Equidad de género en Perú y Latinoamérica (página 3)

Tolerancia Cero.- Que básicamente delinea
la erradicación total de la violencia contra la mujer,
comprometiéndose el estado peruano a la promoción y
protección de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, con ello se persigue disminuir la mortalidad materna,
siendo una prioridad estatal; logrando un descenso significativo;
93 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos.; siendo la meta
es reducir al año 2017 a 60 muertes maternas por
100,000 nacidos vivos.

El Estado peruano, además se encuentra elaborando
documentos técnicos en el marco de los derechos con
enfoque intercultural, material en quechua e idiomas
amazónicos con palabras claves para que el personal de
salud pueda comunicarse durante la atención prenatal o de
planificación familiar.

Se han adecuado culturalmente los servicios maternos
neonatales y se cuenta con 503 casas de espera a nivel nacional
las mismas que han permitido acercar a las gestantes a los
establecimientos de salud para el parto y la resolución
rápida de las complicaciones, explicó.Para reducir
el embarazo adolescente se ha identificado tres pilares para la
prevención del mismo: educación sexual integral
desde niños, orientación en habilidades para la
vida y servicios diferenciados con entrega de anticonceptivos a
las que ya son madres. En el caso de los servicios diferenciados,
ya para el año 2012, un total de 2,881 centros de
salud contaban con este tipo de servicios, dándose
así cumplimiento a la meta establecida en el Plan Nacional
de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017.

Para prevenir el embarazo adolescente contamos con la
aprobación del Plan Nacional de Acción por la
Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA), incorpora como meta
reducir en un 20% el embarazo adolescente, así como que
las y los adolescentes posterguen su maternidad y paternidad
hasta alcanzar la edad adulta; y se encuentra trabajando el Plan
Multisectorial para la prevención del Embarazo en
Adolescentes 2013 – 2021, que contribuirá
notablemente con las metas planteadas.

Como vemos, el Perú viene creando
políticas de Estado, pero no sólo las tiene
plasmadas en documentos sino que, las pone en ejecución
con sus programas, y sus campañas, que conjuntamente con
los organismos del Estado y Organizaciones Mundiales, crean un
panorama favorable para nuestra nación.

4.1.1 MINISTERIO DE LA MUJER Y LA DIRECCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO . Perú, como la
mayoría de los países latinoamericanos, se vio
influenciado por la aprobación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer en 1979. A partir
de entonces, poco a poco ha ido adoptando medidas de
discriminación positiva para incorporar a la mujer a la
esfera política.

El 29 de octubre de 1996 el Estado peruano
creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y de
Desarrollo, encargándole el afianzamiento del rol de
la mujer en la sociedad. Posteriormente, en el marco de la
reforma del Estado, por Ley Nº 27779 de 25 de julio de 2002,
su organización y funciones fueron modificadas
convirtiéndose en el Ministerio de la Mujer y el
Desarrollo Social (MIMDES) y cuyo objetivo es promover "la
equidad de género y la igualdad de oportunidades para la
mujer…". Desde el 2012, es el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP).

LA MISIÓN DEL MIMP; es constituirse en un
Sector integrado, moderno y articulador, liderando las
políticas del sector, descentralizadamente y contribuyendo
a la superación de la pobreza, inequidad y
exclusión, orientado a las personas en situación de
pobreza y grupos vulnerables, con un enfoque de desarrollo humano
integral y de equidad, generando igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

La Ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables del Perú es la persona que, bajo el
cargo de Ministro de Estado, está encargada
del despacho del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables dentro del Consejo de Ministros. El
cargo hasta ahora siempre ha sido ocupado por una mujer; sin
embargo, no hay restricción legal alguna con respecto al
sexo del ministro. La primera encargada del despacho
fue Miriam Schenone. El 6 de enero de 1999, y actualmente
este Despacho está encargado a María del Carmen
Omonte Durand, desde el 24 de febrero del 2014.

La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la
encargada de velar por los derechos femeninos en
el Perú, además de brindar ayuda social a los
comedores de madres, el "Vaso de Leche" y demás
actividades.

Sólo a manera de ilustración diremos que
hasta el momento el Perú ha contado con 16 Ministras
mujeres en el cargo desde la creación de este Despacho
Ministerial, a continuación un cuadro describirá a
nuestras representantes;

Ministras de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables del Perú

El MIMP, enfocado dentro del Viceministerio de la
Mujer liderado por Marcela Huaita Alegre, consciente de la
importancia de la igualdad de Géneros, ha creado de la
mano con las políticas públicas del Estado Peruano,
Direcciones y/o Programas, que son los encargados de ejecutar
diversas actividades y campañas, en pro de la igualdad de
derechos de hombres y mujeres; entre ellas:

• A) La Dirección General de Igualdad
  de Género y no Discriminación; es el
  órgano técnico normativo a nivel nacional,
  encargado de dirigir, coordinar, controlar y evaluar la
  gestión de las políticas públicas para
  la igualdad de género y no discriminación.
  Depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial
  de la Mujer. Sus funciones:

• Supervisar el cumplimiento de las políticas
  nacionales y sectoriales para la Igualdad de Género y
  No Discriminación a nivel nacional en el marco del
  proceso de descentralización y en el ámbito de
  nuestra competencia.

• Formular, planear, ejecutar, dirigir, supervisar y
  evaluar las políticas nacionales y sectoriales en
  materia de igualdad de género y no
  discriminación, en el marco de las políticas de
  Estado y los objetivos de desarrollo nacional, encaminadas a
  reducir las brechas entre hombres y mujeres, especialmente
  aquellas que viven en la pobreza y sufren mayor desigualdad y
  discriminación.

• Realizar la evaluación de los resultados de
  la ejecución de las políticas para la igualdad
  de género y no discriminación.

• Proponer normas y lineamientos técnicos para
  la adecuada ejecución y supervisión de las
  políticas nacionales, la asistencia técnica y
  el fortalecimiento de capacidades, así como para el
  otorgamiento y ejercicio de derechos en el ámbito de
  su competencia.

• Brindar asesoría técnica especializada
  en materia de normas y políticas de igualdad de
  género y no discriminación.

• Supervisar la promoción de los derechos de
  las mujeres con especial énfasis en el fortalecimiento
  de su ciudadanía y autonomía a fin de
  garantizar sus derechos, con independencia de su edad, etnia
  y condición; la promoción del desarrollo
  integral e igualdad de oportunidades para las mujeres, y de
  la ampliación de la participación de
  éstas en el ámbito público.

• Formular las estrategias para la promoción y
  protección de los derechos de la mujer en las
  instancias internacionales y en los sistemas de
  integración.

• Identificar líneas de intervención
  relacionadas con el ámbito de su competencia
  susceptibles de ser financiadas con la cooperación
  internacional, estableciendo las coordinaciones
  institucionales que fueren del caso para que ésta se
  efectivice. Otras que le sean asignadas o que le correspondan
  de acuerdo a ley.

Esta Dirección General de Igualdad de
Género y no Discriminación, a su vez la conforman
dos direcciones:

• La Dirección de Políticas de
  Igualdad de Género y No Discriminación;
  que  es la instancia que formula, ejecuta y monitorea
  las políticas nacionales y sectoriales en materia de
  igualdad de género y no discriminación, todo
  ello en el marco de las políticas de Estado y los
  objetivos de desarrollo nacional, con el fin de reducir las
  brechas entre hombres y mujeres, especialmente de aquellas
  que viven en la pobreza y sufren mayor desigualdad y
  discriminación.

• La Dirección de Promoción y
  Protección de los Derechos de la Mujer;  
  esta instancia es la encargada de formular, ejecutar y
  monitorear las políticas nacionales y sectoriales en
  materia de protección y promoción de los
  derechos de las mujeres,  en el marco de las
  políticas del Estado y los objetivos del desarrollo
  nacional. En tal sentido, promueve los derechos de las
  mujeres, en especial el fortalecimiento de su
  ciudadanía y autonomía, con independencia de su
  edad, etnia y condición; promueve su desarrollo
  integral en igualdad de oportunidades y su mayor
  participación en el ámbito
  público.

• B) La Dirección General de
  Transversalización del Enfoque de Género,
  que es la autoridad técnico normativa a nivel
  nacional, encargada de dirigir, coordinar, controlar y
  evaluar la transversalización del enfoque de
  género en el diseño y gestión de las
  políticas públicas nacionales y
  subnacionales.

La Dirección General contra la
Violencia de Género; que es un órgano de
línea, técnico normativo, encargo  de dirigir,
coordinar y evaluar  las políticas públicas
para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género
(física, sexual, psicológica y económica).
 

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con dos
unidades orgánicas:

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con dos
unidades orgánicas:

*DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

*DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y
PROMOCIÓN DE SEVICIOS

4.1.2 REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL
CONGRESO PERUANO

La demanda por igualdad de derechos civiles y
políticos para las mujeres , se remonta al siglo XX,
diferentes movimientos se formaron en torno a ello, sin embargo
en el Perú , solo a partir de setiembre de 1955 , el
Congreso de la República, mediante la Ley Nº 12391,
otorgaría la ciudadanía a las mujeres, siempre que
fuesen mayores de edad y que supiesen leer y escribir; con esa
norma se logró que existiera en el Congreso mayor
representatividad, una senadora y ocho diputadas serían
las primera representantes femeninas ante el Parlamento
Nacional.

Más de medio siglo después las mujeres
seguimos luchando por este tan ansiado protagonismo en la
política nacional; la cuota de género, que
más gratificación ha generado en nuestra
población política femenina es la aprobada en 1997;
con la Ley N° 26859, Ley General de Elecciones, que establece
la obligatoriedad de incluir en las listas de candidatos al
Congreso de la República, un 25% de mujeres. Dicha cifra
fue incrementada a un 30% por la Ley 27387 del 29 de diciembre de
2000. Igualmente se estableció dicha cuota para las
elecciones municipales a través de la Ley 26864 de 13 de
octubre de 1997 en relación a las listas de candidatos a
regidores. Posteriormente con la ley 27683 de 14 de marzo de
2002, se incluyeron las cuotas de género (30%) en las
listas de candidatos a Consejeros Regionales. En el año
2002 el sistema de cuotas adquiere rango constitucional con la
Ley 27680, al modificarse el art. 191 de la Carta Magna
señalando que "la Ley establece porcentajes mínimos
para hacer accesible la representación de género
(…) en los Consejos Regionales y en los Consejos Municipales".
El 31 de octubre del año 2003 la Ley 28094, de Partidos
Políticos incluyó la obligatoriedad de la cuota del
30% de mujeres en las listas de candidatos para cargos de
dirección de los partidos o agrupaciones políticas.
Por último, en el 2004, se aprueba la LERPA, Ley de
Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, en cuyo
artículo 4 estable una cuota de representación del
30%. Sin embargo, pese a que formalmente existe un apoyo a la
igualdad de género en la esfera política, en la
práctica ésta no se cumple. Asimismo, cabe destacar
que además de la ley de cuotas de género existe una
cuota de jóvenes y una cuota "nativa", por las que se
intenta incorporar a los fragmentos de la población que
históricamente se han visto excluidos del ámbito
político.

Actualmente se cuenta en el Congreso de la
República Peruana, con una MESA DE MUJERES
PARLAMENTARIAS, que ha sido creada con la finalidad de
promover la igualdad entre hombres y mujeres, lograr el
reconocimiento de las mujeres para el ejercicio pleno de sus
derechos económicos, sociales, políticos y
culturales, así como, para la familia peruana, por medio
de iniciativas legislativas y diversas actividades de contacto
con la ciudadanía. Entre las integrantes actuales tenemos
28 parlamentarias y las nombramos a
continuación:

Como vemos, son muchas las esferas, que siguen luchando,
en el PERÚ por una equidad de género, que se
refleje en cualquier ámbito del desarrollo de nuestro
país.

4.2. TRATAMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO A
NIVEL LATINOAMÉRICA

*DIFERENCIAS LEGALES BASADAS EN EL GÉNERO;
  A pesar de los avances legales registrados en el
último informe del Banco Mundial, la región
mantiene deudas pendientes con respecto a la violencia e igualdad
efectiva.

El último medio siglo ha sido
un período de amplias mejoras en los derechos de
las mujeres en Latinoamérica, aunque
los avances son dispares y todavía hay mucho por
hacer. La región sin embargo, se ubica entre las que
lograron reducir en un 50% las restricciones
legales para acceder a derechos de propiedad o emprender
actos legales.

En todo el mundo, las mujeres realizan el 66%
del trabajo, producen el 50% de los alimentos, pero
reciben a cambio solo el 10% de los ingresos y poseen solo el 1%
de las propiedades. Así lo asegura el informe "Mujer,
empresa y derecho" elaborado por el Banco Mundial (BM) y el
mismo que ha sido publicado en setiembre del 2013; aquí
se midió la diferenciación entre mujeres y
hombres establecida por las leyes, las regulaciones y las
instituciones de los distintos países y que
repercuten en los incentivos de la mujer para trabajar o para
constituir y administrar su propia empresa.

El informe del BM analiza las diferencias
legales basadas en el género observadas en 143
economías bajo seis distintos aspectos: el acceso a las
instituciones, el uso de la propiedad, la búsqueda de
empleo, el manejo de los impuestos, la capacidad crediticia y la
presencia en los tribunales.

Consultada por Infobae sobre
los resultados del informe del Banco Mundial, la directora de ONU
Mujeres para América Latina y El Caribe, Moni
Pizani, destaca que los desafíos planteados
para la región, tiene un reto principal que es los
avances en la legislación tengan un impacto real sobre la
vida de las mujeres; combatiendo la discriminación que
todavía existe de facto; debiendo introducirse la
perspectiva de igualdad de género en las
políticas correspondientes, y utlizándose
acciones positivas para acelerar en aquellas áreas
donde los indicadores señalan rezagos.

Sin embargo y a pesar de las cuentas pendientes, existe
un amplio consenso en torno a la necesidad de incorporar
a la mujer al mercado de trabajo bajo las mismas condiciones que
los hombres. "Hay un reconocimiento generalizado de
que el empoderamiento económico de la mujer es
crucial para la competitividad y la prosperidad".

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim,
manifiesta un ideal; "El ideal de igualdad ante la ley e igualdad
de oportunidades económicas no representa sólo una
política social acertada, sino también
una política económica inteligente",
por ello queda mucho por hacer.

Infobae ha precisado al Banco Mundial,
que son doce los países de Latinoamérica
que poseen leyes que contemplan los abusos hacia las mujeres en
sentido amplio: físico, emocional, sexual y
psicológico. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.

*LOS ÍNDICES DE LATINOAMÉRICA DE
ACUERDO A SUS REFORMAS

Durante los últimos 50 años, las
economías de Latinoamérica, el Caribe, y la
África Sub-Sahariana son de las que más han
reformado sus índices y el acceso a las instituciones en
las áreas de negocios y leyes. En este período,
se han destacado en sus reformas Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Perú y Paraguay. Detallando los siguientes
ejemplos precisos por país :

Argentina, Solo hasta el año 1968 las
mujeres casadas en Argentina no podían ser jefas de hogar,
ni abrir una cuenta bancaria, ni iniciar procedimientos legales
sin autorización de su marido.

Brasil, Hasta 1988 en Brasil los hombres casados
eran los jefes de hogar, con la exclusiva capacidad  de
representar a la familia, elegir el domicilio familiar y
administrar los bienes maritales y los de sus esposas. Desde
entonces, las mujeres han logrado igualdad derechos en estas
áreas.

Paraguay, La Constitución paraguaya de
1967 introdujo la garantía de igualdad de género.
Veinte años después, las mujeres casadas lograron
el derecho de ser la cabeza del hogar en las mismas condiciones
que los hombres, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato e
iniciar acciones legales sin el permiso de sus maridos. En 1992,
se ampliaron las posibilidades legales de las mujeres casadas
hasta incluir el derecho a aceptar un trabajo o ejercer su
profesión por su cuenta

Bolivia, En Bolivia es solo desde 1975 que las
mujeres casadas tienen derecho a iniciar acciones legales sin el
consentimiento de su marido. En 1988 autonomía legal de
las mujeres se expandió hasta tener la posibilidad de
aceptar un trabajo sin el permiso de los hombres y les fueron
concedidos los mismos derechos de propiedad. En 1994 la
constitución boliviana introdujo la igualdad ante la ley,
y fue reconocida la ley consuetudinaria, otorgando a los
hombres la prerrogativa a "oponerse" a que sus esposas trabajen y
a "impedirles aceptar un empleo". En 2009 fue introducido el
género como una categoría protegida a la norma
constitucional de no discriminación. 

Los últimos dos años además fueron
introducidas las siguientes reformas:

- Jamaica aprobó una enmienda
constitucional que añadir una cláusula de igualdad
de género y una cláusula de no
discriminación de género como una categoría
protegida.

–Chile introdujo la licencia por
maternidad.

–Colombia y Venezuela aumentaron la cantidad
de días de la licencia por maternidad, mientras
que Bolivia y México introdujeron una
licencia por paternidad remunerado.  México,
por su parte incorporó una legislación que
prohíbe los despidos durante el embarazo.

A pesar de estos grandes avances en materia de paridad
de los géneros, existen todavía restricciones
legales que impiden a las mujeres desarrollar plenamente su
potencial económico. En Chile por
ejemplo, el Código Civil establece por default un
régimen de bienes gananciales que concede a los esposos
derechos administrativos sobre la propiedad de las
esposas.

En la mitad de las economías de nuestra
región, las mujeres aún están restringidas
para desarrollar los mismos empleos que los hombres. Por ejemplo
en Ecuador, las mujeres no pueden trabajar en minas
ni en ningún otro empleo que requiera el empleo de la
fuerza.

4.2.1 RASGOS DE DESIGUALDAD DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO REGIONAL .

América Latina es una región
heterogénea en la que conviven países que difieren
en cuanto a grados de desarrollo, tradiciones políticas y
diversidad cultural. En este contexto se sustenta la
afirmación de que es posible enfrentar de distintas
maneras los desafíos, dado que lograr la igualdad entre
mujeres y hombres es un objetivo que demanda evidencias y
argumentos para superar las diversas formas de
discriminación a las que están sometidas las
mujeres. Este es el esfuerzo al que se procura contribuir con
este trabajo.

Paradójicamente, la desigualdad se convierte en
un rasgo distintivo que iguala a nuestra región y
que plantea numerosos interrogantes acerca de sus causas.
Sabiendo que solo se puede preguntar sobre aquello que se conoce,
en este trabajo se ofrece información cuantitativa como
para poner en cuestión temas de enorme relevancia social y
política acerca de las causas de la desigualdad.
¿La pobreza afecta por igual a hombres y mujeres?
¿la educación tiene similar valor para todos?
¿es lo mismo ser jefe que jefa de hogar? ¿por
qué las mujeres ganan en promedio menos que los
hombres?.

Este trabajo de investigación, nos
permitirá además observar los nudos críticos
entre las relaciones de género y otros vínculos de
discriminación existentes en la sociedad. Las
sinergias entre pobreza, los factores determinantes
vinculados al área de residencia, y la desigualdad en la
distribución de oportunidades, recursos, tiempo y poder
posibilitan el análisis de las brechas
intragenéricas, por una parte, y de la
discriminación de las elites femeninas, por la
otra.

Un ejemplo interesante; es el del progreso educativo de
las mujeres que, en términos del mismo indicador, muestra
la severidad del analfabetismo entre las mujeres indígenas
y rurales, en contraste con la situación de las mujeres no
indígenas o blancas de las ciudades. A su vez, las mujeres
blancas o no indígenas, a pesar de superar a sus pares
varones en logros educativos, no reciben salarios equivalentes en
el mercado laboral y siguen asumiendo la responsabilidad de las
tareas familiares no remuneradas, incluso cuando cuentan con
trabajo doméstico remunerado.

Para poder estructurar todos los problemas sobre Equidad
de Género, de nuestra región, debimos investigar
qué organismos podrían ser tentativamente
consultados, para poder obtener los INDICADORES correctos
índices y es ahí donde surgen nombres como los
organismos de las Naciones Unidas; que son los que oficialmente
recopilan y sistematizan información especializada en los
países. Los organismos consultados fueron la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL ).

Entonces, nos encontramos con una gama extensa que hemos
sabido compilar para poder mostrar la situación actual de
los problemas que aquejan a la Equidad de Género;
indicadores agrupados por áreas temáticas, como:
población, hogares y familias, educación, trabajo
remunerado y no remunerado, pobreza, salud, violencia, y
participación política. La selección de las
áreas ha obedecido principalmente a la disponibilidad de
información pertinente y a la necesidad de agrupar la
información en una estructura funcional y representativa
de los diferentes campos de preocupación social,
proporcionando así, una primera aproximación
diagnóstica a los problemas de género atingentes a
estos.

La Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, juega un papel
muy importante en nuestra investigación, ya que nos
orienta principalmente a satisfacer las necesidades de los
usuarios interesados en las políticas públicas y en
los hombres y mujeres investigadores y activistas de la sociedad
civil. Las fuentes de información como: los censos,
los registros administrativos y las encuestas de hogares,
así como de encuestas específicas, las de
demografía y salud, se han utilizado en este trabajo, y es
que se busca con ello enfrentar los vacíos de
información mediante la propuesta de un acercamiento
pragmático para lograr un análisis más
riguroso de la realidad social en la región.

INDICADORES.-

• A)  HOGARES Y
  FAMILIA.-

Analizar la estructura familiar de los hogares es
fundamental para entender las desigualdades de género, ya
que el tamaño, la composición y el tipo de hogares
tienen diversas implicancias en la vida de hombres y mujeres. Los
diferenciales se van haciendo cada vez más acentuados a
partir de los 15 años de edad, etapa que suele coincidir
con el inicio de la fase reproductiva femenina. Los hombres
permanecen más tiempo en la condición de hijos que
las mujeres, quienes se unen más tempranamente y asumen en
una alta proporción la condición de cónyuges
durante la vida adulta, mientras que los varones se constituyen
con más frecuencia en jefes de hogar. Las implicancias de
la jefatura femenina de los hogares ha sido ampliamente estudiada
por su alta vinculación con la pobreza.

MADRES JÓVENES.-

PLANIFICACIÓN
FAMILIAR.-

Como se observa en el gráfico, Haití
encabeza la lista de países con mayor demanda insatisfecha
de planificación familiar, con un 37,3%, lo que
significa que casi cuatro de cada diez mujeres no tienen acceso a
planificación familiar. También presentan altos
niveles de demanda insatisfecha Guyana, con un 28,5%, Guatemala,
con un 27,6% estable en el tiempo, Bolivia (Estado Plurinacional
de) con un 20,1% y Honduras con un 16,8%.

*Las jefas de hogar; La jefatura femenina y la
ausencia de cónyuges

En América Latina, los hogares con jefatura
femenina se distinguen principalmente por la ausencia de
cónyuge. La expresión "jefe de hogar" se utiliza en
encuestas y censos a fin de identificar a un miembro del hogar
que sirva como referencia para obtener información sobre
las personas que lo componen y así conocer los
vínculos de parentesco que los unen. Con esta
información es posible desarrollar tipologías de
hogares y caracterizarlos según su
composición.

En los países de América Latina, los
hogares con jefatura femenina se distinguen principalmente por la
ausencia de cónyuge en el hogar; según el promedio
urbano para el 2002, cerca de un 89% de las jefas vivía
sin cónyuge, en contraposición con los jefes de
hogar, de los cuales un 87% convivía con su cónyuge
o pareja.

*La tipología de los hogares con
jefatura femenina

Cerca del 86% de los hogares monoparentales está
conformado por una mujer y sus hijos e hijas. La jefatura
femenina ha ido en aumento en la mayoría de los
países. En 1994, un 24%, en promedio, de los hogares
urbanos estaba encabezado por una mujer, proporción que en
el 2002 llegó al 28%. El leve, pero sistemático,
incremento de la jefatura femenina que

se aprecia en los hogares nucleares biparentales puede
ser indicativo de cambios culturales en que las mujeres empiezan
a reconocerse como jefas, pese a que tradicionalmente esta
designación había recaído en los
hombres.

En el período, los hogares extensos han sido los
que han experimentado un mayor aumento. La jefatura femenina en
este tipo de hogares se da con la ausencia de cónyuge en
el 90% de los casos.

Las diferencias de género se hacen evidentes en
los hogares monoparentales y biparentales: en los primeros, cerca
del 86% son hogares en los que la jefa vive sola con sus hijos o
hijas, en tanto que en alrededor del 96% de los biparentales es
el jefe quien vive con su cónyuge e hijos o
hijas.

*Jefas de hogar solas y con
hijos

La situación de las mujeres jefas de hogar es
especialmente vulnerable, ya que en ellas, frecuentemente recae
la responsabilidad tanto de la manutención
económica del hogar como de la crianza de los
hijos.

Cerca del 72% de las mujeres jefas de hogar y el 78% de
los hombres jefes de hogar conviven con uno o más hijos.
Sin embargo, al analizar la información según
estado civil se advierte que cuando las jefas no están
unidas, en su mayoría son ellas quienes viven con los
hijos e hijas.

La magnitud de las brechas es más evidente
entre separados y separadas ; un 84% de las jefas separadas y
un 42% de las solteras convive con hijos o hijas, mientras que
entre los jefes separados y los solteros esto se da solo en un
39% y un 5% de los casos, respectivamente. Tal situación
es especialmente difícil para las mujeres que encabezan
un hogar con menores a su cargo,ya que las responsabilidades
de crianza y cuidado recaen especialmente en ellas, así
como el conjunto de las labores productivas y
reproductivas.

En el caso de viudas y viudos, el porcentaje que
conviven con sus hijos e hijas tiende a mostrar valores
más equivalentes; si se asume que la condición de
viudez es más frecuente entre los adultos mayores, resulta
que una proporción de entre un 61% y un 67% vive en
compañía de sus hijos e hijas.

• B) EDUCACIÓN.-

En los objetivos de desarrollo del Milenio se ha puesto
especial énfasis en la necesidad de garantizar el derecho
de las personas a la educación. Es así que el
objetivo apunta a lograr la universalización de la
enseñanza primaria, promover la equidad de género y
la autonomía de la mujer, planteándose como meta
eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza
primaria y secundaria y en todos los niveles educacionales antes
de fines del año 2015.

La mayoría de los promedios nacionales y
regionales muestra que la situación educativa de las
mujeres ha igualado o superado a la masculina. Sin embargo, se
constatan importantes diferencias cuando la información se
abre según distintas características de la
población.

*Analfabetismo entre las mujeres

La alfabetización se define como la habilidad
para leer, escribir y comprender una oración breve
relacionada con la vida cotidiana (UNESCO).

Entre la población joven (15 a 24 años de
edad), los promedios regionales van señalando progresos
notables en la disminución de las brechas entre el
analfabetismo femenino y masculino. Según estimaciones de
la UNESCO, la diferencia entre mujeres y hombres que se
advertía en los años setenta y ochenta se cierra en
los años noventa y, a partir de entonces, se revierte la
tendencia histórica y la brecha se vuelve ahora
desfavorable a los varones.

Sin embargo, cuando se amplía el indicador a
todas las mujeres mayores de 15 años se observan tasas
de analfabetismo femenino superiores, lo que indica la
persistencia de la brecha en mujeres que en su mayoría en
Estadísticas para la equidad de género: magnitudes
y tendencias en América Latina encuentran en la etapa
productiva y reproductiva, de modo que los efectos positivos
que tiene la educación sobre su propia autonomía y
el bienestar familiar quedan coartados.

*Acceso a la educación
básica de niñas y niños por zona de
residencia

Las brechas de género en la educación se
agudizan en presencia de otras desigualdades críticas como
la socioeconómica y territorial. Como sustituto de la
cobertura escolar de la educación primaria se utiliza este
indicador para el tramo de población comprendido entre los
6 y los 12 años de edad.

En las zonas urbanas, cerca de un 98% de las
niñas y niños no pobres asisten a algún
establecimiento educacional, porcentaje que se reduce a un 94% en
las zonas rurales.

Entre los menores pertenecientes a estratos pobres,
las tasas de asistencia escolar descienden a un 95% en las
zonas urbanas y a un 89% en las rurales; en estas
últimas, un significativo 11% está fuera del
sistema escolar, ya sea por la necesidad de trabajar o atender
las tareas agrícolas o domésticas, problemas de
distancia y transporte, o la renuencia de los padres a enviar a
niñas y niños al colegio.

En relación con las brechas de género, el
promedio regional no acusa diferencias de magnitud apreciables
entre las tasas de asistencia escolar de niñas y
niños.

*Promedio de años de estudio de
mujeres y hombres en la etapa adulta

En el tramo de 25 a 59 años de edad se observa
que en la mayoría de los países la población
femenina urbana todavía no ha logrado el mismo nivel de
estudios que la masculina, aun cuando la escolaridad de las
mujeres ha registrado un mayor crecimiento.

El indicador de paridad en relación con los
años de estudio alcanzados por mujeres y hombres y su
evolución en el tiempo muestran que en
prácticamente todos los países, a excepción
de Paraguay, la escolaridad femenina ha ido creciendo a un mayor
ritmo que la masculina. En el año 1990, solo 3 de los 14
países con información disponible (Panamá,
Uruguay y Argentina) habían logrado equiparar los
años de estudio de mujeres y hombres. Para el 2002, la
equidad había sido alcanzada por cinco países,
sumándose a los anteriores Brasil y República
Bolivariana de Venezuela.

Cabe señalar que aun cuando Guatemala y Bolivia
han registrado un aumento de la escolaridad femenina, la brecha
con respecto a los varones continúa siendo bastante
amplia, ya que en ambos casos la escolaridad de las mujeres
representa cerca del 80% de la de los hombres.

*Promedio de años de estudio de mujeres y
hombres en la población económicamente activa
(PEA)

Las mujeres económicamente activas están
hoy más calificadas que los varones. En la
población económicamente activa de la
mayoría de los países, las mujeres exhiben
más años de escolaridad que los varones. Se
constata así que en las zonas urbanas de 18 países
y en las rurales de 14 de ellos, el promedio de años de
escolaridad efectivamente terminados es mayor para la
población femenina.

En las zonas urbanas, los países que presentan
una ventaja femenina de entre uno o más años de
escolaridad son: Brasil, Argentina (Gran Buenos Aires), Uruguay,
Panamá, República Dominicana y República
Bolivariana de Venezuela (total nacional). En las zonas rurales,
por su parte, esta misma situación se presenta en
Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile y República
Dominicana. Con diferencias más leves a favor de las
mujeres figuran las zonas urbanas de Colombia, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, mientras que en las zonas rurales se
advierte la misma situación en Brasil, Honduras y
Nicaragua.

En Bolivia, Perú y Guatemala, las brechas
urbanas son aún desfavorables para las mujeres, mientras
que en las áreas rurales se amplían, especialmente
en los casos de Bolivia y Perú, y son levemente más
desfavorables en Guatemala.

Los países en los que la situación en las
zonas urbanas es más similar entre hombres y mujeres son:
El Salvador, Paraguay (Asunción), México, Ecuador y
Chile; en lo que respecta a las zonas rurales, en cambio, dichos
niveles más igualitarios se encuentran en Paraguay,
México, El Salvador, Brasil y Honduras.

• C) TRABAJO REMUNERADO Y NO
  REMUNERADO.-

Si bien hombres y mujeres se sitúan con distinta
frecuencia en las diferentes actividades, las labores
domésticas son realizadas casi exclusivamente por las
mujeres. La participación de las mujeres en el mercado
laboral ha experimentado un acelerado crecimiento, lo que permite
prever que las brechas de género en este ámbito
irán decreciendo rápidamente también y que,
por ende, muchas mujeres que antes pertenecían a la
población clasificada como inactiva estarán
ocupadas o en busca de un trabajo remunerado. Sin embargo, la
capacidad de respuesta del mercado laboral no ha evolucionado a
la par con esta demanda como lo demuestran las tasas de desempleo
femenino, que superan ampliamente las masculinas, lo que limita y
desincentiva la inserción laboral de las
mujeres.

*Actividades de hombres y mujeres de 20
a 24 años

A quienes desempeñan labores domésticas no
remuneradas no se les reconoce la condición de
trabajadoras, lo que contribuye indirectamente a devaluar el
trabajo no remunerado realizado ante todo por las mujeres. Entre
los 20 y los 24 años de edad las actividades de hombres y
mujeres se concentran principalmente en la esfera
económica. En general, los jóvenes realizan dos
tipos de actividades; en primer lugar, aquellos en la
población económicamente activa representan, a
nivel regional, un 83%, seguidos de aquellos que estudian, con un
13%.

Entre países, este último valor
varía ampliamente, desde un 6,4% en Honduras a cerca de un
24% en Chile. Las mujeres, por su parte, se concentran en tres
tipos de actividades: la población económicamente
activa femenina representa un 52% a escala regional, seguida de
un 29% de mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos,
mientras que solo un 16% estudia. Este último porcentaje
fluctúa entre un 9,3% en Paraguay y un 27% en
Argentina.

*Actividades de hombres y mujeres de 25
a 49 años

Las actividades que realizan las mujeres en esta etapa
se distribuyen entre el trabajo y el hogar. Los hombres no
enfrentan la misma dicotomía, siendo que un 95% de ellos
pertenece a la población económicamente activa.
Así, más del 95% de los varones se ubica entre la
población económicamente activa, valor que
varía escasamente entre países. Por su parte, a
nivel regional, el porcentaje de mujeres dedicadas a esta
actividad registra un promedio de 63%, el más alto de
todos los otros tramos de edad. Se advierte, además, que
existe heterogeneidad entre países: Chile, Costa Rica,
Honduras y México no llegan a un 55%, mientras que Bolivia
y Uruguay sobrepasan el 70%. Los quehaceres domésticos
constituyen una actividad casi exclusivamente femenina.
Según el promedio regional, aproximadamente un 34% de
ellas se dedica a estas labores, y también en este plano
se observa heterogeneidad entre países. Mientras la
mayoría de las mujeres enfrenta en este ciclo de vida la
crianza de los hijos e hijas, la diversidad de las razones que
las impulsan o las limitan a incorporarse al trabajo remunerado o
dedicarse en forma exclusiva a las labores del hogar.

*Jornada laboral remunerada de mujeres y
hombres

La jornada laboral remunerada de las mujeres es inferior
a la de los hombres, debido principalmente al tiempo que demandan
las responsabilidades familiares. Las horas de trabajo en el
hogar aún no se miden, lo que invisibiliza la doble
jornada de las mujeres. En el promedio urbano regional, las horas
trabajadas por hombres y mujeres presentan una diferencia de
cerca de siete horas semanales. Las mayores brechas entre la
jornada remunerada femenina y la masculina son las que existen en
Argentina, Costa Rica y Perú, países en los que
difieren cerca de 10 horas, mientras que el valor mínimo
se registra en El Salvador, país en el que la brecha de
género es de solo una hora.

Las mayores brechas afectan a las mujeres dedicadas al
trabajo por cuenta propia, cuya jornada laboral asciende en
promedio a 35 horas semanales, mientras que la masculina es de 45
horas. Es importante señalar que el segmento de la
población ocupada que percibe ingresos más bajos es
justamente el de los trabajadores por cuenta propia y, entre
estos, las mujeres. Por otra parte, entre mujeres y hombres
empleadores se constata una menor diferencia; ellos trabajan 51
horas en promedio y las mujeres, 48.

*Desempleo entre las
mujeres

Las tasas de desempleo de la población femenina
son más altas y afectan

en mayor medida a las jóvenes, que en la
actualidad cuentan con más años de estudio que sus
pares varones. Las tasas de desempleo, tanto de los hombres como
de las mujeres, han ido creciendo. No obstante, las tasas de
desempleo femenino son mayores que las masculinas en todos
los períodos; las diferencias de género han tendido
a permanecer constantes en el tiempo, sobre todo en los tramos de
edad comprendidos entre los 15 y los 34 años y a partir de
los 45. Sin embargo es importante señalar, que las mujeres
entre 35 y 44 años han experimentado un retroceso respecto
de 1990, año en que la diferencia respecto de los varones
era de poco más de un punto porcentual y que en el
año 2002 llegó a 3,4 puntos
porcentuales.

Se observa una clara relación inversa entre
desempleo y edad, situación que no ha variado, y se
advierte que a medida que aumenta la edad disminuye el desempleo.
Por lo tanto, mientras la población joven presentaba la
más alta tasa de desempleo en el 2002 (22,6%), en los
mayores de 45 años este valor se reducía a un 7,4%.
En este último tramo de edad, también se reducen
las brechas de género y se invierte la situación de
mujeres y hombres, pues el desempleo afecta más a los
varones en 13 de los 17 países bajo estudio.

*Trabajadoras familiares no
remuneradas

No solo los quehaceres domésticos son una labor
sin remuneración y a la cual no se le reconoce estatus de
trabajo, también las mujeres son mayoría entre
los trabajadores familiares no remunerados, es decir, son
parte de la población considerada como
económicamente ocupada, pero que no recibe ingresos por
su trabajo. Dentro del conjunto de trabajadores
independientes figuran los que laboran por cuenta propia y los
trabajadores familiares no remunerados, categoría a la que
corresponden aquellas personas que ejercen un trabajo en
relación con un miembro del hogar en un establecimiento
familiar (negocio, almacén, taller de artesanía u
otro), sin recibir pago en dinero por su labor y sin tomar en
consideración el número de horas trabajadas durante
el período de referencia. Es más frecuente que sean
mujeres las que se desempeñan como trabajadoras familiares
no remuneradas, solo para darnos una idea en 10 países la
proporción de estas trabajadoras es de un 5% o menos y en
otros 6 fluctúa entre un 6% y un 10%. En Guatemala y
Bolivia, sin embargo, este valor aumenta hasta llegar a un
significativo 12%. Las mayores brechas de género en
este plano se observan en Bolivia, México, Ecuador,
Perú y Guatemala. Aunque en estos trabajos sin
remuneración las personas quedan clasificadas como
ocupadas, es decir, no son consideradas ni desempleadas ni
inactivas, es importante dar visibilidad a la frecuencia con que
son las mujeres las que desempeñan estas actividades, cuya
contribución no es valorada en términos monetarios.
Si a estas trabajadoras se suma el número de mujeres que
realiza quehaceres domésticos dentro de sus hogares,
resulta que un amplio contingente de la población femenina
contribuye gratuitamente al bienestar de sus familias y al
desarrollo de los países.

*Diferencias de ingreso promedio entre
hombres y mujeres por horas trabajadas

Las brechas entre las remuneraciones de mujeres y
hombres son evidentes, incluso al controlar por horas trabajadas
y nivel educativo. Las mujeres con mayor educación son
también las que ganan significativamente menos que los
varones en esta misma condición. La relación entre
los ingresos laborales femeninos por hora en comparación
con los percibidos por los hombres es de 83%, promedio que se
constata para las zonas urbanas de los 15 países del
gráfico. En el año 2002, la brecha aumentó
en los estratos más educados, de modo que las mujeres con
13 o más años de instrucción ganaban por
hora el equivalente al 72% de los ingresos masculinos. Las
mujeres chilenas son las que menores remuneraciones perciben en
relación con sus pares masculinos, situación que no
solo se expresa a nivel total, sino también entre la
población más educada (13 años y más
de estudio). Los ingresos de la población femenina de
Chile y Nicaragua aparecen como los más inequitativos. En
Bolivia, El Salvador y Guatemala la relación de ingresos
entre mujeres y hombres con más de 13 años de
estudios es superior a la observada en el total de la
población ocupada; no obstante, en ninguno de estos casos
se alcanza la equidad en las remuneraciones.

• D) GÉNERO Y POBREZA

Para entender las especificidades de la pobreza de las
mujeres preciso tomar conciencia de que esta, en
comparación con la de los hombres, no debe verse solamente
como el resultado de la desigual distribución de los
ingresos, sino como un producto de la subordinación de las
mujeres. Esto permite identificar, por una parte, la desventaja y
subordinación de las mujeres dentro de los hogares pobres
y, por otra, la existencia de mujeres potencialmente pobres en
hogares no pobres. En ese sentido, desde la perspectiva de
género, la pobreza es aquella que pone a las mujeres en
condiciones de desigualdad respecto de sus pares, lo que lleva la
noción de pobreza más allá de un concepto
descriptivo que establece la distancia respecto de un umbral de
ingresos o recursos, sino que incluye una explicación de
la desigualdad en las relaciones dentro de los
hogares.

*La falta de autonomía
económica

A nivel individual, la pobreza afecta con mayor
intensidad a las mujeres por ser ellas quienes carecen de
autonomía económica con mayor frecuencia que los
varones. Desde la perspectiva de género se destaca que la
condición de perceptor confiere a esta persona un mayor
poder de decisión sobre el destino de sus ingresos, a la
vez que aumenta su posibilidad de reservar parte de estos para
sus gastos individuales. Por lo tanto, quienes son perceptores de
ingresos disponen de un mayor grado de autonomía
económica que los dependientes. Entre estos últimos
se cuentan, con mayor frecuencia, los niños, los adultos
mayores y las mujeres, mientras que al grupo de los perceptores
pertenecen principalmente los hombres en edad productiva, cuya
tasa de participación en la actividad económica es
superior a la de los demás grupos de población. Por
su parte, las mujeres, debido a su alta participación en
actividades no remuneradas, suelen ser dependientes y no disponer
de ingresos propios.

En el gráfico se observa que, entre la
población sin ingresos propios, la proporción de
mujeres supera ampliamente a la de hombres y que la brecha entre
ambos sexos se presenta con mayor magnitud entre los 25 y 59
años de edad, grupo que reúne a la mayor parte de
la población femenina en edad productiva y
reproductiva.

Mientras el porcentaje de varones sin ingresos se
sitúa en torno al 20% en ambas zonas de residencia, las
disparidades entre mujeres urbanas y rurales se hacen evidentes.
El promedio regional muestra que aproximadamente un 57% de las
mujeres de zonas rurales no percibe ingresos, situación
que se ve agravada por la baja participación que tienen en
la posesión de otros activos, entre otros, tierra y
animales.

*La sobrecarga de trabajo como otra
expresión de la pobreza femenina

El mayor tiempo destinado por las mujeres a las labores
domésticas y de cuidado y la baja participación de
los hombres en estas aumentan la carga de trabajo total de las
mujeres, limitan sus posibilidades de participar en otras
actividades, reducen su capacidad de generar ingresos propios y
afectan su bienestar. En los cinco países considerados en
el gráfico puede verse que la mayor dedicación a
los quehaceres domésticos corresponde a

las mujeres de 25 a 59 años de edad, en un rango
que fluctúa entre seis horas diarias en Bolivia y
Nicaragua y cerca de nueve en México (62 horas semanales).
En el tramo de edad comprendido entre los 7 y los 14 años,
el tiempo invertido por las niñas en el trabajo
doméstico en Bolivia, Guatemala y Nicaragua es similar y
asciende a 3,1 horas diarias, mientras que en el caso de los
niños fluctúa entre 1,7 y 2,7 horas
diarias.

• E) SALUD

Por equidad de género en materia de salud se
entiende la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e
injustas entre mujeres y hombres. Significa que las mujeres y los
hombres tienen la misma oportunidad de gozar de las condiciones
de vida y servicios que les permiten mantenerse en buena salud,
sin enfermarse, discapacitarse o morir por causas que son
injustas y evitables. En el último tiempo se ha
incrementado notablemente el número de mujeres infectadas
por el VIH/SIDA, muchas de ellas contagiadas por su pareja
única y estable, debido a la escasa protección y
falta de educación respecto de esta epidemia, y sobre todo
a la falta de control sobre su propia sexualidad.

*Mortalidad femenina por cáncer de
mama

El cáncer de mama es la neoplasia más
habitual en la mujer y uno de los problemas de salud de mayor
importancia, tanto por su frecuencia como por la mortalidad que
conlleva, además de sus adversos efectos en la calidad de
vida.

Según estimaciones del Organismo Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), en los
países latinoamericanos el cáncer de mama se ubica
entre las primeras causas de mortalidad femenina por
cáncer, ya que cerca de 300.000 mujeres mueren anualmente
por esta enfermedad (Robles y Galanis, 2002). El control
periódico y la mamografía pueden ofrecer un
diagnóstico temprano de esta dolencia y permitir que las
mujeres accedan a un tratamiento que reduzca significativamente
el riesgo de muerte.

*Mortalidad femenina por cáncer cérvico
uterino

El cáncer cérvico uterino se puede
prevenir y curar a un costo y riesgo bajos cuando se dispone del
tamizaje para facilitar la detección oportuna de lesiones
precursoras, junto con el diagnóstico apropiado, el
tratamiento y el seguimiento. El cáncer cérvico
uterino es la segunda forma más común de
cáncer en las mujeres, luego del cáncer de mamas.
La causa suele ser un virus de transmisión sexual
—el virus del papiloma humano—, que ocasiona lesiones
en el cuello del útero que, de no ser tratadas a tiempo,
se transforman en cáncer. Hasta ahora, el principal
método de diagnóstico es el Papanicolau, un examen
que permite detectar a través del microscopio las
células que han sufrido transformaciones
anormales.

*Mortalidad materna

La mortalidad materna afecta mayormente a las mujeres
pobres que viven en áreas rurales o en condiciones de
marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones
indígenas o son adolescentes cuyos embarazos no han sido
planificados. La mortalidad materna, así como la
morbilidad asociada a sus factores determinantes, constituye un
grave problema de salud pública que revela algunas de las
más profundas desigualdades en las condiciones de vida de
las mujeres; asimismo, es un reflejo del estado de salud de las
mujeres en edad reproductiva, así como de su acceso a los
servicios de salud y de la calidad de la atención que
reciben, incluida la disponibilidad de métodos de
anticoncepción. Este problema conlleva defunciones y
daños a la salud totalmente evitables mediante un adecuado
control y atención. En particular, el aborto inducido y en
condiciones sépticas, sea de manera directa o a
raíz de sus complicaciones, es el factor responsable de
más de una quinta parte de las muertes maternas que
ocurren en América Latina y el Caribe.

*Mujeres con VIH/SIDA

Las mujeres y las muchachas suelen carecer de poder para
abstenerse de tener relaciones sexuales o insistir en el uso del
preservativo. En algunas culturas, incluso es probable que las
muchachas y las mujeres jóvenes se vean coaccionadas a
tener relaciones sexuales. La falta de equidad de género
se refleja en el proceso de transmisión de la
infección. En este contexto, la mayor vulnerabilidad de
las mujeres está determinada por una cultura que limita su
acceso a bienes y servicios y les impide tomar decisiones
sexuales y reproductivas autónomas e informadas. Las
mujeres son particularmente vulnerables al VIH. De hecho, se ven
afectadas por la mitad de las infecciones que se producen en el
mundo. Esta vulnerabilidad se debe fundamentalmente a los
conocimientos deficientes sobre el SIDA, al acceso insuficiente a
los servicios de prevención del VIH, a la incapacidad de
negociar relaciones sexuales más seguras y la falta de
métodos de prevención del VIH controlados por las
mujeres.

• F) VIOLENCIA DE GÉNERO

Haremos una mención especial al tema de la
tipificación del FEMICIDIO O FEMINICIDIO

EN LAS LEGISLACIONES DE AMÉRICA
LATINA.-

La tipificación del femicidio, que en algunos
países se conoce como feminicidio, no existe en todos los
países de la región.

En Costa Rica (2007) y Chile (2010) se ha tipificado
como femicidio la muerte violenta de una mujer perpetrada por el
cónyuge, en el marco de uniones de hecho, declaradas o no,
por las parejas o exparejas. En el Perú se
tipificó el feminicidio en 2011, definido como la muerte
de una mujer provocada por su ascendiente, descendiente, natural
o adoptivo, o quien es o haya sido su cónyuge, su
conviviente, o una persona con quien esté sosteniendo o
haya sostenido una relación análoga. En Guatemala
(2008) y Nicaragua (2012), la ley se refiere a todos los casos de
muerte violenta de mujeres en el marco de relaciones desiguales
de poder, entre las cuales se inscriben el matrimonio y la
convivencia. La violencia feminicida está penalizada en la
legislación de México desde 2007 y de El Salvador
desde 2010, y se entiende como la forma extrema de violencia de
género contra las mujeres, producto de la violación
de sus derechos humanos, en los ámbitos público y
privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden
culminar en femicidio (El Salvador), homicidio (México) y
otras formas de muerte violenta de mujeres. Ambas legislaciones
poseen una amplitud similar a la legislación guatemalteca.
En las leyes de la Argentina (2012) y Colombia (2008) no se
utiliza la palabra femicidio ni feminicidio, pero sancionan
diferenciadamente y de manera agravada los homicidios de mujeres
por razones de género.

**Las manifestaciones de violencia física,
psicológica y sexual contra las mujeres por parte de su
cónyuge o pareja muestran una alta prevalencia en
América Latina. La mayoría de estas agresiones no
se refleja en las estadísticas, ya que las mujeres que las
denuncian o recurren a los servicios disponibles para su
atención constituyen un porcentaje menor. Por lo tanto,
las estadísticas basadas en registros administrativos
provenientes de la policía, las instancias judiciales, los
sistemas de salud y las organizaciones no gubernamentales, entre
otros, podrían captar solo una parte de la
población femenina agredida, desconociéndose la
estadística real actual.

*El maltrato físico contra las
mujeres

Los datos estadísticos disponibles sobre la
violencia contra las mujeres resultan reveladores: en un alto
porcentaje son agredidas por sus esposos o compañeros. La
violencia física se define como el uso intencional de
fuerza física con la posibilidad de causar muerte,
incapacidad o daño. Incluye, pero no se limita a ello,
rasguños, empujones, mordiscos, lanzamiento de objetos,
jalones de pelo, bofetadas, golpes, quemaduras, uso de armas de
fuego o cortopunzantes, o uso del propio cuerpo contra el
otro.

En seis países de la región, el porcentaje
de mujeres de 15 a 49 años de edad que sufren o han
sufrido alguna vez violencia física por parte de una
pareja oscila entre un 52,2%, registrado en Bolivia, y un 18%, en
Haití. Por una parte, se constata una gran prevalencia de
violencia en todos los niveles educativos; sin embargo, tiende a
disminuir a medida que aumentan los años de estudio de la
víctima, como lo demuestran, en general, las tasas de
violencia física contra las mujeres con
educación

*El abuso sexual contra las
mujeres

La violencia y el abuso sexual ocurren tanto en el
ámbito público como en el privado. Muchas mujeres
son violentadas sexualmente por sus cónyuges o parejas.
Por abuso sexual se entiende cualquier acto en el que una
persona

en una relación de poder usa fuerza,
coerción o intimidación psicológica para
forzar a otra persona a realizar actos sexuales contra su
voluntad, o a participar en relaciones sexuales no deseadas. Las
cifras sobre la prevalencia de la violencia sexual en los cinco
países con información disponible muestran que en
cuatro de ellos entre un 10% y un 17% de las mujeres en el tramo
de edad de 15 a 49 años han sufrido este tipo de abuso. En
el caso de República Dominicana, la
proporción es menor, de un 6%; no obstante, por su
gravedad y los efectos que estas agresiones causan en sus
víctimas tales niveles pueden considerarse altamente
significativos. Entre las consecuencias que sufren las
víctimas, se cuentan manifestaciones tales como
depresión, stress postraumático, ansiedad,
disfunción sexual, desórdenes alimentarios, baja
autoestima, abuso de sustancias, lesiones, enfermedad
pélvica inflamatoria, discapacidad, problemas
ginecológicos y embarazo no deseados, entre otras, que
incluso pueden llegar al suicidio.

• G) PARTICIPACIÓN
  POLÍTICA

En algunos países de la región ya se han
adoptado medidas de acción positiva combinadas con
sistemas electorales proporcionales, conocidas como leyes de
cuotas. Este tipo de leyes rige en los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México,
Panamá, Paraguay, Perú y República
Dominicana, mientras que en República Bolivariana de
Venezuela, las cuotas fueron derogadas tras una corta
vigencia.

En efecto, si bien ya en 1929 las mujeres
ecuatorianas conquistaron su derecho a voto, América
Latina tuvo que esperar 61 años para ver a la primera
mujer presidenta elegida en votación popular en la
región, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua
(1990). En el Caribe, las primeras señales aparecieron
con Lucinda da Costa Gómez-Matheeuws, que fue elegida
Primera Ministra de las Antillas Neerlandesas en 1977. En Guyana,
pasaron más de 40 años desde la aprobación
del voto femenino en 1953 hasta que Janet Rosenberg Jagan
llegó a la presidencia en 1997. Portia Simpson-Miller
logró ocupar el cargo de Primera Ministra de Jamaica 62
años después de que las jamaiquinas pudieron
participar en los comicios

electorales.

En América Latina, cuatro mujeres han sido
elegidas por voto popular como presidentas desde 2000. En
el Brasil, por ejemplo, pasaron 78 años desde que las
mujeres ejercieron su derecho a voto por primera vez hasta que
una mujer resultó electa para el cargo de máximo
poder en el país. En la Argentina y Costa Rica, la
distancia entre el derecho a voto y la primera mujer presidenta
fue de 60 años, mientras que en Chile pasaron 57
años.

Actualmente, las comunidades políticas y sus
liderazgos valoran positivamente la participación de
mujeres y los cambios que introducen al ejercer los más
altos cargos públicos. Así, el crecimiento
económico de América Latina coexisten con poderes
ejecutivos en que hay mujeres investidas con los más altos
cargos, a los que han accedido por la vía
electoral.

*Las leyes de cuotas y la presencia de
las mujeres en la política

Mediante las leyes de cuotas o acciones positivas, que
consisten en fijar un porcentaje mínimo de
representación femenina en los puestos de gobierno o en
los partidos políticos, se trata de contrarrestar los
obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos
con poder de decisión.

Si bien la implementación de leyes de cuotas es
aún escasa en la región, se puede apreciar que los
países que las han instaurado tienden también a
mostrar un mayor porcentaje de mujeres diputadas y senadoras. El
único país que hasta el momento supera o iguala la
cuota establecida en un 30% de representación femenina es
Argentina .

*Mujeres en el parlamento

Las mujeres están todavía ausentes de las
estructuras con poderes de decisión. Por lo tanto, gran
parte de las resoluciones que atañen a la promoción
de la mujer y la equidad de género continúan en
manos de varones. El promedio para los países de la
región indica que en la actualidad solo el 16% de los
escaños parlamentarios están ocupados por mujeres.
Si bien se han apreciado significativos progresos con respecto a
la situación reinante en 1990, aún falta mucho por
avanzar para alcanzar la paridad, como lo demuestra el hecho de
que al proyectar este indicador sobre la base del ritmo de
crecimiento histórico entre los años 1990 y 2005,
se infiere, por ejemplo, que la región llegaría a
un tercio de representación femenina recién en el
año 2035.

LAS PARLAMENTARIAS.-

En la historia de las instituciones parlamentarias de
América Latina y el Caribe, la primera vez que una mujer
fue nombrada presidenta de un parlamento en la región fue
en el Uruguay en 1963 y la última fue casi cincuenta
años más tarde en Barbados, en 2012. Estos datos
muestran la diversidad de situaciones que se aprecian en la
región y cuán reciente es la llegada de las mujeres
al máximo nivel del poder legislativo en algunos
países. En la mayoría de ellos, el nombramiento de
una mujer como presidenta del parlamento ocurrió en la
década de 1990. En la actualidad hay instituciones
parlamentarias en 190 países del mundo y solo 39 mujeres
ejercen la presidencia de alguna de ellas.

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.-

En lo que respecta a los gobiernos locales, la
participación de las mujeres en el nivel ejecutivo local
se mantiene baja. Entre 2009 y 2011, el promedio regional
mostró un leve aumento del 8,4% al 10,2%, que se explica
por el aumento de alcaldesas electas en las últimas
elecciones municipales realizadas en la Argentina, Bolivia
(Estado Plurinacional de), Costa Rica, el Ecuador, México,
el Paraguay y el Perú.

LAS MINISTRAS.-

La agenda sobre paridad ha tenido un impacto
heterogéneo en la composición de los gabinetes
ministeriales en los países de América Latina y el
Caribe. Dependiente de la decisión presidencial, el
nombramiento de ministras no se ha consolidado como una
práctica común y, desde 2006 en adelante, la
presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales no se ha
mantenido constante, sino que ha descendido como promedio
regional desde un 26% ese año hasta un 18% en
2011.

• H) EL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA
  LATINA Y SU CUOTA DE EQUIDAD DE GÉNERO

En América Latina el poder judicial es
también un ámbito predominantemente masculino. A
pesar de ello, en la última década la
participación de las mujeres en los máximos
tribunales de justicia ha aumentado en forma considerable,
desde un promedio del 10% en 2001 hasta el 22,6% en
2011.

En la mitad de los países de América
Latina la presencia de mujeres en el máximo tribunal de
justicia supera el promedio regional del 23%. Este es el caso de
Chile (25%), Cuba (27%), la República Dominicana (27%),
Nicaragua (29%) y, con porcentajes aun más destacados, El
Salvador (33%), Costa Rica (35%), Puerto Rico (43%) y Venezuela
(República Bolivariana de), que desde 2011 se acerca a la
paridad, gracias a la designación de un 44% de mujeres en
los cargos de juezas del Tribunal Supremo de Justicia. En
Colombia, la presencia de juezas llega al 30%, porcentaje cercano
a la cuota del 32% que rige a partir de 2010 para los cargos de
mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público.

REFLEXIONES FINALES A NIVEL
LATINOAMERICANO.-

Las desigualdades existentes en la región no son
aceptables y no se condicen con las condiciones materiales
alcanzadas. Tampoco tienen justificación la mortalidad
materna, el embarazo en adolescentes, el empleo precario o la
desmesurada concentración del trabajo doméstico no
remunerado en manos de las mujeres, y mucho menos la violencia de
género. Como se ha expresado en los diferentes
indicadores, que son a su vez reflejo de los problemas que se
desarrollan en torno a la Equidad de Género, la
desigualdad, la falta de autonomía, la injusticia, la mala
distribución del poder, de los recursos y en especial los
ingresos, y la desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y
mujeres, así como del desconocimiento de los derechos de
las mujeres a participar en todos los espacios de toma de
decisiones; son las principales causas de no lograr la
equiparidad de géneros.

La participación laboral de las mujeres durante
los últimos 50 años ha sido destacada como un
factor decisivo en el desarrollo. Ha influido en el descenso de
la fecundidad, lo que a su vez ha facilitado su acceso al mercado
laboral. La educación también ha sido un factor de
empoderamiento y de superación de la pobreza. Sin embargo,
aún son muchas las mujeres pobres, e incluso las educadas
siguen obteniendo menores ingresos que sus pares hombres. El
aumento de la participación política de las mujeres
ha cambiado el paisaje democrático, pero quienes llegan a
los niveles más altos de representación aún
deben enfrentar techos de cristal o barreras culturales y
financieras que les impiden ejercer su ciudadanía
política con más independencia y recursos. Pero sin
duda es lo que varias autoras han denominado la pobreza de tiempo
lo que ha puesto en evidencia la necesidad de que las
políticas públicas intervengan activamente en la
solución de problemas antiguamente considerados privados,
como el cuidado y reproducción de la familia, que sigue
siendo uno de los principales obstáculos para la igualdad
real.

Estos indicadores mostrados, profundizan de alguna forma
la mirada respecto de la situación de las mujeres de la
región y se evidencia el efecto de las desigualdades de
género en la pobreza, la incidencia de la pobreza
según el sexo de las personas y el acceso desiguala los
recursos monetarios, productivos y políticos. Este
desarrollo comparativo en cifras, se fundamenta en la necesidad
de medir y cuantificar las disparidades de género en
distintas áreas y va en línea con el cumplimiento
de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; ofreciendo así un ejemplo
nítido de los esfuerzos realizados, pero principalmente de
los desafíos pendientes.

Recomendaciones

1.- Lo que debemos hacer es ofrecer oportunidades para
que las mujeres y también los hombres puedan escoger con
libertad lo que deseen. Así la mujer integrará su
vida como mujer, madre, esposa y su vida profesional en paz y sin
presiones sociales y que terminan dañando a la
mujer.

2.- Lo que debemos hacer es promover y ayudar a las
mujeres a escoger con libertad la vida que quieren vivir,
valorando para ellas y para la sociedad tanto su trabajo
profesional como la vida matrimonial, el cuidado de los hijos,
etc., cada uno en su justa medida, como se debe hacer
también con los varones, de forma que también ellos
tomen su responsabilidad en el hogar.

3.- No descuidar al valorar que lo único que
realiza a los hombres y a las mujeres es el trabajo profesional,
se logra sacar del hogar a los padres dejando a los niños
desprotegidos. 4.- Uno de cada tres niños en Europa
nace fuera del matrimonio y en Inglaterra uno de cada cuatro
niños crece sin un padre. Hay ya muchos estudios que
demuestran que los niños se desarrollan más y
mejor, con más estabilidad emocional cuando disponen de
una cierta presencia de los padres en el hogar.

5.- No se beneficia la sociedad porque se daña el
concepto de familia, de matrimonio, se promueve el descuido de
los hijos, etc. Por ejemplo, en España hubo en el 2006
unos 210.132 matrimonios y 145.919 matrimonios rotos -entre
divorcios, separaciones y matrimonios declarados nulos.6.- La
situación social actual -ambos padres trabajando en
horarios que no prestan atención a la familia o a los
hijos- ha creado la necesidad de recurrir a sustitutos para
cuidar de los infantes.

7.- Es un hecho comprobado que la desatención de
los padres de familia suele crear en los hijos personalidades
débiles, incapaces de pensamiento crítico, sujetos
siempre a la moda imperante y con temor de enfrentar el status
quo, y reducidas a una máquina de consumo. Esto sin duda
es algo cómodo para algunos grupos que quieren adquirir y
mantener el poder político por generaciones y sería
ya suficientemente malo de por sí, pero además, es
el preludio para manipulaciones.

8.-Las facultades de derecho tienen que estructurar
programas permanentes que contengan la parte teórica, la
interpretación de la ley y el análisis de la
jurisprudencia. Toda persona que va a ocupar un puesto, dentro de
la carrera judicial, debe estar capacitada para aplicar la ley
con respeto a la igualdad de los derechos. Esto incide en la
calidad de la justicia que se impartirá. Es fundamental
dirigir la capacitación a quienes ocupan los puestos En
nuestro medio, el organismo que se ocupa de la situación y
status de la mujer y su desarrollo, es el Despacho
Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, encargado de promover, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las normas, políticas, planes,
programas y proyectos en el campo de Los derechos de las mujeres
y contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, es decir equidad de género, en especial de
aquellas en situación de pobreza, pobreza extrema,
discriminación, violencia, inequidad y exclusión
social; mantiene relaciones funcionales con las demás
unidades orgánicas del MIMDES, incluyendo sus Programas
Nacionales, Organismos Públicos Descentralizados del
Sector y con otras entidades de la administración
pública, en los ámbitos nacional, regional local, y
entidades privadas vinculadas a su competencia.

9.- Es necesario el empoderamiento de las mujeres tanto
en términos individuales como colectivos para lograr
institucionalizar el género en la corriente principal del
desarrollo.

10.- Los objetivos del PLANIG, se irán
concretando paulatinamente, por lo que sería pertinente
fijarse metas de corto, mediano y largo plazo para el logro de
dichos fines, teniendo en cuenta que la meta general de la
equidad de género requiere cambios profundos.

11.- Es preciso efectuar cambios en las normas, y una
redistribución del poder y los recursos.

12.- Sensibilizar frente a los aspectos de género
y capacitar al personal y la formación de equipos
especializados.

13.- Lo más conveniente, para lograr un avance
real en el empoderamiento de las mujeres sería combinar
programas específicos dedicados a las mujeres, con la
transversalización del enfoque de género. Este
escenario debería garantizar además las capacidades
técnicas y los recursos necesarios para su
implementación, así como un compromiso
político decidido.

14.- Vincular pobreza y violencia contra las mujeres es
un error que afecta en la percepción multidimensional del
problema e impide el diseño de políticas
públicas efectivas que contribuyan a erradicar esta lacra
social, que goza todavía con un alto grado de impunidad y
tolerancia social. Se conoce que existe un mayor porcentaje de
mujeres afectadas por violencia en el área urbana que
rural y, en lo referente a los quintiles de pobreza, las mujeres
del quintil inferior (más pobre) y superior (más
rico) serían las que menos violencia sufren, frente a las
situadas en los quintiles segundo, tercero y cuarto.

15.- Desde un punto de vista legal, se ha mejorado el
marco normativo referente a la conciliación entre la vida
familiar y laboral a través del derecho a la licencia por
paternidad, aunque se hace necesario una campaña de
difusión y sensibilización para que el reparto de
responsabilidades, tanto de la crianza de los hijos e hijas como
del cuidado del hogar y otros adultos dependientes, sea una
realidad compartida entre hombre y mujeres y permita a ambos un
desarrollo personal y profesional satisfactorio y
equitativo.

Conclusiones

1.- El género, esa simbolización cultural
construida a partir de la diferencia sexual, rige el origen
humano y se manifiesta en la vida social, política y
económica. Entender ¿qué es y cómo?
opera el género nos ayuda a vislumbrar como el orden
cultural produce percepciones específicas sobre las
mujeres y los hombres, percepciones que se erigen en
prescripciones sociales con las cuales se intenta normar la
convivencia. La normatividad social encasilla a las personas y
las suele poner en contradicción con sus deseos, y a veces
incluso con sus talentos y potencialidades. En ese sentido el
género es, al mismo tiempo, un filtro a través del
cual miramos e interpretamos al mundo, y una armadura, que
constriñe nuestros deseos y fija límites al
desarrollo de nuestras vidas.Entonces, el género es el
conjunto de características sociales, culturales,
políticas, psicológicas, jurídicas,
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada
de acuerdo al sexo. El género está estrechamente
vinculado tan al factor cultural como al social; este
último está referido a los aspectos
socioeconómicos que participan en los procesos de
producción y reproducción de género, tales
como las diferencias salariales, que las mujeres sean las
máximas responsables de las tareas domésticas, las
más ¨machacadas¨, desigual distribución de
los roles domésticos, desigual o diferente
representación en los espacios de toma de decisión;
el primero comprende todo el simbolismo relacionado con el ser
mujer o ser hombre, presente en cada cultura y época
histórica.

2.- Equidad de género es la justicia en el
tratamiento de varones y mujeres de acuerdo a sus respectivas
necesidades. Implica el tratamiento diferencial para corregir
desigualdades de origen a través de medidas no
necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en
términos de derechos, obligaciones, beneficios y
oportunidades. La equidad de género es un concepto que se
refiere a la distribución justa entre varones y mujeres de
las oportunidades, recursos y beneficios, para alcanzar su pleno
desarrollo y la vigencia de sus derechos humanos. La equidad de
género supone el reconocimiento de las diferencias, y la
garantía de la igualdad en el ejercicio de los
derechos.

3.- Igualdad de género es la igual
valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones
y necesidades de los hombres y las mujeres. En una
situación de igualdad real, los derechos,
responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no
dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen
las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos
y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal,
contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus
resultados.

4.- Para lograr la igualdad de género será
necesario adoptar medidas específicas, diseñadas
para eliminar las desigualdades y situaciones de
discriminación que existan, como son:

. El empoderamiento de la mujer es esencial para lograr
la igualdad de género.