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DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Enviado por je_suisaligator



 

Indice
1. Derechos humanos de las víctimas del delito
2. Síntesis
3. Conclusión

1. Derechos humanos de las víctimas del delito

Cuando se es estudiante de derecho nadie explica a uno a detalle el porqué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una parte dogmática y otra parte orgánica que se refiere a la organización y funcionamiento del Estado. Con el tiempo y estudiando de manera autodidacta se entiende que la primera parte de la Constitución comprende los Derechos Humanos; y la segunda se refiere al sistema de gobierno, al poder dominante en un momento histórico dado, ya que ha sido variada la forma en que se ha presentado el poder, han existido la monarquía, el parlamento dominante, el comunismo, el presidencialismo, la democracia, entre otras formas de poder.
Todo cambia, los sistemas de gobierno, las de poder, las relaciones de sometimiento o de gobierno cambian, pero los Derechos Humanos no cambian, permanecen inalterables, todo sistema de gobierno que no se base en esa parte dogmática, en los derechos humanos, es ilegítimo porque atentará contra el propio ser humano.
La Constitución es el documento básico de gobernabilidad de un pueblo, porque es el freno al abuso de la autoridad gubernamental o del poderoso que puede ser o no ella misma; y por otra parte la Constitución es el piso, no el techo, del cual parten todos los derechos, su desarrollo y base.
La Constitución es un instrumento legal que usa para gobernarse asimismo un pueblo, por lo tanto es un instrumento práctico que no puede ni debe ser algo petrificado y que no funcione.
Los Derechos Humanos no cambian, pero sí el sistema jurídico-político-económico, por lo cual la defensa o protección de los Derechos Humanos es lo único que evoluciona. Desde el Código de Hamurabi hasta la carta Magna de Inglaterra bajo el reinado de Juan Sin Tierra pasando por los Fueros Juzgos españoles y llegando a la ya cincuentona Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha planteado la instauración de Organismos Protectores de Derechos Humanos tanto Jurisdiccionales como No-jurisdiccionales.
Ciertamente que la legislación constitucional abarca aquellos aspectos que a la sociedad interesan, y de ello deriva que se vincule el ejercicio del poder, de la autoridad a la sanción contra aquellos que no respetan la ley, que la violan, pero no se trata luego de sancionar solo al violador de la ley porque sí, por la falta a la ley, sino por el daño ocasionado a otro ser humano, al que se le pueden perpetrar entre otras situaciones delitos, y así aparece la víctima del delito.
Cada sistema político o de poder, cada nueva civilización tiene sus propias víctimas del delito, así que nunca será por lo tanto valorado el mismo delincuente para todas las épocas históricas.
Así, para la época Teocrática, el que viole mandamientos sacros o falte a una ley sagrada será considerado un delincuente y sancionado en consecuencia. La víctima del delito será el sacerdote, los utensilios sagrados, las sustancias consagradas y Dios mismo.
En la época de la Guerra Fría la víctima del delito era el ciudadano aprisionado por las ideologías que lo estigmatizaban por atentar supuestamente contra ellas.
La valoración de la víctima del delito implica la evolución de las realidades culturales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en el artículo 8º que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley". La interpretación de éste artículo desde la proclamación de la Declaración fue en el sentido de promover la protección jurídica al individuo, en cualquier parte del mundo, señalado como responsable de la comisión de un delito, considerando a priori que la autoridad estatal actuaba casi siempre violando derechos humanos de esa persona, consistentes en detención ilegal, tortura y procesos viciados que culminaban en una condena injusta.
Y para corroborar esta afirmación, los artículos 10 y 11 del mismo instrumento internacional en comento señalan respectivamente que: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal", "1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa... 2) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito".
La actitud de los gobernados frente a la autoridad estatal durante la segunda mitad del siglo XX era la de sospechar que aquél sujeto sometido a una detención y aprehensión procesal penal tenía como antecedente una violación a sus derechos fundamentales, estaba relacionada con el hecho de vivir en una realidad económica-política socialista o capitalista. La Guerra Fría que se desarrolló entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos de América y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, influyó en la apreciación legal que las autoridades judiciales competentes de los distintos Estados hacían de los gobernados, catalogándolos como buenos ciudadanos a aquellos que actuaban conforme a las reglas del sistema político vigente y que no exhibían oposición alguna, en cambio, aquellos hombres y mujeres que se atrevían a alzar sus voces contra los regímenes de poder, eran señalados como delincuentes y su persecución era implacable.
Las ideologías gobernaban a las naciones, la Guerra Fría no se libraba sólo a través de las armas en los distintos frentes de batalla sino también por medio de la literatura, de la prensa y del terror contra aquellos que se inconformaban con los modelos del Estado, fuesen estos marxistas o liberales-funcionalistas. Los gobernados no se atrevían a enfrentarse a la autoridad estatal en los dos bloques económicos, permanecían sin embargo como inconformes silenciosos y observaban lo que les sucedía a aquellos que sí decían o actuaban su oposición, eran sometidos y encerrados en la cárcel o a veces simplemente desaparecidos. La defensa de los Derechos Humanos en materia penal se centró entonces por los organismos que abogan por la dignidad humana en buscar garantizarles a los oprimidos acusados de algún delito, sobre todo político o de otro carácter que se suponía era generalmente inventado, el objetivo era garantizar que no se cometiera una injusticia en su contra.
Actualmente las estructuras económicas, políticas y sociales han cambiado y los Derechos Humanos ya no se concentran sólo en la defensa legal de los acusados de algún delito y ampliando su margen de acción, se dan cuenta quienes defienden los Derechos Humanos que quienes han cometido algún delito sobre todo del orden común y que ese hecho no tuvo nada que ver con las estructuras ideológicas en las que se presentó, ese sujeto que delinquió, el victimario, de alguna manera ha causado un daño, un perjuicio a otros hombres y mujeres, que no se habían considerado como partes del todo jurídico, solo se les consideraba a estos últimos como ofendidos, como acusadores, pero no como víctimas de un delito.
La transformación de la visión jurídica actual, ha llevado a los juristas a caer en la cuenta de que las víctimas del delito han estado allí esperando se les auxilie, se les repare el daño y se les atienda con justicia resarciéndoles aunque sea parcialmente aquello que se les quitó, aquello que padecieron, reintegrándoles su tranquilidad y la intención de que las cosas vuelvan al
estado anterior al que sufrieron un ataque o violación a sus derechos.
La víctima es la nueva figura central del delito, ya no es el delincuente, de alguna manera la creencia o presunción de la inocencia del acusado de delincuente ha cambiado junto con los cambios mundiales en los distintos ordenes culturales, actualmente es la víctima del delito quien desplazó al delincuente de la era de la Guerra Fría, situación irónica, como víctima del delito del sistema político.
Este nuevo planteamiento del problema es saludable en virtud de ubicar a la víctima del delito, sea quien sea actualmente el delincuente o señalado como tal, como el verdadero afectado por las conductas ilícitas de quien hoy día ya no puede o encuentra cobijo para justificar su actuación.
Es entonces el Estado de Derecho el marco que la justicia debe ofrecer para la víctima del delito.
Sin embargo, en la época actual, donde el dinero, el Mercado Mundial, el Libre Comercio, el Neoliberalismo es el centro de atención y de adoración de toda esta civilización, llamada por Spengler "Mágica", quien no paga por adquirir algo que es propiedad de los grandes magnates de la computación, de la tecnología, de los medios de comunicación, quien atenta contra los ídolos de la mercadotecnia y el dinero es considerado delincuente y la víctima del delito será, el dueño de Televisa y de Sky, Bill Gates y Carlos Slim serán las víctimas del delito, y todos los globalifóbicos serán por lo tanto los delincuentes, todos los pobres en situación extrema que no piensan como el selecto grupo de los deshumanizados inversionistas de capitales golondrinos y socios accionistas de Wall Street y de las Bolsas Mundiales, son los enemigos, los delincuentes.
Así que la víctima del delito resulta del modelo de poder en voga.
A pesar de todo esto, hay verdaderas víctimas del delito, aquellos que son vulnerados en sus derechos humanos, en su vida, libertad, igualdad y seguridad jurídica aún por los modelos de poder que pueden enfrentarse a estas víctimas verdaderas presentándose ellos a su vez también como víctimas del delito.
Por ejemplo, Carlos Slim y Emilio Azcárraga pueden pretextar que son víctimas del delito porque algunas personas se roban información del "cable" o por medio de aparatos de alta tecnología bajan la señal de Sky para informarse, sin pagar.
Estos magnates, se autonombran víctimas del delito porque además el código penal vigente les da la razón en sus pretensiones, pero si observamos con atención y pensamos con claridad nos percataremos de que teniendo el derecho a la información, pocos son los que tienen acceso a ella, porque los grandes magnates han monopolizado la información y los medios para acceder a ella, y solo a través de un pago se puede tener la posibilidad de informarse, siendo que es un derecho. Se tiene derecho a la información sin tener porque haber limitaciones para acceder a ella, sobre todo al precio que se ofrece y por otra parte las oportunidades para acceder a esa información.
Porque quien no tiene computadora no puede acceder , por ejemplo a internet.
Se castiga al pobre por no formar parte del grupo potencial de los clientes de los magnates, es el delincuente del modelo de poder actual.
Sin embargo los Derechos Humanos son los Derechos Humanos, y esos no se sujetan al vaiven de las transformaciones y evolución de los sistemas de gobierno, permanecen inalterables y dado que se fundamentan en la dignidad humana todo aquél que atente en su contra será considerado como verdadero victimario, la víctima del delito es solamente el ser humano, individual o colectivamente, el victimario puede ser también el ser humano individual o agrupado e igualmente se extiende al gobierno cuando con sus actos viola derechos humanos; también son victimarios los grupos organizados que no forman parte del Estado o del gobierno como son los paramilitares, los mercenarios, los terroristas y los empresarios que se enriquecen indebidamente, los inversionistas sin escrúpulos y los grandes magnates internacionales que vulneran la ecología y los derechos fundamentales en su afán de lucro y se incluye un tercer victimario: el sistema de poder imperante que es formado tanto por el gobierno como por los que se alían con ese gobierno, o los que lo manipulan.
Como actualmente los que detentan el poder son los magnates, los industriales, que son unos cuantos y que usan al gobierno como su "garrote" o su "gendarme" para golpear a los que se le oponen a sus planes, utilizando las estructuras legislativas para crear derecho positivo, pueden entonces hacerse aparecer como víctimas del delito cuando en realidad no son verdaderas víctimas del delito.
Aquí la existencia de los Derechos Humanos es trascendental, porque definirán en primer lugar quién es la verdadera víctima
del delito, segundo, quitarán todo el humo de la mentira y aclararán en qué consiste la violación a la verdadera víctima del delito y tercero, propondrán el freno a esa violencia hacia la víctima del delito y la sanción debida al victimario.
Sin los Derechos Humanos la víctima del delito va a ser siempre el victimario, con los derechos humanos no hay inversión de papeles, la víctima verdadera será siempre la víctima del delito y será descubierto el otro como lo que es, victimario, delincuente, violador de Derechos Humanos.
La dignidad humana, el ser humano es la base del derecho. Todo derecho creado a través de los órganos legislativos, el
derecho positivo que atente contra la persona humana, contra su dignidad será una injusticia y no podrá llamarse "derecho" puesto que si se aplica afectará a una nueva víctima del delito.
Cuando se escriben líneas como éstas para un ensayo sobre la víctima del delito es ineludible escaparse de la propia realidad social mexicana que nos ha afectado a todos los que vivimos en este país, heme aquí que me resulta difícil intentar abstraerme como penalista que no soy, para ilustrar estas cuartillas sobre el tema del delito y su consecuencia: la víctima del delito, sin poder evadir esta lacerante realidad socio-política y económica que me invade el cuerpo y el alma como la humedad que penetra por todos los resquicios sin dejar lugar alguno como inalcanzable.
¿Cómo olvidar hechos lamentables acaecidos estos últimos lustros en México tales como los magnicidios, los secuestros y los atentados contra personajes importantes de la vida política y económica y una creciente inseguridad pública y jurídica?
¿Cómo entender el regocijo de los medios masivos de comunicación, radio, prensa y televisión exclamando que "los derechos humanos defienden delincuentes", sin aclarar siquiera a qué se refieren con eso de "los derechos humanos", si al concepto de
Derechos Humanos o a los organismos no-jurisdiccionales protectores de Derechos Humanos?
¿Cómo olvidar lo dicho por el candidato priísta Montiel en la campaña de 1997 por la gubernatura del Estado de México señalando, en uno de los tantos spots televisivos que lo hicieron famoso, a unos individuos tras unas rejas y comparandolos con las ratas? Decía el entonces candidato, ahora Señor Gobernador, que "Los Derechos Humanos son de los Humanos, no de las ratas".
Qué lamentable exhibición de ignorancia en un líder político y lo que es peor, candidato a la gubernatura de uno de los estados de la República Mexicana donde los Derechos Humanos deben promoverse con mayor ahínco para el bienestar de sus pobres y paupérrimos habitantes. Pobres mexiquenses no sólo por las carencias económicas que pudieran afectarles, sino porque eligieron a un sujeto para gobernarlos que no sabe distinguir entre el concepto de Derechos Humanos y los Organismos Protectores de Derechos Humanos. La imagen que tiene de éstos últimos al parecer no logra discernirla claramente, no sabe cual es su función específica. Porque resulta que si su ambigua referencia tenía que ver con la intromisión de la Comisión de Derechos Humanos para observar que se respetaran los derechos fundamentales y la dignidad de las personas de los detenidos o internos por la comisión de un delito o sujetos a arresto con motivo de una falta administrativa, pues entonces el ahora Señor Gobernador quedó exhibido como probable responsable, candidato a delincuente por los delitos de calumnia y difamación, por afirmar cosas falsas por demás sobre una persona, no dejando de lado un tendencioso manejo de palabras que involucran a la institución que defiende la dignidad de la persona humana, los derechos humanos , por encima del prejuicio vulgar de una autoridad abusiva que no se constriñe a la ley, que se le olvida que el Estado debe actuar en el límite que el derecho le señala, en el clima jurídico: Estado de Derecho.
Y es menester dejar claro el punto, que aquellos que señala que "Los Derechos Humanos defienden delincuentes" no solo mienten falazmente sino que su premura los arroja a delinquir por calumnia y difamación y he aquí que si su afirmación fuese cierta entonces los organismos de protección no jurisdiccional de Derechos Humanos tendrían la obligación de defenderlos como viles delincuentes que son, pero da la casualidad que la Comisión de Derechos Humanos no es defensor de oficio y mucho menos de delincuentes, pues defiende sólo a las personas, a seres humanos, y en cuanto al mote de delincuentes sólo un juez a través de la culminación de un proceso debidamente seguido ante el tribunal competente y una vez agotados los recursos legales puede indicar con su resolución si un individuo es o no, delincuente. Razón de peso para que midan sus palabras aquellos que gustan de extender sus cómicas, ingenuas e ignorantes frases y aseveraciones de pésimo gusto sobre esta materia.
Pero en fin, nunca es tarde para quienes denostan la labor de los organismos que promueven y defienden los Derechos Humanos para que reflexionen y comprendan que nadie puede excluirse del goce y ejercicio de estos derechos, pues la Libertad de expresión permite equivocarse cuando las ideas fluyen sin analizarse y esa misma libertad es el camino para atender el sentido correcto de los derechos humanos.
Ciertamente es grave que desde el poder político se convoque a creer falsedades, pero esa actitud no es mas que un síntoma de lo que ocurre en nuestro país, la constante comisión de delitos como el secuestro, el robo a bancos, las matanzas de grupos étnicos y la hostilidad contra opositores a las medidas económicas que el orden mundial del libre mercado impone escudándose en el proceso natural de la globalización, lo que no implica el que sea el neoliberalismo sinónimo de globalización, todo esto mezclado con el ingrediente más peligroso, violento y corruptor: el narcotráfico.
Las autoridades encargadas de la seguridad nacional en México a toda costa niegan que la nación se encuentre asolada por un especie de "colombianización", término que se emplea para designar el proceso violento en que ese país, Colombia, ha vivido a consecuencia de la combinación de varios elementos y prácticas delictivas, narcotráfico, secuestros de personas adineradas, terrorismo, corrupción policiaca, guerrilla, exterminio de grupos étnicos y pobreza extrema como resultado de la implantación de políticas económicas contrarias a la dignidad humana y preocupadas sólo por las cifras macroeconómicas y por la economía virtual, intervención de los Estados Unidos de América invadiendo soberanía de aquella nación a efecto de actuar como mejor le parezca incluyendo la comisión de delitos por parte de sus agentes y nacionales. La ciudad con el mayor índice de asesinatos es Bogotá, la capital de Colombia con 8,600 homicidios al año, en donde la violencia es la principal causa de mortalidad para las personas entre 10 y 60 años, aunque el país que tiene la tasa más alta de asesinatos es Estados Unidos, en donde ocurren alrededor de 25 mil homicidios al año.
Las comparaciones exhiben que efectivamente México vive la ola delictiva que el mar del narcotráfico desde Colombia ha impulsado corrompiendo a los cuerpos de seguridad nacional, pública y jurídica. El afán por cometer delitos por quienes deberían cuidar que no se cometan, las autoridades y servidores públicos, ha puesto en la opinión pública la duda sobre el papel que los gobernantes realmente tienen frente al delito. El delito es antónimo de los Derechos Humanos, y para hablar de la víctima del delito es necesario entender que tiene que generarse primero el delito, y que éste no se produce espontáneamente sin explicación alguna sino que es la culminación de todo un complejo proceso social, político y económico sin olvidar que el Derecho Penal sólo se refiere al delito como toda conducta que atenta o destruye la cultura, entendida ésta como proveedora de bienes en el desarrollo e integración de los individuos. Una acción que se opone a las leyes de una sociedad; y que se han desarrollado disciplinas que estudian el hecho delictivo como la Criminalística y la Criminología que identifica la parte subjetiva o interna del o los sujetos involucrados en la comisión del delito, amén de la Victimología que podría ser el área que en este ensayo tuviera que encumbrarse como lo principal. Los enfoques que se han observado acerca del delito han sido variados en el intento de explicar porqué se produce, ya Cesar Lombroso y sus alumnos, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, estudiaron desde el positivismo biológico que "la principal causa de la tendencia al crimen es orgánica", afirmaban que "la herencia" es "la clave de las desviaciones". Es decir que el delincuente fatalmente lo es porque factores internos en su persona, biológicos y psicológicos, influyen para que su conducta sea dominada e impulsada a cometer delitos. Sin embargo el delincuente no nace, se hace y aunque en un individuo determinado sus tendencias sean hacia el delito, hacia la violencia, no deja de ser cierto que el condicionamiento social y el régimen de vida política y económica son finalmente quienes definen qué es delito, quién es el delincuente, quién es la víctima y qué sanciones reciben uno y reparaciones o auxilio el otro.
Quienes ejercen el poder no están dispuestos a perderlo, Michel Foulcault señalaba que quienes lo detentan no dejan de emplear todos los medios posibles para retenerlo y aún cuando llegasen a perderlo no tardan mucho en recuperarlo, y este ejercicio del poder implica la posibilidad y la responsabilidad de organizar la aplicación de ese poder, y en los regímenes totalitarios, dictatoriales, fascistas la expresión más clara del ejercicio del poder se observa cuando el poderoso, que puede ser el gobernante y quienes lo sostienen, detiene, a veces juzga, pero siempre mete a la cárcel o desaparece, pulveriza a todos aquellos que le representan un peligro latente o actuante para conservar el orden establecido.
No siempre la legislación penal representa la garantía de sancionar al delincuente y reparar a la víctima del delito en sus derechos, pues el sistema de poder imperante actúa más allá de su propia legislación a efecto de perseguir y exterminar a aquellos que le causan molestias y que extrajurídicamente, conforme a sus formas legales, considera delincuente pero que no puede sancionar porque la ley penal y procedimental no arropa como delito. Tenemos ejemplos en la Historia de la Humanidad de cómo esto que señalo se ha verificado, uno de los tantos casos es el del homicidio de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado en ese país Centroamericano a principios de la década de los ochenta presuntamente por agentes gubernamentales, cuya intención era acallar las manifestaciones que el religioso hacía denunciando las atrocidades y violencia de la guerrilla y de los mercenarios tanto del propio gobierno salvadoreño como la de los contras patrocinados por el gobierno estadounidense. Aquí la víctima fue el considerado delincuente, precisamente por promover los derechos humanos.
Es necesario señalar que hay delitos que no pueden encubrirse bajo ningún pretexto y que su comisión es resultado de la maldad, la saña y la violencia de seres perversos que no pueden justificar su conducta de ninguna manera, multihomicidas como Elizabeth Bathori, sobrina de Stephen Bathori, rey de Polonia en 1575, que mató a más de 600 mujeres jóvenes para bañarse en su sangre, pues creía así conservaría su juventud; otro sujeto, un tal Pedro López, asesinó 300 mujeres jóvenes en Colombia, Perú y Ecuador, conocido como el "Monstruo de los Andes"; otros individuos criminales han sido los serial killer, o asesinos seriales, así denominados por el FBI en la década de los setenta, y que la cultura yanqui nos ha ofrecido. En cada uno de esos escalofriantes casos las víctimas del delito no sólo fueron aquellas a quienes se les privó de su vida, sino las víctimas del delito fueron las sociedad enteras, cada pueblo, cada ciudad, cada país sufrió el delito, más allá del dolor físico, la violencia psicológica, el impacto del hecho, y el temor e incertidumbre de convertirse en la siguiente víctima material del depravado sujeto.
Pero vuelve lo mismo, cada sociedad lleva en su seno la semilla de la violencia si esa sociedad es dominada por un poder violento y contrario al respeto a los Derechos Humanos. Los secuestros en México a banqueros, dueños de grandes tiendas de autoservicio, políticos y artistas famosos y adinerados no son delitos casuales sin explicación alguna, mas bien el sistema de poder político y económico se ha encargado de producir sus propios delincuentes para convertirse ese mismo poder en el objetivo del delito, en la víctima del delito, y no resulta extraño conocer luego que las principales bandas de secuestradores son lidereadas por ex-policías, ex-servidores públicos, gente que debió garantizar el respeto a los derechos humanos pero que impotentes y frustrados de saberse inmiscuidos en una sociedad carente de valores y corrupta, comenzando por sus propios jefes y autoridades, se preguntaron porqué ellos no iban a ser capaces también de delinquir sin mayores consecuencias. Total, si los veinticuatro hombres más ricos de México se pueden enriquecer hasta de manera ilícita y sin ningún freno, si los grandes inversionistas explotan a los obreros y arrasan el medio ambiente, sin que nadie los detenga, porqué no podría un policía ser también rico y poderoso y disfrutar del poder económico que sin mayor pudor otros hombres y mujeres gozan frente a la mirada complaciente del gobierno, al cual controlan. ¿Con qué calidad moral podrían los magnates enriquecidos en la libertad ilimitada del mercado mundial tachar de delincuentes a policías que en lugar de dedicarse a velar por la seguridad pública prefirieran dedicarse a la industria del secuestro?
El mismo sistema imperante produce sus propios victimarios y sus víctimas del delito, muchas víctimas verdaderas y otras, algunas, supuestas.
Hay que entender finalmente que los victimarios, son los chivos expiatorios de una sociedad represiva que en ocasiones pisotea los Derechos Humanos y pasa por alto la dignidad humana con tal de satisfacer sus afanes de venganza que no de justicia.
Por otra parte, cuando se aborda la designación de la víctima del delito, decir que Vox Populi, Vox Dei es exponerse al error, pues la masa no piensa, actúa guiada por las más bajas pasiones e instintos, lo que mueve a tomar venganza por propia mano mal llamada "justicia".
Es así que la víctima del delito es toda persona o personas que padecen la violación a sus derechos humanos, a su vida, libertad, igualdad y seguridad jurídica, y aunque la legislación positiva restrinja el delito a ciertos preceptos formales y materiales que conforman el delito, no es menos cierto que la salvaguarda de los derechos humanos no se restringen a la opinión o intereses del poder dominante en turno.
Cesar Beccaria, autor del monumental Tratado de los Delitos y de las Penas decía que "Si defendiendo los derechos de la humanidad y la verdad eterna pudiese arrancar a la tiranía, o a la ignorancia fanática, algunas de sus víctimas, las lágrimas de gozo y las bendiciones de un solo inocente vuelto al reposo, me consolarían del desprecio del resto de los hombres"

2. Síntesis

Cada cultura produce sus delincuentes y sus víctimas del delito, puede llegar a resultar relativa la postura de cada uno de estos agentes, por lo que la intervención de los Derechos Humanos es trascendental para distinguir quién es la verdadera víctima del delito y quién el violador de derechos humanos.

3. Conclusión

Los Derechos Humanos al defender la dignidad humana no se sujetan a intereses dolosos espacio temporales y por lo tanto la verdadera víctima del delito va a ser siempre la víctima de la violación a sus derechos fundamentales.

 

 

 

 

Autor:


Francisco Parra

Estudiante de la Maestría en Derecho e Investigación, División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.


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