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Corrupción Administrativa




Enviado por cobra99



    Indice

    1.
    Introducción

    2. Corrupción Administrativa
    3. Definición de corrupción
    aplicada al sector público
    .
    4. Reformas Administrativas
    5. El crucigrama político de los
    años( 1966-1978 )

    6. Conclusiones
    7. Bibliografía

    1.
    Introducción

    Actualmente en muchos países la corrupción
    es vista como un asunto que merece urgente atención. Diversos elementos de la realidad
    latinoamericana y del mundo nos muestran que el fenómeno
    ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han
    desarrollado múltiples acciones para
    luchar en contra de ella.

    Las altas esferas de la política y los
    negocios a lo
    largo y ancho del mundo se han visto afectadas por
    escándalos muy importantes. Además las recurrentes
    acusaciones mutuas de corrupción
    entre los políticos no han cesado de aumentar, así
    como su conversión dudosa en "líderes naturales" de
    la lucha contra el fenómeno durante las jornadas
    electorales.

    Reuniones, foros y conferencias de académicos,
    funcionarios y hombres de negocios se
    han multiplicado para estudiar y combatir el fenómeno.
    Paralelamente desde la sociedad civil se
    han multiplicado las protestas, denuncias, reclamos y marchas en
    contra de la corrupción. La ética, sin
    duda alguna, ha cobrado una extraordinaria importancia como medio
    para enfrentar la inexistencia de valores
    comunes y la expansión de la corrupción
    administrativa

    En muchos países, hay un amplio sentimiento de
    que el servicio
    público ha perdido su función
    original, que muchos elementos dentro de él son corruptos,
    y que también la son muchas de las empresas del
    sector privado que comercian con el Estado. El
    público ve a los funcionarios, y estos a su vez se ven a
    sí mismos, como un cuerpo no responsable ante la
    colectividad a quienes ellos han prometido servir.

    2. Corrupción
    Administrativa

    Etimología, definiciones y conceptos
    genéricos de la corrupción.

    El uso del termino corrupción es relativamente
    nuevo. La palabra corrupción en su actual sentido social y
    legal, es la acción humana que viola las normas legales y
    los principios de la
    ética.
    Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los
    actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. No es
    apropiado usar solo esa palabra en ese sentido, pues las leyes incriminan
    y castigaran a la corrupción de menores, y en los
    códigos morales los predicadores condenan a la
    corrupción de las buenas costumbres. La corrupción
    administrativa seria entonces el genérico de los delitos que se
    cometen en el ejercicio de un cargo publico y que se clasifican
    jurídicamente en los términos
    siguientes.

    Soborno O Cohecho. Es él más reiterativo
    de los delitos contra
    la
    Administración Publica. Se comete normalmente a
    instancia del contribuyente y va desde la entrega de una
    pequeña dadiva para evitar una contravención de
    simple policía hasta el ofrecimiento de abundantes sumas
    para salir del pago de los impuestos.

    La exaccion. El agente fiscal que se
    aprovecha del miedo o de la ignorancia del contribuyente y le
    notifica el pago de un impuesto en
    cuantía mayor que lo que le corresponde, esta cometiendo
    exacción. Esta no se debe confundir con la
    liquidación provisional del impuesto que es
    frecuentemente mayor que la suma que termina pagando el
    contribuyente.

    La concusion. Es una especie de extorsión hecha
    por el cobrador de impuestos, que
    bajo la presión de
    su investidura, conmina al contribuyente a pagarle determinada
    cantidad de dinero bajo la
    amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva.
    Ej. Son concusionarios los agentes de seguro social
    que en vez de exigir r el cumplimiento de la ley, diligencia
    el pago de coima a cambio de
    hacerse de la vista gorda ante la violación de los
    preceptos que están bajo su celo.

    Trafico de influencia. Este se realiza cuando el
    funcionario de marras influye para conseguir a favor de alguien
    allegado una contrata de obras publicas; o cualquier otra
    actividad en la que este involucrada una posición o un
    trabajo de beneficio.

    La malvesacion. Consiste en desviar caudales
    públicos hacia objetivos
    distintos a los que consigna el presupuesto en
    ejecución.

    El abuso del poder. Este
    consiste en utilizar la fuerza publica
    para resolver problemas
    particulares, tan propio de los militares de alto rango, y de
    políticos en el ejercicio de puestos de mando, es
    igualmente abuso de poder. Lo es
    además la obediencia o el acatamiento de las sentencias u
    ordenes judiciales por parte del poder
    ejecutivo.

    El Peculado. Contiene el significado de todas las
    palabras descritas precedentemente. El sujeto que ilegalmente se
    enriquece o enriquece a otros en perjuicio del Estado es reo
    de peculado. El uso en provecho propio de bienes
    públicos, la retención de bienes ajenos
    que por error han caído en manos de empleados oficiales,
    el uso de materiales y
    equipos en labores diferentes al objeto de su compra, las
    perdidas de bienes estatales, todos son actos que reúnen
    los elementos constitutivos del peculado.

    3. Definición
    de corrupción aplicada al sector
    público.

    En términos simples, la corrupción es "el
    abuso de poder público para obtener beneficio particular".
    No se puede suponer que la corrupción siempre signifique
    la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación.

    Para los fines de este trabajo "se designa como
    corrupción al fenómeno por medio del cual un
    funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto
    a los estándares normativos del sistema para
    favorecer intereses particulares a cambio de una
    recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento
    desviado de aquel que ocupa un papel en la
    estructura
    estatal (…) La corrupción es un modo particular de
    ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e
    ilegítima. Esta se encuadra en referencia al
    funcionamiento de un sistema y, en
    particular, a su modo de tomar decisiones"

    Hay dos categorías muy diferentes de
    corrupción administrativa: la primera acontece cuando los
    actos corruptos se cometen "dé acuerdo con las reglas" y
    la segunda cuando las operaciones se
    desarrollan "en contra de las reglas". En el primer caso, un
    funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un
    particular por llevar a cabo algo que debe hacer, según lo
    dispone la ley. En el segundo caso, se cometen actos de
    corrupción para obtener servicios que
    el funcionario tiene prohibido proporcionar. La corrupción
    "de acuerdo con la ley y contra la ley" puede ocurrir a todos los
    niveles gubernamentales y oscila desde la "gran
    corrupción" hasta las más comunes y pequeñas
    formas en la escala de la
    misma.

    Causas De La Corrupción

    ¿Cuáles son las causas de la
    corrupción?.

    Se pueden señalar tres tipos de causas que
    posibilitan la aparición de la corrupción y que se
    pueden dar en mayor o menor medida en cualquier
    Estado:

    Causas formales,

    Causas culturales, y

    Causas materiales.

    Causas formales.

    Las causas formales se desprenden de la
    delimitación técnica del término y
    son:

    la falta de una clara delimitación entre lo
    público y lo privado,

    la existencia de un ordenamiento jurídico
    inadecuado a la realidad nacional y

    La inoperancia práctica de las instituciones
    públicas.

    Juntas o por separado, estas causas están
    presentes en buena parte de los países
    latinoamericanos.

    Causas culturales.

    Antes de presentar estas causas es necesario
    señalar que el concepto que se
    maneja hace referencia a la cultura
    política
    de un país, es decir: "el conjunto de actitudes,
    normas y
    creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto
    un fenómeno político [en este caso la
    corrupción]".

    Las condiciones culturales permiten así delimitar
    la extensión de las prácticas corruptas, la
    probabilidad
    que se produzcan y el grado de tolerancia social
    con que pueden contar.

    Son cuatro condiciones culturales
    básicas:

    La existencia de una amplia tolerancia social
    hacia el goce de privilegios privados; permite que prevalezca una
    moralidad del lucro privado sobre la moralidad
    cívica.

    La existencia de una cultura de la
    ilegalidad generalizada o reducida a grupos
    sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta
    la corrupción y la tolerancia social hacia
    ella.

    La persistencia de formas de organización y de sistemas
    normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno,
    suele provocar contradicciones que encuentran salida a
    través de la corrupción.

    Para algunos casos latinoamericanos, ciertas
    manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa
    vigencia de la idea de nación
    y la ausencia de una solidaridad
    amplia fundada en el bienestar común.

    Causas materiales.

    Las causas materiales se refieren a situaciones
    concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las
    situaciones concretas de las que se trata en este caso son las
    distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el
    orden social vigente.

    El sociólogo mexicano Gonzalo Escalante
    señala cinco brechas principales:

    La brecha existente entre las necesidades reales de
    control
    político y las condiciones formales de ejercicio del
    poder. Ej: El conflicto
    permanente entre los aparatos policíacos y los sistemas de
    garantías jurídicas

    La brecha existente entre la dinámica del mercado y la
    intervención pública. Ej: Funcionarios de
    tributación exigen dinero a una
    multinacional para disminuir la cantidad de impuestos que debe
    pagar la
    empresa.

    La brecha existente entre el poder social efectivo y el
    acceso formal a la influencia política. Ej: Un gremio de
    industriales entrega sobornos a algunos miembros del Congreso
    para que aprueben una ley.

    La brecha existente entre los recursos de la
    administración
    pública y la dinámica social. Ej: Un funcionario del
    Ministerio de la Vivienda recibe dinero de una organización para orientar ciertos recursos
    exclusivamente hacia ella.

    La brecha existente entre la impunidad real y la
    responsabilidad formal de los funcionarios
    públicos. Ej: Un deficiente sistema de control
    público permite que las medicinas asignadas a un hospital,
    se vendan fuera de este.

    ¿Cúal es el impacto de la
    corrupción?.

    La corrupción provoca que las decisiones sean
    tomadas de acuerdo a motivos ajenos a los legítimos, sin
    tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la
    comunidad.

    Impacto económico.

    Dieter Frisch, el ex-Director General de Desarrollo de
    la Comisión Europea, ha observado que la corrupción
    aumenta los costos de los
    bienes y servicios;
    incrementa la deuda de un país (y ello conlleva los
    futuros costos
    recurrentes); conduce al relajamiento de las normas de modo que
    se adquieren bienes que no cumplen las normas establecidas o la
    tecnología
    inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la
    aprobación de proyectos basados
    en el valor del
    capital
    involucrado en los mismos, más que en la mano de obra (lo
    que es más lucrativo para el que comete la
    corrupción), pero puede ser menos útil desde el
    punto de vista del desarrollo.
    Frisch señala que cuando un país aumenta su
    endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no
    son económicamente viables, la deuda adicional no
    sólo incluye un costo extra
    debido a la corrupción, sino que la inversión se canaliza hacia proyectos
    improductivos e innecesarios.

    Impacto Político

    El impacto político puede medirse a través
    de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida
    la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre
    las élites políticas
    y económicas. Respecto a la clase política
    consolida las clientelas políticas
    y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control.
    Respecto al aparato administrativo, perpetúa la
    ineficiencia de la burocracia y
    genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto
    conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a
    la erosión de
    la legitimidad necesaria para su funcionamiento
    adecuado.

    Impacto Social

    La corrupción acentúa las diferencias
    sociales al limitar el papel del
    Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales
    Las clases populares o marginales se ven sometidos a un proceso de
    exclusión social y político ya que la
    corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a
    acceder de manera informal a sus medios de
    subsistencia.

    Ejemplo: Las consecuencias de la corrupción
    generalizada:

    Sé deslegitima el sistema político. La
    corrupción de jueces y de legisladores hizo que los
    peruanos aprobaran masivamente la decisión del Presidente
    Fujimori de disolver e intervenir los poderes del
    Estado.

    Mala asignación de fondos escasos. "El problema
    de la corrupción en México"
    comentó un funcionario público "es que aquí
    se derrocha un millón de pesos para robar mil".

    Se distorsionan los incentivos
    económicos. Los mejores negocios no dependen de la
    competitividad
    de las empresas sino de
    su capacidad de influir en los responsables de tomar las
    decisiones sobre las contrataciones. Se afecta así la
    eficacia de la
    economía
    de mercado.

    Se destruye el profesionalismo. En un sistema de
    corrupción generalizada el interés
    por los sobornos reemplaza los criterios
    profesionales.

    Segrega y desanima a los honestos.

    Se impide la planificación, debido a la falsedad de los
    datos

    4. Reformas
    Administrativas

    La problemática actual

    Existe una creciente propagación de la
    corrupción en el interior de la administración pública que, como lo
    atestiguan numerosos ejemplos, no puede ser combatida
    únicamente con mecanismos de control suplementario.
    También existe en América
    Latina una creciente difusión de la corrupción
    en el sistema político, a menudo alimentada por un
    crecimiento clientelista de la administración
    pública, una creciente densidad
    regulativa y un avanzado grado de politización.

    Corrupción significa también destruir la
    confianza en los funcionarios, cuando se mezclan las funciones
    públicas con las privadas y se lesionan gravemente los
    deberes y la responsabilidad de los funcionarios
    públicos.

    Un conocido juez lo explicó de esta
    manera:

    "(Los funcionarios públicos) se encuentran en una
    relación fiduciaria con respecto a las personas que los
    eligieron o los designaron para que las representen… En su
    carácter de depositarios de la confianza
    pública, ellos están bajo una obligación de
    servir al pueblo de la mejor manera posible. En el desempeño de sus funciones tienen
    la obligación de demostrar toda la capacidad e inteligencia
    que les sean posibles, de ser diligentes y concienzudos, de ser
    objetivos y
    razonables y, por sobre todas las cosas, mostrar que
    actúan de buena fe, con honradez e integridad… Deben
    alejarse de toda influencia corrupta y deben realizar las
    negociaciones de manera abierta y sincera frente al escrutinio
    público a fin de que el pueblo pueda saber lo que sucede y
    juzgar con justicia tanto
    a ellos como su trabajo. Si los funcionarios públicos no
    se desempeñan con honradez y responsabilidad, sus acciones son
    inconsistentes con el interés
    público…"

    Esta cita ilustra una vez más la importancia que
    reviste para el funcionamiento de la
    administración pública la vinculación de
    los empleados públicos con el cargo que ocupan y no con el
    partido respectivo o grupos
    sectoriales de intereses políticos o
    económicos.

    En muchos países, los empleados públicos
    se sienten comprometidos con los intereses particulares de
    quienes los han nombrado. Esto necesariamente lleva a un abuso de
    poder, se contradice con la vocación democrática,
    en particular con el principio de "igualdad ante
    la ley" y reduce el umbral inhibitorio para la corrupción
    ya que si se sirve a intereses particulares de terceros,
    ¿por qué no a los propios
    también?.

    De ahí la importancia fundamental que reviste el
    status del empleado público, si se desea que su desempeño sea independiente de las
    coyunturas políticas cambiantes, arraigándolo al
    ejercicio del cargo, fundamentado en conocimientos
    técnicos y aptitudes, de forma tal que su accionar posea
    la necesaria neutralidad ante los diversos intereses
    políticos y económicos, y se oriente por los
    principios
    elementales de legalidad que deben observar quienes actúan
    en la administración.

    La experiencia demuestra que muchas de las causas de la
    corrupción en los países industrializados y en
    vías de desarrollo deben buscarse en los errores
    institucionales de la administración pública. En
    efecto, si se pretende impedir que se difunda la
    corrupción y si se desea combatirla eficazmente, es
    preciso impulsar una reforma básica de la
    administración pública, eliminando las fallas
    institucionales que conducen a la corrupción. En los
    países en desarrollo la corrupción en la
    administración pública está más
    difundida que en muchos países industrializados, ya que
    estos últimos han avanzado más en la
    institucionalización de los organismos
    administrativos.

    No es posible combatir la corrupción apelando
    exclusivamente a la ética y a la transmisión de
    valores
    morales. Es necesario que se eliminen las oportunidades que
    generan la corrupción, incrementando al mismo tiempo los costos
    y los riesgos que la
    misma implica.

    Posibles enfoques para una reforma administrativa con el
    objeto de combatir la corrupción.

    El punto de partida de cualquier reforma administrativa
    consiste en redefinir las funciones del Estado y limitarlas a lo
    esencial. Las experiencias demuestran que cualquier tarea
    adicional que emprende el Estado provoca un crecimiento desmedido
    de la administración, volviéndola, por lo tanto
    cada vez menos gobernable y más difícil de
    financiar. En lo posible esta reforma debería incluir la
    privatización de aquellas tareas que
    venía cumpliendo él estado y que puede delegar. En
    muchos países ha quedado demostrado que ciertas
    privatizaciones permiten reducir los niveles generales de
    corrupción. Esto no significa que no exista
    corrupción también en el sector privado. Sin
    embargo, es indudable que en las empresas privadas es más
    fácil establecer los debidos controles, dado que
    allí no existe como en el caso de la política una
    superposición de objetivos de eficiencia
    económica con objetivos políticos.

    Una descentralización de la estructura del
    Estado puede ayudar a combatir de modo eficaz la
    corrupción, o al menos dificultar su generación. La
    descentralización desplaza la
    responsabilidad a los niveles inferiores. En ese caso será
    más fácil definir las responsabilidades y practicar
    los controles, en particular porque las decisiones se toman en el
    nivel en el que se generan los actos.

    Elementos importantes en la lucha contra la
    corrupción son las reformas administrativas y la
    simplificación de los trámites, haciendo de este
    modo más transparentes los procesos
    administrativos para los ciudadanos.

    Contribuye a ello la circunstancia de que las
    autoridades estén obligadas a fundamentar sus decisiones
    sobre derechos y
    reivindicaciones del ciudadano. Reviste especial importancia para
    una mayor transparencia de los procesos de
    decisión, reducir el número de entes y niveles que
    participan en la decisión. Por otra parte es importante
    que las decisiones que quedan libradas a criterio de la
    administración se reduzcan al mínimo nivel.
    Allí donde sean necesarias, deberán quedar sujetas
    a reglas claras a fin de que el ciudadano pueda verificar si se
    hizo debido uso de las facultades otorgadas.

    En América
    Latina se observa que existen muchas disposiciones que regulan en
    forma contradictoria los mismos o similares hechos, de modo tal
    que el empleado que deba adoptar las decisiones puede remitirse a
    bases jurídicas disímiles para la toma de
    decisiones. En ese caso, la influencia de consideraciones
    ajenas a la cuestión técnica, como puede ser la
    corrupción, se extiende rápidamente.

    Los principios de la vida pública.

    Para controlar la corrupción se deben aplicar los
    siguientes principios:

    Responsabilidad de los funcionarios.

    Cuando se habla de "Servicio
    Público" se hace referencia a los servidores
    públicos en general y a los "mandatarios" electos.
    También en América
    Latina responde a la vocación democrática
    interpretar a la función
    pública sin hacer distinciones entre cargos con
    convocatoria oficial y cargos obtenidos en virtud de un acto
    comicial. Para ambos tipos de funcionarios rigen las mismas
    normas, aun cuando las funciones en el marco de los poderes
    públicos también determinen diferencias en cuanto
    al status conferido por el cargo. Los cargos políticos
    siempre son temporales en virtud de que están sujetos a un
    cierto período electoral. Estos participan en la gestión
    de gobierno y por lo
    tanto comparten su destino. Sin embargo, de ello no se desprende
    para el titular electo o político, que le esté
    permitido guiarse en sus actos por intereses particulares, sean
    éstos de terceros o propios, por cuanto ello no
    sólo lesionaría los principios de deberes de
    funcionario público, sino también el principio de
    legalidad, principios ambos a los que el funcionario
    político está tan sujeto como todos los
    demás funcionarios públicos. Al igual que en el
    caso de éstos, sus actos deben ser controlables, es decir
    deben ser transparentes.

    Profesionalización del personal.

    Los servidores
    públicos tienen que ser idóneos para el cargo en
    cuanto a su capacidad técnica y personal.
    Sólo así es posible evitar que las personas que
    ocupan los cargos sean convocadas sobre la base de su
    reracionamiento personal y no por sus condiciones técnicas y
    personales. Aun cuando los aspectos políticos no se pueden
    excluir siempre, no deberían ser el único criterios
    para la convocatoria a un cargo público calificado. En
    este sentido sería conveniente estimular el desarrollo de
    escuelas de capacitación para la función
    pública.

    Remuneración adecuada del personal.

    Los servidores públicos deben ser remunerados de
    conformidad con las exigencias que les plantea el cargo y la
    responsabilidad que se delega en ellos, así como por la
    formación recibida. Sólo entonces se puede esperar
    que el servidor
    público también se sienta consustanciado con la
    "causa pública". Pero esto por sí sólo no es
    suficiente. Además, los ascensos deben hacerse siguiendo
    criterios técnicos y de eficiencia, y no
    sólo en función de consideraciones
    políticas, aun cuando esto sea cada vez más
    difícil de lograr. Si las promociones se otorgan
    fundamentalmente siguiendo criterios políticos, no
    podrá aguardarse de los funcionarios que ejerciten su
    cargo en forma imparcial y siguiendo criterios técnicos y
    objetivos. Normalmente se guiarán para el ejercicio de sus
    funciones por pautas esencialmente políticas o
    buscarán otro tipo de resarcimiento a través de la
    corrupción.

    La nueva organización de personal debe ser
    complementada por una permanente capacitación, entrenamiento y
    mayor participación.

    Desarrollo de Códigos de Ética.

    Aún cuando se ha señalado que las razones
    para el surgimiento y la propagación de la
    corrupción deben buscarse fundamentalmente en errores
    institucionales de los sistemas
    administrativos, también pueden ser de gran ayuda
    códigos éticos, para impedir o combatir el
    surgimiento y la difusión de corrupción.
    Sólo a través de códigos éticos,
    coordinados y discutidos con el personal en un proceso
    permanente, es posible lograr que el personal se identifique con
    las reglas de una gestión
    de la función pública esencialmente técnica
    y políticamente imparcial

    Además, este método
    permite introducir en los propios funcionarios mecanismos
    personales tales que los inhiban de incurrir en actos de
    corrupción. Sin embargo, las medidas implementadas
    sólo podrán ser exitosas, si los empleados y
    funcionarios que observen una conducta conforme
    a la ley, reciben un adecuado reconocimiento a esa
    gestión.

    Ejemplo: Los principios de la Comisión
    NOLAN.-

    Toda administración moderna debe guiarse por un
    cuerpo de principios que rija la relación entre los
    funcionarios públicos y los particulares; la
    Comisión Nolan del Reino Unido presentó en 1995 los
    siguientes principios:

    Neutralidad: Quienes ocupan cargos públicos deben
    tomar las decisiones basadas en el interés público.
    No deberían hacerlo guiados por posibles beneficios
    materiales o financieros, ni según el bienestar de sus
    familiares, amigos o conocidos.

    Integridad: Los funcionarios públicos no pueden
    aceptar ningún tipo de prestación financiera o de
    cualquier otra índole proveniente de organizaciones o
    personas, que comprometa sus responsabilidades como funcionario
    público.

    Objetividad: Los funcionarios públicos
    deberán realizar sus tareas de acuerdo a las normas que la
    regulan. Esto deberá aplicarse en toda actividad
    desarrollada, tal como un nombramiento, la adjudicación de
    un contrato o la
    recomendación para una persona.

    Rendición de Cuentas: Los
    funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus
    acciones y decisiones que afecten a la colectividad y deben estar
    dispuestos a someterse a la revisión y análisis de sus acciones.

    Sinceridad: Los funcionarios públicos deben ser
    tan sinceros como les sea posible, con respecto a las decisiones
    y acciones que tomen. Deberían explicar la razón de
    sus decisiones y restringir la información sólo cuando el
    interés público así lo requiera.

    Honestidad: Los funcionarios públicos tienen la
    obligación de declarar cualquier interés privado
    relacionado con sus responsabilidades públicas, y deben
    tomar todas las medidas que sean necesarias para resolver
    cualquier conflicto que
    surja a fin de proteger el interés
    público.

    Liderazgo: Los funcionarios públicos deben
    promover y respaldar estos principios mediante el buen ejemplo y
    el liderazgo.

    Pesos y contrapesos.

    El ejemplo que inspiran los líderes y los
    funcionarios públicos de alto nivel es fundamentales para
    el logro y mantenimiento
    de un sistema nacional de integridad eficiente. Sin embargo,
    ¿quién vigila a los líderes? El objetivo en
    todo sistema de integridad consiste en construir una estructura
    de pesos y contrapesos ("checks and balances") dentro de un marco
    de principios fundamentales previamente acordados.

    El desafío consiste en construir un sistema
    transparente y responsable con dos objetivos principales: el
    primero consiste en evitar el fraude, mientras
    que el segundo consiste en lograr que los funcionarios superiores
    crean que existe una verdadera posibilidad de que el fraude pueda ser
    detectado.

    El control de la corrupción no puede dejarse
    sólo en manos de los fiscales ni de las fuerzas de la ley
    y del orden. La acción no depende solamente de la
    detención y del procesamiento penal. Por el contrario, la
    acción debe comprender una combinación de acuerdos
    mutuos. En parte, este concepto incluye
    el mejoramiento de la transparencia en las relaciones, y en la
    medida que sea posible, evitar el desarrollo de relaciones que
    puedan llevar a la corrupción. Incluye la transparencia en
    las cuestiones financieras de los funcionarios más
    importantes y la posibilidad de control por parte de instituciones
    independientes anticorrupción.

    Cambios organizacionales.

    Los cambios organizacionales dentro del sector
    público pueden ayudar a disminuir las oportunidades de
    prácticas corruptas. Singapur por ejemplo,
    desarrolló con éxito
    su programa
    anticorrupción a principios de la década de los
    setenta a través de la aplicación de los siguientes
    puntos:

    Mejoramiento de los métodos y
    procedimientos
    laborales para reducir las demoras.

    Incrementar la efectividad de la supervisión, para que los responsables
    puedan supervisar de manera efectiva el trabajo de
    sus subordinados.

    Rotar a los funcionarios, para asegurar que ninguno de
    ellos permanezca por mucho tiempo en el
    mismo puesto.

    Realizar inspecciones sorpresivas en los lugares de
    trabajo.

    Tomar medidas adecuadas de seguridad para
    evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las
    dependencias públicas.

    Revisar permanentemente las medidas
    anticorrupción con el objeto de introducir las reformas
    necesarias.

    En 1993 el gobierno de los
    Estados Unidos
    lanzó una iniciativa de reestructuración del
    gobierno federal. Este proyecto conocido
    como Reinventing Government (REGO), ha sido una de las propuestas
    más importantes de la administración
    demócrata. Las ideas recogidas en el libro "La
    Reinvención del Gobierno" se transformaron en la columna
    vertebral del proyecto y uno de
    los autores, Soborne, fue convocado como uno de los principales
    asesores.

    Los principales denominadores comunes de los gobiernos
    empresariales que caracterizan al proyecto REGO son:

    Solución de problemas a
    través de una acción catalizadora.

    Fomento de la competencia
    dentro del gobierno y entre los proveedores
    del gobierno.

    Medición de la eficiencia de los organismos de
    acuerdo a los resultados obtenidos, y no a los recursos
    utilizados.

    Acercamiento al consumidor: pasar
    de considerar al ciudadano como un usuario molesto a verlo como
    un cliente a quien
    hay que respetar y satisfacer.

    Buscar cómo obtener recursos y no sólo
    gastarlos.

    Prevención de los problemas, en lugar de la
    administración de las soluciones.

    Descentralización de la autoridad:
    simplificación de las estructuras
    logrando una mayor horizontalidad en la toma de
    decisiones.

    Orientación al mercado.

    Promoción de la participación activa de la
    comunidad en
    los asuntos públicos.

    Estos principios han transformado las nociones
    imperantes en la administración pública
    norteamericana y sus

    Repercusiones han trascendido las fronteras de Estados Unidos.
    Diversas administraciones públicas latinoamericanas
    estudian y aplican actualmente las ideas de Osborne y Gaebler,
    como por ejemplo en Argentina.
    Allí, gobiernos seccionales de Buenos Aires,
    Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz, San
    Luis y Tierra del
    Fuego han tomado la iniciativa en la búsqueda de ofrecer
    mejores servicios a través de una gerencia
    eficaz de los recursos disponibles para:

    Contribuir al equilibrio
    presupuestario.

    Obtener una ventaja competitiva en la competencia por
    capital
    externo.

    Mejorar la recaudación impositiva.

    Conseguir y mantener a los mejores empleados.

    Reducir la corrupción.

    Ejemplo: Argentina y el
    gobierno gerencial.

    En el municipio de Tigre los inspectores tributarios del
    municipio no reciben salarios, sino
    una comisión sobre la evasión que identifican y las
    moras que cobran. Esa comisión surge de un 6% adicional
    cobrado a los evasores. El interés en obtener las
    comisiones genera una competencia positiva entre los inspectores
    que ha permitido al municipio no solo ahorrar los recursos
    destinados a salarios, sino
    también aumentar la recaudación y evitar el uso de
    dinero de contribuyentes para controlar a los evasores. En el
    municipio de San Isidro, a su vez, se paga desde hace poco tiempo
    no por horas de trabajo sino por cantidad de inspecciones, lo que
    tiene un impacto directo en la productividad del
    inspector, así como en la competencia del
    mismo.

    En este mismo municipio se comprueba como el fomentar la
    competencia entre los aspirantes a adjudicarse una
    licitación es beneficiosa para los ciudadanos y para las
    arcas municipales. Estos beneficios se maximizan si se dan dos
    condiciones: 1) que no haya arreglos entre los candidatos y 2)
    que la licitación sea flexible de manera tal que ofrezca
    alternativas a los candidatos.

    Reforma de programas del
    sector público.

    Es posible que los programas
    públicos que están seriamente afectados por la
    corrupción puedan modificarse si se diseñan
    nuevamente 26.

    La primera y mejor opción en muchos casos es la
    eliminación del programa. Muchos
    países tienen reglas y reglamentos que no son necesarios.
    Se puede y se debe terminar con ellos. Otros programas
    podrían ser útiles en un Estado que funciona bien,
    pero no son eficientes cuando la corrupción es
    endémica.

    La segunda opción consiste en que el objeto
    principal del programa se mantenga, pero que el procedimiento sea
    rediseñado para simplificar y facilitar el control. Sin
    embargo, la simplificación (Ej. : la reducción del
    número de pasos que se necesitan para obtener la
    aprobación y el pago por parte del gobierno por bienes
    suministrados) no siempre reduce la corrupción si las
    normas son muy estrictas. La rigidez burocrática con
    frecuencia genera condiciones adecuadas para el desarrollo de la
    corrupción.

    La tercera opción consiste en la privatización (el traspaso al sector
    privado de empresas manejadas por el Estado), ya que los métodos de
    rendir cuentas en el sector privado y la necesidad de administrar
    empresas productivas son incentivos muy
    importantes para poner en práctica estrategias
    internas contra la corrupción. Algunos defensores de la
    privatización inclusive afirman que ésta constituye
    una solución definitiva para la corrupción. Otros,
    afirman que disminuye la corrupción pero al mismo tiempo
    se convierte en "un mazo a punto de partir una nuez", es decir,
    que tiene efectos sociales devastadores.

    Hasta ahora, las propuestas se han concentrado en
    torno a las
    reformas que se deben implantar en la estructura pública
    de cada país. Es necesario pasar a estudiar la importancia
    de generar un entorno ético y promover la activa
    participación de la sociedad civil en
    el desarrollo de estrategias
    anticorrupción.

    La creación de un entorno
    ético.

    En su conjunto, los elementos enunciados establecen y
    promueven una tradición de vida pública basada en
    la transparencia, la eficiencia y la honestidad. Sin
    embargo, esto es necesario más no suficiente, es
    prioritario crear un entorno ético en donde se desenvuelva
    esta tradición y que:

    Se desarrolle, promocione, adapte y actualice de acuerdo
    a la evolución de los escenarios dominantes en
    cada país.

    Sea reconocido y respetado por parte de los particulares
    y los funcionarios públicos.

    Sea susceptible de cambios rápidos para eliminar
    posibles puntos débiles que se detecten en su
    estructuración.

    Sea apoyado por parte del liderazgo
    político y administrativo de cada país, con el
    objeto de generar confianza y credibilidad por parte de la
    sociedad civil
    hacia ese entorno.

    La participación de la sociedad
    civil.

    Una de las razones fundamentales por las cuales las
    estrategias anticorrupción no han tenido resultados
    positivos se debe, en buena parte, a la falta de un elemento
    fundamental en la vida de todo país: la
    participación activa de la sociedad civil.

    Según un artículo en The Times of India: "La
    aceptación de la corrupción por parte de la
    sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado
    debe ser lo primero que se debe enfrentar" 27 .

    Muchos de los integrantes de una sociedad civil tienen
    un interés especial en lograr un sistema de integridad
    efectivo, incluyendo el sector privado, líderes
    religiosos, los medios de
    comunicación, profesionales y, sobre todo, el
    ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la
    corrupción.

    No cabe duda de que la sociedad civil constituye un
    elemento fundamental en toda estrategia
    exitosa contra la corrupción. En Argentina por ejemplo, se
    está diseñando un proyecto de control y de
    transparencia del Estado. El objetivo
    planteado es darle impulso a la participación ciudadana
    para que intervenga en dicho control. Con este fin, se pretende
    contratar una consultora que en 24 meses organice un
    ámbito donde se discuta y participe, y a otra que cree
    mecanismos de control de la corrupción (por ejemplo,
    generando un banco de datos de los
    patrimonios de los funcionarios provinciales). El proyecto que es
    supervisado por el Banco Mundial,
    apunta a "generar algo que sea una parte más de las
    instituciones mendocinas" cuenta Alejandro Casabán quien
    está a cargo de la oficina de
    Inspección general- "y para el futuro, la esperanza es que
    cada municipio cuente con un organismo de esta naturaleza"28
    .

    Algunas de las soluciones se
    encuentran dentro de la misma sociedad, por ejemplo la necesidad
    de cambiar la apatía o tolerancia pública con
    respecto a la corrupción. Sin embargo, la sociedad civil
    es parte del problema. La idea de que las actividades del Estado
    se desarrollan en una esfera completamente ajena a la esfera de
    las actividades privadas es errónea.

    El punto de contacto entre el sector privado y el
    público es el punto en el cual nace la corrupción y
    donde se pagan las sobornos.

    De esta manera, todo intento de establecer una estrategia contra
    la corrupción que no incluya a la sociedad civil
    está ignorando a una parte del problema y al mismo tiempo
    a una de las herramientas
    disponibles más útiles y poderosas para
    atacarlo.

    De hecho, en muchos países donde la
    corrupción predomina, la sociedad civil es débil,
    apática o se encuentra en las primeras etapas de
    movilización y organización. Pero de ninguna manera
    éstas son razones para ignorar su papel, dado que la
    simple participación de la sociedad civil en crecimiento
    puede, por sí misma, fortalecer y estimular el desarrollo
    de una estrategia contra la corrupción.

    A lo largo de este capítulo se han repasado
    brevemente los elementos necesarios para el desarrollo de una
    estrategia anticorrupción cuyo enfoque sea múltiple
    e involucre activamente al Estado y a la sociedad
    civil.

    Observación final.

    Luego de estas consideraciones, debería quedar
    establecido que no se puede combatir a la corrupción a
    través de reformas administrativas aisladas.
    Adicionalmente a las mismas, se debe agregar la reforma funcional
    del Estado y de sus leyes, que son
    los fundamentos con base en los cuales la administración
    adopta sus decisiones posteriores. Pero tampoco esto es
    suficiente. Otro elemento importante es una reforma básica
    de la
    organización del personal en la administración
    pública y de los entes que dependen de la misma.
    Finalmente, el ciudadano y la sociedad quedan convocados a
    participar activamente en la reforma administrativa y en la lucha
    contra la corrupción, lo que es una condición
    esencial para que se introduzca un cambio fundamental en la
    relación entre la administración y el
    ciudadano.

    5. El crucigrama
    político de los años( 1966-1978 )

    Primer periodo:

    1 de julio de 1966

    Inicio del primero de los tres mandatos presidenciales
    de Joaquín Balaguer

    Comienza el período llamado de los 12 Años
    de Balaguer.

    1966-1970

    El fantasma de la revolución
    socialista de Cuba
    seguía presente. El auge de

    Los movimientos revolucionarios de izquierda en América
    Latina, determinó la política represiva del
    régimen en contra de los grupos de izquierda y de
    influencia marxista. Se desata la persecución de los
    dirigentes del Movimiento
    Popular Dominicano (MPD), del Movimiento 14
    de Junio y el Partido Comunista Dominicano. Los dirigentes del
    PRD eran vistos como los principales enemigos del
    gobierno.

    Se creó el grupo
    paramilitar la banda, compuesto por antiguos militantes de los
    grupos de izquierda. Su fin principal era el de reprimir a la
    oposición política, fundamentalmente a la juventud que
    defendía las posiciones de izquierda. Se calcula que entre
    1966 y 1974, cerca de tres mil ciudadanos perdieron su vida,
    fruto de la represión.

    En marzo de 1970, Juan Bosh regresa al país. A su
    llegada planteó que no debían participar en las
    elecciones de mayo, calificadas por el líder
    como un "matadero electoral".

    Sin oposición visible, el 16 de mayo se
    celebraron las elecciones y Balaguer ganó sin
    discusión ni contendientes.

    Segundo periodo:

    16 de agosto de 1970

    Balaguer se juramenta, una vez más, como
    Presidente de la República.

    1971

    El general Elías Wessin y Wessin es enviado al
    exilio, después que fue descubierto en su intentode
    organizar un golpe de Estado
    en contra del Presidente Balaguer.

    1972

    Se desata una campaña internacional condenando la
    violación de los Derechos humanos
    en la república Dominicana. Se hicieron graves denuncias
    en los foros internacionales sobre la política represiva
    del régimen, lo que obligó a disminuir la
    represión.

    Febrero de 1973

    Invasión de Playa caracoles el 1 de febrero de
    1973. Francisco Alberto Caamaño con un pequeño
    grupo de
    guerrilleros entra al país por las playa De
    Ocoa.

    Noviembre de 1973

    Se produce la división en el PRD. Bosch sale de
    ese partido, haber virado hacia la derecha. Funda el partido de
    la Liberación Dominicana (PLD).

    Cuando aún lideraba las filas del PRD, Bosch
    había creado una gran alianza alaguerista (el Bloque de la
    Dignidad Nacional). Desde la nueva Organización
    política, siguió dirigiendo el
    movimiento.

    El PRD, liderado ahora por José Francisco
    Peña Gómez, por su parte, creó El llamado
    Acuerdo de Santiago, el cual estaba integrado también por
    él MPD y el Partido Quisqueyano Demócrata cuyo
    líder
    Elías Wessin y Wessin había sido uno de los
    militares anticonstitucionalistas.

    La alianza opositora determinó un nuevo
    recrudecimiento de la represión.

    Enero de 1974

    La represión se expande por todo el país.
    Se inician los aprestos. Para las Nuevas elecciones generales.
    Meses después ante el clima represivo,
    el Acuerdo de Santiago decidió retirar sus candidaturas y
    no presentarse a las Elecciones.

    Mayo de 1974

    Balaguer participa prácticamente solo en el
    electoral. Gana por tercera vez.

    Tercer periodo:

    Agosto de 1974

    El 16 de agosto de 1974 el presidente Balaguer se
    inviste por tercera vez en El poder.

    1976

    Se expande el clima de
    descontento en contra del régimen. Las denuncias de
    Corrupción estaban a la orden del día. La
    credibilidad del gobierno estaba decreciendo
    aceleradamente

    1977

    Se legaliza el Partido Comunista Dominicano.

    1978

    Meses de tensión por la campaña electoral.
    En mayo fueron celebradas las elecciones generales. El candidato
    opositor, Antonio Guzmán, dirigente del PRD, era el
    favorito. Los partidarios del reformismo se negaron a
    aceptar

    Los resultados de las urnas, hasta tal punto que un
    grupo de militantes Irrumpió en la Junta Central
    Electoral, interrumpiendo abruptamente el Conteo. Protestas
    nacionales e internacionales, principalmente del Presidente de
    los Estados Unidos, Jimmy Carter, pudieron detener la crisis, No sin
    antes llegar a acuerdos políticos con el reformismo. El
    punto Principal de este acuerdo, llamado popularmente Fallo
    Histórico, fue la Cesión del control del senado, y
    una ampliación de su representación en la
    Cámara de Diputados, al partido Reformista. El 16 de
    agosto de 1978, Antonio Guzmán se juramentaba como
    Presidente de la República.

    El prd en el poder disputas y
    contradicciones.(1978-1986)

    1976

    Tensiones en el PRD por la candidatura presidencial. El
    binomio Antonio Guzmán-Jacobo Majluta se impuso a la
    tendencia de Salvador Jorge Blanco.

    1977

    El 16 de agosto de 1978, Antonio Guzmán se
    inviste como Presidente de la República.

    Desde los inicios de su gobierno, comienzan las
    críticas en el interior del PRD de que el presidente
    tenía una vocación hacia el nepotismo, al nombrar
    En puestos claves de la administración estatal a sus
    familiares.

    1979

    Se acusa al gobierno de crear una macrocefalia
    burocrática en el Estado. Se propaga por todo el
    país que el mismo auspicia la
    corrupción.

    1980

    Se agudizan las tensiones en el interior del PRD.
    Sectores del partido acusan a Guzmán de aspirar a la
    reelección. Se evidencian las diferencias entre el
    Gobernante y el senador por el Distrito Nacional, Salvador Jorge
    Blanco. Aspirante a la presidencia de la
    república.

    1981

    Reagrupamiento del liderazgo del PRD:

    José Francisco Peña Gómez apoya las
    aspiraciones de Salvador Jorge Blanco.

    Antonio Guzmán apoya las aspiraciones de su
    vicepresidente, Jacobo Majluta.

    El Partido elige a Salvador Jorge Blanco. Se recrudece
    el enfrentamiento interno. Los partidarios de Jorge Blanco acusan
    al grupo de Guzmán de negociar con sectores militares para
    detener el proceso electoral. Se les acusa también de
    buscar acuerdos políticos con sectores
    reformistas

    6.
    Conclusiones

    La corrupción administrativa, la evasión
    de pagos al estado y l a fuga de capitales son las tres
    asechanzas que tiene que enfrentar la democracia
    latinoamericana. Los movimientos de izquierda y la
    sublevación armada siempre se inician para combatir tal o
    cual gobierno "corrupto".

    La corrupción administrativa ha sido y
    seguirá siendo el mal que no permitirá que un
    país no se desarrolle por completo, existe leyes por la
    cual se deben regir los gobernantes, creo que si estos acogen y
    practica dichas leyes entonces solo así podremos erradicar
    la corrupción en nuestro país< y por que no
    también en todas partes del mundo.

    7. Bibliografía

    Abinader, Rafael, La corrección administrativa en
    Rep. Dom., editora alfa y omega, Republica
    Dominicana, 1986.
    Merino Dirán, Valeria y Lozano, Juan , Transparencia
    Internacional, editora mexica, México,
    1999.

    http//www.transparency.de

     

     

     

    Autor:

    Hennys Lizardo
    cobra99[arroba]LatinMail.com

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