Análisis de otras variables
Cada figura jurídica puede tener diferentes efectos en otra serie de temas, tales como el potencial de mejoras del contrato, sus efectos fiscales, sus implicaciones ideológicas, la asignación de riesgos, y la necesidad de monitoreo y contralor del contrato.
Primero, Potencial para conseguir un mejoramiento en el servicio prestado al usuario.

• Los contratos de servicio y gestión son los que ofrecen menos posibilidades para conseguir el mejoramiento en el servicio. Lo cual se debe a su estrecho alcance y corta duración. Si los contratos son de demasiada corta duración no hay suficiente tiempo para compensar los esfuerzos requeridos para lograr un incremento en el nivel de eficiencia. El contrato de arrendamiento, dado su más amplio alcance y su más larga duración ofrece mayores posibilidades de mejorar el servicio. Sin embargo, allí pueden surgir otras dificultades. El hecho de que la operación del sistema esté en manos privadas mientras que el programa de inversiones permanezca en manos públicas, suele ocasionar problemas de coordinación que pueden contrarrestar los avances conseguidos en cuanto a la eficiencia operacional.
• Los contratos BOT resuelven este problema integrando las funciones de inversión y operación en un mismo contrato. No obstante, el alcance de estos contratos suele ser estrecho, limitándose por ejemplo a una sola planta de tratamiento.
• Las concesiones combinan las funciones de operación e inversión en un contrato que abarca todo el conjunto de la infraestructura. Por lo cual, este tipo de contrato -junto con la venta total del activo- es el que mayores posibilidades tiene para el mejoramiento del servicio. La desventaja de la concesión, comparada con la privatización permanente, es que los incentivos a la eficiencia se suelen ir reduciendo hacia el final del período contratado.

Segundo, Efecto fiscal.

• Los contratos de servicios gestión, y arrendamiento únicamente tienden a reducir el nivel de costos operacionales requerido por el sector, mediante un incremento en la eficiencia.
• Los contratos de concesión y BOT, además de reducir dichos costos, aportan fondos privados de inversión.
• La venta de activos que, además de reducir el nivel de costos y aportar fondos de inversión, genera ingresos directamente para el estado.

Tercero, implicaciones político ideológicas.

• Los contratos de servicio y de gestión son mecanismos de privatización de bajo perfil, dado que no hay transferencia de patrimonio y el contratista privado no tiene contacto directo con el usuario del servicio.
• En los contratos de BOT aunque existe una transferencia de patrimonio, la empresa privada sigue sin tener contacto directo con el público.
• Los contratos de arrendamiento y concesión representan un paso más grande hacia la participación del sector privado, pues el contratista asume todas las responsabilidades de recaudación de ingresos y atención al usuario. Por este motivo es una privatización claramente percibido por el público. Las implicaciones son mayores cuando más largo sea el período del contrato. En el caso de la venta de activos, se añade el hecho de transferencia permanente del patrimonio.

Cuarto, asignación de riesgos entre el sector público y el privado.
Se analizan tres tipos de riesgo:

• riesgo en cuanto a gastos operacionales: se refiere al hecho de que los gastos operacionales pueden variar inesperadamente como consecuencia de volatilidad en la tasa de inflación o de cambio, o los costos de materiales primarios o de los salarios;
• riesgo en cuanto a ingresos: se refiere al hecho de que los ingresos de la empresa pueden variar ya sea por fluctuaciones imprevistas en el nivel de demanda, o por dificultades experimentadas en cuanto a la recaudación;
• riesgo en cuanto a inversiones: se refiere al hecho de que el costo de implementar un proyecto de inversiones puede acabar siendo mucho más que lo que originalmente se estimó,

Siguiendo esta taxonomía se puede ver que:

• En los contratos de servicio y de gestión se asume únicamente el riesgo que los gastos operacionales difieran del honorario fijado al principio del contrato. No obstante en los contratos de gestión este riesgo puede ser considerable cuando como suele suceder se desconoce el estado de mantenimiento de los activos. En estos casos, es aconsejable realizar trabajos de carácter preparativo por ejemplo, la compilación de un inventario de activos por medio de un contrato de servicio, antes de recurrir a un contrato de gestión.
• En los contratos de arrendamiento se asume adicionalmente el riesgo de ingresos, pues estos dependen directamente de lo que paguen los usuarios. Por este motivo, las deficiencias en el registro de consumidores, unidas a bajos niveles históricos de facturación y recaudación, pueden crean un ambiente poco atractivo para un contrato de arrendamiento. Como ya se ha sugerido, esto puede implicar la necesidad previa de un contrato de servicio para remediar estos problemas, antes de poder pensar en ofrecer un contrato de arrendamiento.
• Bajo las restantes opciones se asume adicionalmente el riesgo de inversión. Este riesgo llega a ser particularmente grande en el caso de los contratos BOT donde el contratista solamente se puede valer de los ingresos generados por el nuevo activo para financiar su inversión original, y de allí se da el caso de que en los contratos BOT, la empresa pública cliente del inversionista privado garantice cierto flujo de ingresos.

Finalmente, implicaciones para las necesidades de monitoreo del contrato.
Las características tecnológicas del sector de agua y alcantarillado implican que la prestación del servicio sea inevitablemente de carácter monopólico. Aunque pueda haber algún proceso de competencia para el mercado, los efectos de esta se diluyen cuando más largo sea la duración del contrato.
No obstante, los contratos de larga duración son imprescindibles si se pretende involucrar al sector privado en la financiación de las inversiones. En estos contratos de más larga duración el nivel de riesgo es alto dadas las muchas variables que se pueden alterar durante tan largo período. Resulta prácticamente imposible definir con anticipación reglas que sean capaces de resolver todas las dificultades e imprevistos que puedan surgir, y por consecuencia se necesitan oportunidades periódicas para reajustar los términos del contrato.
Por consecuencia, cuando más largo sea el período de participación privada más grande es la necesidad de que se defina claramente un proceso de regulación y que este sea exitoso.
Anexo Países donde se ha implementado alguna de las formas de PSP analizadas.
Datos a 1999.

Fuente: Informes del B Mundial, y V. Gouarne, International Training Program enero 1999.