Indice
1.
Derechos humanos de las víctimas del
delito
2. Síntesis
3. Conclusión
1. Derechos humanos de las
víctimas del delito
Cuando se es estudiante de derecho nadie explica a uno a
detalle el porqué la Constitución Política de los
Estados Unidos
Mexicanos tiene una parte dogmática y otra parte
orgánica que se refiere a la
organización y funcionamiento del Estado. Con el
tiempo y
estudiando de manera autodidacta se entiende que la primera parte
de la Constitución comprende los Derechos Humanos; y la
segunda se refiere al sistema de
gobierno, al
poder
dominante en un momento histórico dado, ya que ha sido
variada la forma en que se ha presentado el poder, han existido
la monarquía, el parlamento dominante, el
comunismo, el
presidencialismo, la democracia,
entre otras formas de poder.
Todo cambia, los sistemas de
gobierno, las de poder, las relaciones de sometimiento o de
gobierno cambian, pero los Derechos Humanos no cambian,
permanecen inalterables, todo sistema de gobierno que no se base
en esa parte dogmática, en los derechos humanos, es
ilegítimo porque atentará contra el propio ser
humano.
La Constitución es el documento básico de
gobernabilidad de un pueblo, porque es el freno al abuso de la
autoridad
gubernamental o del poderoso que puede ser o no ella misma; y por
otra parte la Constitución es el piso, no el techo, del
cual parten todos los derechos, su desarrollo y
base.
La Constitución es un instrumento legal que usa para
gobernarse asimismo un pueblo, por lo tanto es un instrumento
práctico que no puede ni debe ser algo petrificado y que
no funcione.
Los Derechos Humanos no cambian, pero sí el sistema
jurídico-político-económico, por lo cual la
defensa o protección de los Derechos Humanos es lo
único que evoluciona. Desde el Código
de Hamurabi hasta la carta Magna de
Inglaterra bajo
el reinado de Juan Sin Tierra pasando
por los Fueros Juzgos españoles y llegando a la ya
cincuentona Declaración Universal de los Derechos Humanos,
se ha planteado la instauración de Organismos Protectores
de Derechos Humanos tanto Jurisdiccionales como
No-jurisdiccionales.
Ciertamente que la legislación constitucional abarca
aquellos aspectos que a la sociedad
interesan, y de ello deriva que se vincule el ejercicio del
poder, de la autoridad a la sanción contra aquellos que no
respetan la ley, que la
violan, pero no se trata luego de sancionar solo al violador de
la ley porque sí, por la falta a la ley, sino por el
daño ocasionado a otro ser humano, al que se le pueden
perpetrar entre otras situaciones delitos, y
así aparece la víctima del delito.
Cada sistema político o de poder, cada nueva
civilización tiene sus propias víctimas del delito,
así que nunca será por lo tanto valorado el mismo
delincuente para todas las épocas históricas.
Así, para la época Teocrática, el que viole
mandamientos sacros o falte a una ley sagrada será
considerado un delincuente y sancionado en consecuencia. La
víctima del delito será el sacerdote, los
utensilios sagrados, las sustancias consagradas y Dios mismo.
En la época de la Guerra
Fría la víctima del delito era el ciudadano
aprisionado por las ideologías que lo estigmatizaban por
atentar supuestamente contra ellas.
La valoración de la víctima del delito implica la
evolución de las realidades culturales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
establece en el artículo 8º que "toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes
que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley". La
interpretación de éste artículo desde la
proclamación de la Declaración fue en el sentido de
promover la protección jurídica al individuo, en
cualquier parte del mundo, señalado como responsable de la
comisión de un delito, considerando a priori que la
autoridad estatal actuaba casi siempre violando derechos humanos
de esa persona, consistentes en detención ilegal, tortura
y procesos
viciados que culminaban en una condena injusta.
Y para corroborar esta afirmación, los artículos 10
y 11 del mismo instrumento internacional en comento
señalan respectivamente que: "Toda persona tiene derecho,
en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y justicia por
un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia
penal", "1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su
defensa… 2) nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron delictivos según
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá
pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito".
La actitud de los
gobernados frente a la autoridad estatal durante la segunda mitad
del siglo XX era la de sospechar que aquél sujeto sometido
a una detención y aprehensión procesal penal
tenía como antecedente una violación a sus derechos
fundamentales, estaba relacionada con el hecho de vivir en una
realidad económica-política socialista o
capitalista. La Guerra
Fría que se desarrolló entre las dos potencias
mundiales, Estados Unidos de América
y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, influyó en la apreciación legal
que las autoridades judiciales competentes de los distintos
Estados hacían de los gobernados, catalogándolos
como buenos ciudadanos a aquellos que actuaban conforme a las
reglas del sistema político vigente y que no
exhibían oposición alguna, en cambio,
aquellos hombres y mujeres que se atrevían a alzar sus
voces contra los regímenes de poder, eran señalados
como delincuentes y su persecución era implacable.
Las ideologías gobernaban a las naciones, la Guerra
Fría no se libraba sólo a través de las
armas en los
distintos frentes de batalla sino también por medio de la
literatura, de la
prensa y del
terror contra aquellos que se inconformaban con los modelos del
Estado, fuesen estos marxistas o liberales-funcionalistas. Los
gobernados no se atrevían a enfrentarse a la autoridad
estatal en los dos bloques
económicos, permanecían sin embargo como
inconformes silenciosos y observaban lo que les sucedía a
aquellos que sí decían o actuaban su
oposición, eran sometidos y encerrados en la cárcel
o a veces simplemente desaparecidos. La defensa de los Derechos
Humanos en materia penal se centró entonces por los
organismos que abogan por la dignidad humana en buscar
garantizarles a los oprimidos acusados de algún delito,
sobre todo político o de otro carácter
que se suponía era generalmente inventado, el objetivo era
garantizar que no se cometiera una injusticia en su contra.
Actualmente las estructuras
económicas, políticas
y sociales han cambiado y los Derechos Humanos ya no se
concentran sólo en la defensa legal de los acusados de
algún delito y ampliando su margen de acción, se
dan cuenta quienes defienden los Derechos Humanos que quienes han
cometido algún delito sobre todo del orden común y
que ese hecho no tuvo nada que ver con las estructuras
ideológicas en las que se presentó, ese sujeto que
delinquió, el victimario, de alguna manera ha causado un
daño, un perjuicio a otros hombres y mujeres, que no se
habían considerado como partes del todo jurídico,
solo se les consideraba a estos últimos como ofendidos,
como acusadores, pero no como víctimas de un delito.
La transformación de la visión jurídica
actual, ha llevado a los juristas a caer en la cuenta de que las
víctimas del delito han estado allí esperando se
les auxilie, se les repare el daño y se les atienda con
justicia resarciéndoles aunque sea parcialmente aquello
que se les quitó, aquello que padecieron,
reintegrándoles su tranquilidad y la intención de
que las cosas vuelvan al
estado anterior al que sufrieron un ataque o violación a
sus derechos.
La víctima es la nueva figura central del delito, ya no es
el delincuente, de alguna manera la creencia o presunción
de la inocencia del acusado de delincuente ha cambiado junto con
los cambios mundiales en los distintos ordenes culturales,
actualmente es la víctima del delito quien desplazó
al delincuente de la era de la Guerra Fría,
situación irónica, como víctima del delito
del sistema político.
Este nuevo planteamiento del
problema es saludable en virtud de ubicar a la víctima
del delito, sea quien sea actualmente el delincuente o
señalado como tal, como el verdadero afectado por las
conductas ilícitas de quien hoy día ya no puede o
encuentra cobijo para justificar su actuación.
Es entonces el Estado de Derecho
el marco que la justicia debe ofrecer para la víctima del
delito.
Sin embargo, en la época actual, donde el dinero, el
Mercado Mundial,
el Libre Comercio,
el Neoliberalismo
es el centro de atención y de adoración de toda esta
civilización, llamada por Spengler "Mágica", quien
no paga por adquirir algo que es propiedad de
los grandes magnates de la computación, de la tecnología, de
los medios de
comunicación, quien atenta contra los ídolos de
la mercadotecnia
y el dinero es
considerado delincuente y la víctima del delito
será, el dueño de Televisa y de Sky, Bill Gates y
Carlos Slim serán las víctimas del delito, y todos
los globalifóbicos serán por lo tanto los
delincuentes, todos los pobres en situación extrema que no
piensan como el selecto grupo de los
deshumanizados inversionistas de capitales golondrinos y socios
accionistas de Wall Street y de las Bolsas Mundiales, son los
enemigos, los delincuentes.
Así que la víctima del delito resulta del modelo de
poder en voga.
A pesar de todo esto, hay verdaderas víctimas del delito,
aquellos que son vulnerados en sus derechos humanos, en su vida,
libertad,
igualdad y seguridad
jurídica aún por los modelos de poder que pueden
enfrentarse a estas víctimas verdaderas
presentándose ellos a su vez también como
víctimas del delito.
Por ejemplo, Carlos Slim y Emilio Azcárraga pueden
pretextar que son víctimas del delito porque algunas
personas se roban información del "cable" o por medio de
aparatos de alta tecnología bajan la señal de Sky
para informarse, sin pagar.
Estos magnates, se autonombran víctimas del delito porque
además el código penal vigente les da la
razón en sus pretensiones, pero si observamos con
atención y pensamos con claridad nos percataremos de que
teniendo el derecho a la información, pocos son los que
tienen acceso a ella, porque los grandes magnates han
monopolizado la información y los medios para
acceder a ella, y solo a través de un pago se puede tener
la posibilidad de informarse, siendo que es un derecho. Se tiene
derecho a la información sin tener porque haber
limitaciones para acceder a ella, sobre todo al precio que se
ofrece y por otra parte las oportunidades para acceder a esa
información.
Porque quien no tiene computadora no
puede acceder , por ejemplo a internet.
Se castiga al pobre por no formar parte del grupo potencial de
los clientes de los
magnates, es el delincuente del modelo de poder actual.
Sin embargo los Derechos Humanos son los Derechos Humanos, y esos
no se sujetan al vaiven de las transformaciones y
evolución de los sistemas de gobierno, permanecen
inalterables y dado que se fundamentan en la dignidad humana todo
aquél que atente en su contra será considerado como
verdadero victimario, la víctima del delito es solamente
el ser humano, individual o colectivamente, el victimario puede
ser también el ser humano individual o agrupado e
igualmente se extiende al gobierno cuando con sus actos viola
derechos humanos; también son victimarios los grupos
organizados que no forman parte del Estado o del gobierno como
son los paramilitares, los mercenarios, los terroristas y los
empresarios que se enriquecen indebidamente, los inversionistas
sin escrúpulos y los grandes magnates internacionales que
vulneran la ecología y los
derechos fundamentales en su afán de lucro y se incluye un
tercer victimario: el sistema de poder imperante que es formado
tanto por el gobierno como por los que se alían con ese
gobierno, o los que lo manipulan.
Como actualmente los que detentan el poder son los magnates, los
industriales, que son unos cuantos y que usan al gobierno como su
"garrote" o su "gendarme" para golpear a los que se le oponen a
sus planes, utilizando las estructuras legislativas para crear
derecho positivo,
pueden entonces hacerse aparecer como víctimas del delito
cuando en realidad no son verdaderas víctimas del
delito.
Aquí la existencia de los Derechos Humanos es
trascendental, porque definirán en primer lugar
quién es la verdadera víctima
del delito, segundo, quitarán todo el humo de la mentira y
aclararán en qué consiste la violación a la
verdadera víctima del delito y tercero, propondrán
el freno a esa violencia
hacia la víctima del delito y la sanción debida al
victimario.
Sin los Derechos Humanos la víctima del delito va a ser
siempre el victimario, con los derechos humanos no hay inversión de papeles, la víctima
verdadera será siempre la víctima del delito y
será descubierto el otro como lo que es, victimario,
delincuente, violador de Derechos Humanos.
La dignidad humana, el ser humano es la base del derecho. Todo
derecho creado a través de los órganos
legislativos, el
derecho positivo que atente contra la persona humana, contra su
dignidad será una injusticia y no podrá llamarse
"derecho" puesto que si se aplica afectará a una nueva
víctima del delito.
Cuando se escriben líneas como éstas para un ensayo
sobre la víctima del delito es ineludible escaparse de la
propia realidad social mexicana que nos ha afectado a todos los
que vivimos en este país, heme aquí que me resulta
difícil intentar abstraerme como penalista que no soy,
para ilustrar estas cuartillas sobre el tema del delito y su
consecuencia: la víctima del delito, sin poder evadir esta
lacerante realidad socio-política y económica que
me invade el cuerpo y el alma como la humedad que penetra por
todos los resquicios sin dejar lugar alguno como
inalcanzable.
¿Cómo olvidar hechos lamentables acaecidos estos
últimos lustros en México
tales como los magnicidios, los secuestros y los atentados contra
personajes importantes de la vida política y
económica y una creciente inseguridad
pública y jurídica?
¿Cómo entender el regocijo de los medios masivos de
comunicación, radio, prensa y
televisión
exclamando que "los derechos humanos defienden delincuentes", sin
aclarar siquiera a qué se refieren con eso de "los
derechos humanos", si al concepto de
Derechos Humanos o a los organismos no-jurisdiccionales
protectores de Derechos Humanos?
¿Cómo olvidar lo dicho por el candidato
priísta Montiel en la campaña de 1997 por la
gubernatura del Estado de México señalando, en uno
de los tantos spots televisivos que lo hicieron famoso, a unos
individuos tras unas rejas y comparandolos con las ratas?
Decía el entonces candidato, ahora Señor
Gobernador, que "Los Derechos Humanos son de los Humanos, no de
las ratas".
Qué lamentable exhibición de ignorancia en un
líder
político y lo que es peor, candidato a la gubernatura de
uno de los estados de la República Mexicana donde los
Derechos Humanos deben promoverse con mayor ahínco para el
bienestar de sus pobres y paupérrimos habitantes. Pobres
mexiquenses no sólo por las carencias económicas
que pudieran afectarles, sino porque eligieron a un sujeto para
gobernarlos que no sabe distinguir entre el concepto de Derechos
Humanos y los Organismos Protectores de Derechos Humanos. La
imagen que
tiene de éstos últimos al parecer no logra
discernirla claramente, no sabe cual es su función
específica. Porque resulta que si su ambigua referencia
tenía que ver con la intromisión de la
Comisión de Derechos Humanos para observar que se
respetaran los derechos fundamentales y la dignidad de las
personas de los detenidos o internos por la comisión de un
delito o sujetos a arresto con motivo de una falta
administrativa, pues entonces el ahora Señor Gobernador
quedó exhibido como probable responsable, candidato a
delincuente por los delitos de calumnia y difamación, por
afirmar cosas falsas por demás sobre una persona, no
dejando de lado un tendencioso manejo de palabras que involucran
a la institución que defiende la dignidad de la persona
humana, los derechos humanos , por encima del prejuicio vulgar de
una autoridad abusiva que no se constriñe a la ley, que se
le olvida que el Estado debe
actuar en el límite que el derecho le señala, en el
clima
jurídico: Estado de Derecho.
Y es menester dejar claro el punto, que aquellos que
señala que "Los Derechos Humanos defienden delincuentes"
no solo mienten falazmente sino que su premura los arroja a
delinquir por calumnia y difamación y he aquí que
si su afirmación fuese cierta entonces los organismos de
protección no jurisdiccional de Derechos Humanos
tendrían la obligación de defenderlos como viles
delincuentes que son, pero da la casualidad que la
Comisión de Derechos Humanos no es defensor de oficio y
mucho menos de delincuentes, pues defiende sólo a las
personas, a seres humanos, y en cuanto al mote de delincuentes
sólo un juez a través de la culminación de
un proceso
debidamente seguido ante el tribunal competente y una vez
agotados los recursos legales
puede indicar con su resolución si un individuo es o no,
delincuente. Razón de peso para que midan sus palabras
aquellos que gustan de extender sus cómicas, ingenuas e
ignorantes frases y aseveraciones de pésimo gusto sobre
esta materia.
Pero en fin, nunca es tarde para quienes denostan la labor de los
organismos que promueven y defienden los Derechos Humanos para
que reflexionen y comprendan que nadie puede excluirse del goce y
ejercicio de estos derechos, pues la Libertad de
expresión permite equivocarse cuando las ideas fluyen
sin analizarse y esa misma libertad es el camino para atender el
sentido correcto de los derechos humanos.
Ciertamente es grave que desde el poder político se
convoque a creer falsedades, pero esa actitud no es mas que un
síntoma de lo que ocurre en nuestro país, la
constante comisión de delitos como el secuestro, el
robo a bancos, las
matanzas de grupos étnicos y la hostilidad contra
opositores a las medidas económicas que el orden mundial
del libre mercado impone escudándose en el proceso natural
de la
globalización, lo que no implica el que sea el
neoliberalismo sinónimo de globalización, todo esto mezclado con el
ingrediente más peligroso, violento y corruptor: el
narcotráfico.
Las autoridades encargadas de la seguridad nacional en
México a toda costa niegan que la nación
se encuentre asolada por un especie de "colombianización",
término que se emplea para designar el proceso violento en
que ese país, Colombia, ha
vivido a consecuencia de la combinación de varios
elementos y prácticas delictivas, narcotráfico,
secuestros de personas adineradas, terrorismo,
corrupción
policiaca, guerrilla, exterminio de grupos étnicos y
pobreza
extrema como resultado de la implantación de
políticas económicas contrarias a la dignidad
humana y preocupadas sólo por las cifras
macroeconómicas y por la economía virtual,
intervención de los Estados Unidos de América
invadiendo soberanía de aquella nación a efecto
de actuar como mejor le parezca incluyendo la comisión de
delitos por parte de sus agentes y nacionales. La ciudad con el
mayor índice de asesinatos es Bogotá, la capital de
Colombia con 8,600 homicidios al año, en donde la
violencia es la principal causa de mortalidad para las personas
entre 10 y 60 años, aunque el país que tiene la
tasa más alta de asesinatos es Estados Unidos, en donde
ocurren alrededor de 25 mil homicidios al año.
Las comparaciones exhiben que efectivamente México vive la
ola delictiva que el mar del narcotráfico desde Colombia
ha impulsado corrompiendo a los cuerpos de seguridad nacional,
pública y jurídica. El afán por cometer
delitos por quienes deberían cuidar que no se cometan, las
autoridades y servidores
públicos, ha puesto en la opinión
pública la duda sobre el papel que los
gobernantes realmente tienen frente al delito. El delito es
antónimo de los Derechos Humanos, y para hablar de la
víctima del delito es necesario entender que tiene que
generarse primero el delito, y que éste no se produce
espontáneamente sin explicación alguna sino que es
la culminación de todo un complejo proceso social,
político y económico sin olvidar que el Derecho Penal
sólo se refiere al delito como toda conducta que
atenta o destruye la cultura,
entendida ésta como proveedora de bienes en el
desarrollo e integración de los individuos. Una
acción que se opone a las leyes de una
sociedad; y que se han desarrollado disciplinas que estudian el
hecho delictivo como la Criminalística y la Criminología que identifica la parte
subjetiva o interna del o los sujetos involucrados en la
comisión del delito, amén de la Victimología
que podría ser el área que en este ensayo tuviera
que encumbrarse como lo principal. Los enfoques que se han
observado acerca del delito han sido variados en el intento de
explicar porqué se produce, ya Cesar Lombroso y sus
alumnos, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, estudiaron desde el
positivismo
biológico que "la principal causa de la tendencia al
crimen es orgánica", afirmaban que "la herencia" es "la
clave de las desviaciones". Es decir que el delincuente
fatalmente lo es porque factores internos en su persona,
biológicos y psicológicos, influyen para que su
conducta sea dominada e impulsada a cometer delitos. Sin embargo
el delincuente no nace, se hace y aunque en un individuo
determinado sus tendencias sean hacia el delito, hacia la
violencia, no deja de ser cierto que el condicionamiento social y
el régimen de vida política y económica son
finalmente quienes definen qué es delito, quién es
el delincuente, quién es la víctima y qué
sanciones reciben uno y reparaciones o auxilio el otro.
Quienes ejercen el poder no están dispuestos a perderlo,
Michel Foulcault señalaba que quienes lo detentan no dejan
de emplear todos los medios posibles para retenerlo y aún
cuando llegasen a perderlo no tardan mucho en recuperarlo, y este
ejercicio del poder implica la posibilidad y la responsabilidad de organizar la aplicación
de ese poder, y en los regímenes totalitarios,
dictatoriales, fascistas la expresión más clara del
ejercicio del poder se observa cuando el poderoso, que puede ser
el gobernante y quienes lo sostienen, detiene, a veces juzga,
pero siempre mete a la cárcel o desaparece, pulveriza a
todos aquellos que le representan un peligro latente o actuante
para conservar el orden establecido.
No siempre la legislación penal representa la
garantía de sancionar al delincuente y reparar a la
víctima del delito en sus derechos, pues el sistema de
poder imperante actúa más allá de su propia
legislación a efecto de perseguir y exterminar a aquellos
que le causan molestias y que extrajurídicamente, conforme
a sus formas legales, considera delincuente pero que no puede
sancionar porque la ley penal y procedimental no arropa como
delito. Tenemos ejemplos en la Historia de la Humanidad de
cómo esto que señalo se ha verificado, uno de los
tantos casos es el del homicidio de
Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado en ese
país Centroamericano a principios de la
década de los ochenta presuntamente por agentes
gubernamentales, cuya intención era acallar las
manifestaciones que el religioso hacía denunciando las
atrocidades y violencia de la guerrilla y de los mercenarios
tanto del propio gobierno salvadoreño como la de los
contras patrocinados por el gobierno estadounidense. Aquí
la víctima fue el considerado delincuente, precisamente
por promover los derechos humanos.
Es necesario señalar que hay delitos que no pueden
encubrirse bajo ningún pretexto y que su comisión
es resultado de la maldad, la saña y la violencia de seres
perversos que no pueden justificar su conducta de ninguna manera,
multihomicidas como Elizabeth Bathori, sobrina de Stephen
Bathori, rey de Polonia en 1575, que mató a más de
600 mujeres jóvenes para bañarse en su sangre, pues
creía así conservaría su juventud; otro
sujeto, un tal Pedro López, asesinó 300 mujeres
jóvenes en Colombia, Perú y Ecuador, conocido
como el "Monstruo de los Andes"; otros individuos criminales han
sido los serial killer, o asesinos seriales, así
denominados por el FBI en la década de los setenta, y que
la cultura yanqui nos ha ofrecido. En cada uno de esos
escalofriantes casos las víctimas del delito no
sólo fueron aquellas a quienes se les privó de su
vida, sino las víctimas del delito fueron las sociedad
enteras, cada pueblo, cada ciudad, cada país sufrió
el delito, más allá del dolor físico, la
violencia psicológica, el impacto del hecho, y el temor e
incertidumbre de convertirse en la siguiente víctima
material del depravado sujeto.
Pero vuelve lo mismo, cada sociedad lleva en su seno la semilla
de la violencia si esa sociedad es dominada por un poder violento
y contrario al respeto a los
Derechos Humanos. Los secuestros en México a banqueros,
dueños de grandes tiendas de autoservicio,
políticos y artistas famosos y adinerados no son delitos
casuales sin explicación alguna, mas bien el sistema de
poder político y económico se ha encargado de
producir sus propios delincuentes para convertirse ese mismo
poder en el objetivo del delito, en la víctima del delito,
y no resulta extraño conocer luego que las principales
bandas de secuestradores son lidereadas por ex-policías,
ex-servidores públicos, gente que debió garantizar
el respeto a los derechos humanos pero que impotentes y
frustrados de saberse inmiscuidos en una sociedad carente de
valores y
corrupta, comenzando por sus propios jefes y autoridades, se
preguntaron porqué ellos no iban a ser capaces
también de delinquir sin mayores consecuencias. Total, si
los veinticuatro hombres más ricos de México se
pueden enriquecer hasta de manera ilícita y sin
ningún freno, si los grandes inversionistas explotan a los
obreros y arrasan el medio
ambiente, sin que nadie los detenga, porqué no
podría un policía ser también rico y
poderoso y disfrutar del poder económico que sin mayor
pudor otros hombres y mujeres gozan frente a la mirada
complaciente del gobierno, al cual controlan. ¿Con
qué calidad moral
podrían los magnates enriquecidos en la libertad ilimitada
del mercado mundial tachar de delincuentes a policías que
en lugar de dedicarse a velar por la seguridad pública
prefirieran dedicarse a la industria del
secuestro?
El mismo sistema imperante produce sus propios victimarios y sus
víctimas del delito, muchas víctimas verdaderas y
otras, algunas, supuestas.
Hay que entender finalmente que los victimarios, son los chivos
expiatorios de una sociedad represiva que en ocasiones pisotea
los Derechos Humanos y pasa por alto la dignidad humana con tal
de satisfacer sus afanes de venganza que no de justicia.
Por otra parte, cuando se aborda la designación de la
víctima del delito, decir que Vox Populi, Vox Dei es
exponerse al error, pues la masa no piensa, actúa guiada
por las más bajas pasiones e instintos, lo que mueve a
tomar venganza por propia mano mal llamada "justicia".
Es así que la víctima del delito es toda persona o
personas que padecen la violación a sus derechos humanos,
a su vida, libertad, igualdad y seguridad jurídica, y
aunque la legislación positiva restrinja el delito a
ciertos preceptos formales y materiales que
conforman el delito, no es menos cierto que la salvaguarda de los
derechos humanos no se restringen a la opinión o intereses
del poder dominante en turno.
Cesar Beccaria, autor del monumental Tratado de los Delitos y de
las Penas decía que "Si defendiendo los derechos de la
humanidad y la verdad eterna pudiese arrancar a la
tiranía, o a la ignorancia fanática, algunas de sus
víctimas, las lágrimas de gozo y las bendiciones de
un solo inocente vuelto al reposo, me consolarían del
desprecio del resto de los hombres"
Cada cultura produce sus delincuentes y sus
víctimas del delito, puede llegar a resultar relativa la
postura de cada uno de estos agentes, por lo que la
intervención de los Derechos Humanos es trascendental para
distinguir quién es la verdadera víctima del delito
y quién el violador de derechos humanos.
Los Derechos Humanos al defender la dignidad humana no
se sujetan a intereses dolosos espacio temporales y por lo tanto
la verdadera víctima del delito va a ser siempre la
víctima de la violación a sus derechos
fundamentales.
Autor:
Francisco Parra
Estudiante de la Maestría en Derecho e Investigación, División de Posgrado
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.