Indice
1.
Introducción
2. Consolidación del estado de
derecho
4. La promoción, respeto y
protección de los derechos humanos
5. Banca
Internacional
Colombia se ha comprometido a construir un sistema de justicia que sea equitativo y eficaz. Las reformas garantizarán que el sistema sea transparente como accesible e independiente. Estas reformas eficaces constituyen un elemento clave en el restablecimiento de la confianza del público en el Estado. Los problemas de Colombia involucran el sistema de justicia penal en su totalidad. Igualmente, afectan una serie de dependencias del gobierno en las tres ramas de su actividad. La rama ejecutiva trabaja estrechamente con la legislativa y la rama judicial para asegurar una efectiva coordinación e implantación de estas estrategias.
2. Consolidación del estado de derecho
Colombia investigará, procesará y
condenará a los narcotraficantes y otros delincuentes.
Estos delincuentes deben ser detenidos en cárceles de alta
seguridad, con el
fin de impedir que continúen con sus actividades de
delincuencia
desde los patios. De acuerdo con la ley colombiana
los criminales internacionales aquellos que han violado las
leyes de otros
países deben ser extraditados para ser juzgados en las
jurisdicciones donde se hayan recopilado las pruebas de sus
actividades. El gobierno garantizará que estos esfuerzos
adicionales para combatir el narcotráfico y los grupos armados no
se hagan a costa de la protección de la democracia, de
los derechos humanos
y del estado de
derecho.
Para esta prioridad, Colombia fortalecerá sus iniciativas
con el fin de hacer cumplir las leyes nacionales y multilaterales
incluidas a) investigaciones y
capacitación multilaterales, y b)
protección efectiva de testigos y funcionarios judiciales;
extraditará a los delincuentes internacionales de acuerdo
con las leyes nacionales e internacionales; mejorará el
sistema carcelario con el fin de que cumpla con normas
internacionales de seguridad, incluidas facilidades adecuadas y
personal
capacitado y profesional; y extenderá iniciativas
multilaterales para fiscalizar y decomisar los embarques de
precursores.
Con el fin de restablecer la seguridad y el bienestar del
público se debe disminuir la incidencia del secuestro y
crimen común en las calles, en ambos casos
inaceptablemente altos, pero en muchos casos producidos por el
narcotráfico.
Las estrategias para esta prioridad incluyen el desarrollo de
programas
antiviolencia en todo el país con la participación
de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el sistema de
justicia y los líderes comunitarios, con énfasis en
los delitos
relacionados con el narcotráfico; y el diseño,
capacitación y dotación de una unidad
antisecuestros para investigar y procesar a los
secuestradores.
3. Responsabilidad del sistema judicial
Colombia se ha comprometido a respetar el estado de
derecho y seguirá fortaleciendo todos los aspectos de su
sistema judicial. Esto incluye el apoyo para la transición
continua a un sistema acusatorio (incluidos procesos
verbales e investigaciones eficaces) y a una mayor agilidad de
proceso en
todo el sistema judicial, con el fin de asegurar que habrá
acceso universal a la justicia sin importar la ubicación
geográfica o nivel de ingresos. El
gobierno liderará los esfuerzos para hacer que el sistema
judicial sea más justo y eficaz, más transparente y
más accesible.
Con este fin, el gobierno buscará disminuir la impunidad
mediante mejoras en el sistema de fiscalías, investigaciones más
efectivas y procesos más ágiles.
Proporcionará una coordinación efectiva para la
rama judicial, incluida la
comunicación abierta y orientación efectiva de
políticas entre las diferentes ramas y
dependencias del Estado responsables para la reforma judicial y
su administración; aumentará la
capacitación de funcionarios judiciales, incluidos los
jueces, defensores y fiscales con el fin de garantizar que sus
decisiones sean transparentes para el público, y que el
resultado sea justo en todos los casos, incluidos los casos
militares en jurisdicciones civiles; implementará un
plan de
estudios nuclear para el cuerpo técnico de investigación en una academia única
para su capacitación; y garantizará el acceso del
público a la justicia y a una justa defensa en todo el
país.
4. La promoción, respeto y protección de los derechos humanos
El gobierno, bajo la coordinación de la oficina del
Vicepresidente de la República, se ha comprometido
totalmente a la protección y materialización de los
derechos fundamentales, de acuerdo con las obligaciones
de Colombia bajo los tratados y pactos
internacionales.
El gobierno está cumpliendo con sus obligaciones
internacionales mediante la divulgación de un
entendimiento más profundo de los derechos humanos a
través de los medios, y por
medio de la aplicación de un modelo
pedagógico para ser aplicado en las Fuerzas Armadas, con
apoyo político y material para el trabajo de
las unidades de derechos humanos y capacitación para
periodistas en derechos humanos y en el Derecho
Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, el
gobierno está trabajando en colaboración con el
Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.
El gobierno ha iniciado una estrategia contra
la impunidad. En el último año se ha creado una
serie de comités interinstitucionales cuyo
propósito es el de insistir en la investigación y
condena de los casos más graves de violaciones de derechos
humanos. Antes del fin de 1999 el gobierno habrá
conformado una Comisión Permanente de Derechos Humanos y
de Derecho Internacional Humanitario. El gobierno ha enviado
proyectos de
ley al Congreso de la República en materia de
desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad (laesa
humanitas) y la ratificación de la Corte Penal
Internacional.
Existe también una estrategia de protección para
las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos,
con el apoyo del Programa para
Testigos y Personas Amenazadas, y de una orden presidencial en el
sentido de que los funcionarios públicos deben proteger a
los que trabajan sobre los derechos humanos y apoyar su trabajo y
el de las ONG.
Eliminar la corrupción
El producto del
narcotráfico ha corrompido los funcionarios de todas las
ramas del Estado y al sector privado, y se ha visto el deterioro
de la confianza del público en las instituciones
civiles. Colombia continuará con sus esfuerzos con miras a
combatir la corrupción y garantizar que los culpables sean
sometidos a las sanciones administrativas o penales del caso.
Estos objetivos se
lograrán con la consolidación de iniciativas
existentes, incluido el Programa Presidencial contra la
Corrupción y la Unidad Anticorrupción de la
Fiscalía; y mediante la divulgación efectiva de
información financiera e
investigación rigurosa de la honestidad de las
personas antes y durante su vinculación laboral con el
Estado.
El gobierno trabajará a través del Programa
Presidencial y la Contraloría General de la
República para mejorar la transparencia de la
contratación estatal y de las transferencias hacia las
entidades territoriales.
Privar a los delincuentes del producto de sus
actividades
La prevención del lavado de activos y el
decomiso del producto del narcotráfico (cuyo volumen se estima
en más de un billón de dólares anuales)
podrá financiar el esfuerzo para hacer cumplir la ley y
otras iniciativas sociales (incluidos la reforma
agraria, el desarrollo alternativo y el fortalecimiento de
las instituciones), elementos críticos para una paz
duradera.
Entre las estrategias para esta prioridad se incluyen: la
implantación efectiva de la legislación existente
con respecto a la confiscación de bienes y la
implantación de modificaciones para garantizar la
expedición de órdenes de decomiso de los bienes del
narcotráfico; el refuerzo de leyes e instituciones
existentes para combatir el lavado de activos, incluidas la
Unidad Especial de la Fiscalía y la Unidad de Análisis e Información Financiera;
la coordinación de las autoridades nacionales e
internacionales para garantizar el intercambio efectivo de
información y colaboración entre fiscalías;
la destrucción de los nexos financieros entre
narcotraficantes, guerrilla y autodefensas, por medio de
programas de aplicación efectiva de la ley y de
cooperación multilateral; la coordinación de
fiscales, investigadores y agentes aduaneros y sus
homólogos en el exterior en un esfuerzo para desmantelar
el mercado negro de
divisas; finiquitar el desarrollo de los mecanismos para
distribuir bienes confiscados en acciones de
interdicción multilaterales, de acuerdo al Derecho
Internacional.
El Gobierno Nacional actuará en la forma más
rápida posible para lograr la expropiación formal
de los bienes decomisados a narcotraficantes sindicados,
especialmente en lo relativo a sus propiedades. Estas propiedades
se utilizarán principalmente para asentar pequeños
agricultores y trabajadores provenientes de las áreas de
plantación de hoja de coca, al igual que para familias
desplazadas por la violencia
rural.
Combatir el contrabando y fortalecer la
interdicción de narcóticos
Un elemento crucial en la eliminación del
narcotráfico es el bloqueo de las rutas de transporte de
drogas,
precursores químicos y contrabando (lo cual muchas veces
representa la repatriación de dinero de
las drogas). Esto
requiere de un esfuerzo conjunto en todos los puertos de entrada
a Colombia y a lo largo de todas sus fronteras.
Entre las estrategias para combatir esta prioridad se incluyen:
la coordinación de la aplicación efectiva en los
mares, incluidos los esfuerzos conjuntos
entre a Armada Nacional, la Fiscalía y sus
homólogos extranjeros para incautar narcóticos y
químicos y juzgar efectivamente a los infractores; el
fortalecimiento y expansión de programas de seguridad
portuaria existentes, que incluya todos los puertos de entrada;
el mejoramiento de intercambio de información con las
contrapartes extranjeras en cuanto a sospechosos, rutas, y
patrones de métodos de
transporte; el entrenamiento de
una Policía Aduanera que cuente con todo el equipo
necesario que garantice un control efectivo
en los puertos y aeropuertos; el fortalecimiento de
cooperación internacional en la lucha contra el
contrabando; colaboración estrecha con otros gobiernos, a
fin de que el sector privado se comprometa a adoptar medidas de
prevención y control del contrabando, implementando una
política
de conocer al cliente y
obteniendo un mejor conocimiento
acerca de las actividades de sus clientes.
Reducción de la demanda
Colombia es frecuentemente percibida como un país
productor de drogas ilícitas, pero la realidad es que el
consumo,
aunque actualmente a niveles bajos, aumenta rápidamente.
Las campañas de prevención frente al consumo de
drogas ilícitas están dirigidas principalmente a
los jóvenes y diseñadas para desestimular el
consumo de drogas y controlar el abuso de consumo de alcohol,
tabaco y
medicamentos que generen adicción. Las redes de tratamiento y
rehabilitación también serán ampliadas para
cubrir a un gran número de personas que hoy en día
no tienen acceso a ellas.
5. Banca Internacional
- Desarrollo de actividades comerciales y financieras
internacionales.
- Sucursales operativas en: EE.UU. (Nueva York y Miami), Reino
Unido, España,
Chile,
Panamá,
Islas Caymán, Brasil
(Río de Janeiro y San Pablo) R.O. del Uruguay
(Montevideo, Punta del Este),Bolivia (La
Paz y Santa Cruz de la Sierra) y Paraguay
(Asunción, Encarnación, Concepción y
Villarica); y oficinas de representación en )Tokio
(Japón),
París (Francia) y
Porto Alegre (Brasil).
- Fondos para prefinanciar y financiar exportaciones a
costos
competitivos.
- Servicios de
transferencias y pagos.
- Promoción comercial de productos
argentinos.
- Facilitar la participación de productores en ferias y
exposiciones en los países sede.
- Acuerdos de Convenio de Crédito
Comprador con 23 instituciones financieras de 16
países.
- Emisión de Certificados de Depósito y otros
instrumentos financieros.
- Servicio de
corresponsalía -en general- y líneas de
crédito a las entidades bancarias del sistema
financiero argentino y latinoamericano.
- Participación en el mercado internacional de
préstamos sindicados.
- Manejo de Tesorería y Cambio de
Monedas en los mercados de
capitales.
- Pagos y recibos por vía electrónica en el mercado de Nueva
York.
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