a
    un conjunto sistemático de bienes y
    propiedades simbólicas y materiales,
    que permite que el aparato Estatal "reprocese" ciertos
    desvíos o que le imprima a una situación
    anómala un significado nuevo dentro de los límites
    tolerables para el sistema.

    Habiendo definido nuestras dos primeras
    categorías y sus relaciones, es momento de introducir
    nuestro tercer concepto
    crítico, relacionado con la noción de
    Ajuste. Si bien no coincidimos con las conclusiones a las
    que arriban Haggard y Kaufman sobre los resultados de la
    aplicación de las políticas
    de ajuste económico en América
    Latina, concordamos en su
    definición :

    "utilizaremos el término ‘ajuste
    estructural’ para referirnos a los paquetes de políticas
    ‘ortodoxas’ que incluyen la estabilización
    macroeconómica, con énfasis en la política
    monetaria y fiscal, en la
    liberalización de los mercados de
    bienes y
    capital
    mediante la desregulación y reducción de barreras y
    controles externos y en la privatización del sector de
    empresas
    estatales [de servicios
    públicos]".

    Evidentemente este categoría no puede ser
    trabajada por separado de nuestra caracterización de
    Estado y Régimen. En principio debido a que los planes de
    ajuste son inseparables de la movilización de toda una
    serie de operaciones por
    parte de las agencias estatales, ya que la mayoría de las
    reformas orientadas al desarrollo del mercado deben
    procesarse por medio las capacidades administrativas estatales
    (leyes,
    regulaciones, normas). Y en
    última instancia ya que "ninguna reforma puede ser
    introducida sin algún grado de autonomía en
    relación a las presiones de los grupos que viven
    de las ganancias financieras [y] tampoco ninguna reforma puede
    tener éxito a no ser que ella apele a -o bien cree- una
    nueva coalición de beneficiarios". El problema es que en
    Latinoamérica la formación de esta coalición
    para la conversión hacia el neoliberalismo
    ha sido más que problemática. La primera etapa de
    este giro hacia el modelo liberal
    se ubica en la bisagra del pasaje entre la última etapa de
    las dictaduras militares y la transición
    democrática en la década del ’80. La vuelta a
    la ortodoxia capitalista surge entonces de la mano de un proyecto
    autoritario que introducía la noción de apertura
    económica a la vez que actuaba como Estado gendarme, y que
    no pudo (no quiso) generar un consenso o legitimación en
    torno a este
    proyecto. Una
    vez en democracia, el
    ajuste adquirió carácter de urgencia debido al
    agotamiento del modelo de "Estado Keynesiano" que
    mantenían (cuando menos en líneas generales) la
    mayoría de los países del Cono Sur. Este
    agotamiento tuvo sus raíces principalmente en dos causas.
    La primera -interna- fue un trabajo sistemático de
    endeudamiento y vaciamiento de las empresas
    estatales y la segunda -externa- fue un reacomodo de la economía mundial en
    función de un mercado
    globalizado. El inconveniente fue que la reconversión se
    dio en medio de una situación de crisis
    económica cuyos principales síntomas de eran la
    inestabilidad financiera y la hiperinflación, que
    prácticamente acabaron con el aparato productivo y el
    mercado interno.
    Además, en períodos prolongados o agudos de crisis
    se produce una suerte de espiral de desconfianza en los
    operadores económicos que refuerza los efectos del
    colapso. En estas circunstancias, como plantea O’Donnell es
    lógico que los agentes actúen en niveles muy
    desagregados, con horizontes temporales extremadamente cortos y
    seguros de que
    los demás harán lo mismo. Los resultados de estas
    acciones
    repercuten no sólo en los movimientos individuales sino
    también en la manera en que el Estado se relaciona con
    estos agentes, "la corrupción
    es mayor que antes, segundo la misma crisis produce una enorme
    fragmentación del aparato estatal o, lo que es
    equivalente, una brusca disminución de su
    autonomía". Las recetas que se aplicaron en función
    de detener la espiral inflacionaria y reestructurar el mercado se
    organizaron en "paquetes", que generalmente apuntaron a producir
    "shocks" en el sistema económico, para posibilitar el
    reposicionamiento de aquellos sectores estratégicos que
    debían aportar los capitales para la consolidación
    del nuevo modelo.

    El error, en medio de la tormenta, fue pensar que
    el Estado eficiente (que reclamaban los creadores de los
    paquetes) era sinónimo de Estado chico. En realidad la
    más de las veces lo que se hizo fue desmantelar la
    estructura del
    aparato estatal sin más criterio que el recorte
    presupuestario en función de lograr cerrar la balanza
    fiscal,
    encubierto bajo el rótulo de reestructuración y
    desregulación (que no es otra cosa que regular por
    omisión). Según el planteo de
    Evans,

    "El agudo contraste entre el carácter
    burocrático, patrimonialista, del estado predatorio y la
    índole más weberiana de los estados desarrollistas
    debería hacer reflexionar a quienes atribuyen la
    ineficacia de los Estados del Tercer Mundo a su naturaleza
    burocrática. La falta de una auténtica burocracia
    estaría más cerca de construir el diagnóstico correcto".

    La deconstrucción del Estado en tanto
    burocracia
    conlleva también a la destrucción "del estado en
    tanto ley y su
    legitimación ideológica". Y es en esta cadena de
    discontinuidades que encontramos la articulación
    problemática entre Ajuste, Régimen y Estado de la
    que hablamos en la introducción y que nos servirá
    de entrada al análisis del Caso
    Perú.

    1. CUADRO DE REFERENCIA :
      ¿por qué
      Perú ?

    "Perú necesita de un emperador que lo gobierne
    durante diez años, para reorganizarlo. De todas formas, yo
    no quiero ser ese emperador."

    Declaraciones de Fujimori al diario "El Peruano",
    diciembre de 1991

    El país (y el período
    histórico) que hemos escogido para este trabajo posee una
    serie de características comunes a todos los demás
    países de América
    latina : ha salido de una dictadura militar
    en la década del ’80, se encuentra en un proceso de
    reconstrucción democrática, inició un
    plan de
    reconversión económica de corte liberal. A su vez
    comparte rasgos específicos con algunos países de
    la zona, como la existencia de grupos
    guerrilleros de considerable capacidad operativa y una
    inserción (aunque no demasiada profunda) de grupos de
    narcotraficantes con un ascendente que se refleja en la vida
    política
    económica del país. Por último,
    Perú ha experimentado hechos únicos en la vida
    política de esta década en
    Latinoamérica : la guerra con el
    Ecuador durante
    el ’95 por la frontera en la cordillera del Cóndor y
    el autogolpe de Estado perpetuado por el presidente Alberto
    Fujimori el 5 de abril de 1992. El objetivo de este apartado es
    dar mínima cuenta del desarrollo de esta cadena de
    recurrencias y particularidades que nos permita ya en el
    siguiente capítulo, una entrada más profunda a las
    causas y consecuencias de estos hechos desde nuestro marco
    analítico.

    La primera característica ha tener en
    cuenta es que el Perú aparece en América latina como uno de los
    países que más se ha transformado en el pasado
    reciente. "Tómese como referencia los primeros años
    del la década de 1960, cuando el país
    parecía prestarse con una docilidad a prueba de guerrillas
    al manejo oligárquico (…) o tómese como punto de
    comparación 1940, cuando dos tercios de la población era rural, proporción que
    respecto a los habitantes de la ciudad se invertiría en
    sólo 40 años" . Estos cambios actuaron sobre todos
    los estratos y sectores : una economía dinámica, que había organizado un
    juego de
    postas entre el caucho, el guano, el
    petróleo, el cobre y el
    algodón, se desplomaba a principios de los
    ochenta ; una gestión
    política "sin sobresaltos" se veía jaqueada por la
    subversión y atenazada por el narcotráfico ; una organización social estática
    se sacudía por una nueva identidad
    cobriza que comienza a invadir espacios y desacreditar normas. La
    mayoría de los autores consultados coinciden en que un
    hito fundamental en este proceso de cambios fue el gobierno militar
    de Juan Velasco : "la reformas agraria, de la empresa y
    educativa aceleraron el proceso de transformación social
    que se venía desplegando desde el decenio de los cincuenta
    con la crisis del Estado Oligárquico". Es claro que
    estamos ante una suerte de modernización del Perú.
    Decimos suerte, ya que parece no haberse ajustado a los modelos
    clásicos de desarrollo (o al menos a sus resultados). No
    ha sido una modernización que haya cerrado la brecha a
    través de sucesivas etapas entre el subdesarrollo
    y el modelo desarrollado (a lo Germani) ; ni tampoco un
    proceso con eje en la industrialización y la capacidad del
    Estado como motor de un
    movimiento de
    creciente autonomía para la nación (a lo Cepal).
    Más bien se ha producido un alejamiento de la sociedad
    tradicional a partir de ciertos lineamientos modernizantes
    escuela, promoción industrial, políticas
    nacionales de comunicación-, de los que resultan una
    serie de inestabilidades que se plasman en una crisis profunda,
    que durante la década del ‘80 se manifiesta
    principalmente en la hiperinflación y en la violencia
    terrorista. No existe una coincidencia en las explicaciones del
    por qué de esta "modernización truncada" entre los
    diversos analistas socio políticos del Perú. En lo
    que si concuerdan es en la aparición de una galería
    de nuevos actores sociales que modifican de plano el panorama
    social del país y que ponen en cuestión las viejas
    formas de representación del poder político :
    asociaciones vecinales, comités Vaso de Leche,
    microemprendimientos empresariales -"informales"-, rondas
    campesinas, comités de autodefensa, asociaciones
    juveniles, comunidades autogestionadas. El resultado aparente de
    esta aparición en escena de nuevos actores es un cambio en la
    percepción e interpretación de las
    relaciones entre los agentes y la esfera
    pública.

    De esta manera nos encontramos en el año
    1980, con un nuevo mapa que cristaliza políticamente en un
    sistema tripartidario, de esta forma : la derecha,
    Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (AP y PPC)
    gana las elecciones presidenciales en 1980, con una
    mayoría en la legislatura entre el ‘80-85 y varias
    de las elecciones locales para alcaldes e intendentes del mismo
    período. El centro, APRA vence en las elecciones
    presidenciales del ’85 y controla la legislatura durante su
    gobierno así como varias gobernaciones locales. La
    izquierda se acomoda como segunda fuerza en la
    legislatura durante el período 1985-90 y gana varias
    elecciones locales, entre ellas la intendencia de Lima durante
    1983-86. Al margen de este esquema de equilibrio de
    fuerzas partidarias, el decenio 1980-1990 comienza a mostrar las
    fragilidades del sistema político peruano para imprimir un
    rumbo específico al país. La primera de ellas es de
    orden interno al sistema político : los partidos
    tradicionales no poseen una inserción profunda en la vida
    social del país, siendo percibidos por la sociedad civil
    como electoralistas y nacidos en momentos de crisis, por ende
    cortoplacistas. La segunda también refiere al ordenamiento
    político : la constitución de 1979 le había
    otorgado poderes extraordinarios al Ejecutivo, mediante la
    posibilidad de generar leyes por decreto
    en una amplia gama de temas. La exacerbación del poder del
    Ejecutivo, y la consiguiente reducción de la
    función legislativa, aportó a la debilidad de los
    partidos
    políticos como estructura,
    elevando solamente la figura de su líder.
    Las otras dos causas son de orden externo al sistema. La primera
    es la existencia de grupos guerrilleros, especialmente la de
    Sendero Luminoso que no pudo ser controlado ni por el gobierno de
    Belaúnde, ni durante la presidencia de García. A
    modo de ejemplo -volveremos sobre esto-, el costo en vidas
    humanas de la guerrilla y las prácticas de
    contrainsurgencia llevadas adelante por el ejército para
    el período que nos ocupa fueron de 25.000 vidas, 5.000
    desaparecidos, más de 100 fusilamientos extrajudiciales y
    alrededor de 8.000 desplazados. Los puntos más
    críticos del avance de Sendero los podemos encontrar
    durante 1989, con 2802 atentados realizados ; y durante 1990
    con 3654 víctimas cobradas. El otro factor externo lo
    podemos localizar el la zona del Valle de Alto Hullaga, donde se
    concentra la mayor cantidad de producción de hoja de coca y que sirve como
    base de operaciones del
    narcotráfico.

    Debido a la debilidad institucional que hemos
    apuntado, y a la incapacidad del arquitecto Fernando
    Belaúnde y el doctor Alan García de controlar la
    violencia
    política y darle una solución a la creciente crisis
    económica, las fuerzas armadas del país comenzaron
    a cobrar una importancia cada vez mayor en la vida
    política y social de Perú, a la vez que las
    instituciones democráticas y republicanas caían en
    un profundo desprestigio. Esta situación tal vez explique
    el vertiginoso ascenso de la propuesta "independiente" de un
    ignoto personaje como Alberto Fujimori. De hecho hasta veinte
    días antes de las elecciones presidenciales de 1990 el
    candidato indiscutido era el del FREDEMO, el escritor Mario Vargas
    Llosa, que apuntaba su campaña a una revolución
    neoliberal : inmediato ajuste de precios,
    eliminación de subsidios, privatización de servicios y
    reducción de empleados públicos. Fujimori, como
    candidato del nuevo partido Cambio90 aparecía como segundo
    en las encuestas a
    más de un 15% de distancia. El "independiente" hizo
    campaña sobre los mismo ejes que Vargas Llosa
    (economía y pacificación) pero con una propuesta
    más moderada : contra el paquete shock de su
    adversario proponía un ajuste de precios
    progresivos, una reducción parcial del aparato estatal, y
    una apoyo a las microindustrias, factor clave para el desarrollo
    económico. Estas medidas eran apoyadas por el sector
    evangelista de la sociedad civil,
    representantes del sector informal de la economía y por la
    comunidad
    japonesa del país.

    La estrategia
    funcionó : en la primera vuelta,
    realizada el 8 de abril, el FREDEMO obtiene el 27,3 % de los
    votos mientras que CAMBIO90 se alzaba con el 24,6 %. Esto
    obligó a una segunda vuelta (contemplada en la constitución de 1979) en la que la victoria
    del Fujimori fue contundente : 56,5 % contra un
    33,9%.

    Inmediatamente el presidente electo comenzó
    a recibir presiones domésticas e internacionales para que
    abandone el modelo de estado neo-keynesiano que había
    levantado durante la campaña. Dos tempranos viajes a
    Estados Unidos
    y Japón en junio de 1990, y el rápido alineamiento
    con la misión del
    Fondo Monetario que llegaba a su país durante julio
    marcaron el nuevo rumbo.

    "During the first eighteen months, the following
    structural reforms were implemented : exchange rate
    unification and liberalization, reduction and simplification of
    tariffs on imports, elimination of tariffs on exports, capital market
    liberalization, reduction of employees in government ministries
    and state-owned enterprises, eliminations of job security laws,
    and liberalization of labor relations"

    A este viraje en sus medidas le siguió un
    cambio
    sustancial en las fuerzas que lo acompañaban. De un
    inicial gabinete multipartidario que reflejaba el apoyo del APRA
    y la Izquierda Unida en la segunda vuelta, se pasó a una
    rápida sucesión de gabinetes conformados por
    independientes de derecha y tecnócratas. Astuto, Fujimori
    fue tejiendo relaciones con el sector que más poder
    había acumulado en los últimos años :
    el Ejército. La alianza con el líder
    encubierto del SIN (Servicio de
    Inteligencia
    Nacional) Vladimiro Montesinos cerró el
    círculo.

    Luego le siguió una larga campaña de
    agravios contra las instituciones fundamentales del país.
    La primera recayó sobre la legislatura. Se dio el caso
    único en la vida democrática del Perú de que
    el presidente electo no contase con mayoría propia en la
    legislatura debido a que la composición de las
    cámaras se decidió durante la primera vuelta. Sobre
    a quién respondían los legisladores existen
    opiniones encontradas, lo cierto es que no ofrecieron grandes
    resistencias a
    los mandatos de Fujimori (los presidentes de ambas cámaras
    salieron del riñón de Cambio90). La segunda
    campaña de agresión tuvo su blanco en el Poder Judicial,
    altamente desprestigiado ante la sociedad civil.
    Ambas campañas tuvieron el mismo eje : la inutilidad
    de estas instituciones para resolver los problemas
    básicos del país.

    Inmediatamente después tuvo lugar el
    golpe de
    estado del 5 de abril de 1992, luego de un conflicto
    entre el Congreso y el presidente por los alcances del poder del
    Ejecutivo en materia de
    lucha contra el terrorismo y
    medidas económicas. En noviembre de 1991 gracias a la
    ley 25.327 que
    delegaba poderes del Parlamento al Ejecutivo, Fujimori
    lanzó un paquete de 126 decretos/leyes que
    limitaban la libertad de
    prensa,
    sumían en estado de emergencia a casi el 80 % del
    territorio nacional y extendían los poderes militares en
    la áreas críticas (libre acceso a universidades,
    ocultamiento de identidad
    durante el servicio,
    transferencia de causas de violaciones de derechos humanos
    al fuero militar), que dieron como resultado en palabras del
    General Cisneros Vizquerra "una militarización de la
    sociedad civil
    mientras se politizaban las fuerzas armadas". La
    implementación de estos decretos quiso ser detenida por el
    Congreso mediante la objeción del Consejo de Ministros que
    formó el presidente. La salida al choque de poderes
    elegida por el presidente fue la que venía tramando con
    los mando militares : el autogolpe. Al instante, y en nombre
    de un "gobierno de emergencia para la reconstrucción
    nacional" fue disuelto el Congreso, se arrestó
    domiciliariamente a referentes partidarios y periodistas, se
    apresó algunos miembros de la administración de García, se
    interrumpieron las funciones
    judiciales (poniéndose en disponibilidad a 135
    magistrados) y se censuraron los principales medios de
    comunicación. El golpe fue de todas maneras avalado
    por los mandos militares, el sector medio de la economía y
    el conjunto de la sociedad civil
    -al día siguiente del mismo el nivel de popularidad del
    presidente era del 80 %- . Estos elementos paralizaron el frente
    interno -partidos de oposición- dándole más
    capacidad de maniobra a la jugada del presidente. La
    reacción más dura se originó en la
    opinión pública internacional : "la
    reacción al golpe fue principista y democrática,
    con las serias advertencias de la administración estadounidense y la
    suspensión de su cooperación, o el rompimiento de
    la relaciones diplomáticas por Venezuela y
    Panamá,
    como la colectiva suspensión de la cooperación por
    la Comunidad
    Económica Europea, así como la reacción
    colectiva de la
    Organización de Estados Americanos que condena el
    golpe, amenaza con sanciones y envía una comisión
    de observación y negociación al país". Por su parte,
    tanto el BID como el FMI envían
    ambiguas señales hacia la administración golpista. Sin el mismo
    aire
    político, Fujimori acuerda un plan de retorno a
    la democracia
    compuesto por tres etapas : las elecciones de noviembre de
    1992 para delegados del Congreso Constituyente (que
    formarán el CCD encargado de la redacción de la nueva Constitución) ; las elecciones
    municipales de junio del ’93 y la votación del
    referéndum constitucional.

    De la aventura del régimen de facto,
    Fujimori llevará para su molino una serie de
    artículos constitucionales modificados a su
    medida:

    – Artículo 134, que permite al presidente
    disolver el Congreso : "El Presidente de la República
    está facultado para disolver el Congreso si este ha
    censurado o negado su confianza a dos Consejos de
    Ministros".

    – Artículo 137, que permite declarar estado
    de excepción : "El presidente de la República,
    con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo
    determinado, en todo el territorio nacional o en parte de
    él (…) los estados de excepción que en este
    artículo se contemplan :

    1. Estado de emergencia, en caso de
      perturbación de la paz o el orden interno. En esta
      eventualidad pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de
      los derechos
      constitucionales relativos a la libertad y
      las seguridades personales.
    2. Estado de sitio, en caso de guerra
      exterior, invasión o guerra
      civil".

    – Artículo 118, que deja en manos del
    presidente la promoción de los cargos militares sin
    intervención del Congreso : "Corresponde al
    Presidente de la República presidir el Sistema de Defensa
    Nacional ; organizar, distribuir y disponer el empleo de las
    Fuerzas Armadas y de la Policía
    Nacional".

    – Artículo 112, que permite la
    reelección presidencial : "El mandato presidencial es
    de cinco años. El presidente puede ser reelegido de
    inmediato para un período adicional".

    – Artículo 140, que introduce la pena de
    muerte : "La pena de muerte
    sólo puede aplicarse por delito de
    traición a la patria en caso de guerra y el de
    terrorismo".

    – Artículo 28, que modifica las pautas de
    legislación en el sector de seguridad
    social y permite su posterior
    eliminación.

    De esta manera Fujimori queda en condición
    de gobernar con un marco jurídico más autoritario
    en lo político y más liberal en lo económico
    del que poseían sus predecesores. La mano de cal producto del
    autogolpe fue una sensible disminución en el apoyo
    recibido por parte de la ciudadanía : el
    referéndum constitucional arrojó un 52 % por el
    Sí (aprobación de la constitución) y un 48 %
    por el No. Una sociedad fraccionada en dos partes casi iguales,
    en el momento en que el gobierno parecía estar dando
    claras señales de haber acabado con Sendero Luminoso y
    haber encaminado el desarrollo
    económico.

    1. CAMPOS : construyendo el objeto,
      casos testigos

    Nadie hubiera podido acusar a Rosie Ruiz de
    ser una caída del plato. Su plan de carrera
    resultó diferente al de los corredores tradicionales, pero
    no se puede negar su eficacia.
    Mientras los otros sudaban las agonías aeróbicas de
    la larga ruta, Rosie Ruiz se metió a la pista en un sector
    vacío cercano a la meta, y
    emprendió a tranco vigoroso su carrera a la victoria. La
    investigación duró algunos
    días, durante los cuales Rosie Ruiz vivió el
    exaltado status de triunfadora y atleta superdotada. En el estado
    de Illinois, un grupo de
    aficionados impresionados por la corredora, instauró la
    maratón Rosie Ruiz. Las reglas, como podía
    esperarse, resultaron flexibles : todos o casi todos,
    partían iguales, pero cada cual llegaba desde donde
    podía y quería. Lo importante era cruzar la meta. En el
    Perú, el equivalente político de Rosie Ruiz,
    Alberto Fujimori, se prepara para ganar las elecciones generales
    del próximo año
    .

    Transcribimos esta introducción con
    ánimos de reflejar la situación política del
    Perú dos años después del autogolpe, tal
    como la sentían ese 48% que había votado por el No
    en el referéndum. Es verdad que desde el inicio del
    "fujimorato" muchos cambios acontecieron en la vida
    política del país y, si nos remitiésemos a
    las problemáticas que el gobierno se había
    planteado resolver (la administración del Estado
    -moralización- , la reforma económica y el control de la
    subversión) es posible plantear que al menos dos de ellas
    habían sido llevadas a "buen puerto". Pero ¿a costa
    de qué ? O dicho de otra manera ¿gracias a
    qué medios ?

    En nuestro marco
    teórico planteábamos la importancia de pensar
    la relación entre legitimidad y legalidad en la construcción de las prácticas de
    poder. Ahora nos vemos en la necesidad de agregar a este binomio
    la categoría de eficacia que parece arrojar nueva
    luz a la
    relación. Paradoja sutil en Perú, Fujimori
    gobernó hasta el golpe con un apoyo casi total de la
    sociedad civil mientras transigía sistemáticamente
    todo el ordenamiento jurídico vigente para esa misma
    sociedad ; pero después del golpe y una vez que la
    reglas del juego se
    ordenaron según su parecer, la sociedad no le
    respondió de la misma manera. En líneas generales,
    podemos afirmar que Fujimori pudo gobernar durante este primer
    período que va desde su elección hasta el golpe,
    por fuera (o por encima) del marco legal vigente, mientras que
    luego del golpe pudo crear una serie de nuevas condiciones
    legales (¿legítimas ?) de gobierno. Cosecho
    una derrota política, aunque ganó
    formalmente.

    Un segundo momento abarca desde el autogolpe hasta
    la finalización del proceso de redemocratización.
    Es cierto que las condiciones para el desarrollo de la vida
    política e institucional del Perú no son las mismas
    en el momento del coup d’etat que luego de fines del
    ’93. A manera de ejemplo : la constitución
    fue sometida a referéndum, el CCD adquirió
    funciones legislativas conforme a la división de poderes,
    el Poder Judicial
    salió de la situación de mantener el gran
    porcentaje de sus magistrados en condición provisional (ya
    que la mayoría de los jueces fueron vueltos a nombrar por
    el Tribunal de Honor), la oposición volvió a actuar
    de manera libre y muchas veces frontalmente contra el gobierno.
    Entonces luego del golpe ¿Perú volvió a un
    Régimen democrático, representativo y
    republicano ? ; ¿el Estado perdió su
    cariz autoritario y el Ajuste se realizó por acuerdo de
    fuerzas ? Difícil responder que sí. Sobre todo
    teniendo en cuenta que el proceso de reinstauración
    institucional (y sus reglas) fue producto de una
    imposición.

    El tercer período se inicia con el conflicto en
    puertas con el Ecuador y una
    nueva victoria en las urnas, esta vez frente a Peréz de
    Cuellar. Este nuevo voto de confianza ¿no inaugura una
    etapa de legalidad/legitimidad indiscutida ? Quizá
    sea esta la pregunta más ríspida de contestar. En
    principio, la respuesta debería ser afirmativa. Pero
    veremos en nuestra exposición que el uso de la autoridad
    delegada en esta elección tampoco se ajusta a las normas
    que el propio presidente forjó, creando una nueva crisis
    de representación.

    Intentaremos ahora dar cuenta de estos tres
    períodos tomando una serie de ejemplos
    concretos.

    a) El referéndum
    constitucional : lo primero a tener en cuenta con
    respecto a este caso es que la reforma de la Constitución
    fue la salida política que encontró el
    Régimen ante la presión de la comunidad
    internacional. En verdad la modificación de la Carta Magna
    por medio de un Congreso Constituyente, y su convalidación
    por medio de una consulta popular fue producto de la ingeniería política del entorno
    presidencial. El proyecto de
    país que impulsaba Fujimori se veía aprisionado por
    dos elementos,

    – el primero es producto del propio camino del
    presidente : "Fujimori, como fenómeno electoral
    emergente que llega al poder sin pactos ni acuerdos
    políticos, cuenta con la autonomía suficiente para
    gobernar sin tener que comparte la administración del Estado con ningún
    otro partido o frente político, lo cual es su ventaja de
    poder, pero como carece de una aparato partidario orgánico
    que lo provea de los cuadros necesarios para dirigir la administración
    pública, y como tampoco cuenta con funcionarios
    profesionales en la dirección de la burocracia
    estatal, esta situación se convierte en una grave
    desventaja para su gestión
    pública (…) para subsanar lo anterior, el Presidente ha
    tenido que cooptar a individuos que sólo responden a la
    lealtad personal". De
    esta forma para llevar adelante la reforma político
    administrativa del Estado necesitaba de una serie de funciones
    extraordinarias y de un poder de decisión sin contrapesos.
    Como mencionamos, el Congreso quiso asumir ese papel de
    control, lo que
    terminó provocando la crisis de poderes que
    desembocó en el golpe, primera parte de la estrategia,

    – el segundo obstáculo es producto del
    desarrollo político del país. La reforma
    económica necesitaba de una serie de herramientas
    legales que al Constitución de 1979 vedaba. La segunda
    parte de la estrategia fue
    entonces modificar estos puntos.

    Como decíamos, en realidad no era
    necesario contar con un nuevo texto y
    ratificarlo por referéndum, bastaba con efectuar las
    reformas parciales a la Carta del
    ’79 de acuerdo con los mismos mecanismos que esta
    establece. De ahí que podemos sostener que la
    intención fue política más que
    jurídica, y que la alternativa fue impuesta más que
    propuesta. De todas maneras, ante el hecho consumado
    ¿qué características debió adquirir
    este proceso para entenderlo como
    legítimo ?

    Podemos pensar en al menos tres : una
    referida al nivel fáctico, al de las realidades, en
    la que entendemos que un referéndum es valioso cuando es
    consentido. En este aspecto la falta de un "clima
    constituyente" y el escaso margen por el cual ganó el
    Sí parecen mellar el consenso de la votación. Un
    ausentismo del 30,93 % y una diferencia de votos entre ambas
    opciones de solamente 347.429 votos no resultan base suficiente
    para lograr "el objetivo de obtener el mayor y más intenso
    consenso político social de los ciudadanos para asegurar
    la permanencia y, por ende la estabilidad y regularidad del
    Estado de
    Derecho". La segunda característica se ubica en el
    ámbito normativo, y se refiere a la legalidad del mismo en
    cuanto se desarrolle con la normativa vigente. Ya apuntamos que
    el mecanismo no estaba contemplado en el ordenamiento legal
    vigente, aunque de todas manera debemos considerar que el proceso
    de reforma tuvo lugar durante un régimen de facto. Por lo
    tanto, este aspecto queda bajo la decisión política
    generada por los diferentes frentes políticos que
    consensuaron la formación del CCD, y su validez queda
    fuertemente ligada al tercer rasgo de nuestra evaluación : el ámbito
    axiológico. En este campo lo que se pone en juego es el
    valor
    (justicia) de
    la consulta, en le que debemos diferenciar varios aspectos :
    la legitimidad de la tramitación en la consulta (la
    "limpieza" con la que el referéndum ha sido elaborado), la
    información que se brinda a los grupos que
    intervengan en la contienda, la formulación honesta de las
    cuestiones sometidas a votación y un régimen
    electoral sano que refleje fielmente los resultados. De estos
    aspecto varios fueron puestos en cuestión durante el
    proceso. Mencionamos simplemente dos : a) el tono de la
    campaña a favor del Sí que le imprimió el
    presidente, quién llegó a declarar que si ganaba el
    No renunciaría, transformando el comicio en un voto de
    aprobación o castigo a su gestión, es decir en un plebiscito ;
    b) las razones del voto miembro del Jurado Nacional de Elecciones
    para declarar la nulidad del comicio, Juan Chávez Molina,
    "la mayor irregularidad que vicia este proceso, con nulidad
    absoluta e insalvable, el la intimidación y la inducción autoritaria de quienes ejercen
    funciones políticas
    en distintos niveles (…) que es desinformar hacer comprender
    que el Perú fracasará si se aprueba el No ;
    que utiliza lemas con violación expresa de las
    disposiciones de la legislación electoral, con emblemas
    patrios y la denominación Perú (…) como si estos
    fueran patrimonio de
    los que están por una opción".

    La última salvedad se refiere al hecho de
    que, aún sancionada el nuevo ordenamiento, se han alzado
    voces de protesta por el contenido de la nueva Carta. A
    diferencia del axioma de Luhmann acerca de que la
    legitimación se deriva de la legalidad, el jurista Javier
    Valle-Riestra planteaba en diciembre del ’93 : "con
    esas premisas la Constitución aún nota es legal (se
    adecúa a sus leyes y ha ganado
    por puntos) pero es ilegítima porque es retrógrada
    en materia de
    derechos
    humanos, no es antigolpista, restringe la gratuidad de la
    enseñanza, reintroduce la pena de
    muerte, militariza la justicia en
    casos políticos-sociales (…) como recuerda la doctrina,
    una Constitución no es legítima por la regularidad
    de su aprobación sino por el respeto a
    los valores
    consagrados en la Constitución positiva (el texto
    pre-existente) y por la Constitución social (las creencias
    y sentimientos nacionales).

    b) El caso La Cantuta : durante la
    noche del 18 de julio de 1992 se llevaba a cabo un operativo en
    la Universidad
    Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocida como
    La Cantuta. Un grupo de los
    efectivos que montaban guardia en el mismo predio ingresaban al
    pabellón de los estudiantes portando armas largas.
    Rápidamente despertaron a todos los estudiantes, los
    obligaron a levantarse y a ponerse en fila, mientras separaban
    ocho de ellos de acuerdo con las indicaciones de una lista. Unos
    minutos después los efectivos ingresaban en las
    instalaciones reservadas a las alumnas llevándose a
    Bertelita Lozano Torres, Dora Oyague Fierro y a Norma Espinoza.
    Hacia la una de la madrugada entraban a la casa del profesor Hugo
    Muñoz Sánchez, último de la lista.
    Completado el operativo abandonaban las instalaciones en dos
    camionetas militares.

    La maña siguiente fue de conmoción
    en la Universidad.
    Profesores y estudiantes acudían a las autoridades
    solicitando el paradero de las víctimas. El 24 de julio el
    rectorado presenta un recurso de hábeas corpus ante el
    Juzgado Penal de Lima número 11. Dos meses más
    tarde el presidente Fujimori visitaba la Universidad
    cargado de regalos. Un grupo de
    estudiantes se animó a preguntarle ¿dónde
    están los desaparecidos ? El presidente
    respondió : "si es un estudiante que se alineo con
    Sendero, debe estar en una cárcel de seguridad del
    Estado".

    Es que dos meses antes del secuestro se
    habían producido los atentados más efectivos
    perpretados por la
    organización. Uno fue la explosión de dos
    vehículos con quinientos kilos de "anfo" -dinamita y
    nitrato de amonio- en Tarata, "pleno centro del
    mesocrático distrito de Miraflores". Resultado :
    veintidós muertos, casi cien heridos y más de
    doscientas viviendas dañadas. El segundo atentado era el
    realizado contra Canal 2, cuando 600 kilos de dinamita volaban
    todo el frente de su planta transmisora. Sin embargo los
    integrantes de la lista no estaban sindicados con el terrorismo, ni
    se alojaban encontrados en cárceles de seguridad.

    En agosto del mismo año la quinta sala
    Penal de la Corte Superior rechazaba el pedido de hábeas
    corpus. Otros pedidos presentados en el mismo sentido fueron
    sistemáticamente rechazados en la instancia de los
    tribunales superiores. Mientras tanto el Comando Conjunto
    declaraba que ese día no existió ningún
    operativo en la Universidad, y el
    Comandante General del Ejército, General Hermosa
    Ríos afirmaba que tampoco hubo detenidos y que no
    informaba la identidad del
    personal que
    ese día se encontraba en el lugar por "razones de seguridad".
    Cuando parecía que ante la negativa militar y judicial de
    proseguir las investigaciones
    llevaban a un callejón sin salida, el congresista Henry
    Pease del Movimiento
    Democrático de Izquierda informaba a sus compañeros
    del CCD (en la sesión del 2 de abril de 1993) que a sus
    manos había llegado un sobre con información precisa de como se había
    realizado el operativo del 18 de julio. El documento estaba
    firmado por COMACA -Comandantes, Mayores y Capitanes- , movimiento
    clandestino del Ejército opositor al grupo "La
    Colina", liderado por altos mandos militares. La versión
    del documento indicaba que el comandante Manuel Guzmán y
    el mayor Martín Rivas habían estado a cargo del
    operativo. Después de tomar prisioneros a los estudiantes
    se retiraron con los detenidos en vehículos del Servicio de
    Inteligencia
    del Ejército. El grupo
    tomó dirección hacia Lima, por la Carretera
    Central, pero en el camino (por orden de Rivas) se ejecutó
    a los secuestrados. En principio los homicidas pensaron
    enterrarlos en un "lugar seguro" pero como
    estaba amaneciendo se los sepultó en Huachipa. Ante los
    datos que
    aportaba el documento se ordenó la apertura en el Congreso
    de una Comisión Investigadora. Una de las primeras medidas
    del cuerpo (encabezado por Róger Cáceres
    -presidente de la comisión de DDHH del CCD) fue citar al
    ministro de Defensa, al comandante general del Ejército y
    al presidente del Comando Conjunto. Hermoza Ríos se
    presentó ante la comisión el 20 de abril.
    Allí leyó un
    documento en el que afirmaba que ningún efectivo de su
    fuerza tuvo
    participación en los hechos que la comisión
    investigaba, y que la Inspectoría de su fuerza ya
    había realizado las investigaciones
    internas del caso, llegando a la misma conclusión.
    Asimismo sostuvo que el documento del COMACA era apócrifo
    y que la denuncia fue hecha "con ánimo de lesionar la
    imagen del
    Ejército". En este mismo sentido se pronunciaron todos los
    integrantes de la fuerza, "al
    día siguiente los transeúntes de la capital
    contemplaron el paseo de tanques, sacados a la calle por la II
    Región Militar con el pretexto de un acto de respaldo al
    general Hermoza. El propósito no era otro que presionar al
    CCD para que no prosiguiera con al investigación. Los rumores de golpe de estado
    comenzaban a cobrar fuerza". Mientras tanto las declaraciones de
    la fuerza seguían subiendo de tono,

    "el burdo intento de incriminar al Ejército
    Peruano en una supuesta violación a los derechos humanos
    por un pequeño grupo opositor no constituye un hecho
    aislado, sino que forma parte de una campaña con el oscuro
    propósito de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, limitar
    su capacidad operativa contra el terrorismo y
    generar desconfianza en la ciudadanía (…) ante los
    hechos inaceptables el Ejército manifiesta que no
    tolerará que se pretenda agraviar al comandante general y
    lesionar la imagen de nuestro
    instituto" -manifiesto leído el día de la marcha de
    los tanques por Lima-

    Los incidentes dieron lugar a un comunicado del
    Departamento de Estado Norteamericano deplorando los hechos. EL
    22 de abril el Secretario para asuntos Interamericanos, Bernard
    Aronson, se comunicó con Fujimori para comunicarle que su
    gobierno consideraba inaceptable el intento de
    intimidación por parte del Ejército al CCD.
    Fujimori se comprometió a respaldar la independencia
    de la Asamblea Constituyente, sin embargo quedó claramente
    demostrado la inexistencia en el "equilibrio de
    fuerzas" : la Cámara había sido amenazada el y
    responsable de la fuerza no recibía siquiera un
    apercibimiento. De todas maneras parecía que la investigación estaba destinada a entrar en
    un período de invernación cuando el general Rodolfo
    Robles manifiesta haber sido informado del operativo, afirmaba
    que el móvil fue la venganza del atentado de Tarata y
    sostenía que el autor intelectual del crimen era Vladimiro
    Montesinos (jefe del SIN) en conjunto con Hermoza Ríos.
    Las declaraciones de Fujimori al respecto fueron tajantes "[la
    denuncia] es anecdótica, personal y
    dañina para el país", mientras ratificaba su
    confianza en Hermoza y Montesinos, a los que atribuía los
    logros de la guerra contra
    la subversión.

    A partir de estas denuncias la comisión
    investigadoras recibió un impedimento tras otro. Se le
    negó la posibilidad de tomar declaraciones a los mandos
    del Ejército y al jefe del SIN (ya que estaban a
    disposición del fuero militar), y se le negó el
    acceso a la información referente a los movimientos de
    personal
    militar de ese día (por "razones de seguridad"). De
    todas manera logró plasmar sus conclusiones en un informe (el
    "informe
    Cáceres") emitido el día 24 de junio de 1993. En el
    documento se señala que se puedo establecer la existencia
    de los desaparecidos así como se logró verificar la
    existencia de un operativo militar el 18 de julio, que
    culminó en el secuestro de las
    víctimas. El informe
    puntualizaba que lo ocurrido constituía el delito de
    desaparición forzada de personas, tipificado en el
    código Penal, y que por lo tanto debía ser juzgado
    por el fuero común. El contrainforme lo elaboraron los
    oficialistas Gilberto Siura y Jaime Freundt, quienes
    sostenían cuatro hipótesis : los secuestró un
    grupo paramilitar, los secuestraron grupos subversivos, los
    secuestró algún grupo indeterminado por ajuste de
    cuentas, o se
    autosecuestraron (pasaron a ala clandestinidad). Sostenían
    que no habían podido discernir quiénes participaron
    el la desaparición de los estudiantes, así que se
    inclinaban por la última hipótesis. En ninguna se involucraba
    directamente las Fuerzas Armadas. Un mes después otro
    anónimo, un mapa indicando el lugar del entierro de las
    víctimas, llegado a la redacción de la revista
    , vendría a desmentir la hipótesis de Siura. Se descubrieron las
    Tumbas de Cienaguilla, donde se encontraron en principio los
    restos de tres personas que, por haber sido incineradas no
    pudieron identificarse de inmediato. Pero la incertidumbre no
    duró mucho. Cuando la fiscalía ordenaba la realización de
    una prueba de ADN, se
    encontró en la fosa un manojo de llaves entre los restos
    de un pantalón. Estas llaves pertenecían al cuarto
    de la Universidad, a un
    candado y a la puerta principal de la casa de Juan Mariños
    Figueroa. Mientras la Americas Watch señalaba
    que

    "el gobierno de Fujimori ha encubierto la verdad
    acerca de las desapariciones de la Cantuta ; tal
    encubrimiento incluye la incineración y entierro
    clandestino de los cuerpos, las amenazas públicas
    de ; general Hermoza contra los congresistas, intento de la
    bancada oficialista del CCD de descarrilar la
    investigación, abdicación de los fiscales
    públicos de sus responsabilidad en la investigación de los
    crímenes…"

    se iniciaba una larga gestión
    de competencia entre
    los fueros militar y civil para determinar quién
    debía instruir en la causa. El gobierno trató de
    llevar las aguas a su nivel normal y acallar los pedidos de
    justicia. De
    un comienzo del ’93 altamente positivo la imagen del
    gobierno se comenzaba a erosionar al compás del caso. La
    contienda fue dirimida por la "Ley Cantuta",
    presentada por un independiente pero redactada por el
    oficialismo, que establecía que "salvo los casos de
    narcotráfico, las contiendas de competencia se
    resolverían por mayoría simple de votos,
    disponiendo la aplicación de la misma para todos los casos
    que estuvieran pendientes de resolución en la Corte
    Suprema". En único caso pendiente en la corte era el de La
    Cantuta. La explicación de la aprobación (que
    orquestó el bloque oficialista) de esta ley claramente
    violatoria del principio de autonomía de poderes fue que
    se hizo para salvaguardar la democracia, ya que los militares
    habían amenazado con el golpe si el caso pasaba al fuero
    común.

    Dos años más tarde, en medio de la
    euforia por el nuevo triunfo electoral, el 13 de junio de 1995 a
    las tres de la mañana se aprobaba una ley de
    amnistía para todo personal civil,
    militar o policial que hubiese incurrido en violaciones de
    derechos
    humanos en los últimos 15 años, quedando sin
    antecedentes y sin posibilidad de ser juzgados en el futuro.
    Quedaban libre de culpa y cargo, entre otros, los militares
    vinculados al golpe de abril y los integrantes del grupo Colina,
    responsables de la matanza de La Cantuta. El argumento del
    Presidente fue el siguiente : "el mejor homenaje a los
    caídos en la lucha contra el terrorismo, a
    los miembros de las fuerzas del orden, a los civiles, a los
    campesinos y también a los jóvenes equivocados que
    se alzaron en arma contra el Estado, consiste en sentar las
    bases, ciertamente dolorosas, de una verdadera
    reconciliación. Esta vez el cálculo le
    falló. Al día siguiente un 87% de la población se manifestó en desacuerdo
    con la medida.

    c) Sendero Luminoso : en 1980 Sendero
    Luminoso hacía su aparición en la vida social y
    política del Perú, realizando 219 atentados con un
    saldo de 11 víctimas. Diez años más tarde,
    cuando la contienda electoral comenzaba a volcarse a favor de
    Alberto Fujimori, su capacidad operativa había llegado a
    2113 atentados y ya tenía "en su haber" más de 10
    mil muertes. Para ese entonces, festejaba su aniversario :
    "ha llegado el momento de decir que se acabó el crimen por
    el crimen, el culto a la
    personalidad y el fundamentalismo ideológico ;
    hagamos nuestra propia Guerra Popular para evitar su
    congelamiento. No buscamos el aceleramiento del próximo
    paso, es decir el Equilibrio
    Estratégico para la toma del poder, para instaurar la
    República Popular de la Nueva Democracia, porque no
    queremos genocidios en masa, sino ganar el apoyo de las masas
    campesinas y del proletariado (…) mientras tanto denunciamos y
    condenamos los asesinatos, desapariciones y torturas de nuestro
    pueblo, efectuado por el gobierno genocida de García y los
    asesinos de las Fuerzas Armadas y miserables Policías,
    hechos que no quedarán impunes". Para este momento el
    Equilibrio
    Estratégico parecía no estar muy lejano y mientras
    un matutino publicaba una crónica sobre los atentados del
    último mes con el título "Cuando el Terror sabe lo
    que quiere" otro diario publicaba las nuevas medidas
    antiterroristas bajo el título "Sin
    Brújula".

    Sendero había complicado a los anteriores
    gobiernos porque adoptó la forma clásica del grupo
    guerrillero a la perfección : se organizó como
    un movimiento con
    una organización política y una aparato
    militar clandestino, que despliega sus operaciones al
    interior del mismo territorio (sociedad e instituciones)
    controlado por su enemigo -personificado en el Estado-. En
    líneas generales la efectividad del grupo guerrillero se
    mide según su capacidad de aprovechar su superioridad
    táctica (ellos son lo indeterminado) y utilizar las zonas
    en las que las fuerzas del orden tengan menor presencia.
    Así, Sendero Luminoso construyó una estrategia de
    asentamiento en las comunidades rurales (principalmente en
    Ayacucho y en el Alto Hullaga), donde la presencia del Estado es
    mínima y las condiciones sociales y económicas son
    propicias para cultivar resentimientos hacia la
    administración central.

    Pero el nuevo presidente sabía de la
    urgencia de resolver el tema de la "violencia política".
    Su convicción más profunda parecía ser la
    necesidad de actuar con dureza, cueste lo que cueste. Sus
    primeras medidas apuntaron a transformar la batalla
    política en una batalla puramente militar. Para ello
    debía crear una serie de mecanismos que permitieran al
    Ejército y al Servicio de
    Inteligencia
    operar sin restricciones en las zonas de conflicto,
    pero sin transformar la contienda en una guerra civil. En este
    sentido se encaminaron los anuncios de la necesidad de modificar
    la Constitución en pos de generar una serie de herramientas
    en la lucha antisubversiva,

    – los Tribunales Militares : la
    creación de un fuero especial para el juzgamiento de casos
    de terrorismo. En palabras del ministro del Interior, "en la
    actualidad muchos jueces no juzgan adecuadamente a los sediciosos
    y los sueltan, quizá por temor. La intención es que
    los procesos se hagan lo más rápido
    posible".

    – Decreto Supremo 171-90-pcm : que considera
    que las fuerzas del orden están de servicio
    durante las 24 horas del día en las zonas de emergencia,
    por lo tanto sus acciones
    están sujetas al Fuero Militar. Además "dada la
    naturaleza y
    características de las acciones contrasubersivas, y para
    proteger a las fuerzas del orden que en ellas intervienen, las
    identidades de dicho personal pasan a tener carácter
    reservado".

    – Decreto Supremo 024-90-jus : que reglamenta
    la Ley de Amparo y
    Hábeas Corpus, recortando su aplicación y
    beneficios.

    Todas estas medidas tendientes a generar una
    política de "manos libres" para las fuerzas militares,
    acompañadas de un proceso turbio de nombramientos y
    rotaciones en la cúpula militar con el fin de generar un
    núcleo cerrado y oficialista generó la pronta
    reacción de la oposición. Su mayor
    manifestación fue el proyecto de ley
    aprobado en marzo de 1991 que dejó sin efecto el decreto
    171. Poco después de esta afrenta llegaría el
    autogolpe.

    Con una capacidad de maniobra sin límites
    Fujimori volvió a su preocupación primera :
    arrasar militarmente las bases de Sendero Luminoso. Dejó a
    cargo de la operación al comandante del Ejército,
    general Hermosa Ríos, al departamento antiterrorista de la
    Policía Nacional, la DINCOTE y al Servicio de Inteligencia
    del Estado. De estos tres organismos el más controvertido
    es el SIN. Creado por el Decreto Ley 25.635, sus funciones quedan
    establecidas dentro del marco del desarrollo de inteligencia
    en los campos político, económico, social y
    militar. A pesar de sus amplias funciones, el decreto no
    establece ningún tipo de organismo o forma de control
    sobre el servicio, haciendo referencia solamente a que "depende
    directamente del Presidente de la República". Curiosamente
    quién es sindicado como jefe del SIN, Vladimiro
    Montesinos, es también considerado parte de la "trinidad
    del poder" (junto a Fujimori y Hermoza
    Ríos).

    Habiendo logrado el despeje del camino el
    Ejército y el SIN se dedicaban a realizar "batallas
    finales" en el campo mientras la DINCOTE se encargaba de la
    inteligencia en las ciudades. El trabajo
    acertado lo realizaba esta última. Tanto es así que
    sobre fines del ’92, con la caída del "Presidente
    Gonzalo" -Abimael Guzmán, líder
    de SL- en su lista de logros Fujimori definió su nueva
    estrategia :
    "es muy simple, se basa en rondas en el campo y inteligencia en
    las ciudades".

    Es que el trabajo de
    inteligencia permitió conocer la estructura
    interna de funcionamiento del grupo guerrillero, para luego poder
    apresar a su cúpula dirigente (para fines del 1993, el
    único dirigente del Comité Central de Sendero que
    no estaba en la cárcel -o muerto- era "Feliciano"). El
    caso más contundente fue la captura de Guzmán, con
    el que se inició una serie de negociaciones conocidas como
    "las Cartas". Misivas
    escritas por el líder y
    dirigida a todos los cuadros de la
    organización en las que proponía el cese al
    fuego, "tomar una nueva y gran decisión ; y como ayer
    bregamos por iniciar la guerra popular, hoy con igual firmeza y
    resolución se debe luchar por un acuerod de
    Paz".

    La otra pata de la nueva estrategia fueron las
    rondas populares. Una de las preguntas que nos surgieron cuando
    describíamos el funcionamiento de las democracias
    delegativas era si la desintegración de las dimensiones
    del Estado se condecía con un proceso de
    degeneración de la sociedad civil. En este caso la
    respuesta parece ser negativa. Las rondas surgieron como parte de
    una estrategia de defensa de los propios campesinos. Surgidas
    tanto del rechazo de las comunidades rurales a los métodos de
    Sendero Luminosos como a manera de reacción desesperada
    ante la incapacidad del Estado de darle protección. Es que
    desde el ingreso del Ejército a las zonas rurales en el
    ’82, Sendero se vio obligado a militarizar su
    accionar ; en lugar de integración ahora necesitaba el
    aislamiento, que se expresó en la presión, el
    chantaje y el terror hacia las comunidades. La respuesta
    doble : por un lado el abandono de comunidades, por otro
    la
    organización delos comités de autodefensa.
    Cuando Sendero perdió su conducción en el avance
    sobre Lima y quiso volver al campo, ya no tuvo espacio para
    hacerlo.

    Sin embargo el saldo dejado por la "estrategia
    del Chino" no fue menor : se calculan alrededor de 200
    muertes perpetradas por los grupos comando del SIN y el
    Ejército, y unas 60.000 familias desplazadas por el curso
    de las acciones militares en las zonas de emergencia, y alrededor
    de 2.000 personas encarceladas injustamente bajo
    presunción de terrorismo. Por otra parte, si bien el
    accionar de los grupos subversivos parece haber sido controlado
    totalmente (pero no hay que olvidar tampoco la toma de la
    Embajada del Japón por el MRTA), los rasgos que han sido
    propicios para la inserción de los grupos guerrilleros (y
    que lo siguen siendo para los grupos de narcos) no han sido
    eliminados : la extrema pobreza, la
    inexistente institucionalidad estatal y la carencia de canales de
    comunicación participación para la
    comunidad.

    1. CIERRE PROVISORIO : la
      desagregación y la nueva
      institucionalidad

    En la introducción del trabajo
    planteábamos que a manera de hipótesis
    íbamos a intentar pensar el caso Perú como un
    espacio donde nuestras categorías -Estado, Régimen,
    Ajuste- adquirían unas coordenadas específicas (ya
    lo podemos decir, de matriz
    autoritaria) que suponían un cruce necesario para el
    momento socio/político/económico actual de los
    países de América
    del Sur. A pesar de todo lo expuesto (y lo que sirvió de
    sustento de esta monografía
    pero no ha sido incluido) no podemos afirmar
    categóricamente que el modelo del "fujimorato" se pueda
    trasladar al resto de América
    latina, por dos razones : primero porque se
    necesitaría de una análisis comparado de envergadura, segundo
    porque el mismo modelo peruano contiene una serie de
    mecánicas (y contradicciones) que surgen del propio
    desarrollo histórico del país. Lo que si podemos
    sostener al menos en primera instancia es que el modelo que
    combinó un Estado autoritario, con un Régimen
    autocrático y con un Ajuste neoliberal, funcionó.
    Es decir, el proceso iniciado por Fujimori se trazó una
    serie de objetivos que
    pudo cumplir en los plazos estipulados, sin importar a que o a
    quién se violentaba en el medio. Eficacia que le
    permitió renovar sucesivamente la confianza del electorado
    (el ciudadano en cuanto voto) mientras gozaba del resquemor de
    gran parte de la sociedad civil (el individuo en cuanto parte de
    la sociedad civil). Eficiencia que le
    permitió asimilar todas las presiones políticas
    de la opinión pública internacional, a la vez que
    recibía generosamente los fondos internacionales
    necesarios para sanear la economía del país. Como
    ya apuntamos, la lógica
    de gobierno giró en torno a articular
    las condiciones necesarias para ganar el apoyo de la población aún por fuera del orden
    legal, hasta concentrar el poder necesario para generar un nuevo
    ordenamiento jurídico que le permitiese seguir con las
    líneas de acción aún por encima del consenso
    de la ciudadanía.

    Las condiciones para que este juego sea posible
    son muchas, pero se resumen en la ya gastada palabra
    crisis, que para nuestro caso no es otra cosa que una
    inestabilidad tal (económica y política) que admite
    y reclama imperativamente un orden (casi de cualquier
    signo).

    El elemento Mercado, más precisamente
    la
    globalización de la economía, arrastra una
    serie de cambios fundamentales en las relaciones de los
    individuos entre sí, y de estos con sus representantes.
    Los problemas de
    exclusión social -los pobres estructurales-, de
    dislocamiento y fragmentación de los diferentes actores,
    repercuten sobre las percepciones y representaciones de los
    individuos y sus formas de relacionarse con la política.
    La mala conjunción de la crisis de representación
    con la impotentización de la política precariza el
    sistema, los partidos y finalmente la estructura misma de la
    democracia.

    "Si predomina el mercado sobre el estado, si los
    partidos históricos están obligados a redefinirse
    drásticamente es natural que ocurra una crisis de
    representación. El problema más grave en este punto
    son sus resultados : política espectáculo,
    clientelismo, escepticismo, discrecionalidad de los
    gobernantes"

    Más que ante una crisis de
    representación, 1990 en el Perú planteaba una
    crisis de representabilidad. El conjunto de transformaciones
    sociales asociadas a la inmigración, a los cambios productos de
    la masividad escolar, a los movimientos desestabilizadores
    producto del ingreso a una modernidad
    tardía, generaron una situación especial, en la que
    un vasta cantidad de habitantes se encontraron ante la
    imposibilidad de canalizar sus demandas (por ausencia real de
    medios, por
    desconfianza o apatía). Sus necesidades se encontraron a
    un nivel irrepresentable, por eso fue tan propicia la figura de
    un independiente, dispuesto a asumir esas demandas (aún
    sin escucharlas).

    De todas maneras sería ingenuo premiar a
    Fujimori por original. Las raíces de este tipo de
    arrogancia provienen de una larga tradición de la
    filosofía política, que ha dividido el ejercicio
    del poder en una matriz
    libertaria por una lado, y en una autoritaria por el otro. La
    primera reconocible ya en Pericles : "si bien unos pocos
    pueden dar origen a una política, todos nosotros somos
    capaces de juzgarla. No consideramos la discusión como un
    obstáculo sino como un preliminar indispensable para
    actuar prudentemente". La segunda rastreable en la
    concepción de Estado platónica, que unificaba en la
    figura del Filósofo Rey la identificación del saber
    con el poder : "no debe acostumbrase al espíritu de
    nadie a permitirse obrar siguiendo su propia iniciativa (…) en
    una palabra, deberá enseñarle a su alma, por medio
    del hábito largamente practicado, a no soñar nunca
    a actuar con independencia
    de las leyes ordenadas por el Estado"

    Los tiempos han modificado los métodos,
    pero no las alternativas :

    "una política realmente democrática
    se encuentra ubicada frente a la forma moderna de una muy vieja
    alternativa, la del filósofo rey (o el déspota
    esclarecido) y del demagogo, es decir, la alternativa de la
    soberbia tecnocrática que pretende ofrecer el bienestar a
    los hombres sin ellos a o pesar de ellos, y la dimisión
    demagógica que acepta tal cual la sanción de la
    demanda que se
    manifiesta a través de las encuestas de
    mercado, los escores de la audiencia o las tasas de popularidad
    (sin contar los casos en los que, como se ha visto aun
    recientemente, los gobernantes se alternan, por inconstancia o
    por cinismo, hacia las dos vertientes de la
    alternativa).

     

     

    Autor:

    Luis Sotomayor

    lsotomayor[arroba]arnet.com.ar

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