INDICE:
Percepción de la
corrupción
Posición del Uruguay en el
índice de corrupción internacional
Que se entiende como
corrupción
Cuales son sus causas y consecuencias
Corrupción y cambio
cultural
La corrupción
es un problema social de difícil cuantificación
más allá de la experiencia personal o de las
denuncias publicadas por los medios de
comunicación, no obstante no cabe duda que el tema se
ha instalado en la atención de la sociedad uruguaya
desde mediados de la última década. Según
una encuesta
(Factum) en 1996 el 54% de los entrevistados tenía la
percepción de que el nivel de corrupción
en la sociedad en
general y en la
administración estatal en particular era alto o muy
alto, coincidentemente el Tribunal de Cuentas
-órgano del Poder Judicial–
decía que el tema de la corrupción cobró
importancia luego de las "graves" denuncias de 1996.
Desde aquel momento hasta ahora el tema se ha mantenido
presente en los medios de
difusión y en la opinión de la gente, sostenido por
numerosas denuncias de corrupción de funcionarios
públicos de alta jerarquía, que en algunos casos
han dado lugar a procesos
judiciales notorios como el de un ex ministro de economía. En
respuesta a este estado de la
opinión
pública, el Parlamento sancionó en 1999 una
ley, llamada
"Ley Cristal"
que implementa medidas para desestimular las prácticas de
corrupción mediante la obligación de declarar
periódicamente (cada dos años) la relación
de bienes e
ingresos de
los funcionarios públicos de mayor jerarquía y
mediante el aumento en la trasparencia en los procesos de
compras del
Estado.
En este último año, el intento de
prevención de la epidemia de aftosa y el combate al
contrabando por parte del gobierno han
puesto al descubierto importantes organizaciones
delictivas que operan en base a la existencia de funcionarios
aduaneros y policiales corruptos. Cabe considerar que
según una encuesta
(Cifra, 2001), para el 87% de los entrevistados el contrabando
constituye un problema grave para el país y esta
opinión se ha mantenido en forma prácticamente
constante desde años anteriores cuando el tema del
contrabando no era tan publicitado. Según esta misma
encuesta, el pago de "coimas" y el contrabando en gran escala
deberían ser castigados con penas más severas para
más del 70% de los entrevistados en tanto que menos de la
mitad sostiene esta misma opinión cuando se trata de
juzgar los delitos de
evasión fiscal o la
venta callejera
de artículos de contrabando.
La percepción
de una elevada incidencia de la corrupción en la vida de
la sociedad uruguaya no se limita al Estado, recordemos la
campaña electoral del año 2000 en la mutualista
"Sociedad Española" (que cuenta con más de
doscientos mil socios), donde se puso de manifiesto una serie de
acusaciones en los medios
televisivos capitalinos de prácticas de corrupción
por parte de la administración de dicha institución
privada, denuncias que no conocemos hayan sido formuladas ante la
Justicia y que
por otra parte no parecen haber surtido ningún efecto
significativo en los votantes ya que por amplia mayoría
reafirmaron la
administración denunciada. Con relación a esto,
nos preguntamos: ¿fue así porque los votantes no
creyeron las denuncias o porque directamente no les
importo?
Posición
del Uruguay en el
índice de corrupción internacional.
Por otra parte, desde el exterior del país la
incidencia de la corrupción en nuestra sociedad no se
percibe con la misma magnitud. Por ejemplo, el índice de
percepción de corrupción que realiza anualmente
Transparencia Internacional (TI) ubicaba en 1997 a Uruguay en el
lugar 35 sobre un total de 52 países y solamente Chile en
América
Latina, ubicado en la posición 23 presentaba una mejor
calificación. Este año 2001 Uruguay se ubica en la
posición 35 con 5.1 puntos en un total de 91
países, manteniéndose con un índice menor
que Chile (7.5)
pero por encima de todos los demás países de
América
(Brasil 4.0 y
Argentina 3.5).
Desde el punto de vista de la percepción de la
corrupción y tomando en consideración este
índice, Uruguay se ubica por encima de media tabla en el
concierto de más de 90 países.
Según el Vicepresidente de TI Frank Vogl, este
índice refleja la opinión de empresarios,
académicos y analistas independientes, en los
países a efectos de registrar la corrupción que
compromete a funcionarios públicos, pero no registra la
corrupción en temas tales como el lavado de dinero, ni los
pagos secretos a las campañas de los partidos
políticos ni el soborno por parte de las
compañías multinacionales.
Esta posición relativa de Uruguay en el nivel de
corrupción en América
es percibida del mismo modo por la sociedad uruguaya a juzgar por
los resultado de una encuesta (Cifra, 1999) donde se indicaba que
la mayoría absoluta de los encuestados considera que la
situación en este aspecto es mejor que la que tienen
nuestros vecinos, pero a su vez son más severos a la hora
de juzgar el nivel de corrupción interna que lo que parece
indicar el índice internacional mencionado.
Para explicar esta discordancia es necesario considerar
que la corrupción puede entenderse como una
trasgresión a las normas sociales y
por lo tanto la propia variabilidad de esas normas hace que
su calificación dependa, en cada sociedad del sistema de
valores
vigente y del momento histórico y social. Por ejemplo es
sabido que en Argentina, si un
funcionario público abandona su cargo con un aumento
considerable e ilegítimo de su patrimonio
nadie se escandaliza. Es "normal" y a ningún argentino
asombra que su policía de tránsito "invente"
causales de multa para recibir la coima buscada. Por otra parte,
en nuestro propio país, es evidente que no se penaliza
socialmente del mismo modo al contrabando en Rivera o Río
Branco que en Montevideo. Lo que en un lugar se considera
corrupción, en otro se le entiende como una
"picardía" sin sanción moral y a
veces ni siquiera legal.
Que se entiende
como corrupción.
Dada entonces esta variabilidad, ¿qué se
entiende por corrupción? Algunos estudiosos del
fenómeno distinguen la llamada "corrupción blanca"
o sea aquellas conductas que están tan integradas a la
cultura que no
se perciben como corruptas, de la llamada "corrupción
negra" o sea todas aquellas prácticas que
unánimemente se condenan. Más allá de estas
distinciones relativas al contexto social, no cabe duda que se
catalogan como corruptas aquellas conductas que implican
desviación o abuso de poder en el
ejercicio de un cargo, con la intención de obtener un
beneficio privado. Así el soborno, el tráfico de
influencias o la aceptación de ventajas indebidas son
ejemplos de conductas corruptas. Con la intención de
establecer normas comunes que permitan coordinar medidas en su
contra, se ha elaborado la "Convención Interamericana
contra la Corrupción" suscripta por el Uruguay en
1998.
Ahora bien, la opinión
pública uruguaya no juzga todos los delitos de
corrupción de la misma manera. Según una encuesta
ya mencionada (Cifra, 2001) el 83% de los entrevistados considera
que el pago de coimas debería castigarse con penas
severas, el 74% opina lo mismo sobre el contrabando en gran
escala, pero solo
el 41% sobre la evasión impositiva y el 14% sobre la
venta callejera
de artículos de contrabando. Como podemos ver, una
mayoría absoluta de los entrevistados considera que la
evasión fiscal no
merece ser castigada con penas severas y más del 80%
entiende que la venta callejera de artículos de
contrabando tampoco debe ser sancionado con penas severas. Sa
advierte que existe una contradicción porque ¿quien
no sabe que parte del contrabando en gran escala termina con su
distribución al menudeo en las ferias
callejeras?
Por otra parte, tan solo el 13% de los encuestados
admite haber comprado artículos de contrabando en la
última semana, cuando es público y notorio que en
todas las ferias vecinales se comercializa mercadería de
contrabando -fundamentalmente alimentos, ropa y
cigarrillos- en forma habitual y generalizada. Cabe considerar
que este porcentaje era del 22% en 1995 cuando el combate al
contrabando no tenía la intensidad que tiene ahora.
Pareciera ser que la gente es menos proclive a admitir su propio
acto de corrupción cuando su ilegalidad está en el
centro de la atención pública. Es muy posible que
los consumidores no se estén absteniendo de comprar estos
artículos porque son de contrabando sino que tan solo
están siendo más reacios a admitirlo.
Cuales son sus causas
y consecuencias.
Esta presunción con relación al consumo de
productos de
contrabando puede tener su explicación en que la
corrupción además de ser un fenómeno social,
moral y
jurídico es también un fenómeno
económico. En este sentido hay quienes consideran a la
corrupción como una consecuencia del excesivo
intervencionismo estatal. Cuanto más reglamenta el Estado,
mayor poder se le
otorga a la burocracia y
mayor es el riesgo de que se
formen mercados negros.
Desde esta perspectiva el corrupto sería un "experto en
atajos", un agente económico que obtiene mayor beneficio
en infringir las normas que en cumplirlas. Visto de este modo, un
funcionario corrupto percibe a su cargo como un negocio cuya
utilidad
intentará maximizar en la medida que la relación
costo-beneficio
le favorezca, mientras que los empresarios asumirán la
coima como un componente más de los costos, sin
pensar demasiado en la naturaleza
corrupta de su accionar.
Quienes sostienen esta visión economicista del
problema llegan a afirmar que "La coima es una prima mediante la
cual se consigue que un funcionario de protección frente a
la vigencia de una ley costosa… solo se cumplen las leyes cuyos
beneficios sean mayores que sus costos.
Ciertamente, no vamos a combatir la corrupción con
campañas de prensa ni tampoco
con escándalos morales. Combatiremos la corrupción
eficientemente reduciendo el costo de la
ley"
La llamada "economía informal" es
un ejemplo de corrupción conceptual debido a un sistema
institucional de alto costo. Son millones de personal en
América
Latina que no tienen otra alternativa que ejercer su
actividad económica al margen de la ley debido al alto
costo de la legalidad. Aquí en Uruguay este problema no ha
tenido solución definitiva y más aún, muchos
son los comerciantes establecidos que han preferido "pasarse" a
la ilegalidad debido a que obtienen márgenes de ganancia
mayores o al menos, pueden continuar trabajando.
Lo cierto es que las prácticas corruptas
representan una carga más para las ya sobrecargadas
economías de América Latina, así lo admiten
las instituciones
financieras y de auditoria económica internacional. Por
ejemplo, Rosina de Souza del BID afirma que la comunidad
empresarial da muestras de creciente preocupación por la
magnitud del dinero "sucio"
que ingresa al sistema y la distorsión que ello provoca en
los mercados de
valores, el
enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes y los
costos indebidos que debe asumir en el acceso a oportunidades de
negocios. No
cabe duda que es enorme la cantidad de dinero de los
contribuyentes que va a parar a los bolsillos de los funcionarios
corruptos, basta recordar la magnitud de la coima (37 millones de
dólares) que pagó IBM en el affaire del Banco Nación
Argentino entre tantos otros ejemplos de negociados
ilícitos.
Corrupción y
cambio
cultural.
Por otra parte, el cambio
cultural que implica el pasaje a la era postmoderna caracterizado
por la exaltación del individualismo, el culto al dinero y
la indiferencia hacia la cosa pública representan un
debilitamiento de la cohesión social, una ruptura con la
cultura del
igualitarismo -clásica del Uruguay- y heredera de la educación en la
escuela
pública vareliana, verdadero crisol de cultura
cívica. Estos nuevos valores sociales y la destructora
idea de que la ley "no es pareja" son, en nuestra opinión
causas de una creciente corrupción en nuestra sociedad. En
este contexto no resulta inmoral pensar solo en uno mismo, no
existe obligación moral hacia el resto de los
conciudadanos y por consiguiente cualquier medio es lícito
para ganar dinero. Así es que el 52% de los encuestados
(Cifra, 1999) creen que los corruptos no son castigados y entre
los más pesimistas se cuentan quienes se sienten
más distantes de la política, más
indiferentes hacia la cosa pública.
El Estado, encargado de brindar los servicios
básicos y regular la actividad de la sociedad es percibido
como ineficiente y costoso, es visto como un socio obligado que
nada aporta y que se lleva la mayor parte de la ganancia, resulta
entonces "natural" tratar de evadir ese costo y la
corrupción representa una forma de lograr un pago menor.
Unido a estos factores económicos, recientemente hemos
visto leyendas
pegadas en los vidrios de los automóviles que dicen:
"Achiquen al Estado. Por favor!!!" Quien exhibe este pedido en su
vehículo esta reflejando un verdadero problema y a su vez
confesando su impotencia para hacerlo, porque observen que dice
"achiquen" y no dice en cambio: "achiquemos" como seguramente
diría alguien que se siente parte del sistema, que siente
al Estado como parte de una sociedad en la que el mismo es un
protagonista. Esta actitud de
distancia de la cosa pública, esta indiferencia hacia la
política
no hace más que facilitar un entorno de aparente impunidad
para los corruptos.
Si el peso del Estado es percibido como excesivos por
nuestras sociedades,
los valores de
solidaridad e
integración social están en
decadencia y si además el cumplimiento de la ley es
considerado como un factor de inequidad donde los pobres son los
más perjudicados, se comprende que la corrupción
este en aumento. Revertir esta tendencia es tarea de todos y para
ello se requiere que todos asumamos nuestra responsabilidad
social. La actitud "vive
y deja vivir" y más recientemente "hace la tuya" dejan un
gran espacio para que la corrupción gane espacio en
nuestro país. En fin, sabemos cual es la solución,
sabemos que debemos hacer, la pregunta es: ¿queremos
hacerlo?