Ecuador y la accesibilidad de personas con discapacidad al espacio público

Marco
institucional

LA CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA
CIUDAD

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005),
define a la ciudad como "…toda metrópoli, urbe,
villa o poblado que esté organizado institucionalmente
como unidad local de gobierno de carácter municipal o
metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el
entorno rural o semirural que forma parte de su territorio"; pero
también la define "como espacio político del
conjunto de instituciones y actores que intervienen en su
gestión, como son las autoridades gubernamentales, los
cuerpos legislativo y judicial, las instancias de
participación social institucionalizada, los movimientos y
organizaciones sociales y la comunidad en general."…
"Se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habitan de
forma permanente o transitoria en las ciudades."

La misma carta en el artículo II de Principios y
fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, numeral
4, establece la protección especial de grupos y
personas en situación de vulnerabilidad: "4.1 Los
grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a
medidas especiales de protección e
integración… de acceso a los servicios esenciales y
de no-discriminación. .."; y, determina que "4.2 las
ciudades, mediante políticas de afirmación positiva
de los grupos vulnerables, deben suprimir los
obstáculos de orden político, económico,
social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de
los(as) ciudadanos(as) "

Respecto al derecho al transporte público
y la movilidad urbana en el artículo XIII establece que
"3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras
arquitectónicas, la implantación de los
equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y
circulación y la adaptación de todas las
edificaciones públicas o de uso público y los
locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad."

La
constitución, el plan del buen vivir y el
COOTAD

En el Ecuador el derecho a la ciudad es reconocido en la
Constitución que en el artículo 31 establece el
derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios
públicos bajo los principios de sustentabilidad, justicia
social… El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la
gestión democrática, en la función social y
ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno
de la ciudadanía.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 señala
que "el Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y
la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es
armonía, igualdad, equidad y solidaridad; y, su segundo
objetivo es "auspiciar la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial en la
diversidad" cuyo "…desafío es avanzar hacia la
igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para
lograr una vida digna, con acceso a salud, educación,
protección social, atención especializada y
protección especial." , desafío en el que se
integra el espacio urbano el cual se debe "2.6. Garantizar
la protección especial universal y de calidad, durante el
ciclo de vida, a personas en situación de
vulneración de derechos". Todas las instituciones
públicas de gobierno deben ser parte de un "…
Sistema Integral de Protección Especial… que
garantice la prevención, protección,
atención, acogida, reparación y restitución
de los derechos de las personas…..con pertinencia cultural
y enfoques de género, discapacidad y
generacional."

En el Ecuador, la población con varios tipos de
capacidades diferenciadas es de 816.156 personas, el 5% del
total, pero hay que reflexionar que la discapacidad no solo se
relaciona con limitaciones físicas, sicológicas o
funcionales, sino que también tiene que ver, por ejemplo,
con la edad, limitaciones por accidentes, condiciones negativas
de salud y desarrollo integral especialmente en niños
menores de 5 años, entre otras.

El territorio local municipal, es particularmente
importante para lograr la inclusión por ser un espacio de
cercanía cotidiana y hábitat principal de las
personas. Al 2010, en el mundo, el 50,6% de la población
viven en áreas urbanas, en América latina, este
porcentaje llegará al 79,4% al 2010 Fuente
UN-Hábitat, 2008:12; y, en Ecuador en al
62.8%[1]

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 para el Buen
Vivir define como objetivo tres "mejorar la calidad de vida de la
población propiciando… condiciones adecuadas para
el acceso a un hábitat seguro e incluyente" para lo cual
se impulsará "(literal b)…. desde los gobiernos
autónomos descentralizados el adecuado y eficiente
ordenamiento territorial, la planificación y
consolidación equilibrada de las ciudades…" ;
y, se promoverá "(literal j)… nuevos modelos
urbanísticos y de asentamientos humanos
ecológicos, con principios de sostenibilidad y
sustentabilidad, como modelos de urbanización
planificada y ordenada y garantes de calidad de
vida."

El Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización en el
artículo 54 establece (Artículo 54) que las
Municipalidades deben "b) Diseñar e implementar
políticas de promoción y construcción de
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales; g) Implementar
los sistemas de protección integral del cantón
a grupos de atención prioritaria, cuyas carencias deben
ser atendidas con al menos 10% de los ingresos no
tributarios.(Artículo 249). Para la inclusión de
los grupos vulnerables las Municipalidades deben establecer el
Consejo cantonal para la protección de derechos
(Artículo 598) cuyas atribuciones se refieren a la
formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de políticas
públicas municipales de protección de derechos,
articuladas a las políticas públicas de los
Consejos Nacionales para la Igualdad.

El mismo COOTAD permite a las Municipalidades mediante
las competencias exclusivas, garantizar el derecho de
inclusión porque son responsables, junto con los otros
niveles de gobierno, de planificar el desarrollo cantonal y de
formular el ordenamiento territorial con el fin de regular y
controlar el uso y la ocupación del suelo urbano y rural,
en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad, principio este último que
engloba a las personas discapacitadas. Así mismo la
competencia de tránsito habilita a las Municipalidades
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte
y la seguridad vial, es decir asegurando el derecho a la
movilidad dentro del territorio cantonal. Otras competencias, en
las cuales los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, pueden adoptar estrategias son la de Planificar,
construir y mantener la vialidad urbana; de Planificar, construir
y mantener … los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo; y, la competencia
concurrente de gestión de riesgos.

Ejes rectores de
la ciudad incluyente

Los ejes que enmarcan la responsabilidad política
de los Alcaldes para propiciar que la urbanización
responda a políticas públicas incluyentes y
equitativas que tomen en cuenta las necesidades y demandas de los
ciudadanos son: la consolidación de la
ciudadanía activa y la democratización de
los procesos estratégicos, estos ejes
permitirían formar un derecho colectivo co-responsable con
la ciudad. Enrique Ortiz (2008:267

Quito, luego de un intenso trabajo participativo,
elaboró políticas dirigidas al desarrollo urbano en
su integralidad, tomando en cuenta no solo la necesidad de
establecer viviendas sino de construir un entorno que favorezca
el desarrollo humano. En cuanto a las discapacidades estas
políticas enfocaron el derecho ciudadano a un
"hábitat integral, a la vivienda digna, al desarrollo
comunitario integral, a la sostenibilidad ambiental, al espacio
público, a la cultura y la
recreación…"[2]

La ciudad de Esmeraldas, en su Agenda Local 2, establece
que los planes de acción deben tener efectos tangibles
para las comunidades y, fundamentalmente, para las poblaciones
más vulnerables." Dimensiones del hábitat
popular latinoamericano.- FLACSO et. al. Quito, 2012

Cuenca por su parte en su proyecto de
revitalización del Centro Histórico
comprendió que las lógicas de intervención
deben responder a todas las personas y que "los proyectos no
sólo deben resolver lo físico, lo que se ve, sino
también lo social."[3]

Las
municipalidades y la accesibilidad de las personas con
discapacidad a los espacios urbanos

Desde el punto de vista jurídico el espacio
público es regulado por las Municipalidades, son las
únicas que tienen la facultad de regular el uso del suelo
y por la misma razón, la responsabilidad de garantizar a
todos la accesibilidad de la infraestructura que se emplaza en
él. Su rol es de dotar al espacio público de
funcionalidad, orden y calidad de vida.

Desde la perspectiva de la discapacidad se debe
considerar al espacio público en dos dimensiones: el
territorio amplio y complejo de la ciudad y la dimensión
local, el barrio o comunidad.[4]

El reto por tanto es construir estrategias que permitan
el mejoramiento del uso del espacio público por parte de
los discapacitados, tanto en su vida cotidiana como en los
espacios de vinculación con la sociedad en general. Se
debe pensar en "espacios públicos que en su diseño,
construcción y gestión tomen en cuenta las demandas
de los actores involucrados, y respondan a los nuevos
desafíos de la vida urbana, entre otros: más
inclusión, más seguridad."[5]

"A escala de la ciudad, los elementos centrales que
condicionan el uso del espacio público urbano son los
grandes ejes o avenidas, las grandes plazas y los parques
urbanos." Estos elementos son vitales para favorecer la movilidad
e integración social de las personas
discapacitadas.

"A escala local, los espacios públicos, plazas,
calles, pasajes y esquinas, multicanchas, zona de juegos, entre
otros, constituyen los lugares cotidianos de construcción
de la identidad y al mismo tiempo un lugar de aprendizaje de la
sociabilidad. Un espacio público de calidad, es un
mecanismo esencial para que los barrios cumplan su
función iniciática de socialización de
niños y adolescentes y de colectivos marginados o
considerados de "riesgo".[6]

Hay que reconocer que las personas discapacitadas son un
grupo claramente desfavorecido en estos sentidos.

En conclusión, el gran reto es que las ciudades
proporcionen a sus ciudadanos-habitantes una accesibilidad
integral que permite que "… cualquier usuario pueda
acceder, utilizar y entender cualquier parte del entorno con
tanta independencia como sea posible y pueda disfrutar
participando en la construcción de nuestra sociedad en
todo tipo de actividades económicas, sociales, culturales,
de ocio, turísticas y recreativas."[7] El
espacio urbano debería satisfacer las expectativas y
necesidades del conjunto de ciudadanos, sin que nadie pueda
sentirse discriminado por no poder utilizar este espacio en
condiciones de igualdad.

"El buen diseño capacita, y el mal diseño
Discapacita", (Declaración de Estocolmo.) 

Principales
requerimientos de accesibilidad en el entorno
urbano

Elementos de
política pública para ciudades
incluyentes

• Mayor equidad en el acceso e integración de
  individuos y colectivos diversos hacia la cohesión
  social, en el uso y aprovechamiento de los espacios
  públicos.

• La promoción del acceso a espacios
  públicos para todo sector de la sociedad civil, en
  función de las diferentes escalas y jerarquías
  de asentamientos humanos: cabeceras nacional, provinciales,
  cantonales, parroquiales, barrios; recintos, comunas, donde
  se desarrolle los estándares urbanísticos, de
  hábitat y disfrute de los derechos constitucionales
  vigentes

• El fortalecimiento del sentido de pertenencia
  mediante el uso intensivo de los espacios públicos por
  parte de la ciudadanía

• Consolidar los procedimientos participativos
  locales, que involucren a los diversos actores:
  públicos, sociales y privados en la
  planificación, construcción, mantenimiento y
  gestión uso de los espacios públicos,
  según tipo y escala.

• Dotación de servicios, transporte,
  equipamiento.

Avance de
acciones municipales y de la AME

Desde el año 2007 149 municipalidades han
desarrollado proyectos en beneficio de las personas con
discapacidad sobre "eliminación de barreras
urbanísticas y arquitectónicas e
implementación de unidades básicas de
rehabilitación funcional, los cuales han mejorado la
movilidad de las personas con discapacidad en espacios urbanos y
arquitectónicos así como han beneficiado la salud
de personas con discapacidad mediante la rehabilitación
funcional mejorando no solo su condición física
sino su calidad de vida.

Las
municipalidades y la inclusión. Una responsabilidad
ciudadana

"El fortalecimiento de una cultura de
participación, información y ciudadanía debe
llevar a cambios de actitudes personales e institucionales que
creen espacios de concertación en búsqueda de
mejorar la calidad de vida con equidad."[8] siendo
estos mismos grupos prioritarios los que mediante el derecho a la
participación (Artículo 303) deben intervenir en la
toma de decisiones relacionadas con sus derechos.

Para la implementación de la inclusión
ciudadana las Municipalidades deben establecer Consejo cantonal
para la protección de derechos (Artículo 598) cuyas
atribuciones se refieren a la formulación,
trasversalización, observancia, seguimiento y
evaluación de políticas públicas municipales
de protección de derechos, articuladas a las
políticas públicas de los Consejos Nacionales para
la Igualdad. Además, se debe estimular la
participación activa de las personas con discapacidad y
sus organizaciones representativas en la planificación y
la implementación de las políticas de accesibilidad
de la ciudad.

Bibliografía

• 1. Villacís B., Carrillo D. País
  atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador.
  Edición especial revista Analítica. Instituto
  Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito –
  Ecuador. 2012.

• 2. FLACSO et. al. Dimensiones del
  hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador
  2012

• 3. Segovia ,Olga. Experiencias
  emblemáticas para la superación de la pobreza y
  precariedad urbana: espacio público: documento de
  proyecto. Naciones Unidas. Santiago de Chile, diciembre del
  2005.

• 4. Vicepresidencia de la
  República del Ecuador. Guía Técnica de
  accesibilidad al medio físico. Quito, Ecuador,
  2009.

• 5. AME. Sistematización de
  los talleres accesibilidad en la planificación
  territorial. Quito, Ecuador. 2010

Autor:

Martha Segura

[1] Villacís B., Carrillo D.
País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del
Ecuador. Ed. especial Revista Analítica. Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito –
Ecuador. 2012.

[2] FLACSO et. al. Dimensiones del
hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador 2012

[3] FLACSO et. al. Dimensiones del
hábitat popular latinoamericano. Quito, Ecuador 2012

[4] Segovia, Olga. Experiencias
emblemáticas para la superación de la pobreza y
precariedad urbana: espacio público: documento de
proyecto. Naciones Unidas. Chile, Santiago de Chile, diciembre
del 2005.

[5] idem

[6] Segovia, Olga. Experiencias
emblemáticas para la superación de la pobreza y
precariedad urbana: espacio público: documento de
proyecto. Naciones Unidas. Santiago de Chile, diciembre del
2005.

[7] Vicepresidencia de la República
del Ecuador. Guía Técnica de accesibilidad al
medio físico. Quito, Ecuador, 2009.

[8] AME. Sistematización de los
talleres accesibilidad en la planificación territorial.
Quito, Ecuador.2010