Indice
1.
Introducción
2. Minoridad y legislación en
Argentina: Una mirada del mundo hacia nuestra
situación
actual.
3. Bibliografía
La situación económica apremia. El 53% de
los chicos habita en hogares pobres (ello significa un notable
"avance" ya que en el 2000 sufría el problema el 49% de
los jóvenes).
La situación se agrava en el interior: en la Capital, el
19,3% de los chicos es pobre. En el nordeste el flagelo cae sobre
7 de cada 10. Sobre el total de la población argentina (unos
35 millones de habitantes) existen 13,3 millones de personas
pobres en el país, de los cuales el 46,7% son menores que
viven en familias que no tienen ingresos
suficientes para comprar alimentos y
servicios
básicos.
Las cifras fueron elaboradas según datos del INDEC,
del Banco Mundial
y de la filial local de la ONG "Save the
children" (Salvemos a los chicos).
El diario Clarín en su edición del 4/9/2001
dice:…. Aunque no hay un registro certero
de los chicos de la calle, es posible estimar el universo de
vulnerabilidad que propicia las situaciones de riesgo.
Según las últimas mediciones del INDEC, el 42,2% de
los menores de 14 años vive en un hogar pobre. En el
segundo cordón del conurbano, uno de cada dos hogares es
pobre. Sólo entre la Capital y el
Gran Buenos Aires hay
casi 4 millones de pobres, de los cuales 1 millón son
indigentes, es decir, que sobreviven con menos de 200 pesos
mensuales por grupo familiar
de cuatro personas. Debido a la crisis
económica y el recorte de planes de asistencia, los
problemas de
la infancia han
crecido en los últimos tiempos…………
2. Minoridad y
legislación en Argentina: Una mirada del mundo
hacia nuestra situación actual.
La UNICEF considera que la legislación argentina
sobre minoridad se encuentra entre las más atrasadas de
Latinoamérica. Su renovación,
abordada en Diputados, merece objeciones mientras crece el
debate sobre
la penalización a la delincuencia
juvenil. Además, los crecientes índices de
deserción
escolar, asfaltan el camino de los mayores niveles de
criminalidad.
La legislación sobre niños
de la Argentina es la más atrasada de América
latina y viola la Convención Internacional sobre los
Derechos de los
Niños y
Adolescentes,
que el país convirtió en ley en 1990.
Pero, además, una reforma anunciada como "integral", que
ya aprobaron los diputados, es cuestionada por varios expertos y
considerada incompleta hasta por algunos legisladores que
apoyaron el proyecto.
El debate divide
a los políticos y muestra que el
país no parece capaz de consagrar un modelo que
contenga y prevenga la acción delictiva atribuida a
niños y adolescentes,
sin por ello violar sus derechos, consagrados en la
Convención y en la Constitución Nacional.
En medio del clamor generalizado de la sociedad por un
nivel mínimo de seguridad, son
pocos los políticos dispuestos a asumir el riesgo de decir
que, de acuerdo con la Convención de los Derechos de los
Niños, no corresponde penalizar a adolescentes como si
fueran adultos, y que más que perfeccionar sistemas
represivos hay que revisar y promover una política
social que haga que haya menos niños y adolescentes en
riesgo.
Las leyes vigentes
(Patronato de Menores y Régimen Penal de la Minoridad)
violan la Convención. La primera es la denominada Ley Agote,
sancionada en 1919. Fue siempre una herramienta legal para
criminalizar la pobreza. A su
vez, las penas para los adolescentes están reguladas por
dos leyes de la
dictadura: la
22.278 y 22.803, que otorgan al juez la facultad de resolver la
internación de menores de 16 años. Lo hacen sin
llevar adelante juicio alguno y no sólo cuando
presuntamente el joven haya cometido un delito, sino
también si fue víctima de alguno.
El asesor regional en Derechos del
Niño del UNICEF para América
latina, Emilio García Méndez, explicó
cuál era la filosofía de la legislación en
América
latina, antes de la Convención: "Durante siete
décadas las leyes de menores fueron un mero símbolo
de un proceso de
criminalización de la pobreza. La
Policía -en cumplimiento de esas leyes y en flagrante
violación de los derechos y garantías
individuales consagrados en las Constituciones- se
convirtió de hecho en el proveedor mayoritario y habitual
de la clientela de las llamadas instituciones
de protección".
El funcionario de UNICEF detalló cómo funciona el
sistema de
penalización de menores en la Argentina. "Los conflictos
sociales que involucran a niños y adolescentes (de clase
media y alta) fueron regulados por el Código
Civil y el de Comercio. Pero
si esos mismos conflictos
involucran a los menores -hijos de pobres-, es el Estado el
que dispone de ellos y los envía, por tiempo
indeterminado y hasta la mayoría de edad, a los
institutos". Una justicia para
niños ricos y otra para pobres. El debate sobre la edad de
imputabilidad de los jóvenes se puso sobre el tapete
cuando Alberto Pierri, reeditó un proyecto de 1997
para que los adolescentes puedan ser juzgados por la justicia penal
de los adultos. Ahora la Cámara baja intenta tratar el
tema en el recinto, como una forma de dar respuesta al reclamo de
seguridad de la
población.
La abogada Beloff recientemente declaró que: "No se trata
de subir o bajar la edad. Hay que cambiar el eje del debate.
Porque además los problemas de
seguridad ciudadana no se resuelven con una ley. Hoy la edad
está en 16 años y hay que subirla a 18, como dice
la Convención. Un menor de 18 años que comete un
delito no puede
ir al sistema penal
adulto. Nadie dice que no se lo juzgue, pero hay que hacerlo con
un sistema especial. Debe haber además una respuesta del
Estado que
ayude a ese joven a hacerse responsable de lo que
hizo".
Las leyes penales duras con los jóvenes
están lejos de solucionar los problemas de violencia en
ningún país del mundo
Beloff, que hizo un estudio comparativo sobre la
legislación de niñez en Latinoamérica, contó cómo
funcionan los juicios a jóvenes en otros países,
como Brasil, Costa Rica.Existe
una Justicia especial para adolescentes infractores, que son
juzgados con todas las garantías posibles (abogado
defensor, posibilidad de presentar prueba). Luego, si se
comprueba el delito, se aplican medidas graduales:
amonestación, trabajo comunitario, libertad
asistida y, sólo en última instancia, la
privación de la libertad (por
no más de 3 o 5 años).
El director de la Maestría de Política Social de la
Universidad de
Buenos Aires,
Eduardo Bustelo decía "En la Argentina, por causas
previsibles, mueren por año 17.000 niños menores de
5 años en el más profundo silencio.
¿Cómo hablar de derechos de los niños? No
hay mayor crueldad que ese silencio: la sociedad
argentina tolera, sin decir nada, el equivalente a las mismas
muertes que hubo durante la dictadura
militar. Claro, son muertes de niños, que no tienen ni
voz ni voto".Torturas a menores en comisarías bonaerenses.
El gobierno del
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rückauf,
no responde a las intimaciones de la Suprema Corte de Justicia
sobre el escándalo de las torturas a niños en
comisarías y en institutos asistenciales de la provincia
de Buenos Aires, que se han convertido en una sórdida
rutina.
Rückauf basó su oferta
electoral en la promesa de meter bala a los delincuentes. El
silencio oficial no puede atribuirse a desconocimiento o
indiferencia. Al mismo tiempo que
desdeñaba las disposiciones de la Justicia, el gobernador
protestó ante el Consejo Provincial del Menor y la Familia por
haber enviado una inspección al Hogar Jesús de
Nazareth, donde un niño fue violado ante las burlas de sus
autoridades. Esa institución depende del obispado de
Luján-Mercedes, cuyo titular hasta marzo último,
Emilio Ogñénovich, fue protagonista de un corto
publicitario en favor de Rückauf durante la campaña
proselitista de 1999, por su presunta "defensa de la vida". La
práctica habitual en esos institutos es drogar a los
chicos para que no molesten. Según cifras oficiales
suministradas por la ex titular del Consejo Provincial del Menor,
María Laura Leguizamón, en Buenos Aires viven cerca
de 4.800.000 niños y adolescentes, de los cuales el 23 por
ciento tiene necesidades básicas insatisfechas. Y
"sólo el 0,1 por ciento de los delitos los
cometen menores, al contrario de lo que se quiere hacer creer".
La terrorífica situación de los menores alojados en
comisarías ya era grave durante el anterior gobierno; ahora
ni siquiera se responden las comunicaciones
judiciales.
Las torturas a chicos detenidos no son casos aislados
sino, por el contrario, una práctica generalizada.
Están documentadas en expedientes judiciales las que
ocurren en las comisarías 1ª, 2ª, 3ª,
4ª y 5ª de Tigre; 1ª, 2ª y 3ª de San
Fernando; 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de Pilar; 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª y 9ª de San
Isidro; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Vicente
López; Ciclistas de San Isidro; Morón 1º;
Comando de San Isidro; Oficina de
Coordinación de San Isidro; Destacamento
Villa Rosa; Comando de San Fernando; Oficina de
Coordinación Tigre y Brigada de Tigre.
También constan las torturas padecidas por chicos
internados en los institutos Aráoz Alfaro, Manuel Rocca,
Agote, Almafuerte, Santa María E. Pelletier, Leopoldo
Lugones, Registro,
Movimiento y
Ubicación de Menores y Comunidad
Terapéutica Jesús de Nazareth.
Su comprobación en un juicio penal y el castigo a los
responsables es improbable, ya que ocurren en ámbitos
cerrados donde la complicidad es la regla y no hay testigos
ajenos a las respectivas instituciones.
Pero al menos podrían adoptarse medidas elementales que
impidieran su reiteración. El mero alojamiento de
niños en dependencias policiales (aunque no se produjera
maltrato alguno) o en cárceles de mayores, está
prohibido por las constituciones nacional y provincial, por la
Convención sobre los Derechos del
Niño, por las Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de la Libertad,
por las Directrices de Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil y por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para
la
Administración de Justicia de Menores.
La prohibición también fue transmitida en forma
expresa al gobierno bonaerense por la Suprema Corte de Justicia,
luego de varios casos en los que dos chicos murieron quemados en
comisarías de San Martín y Mercedes, se
informó del presunto intento de suicidio de otro
en la de Villa Ramallo y se produjeron graves incidentes en una
de Almirante Brown. Días antes de que Eduardo Duhalde
dejara el gobierno, el Consejo del
Menor y la Familia
firmó un convenio con el Servicio
Penitenciario para el alojamiento de chicos en la cárcel
de Magdalena. La Suprema Corte lo fulminó en una Acordada
en la que sostuvo que ese era el camino opuesto al fijado por el
tribunal.
Este articulo del diario Clarín del 24 de agosto del
corriente año nos muestra el
panorama social de la Villa miseria Itatí, una de las
más grandes concentraciones humanas alrededor de la gran
manzana del Plata, y sus paupérrimas condiciones de vida
donde los niños crecen y se desarrollan.
….. -Encerrados entre el desamparo, la exclusión social,
la falta de trabajo y la inseguridad,
los cincuenta mil habitantes de la Villa Itatí encarnan
los fracasos político-económicos de los
últimos quince años y las inmensas dificultades que
deberán superarse para que los chicos y los adultos puedan
acceder a una posición social más igualitaria y
equitativa. Este conglomerado de 36 manzanas de Bernal configura
la villa miseria más poblada del país, casi
triplicando los 20 mil habitantes que presentaba en 1985. Las
condiciones de vivienda, además de precarias, se hallan
signadas por un hacinamiento progresivo.
La primera manifestación de la pobreza de
esta masa poblacional es la carencia de trabajo. Así, el
80 por ciento de los habitantes carece de empleo y de
obra social. El trabajo
ocasional, sobre todo con la basura, es uno de
los más generalizados medios para
obtener unos ingresos menos
que mínimos."………..
La Villa Itatí también ejemplifica la fragilidad e
inconsistencia de la política
social, la falta de asistencia pública no alcanza a
ser suplida por el esfuerzo de instituciones solidarias, aunque
sólo en un comedor solidario de Caritas se alimenta a 121
chicos.
El barrio no cuenta con la infraestructura sanitaria
mínima, y en su corazón,
un área llamada La Cava, no existen cloacas ni
desagües.
Tampoco existe un plan oficial de
viviendas a fin lograr mejorar la calidad de
vida de la población. El abandono, el desamparo social
se advierte en los chicos. Es alto el número de
embarazadas de 15 y menos años de edad, lo cual es indicio
de una alarmante falta de información y de contención. El 65%
de los chicos no termina la primaria. Y lo más es el
creciente uso de drogas entre
los menores, una presencia que se suma a la de las armas y al
consumo de
alcohol.
Como ha quedado demostrado por la investigación especial realizada por este
diario, por la villa es altísimo el consumo de
drogas y es
fácil el acceso a un arma de fuego en el mercado ilegal.
Esta alianza entre el mundo de las drogas y el
del delito conduce a los adolescentes a un callejón sin
salida, a la negación del porvenir.
Por eso, para los habitantes de Villa Itatí la creciente
inseguridad
sea una fuente de preocupación,
ya que no existe regla compartida, ni tampoco una
actuación policial capaz de traer la debida
tranquilidad.
Esta villa miseria expone, entonces, los dramas y la pesadilla de
un inmenso segmento poblacional que vive empobrecido y marginado,
sin amparo y sin
futuro.
Estudio sobre Situación de la niñez, de
acuerdo a los mas recientes datos
oficiales
1. EL 41% DE LOS NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS SON
POBRES.
2. EL 12% DE LOS NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS SON
INDIGENTES.
3. LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN ARGENTINA TRIPLICA A LA DE
SINGAPUR, ES UN 90% SUPERIOR A LA DE CUBA Y UN 35%
SUPERIOR A LA DE CHILE.
4. LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN HIJOS DE MADRES CON PRIMARIA
INCOMPLETA O MENOS ES UN 300% SUPERIOR AL DE HIJOS DE MADRES CON
SECUNDARIA COMPLETA O MÁS.
5. LA VIVIENDA Y ROVISIÓN DE AGUA
INADECUADAS AUMENTAN EN UN 6H% LASÏPOSIBILIDADES DE LOS
NIÑOS DE MORIR ANTES DE CUMPLIR 2 AÑOS DE VIDA.
6. LA AUSENCIA DE COBERTURA DE SALUD DE LA MADRE Y LAS
NECESÙDADES BÁSICAS INSATISFECHAS AUMENTAN UN 41%.
LOS RI¤SGOS DE MUERTE $E LOS
NIÑOS ANTES DE LOS 2 AÑOS DE VIDA.
LA TUBERCULOSIS
PULMONAR EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CRECIÓ
UN 153% DURANTE LA CONVERTIBILIDAD.
8. LA DIARREA INFANTIL CRECIÓ UN 40% DURANTE LA
CONNERTIBILIDAD.
9. EL 35% DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS NO
ESTÁ VACUNADO CONTRA LA POLIO.
10. EL 30% DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS NO
RECIBIÓ LA VACUNA TRIPLE.
11. EXISTEN EN EL PAÍS 4.890.000 DE NIÑOS POBRES
MENORES DE 14 AÑOS, DE ELLOS 1.390.000 SON INDIGENTES.
12. EL 1.390.000 DE MENORES INDIGENTES DE NO EXISTIR AYUDA
EXTERNA, ESTÁN IMPOSIBILITADOS DE‰ACCEDER A UNA
CANASTA ALIMENTARIA BÁSICA DE SOBREÉIDA
BIOLÓGICA.
13.EL 45% DE LOS NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS NO TIENE
NINGUNA COBERTURA DE SALUD.
14. EL 41% DE LOSÈNIÑOS DE 5 A 14 AÑS NO
TIENE NINGUNA COBERTURA @Ø SALUD.
Trabajo y Societad In¸agaciones sobre el empleo, la
cultura y las
prácticas políticas
en sociedadesYsegmÈntadas Nº 3, vol. :I,
agostg-octubre de 200¬, Santiago del Estero, ArgeŽtina
ISSN 1514-6871.
Artículos Diario Clarín Buenos Aires.
Fundación Save The ChildPen, ¹NG.
Autor:
Walter Parnisari.