El Palacio de Justicia entre la retórica y la historia (página 4)

Llama la atención el caso del magistrado auxiliar de la Corte Carlos Horacio Urán reconocido por su viuda y otros testimonios incluyendo el gráfico por fotografía y video de que salió vivo y herido entre soldados y después apareció su cadáver con un tiro de gracia al interior del Palacio de Justicia. Víctima de la cual posteriormente se encontraron sus documentos de identidad en dependencias de Batallón de Caballería adscrito a la Brigada XIII donde para la fecha de los hechos era su Comandante el tristemente célebre Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Lugar que por varios testimonios y material de evidencia documental fueron llevados en calidad de detenidos otras personas como los conductores de los magistrados que fueron víctimas de malos tratos pero que corrieron con mejor suerte[72](Ver video en anexo audiovisual).

Otro caso de muerte confusa que incluso pone en evidencia las contradicciones de los testigos entre ellos magistrados y sus subalternos que han jurado que el M19 asesinó al Magistrado Manuel Gaona Cruz. Ana Carrigan muestra en su libro ya referido, como unos soldados y está la foto clara, transportaban su cadáver en una bandeja forense por la calle, en flagrante contradicción al proceso que se estaba llevando acabo de sacar del Palacio los cuerpos o lo que quedó de ellos, debidamente rotulados para enviarlos a Medicina Legal, estos soldados llevan el cuerpo, lavado, sin la camisa azul que vieron que tenía, sin saberse por qué y hacia donde, además hubo múltiples testimonios de personas que lo vieron salir con vida del Palacio a eso de las 2:45 pm aproximadamente y ser llevado al puesto de avanzada en la Casa Museo del 20 de Julio, pero con el paso del tiempo se perdió la posibilidad de contacto con esas personas[73]El dictamen de Medicina Legal mostró pericialmente que el Magistrado Manuel Gaona Cruz fue ejecutado por una bala 9 mm disparada a contacto en su cabeza, lo más parecido a una ejecución extrajudicial.

Indicios de un crimen aún en desarrollo 27 años después

Mientras las personas desparecidas lo sigan estando el delito se está cometiendo y basta con probar la desaparición forzada a manos de la fuerza pública para probar la responsabilidad de los altos oficiales al mando de la tropa teniendo en cuenta la estructura jerárquica castrense, el superior jerárquico es responsable de lo que realizan sus subalternos bajo la unidad de mando basada en la no deliberación de las órdenes que sólo se pueden cumplir, pero además donde hay grabaciones que de manera indirecta hacen insinuaciones de llevar sospechosos a guarniciones militares, torturar y desaparecer, " –y esperamos que si aparece la manga no aparezca el chaleco-".

En el texto de la Sentencia al General Jesús Armando Arias Cabrales se lee un sucinto relato de los hechos que han mantenido las acciones de retoma del Palacio de Justicia en una polémica y lucha legal por parte de los familiares de los desparecidos, proceso que en el año 2013 cumplirá 28 años.

Aunado a lo anterior varios de esos familiares señalaron haber
recibido llamadas telefónicas de personas que se identificaban como miembros
del Ejército Nacional, participantes en la "operación rastrillo",
quienes les informaban que sus allegados habían sido retenidos y conducidos
a diferentes guarniciones de esa fuerza armada, donde estaban siendo torturados
para que confesaran su presunta relación con el M-19.

Finalmente una llamada hecha por el entonces soldado EDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA permitió que los consanguíneos de la señora IRMA FRANCO PINEDA, reportada también como desaparecida, establecieran días después del insuceso, que la misma había ingresado en condición de guerrillera el 6 de noviembre de 1985 al Palacio de Justicia, de donde salió ilesa, sin que hubiese sido puesta a disposición de las autoridades judiciales y sin que se conozca hasta el día de hoy su paradero>[74].

Existe un video de un noticiero de la época, 24 Horas, que entrevistó al comisionado de la Cruz Roja Dr. Carlos Martínez Sáenz quien además era el Director del Socorro Nacional momentos después de terminada la retoma por el ejército el 7 de Noviembre de 1985. Donde él le cuenta al periodista Javier Darío Restrepo que vio a la guerrillera Irma Franco Pineda – según descripción que hizo de la mujer que vio que concuerda con otros testimonios allegados[75]en otros procesos e incluso publicados por la literatura sobre el Palacio de Justicia – y dos guerrilleros más detenidos en el segundo piso de la Casa del Florero a espera de ser judicializados y estaban ilesos por el relato de Carlos Martínez Sáenz, (ver material audiovisual anexo).

Éste es un documento inédito sobre el tema que incluso no fue allegado al material probatorio contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y los oficiales de inteligencia que aún están unos vinculados, descubierto en el proceso de investigación de éste trabajo de grado (Ver el anexo digital de medios audiovisuales de este trabajo de grado). Otros implicados han sido exonerados y algunos ya han fallecido, quedando en muchos casos el tema en la total impunidad y usando recursos legaliformes como la archifamosa fórmula de la colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar.

Foto No. 25 de Irma Franco Pineda Desaparecida por la Fuerza Pública acusada de guerrillera

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2721-la-sentencia-contra-el-coronel-plazas-vega.html

Una desaparición pública de la que nadie había dicho nada

Ante las cámaras de tv de los medios colombianos e internacionales la fuerza pública desarrolló el delito de desaparición forzada, el mismo que también se realizó según testimonios avalados judicialmente en batallones ligados a la Brigada XIII donde se llevó a civiles sospechosos de ser guerrilleros y se sometieron a torturas hasta morir y posteriormente sus cuerpos fueron desaparecidos. Pero en pleno corazón de Colombia ante los ojos del mundo se hizo por orden del Comandante de la Retoma General Armando Arias Cabrales que era además juez penal militar todo lo que había que hacer para consolidar el delito de desaparición forzada, perfidia[76]violación del DIH, uso de ejecuciones extrajudiciales, entorpecimiento de la acción de la justicia por destrucción de las pruebas y alteración de la escena.

Allí, bajo la dirección del General Jesús Armando Arias Cabrales se llevaron a cabo todos los procesos medio fin para llegar incluso al resultado de borrar, lavar, diluir, barrer la evidencia ante las propias cámaras de los medios de comunicación social y los periodistas como testigos donde se aprecia en material de video y fotografía como se mueven los cadáveres, se lavan, y posteriormente se da la orden sin haber sido terminadas las diligencias de identificación y necropsia que se adelantaban en el Instituto de Medicina Legal que los cuerpos fueran sepultados en una fosa común en el cementerio del sur, donde ochos días después echaron toneladas de desechos hospitalarios contaminados con gangrena gaseosa provenientes de las víctimas de la Catástrofe de Armero por la erupción del volcán Nevado del Ruíz y posterior deshielo, el 13 de Noviembre de 1985.

"Hay dos grupos de 'desaparecidos' en los hechos del Palacio de Justicia. Un aspecto muy llamativo del informe detallado del profesor José Vicente Rodríguez tiene que ver con una novedad dentro de este caso: habla de dos grupos de desaparecidos. Publicado en: Caracol| Febrero 24 de 2010. Según Rodríguez, un grupo de desaparecidos corresponde a los ocho empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, tres visitantes y la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda.

El otro grupo de "desaparecidos" lo define el profesor Rodríguez como el "constituido por los 15 insurgentes identificados y 12 NN, además de Francisco Acuña el empleado de Valher muerto en la acera de la carrera octava". Ese nuevo grupo de "desaparecidos" lo conforman cuerpos identificados durante la autopsia por dactiloscopia, pero cuya identidad se perdió al ser enterrados en una fosa común sin ninguna señal particular que permitiera su identificación, quedando reducidos a condición de NN". Llama la atención que mientras hace pocas semanas, la Fiscalía informó que gracias a los estudios del CTI se había logrado la plena identificación de los restos de Fabio Becerra Correa, el informe del profesor José Vicente Rodríguez afirma que los despojos de ese hombre, uno de los guerrilleros del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia, fueron entregados a sus familiares hace más de cuatro años, el cinco de diciembre de 2005.

No hay certeza sobre la cifra exacta de muertos en el Holocausto. El documento del profesor Rodríguez revela otro detalle fundamental para las investigaciones: nunca se pudo establecer realmente cuantas personas murieron durante el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985. De manera textual, el informe dice que "el número de muertos no ha sido posible calcular exactamente, pues por un lado, el Instituto de Medicina Legal reportó la labor de 94 necropsias – 60 de cuerpos calcinados, 23 de ellas no identificadas-; entre tanto, la Comisión de la Verdad registra 95 caídos". El texto del profesor Rodríguez concluye que "dado que se expidieron 104 licencias de inhumación, el número de víctimas sigue en la incertidumbre". [77]

2.16.3 Y los desaparecidos siguen desaparecidos

La Revista Semana[78]se atrevió a publicar un artículo en los 23 años cumplidos del Holocausto del Palacio de Justicia donde se plantea si esto puede ser prueba de que los desparecidos del Palacio terminaron perdidos en una fosa común del Cementerio del Sur, las fotos Nos. 26 a la 31 son tomadas de tal publicación en versión digital. Por una parte se trata de una versión retomada de periodistas europeos[79]que hicieron la fotos en 1986 pero que además implicaría aparentemente a personal de la Fuerza Pública que cometió ejecuciones extrajudiciales o ¿quiénes serían los que estaban inhumando los cuerpos y demás despojos sí de verdad eran de gente que había sido asociada al Palacio de Justicia? ¿Cuánto puede durar un interrogatorio y tortura si esto fue al menos dos meses después de los hechos? ¿Hubo caza de brujas posterior al Holocausto, se siguió buscando la quinta Columna del M19?

Uno de los efectos de la publicación induciría entonces a plantear de forma indirecta que es posible, sí se busca adecuadamente, encontrar los despojos mortales de los desaparecidos lo que permitiría dejar de hablar de ellos y libraría de toda responsabilidad frente a los desaparecidos a los implicados hasta ahora. Esto supone que se requiere es que sean buscados de forma técnica hasta encontrarlos en las fosas comunes. Pero esto podría ser una estrategia tanto mediática como jurídica, fraguada por los mismos responsables para que años después de manera casi que milagrosa se encontraran los esqueletos de los desaparecidos dándole fuerza entonces a la hipótesis que no hubo tal delito sino una errónea diligencia de inspección e identificación de los cadáveres.

En los últimos años la defensa técnica del Sr. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega ha intentado negar la existencia de personas desaparecidas con el argumento de un manejo anti técnico de la escena del crimen y la identificación de los cadáveres, entre otras razones por el grado de destrucción en que muchos cuerpos quedaron al ser calcinados en el holocausto. O que en caso de haberse dado torturas, ejecuciones extrajudiciales desapariciones esto recae directamente sobre los oficiales que tenían a su cargo los actividades de inspección y control del personal que iba siendo evacuado. Todo ello con un propósito y es que finalmente se derive la responsabilidad sobre los desaparecidos y los que eventualmente salieron con vida, custodiados y después resultaron muertos, sobre los oficiales que estuvieron al frente de reseñar, identificar y comprobar los antecedentes de las personas que pasaron por el control que inteligencia militar implementó en la Casa del Florero. Esto significaría librar de responsabilidad por el delito de desaparición forzada a los comandantes de la operación militar que también tuvieron su puesto de avanzada en la Casa museo del 20 de Julio[80]

Foto No. 26 ¿La fosa perdida del Palacio?

Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana
en el Cementerio Sur de Bogotá.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fosa-perdida-del-palacio/97368-3

"A veces también el cuerpo es objeto de respeto, pero por lo general lo es de profanación; en el primer caso se lo sepulta en una tumba individual, en un cementerio, en el segundo puede ser exhibido en público o cancelado en una fosa común, puede ser desmembrado, violado, destruido"[81]

Foto No. 27 ¿Todos esos testigos dónde están, fueron cómplices de una inhumación irregular? No hay señales de necropsia legal.

Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana
en el Cementerio Sur de Bogotá.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fosa-perdida-del-palacio/97368-3

Foto No. 28 Uno de los siniestros personajes parece sonreír y soportan ambos sin tapabocas el olor a muerte

Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana
en el Cementerio Sur de Bogotá.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fosa-perdida-del-palacio/97368-3

Foto No. 29 En el costado se ve que hay una marca de pólvora, fue ejecutado y no se le hizo una necropsia

Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana
en el Cementerio Sur de Bogotá.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fosa-perdida-del-palacio/97368-3

Foto No. 30 Cadáveres y deshechos humanos se confunden

Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana
en el Cementerio Sur de Bogotá.

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fosa-perdida-del-palacio/97368-3

"Si la esencia definitoria de la guerra radica en la muerte, el tratamiento que reciben los cadáveres encierra los adjetivos y predicados que permiten hablar de guerras completamente distintas, diseminadas en el tiempo y en el espacio, cuyas diferentes tipologías responden a unas clasificaciones basadas en la brutal materialidad de los cadáveres. Porque, del mismo modo que Aquiles con Héctor, es como si se matase dos veces al enemigo: La segunda muerte puede ir acompañada de la profanación y la ostentación del cadáver, o de su desaparición y de la negación de una tumba honorable, y es esta muerte la que induce a una reflexión sobre el asesino, la que desenmascara sus pulsiones instintivas y sus elecciones ideológicas, la que revela sus intenciones más recónditas, la que transforma el cuerpo de la víctima en un extraordinario documento para conocer la identidad del verdugo"[82].

Foto No. 31 Así lucía la fosa en el año 2008

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fosa-perdida-del-palacio/97368-3

LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO OCULTA

Durante décadas el acceso a la información oficial, a las pocas actas de necropsia de la investigación médico legal sobre los hechos y la posterior apertura de la investigación fueron vedadas para todo el mundo, incluso en la actualidad ha sido dispendioso e incluso podría revestir un peligro preguntar por documentos de orden legal asociados a las víctimas del Palacio de Justicia, -los funcionarios se tocan, no quieren atender el requerimiento, argumentan no saber dónde están esos archivos o que hacen parte de procesos judiciales y son evidencia material probatoria bajo cadena de custodia a recaudo de la Fiscalía General de la Nación-.

Una de las actas de necropsia, de las pocas que se hicieron, dice claramente que la forma de la muerte del individuo identificado como guerrillero del M19 y participante en la toma del Palacio de Justicia por la evidencia médico-legal en que el cuerpo fue atravesado por proyectiles se trató de una ejecución extrajudicial cuando el hombre se encontraba de rodillas y con las manos en alto. El problema es que los guerrilleros y sus familiares nunca han tenido un trato digno. Por lo tanto ser parte de una reclamación contra el Estado por la muerte o desaparición de un guerrillero es inconcebible en la mentalidad de los funcionarios públicos y de las autoridades tanto judiciales como de la Fuerza Pública.

"Protocolo de necropsia No. 3777-85 (EJQ). Hombre de 178 cm de estatura, mestizo, dentadura natural completa, grupo sanguíneo A+, falleció por shock hipovolémico secundario a herida pulmonar y hepática por PAF. Lesiones por PAF en antebrazo izquierdo, tercio medio externo de brazo derecho, tercio medio interno de hombro derecho, tercio superior externo de pierna derecha. El cuarto proyectil penetra a 21 cm del vértice y 5 cm de la línea media del tercio medio lateral de cuello lado derecho, que atraviesa 5a vértebra cervical y sale a 35 cm del vértice y 16 cm de la línea media del pliegue axilar anterior izquierdo. El quinto proyectil perfora y traviesa lóbulo pulmonar inferior derecho. El sexto entra a cavidad pleural derecha y atraviesa 8a vértebra dorsal. El séptimo penetra también cavidad pleural derecha y lóbulo hepático derecho. Uno de ios proyectiles alojado en el cuerpo es de calibre .38 largo disparado por revólver -puede ser Smith Wesson, Ruby o Sturm Ruger-. También presenta tres positivos para tatuaje (antebrazo izquierdo, brazo derecho, cuello derecho). Este guerrillero a juzgar por las trayectorias de PAF fue posiblemente ejecutado en posición de rodillas y los brazos levantados"[83].

2.18 EL RECUENTO DE UN DESENLACE SIN FINAL

Tomado textualmente del informe de Antropología Forense[84]que hace referencia al documento legal que resumió las necropsias del 7, 8 y 9 de Noviembre de 1985, realizadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

"Se expidieron 108 Licencias de Inhumación según la Inspección Judicial de marzo 20 de 1987, para el Cementerio del Sur. De ellas 93 necropsias correspondían a víctimas de Palacio de Justicia. El 7 de noviembre se realizan las respectivas necropsias en el Instituto de Medicina Legal.

El 9 de noviembre a las 5:00 pm son retirados 26 cadáveres por orden del Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar (oficio No. 1324); exceptuando el cadáver de Andrés Almarales, los cuerpos son inhumados en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. Sus protocolos de necropsia son: 3747 (Edison Zapata V), 3757 (Francisco Vargas S.), 3758, 3764 (Ricardo Mora G.), 3765 (Héctor A. Lozano), 3768 (William Almonacid), 3769 (Diógenes Benavides M.), 3771 (Fabio Becerra C), 3772 (Jesús A. Roa V), 3773 (Andrés Almarales M.), 3777 (Elkin de Jesús Quiceno), 3779 (Ariel Sánchez G.), 3781 (Jesús A. Carvajal), 3784 (Ángela M. Murillo), 3800 (Identificada en morgue y por ADN a partir de huesos), 3823, 3827, 3831, 3835, 3839, 3843, 3845, 3802, 3799 (?).

El cadáver de Rene Francisco Acuña aparece con el nombre de Ricardo Mora González el cual jamás utilizó en vida.

El 14 de noviembre se practican inhumaciones de víctimas de Armero y Palacio. El 23 de noviembre se adelantan otras inhumaciones según Licencias expedidas el 22 de noviembre. El 30 de noviembre finalizan las inhumaciones según Licencias expedidas el 29 de noviembre: 3583, 3613, 3676, 3671 (Armero o NN), 3808, 3818, 3816, 3819, 3820, 3822, 3830, 3887, 3851, 3548, 3654, 3840, 3849, 3931, 3750, 3877, 3927, 3962. Licencia de Inhumación 17790-17806 de la Notaría 13.

Según la información del Cementerio del Sur habría 261 cadáveres, de ellos 149 infantiles y 112 adultos"[85].

2.18.1 La Antropología forense

Varias disciplinas científicas desde la perspectiva integradora de la Antropología forense han permitido desde la ciencia y la técnica multidisciplinar avanzar de manera asombrosa en la identificación humana, reconocimiento óseo in situ, pruebas de ADN para filiación; reconstrucción óseo-muscular de rasgos de la cara; historia clínica y odontológica, registros dentales o carta dental. Identificación mediante comparación de historial médico, dictamen de odontología forense, documento legal de necropsia, cotejo óseo de Antropología física forense entomología forense.

"En la fosa había muchos restos que aún tenían tejidos. La Universidad del Valle donó un grupo de escarabajos derméstidos, que en tres días consumieron los tejidos que estaban poblados de bacterias. Tras ese trabajo, los insectos fueron conservados, pero su voracidad era tal que deshicieron las uniones del recipiente donde estaban y luego se comieron decenas de documentos de la investigación"[86].

En fin un número importante de ciencias, complementariamente apoyando la búsqueda la planimetría de una fosa común, la estratigrafía y la criminalística, todas encaminadas a descubrir la verdad que había estado enterrada por muchos años y de la cual se pensaba nadie podría sacar nada. Profesionales de la Universidad Nacional de Colombia y de un equipo de forenses argentinos se aplicaron en el trabajo de campo de rescatar de la fosa común los cuerpos inhumados irregularmente el 7 y 8 de Noviembre de 1985, presumiblemente provenientes de victimas del Palacio de Justicia, entre ellos, algunos de los guerrilleros del M19 que habían propiciado ese ataque demencial.

Foto No. 32 Apertura fosa cementerio del Sur

Figura 97. Primer nivel en la excavación de la fosa común con las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Fuente: Informe Técnico Universidad Nacional de Colombia: Capítulo IX OPERACIÓN SIRIRÍ Y PALACIO DE JUSTICIA. Rodríguez Cuenca, José Vicente. La Antropología Forense en la identificación Humana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004, Cap. IX.

Este proceso se inició el 26 de enero de 1998 y finalizó el 9 de septiembre del mismo año. La fosa tenía un área de 36 metros cuadrados, dividida en 9 cuadrículas de 2×2 metros.

Foto No. 33 Fosa cementerio del Sur nivel correspondiente al Palacio de Justicia

Figura 98. Esqueleto No. 16 con lesión perimortem en epífisis distal de fémur derecho de la fosa común de Palacio de Justicia. Fuente: Informe Técnico Universidad Nacional de Colombia: Capítulo IX OPERACIÓN SIRIRÍ Y PALACIO DE JUSTICIA. Rodríguez Cuenca, José Vicente. La Antropología Forense en la identificación Humana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004, Cap. IX.

Después de un trabajo científico de alta sofisticación a algunos de esos huesos se les ha logrado devolver un rostro y una identidad perdida. Se trata de algunos de los guerrilleros del M19, después de un trabajo silencioso y dispendioso de años.

Cito un artículo de prensa académica que resume lo que dijo el Diario oficial sobre la toma del Palacio de Justicia y los resultados de reconstrucción desde la Antropología forense. Se trata de la nota final en éste recuento de los hechos sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, acontecimiento que seguirá abierto hasta que no se solucione lo de los desaparecidos y que es un hecho de los más dramáticos de la historia contemporánea colombiana y por lo mismo no debe olvidarse:

"Según se narra en el Diario Oficial No. 37509 de martes 17 de junio de 1986, a las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, el comando Iván Marino Ospina del grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá. La fuerza pública reaccionó mediante un operativo de gran magnitud, negándose a negociar con los insurgentes; en el intercambio de disparos cayeron civiles. En total, perecieron 109 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tres magistrados auxiliares, 12 auxiliares de los magistrados de la Corte, un magistrado auxiliar del Consejo de estado, dos abogados asistentes del Consejo de Estado, cuatro auxiliares del Consejo, tres conductores, el administrador del Palacio, dos vigilantes, una ascensorista, 11 integrantes de la fuerza pública, cinco particulares visitantes, un transeúnte -René Francisco Acuña-, siete empleados de la cafetería, una proveedora de pasteles, 15 insurgentes identificados, seis insurgentes sin reconocimiento médico, 14 insurgentes NN. Además de las personas que lograron salir al inicio, se salvaron otros 60 rehenes que escaparon del incendio y se refugiaron en un pequeño baño de 20 m² avanzada la noche. El Instituto de Medicina Legal reportó la labor de 94 necropsias -60 de cuerpos calcinados, 23 de ellas no identificadas-, y se expidieron 104 licencias de inhumación, por lo cual el número de víctimas sigue en la incertidumbre"[87].

En éste mismo artículo el autor, José Vicente Rodríguez Cuenca, un profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, presenta el resultado gráfico de un trabajo hecho por la dignidad de los que habiéndolo perdido todo, no deben ser despojados de su identidad. Un trabajo científico que sin importar las diferencias sociales, políticas, las condiciones jurídicas, los estatus culturales reconoce que estas personas fueron y aún en la muerte siguen siendo parte de la humanidad, pese a que no quede de ellos si no sus restos óseos.

La Historia no es solamente "la ciencia del pasado del hombre en sociedad" según Edward Car, o debe ser solamente "maestra de vida" según Cicerón. La Historia es ante todo la memoria y la identidad que permite reconocer en el presente, que se es, por lo que se ha llegado a ser desde el pasado, por eso una sociedad civilizada no desaparece a nadie, no borra a los muertos, no olvida los errores cometidos o cubre de silencio los crímenes de lesa humanidad. Tampoco llama héroes a los que cometen ejecuciones extrajudiciales ni desconoce aunque se trate de los adversarios del poder oficial, las razones de sus causas, su intrepidez, su valentía, sí que estuvieron equivocados en el método y pagaron con su sufrimiento y el muchos inocentes su error, pero su motivación por una sociedad más justa no es una causa vana, vacua, simple, que simplemente se pueda desdeñar, pasar la página y ya.

El 5 de Mayo de 2013 el periódico El Espectador publicó la noticia[88]de que se daba por terminada la búsqueda de desaparecidos entre los restos de la fosa común exhumados para cotejo de ADN y demás estudios periciales.

"Investigaciones del CTI cierran la posibilidad que se mantuvo durante 28 años, de que personas reportadas como desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia estuvieran enterradas en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. Los desaparecidos no corresponden con ninguno de los cuerpos exhumados en el Palacio de Justicia y ya no hay dónde más buscar. No estamos esperando a que aparezcan, no hay ninguna diligencia pendiente". Con esas palabras, sin matices, Sebastián Machado, asesor del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, explicó la conclusión de los trabajos del CTI en relación con 11 víctimas del Holocausto nunca encontradas.

Machado sustenta su afirmación en la investigación y el análisis de la División Criminalística de la Dirección Nacional del CTI, referente a la exhumación entre enero y septiembre de 1998 que las autoridades hicieron de los restos que fueron enterrados como NN en la fosa común del Cementerio Sur, en Bogotá, hasta los últimos requerimientos de cotejos de ADN este año 2013. Las conclusiones están, además, consignadas en un reporte con fecha 25 de abril del año en curso, firmado por Juan Carlos León, médico forense y jefe (e) de dicha División, al cual tuvo acceso El Espectador.

Por estos desaparecidos hay cuatro procesos vigentes en la justicia contra militares del Ejército que participaron en la retoma del Palacio. Ellos son los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13, e Iván Ramírez, excomandante de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), así como los coroneles (r) Edilberto Sánchez, exjefe de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, y Alfonso Plazas Vega, excomandante de la Escuela de Caballería. En el caso de Plazas, el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia mantuvo su responsabilidad sobre dos desaparecidos, Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez. Sobre los otros nueve el alto tribunal planteó serias dudas y le retiró al coronel su responsabilidad sobre esas desapariciones. El proceso está en casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Adicional a esto, Colombia enfrenta una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos relacionados con el Palacio de Justicia. Que la Fiscalía concluya de forma tan tajante que el CTI agotó todos sus recursos durante los últimos 15 años desde que hicieron la primera exhumación de los cuerpos enterrados en la fosa común del Cementerio del Sur, deja sin piso los argumentos de los defensores de los militares que hasta el día de hoy siguen insistiendo en que los desaparecidos sí pueden estar en los restos que aún guarda la Fiscalía.

En entrevista con El Espectador, Jaime Granados, abogado defensor del coronel (r) Plazas Vega, dijo que el reporte del CTI "demuestra la incapacidad del Estado para llegar al fondo de la verdad. Aún hay 18 restos calcinados que nunca han sido identificados. Por qué estamos tan seguros de que los desaparecidos del Palacio no están ahí".

El informe del CTI maneja números distintos. Señala que hizo "un total de 94 necropsias de víctimas del Palacio de Justicia, de los cuales 34 se encontraban completos y 60 calcinados; de estos 60, 23 calcinados quedaron sin identificar". Para los militares procesados es importante que los desaparecidos estén en los restos exhumados en la fosa del Cementerio del Sur por algo básico. Si aparecen se caen todos los procesos menos el de la guerrillera Irma Franco, sobre quien la justicia tiene plenas pruebas de que salió viva del Palacio de Justicia y fue desaparecida.

Hasta el día de hoy los defensores de los militares le han insistido a la Fiscalía que acuda a instancias internacionales para terminar de identificar los restos que no han sido cotejados. Rafael Nieto Loaiza, abogado contratado por el Estado colombiano para ejercer la defensa por este caso ante la Corte Interamericana, le ha pedido al menos en tres ocasiones a la Fiscalía averiguar qué pasó con los cadáveres y con la exhumación. La razón es que persisten dudas sobre el proceso que llevaron a cabo los expertos cuando sacaron los cuerpos de las fosas, porque al hacerlo se tomaron muestras de los esqueletos, pero no se hizo un estudio genético que determinara que cada pieza del esqueleto sí correspondiera al mismo cuerpo".

Foto No. 34 Evidencia forense del Palacio de justicia

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-420138-fiscalia-cierra-capitulo-de-desaparecidos-del-palacio-de-justici

El Estado colombiano no sólo ha sido negligente en las investigaciones ha obrado con una doble moral, por una parte niega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública establecida por procesos judiciales en Colombia y que son "cosa juzgada". Ha hecho y dejado de hacer todo lo necesario para que no se llegue a la verdad, se establezcan como únicos responsables del Holocausto a los subversivos del M19 y se asuma incluso sentencia de condena en el año 2013 contra una de las desaparecidas, Irma Franco Pineda[89]perteneciente según múltiples versiones y evidencias a la célula subversiva y una de las personas que de manera probada se sabe salió con vida y fue desaparecida por la Fuerza Pública, es decir una víctima contra la cual se obró con dolo, sevicia, inmisericordemente, cometiéndose un feminicidio de lesa humanidad porque ésta mujer según versiones de oídas en testimonios recogidos como versiones libres por los múltiples investigadores en 28 años de impunidad, fue sometida a todo tipo de abusos y torturas por parte de uniformados que después fueron ellos y sus superiores jerárquicos condecorados por valentía en la prestación de altos servicios a la patria en procura de la seguridad nacional y la defensa de las instituciones.

El propio Sr. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega cambió de posición y en entrevista al periódico El Tiempo manifestó que efectivamente se desprende claramente de las diferentes versiones, testimonios, evidencias y pruebas que Irma Franco salió con vida del Palacio y fue desaparecida, pero que esto corresponde en responsabilidad a la inteligencia militar y no a la unidad que el comandaba en el Palacio adscrita a la Escuela de Caballería[90]

Esto demuestra que en los militares ha estado dándose una fractura en el pacto de silencio asumido inicialmente como una unidad cerrada de defensa de no acusarse o recusarse entre ellos. El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega y el General Jesús Armando Arias Cabrales son quienes han llevado todo el peso de las investigaciones y las penas. En cambio otros responsables de los hechos nunca fueron investigados y han pasado impunes incluso frente al hecho que sus nombres no han sido publicitados en la esfera pública con la intensidad de los ya mencionados.

Esto ha causado que casi 28 años después se dé una
especie de apertura en la manera como se manejó el tema por el oficialato
ante los tribunales y la opinión pública, lo que puede suponer
que en años venideros se conozcan aspectos inéditos, todo ello
provocado por la desilusión y desesperación de algunos sentenciados,
al sentir que fueron los chivos expiatorios del establecimiento. Frente a la
tranquilidad, reconocimientos, altos cargos y goce de la libertad de la que
gozan otros. Igual o más responsables que los mencionados, que sí
fueron involucrados penal y disciplinariamente, y han recibido el escarnio de
parte de la sociedad.

2.18.2 Los retratos póstumos[91]

René Francisco Acuña. Protocolo de necropsia No. 3664-85,
parece corresponder al esqueleto No. 62. Masculino, 20-30 años, 166,5±3,9
cm, lesión antemortem en clavícula derecha en inserción
del ligamento costo-clavicular; pérdida de incisivos y caninos superiores
y molares inferiores; asimetría nasal; robustez de cuello.

Elkin de Jesús Quiceno. Protocolo de necropsia No. 3777-85,
parece corresponder al esqueleto No. 71. Masculino, 20-30 años, 178±3,9
cm de estatura, dentición completa, desgaste distal de incisivo superior
derecho, nariz ancha; lesiones múltiples por PAF[92]en
tronco y brazo derecho, tres tatuajes.    

Fernando Rodríguez Sánchez. Protocolo de necropsia No. 3782-85, parece corresponder al esqueleto No. 66. Masculino, 25-30 años, 162±3,9 cm de estatura, dentición completa; PAF cerebral; mastoides derecho, temporal izquierdo; frontal izquierdo conminuta.

Francisco Vargas Soto. Protocolo de necropsia No. 3757-85, parece
corresponder al esqueleto No. 56. Masculino, 20-30 años, 180±3,9 cm,
lesiones por proyectil de arma de fuego en tronco; asimetría nasal y
en el mentón.  

Diógenes Benavides Martinelli. Protocolo de necropsia No.
3769-85, panameño, que parece corresponder al esqueleto No. 57. Masculino,
40±5 años, rasgos muy caucásicos, dentición incompleta
-ausencia de incisivos superiores-, lesión antigua en parte posterior
de parietales; PAF en frontal derecho, OE[93]en temporal derecho,
OS[94]parieto-temporal izquierdo.  

 Jesús A. Carvajal Romero. Protocolo de necropsia
No. 3781-85, parece corresponder al esqueleto No. 80. Masculino, 20-30 años,
163±3,9 cm de estatura, dentición completa; PAF con OE mentón
izquierdo; ondas explosivas; fracturas múltiples.

Ángela María Murillo. Protocolo de necropsia No. 3784-85,
parece corresponder al esqueleto No. 60. Femenino, 20-25 años, 160-165
cm de estatura; lesión por PAF, OE temporal derecho, OS temporal izquierdo,
tatuaje.

Jaime Rodríguez Vivas. Protocolo de necropsia No. 3780-85, parece corresponder al esqueleto No. 83. Masculino, 20-35 años, 173±3,9 cm de estatura, dentición incompleta; ausencia traumática de masa encefálica por lesión de PAF.

 Ariel Sánchez Gómez. Protocolo de necropsia
No. 3779-85, parece corresponder al esqueleto No. 63. Masculino, 20-30 años,
177±3,4 cm de estatura, fracturas consolidadas en costillas; PAF cerebral con
la-ceración.  

Fabio Becerra Correa. Protocolo No. 3771-85, parece corresponder al esqueleto No. 61. Masculino, 20-25 años, 183±3,9 cm de estatura, fractura consolidada en ante-brazo derecho; lesión por PAF en ojo derecho con OS en frontal.

Vale anotar que la reconstrucción morfo-facial, el cotejo de rasgos óseos y la identificación forense de lesiones se ha podido realizar hasta el resultado de una factible identificación solamente cuando se compara el trabajo de Antropología forense con un protocolo de necropsia, los cuerpos que fueron inhumados el 7 de Noviembre de 1985 y de los cuales no se hizo necropsia o no quedó registro de la misma no se pueden comparar con nada, solo queda constancia que estas personas ante los ojos de millones de personas en Colombia y el mundo fueron desaparecidos por la Fuerza Pública y se hizo todo lo posible para que de ellas no quedara absolutamente nada.

2.18.3 Información desclasificada

Michael Evans, es Director del Proyecto de Documentación de Colombia en la institución no gubernamental National Security Archives de Washington, D.C. Una organización sin ánimo de lucro que lucha por el derecho a la Información y por lo tanto lidera que los archivos del famoso Departamento de Estado de Estados Unidos vayan siendo paulatinamente desclasificados incluso si su tema es el de mayor celo, la seguridad nacional, lo que determina que archivos pueden ser conocidos directamente, o cuales deben salir a la luz pública para propiciar un conocimiento histórico y real de la relación entre poder, Estado y sociedad. La Universidad de George Washington ha liderado la divulgación de documentos secretos una vez son desclasificados al pasar 25 años[95]

Sobre El Palacio de Justicia y los hechos del 6 y 7 de Noviembre de 1985 se puede consultar varios documentos, entre ellos la Causa No. 2009–0352, JUZGADO CINCUENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), sentencia dentro de la presente causa adelantada en contra de IVÁN RAMÍREZ QUINTERO, FERNANDO BLANCO GÓMEZ y GUSTAVO ARÉVALO MORENO, a quienes la Fiscalía General de la Nación imputó cargos como presuntos coautores del delito de DESAPARICIÓN FORZADA AGRAVADA, en concurso homogéneo y sucesivo.[96]

En un artículo de la Revista Semana del 28 de Octubre de 2009, se publicó un artículo de Evans que trata de los archivos desclasificados que tienen elementos incriminatorios provenientes de información de estado desclasificada y aportada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia contra el Coronel Plazas Vega, evidencia documental que los abogados defensores del Coronel Plazas lucharon legalmente para que no fuera tenida en cuenta en el juicio en su contra por el delito de desaparición forzada agravada, pero basados en argumentos de orden técnico dada la emergencia extemporánea del surgimiento de la prueba, pero no porque tuvieran argumentos de fondo o de orden material para desvirtuarla.

Vemos los aspectos más definidos de incriminación a nivel oficial por la principal potencia militar del mundo que ha usado a la Fuerza Pública colombiana como una aliada incondicional y a donde los altos oficiales de la aristocracia militar colombiana califican sus cursos de ascenso, de coroneles a generales. Son citas textuales del artículo ya referido en revista Semana[97]

"La presencia entre "representantes de las ONG" de dos oficiales militares (uno activo y otro retirado) que quemaron tiempo con largas diatribas pro-militares, también hizo que el intercambio entre militares y ONG se echara para atrás. Uno de los dos era el coronel retirado Alfonso Plazas Vargas (sic) representando a la "Oficina de Derechos Humanos de Oficiales Militares Retirados. Plazas comandó el ataque al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, después de que éste fuera tomado por el M-19. El ataque resultó en la muerte de más de 70 personas, incluyendo siete magistrados de la Corte Suprema. Los soldados mataron a un número de miembros del M-19 y colaboradores sospechosos que ya no podían combatir, incluyendo a los empleados de la cafetería".

"Esta breve descripción del coronel Plazas representa la más clara y concisa afirmación hasta ahora hecha pública de la responsabilidad del Ejército en las muertes y desapariciones en el caso del Palacio de Justicia. Es muy poco probable que la Embajada hiciera semejantes acusaciones, por mucho tangenciales que haya sido al tema central del documento, sin haber evaluado cuidadosamente la evidencia existente".

"Aunque les es apropiado a los defensores del coronel Plazas cuestionar la información hiperbólica y a veces fabricada que ha aparecido en algunos reportajes sobre el caso, estas objeciones no justifican la fabricación de información igualmente errada y no pueden refutar lo que es evidente en el documento: que la Embajada de Estados Unidos, en enero de 1999, bajo el embajador Curtis Kamman creía que los militares colombianos, bajo el comando del coronel Plazas, fue responsable de la gran mayoría de las muertes y desapariciones en el caso del Palacio de Justicia".

2.19 LA MEMORIA Y SUS MÚLTIPLES IMÁGENES

La memoria más que frágil e incierta, es poderosamente encuadrable en lo verosímil, dinámica, recrea lo que recuerda y son muchos los recuerdos borrados y sobre ellos vueltos a trazar nuevos recuerdos, hasta cierto punto la memoria inventa un poco de lo que recuerda. Esta tragedia colombiana, como la denomina Ana Carrigan, ha dado para documentales y festivales de cine, un claro ejemplo de ella es la producción "La Toma", largometraje codirigido por el sudafricano Angus Gibson y el colombiano Miguel Salazar, se trata de una versión testimonial y al mismo tiempo cinematográfica del Holocausto del Palacio de Justicia, presentada en el Festival de Cine de Cartagena, 1º de marzo de 2011. Su importancia radica en el acceso privilegiado que tuvieron los realizadores de material audiovisual que fue digitalizado y mejorado sin alterar el contenido inicial.

Foto No. 35 Cartel filme La Toma

Fuente: http://bnfanzine.blogspot.com/2011/09/la-toma-una-pelicula-25-anos-despues.html

Sobre los hechos del Palacio de justicia se había producido una obra de teatro "la Siempre viva" estrenada en 1994, dirigida por Miguel Torres quien fue su dramaturgo. La Toma es la primera película cuyo Codirector fue el colombiano Miguel Salazar.

2.19.1 Colección de museo

Foto No. 36 Máquina de escribir incinerada en el Holocausto del Palacio de Justicia

Fuente: http://www.museonacional.gov.co/paginaindependientespiezamesnoviembre2010piezamesnoviembre2010

Remington

Máquina de escribir incinerada en la toma del Palacio de Justicia, que perteneció a José Antonio Salazar Cruz.

ca. 1985

Ensamblaje

22,5 x 45 x 38,5 cm

Donada al Museo Nacional por José Antonio Salazar Cruz (1.10.2003)

2.19.2 La arquitectura histórica y el eco internacional

Foto No. 37 Maqueta Palacio de Justicia Academia de Arte de Dusseldorf, Alemania, mayo de 2000

Fuente: http://www.guzmanruiz.com/In-memoriam.htm

Foto No. 38 Maqueta Palacio de Justicia Academia de Arte de Dusseldorf, Alemania, mayo de 2000

http://www.guzmanruiz.com/In-memoriam.htm

Maqueta Palacio de Justicia reconstruida en vista suroccidental con fachada falsa para hacer un montaje arquitectónico que recuerde el Palacio destruido el 6 y 7 de Noviembre de 1985, Academia de Arte de Dusseldorf, Alemania, mayo de 2000.

2.19.3 Un aporte estético a la recuperación de la frágil memoria histórica

En éste ensamble se trabaja en una maqueta del destruido Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985. Se observa la fachada al sur y el sector del sótano donde era el parqueadero desde la esquina noroccidental Proyecto desarrollado para la exposición Documentos para un Futuro imperfecto. Curaduría de Esteban Álvarez. El Parqueadero, Bogotá y Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2011.

Foto No. 39 Maqueta Palacio de Justicia

Fuente: http://nicolasconsuegra.com/proyectos/sin-titulo-palacio-de-justicia/

2.19.4 Existe una novela gráfica sobre los desparecidos protagonizada por 11 ratones

Fuente: http://cerosetenta.uniandes.edu.co/los-once/

2.19.5 El palacio de justicia hoy

Foto No. 40 Edificio nuevo Palacio de Justicia denominado Alfonso Reyes Echandía

Fuente: http://www.trivago.es/bogota-85327/edificio-emblematico/palacio-de-justicia-210636

Después de la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional, el máximo tribunal que salvaguarda que la Constitución se cumpla, particularmente en el tema de los Derechos Fundamentales en su titular legítimo, el pueblo colombiano y los residentes extranjeros en Colombia, el alto tribunal recibe a diario más de 2000 tutelas para revisión y un promedio de 40.000 al mes.

La acción de tutela es un mecanismo exclusivo de defensa de los Derechos Fundamentales cuando el afectado no cuenta con otro medio alternativo en el sistema legal para accionar en defensa de sus derechos o cuando la afectación es tan grave que amerita una resolución urgente y no por la vía ordinaria. Aquí, en ésta edificación operan el Consejo de Estado, La Corte Constitucional, El Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, los representantes de la rama judicial.

2.19.6 Fotomontaje y performance digital de la identidad de los desaparecidos[98]

La memoria acerca de los desaparecidos es el triunfo de la vida sobre la muerte para que los torturadores homicidas aprendan que desaparecer a las personas puede ser más contraproducente que dejarlas vivir sus vidas simples y contradictorias como es el destino de casi todas las vidas humanas. Su foto tiene la huella de una bota militar, la que se usó literal y metafóricamente para pisotear su dignidad, sus Derechos Humanos, su vida.

Foto No. 41 de Bernardo Beltrán Hernández

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 42 de Ana Rosa Castiblanco

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 43 de Héctor Jaime Beltrán Fuentes

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 44 de Carlos Augusto Rodríguez Vera

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 45 de Cristina del Pilar Guarín Cortes

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 46 de David Suspes Celis

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 47 de Gloria Estela Lizarazo Figueroa

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 48 de Gloria Isabel Anzola Mora.

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 49 de Irma Franco Pineda

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 50 de Lucy Amparo Oviedo de Arias

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 51 de Luz Mary Portela León

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

Foto No. 52 de Norma Constanza Esguerra Forero

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lanaranjaroja/with/4277199201/#photo_4277199201

2.20 EN SINTESIS

Los hechos son en sus grandes rasgos claros, en los detalles difusos. Una fracción del grupo guerrillero M19 compuesto por mujeres y hombres, en un número superior a 30 e inferior a 40 toma el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 a las 11.30 am, entran por el sótano asesinando a los vigilantes de la entrada al parqueadero y al administrador del edificio, aunque sobre esto último existe la hipótesis de que fue hecho rehén y obligado a usar su manojo de llaves para abrir y cerrar puertas aparte que era quien conocía los atajos del edificio para llegar a la sala de los magistrados sin tener que enfrentar en contrario de abajo hacia arriba el fuego vertical de resistencia de los escoltas y que en esa maniobra el civil administrador cayó herido de muerte, es una hipótesis con algo de sentido si se aprecia que en la situación el administrador era un civil inerme que servía más vivo que muerto para una insurgencia que estaba dividida en dos grupos, incomunicada porque no tenían radios ni acceso a comunicaciones ya que estos elementos en la precipitada y errada entrada habían quedado en el sótano al que no se podía retornar porque ya sobre ese lugar el fuego era nutrido desde afuera.

Una parte de los insurgentes sube hasta el 4º piso, entre ellos van Luis Otero y Alfonso Jacquin, toman como rehenes a magistrados donde estaban entre otros el Presidente de la Corte, Dr. Alfonso Reyes Echandía, magistrados principales y auxiliares, personal subalterno y visitantes. La Fuerza pública se extralimitó en todo sentido, actuó con total desprecio de la vida humana y ejecutó a los guerrilleros pero en su afán de hacerlo cayeron víctimas inocentes, después del Palacio de Justicia las instituciones democráticas no se fortalecieron y vendría en los años posteriores y durante la década de los 90"s y la primera del Siglo XXI la ola de violencia política, paramilitar y de bandas criminales más grave y cruda que haya sufrido Colombia y cualquier otro país en el mundo en tiempos de paz.

Pero estos hechos no son todo, son apenas una reconstrucción que surge de expedientes judiciales, testimonios, versiones que circulan en el imaginario popular y que la literatura tanática[99]sobre el Palacio de Justicia ha recreado a partir de versiones noveladas o crónicas que prometen ser la verdad sobre los hechos, hechos solamente probables y tenues de la verdad procesal y que recuerda plenamente la tensión entre la justicia y la verdad, entre las formas legales y la experiencia ontológica y el conocimiento de los hechos cuando los únicos medios de acercamiento son el discurso, la narración, la versión, el testimonio, el libelo legal, las imágenes y audios editados.

En la genealogía de los hechos que involucran el saber y el poder sobre la guerra y la desaparición, la tortura y aniquilamiento de los cuerpos y sobre los que versa el peso de las instituciones, la defensa de la democracia, frente a lo que se está es ante un discurso que escribe en la piel de los torturados con pus y sangre la verdad de un sistema hecho a la medida del Leviatán Estado que está constituido para salvaguardar los bienes jurídicos de los señores de la economía, de la gran sociedad, de la cultura de elite que históricamente se han hecho dueños del país y de los recursos, los mismos que se lucran de mantener generaciones en la miseria, la ignorancia, la violencia, la adicción, el engaño mediático y el miedo[100]

Por eso su impulso natural es el de escribir la Historia, de crear las instituciones académicas, del saber-poder que modela su imagen y reviste de identidad y gloria sus nombres, sus familias, su pasado épico de hombres de la patria forjadores del país y sus instituciones, las mismas que el Coronel Plazas Vega fue a defender con carros blindados aún en el riesgo evidente de una explosión por simpatía[101]dada la magnitud del arsenal de guerra que se usó y donde habían cientos de civiles inocentes, inermes, ajenos al conflicto. Este célebre coronel ha sido condenado a 30 años de prisión por secuestro simple agravado y desaparición forzada agravada de la presunta guerrillera Irma franco Pineda y el Administrador de la Cafetería Sr. Carlos Rodríguez[102]

Sobre los hechos del Palacio de justicia quedan muchos aspectos por descubrir y seguramente con el paso del tiempo se irán conociendo más detalles. Los responsables directos unos han fallecido y los sobrevivientes son todas personas mayores que en muy poco tiempo van a morir. Los hijos de los desaparecidos han ido recibiendo indemnizaciones y posiblemente en una década más ya no exista el interés de mantener vivo el proceso judicial, lo que queda es que la Historiografía no deje olvidar este episodio crítico en la historia reciente de Colombia, hay que apostarle a la reconciliación, al respeto, al perdón, pero sólo se puede llegar allá con la verdad, la justicia, la reparación, es necesario saber cómo fue el final de los desaparecidos para que sus familiares tengan ese ingrato consuelo.

Los historiadores, los intelectuales, los profesores tienen el deber de enseñar a los niños y las niñas de Colombia estos hechos para que la historia no se repita y es necesario que el Ejército de Colombia, que la Fuerza Pública en general, que todo el aparato estatal reflexione sobre el tipo de país y de sociedad que ellos quieren y ayudan a mantener y moldear. Porque es posible cambiar para mejorar, otra Colombia podría ser, una incluyente, de trabajo, de estudio, de fe en el hombre y no basada en la ignorancia, la codicia, el desenfreno en el deseo traducido en consumo compulsivo.

Se necesita de hombres y mujeres comprometidos con lo social, con la protección del medio ambiente, con ejercer soberanía sobre los recursos naturales, con comprender finalmente que el imperio del derecho en el valor de la justicia es la base de la civilización y la posibilidad de un desarrollo económico y social a escala humana. Hay que apostarle a la vida y no más a la muerte. Y unas fuerzas armadas patrióticas, con responsabilidad social, podrían contribuir a la vida y a la paz.

Foto No. 53 Montaje de uno de los héroes oficiales de la Retoma, El Coronel Alfonso Plazas Vega

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2721-la-sentencia-contra-el-coronel-plazas-vega.html

Foto No. 54 Coronel Alfonso plazas Vega escuchando su sentencia condenatoria de segunda instancia en febrero de 2012, 27 años después pasó de héroe a villano.

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2721-la-sentencia-contra-el-coronel-plazas-vega.html.

Foto No. 55 del retrato a carboncillo de Carlos Rodríguez desaparecido por la Fuerza Pública

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2721-la-sentencia-contra-el-coronel-plazas-vega.html

Foto No. 56 de Enrique Rodríguez, luchador incansable por la verdad sin esperanza de justicia, padre de Carlos Rodríguez.

Fuente: http://www.semana.com/on-line/articulo/entrevista-ya-muy-tarde/80597-3

A continuación un relato que hizo Enrique Rodríguez, ya fallecido, padre De Carlos Rodríguez quien fuera el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia desaparecido durante la retoma el 6 y el 7 de Noviembre de 1985. Se trata de una entrevista publicada en la Revista Semana, que resume el horror de lo que presumiblemente sucedió y que marca su lucha sin esperanza, en una búsqueda incansable por encontrar los restos de su hijo, y porque la verdad, la justicia y reparación en el caso de los desparecidos del Palacio de Justicia no quedara en retórica.

"Algunas prendas de ropa estaban tiradas por ahí, esparcidas por toda la cafetería. Habían saqueado el lugar, hasta la loza se la habían robado, las ollas, todo. Pero no había rastros de que alguien hubiera muerto ahí, de manera que a mi hijo y a los demás empleados los sacaron vivos. Eso fue lo que pudieron ver mi nuera Cecilia, y César, mi otro hijo, que entraron al Palacio dos días después de finalizada la toma. En la bodega donde se guardaba el mercado encontraron la credencial que acreditaba a Carlos como administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Ese fue el último rastro tangible que dejaron de él.

Desde el mismo día en que comenzó la toma, mi familia y yo empezamos una tarea incansable que hoy, veinte años después, no ha terminado. Busqué, averigüé, le pregunté a todo el que pude. Cuando el enfrentamiento terminó nos fuimos al Palacio a ver qué podíamos saber. Allí nos encontramos con un investigador del DAS y me dijo que a los de la cafetería los habían sacado por la carrera octava con la ropa de trabajo y los montaron a una volqueta militar hacia el batallón Guardia Presidencial. Ahí no los dejaron ni arrimar porque no era un lugar para detenidos. Siguieron con ellos camino a la DIJIN por los lados del parque de Los Mártires y fue ahí donde los reseñaron y los acusaron de pertenecer al M-19. Con la marca injusta de guerrilleros, los llevaron a la Escuela de Caballería. Ahí, desaparecieron para siempre.

Algunas personas dicen que a Carlos primero lo llevaron a la Casa del Florero. Ricardo Gámez, un hombre de inteligencia militar que seguramente no podía dormir por todo lo que veía y debía callar, tiempo después le entregó una declaración a la Procuraduría contando todo. En ella decía que en la Casa del Florero el coronel Plazas Vega dio la orden de que trasladaran a Carlos a la Escuela de Caballería: "me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe". Después lo asesinaron y lo enterraron cerca del polígono.

Ese testimonio coincide con la llamada que recibí el viernes 8 de noviembre, de un tipo que dijo ser miembro de inteligencia militar. No me dio el nombre, pero me informó que a Carlos lo tenían en la Escuela de Caballería y lo estaban torturando. Nosotros, en medio de esa angustia, nos fuimos para allá pero no nos dejaron entrar hasta la caballería. Hablamos con unos militares que nos aseguraron que ahí no había retenidos. Después, fuimos a la Policía y allá alguien sin identificarse nos habló de un Sargento de la Policía que había protestado por el trato que les estaban dando a los de la cafetería. Nosotros tratamos de ubicarlo por todos los medios, pero incluso nos negaron que perteneciera a la Policía. Luego vinimos a saber que a ese sargento lo trasladaron a Nariño y lo tenían amenazado. También fuimos a la PM, al DAS, pero los resultados siempre fueron negativos. Yo conté todo eso en una carta que mandé al Tribunal Especial y nunca me llamaron a ratificar.

En el informe que entregó Ricardo Gámez al Procurador cuenta cómo torturaron a mi hijo: "Fue colgado varias veces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas"[103] .

¿Qué es un balance historiográfico?

Un balance historiográfico es un análisis de la producción del conocimiento histórico sobre un tema específico que ha sido suficientemente delimitado en sus coordenadas humanas, espaciales, temporales y problémicas. En ocasiones lo único que tiene alguien que va a ser un balance historiográfico son las fuentes y comienza a leer y encontrar en ellas diferentes formas de tratar e interpretar un hecho. Partir desde un tema específico, como la relación entre religión y política es una forma de indagar, de encuestar la fuente, en el caso de la historiografía es genéricamente una fuente secundaria con relación a la fuente histórica. Aunque para quien la asume como objeto de estudio, es su fuente primaria.

El objeto material de un balance historiográfico es por excelencia el texto escrito, en forma de monografía, libro, ensayo, artículo. En el desarrollo de éste trabajo se consultaron expedientes judiciales y se observó gran cantidad de material audiovisual digitalizado que son fuentes primarias. El lenguaje en su medio de significante y significado termina siendo la materia y forma de este tipo de análisis aunque se establezcan relaciones con otros autores y obras. Y con otras disciplinas y saberes en un entorno interdisciplinario.

En la actualidad existen medios de socialización del conocimiento histórico como lo son el cine, el medio digital y electrónico, los grandes seriados tipo HBO. Pero el lenguaje escrito e impreso sigue siendo el medio primordial de la historiografía porque el fundamento de la investigación histórica sigue estando para todas las épocas a excepción del Siglo XX en los documentos escritos.

Un balance historiográfico se fundamenta en la medida que es un estado del arte que permite a los investigadores seleccionar sus fuentes secundarias y al mismo tiempo muestra los problemas que se han abordado, los enfoques metodológicos aplicados, ver las líneas de investigación que se han creado. Permite pensar que se puede hacer, sí darle continuidad a una línea de investigación o proponer una nueva. Sobre el Palacio de Justicia se ha escrito mucho desde la crónica periodística y en el campo de la reconstrucción judicial de los hechos. Son muy pocos los libros que pueden ser catalogados en una zona híbrida entre la historiografía y la crónica, probablemente el trabajo que esté más cerca de todos de ser histórico es el de la escritora Ana Carrigan, "El Palacio de Justicia una tragedia colombiana". Por su parte el realizado por Manuel Vicente Peña -"Las dos tomas"-, fue el trabajo pionero y decano de todos, es una excelente recopilación interpretada de todo tipo de fuentes en prensa, testimoniales, transcripciones de comunicaciones, opiniones diversas.

La división en conjuntos y clases al interior de la Historia disciplina se da por medio de las escuelas historiográficas; las tendencias o enfoques disciplinares; las categorías de historia Económica y Social, Historia Cultural, Historia Política, se confirman a partir de encontrar una vasta producción historiográfica cuyos autores y obra corresponde a los lineamientos atribuidos a la clase principal. En el caso del Palacio de Justicia se enfrenta quien haga un balance historiográfico de éste tema, con que existe una bibliografía que en un primer conteo está constituida por 37 títulos, en su mayoría libros, algunas tesis y artículos, con una característica que se impone a nivel cuantitativo, se trata de libros que no tienen pretensiones históricas sino informativas y periodísticas de contar acontecimientos previamente investigados y recreados con fines de ofrecer entretenimiento a sus lectores y conmoverlos sin inducirlos a una reflexión crítica, por lo tanto son inclasificables por escuelas historiológicas y tipos de historiografía.

¿Cuál es el sentido final de una obra historiográfica?

Establecer la verdad de un hecho histórico, en términos de cuándo y cómo ocurrió, e interpretar cuáles fueron sus causas y efectos. Analizando las consecuencias que siguen teniendo vigencia en el presente. La historiografía sobre un tema es el producto de investigaciones históricas, muchas de ellas de un alcance plenamente reconstructivo sobre un hecho de lo cual sólo quedan documentos. El hecho del Palacio de Justicia está plenamente constituido, por lo tanto el trabajo del historiador frente a éste hecho más que reificar o reconstituir el acontecimiento, es el de determinar finalmente el porqué de éste hecho, ¿cuál es su lugar en la historia de Colombia y del mundo?

Más que precisar cómo sucedieron los hechos, que es un asunto abordado por la instancia judicial, sí es significativo analizar cómo se ha descrito y abordado el hecho como tema. El tema de estudio para realizar el balance propuesto tuvo una carencia, que la Historia aún no se ha pronunciado en términos de su poiesis interpretativa, sobre éste hecho.

El trabajo hecho frente al tema fue el de hacer un balance con sentido historiográfico en el orden de leer en las publicaciones buscando la relación entre política y religión. Por eso no es un balance historiográfico convencional. Pero además porque por sustracción de materia no habría historiografía en el sentido tradicional que éste concepto tiene para la Historia y los historiadores.

La comunidad académica de los historiadores está formada por intelectuales que son escrupulosamente atentos a los conceptos y las categorías, porque en la matriz donde se gesta el conocimiento histórico y los discursos que lo portan y socializan, la base proteica es el lenguaje en su uso teórico, concidencialmente el derecho y la verdad procesal son también formas lingüísticas socialmente aceptadas. Al punto que entre el metalenguaje de la historia y del derecho penal hay algo en común, simple y llano, que los hechos solamente son reconstruidos de manera testimonial y documental, que no existe la verdad si no aproximaciones a la verdad y que su crítica no está muy lejos de la teoría literaria aunque lo legal y lo histórico tengan enormes repercusiones políticas en el mundo de la vida, tanto por su conocimiento o desconocimiento, porque lo que ilustra el pensamiento y acción de las gentes es la génesis de la acción social base de la realidad política.

El pasado educa sí se conoce, ignorarlo o despreciarlo condena. Sin embargo no debe olvidarse ni desdeñarse que la real teoría no surge de la nada si no de la realidad, de los hechos. Los muertos y desparecidos del Palacio de Justicia no son una figura literaria, no se puede desdibujar la realidad histórica al punto de pensar en la violación de los Derechos Humanos como un problema discursivo, como un asunto que compete a la teoría literaria, a las formas de argumentación, a la retórica.

Política religión y holocausto en el Palacio de Justicia

La guerra, la preparación para matar, el teatro de batalla, son formas complejas miméticas de la pulsión de supremacía y afirmación de la existencia que subyace en toda violencia, son una heterotopía y una metáfora del capitalismo, de la factoría industrial. En su despliegue técnico la guerra produce muerte y allí quienes matan y mueren son los cuerpos. La materia prima de los resultados políticos que se obtienen por la guerra son vidas humanas y el resultado es seguir administrando y disponiendo de la vida humana. Frente al cuerpo la religión ha tejido y extendido un campo de significados que abarca la vida y la muerte, sobre todo a ésta última.

Los cuerpos son los protagonistas de la guerra y el cuerpo suele ser asumido en dos posibilidades dicotómicas, en la acción bélica el cuerpo es amigo o enemigo. En lo que respecta a la religión el cuerpo es objeto sagrado o profanado. Los combatientes ven el cuerpo del amigo como algo sagrado que incluso asume los símbolos del chivo expiatorio que es sacrificado por el bien común y se inmola para salvar al resto. El cuerpo del enemigo es temido y odiado, por eso su cadáver es mutilado, insultado, escupido, despreciado, dejado insepulto para que no tenga una honra fúnebre, un acto de respeto. Quien mejor ha expresado en su análisis del campo de la religión estas contradicciones entre respeto y destrucción, profanación y duelo es René Girard[104]quien muestra como lo sagrado tiene tal poder que puede ser usado por la política, es decir por los gobernantes, para significar y conmover a los gobernados.

La relación entre Política y Religión[105]es una problematización válida que surgió de haber inscrito el curso referido. Lo que permite una búsqueda focalizada en un tema específico, pero desde luego la toma y retoma del Palacio de Justicia da para otras indagaciones temáticas y problematizaciones, en una investigación más amplia.

La relación entre política y religión es sutil, tiene una connotación práctica, ella se da de una forma espontánea, inconsciente, los autores de los libros revisados no pusieron elementos religiosos y políticos asociados de manera premeditada. Los elementos de la fe en el campo de la guerra son apenas naturales para quienes ven la inminencia de una muerte violenta, pero esa asociación nadie la hace en tales circunstancias bajo la primacía de la razón sino bajo el dominio de las emociones más primarias; además es una relación que no es evidente desde una interpretación teórica y por lo tanto no surge por efecto de una intencionalidad manifiesta.

Por ende, el binomio religión y política es una relación expresivamente significativa respecto a la cultura íntima y sincera de quienes han interpretado y buscado no sólo contar los hechos del Palacio de Justicia sino tener una explicación para ese hecho y hallarle un sentido en la historia de Colombia y del mundo. Por eso cuando el historiador se encuentra con una relación que nadie puso allí por fuerza de argumentos, que es inusual, ciertamente se ha encontrado con algo que vale la pena examinar, estudiar, invitar a otros colegas y estudiosos de disciplinas afines para que se trabaje ese tipo de asociaciones que si surgen salen es de lo esencial de los seres humanos en el contexto de sus relaciones sociales y culturales sin que se haya puesto allí de forma estratégica ésta temática, por lo tanto opera con fines atribuidos a las pretensiones de validez de la racionalidad comunicativa pero de forma no consciente lo que hace que el fenómeno sea mucho más válido que un discurso elaborado con una finalidad manifiesta, tales pretensiones en la comunicación desde una perspectiva social y ética son las de verdad, veracidad, inteligibilidad y rectitud[106]

La verdad obedece a una lógica que se resuelve por medio de determinar la validez de una proposición con base a la pragmática, es decir relacionando lo que se dice con la realidad a la que se refiere, que el enunciado corresponda a las cualidades atribuidas al referente. La veracidad es un problema de cohesión y coherencia de los enunciados con relación a una posibilidad de verdad, se desarrolla más en el campo de la semántica; la inteligibilidad es el mínimo de claridad comunicativa que debe tener un mensaje. Y la rectitud trata de que el campo de la comunicación está directamente asociado a la conducta de las personas que a su vez viven en condiciones de sociabilidad, por lo que todo acto comunicativo, incluso las prácticas que no son plenamente comunicativas, como la escritura o la lectura, tienen una carga valorativa significativamente fuerte aunque suelen no ser directamente observables dado que mucho de los fenómenos morales y éticos sólo pueden ser deducidos o intuidos indirectamente, como por ejemplo a través del agravio.

La muerte no es un tema menor o un asunto intrascendente para la relación entre política y religión, el escenario último de la política es la guerra y al mismo tiempo es el miedo a la muerte y al más allá lo que sustenta la religión. La muerte propia y la muerte del otro, son formas no teóricas sino emocionalmente crudas en el combate. Para cualquier profesional, historiador, intelectual que sólo conozca de la guerra lo que ha visto en cine y en noticias le es muy difícil situarse imaginativamente en la línea de fuego. El Palacio de Justicia fue un campo de batalla herméticamente cerrado, se trató de una operación militar en que el objetivo estuvo hacinado, de manera muy cruda se vivió una situación de cercamiento y asalto, de superar no la fuerza de resistencia del contrincante sino la barrera física que lo protegía como una muralla, siendo una batalla contemporánea la del palacio tuvo muchos elementos de una batalla medieval, con la brutalidad y sevicia con que se libraron muchas batallas de asalto en las Cruzadas.

Difícilmente se encontrará un hecho en la historia de Colombia contemporánea que no esté trazado e influenciado por la relación entre política y religión como efecto de la presencia continua de la muerte, el síntoma mayor de la violencia endémica que se vive en Colombia en medio de la fiesta y el consumismo. La guerra contemporánea es en todo sentido una actividad industrial que demanda ciencia, técnica, tecnología, dinero, materias primas, insumos, la principal fuerza de trabajo en la guerra es el hombre y la cuota de producción de la guerra puede ser contabilizada en términos de un punto de equilibrio, -como cualquier actividad industrial- relacionado los costos directos e indirectos de la guerra con el número de bajas que se le infringe al enemigo. Lo que está establecido en la determinación de la relación costo/beneficio. Lo que pertenece al campo de la racionalidad instrumental y al marco de la administración por objetivos que creó la economía de fichas, -castigos e incentivos-que llevó a formas de genocidio como "los falsos positivos".

En general la bibliografía del palacio de Justicia y los expedientes judiciales como los documentos audiovisuales han sido exhaustivamente revisados. Por razones de tiempo y de extensión se han tomado como ejemplo de la relación entre política y religión 11 publicaciones de los más de 30 publicadas, incluidos, los informes judiciales. Se buscó en la selección documental abarcar todos los subgéneros narrativos asociados como son la historiografía, la crónica periodística, el artículo de prensa, el expediente judicial y el texto literario.

Se ha comprobado la existencia de una relación entre política y religión en la narrativa del Palacio de Justicia. A nivel teórico se demuestra que esa relación política- religión está profundamente arraigada en los fenómenos de la guerra y que la relación obvia y fácil política-guerra puede asumirse en la interpretación de los hechos históricos en la explicación de los actos de guerra y de genocidio desde esos elementos inconscientes asociados al significado que se le da al cuerpo, al sufrimiento, a la muerte, a la idea que el enemigo se puede retener, torturar, destruir, profanar, desintegrar y el amigo es sujeto de valor y su cuerpo objeto de respeto porque se ha inmolado, ha sido ofrecido en sacrificio para salvaguardar aquello que sea lo más valioso para una sociedad -el orden-; de una clase socioeconómica -sus privilegios-; de un grupo cohesionado por identidad e interés, -su acción-.

La relación entre religión y política puede verse en éste enfoque en tres perspectivas, que no son las únicas que admite el tema, ellas son:

• Los espacios de poder desglosados así: En el orden administrativo del poder; en el ámbito de los jerarcas religiosos y en el de la fe de los gobernantes.

• En la perspectiva de la cultura simbólica que se expresa a través de rituales y signos, principalmente por advocaciones, oraciones, exclamaciones asociadas a temas y contenidos religiosos, propios del cristianismo católico.

• Como un asunto relacionado con estrategias de argumentación para favorecer a alguna de las partes, particularmente como un mecanismo de justificación del establecimiento y de apoyo de los jerarcas de la Iglesia Católica al gobierno y al establecimiento de poder económico y social, predominante y característico en Colombia a través de la opinión de los editorialistas de la prensa escrita.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es una Organización no gubernamental integrada por juristas que han asumido en Colombia con valentía la defensa de los Derechos Humanos. En su página web han publicado una galería de fotos sobre diversas ceremonias de conmemoración de los hechos del Palacio de Justicia en memoria de los desaparecidos donde se aprecia la relación entre la política y la religión. Lo que hasta hace unas décadas no pensaban los torturadores y desaparecedores de personas en Colombia es que un desaparecido es un enorme problema político, mucho más que un muerto[107]

Foto No. 58 Dibujos a lápiz de los desaparecidos en el altar

Fuente: Colectivo de Abogados

Foto No. 59 Cada cirio encendido representa un desaparecido

Fuente: Colectivo de Abogados

Foto No. 60 La Eucaristía Católica es un ritual permanente en la conmemoración

Fuente: Colectivo de Abogados