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Corrupción Administrativa

Enviado por cobra99



Indice

1. Introducción
2. Corrupción Administrativa
3. Definición de corrupción aplicada al sector público .
4. Reformas Administrativas
5. El crucigrama político de los años( 1966-1978 )
6. Conclusiones
7. Bibliografía

1. Introducción

Actualmente en muchos países la corrupción es vista como un asunto que merece urgente atención. Diversos elementos de la realidad latinoamericana y del mundo nos muestran que el fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han desarrollado múltiples acciones para luchar en contra de ella.

Las altas esferas de la política y los negocios a lo largo y ancho del mundo se han visto afectadas por escándalos muy importantes. Además las recurrentes acusaciones mutuas de corrupción entre los políticos no han cesado de aumentar, así como su conversión dudosa en "líderes naturales" de la lucha contra el fenómeno durante las jornadas electorales.

Reuniones, foros y conferencias de académicos, funcionarios y hombres de negocios se han multiplicado para estudiar y combatir el fenómeno. Paralelamente desde la sociedad civil se han multiplicado las protestas, denuncias, reclamos y marchas en contra de la corrupción. La ética, sin duda alguna, ha cobrado una extraordinaria importancia como medio para enfrentar la inexistencia de valores comunes y la expansión de la corrupción administrativa

En muchos países, hay un amplio sentimiento de que el servicio público ha perdido su función original, que muchos elementos dentro de él son corruptos, y que también la son muchas de las empresas del sector privado que comercian con el Estado. El público ve a los funcionarios, y estos a su vez se ven a sí mismos, como un cuerpo no responsable ante la colectividad a quienes ellos han prometido servir.

2. Corrupción Administrativa

Etimología, definiciones y conceptos genéricos de la corrupción.

El uso del termino corrupción es relativamente nuevo. La palabra corrupción en su actual sentido social y legal, es la acción humana que viola las normas legales y los principios de la ética. Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. No es apropiado usar solo esa palabra en ese sentido, pues las leyes incriminan y castigaran a la corrupción de menores, y en los códigos morales los predicadores condenan a la corrupción de las buenas costumbres. La corrupción administrativa seria entonces el genérico de los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo publico y que se clasifican jurídicamente en los términos siguientes.

Soborno O Cohecho. Es él más reiterativo de los delitos contra la Administración Publica. Se comete normalmente a instancia del contribuyente y va desde la entrega de una pequeña dadiva para evitar una contravención de simple policía hasta el ofrecimiento de abundantes sumas para salir del pago de los impuestos.

La exaccion. El agente fiscal que se aprovecha del miedo o de la ignorancia del contribuyente y le notifica el pago de un impuesto en cuantía mayor que lo que le corresponde, esta cometiendo exacción. Esta no se debe confundir con la liquidación provisional del impuesto que es frecuentemente mayor que la suma que termina pagando el contribuyente.

La concusion. Es una especie de extorsión hecha por el cobrador de impuestos, que bajo la presión de su investidura, conmina al contribuyente a pagarle determinada cantidad de dinero bajo la amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva. Ej. Son concusionarios los agentes de seguro social que en vez de exigir r el cumplimiento de la ley, diligencia el pago de coima a cambio de hacerse de la vista gorda ante la violación de los preceptos que están bajo su celo.

Trafico de influencia. Este se realiza cuando el funcionario de marras influye para conseguir a favor de alguien allegado una contrata de obras publicas; o cualquier otra actividad en la que este involucrada una posición o un trabajo de beneficio.

La malvesacion. Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos distintos a los que consigna el presupuesto en ejecución.

El abuso del poder. Este consiste en utilizar la fuerza publica para resolver problemas particulares, tan propio de los militares de alto rango, y de políticos en el ejercicio de puestos de mando, es igualmente abuso de poder. Lo es además la obediencia o el acatamiento de las sentencias u ordenes judiciales por parte del poder ejecutivo.

El Peculado. Contiene el significado de todas las palabras descritas precedentemente. El sujeto que ilegalmente se enriquece o enriquece a otros en perjuicio del Estado es reo de peculado. El uso en provecho propio de bienes públicos, la retención de bienes ajenos que por error han caído en manos de empleados oficiales, el uso de materiales y equipos en labores diferentes al objeto de su compra, las perdidas de bienes estatales, todos son actos que reúnen los elementos constitutivos del peculado.

3. Definición de corrupción aplicada al sector público.

En términos simples, la corrupción es "el abuso de poder público para obtener beneficio particular". No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación.

Para los fines de este trabajo "se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal (...) La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra en referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar decisiones"

Hay dos categorías muy diferentes de corrupción administrativa: la primera acontece cuando los actos corruptos se cometen "dé acuerdo con las reglas" y la segunda cuando las operaciones se desarrollan "en contra de las reglas". En el primer caso, un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un particular por llevar a cabo algo que debe hacer, según lo dispone la ley. En el segundo caso, se cometen actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido proporcionar. La corrupción "de acuerdo con la ley y contra la ley" puede ocurrir a todos los niveles gubernamentales y oscila desde la "gran corrupción" hasta las más comunes y pequeñas formas en la escala de la misma.

Causas De La Corrupción

¿Cuáles son las causas de la corrupción?.

Se pueden señalar tres tipos de causas que posibilitan la aparición de la corrupción y que se pueden dar en mayor o menor medida en cualquier Estado:

Causas formales,

Causas culturales, y

Causas materiales.

Causas formales.

Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término y son:

la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado,

la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional y

La inoperancia práctica de las instituciones públicas.

Juntas o por separado, estas causas están presentes en buena parte de los países latinoamericanos.

Causas culturales.

Antes de presentar estas causas es necesario señalar que el concepto que se maneja hace referencia a la cultura política de un país, es decir: "el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político [en este caso la corrupción]".

Las condiciones culturales permiten así delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad que se produzcan y el grado de tolerancia social con que pueden contar.

Son cuatro condiciones culturales básicas:

La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados; permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica.

La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella.

La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción.

Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común.

Causas materiales.

Las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente.

El sociólogo mexicano Gonzalo Escalante señala cinco brechas principales:

La brecha existente entre las necesidades reales de control político y las condiciones formales de ejercicio del poder. Ej: El conflicto permanente entre los aparatos policíacos y los sistemas de garantías jurídicas

La brecha existente entre la dinámica del mercado y la intervención pública. Ej: Funcionarios de tributación exigen dinero a una multinacional para disminuir la cantidad de impuestos que debe pagar la empresa.

La brecha existente entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia política. Ej: Un gremio de industriales entrega sobornos a algunos miembros del Congreso para que aprueben una ley.

La brecha existente entre los recursos de la administración pública y la dinámica social. Ej: Un funcionario del Ministerio de la Vivienda recibe dinero de una organización para orientar ciertos recursos exclusivamente hacia ella.

La brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Ej: Un deficiente sistema de control público permite que las medicinas asignadas a un hospital, se vendan fuera de este.

¿Cúal es el impacto de la corrupción?.

La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo a motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad.

Impacto económico.

Dieter Frisch, el ex-Director General de Desarrollo de la Comisión Europea, ha observado que la corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa la deuda de un país (y ello conlleva los futuros costos recurrentes); conduce al relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que no cumplen las normas establecidas o la tecnología inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la mano de obra (lo que es más lucrativo para el que comete la corrupción), pero puede ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo. Frisch señala que cuando un país aumenta su endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no son económicamente viables, la deuda adicional no sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios.

Impacto Político

El impacto político puede medirse a través de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Respecto a la clase política consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. Respecto al aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.

Impacto Social

La corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales Las clases populares o marginales se ven sometidos a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.

Ejemplo: Las consecuencias de la corrupción generalizada:

Sé deslegitima el sistema político. La corrupción de jueces y de legisladores hizo que los peruanos aprobaran masivamente la decisión del Presidente Fujimori de disolver e intervenir los poderes del Estado.

Mala asignación de fondos escasos. "El problema de la corrupción en México" comentó un funcionario público "es que aquí se derrocha un millón de pesos para robar mil".

Se distorsionan los incentivos económicos. Los mejores negocios no dependen de la competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables de tomar las decisiones sobre las contrataciones. Se afecta así la eficacia de la economía de mercado.

Se destruye el profesionalismo. En un sistema de corrupción generalizada el interés por los sobornos reemplaza los criterios profesionales.

Segrega y desanima a los honestos.

Se impide la planificación, debido a la falsedad de los datos

4. Reformas Administrativas

La problemática actual

Existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la administración pública que, como lo atestiguan numerosos ejemplos, no puede ser combatida únicamente con mecanismos de control suplementario. También existe en América Latina una creciente difusión de la corrupción en el sistema político, a menudo alimentada por un crecimiento clientelista de la administración pública, una creciente densidad regulativa y un avanzado grado de politización.

Corrupción significa también destruir la confianza en los funcionarios, cuando se mezclan las funciones públicas con las privadas y se lesionan gravemente los deberes y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Un conocido juez lo explicó de esta manera:

"(Los funcionarios públicos) se encuentran en una relación fiduciaria con respecto a las personas que los eligieron o los designaron para que las representen... En su carácter de depositarios de la confianza pública, ellos están bajo una obligación de servir al pueblo de la mejor manera posible. En el desempeño de sus funciones tienen la obligación de demostrar toda la capacidad e inteligencia que les sean posibles, de ser diligentes y concienzudos, de ser objetivos y razonables y, por sobre todas las cosas, mostrar que actúan de buena fe, con honradez e integridad... Deben alejarse de toda influencia corrupta y deben realizar las negociaciones de manera abierta y sincera frente al escrutinio público a fin de que el pueblo pueda saber lo que sucede y juzgar con justicia tanto a ellos como su trabajo. Si los funcionarios públicos no se desempeñan con honradez y responsabilidad, sus acciones son inconsistentes con el interés público..."

Esta cita ilustra una vez más la importancia que reviste para el funcionamiento de la administración pública la vinculación de los empleados públicos con el cargo que ocupan y no con el partido respectivo o grupos sectoriales de intereses políticos o económicos.

En muchos países, los empleados públicos se sienten comprometidos con los intereses particulares de quienes los han nombrado. Esto necesariamente lleva a un abuso de poder, se contradice con la vocación democrática, en particular con el principio de "igualdad ante la ley" y reduce el umbral inhibitorio para la corrupción ya que si se sirve a intereses particulares de terceros, ¿por qué no a los propios también?.

De ahí la importancia fundamental que reviste el status del empleado público, si se desea que su desempeño sea independiente de las coyunturas políticas cambiantes, arraigándolo al ejercicio del cargo, fundamentado en conocimientos técnicos y aptitudes, de forma tal que su accionar posea la necesaria neutralidad ante los diversos intereses políticos y económicos, y se oriente por los principios elementales de legalidad que deben observar quienes actúan en la administración.

La experiencia demuestra que muchas de las causas de la corrupción en los países industrializados y en vías de desarrollo deben buscarse en los errores institucionales de la administración pública. En efecto, si se pretende impedir que se difunda la corrupción y si se desea combatirla eficazmente, es preciso impulsar una reforma básica de la administración pública, eliminando las fallas institucionales que conducen a la corrupción. En los países en desarrollo la corrupción en la administración pública está más difundida que en muchos países industrializados, ya que estos últimos han avanzado más en la institucionalización de los organismos administrativos.

No es posible combatir la corrupción apelando exclusivamente a la ética y a la transmisión de valores morales. Es necesario que se eliminen las oportunidades que generan la corrupción, incrementando al mismo tiempo los costos y los riesgos que la misma implica.

Posibles enfoques para una reforma administrativa con el objeto de combatir la corrupción.

El punto de partida de cualquier reforma administrativa consiste en redefinir las funciones del Estado y limitarlas a lo esencial. Las experiencias demuestran que cualquier tarea adicional que emprende el Estado provoca un crecimiento desmedido de la administración, volviéndola, por lo tanto cada vez menos gobernable y más difícil de financiar. En lo posible esta reforma debería incluir la privatización de aquellas tareas que venía cumpliendo él estado y que puede delegar. En muchos países ha quedado demostrado que ciertas privatizaciones permiten reducir los niveles generales de corrupción. Esto no significa que no exista corrupción también en el sector privado. Sin embargo, es indudable que en las empresas privadas es más fácil establecer los debidos controles, dado que allí no existe como en el caso de la política una superposición de objetivos de eficiencia económica con objetivos políticos.

Una descentralización de la estructura del Estado puede ayudar a combatir de modo eficaz la corrupción, o al menos dificultar su generación. La descentralización desplaza la responsabilidad a los niveles inferiores. En ese caso será más fácil definir las responsabilidades y practicar los controles, en particular porque las decisiones se toman en el nivel en el que se generan los actos.

Elementos importantes en la lucha contra la corrupción son las reformas administrativas y la simplificación de los trámites, haciendo de este modo más transparentes los procesos administrativos para los ciudadanos.

Contribuye a ello la circunstancia de que las autoridades estén obligadas a fundamentar sus decisiones sobre derechos y reivindicaciones del ciudadano. Reviste especial importancia para una mayor transparencia de los procesos de decisión, reducir el número de entes y niveles que participan en la decisión. Por otra parte es importante que las decisiones que quedan libradas a criterio de la administración se reduzcan al mínimo nivel. Allí donde sean necesarias, deberán quedar sujetas a reglas claras a fin de que el ciudadano pueda verificar si se hizo debido uso de las facultades otorgadas.

En América Latina se observa que existen muchas disposiciones que regulan en forma contradictoria los mismos o similares hechos, de modo tal que el empleado que deba adoptar las decisiones puede remitirse a bases jurídicas disímiles para la toma de decisiones. En ese caso, la influencia de consideraciones ajenas a la cuestión técnica, como puede ser la corrupción, se extiende rápidamente.

Los principios de la vida pública.

Para controlar la corrupción se deben aplicar los siguientes principios:

Responsabilidad de los funcionarios.

Cuando se habla de "Servicio Público" se hace referencia a los servidores públicos en general y a los "mandatarios" electos. También en América Latina responde a la vocación democrática interpretar a la función pública sin hacer distinciones entre cargos con convocatoria oficial y cargos obtenidos en virtud de un acto comicial. Para ambos tipos de funcionarios rigen las mismas normas, aun cuando las funciones en el marco de los poderes públicos también determinen diferencias en cuanto al status conferido por el cargo. Los cargos políticos siempre son temporales en virtud de que están sujetos a un cierto período electoral. Estos participan en la gestión de gobierno y por lo tanto comparten su destino. Sin embargo, de ello no se desprende para el titular electo o político, que le esté permitido guiarse en sus actos por intereses particulares, sean éstos de terceros o propios, por cuanto ello no sólo lesionaría los principios de deberes de funcionario público, sino también el principio de legalidad, principios ambos a los que el funcionario político está tan sujeto como todos los demás funcionarios públicos. Al igual que en el caso de éstos, sus actos deben ser controlables, es decir deben ser transparentes.

Profesionalización del personal.

Los servidores públicos tienen que ser idóneos para el cargo en cuanto a su capacidad técnica y personal. Sólo así es posible evitar que las personas que ocupan los cargos sean convocadas sobre la base de su reracionamiento personal y no por sus condiciones técnicas y personales. Aun cuando los aspectos políticos no se pueden excluir siempre, no deberían ser el único criterios para la convocatoria a un cargo público calificado. En este sentido sería conveniente estimular el desarrollo de escuelas de capacitación para la función pública.

Remuneración adecuada del personal.

Los servidores públicos deben ser remunerados de conformidad con las exigencias que les plantea el cargo y la responsabilidad que se delega en ellos, así como por la formación recibida. Sólo entonces se puede esperar que el servidor público también se sienta consustanciado con la "causa pública". Pero esto por sí sólo no es suficiente. Además, los ascensos deben hacerse siguiendo criterios técnicos y de eficiencia, y no sólo en función de consideraciones políticas, aun cuando esto sea cada vez más difícil de lograr. Si las promociones se otorgan fundamentalmente siguiendo criterios políticos, no podrá aguardarse de los funcionarios que ejerciten su cargo en forma imparcial y siguiendo criterios técnicos y objetivos. Normalmente se guiarán para el ejercicio de sus funciones por pautas esencialmente políticas o buscarán otro tipo de resarcimiento a través de la corrupción.

La nueva organización de personal debe ser complementada por una permanente capacitación, entrenamiento y mayor participación.

Desarrollo de Códigos de Ética.

Aún cuando se ha señalado que las razones para el surgimiento y la propagación de la corrupción deben buscarse fundamentalmente en errores institucionales de los sistemas administrativos, también pueden ser de gran ayuda códigos éticos, para impedir o combatir el surgimiento y la difusión de corrupción. Sólo a través de códigos éticos, coordinados y discutidos con el personal en un proceso permanente, es posible lograr que el personal se identifique con las reglas de una gestión de la función pública esencialmente técnica y políticamente imparcial

Además, este método permite introducir en los propios funcionarios mecanismos personales tales que los inhiban de incurrir en actos de corrupción. Sin embargo, las medidas implementadas sólo podrán ser exitosas, si los empleados y funcionarios que observen una conducta conforme a la ley, reciben un adecuado reconocimiento a esa gestión.

Ejemplo: Los principios de la Comisión NOLAN.-

Toda administración moderna debe guiarse por un cuerpo de principios que rija la relación entre los funcionarios públicos y los particulares; la Comisión Nolan del Reino Unido presentó en 1995 los siguientes principios:

Neutralidad: Quienes ocupan cargos públicos deben tomar las decisiones basadas en el interés público. No deberían hacerlo guiados por posibles beneficios materiales o financieros, ni según el bienestar de sus familiares, amigos o conocidos.

Integridad: Los funcionarios públicos no pueden aceptar ningún tipo de prestación financiera o de cualquier otra índole proveniente de organizaciones o personas, que comprometa sus responsabilidades como funcionario público.

Objetividad: Los funcionarios públicos deberán realizar sus tareas de acuerdo a las normas que la regulan. Esto deberá aplicarse en toda actividad desarrollada, tal como un nombramiento, la adjudicación de un contrato o la recomendación para una persona.

Rendición de Cuentas: Los funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus acciones y decisiones que afecten a la colectividad y deben estar dispuestos a someterse a la revisión y análisis de sus acciones.

Sinceridad: Los funcionarios públicos deben ser tan sinceros como les sea posible, con respecto a las decisiones y acciones que tomen. Deberían explicar la razón de sus decisiones y restringir la información sólo cuando el interés público así lo requiera.

Honestidad: Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar cualquier interés privado relacionado con sus responsabilidades públicas, y deben tomar todas las medidas que sean necesarias para resolver cualquier conflicto que surja a fin de proteger el interés público.

Liderazgo: Los funcionarios públicos deben promover y respaldar estos principios mediante el buen ejemplo y el liderazgo.

Pesos y contrapesos.

El ejemplo que inspiran los líderes y los funcionarios públicos de alto nivel es fundamentales para el logro y mantenimiento de un sistema nacional de integridad eficiente. Sin embargo, ¿quién vigila a los líderes? El objetivo en todo sistema de integridad consiste en construir una estructura de pesos y contrapesos ("checks and balances") dentro de un marco de principios fundamentales previamente acordados.

El desafío consiste en construir un sistema transparente y responsable con dos objetivos principales: el primero consiste en evitar el fraude, mientras que el segundo consiste en lograr que los funcionarios superiores crean que existe una verdadera posibilidad de que el fraude pueda ser detectado.

El control de la corrupción no puede dejarse sólo en manos de los fiscales ni de las fuerzas de la ley y del orden. La acción no depende solamente de la detención y del procesamiento penal. Por el contrario, la acción debe comprender una combinación de acuerdos mutuos. En parte, este concepto incluye el mejoramiento de la transparencia en las relaciones, y en la medida que sea posible, evitar el desarrollo de relaciones que puedan llevar a la corrupción. Incluye la transparencia en las cuestiones financieras de los funcionarios más importantes y la posibilidad de control por parte de instituciones independientes anticorrupción.

Cambios organizacionales.

Los cambios organizacionales dentro del sector público pueden ayudar a disminuir las oportunidades de prácticas corruptas. Singapur por ejemplo, desarrolló con éxito su programa anticorrupción a principios de la década de los setenta a través de la aplicación de los siguientes puntos:

Mejoramiento de los métodos y procedimientos laborales para reducir las demoras.

Incrementar la efectividad de la supervisión, para que los responsables puedan supervisar de manera efectiva el trabajo de sus subordinados.

Rotar a los funcionarios, para asegurar que ninguno de ellos permanezca por mucho tiempo en el mismo puesto.

Realizar inspecciones sorpresivas en los lugares de trabajo.

Tomar medidas adecuadas de seguridad para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las dependencias públicas.

Revisar permanentemente las medidas anticorrupción con el objeto de introducir las reformas necesarias.

En 1993 el gobierno de los Estados Unidos lanzó una iniciativa de reestructuración del gobierno federal. Este proyecto conocido como Reinventing Government (REGO), ha sido una de las propuestas más importantes de la administración demócrata. Las ideas recogidas en el libro "La Reinvención del Gobierno" se transformaron en la columna vertebral del proyecto y uno de los autores, Soborne, fue convocado como uno de los principales asesores.

Los principales denominadores comunes de los gobiernos empresariales que caracterizan al proyecto REGO son:

Solución de problemas a través de una acción catalizadora.

Fomento de la competencia dentro del gobierno y entre los proveedores del gobierno.

Medición de la eficiencia de los organismos de acuerdo a los resultados obtenidos, y no a los recursos utilizados.

Acercamiento al consumidor: pasar de considerar al ciudadano como un usuario molesto a verlo como un cliente a quien hay que respetar y satisfacer.

Buscar cómo obtener recursos y no sólo gastarlos.

Prevención de los problemas, en lugar de la administración de las soluciones.

Descentralización de la autoridad: simplificación de las estructuras logrando una mayor horizontalidad en la toma de decisiones.

Orientación al mercado.

Promoción de la participación activa de la comunidad en los asuntos públicos.

Estos principios han transformado las nociones imperantes en la administración pública norteamericana y sus

Repercusiones han trascendido las fronteras de Estados Unidos. Diversas administraciones públicas latinoamericanas estudian y aplican actualmente las ideas de Osborne y Gaebler, como por ejemplo en Argentina. Allí, gobiernos seccionales de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz, San Luis y Tierra del Fuego han tomado la iniciativa en la búsqueda de ofrecer mejores servicios a través de una gerencia eficaz de los recursos disponibles para:

Contribuir al equilibrio presupuestario.

Obtener una ventaja competitiva en la competencia por capital externo.

Mejorar la recaudación impositiva.

Conseguir y mantener a los mejores empleados.

Reducir la corrupción.

Ejemplo: Argentina y el gobierno gerencial.

En el municipio de Tigre los inspectores tributarios del municipio no reciben salarios, sino una comisión sobre la evasión que identifican y las moras que cobran. Esa comisión surge de un 6% adicional cobrado a los evasores. El interés en obtener las comisiones genera una competencia positiva entre los inspectores que ha permitido al municipio no solo ahorrar los recursos destinados a salarios, sino también aumentar la recaudación y evitar el uso de dinero de contribuyentes para controlar a los evasores. En el municipio de San Isidro, a su vez, se paga desde hace poco tiempo no por horas de trabajo sino por cantidad de inspecciones, lo que tiene un impacto directo en la productividad del inspector, así como en la competencia del mismo.

En este mismo municipio se comprueba como el fomentar la competencia entre los aspirantes a adjudicarse una licitación es beneficiosa para los ciudadanos y para las arcas municipales. Estos beneficios se maximizan si se dan dos condiciones: 1) que no haya arreglos entre los candidatos y 2) que la licitación sea flexible de manera tal que ofrezca alternativas a los candidatos.

Reforma de programas del sector público.

Es posible que los programas públicos que están seriamente afectados por la corrupción puedan modificarse si se diseñan nuevamente 26.

La primera y mejor opción en muchos casos es la eliminación del programa. Muchos países tienen reglas y reglamentos que no son necesarios. Se puede y se debe terminar con ellos. Otros programas podrían ser útiles en un Estado que funciona bien, pero no son eficientes cuando la corrupción es endémica.

La segunda opción consiste en que el objeto principal del programa se mantenga, pero que el procedimiento sea rediseñado para simplificar y facilitar el control. Sin embargo, la simplificación (Ej. : la reducción del número de pasos que se necesitan para obtener la aprobación y el pago por parte del gobierno por bienes suministrados) no siempre reduce la corrupción si las normas son muy estrictas. La rigidez burocrática con frecuencia genera condiciones adecuadas para el desarrollo de la corrupción.

La tercera opción consiste en la privatización (el traspaso al sector privado de empresas manejadas por el Estado), ya que los métodos de rendir cuentas en el sector privado y la necesidad de administrar empresas productivas son incentivos muy importantes para poner en práctica estrategias internas contra la corrupción. Algunos defensores de la privatización inclusive afirman que ésta constituye una solución definitiva para la corrupción. Otros, afirman que disminuye la corrupción pero al mismo tiempo se convierte en "un mazo a punto de partir una nuez", es decir, que tiene efectos sociales devastadores.

Hasta ahora, las propuestas se han concentrado en torno a las reformas que se deben implantar en la estructura pública de cada país. Es necesario pasar a estudiar la importancia de generar un entorno ético y promover la activa participación de la sociedad civil en el desarrollo de estrategias anticorrupción.

La creación de un entorno ético.

En su conjunto, los elementos enunciados establecen y promueven una tradición de vida pública basada en la transparencia, la eficiencia y la honestidad. Sin embargo, esto es necesario más no suficiente, es prioritario crear un entorno ético en donde se desenvuelva esta tradición y que:

Se desarrolle, promocione, adapte y actualice de acuerdo a la evolución de los escenarios dominantes en cada país.

Sea reconocido y respetado por parte de los particulares y los funcionarios públicos.

Sea susceptible de cambios rápidos para eliminar posibles puntos débiles que se detecten en su estructuración.

Sea apoyado por parte del liderazgo político y administrativo de cada país, con el objeto de generar confianza y credibilidad por parte de la sociedad civil hacia ese entorno.

La participación de la sociedad civil.

Una de las razones fundamentales por las cuales las estrategias anticorrupción no han tenido resultados positivos se debe, en buena parte, a la falta de un elemento fundamental en la vida de todo país: la participación activa de la sociedad civil.

Según un artículo en The Times of India: "La aceptación de la corrupción por parte de la sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado debe ser lo primero que se debe enfrentar" 27 .

Muchos de los integrantes de una sociedad civil tienen un interés especial en lograr un sistema de integridad efectivo, incluyendo el sector privado, líderes religiosos, los medios de comunicación, profesionales y, sobre todo, el ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la corrupción.

No cabe duda de que la sociedad civil constituye un elemento fundamental en toda estrategia exitosa contra la corrupción. En Argentina por ejemplo, se está diseñando un proyecto de control y de transparencia del Estado. El objetivo planteado es darle impulso a la participación ciudadana para que intervenga en dicho control. Con este fin, se pretende contratar una consultora que en 24 meses organice un ámbito donde se discuta y participe, y a otra que cree mecanismos de control de la corrupción (por ejemplo, generando un banco de datos de los patrimonios de los funcionarios provinciales). El proyecto que es supervisado por el Banco Mundial, apunta a "generar algo que sea una parte más de las instituciones mendocinas" cuenta Alejandro Casabán quien está a cargo de la oficina de Inspección general- "y para el futuro, la esperanza es que cada municipio cuente con un organismo de esta naturaleza"28 .

Algunas de las soluciones se encuentran dentro de la misma sociedad, por ejemplo la necesidad de cambiar la apatía o tolerancia pública con respecto a la corrupción. Sin embargo, la sociedad civil es parte del problema. La idea de que las actividades del Estado se desarrollan en una esfera completamente ajena a la esfera de las actividades privadas es errónea.

El punto de contacto entre el sector privado y el público es el punto en el cual nace la corrupción y donde se pagan las sobornos.

De esta manera, todo intento de establecer una estrategia contra la corrupción que no incluya a la sociedad civil está ignorando a una parte del problema y al mismo tiempo a una de las herramientas disponibles más útiles y poderosas para atacarlo.

De hecho, en muchos países donde la corrupción predomina, la sociedad civil es débil, apática o se encuentra en las primeras etapas de movilización y organización. Pero de ninguna manera éstas son razones para ignorar su papel, dado que la simple participación de la sociedad civil en crecimiento puede, por sí misma, fortalecer y estimular el desarrollo de una estrategia contra la corrupción.

A lo largo de este capítulo se han repasado brevemente los elementos necesarios para el desarrollo de una estrategia anticorrupción cuyo enfoque sea múltiple e involucre activamente al Estado y a la sociedad civil.

Observación final.

Luego de estas consideraciones, debería quedar establecido que no se puede combatir a la corrupción a través de reformas administrativas aisladas. Adicionalmente a las mismas, se debe agregar la reforma funcional del Estado y de sus leyes, que son los fundamentos con base en los cuales la administración adopta sus decisiones posteriores. Pero tampoco esto es suficiente. Otro elemento importante es una reforma básica de la organización del personal en la administración pública y de los entes que dependen de la misma. Finalmente, el ciudadano y la sociedad quedan convocados a participar activamente en la reforma administrativa y en la lucha contra la corrupción, lo que es una condición esencial para que se introduzca un cambio fundamental en la relación entre la administración y el ciudadano.

5. El crucigrama político de los años( 1966-1978 )

Primer periodo:

1 de julio de 1966

Inicio del primero de los tres mandatos presidenciales de Joaquín Balaguer

Comienza el período llamado de los 12 Años de Balaguer.

1966-1970

El fantasma de la revolución socialista de Cuba seguía presente. El auge de

Los movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina, determinó la política represiva del régimen en contra de los grupos de izquierda y de influencia marxista. Se desata la persecución de los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano (MPD), del Movimiento 14 de Junio y el Partido Comunista Dominicano. Los dirigentes del PRD eran vistos como los principales enemigos del gobierno.

Se creó el grupo paramilitar la banda, compuesto por antiguos militantes de los grupos de izquierda. Su fin principal era el de reprimir a la oposición política, fundamentalmente a la juventud que defendía las posiciones de izquierda. Se calcula que entre 1966 y 1974, cerca de tres mil ciudadanos perdieron su vida, fruto de la represión.

En marzo de 1970, Juan Bosh regresa al país. A su llegada planteó que no debían participar en las elecciones de mayo, calificadas por el líder como un "matadero electoral".

Sin oposición visible, el 16 de mayo se celebraron las elecciones y Balaguer ganó sin discusión ni contendientes.

Segundo periodo:

16 de agosto de 1970

Balaguer se juramenta, una vez más, como Presidente de la República.

1971

El general Elías Wessin y Wessin es enviado al exilio, después que fue descubierto en su intentode organizar un golpe de Estado en contra del Presidente Balaguer.

1972

Se desata una campaña internacional condenando la violación de los Derechos humanos en la república Dominicana. Se hicieron graves denuncias en los foros internacionales sobre la política represiva del régimen, lo que obligó a disminuir la represión.

Febrero de 1973

Invasión de Playa caracoles el 1 de febrero de 1973. Francisco Alberto Caamaño con un pequeño grupo de guerrilleros entra al país por las playa De Ocoa.

Noviembre de 1973

Se produce la división en el PRD. Bosch sale de ese partido, haber virado hacia la derecha. Funda el partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cuando aún lideraba las filas del PRD, Bosch había creado una gran alianza alaguerista (el Bloque de la Dignidad Nacional). Desde la nueva Organización política, siguió dirigiendo el movimiento.

El PRD, liderado ahora por José Francisco Peña Gómez, por su parte, creó El llamado Acuerdo de Santiago, el cual estaba integrado también por él MPD y el Partido Quisqueyano Demócrata cuyo líder Elías Wessin y Wessin había sido uno de los militares anticonstitucionalistas.

La alianza opositora determinó un nuevo recrudecimiento de la represión.

Enero de 1974

La represión se expande por todo el país. Se inician los aprestos. Para las Nuevas elecciones generales. Meses después ante el clima represivo, el Acuerdo de Santiago decidió retirar sus candidaturas y no presentarse a las Elecciones.

Mayo de 1974

Balaguer participa prácticamente solo en el electoral. Gana por tercera vez.

Tercer periodo:

Agosto de 1974

El 16 de agosto de 1974 el presidente Balaguer se inviste por tercera vez en El poder.

1976

Se expande el clima de descontento en contra del régimen. Las denuncias de Corrupción estaban a la orden del día. La credibilidad del gobierno estaba decreciendo aceleradamente

1977

Se legaliza el Partido Comunista Dominicano.

1978

Meses de tensión por la campaña electoral. En mayo fueron celebradas las elecciones generales. El candidato opositor, Antonio Guzmán, dirigente del PRD, era el favorito. Los partidarios del reformismo se negaron a aceptar

Los resultados de las urnas, hasta tal punto que un grupo de militantes Irrumpió en la Junta Central Electoral, interrumpiendo abruptamente el Conteo. Protestas nacionales e internacionales, principalmente del Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pudieron detener la crisis, No sin antes llegar a acuerdos políticos con el reformismo. El punto Principal de este acuerdo, llamado popularmente Fallo Histórico, fue la Cesión del control del senado, y una ampliación de su representación en la Cámara de Diputados, al partido Reformista. El 16 de agosto de 1978, Antonio Guzmán se juramentaba como Presidente de la República.

El prd en el poder disputas y contradicciones.(1978-1986)

1976

Tensiones en el PRD por la candidatura presidencial. El binomio Antonio Guzmán-Jacobo Majluta se impuso a la tendencia de Salvador Jorge Blanco.

1977

El 16 de agosto de 1978, Antonio Guzmán se inviste como Presidente de la República.

Desde los inicios de su gobierno, comienzan las críticas en el interior del PRD de que el presidente tenía una vocación hacia el nepotismo, al nombrar En puestos claves de la administración estatal a sus familiares.

1979

Se acusa al gobierno de crear una macrocefalia burocrática en el Estado. Se propaga por todo el país que el mismo auspicia la corrupción.

1980

Se agudizan las tensiones en el interior del PRD. Sectores del partido acusan a Guzmán de aspirar a la reelección. Se evidencian las diferencias entre el Gobernante y el senador por el Distrito Nacional, Salvador Jorge Blanco. Aspirante a la presidencia de la república.

1981

Reagrupamiento del liderazgo del PRD:

José Francisco Peña Gómez apoya las aspiraciones de Salvador Jorge Blanco.

Antonio Guzmán apoya las aspiraciones de su vicepresidente, Jacobo Majluta.

El Partido elige a Salvador Jorge Blanco. Se recrudece el enfrentamiento interno. Los partidarios de Jorge Blanco acusan al grupo de Guzmán de negociar con sectores militares para detener el proceso electoral. Se les acusa también de buscar acuerdos políticos con sectores reformistas

6. Conclusiones

La corrupción administrativa, la evasión de pagos al estado y l a fuga de capitales son las tres asechanzas que tiene que enfrentar la democracia latinoamericana. Los movimientos de izquierda y la sublevación armada siempre se inician para combatir tal o cual gobierno "corrupto".

La corrupción administrativa ha sido y seguirá siendo el mal que no permitirá que un país no se desarrolle por completo, existe leyes por la cual se deben regir los gobernantes, creo que si estos acogen y practica dichas leyes entonces solo así podremos erradicar la corrupción en nuestro país< y por que no también en todas partes del mundo.

7. Bibliografía

Abinader, Rafael, La corrección administrativa en Rep. Dom., editora alfa y omega, Republica Dominicana, 1986.
Merino Dirán, Valeria y Lozano, Juan , Transparencia Internacional, editora mexica, México, 1999.

http//www.transparency.de

 

 

 

Autor:


Hennys Lizardo
cobra99[arroba]LatinMail.com


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