El Palacio de Justicia entre la retórica y la historia (página 3)

El presidente Betancur asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido y por la decisión de asaltar sin negociaciones. Algunos estiman que es así y que ese será el baldón de su carrera política. Los más y acaso los más imparciales, aprecian que en este caso los militares no le pidieron a Betancur ni órdenes, ni consejo, ni la hora. El presidente careció de tiempo para reunir un Consejo de Ministros y evaluar la situación: cuando quiso hacerlo el Palacio ya había empezado a arder.

Y así ahora, frente al Congreso colombiano, junto a la catedral y el Ayuntamiento bogotanos, como un símbolo de la complicada solución al guerrillerismo, del malestar castrense y del fracaso relativo y parcial de una de las políticas de paz con movimientos insurgentes más imaginativas del mundo -la de Betancur- se yergue, el esqueleto de un Palacio de Justicia que ya solo recuerda la muerte y la barbarie"[53].

La posición del periódico español El País fue independiente a los poderes ante los cuales se rinde la prensa colombiana, la posición del Tiempo, del Espectador, del Siglo, de La Patria fue la de absolución del Estado, de asumir a los militares como héroes, de cerrar filas en torno a echarle la culpa de todas las anomalías y muertes a la insurgencia pese a que allí mismo recibió ante los ojos del mundo la pena de muerte por los agentes del Estado colombiano. Se creó la tesis de la financiación del narcotráfico y se expuso como único móvil de la toma, buscar la caída definitiva del Tratado de Extradición con los Estados Unidos.

Además no hubo quien mediara para defender el derecho a la vida de los civiles, no lo hizo la Iglesia Católica, ni la comunidad académica, ni la organización sindical, ni la sociedad civil, -además los civiles no contaban con una organización que los representara a excepción del poder legislativo, expresión del constituyente primario, cuyos miembros guardaron prudente y cómplice silencio-. Los medios de comunicación no tuvieron que ser censurados por vías de hecho policivas, no hubo necesidad, complacientes con los poderes industriales y políticos se autocensuraron.

Hubo sólo un intento de manifestación el 7 de Noviembre de 1985 en el Parque Santander por miembros de la rama judicial, concentración disminuida en su convocatoria y confluencia, que fue dispersada a la fuerza por la policía y el ejército que patrullaba la ciudad. En Bogotá puesta en marcha la Operación Tricolor imperaba un Ley marcial implícita. Todo el horror causado en el Palacio de Justicia, lo que se ha llamado un holocausto, sucedió ante unos espectadores de piedra que impávidos vieron sin mirar, y oyeron sin escuchar, así fueron testigos sin voz ni memoria de los luctuosos e inhumanos hechos que sucedieron en Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Sentencia al Coronel Alfonso Plazas Vega

En el texto de la sentencia condenatoria al Coronel Alfonso Plazas Vega se puede leer una sinopsis clara de los acontecimientos que durante los últimos 28 años y medio han sido materia de investigación y de análisis pero sobre los cuales la mayor parte del pueblo colombiano ha asumido una total indiferencia. Incluso en la fecha de los hechos mismos hubo indolencia, abandono, silencio cómplice, porque ante los ojos de Colombia y del mundo se hizo un despliegue de fuerza y de derroche de la misma sin precedentes en una operación militar que no fue para rescate de rehenes, lo que se hizo fue a toda costa conseguir matar a los guerrilleros que se habían atrevido a tanto. El 6 y 7 de Noviembre de 1985 hubo censura de prensa, se ordenó no volver a poner al aire al presidente de la Corte Dr. Alfonso Reyes Echandía, por eso los noticieros de televisión combinaron las notas sobre la tragedia en Bogotá con las notas acostumbradas de farándula sobre el reinado de belleza de Cartagena y se transmitió un partido de futbol a nivel nacional por orden de la Ministra de Comunicaciones Dra. Nohemí Sanín Posada.

A continuación un fragmento de esa síntesis legal sobre los hechos materia de instrucción y sentencia:

Por último, Irma Franco Pineda, militante del grupo guerrillero M-19.

La acción subversiva se llevó a cabo de conformidad con el plan táctico elaborado previamente por el M-19, de acuerdo con el cual se trazaron dos objetivos a desarrollar tácticamente en dos órdenes combativos. En el asalto los insurgentes se dispersarían en dos pelotones; el primero, atacaría y controlaría el sótano; el segundo, irrumpiría el tercero y cuarto piso, Comenzó el 6 de noviembre, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, merced a la insuficiente vigilancia provista en la entrada del Palacio de Justicia, cuando un grupo de siete guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) ingresó a la edificación, armados y vestidos de civil; liderado por Alfonso Jackin e integrado, entre otros, por lrma Franco Pineda; quienes asumieron las siguientes posiciones: dos en la secretaría del, Consejo de Estado, dos en la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dos en la cafetería y una mujer en el tercer piso, Jackin, desde la Sección Tercera, se comunicó telefónicamente con Luís Otero, quien se encontraba en una residencia ubicada en la calle 6a Sur No, 8 – 42, barrio Calvo Sur, junto con 27 guerrilleros más, para expresarle la posibilidad de ingreso, ante la ausencia de miembros de la policial en la guardia del Palacio, por lo que se dirigieron al objetivo en tres vehículos para entrar por el sótano.

Momentos después de la iniciación de la toma el Jefe de Estado Mayor de la Décimo Tercera Brigada, el Coronel Luis Carlos Sadovnik Sánchez (q,e,p,d), activó el Plan de Defensa Nacional "Tricolor 83" y el Centro de Operaciones de la Brigada -COB-.

Entonces, se llevó a cabo un operativo táctico y de inteligencia, dirigido y coordinado por el Ejército Nacional encaminado a la recuperación del Palacio de Justicia y a la liberación de rehenes; en el que participaron: la Policía Nacional (Grupo de Operaciones Especiales GOES y Curso de Operaciones Especiales COPES), el Ejército Nacional (División Quinta -Brigada 13-, Vigésima Brigada y las agregaciones de la BR-1l y BR-7), Y el Departamento Administrativo de Seguridad, en adelante DAS.

La Décimo Tercera Brigada del Ejército, dirigió la acción militar por su Comandante, el señor General retirado Jesús Armando Arias Cabrales, gracias a la activación del Plan de Defensa Nacional "Tricolor 83", Acción militar en la que intervinieron: su Estado Mayor, es decir, el Jefe de Estado Mayor de la Brigada o B-5 a cargo del Coronel LUIS Carlos Sadovnik Sánchez y las divisiones: B1, B2 cuyo comandante era el Coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, B3 y B4; y las unidades tácticas que la integraban: batallones escuelas de: Artillería, Infantería, Logística, Comunicaciones, Ingenieros, Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá" grupo de Caballería Mecanizado No. 13 "Rincón Quiñónez" GMERI y Caballería, comandada por el TC retirado Luis Alfonso Plazas Vega; los batallones: de Policía Militar No. 1 "Tomás Cipriano de Mosguera", de Servicios No. 13, Guardia Presidencial; los orgánicos de las agregaciones temporales de la escuela de suboficiales de la Décima Brigada (BR-10), del Batallón de servicios de la Séptima Brigada (BR-7), y del Batallón de Servicios No. 1 de la Primera Brigada (BR-1); otros de la Vigésima Brigada, Escuela de Inteligencia y Contra Inteligencia "Brigadier General Charry Solano"; el DAS y la Policía Nacional con unidades del F-2, el COPES y el GOES.

La retoma, como es conocida la acción táctica y de inteligencia de combate de recuperación del Palacio de Justicia, desplegada por la Fuerza Pública, comenzó con la reacción de algunos miembros del Batallón Guardia Presidencial, ubicado en un sector aledaño al escenario del acontecer; seguidamente, hicieron presencia el Comandante de la Décima Tercera Brigada, General Jesús Armando Arias Cabrales y los de la unidades tácticas Escuelas Batallón de Artillería y Caballería, entre otros, también la Policía Nacional (COPES y GOES). A continuación, el Ejército estableció el puesto de mando avanzado en la Casa Museo del Forero situada en la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar, contigua al Palacio de Justicia.

Dado que, de conformidad con el Plan Tricolor era fundamental controlar la salida de rehenes del Palacio para evitar que los subversivos eludieran el cerco militar, paralela a la misión táctica, coordinada por la Décima Tercera Brigada se adelantó una operación de inteligencia de combate orientada a la identificación del grupo subversivo asaltante, los integrantes que incursionaron en la toma, los colaboradores de esos, entre otros aspectos; acorde con lo establecido en el Manual de Inteligencia de Combate, en adelante MIC y en el Plan de Operaciones de Inteligencia No. 002 contra el autodenominado M-19 de 1980, el segundo de ellos, documento secreto de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional para contrarrestar el citado grupo subversivo; donde se , expresa, entre otras cosas, las tareas de inteligencia a realizar por las Unidades Tácticas adscritas a la BR-13, en coordinación con el B-2.

Por lo anterior, los rehenes liberados fueron identificados, interrogados, enlistados y clasificados así: personal ajeno a la incursión subversiva, los participantes en el asalto y posibles colaboradores del M-19 desde el interior del Palacio de Justicia; éstos dos últimos denominados sospechosos o especiales "(S)" porque: no eran identificados plenamente, ofrecían explicaciones no creíbles para el Ejército sobre su presencia en el Palacio, eran oriundos de alguna región del país con presencia del M-19, eran estudiantes, ora porque sabían de su condición de guerrilleros integrantes del M-19, dada la visible participación en el asalto. Procedimiento que comenzaba desde el interior del Palacio de Justicia y culminaba en el puesto de mando establecido en la Casa Museo del Florero.

De esta manera, miembros de las fuerzas armadas rescataron del Palacio de Justicia más de doscientas personas que se encontraban al momento de la cruenta toma, y que, acorde con el plan de la operación de recuperación y rescate fueron, casi en su totalidad, trasladadas a la Casa Museo del Florero, y tras ser identificadas puestas en libertad. Con todo, de ese cúmulo de personas rescatadas, de once de ellas no se ha vuelto a saber sobre su paradero. Tales personas, son CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES, BERNARDO BELTRANHERNANDEZ, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, LUZ MARY PORTELA LEON, DAVID SUSPEZ CELIS, GLORIA STELLA LIZARAZO, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO, LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA y la guerrillera IRMA FRANCO>[54].

Múltiples versiones con un propósito desorientador (?)

La versión de una trampa tendida al M19 es mucho más que un rumor, porque a ella debe añadirse toda la parafernalia de información mediática y de evidencia comprobada en prueba legal, de que a los medios de comunicación, prensa escrita y radial se había filtrado que la fuerza pública a nivel de Inteligencia sí había conocido semanas antes de la toma del Palacio por el M19 el 6 de Noviembre de 1985, los propósitos criminales de tomarse la Corte. Se habló, se escribió, se comentó de un plan para tomarse el Palacio de Justicia, una maniobra que se venía planificando y de la cual se habían encontrado planos y demás indicios claros de que ese atentado se realizaría presumiblemente aprovechando las fechas por la cuales estuviera de visita en Bogotá el presidente de Francia Françoise Mitterrand para dar un golpe de opinión de talla internacional.

Haya sido coincidencia o no. El Presidente Mitterrand había protagonizado en febrero de 1985 un importante precedente para los extremistas de izquierda en todo el mundo y fue haberse negado a extraditar a Italia a los activistas asociados a las Brigadas Rojas que se habían refugiado en Francia, probablemente el M19 tenía conocimiento de éste hecho y de la llamada Doctrina Mitterrand, por lo tanto era un punto a favor para presionar internacionalmente un desenlace político en una eventual toma y evitar que triunfara la vía militarista, como realmente sucedió. Pero a todo ello se sumó el hecho más notable de todos y es que pese a las amenazas constantes, unos pocos días antes, hay versiones encontradas sobre la fecha precisa, desde el lunes 4 de Noviembre de 1985, probablemente empezando semana, se retiró la vigilancia del Palacio a cargo de la Policía Nacional, por eso la mañana del miércoles 6 de Noviembre de 1985 el lugar estaba desprotegido por una supuesta orden, nunca dada como se ha probado, por el inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Alfonso Reyes Echandía.

La sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en aquella época era una de las entidades públicas más amenazadas y sus miembros objeto de injurias y constreñimiento ilegal, de mensajes de muerte para ellos y sus allegados. Los magistrados y sus familias se habían convertido en un blanco para todos los amigos de la guerra en Colombia. Inexplicablemente el 6 de Noviembre de 1985 El Palacio de Justicia estaba sin protección en una época en que las amenazas del narcotráfico contra los magistrados que estudiaban la exiquibilidad de la extradición los tenía bajo la mira de los asesinos y a ello se suma los rumores de una toma armada por el M19.

Y a esas amenazas constantes deben sumarse las que habían recibido varios magistrados que tenían los casos de demanda contra el Estado por violación de los Derechos Humanos y demás delitos de lesa humanidad perpetrados por miembros orgánicos de la Fuerza Pública entre los que había varios expedientes a nombre y en contra del entonces Ministro de defensa General Miguel Vega Uribe formado militar e ideológicamente en la teoría de la seguridad nacional de West Point, la escuela de las Américas y el Plan Cóndor contrainsurgente, que dio vida a las dictaduras militares de Videla y Pinochet lo que llevó a una guerra sucia para erradicar a muerte el peligro socialista y subversivo, en consecuencia se dio un verdadero genocidio en Argentina y Chile, respectivamente.

El despeje de la vigilancia requerida del Palacio de Justicia sin nada que lo justifique ha dado pie a fortalecer la hipótesis de la "ratonera", de que la toma se permitió para poder masacrar a los insurgentes pero que a lo largo de los años ha ido teniendo más elementos que la complejizan, como haberla propiciado para asestar bajas considerables a la cúpula del M19 porque se pudo haber pensado que a una acción tan temeraria y espectacular acudirían los miembros más destacados de esa organización criminal lo que iría acompañado de desarrollar un despliegue táctico de inteligencia de combate para obligar a los guerrilleros bajo tortura a delatar a sus cómplices. Por otra parte era también una oportunidad para deshacerse de todos esos magistrados que se consideraban "mamertos" y enemigos de la Fuerza Pública. Lo cierto del caso es que todo aconteció de tal manera que los realmente beneficiados con el Holocausto del Palacio de Justicia fue la cúpula militar que era acusada de violación a los Derechos Humanos y no los narcotraficantes ya que los expedientes originales para tramitar las extradiciones solicitadas estaban en Cortes de Estados Unidos y había copias en la sede de la Embajada de ese país en Bogotá. Sin embargo no debe soslayarse el peso que tuvo éste demencial hecho y la violencia desatada después, para que pasados unos pocos años la Asamblea Nacional Constituyente aprobara abrumadoramente abolir la extradición, 51 votos para derogarla y 13 a favor de mantenerla. Hubo entre los miembros de la Constituyente ex-militantes del M19 teniendo como cabeza de lista por la Alianza Democrática M19 al Dr. Antonio Navarro Wolf. Lo cierto del caso se logró prohibir la extradición de colombianos por mandato Constitucional en 1991, lo que se ha llamado por algunos un triunfo político y jurídico de las mafias del crimen organizado que lograron penetrar con dádivas y amenazas a los Constituyentes.

2.12.1 El incendio que devoró el Palacio

El fuego que consumió la sede principal de la Rama Judicial le puso nombre a ésta tragedia colombiana, el Holocausto del Palacio de Justicia. Hubo varios incendios, además hay versiones encontradas como la que señala una cronología de los incendios por parte de la investigación realizada por la denominada Comisión de la verdad que sitúa tres incendios en éste orden; sótano, primer piso, cuarto piso. (Ver material audiovisual adjunto). Como haya sido respecto a los múltiples incendios, hubo un incendio que fue definitivo, el de la noche del 6 de Noviembre de 1985, un incendio que no se desata en esa magnitud por la simple combustión de papel de archivo, muebles y cortinas.

Por las múltiples versiones del móvil de la toma del M19 y retoma de la Fuerza Pública se ha tenido la duda de quien realmente inició el incendio, si fue imprecisión en el manejo del material de guerra por los militares o sí lo hicieron de forma intencional ellos o los guerrilleros. Lo cierto del caso es que materialmente los guerrilleros que aún estaban vivos a las 8:00 pm del 6 de Noviembre de 1985, reducidos a contener sin poder atacar, sin maniobrabilidad, rodeados por escuadrones de acción letal y expertos francotiradores contraguerrilla, que usaban miras infrarrojas, en una penumbra sólo rasgada por el fuego y los disparos de todo tipo de proyectiles, estallidos de granadas, y demás material explosivo usado por el ejército, como C-4, no pudieron iniciar el incendio desde el primer piso o haber desarrollado un fuego envolvente desde el cuarto o tercer piso hacia abajo en la magnitud que se desarrolló.

Según versiones de algunos testigos las explosiones seguidas de un color naranja abrasador parecen aludir según expertos peritos citados en las investigaciones a que el ejército usó bombas incendiarias las cuales una vez accionadas desarrollaron una conflagración que no es posible controlar ni apagar porque estos artefactos han sido diseñados y construidos con el fin de arrasar con llamas todo lo que esté a su alcance lo cual explicaría además porqué hubo alguna clase de combustible para que muchos de los cuerpos, los muebles y la estructura del edificio se consumiera bajo las llamas e incluso hubiera cuerpos que literalmente se fundieron a la placa de concreto como muestra Manuel Vicente Peña en una fotografía[55]y que plantea que el calor en el interior de esa edificación fue infernal dado que hubo material que tuvo transformaciones físicas que plantean temperaturas de fundición a más de 3000 grados centígrados.

Foto No. 19 El palacio en llamas en la noche del 6 de Noviembre de 1985, esquina suroriental

Fuente:

http://www.semana.com/on-line/articulo/tras-huellas-desaparecido-del-palacio-justicia/80591-3

La hipótesis de un oportunismo por parte de la fuerza Pública de propiciar el incendio es muy fuerte y está basada en evidencia indirecta ya que el incendio se sabe se propagó desde el primer piso a eso de las 8:00 pm el 6 de Noviembre, en momentos que ya estaba bajo control esa zona del edificio por parte de la Fuerza Pública, lo cual se había logrado desde que penetraron al Palacio con vehículos blindados a la 1:30 pm de ese mismo día, 7 horas antes aproximadamente.

El presunto móvil de los militares para causar el incendio fue destruir los aproximadamente 1800 expedientes que los comprometían por violación a los Derechos Humanos desde la administración del presidente Julio César Turbay Ayala, procesos que se habían acumulado a partir las denuncias e investigaciones por torturas y ejecuciones extrajudiciales, en el desarrollo del Estatuto de Seguridad influenciado por el Plan Cóndor Suramericano y la doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Tácticamente un incendio causado posiblemente por lo militares pudo motivarse en tratar de obligar a los guerrilleros a soltar sus rehenes y salir para intentar salvar la vida ante una conflagración de un carácter apocalíptico pero que no correspondía a un Holocausto en el sentido religioso del Judaísmo, o como ofrenda pagana a los dioses, sino a una operación de extermino, de arrasamiento, a una shoah, a una catástrofe causada por el ser humano, a una solución final de apurar y acabar con todo.

Sin embargo etimológicamente holocausto significa quemarlo todo y parece que lo primero que se quemó fue la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, incluso los condenados visibles no han sido otra cosa que los chivos expiatorios del establecimiento, los otros responsables y los de más alta jerarquía empezando por el Presidente de la República Dr. Belisario Betancur y Ministros como el Dr. Jaime Castro quedaron en la total impunidad, se han burlado de la justicia y de las victimas e incluso han movido sus poderosos tentáculos para que la historia no se cuente más allá de pasar ese umbral de silencio que se impuso sobre los hechos del Palacio de Justicia y los crímenes de Estado que allí se cometieron por acción y omisión.

Por Enero de 2013 se esperaba por parte de los familiares de las victimas una respuesta en las investigaciones abiertas contra otros oficiales comprometidos en los hechos del Palacio de Justicia procesos que avanzan a un paso lento y dentro de testimonios y contra testimonios de testigos que se contradicen, desaparecen, se retractan, se mueren en condiciones extrañas, son amenazados ellos y sus familias.

A julio de 2013 se cierne un perdón y olvido para los miembros de la Fuerza Pública investigados y sentenciados por los hechos del Palacio de Justicia dentro del publicitado indulto ilimitado dentro del marco para la paz en la eventual cese de hostilidades con las FARC y el ELN a lo que el actual Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre Lynett ha sumado la idea dentro de lo que se denomina el marco jurídico para la paz, en ofrecer un indulto extendido a los militares comprometidos con los hechos del Palacio de Justicia, bajo el argumento que la paz requiere de un indulto que contemple incluso delitos que no tipifican dentro de la modalidad de políticos. Sino de lesa humanidad o de grave violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Lo que significaría que a los más de 20 años de impunidad finalmente el Estado decide no cumplir con las sentencias ya declaradas, lo cual resta legitimidad al Estado y genera un precedente para futuras violaciones de los Derechos Humanos [56]

2.12.2 Los errores en la guerra se pagan con la muerte

El M19 cometió un triple error, humanitario, político y militar y ese enorme desacierto se conjuró en una idea descabellada respecto a cómo opera el sistema legal y quienes ostentan las reales y efectivas fuerzas de poder en la sociedad colombiana, los empresarios de los medios; los comerciantes de Fenalco; los industriales agremiados en la ANDI; los terratenientes como los ganaderos; los banqueros; los caciques políticos; la cúpula militar, el alto clero, todos ellos junto a los expresidentes apoyaron en su momento la reacción armada del Estado.

Los guerrilleros pecaron de ignorantes y de ilusos frente a la pretensión de una invalidez absoluta, de hacerle un juicio al Presidente de Colombia, llevado acabo por jueces secuestrados. Como se dice coloquialmente "-dieron papaya-" porque crearon con la toma, una necesidad que se hizo imperiosa en el establecimiento civil y castrense, a la luz de los acontecimientos precedentes con el M19, crear un escarmiento. Un acto demencial como ese no podía ni debía prosperar y era necesario que nunca más nadie quisiera repetirlo. Porque ningún Estado ni ninguna sociedad podrían darse el lujo de vivir con una toma de rehenes, un secuestro de altos funcionarios, con paralización de entidades y afectación en las ramas del poder público, cada vez que un grupo insurgente o en desarrollo de una propuesta social por un grupo, él que sea, considere que esos son los medios idóneos y los únicos posibles para hacerse oír y obtener la respuesta que se busca.

El éxito de la demanda armada hubiera sido cambiar el Derecho por la fuerza y deslegitimar el Estado y permitir que no exista un orden institucional y en eso quienes dijeron que fueron a defender la democracia no estaban equivocados, lo estuvieron fue en los medios y el fin de aplicar en contra de toda legalidad la pena de muerte a un grupo de insurgentes donde había un buen número de mujeres y una parte importante de la fuerza insurgente eran apenas adolescentes. Lo hicieron totalmente erróneo e inhumano cuando la embriaguez de matar al enemigo hizo que se descuidara y se atacara a los civiles ajenos al conflicto y cuando casi 28 años después siguen familias esperando noticias de sus desaparecidos, un delito de lesa humanidad de tracto continúo, que explica por qué las acciones legales no prescriben.

2.12.3 El papel del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia

Respecto a la eventual financiación o apoyo para la toma del Cartel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza, hipótesis avalada por la Comisión de la Verdad[57]y el compromiso del M19 de cuestionar la Extradición, en el pretendido juicio público de responsabilidad al Presidente Belisario Betancur. Esta hipótesis se enmarca en la interpretación de que los guerrilleros, la cúpula del M19 pensaba que tales hechos desembocarían en una especie de referéndum popular para reorientar al Estado. Pero ésta interpretación con relación a una eventual despeje del Palacio en materia de seguridad para facilitar la toma por los insurgentes como una trampa tendida por la Fuerza Pública, implica pensar en una especie de vínculo deducible indirectamente, no discernido plenamente ni probado, entre narcotraficantes y Fuerza Pública, porque la sana crítica indicaría que el M19 fue traicionado por sus colaboradores mafiosos, lo cual es algo que no se puede descartar de pleno.

De hecho la colaboración del Cartel de Medellín es una hipótesis que periodistas como Ramón Jimeno han defendido con razones. Y sobre la cual José YamidAmat Ruiz, el conocido periodista colombiano, difundió una conversación referida por el propio hijo del Dr. Alfonso Reyes Echandía, el Dr. Yesid Reyes, de que al parecer días antes de la toma ya en el pabellón de la cárcel Modelo de Bogotá donde estaban los narcotraficantes recluidos se comentaba algo al respecto, versión que conoció en el ejercicio profesional de ser el abogado defensor de un interno apodado el Cebollero, que le recomendó, –dígale a su padre que anticipe sus vacaciones-. Versión que el periodista dio a los juristas que integraron la Comisión de la verdad.

No es descartable que el Cartel de Medellín o Pablo Escobar haya ayudado un poco en la logística económica de la toma de forma indirecta, aportando medios económicos o facilitando transporte de armas, como se ha dicho desde la pista clandestina de aterrizaje de la Hacienda Nápoles; los llamados extraditables estaban buscando con su dinero todas las formas posibles de influir para que la extradición se cayera, y tenían ya una guerra casada contra el Estado. Lo que no es plausible es que hubieran apoyado plenamente la toma porque no es razonable sustentar que el M19 entró al Palacio de Justicia a hacerle un mandado a Pablo Escobar, y de ser así no se explicaría por qué si había total financiación del narcotráfico no entraron los del M19 con un mejor armamento y sobre todo con lanzacohetes o minas apropiadas para perforar vehículos blindados lo que hubiera sido en su momento un as táctico a favor de los insurgentes rodeados e invadidos por la caballería blindada formada por vehículos Urutú y Cascabel, tesis que defiende la autora Ana Carrigan[58]y muchos más que han investigado los hechos.

Una versión no oficial y no contemplada en los procesos plantea que en el acto de la retoma como tal, la mafia con sus aliados militares puso precio a la cabeza de algunos magistrados y fueron ejecutados selectivamente para demorar el pronunciamiento acerca de la extradición o las investigaciones sobre violación a los Derechos Humanos por parte de los militares. Se trata de una teoría de caso no comprobada y casi imposible de demostrar, pero podría ser un móvil para haber ejecutado al Magistrado Auxiliar Dr. Carlos Horacio Urán y al Magistrado Dr. Manuel Gaona Cruz.

Lo cierto del caso es que los testimonios sobre los hechos decisivos del último día de la retoma fueron alterados. Quienes cometieron los crímenes se vieron en la necesidad de amenazar a otros magistrados para que contaran versiones diferentes o guardaran silencio, no tanto cómplice si no producido por un temor más que fundado. Obligados a salvaguardar sus vidas y las de sus familias, las de sus hijos, y mantener viva la posibilidad de tener una continuidad en el Estado y obtener una pensión o promoción en su carrera.

Todos los Magistrados asesinados de haber seguido con vida hubieran sido una verdadera molestia, tanto para la mafia como para los militares, entre ellos nada más y nada menos que el propio General Miguel Vega Uribe, Ministro de Defensa en ejercicio y de quien se presume dio el golpe de estado de 28 horas al Presidente Belisario Betancur, entre el 6 y el 7 de Noviembre de 1985.

Foto No. 20 del Magistrado auxiliar Carlo Horacio Urán

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/articulo-web-new_nota_interior-10546424.html

El periódico oficialista, El Tiempo publicó el 11 de octubre de 2011: "Los resultados de la segunda necropsia efectuada a los restos del magistrado Carlos Horacio Urán, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia en 1985, confirman plenamente que el jurista fue ejecutado y no murió en medio de los combates entre el Ejército y los guerrilleros del M-19 que asaltaron el edificio"[59].

Foto No. 21 El magistrado Carlos Horacio Urán saliendo con vida del Palacio de Justicia estando en poder de la Fuerza Pública

Fuente: http://www.lasillavacia.com/historia/defensa-del-palacio-de-justicia-que-verdad-pueden-esperar-las-victimas-del-gobierno-de-sant.

Si se considera el real significado de la captura e incautación de planos en el mes de Octubre de 1985 que puso en evidencia que había un plan para atentar contra la Corte Suprema de Justicia y su sede principal, El Palacio de Justicia en Bogotá. Esto lo que representó es que la sorpresa había sido rota, por lo tanto era una cuestión suicida, osada, inverosímil militarmente continuar con el plan. Quienes podían alentar que se siguiera con el objetivo y tener al tanto al ejército de los planes del M19 y al mismo tiempo venderle la idea verosímil a los insurgentes que habían comprado la caída de la vigilancia del Palacio, eran los cuadros pertenecientes a la mafia del narcotráfico convertidos en circunstanciales socios del M19, en esa coyuntura política y jurídica en la que vivieron, en medio de una guerra contra el Estado.

Y por eso, sí pudo haber sucedido que se haya convertido la mafia del Cartel de Medellín de enemigos a muerte del M19 en adventicios y temporales colaboradores de la subversión para la toma del Palacio, hipótesis que le dijera a la Comisión de la verdad el expresidente Dr. Alfonso López Michelsen, quien conocía muy bien a la guerrilla y al Cartel de Medellín y había participado en un acercamiento para llegar a la paz con los Extraditables, reunión que pudo haberse celebrado en Panamá y de la que algunos medios hablaron. Y al mismo tiempo hayan dejado filtrar información dentro de sus aliados en la Fuerza Pública, en un desordenado y perverso plan donde todos se usan, se traicionan, mienten.

Porque no debe olvidarse que antes y después de los hechos del Palacio de Justicia ha habido una diabólica alianza entre algunos miembros de la Fuerza Pública, políticos corruptos, empresarios, banqueros, oficinas de abogados, contadores, jueces, notarios y mafia. Lo que dio vida desde esos años al paramilitarismo que aún en el año 2013 subsiste en Colombia bajo el rótulo de Bacrim, bandas criminales, que en los años 80´s y 90´s realizaron magnicidios, masacres y borró de la faz de la tierra a los militantes de la Unión Patriótica y a un número indeterminado de sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, periodistas, jueces, líderes populares, maestros, sacerdotes, gente común, estudiantes, obreros y campesinos.

Una alianza entre políticos, mafia, miembros de la Fuerza Pública que fue real en tiempos del capo Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria, que se inauguró con la creación del MAS, muerte a secuestradores, para combatir al M19 y la guerrilla en general, que secuestraban familiares de los narcotraficantes y que tuvo como catalizador la amenaza de extradición contra los capos del Cartel de Medellín, entre ellos también Carlos Lehder Rivas, extraditado el mismo día de su captura a la justicia de Estados Unidos el 4 de febrero del año 1987 por orden del Presidente de la República Dr. Virgilio Barco Vargas, y que alertó a todos los narcotraficantes y exacerbó las acciones del narcoterrorismo.

2.12.4 Otra hipótesis respecto a un complot en los hechos del Palacio de Justicia

Otra línea de hipótesis sobre los hechos del Palacio de Justicia es una eventual doble militancia de uno de los miembros del M19. Algo no probado. Que el descalabro haya sido propiciado por un espía infiltrado en las fuerzas del M19 en las que estarían sospechosamente implicados por lo menos uno de los que tan providencialmente no alcanzaron a entrar a la edificación y por eso salvaron la vida.

Cuya participación de doble agente hubiera permitido semanas antes la incautación de los planos para la toma del Palacio de Justicia en una fecha que se repite en múltiples fuentes consultadas, el 18 de Octubre de 1985 bajo la ambigüedad de ser la fecha de la publicación en medios de que se había realizado capturas e incautación de documentos que ponían al descubierto un probable plan terrorista para asaltar el Palacio.

A lo que se añade que el 18 de Octubre se ha manejado también como la fecha eventual de la incursión, para coincidir con la visita de horas a Bogotá del presidente de Francia Françoise Mitterrand. Algo que pone de ejemplo la confusión y ambigüedad de datos que se han ido amontonando a lo largo de más de un cuarto de siglo sobre estos acontecimientos y que tiene una función ideológica, desviar la atención sobre los responsables de la masacre y el avance de las investigaciones y judicialización de los mismos.

2.12.5 Un golpe de estado

A todo ello, que es ya un escenario complejo se suma la teoría bastante generalizada e incluso apoyada por quien fuera el Ministro de Justicia de la época el Dr. Enrique Parejo Gonzáles del Nuevo Liberalismo, el partido político del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de Agosto de 1989 en el municipio de Soacha. Que durante las 28 horas de la toma y retoma del Palacio de Justicia el poder ejecutivo quedó en latencia suspendido, el poder judicial en su cabeza había sido secuestrado, herido, asediado por el propio ejército, asesinado y se dio un golpe de Estado real por parte del Estado Mayor de las fuerzas armadas quienes desarrollaron los acontecimientos desmedidos de violación de los Derechos Humanos en plenitud de un poder militar sin control, sin que tuviera ni voz ni voto el Presidente de la República Belisario Betancur Cuartas, el mismo que en su alocución oficial el 7 de Noviembre de 1985 y ante el balance luctuoso de la tragedia se echara encima toda la responsabilidad y dijera que todo lo que pasó se hizo bajo sus órdenes y pleno conocimiento de los hechos.

Foto No. 22 Presidente Dr. Belisario Betancur diciendo que todo lo que se hizo en derecho para restituir el orden fue su responsabilidad

Fuente: http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.4950466072478454&pid=15.1&H=120&W=160

El Dr. Jaime Castro, Ministro de Gobierno de entonces ha sostenido la tesis en contrario de que nunca hubo un golpe de Estado por parte de la Fuerza Pública y que los acontecimientos se desarrollaron como único camino posible que tuvo el establecimiento de contrarrestar el golpe de Estado que pretendió darle el M19 al Presidente Belisario Betancur, a lo que se suman múltiples versiones recogidas en los documentos procesales sobre versiones encontradas de que los guerrilleros ejecutaron a los magistrados o que estos murieron bajo el fuego indiscriminado que llegaba de todas partes al reducto de rehenes y guerrilleros en el 4o piso el primer día de la toma, el 6 de Noviembre de 1985 cuando según otras versiones a eso de la 5:45 se escuchó una explosión y se desató un gran incendio.

El 29 de Noviembre de 1985 la prensa internacional, el periódico el País de España[60]daba cuenta que el Gobierno Belisario Betancur no renunciaba a tener negociaciones de paz con el M19 e incluirlos en un alto al fuego con los otros grupos insurgentes. Esto contradice la beligerancia con la que se actuó durante la toma y retoma al Palacio de Justicia, ¿Por qué el gobierno civil no adoptó una salida política? Tal vez porque durante las más de 27 horas de los hechos del Palacio de Justicia quienes mandaban eran los militares y no el Presidente ni sus ministros.

Un Estado que no negocia con la insurgencia cuando debió haberlo hecho para salvar a los magistrados y la población civil ajena al conflicto y que tan solo unos días más adelante decide negociar. Se trata de un ejecutivo bipolar frente a la guerra y la paz. Pero eso tuvo una explicación que se mantiene contemporáneamente en el año 2013, pese a los diálogos de la Habana entre las FARC y los voceros del Estado no se vislumbra realmente un escenario de paz, porque la guerra también tiene caciques, como los tienen la minería, la contratación pública, las zonas productivas, los cotos de caza de los electores y sus votos, se trata de las altas personalidades de doble moral y doble justicia, que manejan los medios de comunicación y los usan para declarar su verdad, son los que no quieren la paz porque pierden su negocio que es la guerra, porque la forma como en Colombia durante décadas se ha hecho política y empresa es aniquilando al contradictor o la competencia.

En un artículo publicado en el País de España el 29 de Noviembre de 1985 se escribieron estas líneas que tienen una plena vigencia 27 años después:

"Críticas al Gobierno. La toma del Palacio de Justicia de Bogotá por otro grupo guerrillero, el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19), provocó duras críticas de algunos sectores políticos y militares al proceso de paz que lleva adelante el Gobierno de Betancur. Los grupos más reaccionarios estiman que las organizaciones guerrilleras han aprovechado el alto el fuego para fortalecerse militarmente, y consideran que el colofón fue la frustrada ocupación del edificio del máximo organismo de la justicia colombiana. El pasado 6 de noviembre, 35 guerrilleros, según el M- 19, ocuparon el palacio judicial, y sostuvieron duros combates con el Ejército que, finalmente, tras 27 horas de intenso fuego cruzado, recuperó el control del inmueble. La situación se saldó con un centenar de muertos, entre ellos 15 jueces de la Corte Suprema, incluido su presidente, Alfonso Reyes. También murieron los 35 guerrilleros, nueve miembros de las fuerzas gubernamentales y una cifra indeterminada de civiles.

Tras los combates, Betancur asumió la responsabilidad de la actuación militar, aunque desde diferentes sectores de opinión se cree que la situación escapó de las manos del jefe del Estado, y que los militares actuaron unilateralmente.

Recuperación del M-19.

La Comisión de Paz, tras la batalla del Palacio de Justicia, consideró "roto" el acuerdo, y "descalificó indefinidamente" al M-19 para proseguir el diálogo dentro del proceso de paz. Sin embargo, esta actitud fue reconsiderada por el Gobierno, que ahora está "dispuesto a dialogar sobre bases firmes y definitivas". "No podemos hacer experimentos con la paz", dijo ayer John Agudelo, al anunciar, aunque algo vagamente, que también se van a proseguir las conversaciones con el M-19."[61].

2.12.6 La fuerza pública engañó al gobierno civil

Y después de las 6:00pm hasta una ventana de tiempo que va hasta las 7:15 pm hubo según estas versiones un desenlace fatal. Cuando se dio una supuesta última comunicación entre el General Víctor Delgado Mallarino Y el Dr. Reyes Echandía. Para el Dr. Parejo Gonzáles ésta supuesta última comunicación no sucedió realmente porque muy probablemente ya los rehenes habían muerto a consecuencia de la incursión crítica y desastrosa del 4º piso que se había dado a eso de las 6:00 pm aproximadamente de la tarde, o incluso antes. Tiempo más o menos en que se hizo la insensata incursión con armas de asalto, granadas, material explosivo, cargas de demolición, por parte de miembros de la Policía Nacional que apenas se entrenaban para estas operaciones y no tenían experiencia operativa real, incursión fatídica donde murió el Capitán Héctor Aníbal Talero Cruz líder instructor del grupo de operaciones especiales cuando se esperaba que la mediación del Director de la Policía Nacional General Víctor Delgado Mallarino amigo personal del Dr. Alfonso Reyes Echandía impidiera al menos que éste operativo de alto riesgo para los rehenes se llevara a cabo y cuando en el mismo Consejo de Ministros se veía posible y se aprobó la mediación del Ministro Enrique Parejo Gonzales que pensaba hablar directamente con Andrés Almarales el comandante de la operación "Antonio Nariño Por los derechos del Hombre" para detener lo que era una tragedia anunciada, un escenario de muerte, que había convertido la osadía del M19 y la respuesta de la Fuerza Pública en una masacre. Antesala de las 1001 masacres que vendrían después en la historia reciente de Colombia.

Según versión del hijo del inmolado Presidente de la Corte Dr. Alfonso Reyes Echandía, el abogado Dr. Yesid Reyes Echandía, la última comunicación que tuvo con sus padre fue alrededor de las 4:00 pm hora que coincide con el intento del COPES de la Policía Nacional por tomarse el 4º piso, operativo en que muere el Capitán Héctor Aníbal Talero Cruz y en el cual se hizo uso de cargas de dinamita para acceder al recinto, esto pudo en hipótesis del Ex Ministro de Justicia Enrique Parejo Gonzáles[62]haber propiciado la muerte de guerrilleros y de los magistrados rehenes, por lo que esto hace parte de ese cúmulo de narraciones, descripciones, versiones que desde lo múltiple y contradictorio ponen en evidencia la imposibilidad de saber en detalle el paso a paso de lo que realmente sucedió, pero se conoce el execrable resultado. Se trató de una hora cercana minutos después a que se diera el clamor de ¡cese al fuego¡ por el Dr. Alfonso Reyes Echandía y en que los que hablan en la grabación como Alfonso Jacquin del M19 el segundo al mando de la operación, según dijo, la Fuerza Pública arremetía sin tregua ni mediar la situación de los rehenes y estaba a punto de llegar donde ellos. Lo que abre una ventana de tiempo, según estas versiones, para el desenlace final entre las 4:00 pm y las 6:00 pm aproximadamente.

Al cúmulo de errores anteriores se suma el insuceso del incendio, ya tratado anteriormente, provocado intencionalmente o por falta de previsión del ejército que usó artillería pesada dentro de una edificación cerrada, conflagración manifiesta desde afuera del Palacio desde las 8:00 pm con una fuerza inusitada que subía del primer piso hacia cubrir verticalmente todo la parte centro suroriental del edificio ese miércoles 6 de Noviembre de 1985, donde incluso los expertos hablan de tres incendios, el primero fue el del sótano en las primeras horas de la retoma; en el cuarto piso desde las 4.00 pm, respecto a lo cual no tiene sentido que en la muy improbable posibilidad de poder causarlo los guerrilleros, ellos hayan querido propiciar un incendio agravando sus posibilidades, donde ya su condición era crítica, estaban acorralados, gastando munición a modo de contención no de ataque, recibiendo un fuego nutrido, indiscriminado e incansable. Nadie incendia su trinchera y sí decide suicidarse, es mejor morir de un balazo que quemado vivo.

2.12.7 El pacto de silencio es una imposición basada en el miedo

Es de anotar que muchos testimonios y versiones han sido coaccionados en un marco institucional que asumió que cualquier investigación por la verdad que diera como responsable de violación de Derechos Humanos a la Fuerza Pública y al Estado era una acción por sí misma atentatoria contra el establecimiento y orquestada desde un interés subversivo, en una de las tantas audiencias del Coronel Plazas Vega estuvo el hijo del pintor Alejandro Obregón, el actor Rodrigo Obregón irrestricto seguidor de las Fuerzas armadas fotografiando y filmando a los familiares de las víctimas, amenazándoles y vociferándoles que ahí quedaban registrados como dando a entender que se usaría el material grabado de los participantes para tomar represalias futuras. (Archivo audiovisual)

El sufrimiento de los rehenes, de los guerrilleros, incluso del personal de la Fuerza Pública dentro de la edificación es un drama que simplemente supera muchos filmes de guerra y de terror, lo más heroico, bizarro y al mismo tiempo indigno y degradante de la condición humana se dio cita allí y se ha concitado tras los hechos, la muerte y el silencio de los testigos; las versiones amañadas; la desaparición de algunas de las víctimas. Los múltiples intentos por borrar de la memoria el nombre de los insurgentes son parte de la manera como se ha intentado desde todos los frentes ocultar la verdad, cerrar el caso incluso incómodo para los que algunas vez militaron en el M19 hoy insertados en la vida política, económica y social del país quienes no quieren ya saber nada de su pasado guerrillero.

La guerra del Palacio de Justicia enfrentó dos fuerzas en franca oposición como se libraron las guerras hasta el Siglo XIX. Tubo de medieval todos los aspectos relacionados con una fortaleza sitiada y tuvo de posmoderna ser una batalla urbana en un recinto cerrado en un contexto civil. Como en las guerras de exterminio del Siglo XX no hubo miramientos ni contemplaciones con los civiles ajenos al conflicto y el daño colateral excedió a las bajas militares de ambos bandos enfrentados. La guerrilla se olvidó de su naturaleza, perdió su poder táctico basado en conformar unidades móviles de combate con poder de ataque y desvanecimiento en el entorno o camuflaje entre la población civil; no tuvo militarmente como contener la fuerza de la artillería oficial desde vehículos blindados y defender un edificio en pleno centro de Bogotá convertido en una montaña.

Los múltiples incendios, los ataques piso a piso, los problemas de reductos, los intentos fallidos de una ofensiva letal y las bajas de lado y lado como el hecho de constituirse el edificio en espacio de movimientos para la ofensiva y en un teatro de operaciones reducido para la resistencia. Un baño convertido improvisada y azarosamente en refugio bunker, todo eso asociado a acciones de combate en un escenario de desgaste, muy parecido a la Primera Guerra Mundial en las grandes batallas de trincheras, lo que demuestra es que las 28 horas de toma y retoma del Palacio de Justicia no fue una batalla más en la guerra del Estado contra le M19 si no una guerra que se libró en 28 horas donde la movida bélica del Estado reconoció de facto estatus de beligerancia a un grupo de hombres y mujeres, unos 35 acaso, que pagaron con sus vidas un craso error político y militar.

El Dr. Jaime Castro Exministro de Gobierno ha sostenido la tesis de que el Estado no pudo hacer otra cosa que recurrir al uso legítimo de la fuerza porque el grupo guerrillero que se tomó el Palacio iba con esa acción a dar un golpe de Estado y exigía un supuesto cese unilateral del fuego donde ellos se reservaban el derecho a seguir disparando. Esta tesis se ha hecho a la medida de negar la de su colega, el Ministro de Justicia de la época, el Dr. Enrique Parejo Gonzáles que plantea que la Fuerza Pública le dio un golpe de estado temporal al poder civil.

Se les olvidó a todos los defensores de las instituciones que son la vida humana y su dignidad el sustento del ordenamiento jurídico y constitucional. La vida debería ser más importante que la ley y el poder. En el ser, poder y ley se sobreponen sobre todo porque eso hace que sean lo que son. La gran baja de la guerra total en las múltiples batallas del Holocausto del Palacio de Justicia ha sido la verdad, la justicia y la reparación y el tema toca tantos intereses y provoca enconados odios y posiciones encontradas que aún hoy a más de 27 años después, tratar el tema, intentar hacer entrevistas, revisar la bibliografía, escribir sobre el asunto tiene un marco de riesgo, de complejidad, de problematización vital, se encuentra con un pacto de silencio implícito que tiene como única firma el miedo.

2.12.8 En la guerra no hay amigos

Foto No. 23 General Víctor Alberto Delgado Mallarino, director de la Policía Nacional de Colombia el 6 y 7 de Noviembre de 1985.

Fuente: Revista Cromos http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=164324

A las 5:45 pm aproximadamente, otras versiones hablan de sobre las 4:00 pm del 6 de Noviembre se sabe que en el Cuarto piso se desató un gran incendio provocado posiblemente por las explosiones que utilizaron las fuerzas especiales para penetrar donde estaban los rehenes, estos tuvieron que bajar al tercer piso, minutos antes se había sostenido una conversación entre el presidente de la Corte cautivo y el Director de la Policía, el panorama era desalentador porque el gobierno había decidido no negociar con el M19 y la arremetida de la Fuerza Pública dentro del Palacio de Justicia era letal y sobre los hechos de guerra el gobierno no tenía ningún control, técnicamente había un vacío de poder y la Fuerza Pública con el liderazgo del ejército actuó libremente para "restablecer el orden".

Probablemente el Dr. Reyes Echandía sintió que su amigo el General Víctor Alberto lo había traicionado o por lo menos los había dejado a su suerte, como realmente pasó, el Estado sacrificó a los magistrados cautivos. La última conversación entre el Director de la Policía Nacional y el Presidente dela Corte se hizo según una versión alrededor de las 7:15 de la noche de ese 6 de Noviembre de 1985 pero hay versiones en contrario, antes o después, en cualquier momento en hechos tan confusos y sobre los cuales las pruebas fueron deliberadamente destruidas los rehenes y los guerrilleros del cuarto piso perdieron la vida, la causa probable, el exceso de fuerza y el uso indiscriminado de explosivos por parte de la fuerza pública para llegar hasta donde se encontraban ellos.

La voz de cese al fuego es presente, no es pasado

Colombia necesita la paz, que cese el fuego, que los Diálogos de la Habana y los que sean necesarios transformen la guerra en un horizonte de lucha política y de trabajo por la reconstrucción de las zonas de Colombia destruidas por la guerra. Hoy[63]se sabe que la toma del 4º piso por personal especializado de la Policía Nacional fue probablemente lo que causó la muerte de los magistrados entre ellos el Dr. Alfonso Reyes Echandía Presidente de la Corte Suprema de Justicia que con valor por la cadena de radio Todelar en la tarde del 6 de Noviembre de 1985, aproximadamente entre las 3:30 y 4:00 pm pidió un – ¡cese al fuego!- Este operativo de destrucción con cargas explosivas y con total desconocimiento de los planos y locaciones por parte de la fuerza oficial antiterrorista se hizo engañando el consejo de ministros y al Presidente Belisario Betancur, según el relato del Dr. Enrique Parejo Gonzáles se responsabiliza al Director de la Policía Nacional General Víctor Alberto Delgado Mallarino de haber engañado al Consejo de ministros. Pero esto más que un error parecía ser ya una respuesta natural de parte de la Fuerza Pública para la insurgencia.

El General Delgado Mallarino tuvo entre sus hombres de confianza ese
día en las operaciones de retoma a un personaje tristemente célebre
el Brigadier General José Luis Vargas Villegas director de la Policía
de Bogotá que ya se había caracterizado semanas antes, el 30 de
septiembre de 1985, por permitir una ejecución extrajudicial de miembros
del M19 que habían robado un carro transportador de leche y estaban en
proceso de repartir el alimento en barrios subnormales de Bogotá, la
policía capturó a los muchachos y los mató ya estando dominados
e inermes. Porque la consigna que tenían los miembros de la Fuerza Pública
contra la insurgencia, particularmente el M19 era la de aniquilarlos dado que
consideraban que la justicia era incapaz de procesarlos y neutralizarlos como
lo demostraba la última amnistía concedida al M19 el 24 de Agosto
de 1984. Aspecto que se vio exacerbado por el atentado perpetrado contra el
general Rafael Samudio Molina el 23 de Octubre de 1985 en Bogotá en la
carrera 38 con calle 80 a las 8:00 am por parte del M19 usando una ambulancia,
lo cual fue también una flagrante violación al DIH por parte de
éste grupo subversivo consolidándose una lógica perversa
en ambos bandos antagónicos, de que el fin justifica los medios. Teniendo
como marco un total desprecio por la vida humana.

144.Este hecho lo confirman las pruebas no desvirtuadas que fueron aportadas a la investigación penal militar, a la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, y al proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, las que describen y califican la manera como fueron muertos por miembros de la Policía Nacional el día 30 de septiembre de 1985 en las horas de la mañana, en distintos barrios del suroriente de la ciudad de Santafé de Bogotá, 11 miembros del M-19 que participaban en la repartición de leche en el Barrio San Martín de Loba[64]

Otro hombre clave de la Policía Nacional en esos días, cuya participación no se ha profundizado como se debiera fue el entonces capitán, hoy general retirado Oscar Adolfo Naranjo Trujillo que en el año 2010 recibió el honor de ser reconocido como el mejor Policía del mundo, pese a todos los escándalos, acusaciones fundadas o no que hubieran hecho que cualquier otra persona y profesional no hubiera ascendido y ganado los reconocimientos otorgados. Que es responsable junto al expresidente Dr. Álvaro Uribe Vélez del surgimiento y ascenso de un General de la Policía Nacional, el primero dado en extradición a los Estados Unidos por narcotráfico y paramilitarismo, el también tristemente célebre General retirado Mauricio Santoyo.

"Al respecto, Naranjo dijo que en aquel entonces, cuando él era capitán, se desempeñaba como jefe del grupo de contrainteligencia de la división de información en la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia (Dijín). -Cargo y funciones que no incluían mi responsabilidad como jefe de seguridad de las instalaciones del Palacio de Justicia-, escribió el General en su comunicación. Dijo que, como parte de sus funciones, realizó el estudio de seguridad de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia -el cual arrojó algunas conclusiones y recomendaciones que fueron presentadas ante el doctor Alfonso Reyes Echandía, gestión que fue objeto de reconocimiento-"[65].

El asunto no tendría que haber salpicado al general Naranjo si su informe de seguridad y vulnerabilidad del Palacio no hubiera sido la respuesta oficial que la Policía Nacional generó tras conocerse semanas antes los planes de la guerrilla del M19 para tomarse el Palacio de Justicia. Realidad que durante dos décadas se mantuvo en total silencio y que fue retomada por la Comisión de la Verdad. El único que en su momento habló de una toma anunciada fue el periodista Manuel Vicente Peña en su libro "Las Dos Tomas" que será analizado más adelante. En texto en cursiva que se presenta a continuación corresponde a declaraciones del Senador Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos en Colombia y uno de los pocos congresistas que ha apoyado la causa de los familiares de los desaparecidos y de las víctimas en general del Palacio, para que haya verdad y justicia. No sólo reparación a modo de indemnización económica, lo que ha llevado al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega a hablar del "negocio de los desaparecidos".

"Lo que yo pido es que se corrobore si el actual general de la Policía, Óscar Naranjo, era o no el encargado de la seguridad de los magistrados en ese entonces. Hasta dónde llegaba su nivel de responsabilidad", dijo Cepeda a Semana.com.

Para el candidato a la Cámara de Representantes y defensor de los derechos humanos, "si él era el encargado de la seguridad de los magistrados, debe afrontar la respectiva investigación", según dijo. EL General de la Policía era Capitán de la Policía en la fecha en que el M-19 se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia, el 5 y 6 de noviembre de 1985. Según indica el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, recientemente publicado, Naranjo fue uno de los encargados de hacer el estudio de seguridad previo a la toma. "El estudio de seguridad fue presentado el 17 de octubre a dignatarios de la administración de justicia por el coronel Fabio Campo –Director de la División de Inteligencia, DIJIN- y el entonces capitán de la Policía, Oscar Naranjo", reza el informe de la comisión. "El estudio fue recibido positivamente por las Cortes", agrega. Este "estudio de seguridad" fue hecho luego de que se conociera un plan de la guerrilla para tomarse el Palacio. Las autoridades tenían conocimiento de que la guerrilla planeaba tomarse la sede judicial con más de un mes de anterioridad y las autoridades se comprometieron a adoptar "medidas necesarias para la protección efectiva" de los magistrados. Sin embargo, la toma ocurrió. En los hechos del Palacio murieron 99 personas, entre ellos 11 magistrados, y otras 11 personas fueron desaparecidas (incluyendo la guerrillera Irma Franco)"[66].

Otro alto oficial involucrado en los hechos del Palacio y sobre quien tampoco se investigó hasta las últimas consecuencias es quien fuera en ese momento y durante muchos años el director del DAS el general Miguel Maza Marquez hoy involucrado penalmente por el magnicidio del candidato presidencial Dr. Luis Carlos Galán el 18 de Agosto de 1989. En su momento éste alto oficial tenía a cargo el sistema de información y de inteligencia que abarcaba todos los temas de seguridad de Estado y respondía en su función directamente al presidente de la República.

El general Miguel Maza Márquez había hecho carrera en la Policía Nacional y tuvo a su cargo el 6 y 7 de noviembre como todos los días anteriores y posteriores a la toma, el trabajo de inteligencia y de seguimiento que se hacía para detectar precisamente hechos que amenazaran el orden público, la seguridad nacional o eventualmente actos terroristas. Aunque en aquella época aún no había hecho carrera el termino narcoterrorismo que va a ser también usado como una herencia del Palacio de Justicia, hasta el tiempo presente.

"La toma estaba anunciada. Para la Comisión es indiscutible que las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado debían establecer mecanismos para evitar y contener las actividades del grupo subversivo M-19, ya que desde 1984 y, en particular, desde abril de 1985 se esperaban acciones de gran magnitud con ocasión del recrudecimiento de las acciones de ese movimiento. Y era ampliamente conocida por parte de las instituciones la posible toma del Palacio de Justicia y la fecha aproximada de la misma, cuya finalidad era el secuestro de los 24 magistrados de la Corte Suprema. El entonces director del DAS, general Miguel Maza Márquez, expresó a la Comisión de la Verdad que sí existía conocimiento de que se podría producir la toma, y prueba de ello es el reforzamiento de la protección del Palacio, que se le informó a Reyes Echandía. La fuente de esta noticia fue, según el general Maza, de inteligencia militar….Existe también la hipótesis llamada de la "ratonera", según la cual el retiro de la protección especial fue un acto deliberado de algunos miembros de la Fuerza Pública, al disponer la suspensión de esta para permitir el ingreso del grupo guerrillero, dado que se tenía amplio conocimiento -como se demostró- de los planes del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y era la ocasión para tender una trampa a la guerrilla. La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables"[67].

El Palacio de Justicia en la historia de la violencia

La toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985 fue la confrontación violenta más cruenta que se haya librado en el centro de Bogotá, después del 9 de Abril de 1948 cuando se produjo el Bogotazo a consecuencia del asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán. Sobre qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia la verdad ha ido saliendo a cuenta gotas en medio de toneladas de papel impreso que habla de diversas hipótesis de versiones encontradas al respecto, Ver fotos de la No. 26 a la 31 en éste trabajo. Tomadas de una publicación digital de la Revista Semana. Se trata de una sospechosa inhumación sin registro oficial en el cementerio del Sur de la que fueron testigos periodistas holandeses y donde uno refiere haber escuchado que se trataba de los "-hijueputas del Palacio de Justicia-"[68]. Se sabe que el grupo guerrillero ese fatídico 6 de noviembre de 1985 desde los primeros minutos de la toma tuvo bajas importantes y que incluso el personal insurgente capacitado para contener con bombas antitanque a los vehículos blindados no alcanzó a ingresar, por demás la entrada por el sótano y el ascenso para controlar el edificio hasta el 4º piso, tomando posiciones de defensa y resistencia no fue pacífico si no que los escoltas de algunos magistrados opusieron resistencia, lo cierto es que a eso de la 1:00 de la tarde ya arribaban los primeros vehículos blindados a la Plaza de Bolívar y fortalecían el perímetro de contención dispuesto casi de manera inmediata a la toma por la Policía Nacional, miembros de organismos de seguridad y el Batallón Guardia Presidencial.

Y a partir del ingreso de vehículos blindados a eso de la 1:30 pm de ese 6 de Noviembre la sorpresa y la ventaja táctica fue del ejército al entrar con tanques desde los cuales se podía causar daño, infligir bajas y servir de parapeto para que las tropas de pie tomaran posiciones y control del primer piso, ahí militarmente la toma había sido vencida y la retoma tenía un parte de ventaja, una expectativa de victoria contundente por parte de la fuerza pública, porque la situación militar para el M19, estaba irremediablemente perdida. Por lo tanto la ventaja en un eventual diálogo y negociación con los guerrilleros de la toma si pudo haberse tenido sin menoscabo de las instituciones y sin que eso significara un golpe de Estado o cumplir con el insensato juicio al Presidente de la República con jueces secuestrados y con un arma de fuego apuntándoles a la cabeza.

< La labor de recobro del Palacio de Justicia fue liderada por las tropas de la Decimotercera Brigada del Ejército, al mando del general –hoy en retiro, condenado y en prisión en una guarnición militar – Jesús Armando Arias Cabrales, quien en la parte operativa recibió el apoyo del grupo de reacción de la Escuela de Caballería, al mando del teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega – yerno del General Miguel Vega Uribe Ministro de defensa del momento , también condenado y en prisión en una instalación militar más parecida a un club de descanso que a una cárcel de verdad -; del grupo de Artillería dirigido por el teniente coronel Rafael Hernández López, del Batallón de Policía Militar No. 1, regentado por el teniente coronel Celso Suárez Martínez, del Grupo Mecanizado Rincón Quiñónez, conducido por el teniente coronel Fabio Augusto Vejarano Bernal, del Batallón Guardia Presidencial, comandado por el teniente coronel Bernardo Ramírez Lozano y del Comando de Operaciones Especiales COPES perteneciente a la Policía Nacional. En la parte de inteligencia, a su vez, el general ARIAS CABRALES estuvo respaldado por la Unidad de Inteligencia del Estado Mayor de la Brigada a su cargo, denominada B-2, y regida por el teniente coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, quien fue asistido tanto por personal de su unidad como por miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), por integrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) –bajo el mando del hoy general (r) IVÁN RAMÍREZ QUINTERO– y por personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), recibiendo asimismo colaboración de miembros del F-2, de la DIJIN y de la Policía Metropolitana de Bogotá, comandada por el entonces brigadier general JOSÉ LUIS VARGAS VILLEGAS. Por orden del general JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES –quien asumió la dirección del operativo momentos después de iniciada la toma– se implementó un "puesto de mando atrasado" en las instalaciones de la Brigada XIII, ubicada en la carrera 7ª con calle 106, y como centro estratégico un "cuartel" o "puesto de mando avanzado" en la "Casa Museo del 20 de julio de 1810" o "Casa del Florero", que comenzó a funcionar desde el día 6 de noviembre bajo el control del entonces teniente coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, quien acompañado por varios de sus subalternos tuvo a cargo la labor de recibir en el precitado lugar a los rehenes que eran rescatados del Palacio de Justicia, con el fin de identificarlos y establecer su eventual participación en los hechos, actividad para la cual contó también con el apoyo de la Policía y el DAS. > [69]

UNA TRAMPA FORTIFICADA

Una edificación construida como una fortaleza se constituye en una trampa mortal para quien está adentro y ha sido rodeado, la edificación antes de transcurridas las tres primeras horas ya había sido dominada por el ejército, por lo tanto en ese momento los guerrilleros incomunicados, sin opción de renovación de pertrechos, sin flujo de abastecimiento, con un asedio consolidado y perdido el dominio del flujo de energía, de agua y comunicaciones con el exterior, todo daba como resultado una ventaja enorme para el ejército que además en esas primeras horas ya había logrado que los guerrilleros no tuvieran control del sótano, el primer segundo y tercer pisos además del techo. El comando guerrillero se hallaba dividido y sin comunicaciones, sin opción de maniobra efectiva, lo que permitió que paulatinamente se consolidaba el cerco militar fuera saliendo el grueso de los que sin ser plenamente rehenes del M19 habían quedado atrapados en el momento de la toma subversiva y la retoma de la Fuerza Pública, en medio de una batalla campal "sin Dios ni ley".

Los civiles en su gran mayoría no fueron rescatados por la fuerza pública, ellos aparecían en la medida en que iban siendo descubiertos por unidades militares y obligados a salir incluso bajo fuego cruzado; o cuando ellos mismos notaban que estaba libre el paso se aventuraban a salir de sus escondites; o ante la amenaza del incendio no tuvieron otra opción ya que era mucho más terrible morir calcinado que por una ráfaga de balas.

Los refugiados tomaron como parapeto cualquier cosa, incluso meterse debajo de un escritorio o convirtieron en escondites improvisados e inverosímiles los reducidos cuartillos de aseo para escobas y traperos, refugios a los cuales acudieron desesperadamente ante los primeros disparos. Porque iniciada la toma y el contra ataque la respuesta natural de visitantes, funcionarios, magistrados, personal de servicios fue esconderse, parapetarse, ocultarse de un fuego indiscriminado, como está demostrado por los videos que desde las calles que rodeaban el edificio tomado y los edificios vecinos, miembros de la fuerza pública, de la Policía, del DAS, incluso tiradores fortuitos disparaban a diestra y siniestra, buscaban posiciones de francotiradores y disparaban a lo que se moviera sin poder distinguir los rehenes inermes de los agresores insurgentes, pese a que los guerrilleros del M19 portaban sus uniformes y distintivos, el fuego a distancia y sin un blanco claro y fijo significó para los tiradores externos disparar a la loca, sin saber a quién o qué se disparaba.

No debe olvidarse el famoso capítulo de un espontáneo, el conocido personaje Rambo criollo, Jorge Arturo Sarria Cavo, un muchacho que tenía en 1985, 22 años, se desempeñaba como técnico programador de computadoras, él fue una verdadera pesadilla para el grupo insurgente y un sujeto que aún causa perplejidad por la manera como desafió a la muerte y asumió unas funciones que no le correspondían, siendo al mismo tiempo un héroe y un hombre mentalmente fuera de control, con un escaso entrenamiento de soldado pero de una capacidad letal y despiadada para la violencia, personaje incluso sobre el que existe la versión aportada por Germán Castro Caycedo en su obra sobre el Palacio de Justicia, "El palacio sin máscara" obra analizada en el capítulo cuarto de éste trabajo que fue alguien que recibió amenazas por parte de miembros de la Fuerza Pública para que no contara ni difundiera su actuación en los hechos, dado que éste sujeto y su rol en la retoma constituye una vergüenza para los comandantes del operativo que en muchos aspectos del mismo no tenían un pleno y efectivo control como queda ejemplificado con éste colaborador civil que espontáneamente coordinó operaciones de avanzada, de ataque, de rescate de rehenes, donde éste personaje dio de baja a presuntos guerrilleros y fue testigo del fuego amigo entre la misma fuerza dado el desorden absoluto con el que se procedió sin un plan táctico.

2.16 INFORME PERICIAL NO TENIDO EN CUENTA EN LAS INVESTIGACIONES

El informe de la mal llamada Comisión de la Verdad de 2005 miente cuando afirma tajantemente que los guerrilleros les dispararon a los rehenes dentro del baño porque la evidencia no permite afirmarlo. Presumiblemente fue la Fuerza Pública la que masacró a la gente que estaba escondida en el baño y que no podía salir de allí por un fuego envolvente y nutrido de ráfagas de armas automáticas desde afuera y el uso de todo tipo de explosivos y artillería. La siguiente es la transcripción del informe presentado en el Noticiero de Televisión Noticias UNO (ver anexo multimedia) por los técnicos en balística de Medicina Legal que adelantaron su peritazgo y redactaron su informe a los tres meses de sucedidos los hechos:

El informe es obra de los forenses autorizados por Medicina Legal para analizar la trayectoria de entrada y salida de los disparos y deducir así la forma en la murieron varios rehenes, entre ellos el magistrado Manuel Gaona Cruz.

El informe que hoy revela Noticias Uno fue ordenado por el Juez de instrucción criminal 77 de la época a expertos de Medicina legal. Los peritos debían responder a 13 preguntas que el Juzgado formulaba sobre los hechos ocurridos en el baño del entrepiso del segundo y tercer nivel del Palacio de Justicia el 7 de Noviembre de 1985.

Este documento e imágenes poco difundidas y que fueron hechas por un equipo de Televisión extranjera días después de la tragedia revelan aspectos hasta ahora inéditos de la tragedia.

Dos hijos de Magistrados que perdieron la vida durante la Toma fueron consultados por Noticias Uno a raíz del hallazgo del documento técnico según el cual los rehenes que se encontraban en el baño murieron por disparos hechos desde afuera, donde se encontraba la fuerza pública.

-"De acuerdo a la ubicación del agujero o boquete y dimensiones del mismo, si es posible que tirador o tiradores disparen desde el exterior del baño hacia el interior del mismo a través del boquete."-

El juez quería establecer si por los orificios hechos por los rockets se disparó desde el exterior y se produjo muertes.

-"Es posible que una vez activado el explosivo plástico sobre la zona ya descrita produciéndose demolición parcial de la pared limitante, se realicen disparos posteriores con rockets "cohete a-t-n72a2" o en su defecto con granadas de cañón de 90 mm. Disparadas por los tanques cascabel… los cuales produjeron el agujero en boquete con proyección de fragmentos metálicos hacia el interior del baño, provenientes del revestimiento metálico, los proyectiles, los cuales pudieron producir lesiones a personas que allí se encontraban."-

Los testigos no escuchados en todos los procesos lo confirmaron.

La confirmación técnica de las muertes de rehenes por disparos exteriores está en la siguiente afirmación:

-"Como quedó anotado en el numeral anterior, se presenta fragmentación del revestimiento metálico de los proyectiles, los cuales son proyectados en parte hacía el interior del baño a través del agujero o boquete produciendo lesiones a la persona o personas próximas a él".-

Aunque los expertos dejaron claro que no pudieron establecer la forma en que murió cada una de las víctimas, debido a las irregularidades en la recuperación del cuerpo y a las labores de limpieza de la escena del crimen hechas por funcionarios de la antigua EDIS, ellos lograron establecer que a Aura Nieto Navarrete y Luz Stella Bernal, quienes murieron adentro del baño, les dispararon desde afuera de este.

-"Trayectoria que sitúa de tirador en la parte externa del baño más exactamente apostado sobre la vigueta del ducto de ventilación"-.

El informe también confirma que algunos de los rehenes murieron al Salir del baño, como el Magistrado Manuel Gaona en cuyo caso los peritos pudieron determinar dese donde le dispararon los tiradores

-"El tirador o tiradores deberían estar a nivel de la plancha del tercer piso y parte superior de la escalera del descenso que del entrepiso conduce al tercer piso".-

Yesid Reyes: -¨Los disparos de Gaona fueron fuera del baño y no del sitio donde estaban los guerrilleros¨-.

Carlos Medellín: -¨Murieron al salir del baño por que los recibieron desde afuera, desafortunadamente quienes estaban afuera era la fuerza pública¨-.

El dictamen científico va en contra de lo establecido por la comisión de la verdad de 2005, la cual dictaminó que Gaona habría muerto por disparos de guerrilleros.

Extrañamente este informe no produjo efectos sobre los juicios que se han adelantado. >[70]

LOS DESAPARECIDOS

Foto No. 24 Los desaparecidos del Palacio de Justicia

Fuente: http://www.prensalibre.com/internacional/Colombia-justicia-DDHH_0_471553075.html

La teoría del caso para la defensa de los condenados por desaparición forzada agravada antes que se conocieran las pruebas testimoniales y gráficas, consistió en crear una especie de duda razonable, muy propia del sistema anglosajón, de que los desparecidos no existieron jamás y no son otra cosa que el resultado de la improvisación forense y los errores llevados a cabo en la escena de los hechos a lo que se suman las acciones posteriores por orden de un juez penal militar que para evitar un supuesto ataque del M19 a la sede de Medicina Legal -que tenía al frente la Estación más grande de policía de Colombia-, ordenó que los cadáveres sin pleno reconocimiento y sin haberse realizado todas la necropsias debidas por mandato constitucional y legal se llevaran a inhumar en una fosa común, donde días después se echaron cadáveres y desechos hospitalarios provenientes de las víctimas de la catástrofe de Armero sucedida el 13 de noviembre de 1985. La fosa común se cerró y clausuró definitivamente con orden de no abrirse indefinidamente por la autoridad de salud ante el riesgo de una epidemia de gangrena gaseosa, dado que es un lugar rodeado de residencias familiares, en la zona del Sur de Bogotá cercana a Matatigres, zona de influencia del Cementerio del Sur, al que estaba adscrito el campo destinado para la inhumación en fosa común.

El otro argumento menos fuerte por ser de orden formal, consistía en demostrar que los militares acusados de desaparición forzada agravada estaban siendo juzgados por un delito inexistente al momento de los hechos referidos, violándose de ésta manera el derecho a la defensa y el principio de que una conducta para ser juzgada penalmente deber ser típica, antijurídica y culpable. Y en 1985 el ordenamiento legal en materia penal no contemplaba el tipo penal de desaparición forzada.

El otro argumento más político que legal es que los únicos responsables por las muertes del Palacio de Justicia, la destrucción del edificio y todos los efectos derivados son el grupo terrorista que planeó y ejecutó la toma, por lo tanto responsables materiales o directos fueron los 35 o 40 guerrilleros, hombres y mujeres, que se tomaron el Palacio pero al mismo tiempo deberían ser responsables los que eran parte de la cúpula del M19, esos que lograron sobrevivir, amnistiarse, recibir perdón, los mismos que presumiblemente actuaron como actores intelectuales de la masacre y magnicidios contra la Rama Judicial, pero que se beneficiaron de manera temprana del indulto, contra toda lógica para llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Beneficio político no judicial que les otorgó total impunidad mientras quienes defendieron las instituciones, obraron conforme a la Constitución y la Ley y acataron ciegamente la órdenes de su comandante y jefe, el Presidente de la República Dr. Belisario Betancur, fueron acusados, detenidos, juzgados, puestos en la palestra pública y condenados. Mientras los terroristas que planearon la toma son políticos, empresarios, líderes culturales, ciudadanos elegidos por voto popular ejerciendo alcaldías, gobernaciones, curules en el Congreso e incluso han sido candidatos presidenciales.

Toda una serie de argumentos que han servido para revivir odios y polarizar las opiniones respecto al caso. Existen dos posiciones principalmente, los defensores a ultranza de la fuerza Pública que consideran que la única salida al problema de la toma de la Corte por el M19 era la militar, para sentar un precedente ejemplarizante. Y los que sostienen que los hechos en su magnitud y desenlace fatal fueron producto del exceso de fuerza capitalizado en todos los desmanes y violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública. Teniendo ambas posiciones encontradas como contexto una opinión pública poco informada, parcializada emocionalmente, influenciada por unos medios de comunicación que tergiversan la información y desorientan a la opinión según el interés de mantener la verdad oficial y congraciarse con el aparato castrense que existe para sustentar el régimen de privilegios y violencia de la élite criolla colombiana al servicio de los intereses extranjeros.

En el especial sobre el Palacio de Justicia de History Channel, repetido varias veces en diferentes fechas, se muestra una selección de imágenes donde salen personas custodiadas hacia la casa museo del 20 de Julio puesto de avanzada de la operación de retoma que han sido reconocidas por sus familiares y amigos, personas que después serán parte del grupo de desaparecidos, tal es el caso de Cristina del Pilar Guarín plenamente reconocida cuando sale viva y es llevada en hombros por un soldado, imagen captada por un camarógrafo de la televisión española y divulgada por múltiples medios en Colombia y en el libro de Ana Carrigan[71]