Finanzas y presupuesto público

INTRODUCCIÓN

La política económica es el argumento
fundamental del Estado para justificar la función
reguladora y estabilizadora que este cumple en las naciones que
poseen economías modernas; fijando las políticas
impositivas, monetarias y cambiarias, así como
diseñando las reglas del juego; permitiendo que el mercado
actúe libremente pero respetando estas reglas.

Es la intención de este material representar de
la forma más sencilla posible lo que representa la
política fiscal, la cual comprende la función
impositiva y reguladora del Estado en las economías
modernas; y especialmente nos referiremos a la Política
fiscal aplicada en Venezuela.

Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en
dinero, al Estado y demás entidades de derecho
público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder
coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente
y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer
las necesidades colectivas.El impuesto es una prestación
tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una
actividad del Estado referida al obligado y destinada a cubrir
los gastos públicos.

El impuesto es la prestación de dinero o en
especie que establece el Estado conforme a la ley, con
carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y
morales para cubrir el gasto público y sin que haya para
ellas contraprestación o beneficio especial, directo e
inmediato.

GASTO
PÚBLICO

El gasto público es aquel en que el Estado
incurre para sostener las instituciones gubernamentales centrales
y para financiar servicios públicos prioritarios que
permanecen en manos estatales; es decir, la cantidad de recursos
con que puede funcionar el Estado para el ejercicio de sus
diversas funciones.

El gasto social es un subconjunto del gasto
público que agrupa los recursos que el Estado destina
directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su
población. Hay diferentes criterios sobre las partidas
presupuestarias que deben incluirse en el cómputo del
gasto social, pero hay acuerdo respecto a sectores básicos
tales como la educación, la salud y la vivienda. En este
trabajo se utilizan los datos suministrados por la Oficina
Central de Presupuesto (OCEPRE) donde se especifican los
siguientes sectores sociales: educación, salud, seguridad
social, cultura y comunicación social, ciencia y
tecnología, vivienda y servicios y desarrollo
social.

En el caso de la función pública, la
población espera de la administración gubernamental
determinados resultados en materia de provisión de bienes
y servicios públicos. Los bienes públicos son
aquellos cuya producción se basa en el principio de no
exclusión, de acuerdo con el cual ninguna persona
estaría impedida de su satisfacción; partiendo de
este señalamiento, en términos generales, la
función del gasto social es propiciar la acción
redistributiva del ingreso nacional. Por lo tanto, el gasto
público, y en particular el gasto social, es un mecanismo
que debe contribuir a financiar el desarrollo humano y a la
superación de la pobreza.

De esta manera, existe un conjunto de decisiones de
asignación a privilegiar en las funciones públicas
con la dotación de recursos, lo cual lleva a definir los
indicadores que resumen el grado en que una sociedad decide
priorizar al sector público y, dentro de éste, al
sector social, asignando una cantidad de los ingresos nacionales.
Una primera dimensión remite a la prioridad otorgada al
gasto público total y al gasto social en relación
con el Producto Interno Bruto: razón de gasto
público y razón de gasto social, respectivamente,
definidas como indicadores de prioridad macroeconómica;
una segunda dimensión relativa a la prioridad otorgada al
gasto social en comparación al conjunto del gasto
público: razón de asignación social, donde
se refleja la prioridad fiscal del gasto social, y una tercera, a
la prelación sectorial según sus componentes:
salud, educación, vivienda y sus servicios, seguridad
social, etc.

La razón de gasto público define el grado
de esfuerzo que hace la sociedad para dotar de una base material
a su sector público. Mide el porcentaje de ingreso
nacional que se destina al gasto público. En Venezuela
durante el período 1990-1998 estos porcentajes fueron
bastante estables fluctuando entre un valor mínimo de 19,7
% en 1993 y un valor máximo de 26,4 en 1991 (ver
Gráfico No. 5.1). En 1998, inicio de un período de
una fuerte contracción económica, debido a la
disminución de los precios de los hidrocarburos, el
porcentaje de participación fue de 21,7%, valor que
refleja una moderada participación del sector
público en Venezuela. Análisis de los ingresos y
gastos públicos en países de América Latina
y de economías desarrolladas, señalan que
Venezuela, entre 1978 y 1995, con sus programas de ajustes
perdió 4,7 y 9.0 puntos porcentuales de sus ingresos y
gastos públicos, respectivamente, medidos como porcentaje
del PIB.

1.1 Análisis
Beneficio-Costo

El análisis beneficio-costo considera los
méritos de los distintos proyectos alternativos con que se
cuentan para la tomar de decisiones sobre gastos importantes,
tanto si son adoptadas por el poder legislativo como por el
ejecutivo. Los principios que subyacen en dicha teoría
son:

Regla de Decisión: La evaluación de
proyectos implica determinar de qué manera puede
conseguirse el uso más eficiente de unos recursos escasos.
De esta forma tan simple, el objetivo consiste en determinar la
composición del presupuesto de un tamaño dado o
cómo asignar un total de fondos disponibles entre
proyectos alternativos. También se plantea la
cuestión más compleja de determinar el
tamaño apropiado del presupuesto.

Proyecto divisible: es aquel que puede incrementarse o
decrementarse en pequeñas cantidades. En este se considera
si : a) El presupuesto es de tamaño fijo, en cuyo caso
solo se debe determinar como se va a dividir el presupuesto, y el
costo de oportunidad de llevar a cabo un proyecto público
consiste en el beneficio perdido por no llevar a cabo otro
proyecto; b) el presupuesto es de tamaño variable,
representa un visión más global del presupuesto e
indica que el problema no consiste simplemente en dividir un
presupuesto de un tamaño dado, sino también en
determinar el tamaño del presupuesto en sí mismo.
El costo de oportunidad va a ser los beneficios perdidos de los
proyectos privados que no se realizarán debido a que los
recursos son transferidos para su utilización
pública.

Proyectos no divisibles: hasta ahora se ha supuesto que
los gastos pueden dividirse en forme precisa entre proyectos de
forma que los beneficios pueden igualarse para cada dólar
marginal gastado en cada uno de ellos. Pero en la
asignación específica dentro de los departamentos,
es preciso realizar elecciones entre proyectos particulares que
no son divisibles, constituidos por cantidades de suma fija, o
que son difíciles de modificar. También se tiene
que: a) el presupuesto de tamaño fijo, en este caso se
hace un estudio de los proyectos considerando la relación
costo-beneficio, mayor beneficio y minimizar la cantidad no
gastada de presupuesto; b) el tamaño del presupuesto es
variable, aquí si no existe un límite fijo para el
tamaño del presupuesto, el problema consiste en ponderar
la utilización pública y privada de los
recursos.

Fundamentos para la Evaluación de Proyectos: Este
está íntimamente ligado al del excedente del
consumidor y a los cambios generados por los mismos.

Tipos de Beneficios y Costos: Al identificar los
distintos tipos de beneficios y costes se pueden distinguirse las
siguientes categorías principales:

• Los beneficios y los costos pueden ser reales
  (beneficio obtenido por los consumidores finales) o
  pecuniarios (se producen como resultado de los cambios en los
  precios relativos que se generan a medida que la
  economía se va ajustando a la provisión del
  gasto público y a los cambios en los modelos de
  demanda de recursos).

• Los beneficios y los costos reales pueden
  ser:

• Directos o indirectos.

• Tangibles o intangibles

• Finales o intermedios

• Internos o externos

Medición de beneficios y Costos: La
medición sería simple si todos los valores pudieran
ser observados en términos de los precios del mercado,
pero esto no es así en la práctica. Los beneficios
y costos frecuentemente se presentan en forma intangibles, e
incluso si los precios del mercado son observables, existe la
necesidad de establecer medidas de ajustes, ya que los mercados
no son perfectos y se producen distorsiones que deben tomarse en
consideración.

1.2 Análisis De Programas
Específicos

El gasto público se ejecuta a través de
los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por
los distintos gobiernos, y se clasifica de distintas maneras pero
básicamente se consideran el Gasto Neto que es la
totalidad de las erogaciones del sector público menos las
amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no
toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses
y comisiones de deuda publica, este importante indicador
económico mide la fortaleza de las finanzas
públicas para cubrir con la operación e
inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los
no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios,
independientemente del saldo de la deuda y de su
costo.

Gasto Programable: es el agregado que más se
relaciona con la estrategia para conservar la política
fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la
política económica. Por otro lado resume el uso de
recursos públicos que se destinan a cumplir y atender
funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a
producir bienes y prestar servicios.

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones
gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del
gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones
que los Poderes y Órganos Autónomos, la
Administración Pública, así como las
empresas del Estado, requieren para la operación de sus
programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son
para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia,
organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por
lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son
para cumplir con las funciones de: administración
gubernamental; política y planeación
económica y social; fomento y regulación; y
desarrollo social.

Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas
erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y
productiva, así como a incrementar el patrimonio del
sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional,
también se pueden mencionar la construcción de
Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como
carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos,
oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la
productividad para promover el crecimiento que requiere la
economía.

IMPUESTOS

Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en
dinero, al Estado y demás entidades de derecho
público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder
coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente
y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer
las necesidades colectivas.

El impuesto es una prestación tributaria
obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del
Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos
públicos.

El impuesto es la prestación de dinero o en
especie que establece el Estado conforme a la ley, con
carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y
morales para cubrir el gasto público y sin que haya para
ellas contraprestación o beneficio especial, directo e
inmediato.

Incidencia
Impositiva

Un impuesto puede gravar una persona, ésta puede
transferirlo a una segunda persona, esta segunda persona puede
soportar la carga (La carga fiscal es igual a los ingresos
recaudados por el sector público) o transferirla a otra,
quien la asume en última instancia. Así,
originalmente la persona que paga el impuesto tal vez no sea
quien soporta la carga en última instancia. El proceso de
la transferencia de un impuesto se conoce como traslación
del impuesto, mientras que la imposición de una carga
sobre el último contribuyente se llama la incidencia del
impuesto. En resumen la incidencia se refiere a la forma en la
cual se distribuye la carga fiscal, ¿cuáles son los
grupos sociales que hay que tener en cuenta y cómo se
puede medir la distribución de la carga? Para responder a
esta pregunta, hay que entender claramente que la carga fiscal en
su totalidad es soportada en última instancia por los
individuos. Las personas jurídicas, como las sociedades,
son propiedad de individuos y los impuestos que se establecen
sobre dichas empresas deben ser asignados a sus propietarios,
vendedores o empleados.

2.2 Eficiencia Económica

La eficiencia económica puede definirse como la
asignación de los recursos productivos de manera tal que
produzcan la mayor cantidad de bienes y servicios que satisfagan
las necesidades más urgentes de los individuos. Siempre
que se hable de eficiencia se refiere a la optimalidad de Pareto
que requiere la existencia de una asignación de los
recursos tal que ningún agente económico pueda
estar mejor sin que simultáneamente otro agente
económico esté peor. En regulación de los
servicios públicos este principio significa dos cosas: 1)
que, dados los costos de producir un bien, los consumidores
están adquiriendo el mismo al mínimo precio posible
(eficiencia asignativa); y 2) para una demanda determinada, las
empresas están produciendo al mínimo costo posible
(eficiencia productiva).

2.3 Impuestos Óptimos

El objetivo central de la teoría de
imposición óptima es el modelar una forma
práctica, estudiable, el efecto que tales o cuales
impuestos u otros instrumentos de control tienen sobre los
incentivos individuales, sobre la eficiencia, para así
determinar endógenamente la frontera de Pareto (todo
estado Pareto-óptimo de la economía puede
alcanzarse como un equilibrio competitivo descentralizado,
siempre y cuando el ingreso fijo (propiedad) de los individuos
pueda ser previamente redistribuido mediante impuestos fijos
("lumpsum taxes") ideales, desligados de toda decisión
económica de los individuos.) alcanzable (con los
instrumentos dados) y de ahí escoger el mejor estado de la
economía, donde "mejor" se juzga con relación a
cualquiera que sea el conjunto de valores del hacedor de
política, plasmados en una función de bienestar
social.

2.4 Estructura Impositiva En Venezuela

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada
dependencia con respecto al petróleo. Tal
afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos
petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales
totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales
apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros
impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos,
fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo
recaudado.

En un intento por disminuir la dependencia fiscal con
respecto al petróleo, se han utilizado distintos tipos de
impuestos entre los cuales se encuentran el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el Impuesto
sobre las Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el
Impuesto a los Activos Empresariales (IAE), y el Impuesto al
Débito Bancario (IDB), esto supuso la modernización
del sistema tributario venezolano, junto con la creación
del Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria. Luego de la Apertura Petrolera, los niveles de
recaudación de impuestos no petroleros han aumentado
considerablemente llegando a representar un 50% del total de
ingresos recaudados y llevando los ingresos petroleros a un nivel
del 35% del total de los ingresos.

Actualmente en el país se aplican los siguientes
impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De
aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos
Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y
Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura
de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta
Nacional Fósforos).

3. ASPECTOS
MACROECONOMICOS DE LAS CUENTAS FISCALES.

14 de febrero, 2001 La corrección de los
desequilibrios fiscales y el abatimiento de la inflación,
males endémicos en el pasado, son importantes logros de la
región en los años noventa. Las economías se
reactivaron y el manejo de los episodios de crisis
demostró una nueva capacidad institucional para evitar
graves descontroles macroeconómicos.

Progreso en las finanzas públicas: En la primera
mitad del decenio, los ingresos públicos se recuperaron
por el aumento de la presión tributaria y la mayor
actividad económica. Las reformas tributarias
simplificaron la administración y redujeron la
evasión en varios países. Además, las
privatizaciones aportaron ingresos extraordinarios.

Pero desde 1997, estos ingresos comenzaron a mermar. La
situación se agravó al año siguiente por la
crisis financiera internacional y, en 1999, el déficit
fiscal alcanzó su nivel máximo (3.2% del PIB). En
el futuro inmediato, la región deberá enfrentar una
serie de desafíos fiscales. Dada la aguda vulnerabilidad
cíclica de las economías, la CEPAL postula
que la política fiscal debe ampliar los márgenes de
maniobra de las políticas macroeconómicas. Con este
fin, varios países crearon fondos de estabilización
sectorial (cobre y petróleo en Chile; café y
petróleo en Colombia; y petróleo en Venezuela) para
reducir la volatilidad de precios. Recientemente surgió
una nueva generación de fondos de estabilización
macroeconómica en Colombia (1996), Argentina (1999),
Perú (1999) y Brasil (2000).

Baja inflación y altas tasas de interés:
Las políticas monetarias fueron consistentes con las metas
de control de la inflación. La tasa media de
inflación regional declinó desde más de
1.000% en 1990 a cifras de un dígito en los últimos
años.

El control de la inflación indujo una importante
remonetización de las economías y una
expansión del crédito al sector privado, que
concentró el 85% de los saldos crediticios desde 1995. No
obstante, las tasas de interés internas continuaron muy
altas. La mediana de la tasa activa se ubicó por encima
del 15% real anual.

Además, se verificó una marcada
segmentación de mercados. Las pequeñas y medianas
empresas enfrentaron restricciones de acceso y considerables
sobretasas. Las grandes empresas recurrieron al endeudamiento en
el exterior, aumentando su exposición al riesgo cambiario
y su resistencia al ajuste del tipo de cambio.

Rezago cambiario: Durante gran parte del decenio, el
tipo de cambio nominal fue un componente significativo del
control de la inflación y de la recuperación de la
confianza. La tendencia a la apreciación real de las
monedas nacionales se prolongó hasta 1998. Esta
reevaluación se tradujo en un alza de las importaciones y
en elevados déficit de la cuenta corriente. Pese a los
pronósticos optimistas, la sobrevaluación se
convirtió en el talón de Aquiles de las estrategias
de estabilización cuando los flujos de capital externo
disminuyeron.

El rezago cambiario agudizó esa dependencia y
acentuó la inestabilidad de las economías
latinoamericanas. La tasa de crecimiento del producto pasó
a depender de la disponibilidad de capitales externos para
financiar el déficit corriente. Las políticas
cambiarias se fueron polarizando y hacia fines del decenio, la
mayoría de los países adoptó esquemas de
flotación libre. Otro grupo, más reducido, se
inclinó por sistemas de cambio fijo o
dolarizado.

Crecimiento inestable: A un ritmo anual de 3.2% se
expandió el producto regional en los años noventa,
poco más de 2% por encima del promedio del decenio
precedente, marcado por la crisis de la deuda. Este resultado es
inferior al registrado en el extenso período 1950-1980
(más de 5.5% anual). El producto regional en 1999 fue
apenas 54% del que hubiese resultado de mantenerse las tendencias
de crecimiento previas a la crisis de la deuda.

El desempeño de los países fue
heterogéneo. Sólo tres (Chile, Guyana y
República Dominicana) lograron tasas promedio superiores a
5%; quince registraron incrementos de 3% a 5%; trece se
expandieron por debajo de 3% y dos mostraron resultados negativos
(Cuba y Haití).

Estas tasas fueron inestables en muchos casos. El
abundante retorno de los capitales externos, tras la escasez de
los años ochenta, permitió la reactivación
al fortalecer la demanda interna hasta 1994 y, después, en
el bienio 1996-1997. Las situaciones de crisis, de 1994-1995 y de
1998-1999, provocaron substanciales caídas en el consumo y
la inversión y agravaron los desequilibrios de las cuentas
externas y fiscales, generando cuadros recesivos en varios
países.

IMPACTO
MACROECONÓMICO

4.1 Política Fiscal

Fiscal viene de la palabra "fisco" que significa "tesoro
del Estado"; es decir, el tesoro público, el que nos
pertenece a todos.

La política fiscal es "la política que
sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre
gasto, impuestos y sobre el endeudamiento". Esta política
tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen
desempeño de la economía nacional para lograr
niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento,
inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente,
busca evitar fluctuaciones en la economía. En otras
palabras, la política fiscal de un país es un
elemento determinante en la creación de riqueza, el
crecimiento económico, y la relación entre el
ciudadano y el gobierno. El gasto público y los impuestos
demasiado altos entorpecen el progreso económico de los
países, lo cual condena a sus habitantes a seguir sumidos
en la pobreza.

Las herramientas con las que cuenta la política
fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionadas
con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia
el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede
controlar a quién y en qué cantidad se le cobran
impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para
garantizar el pago de éstos (evitar la evasión),
etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener
influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de
éstos año tras año, las contrataciones y los
dineros que se transfieren a los departamentos y municipios o a
otras entidades, etc.

Las políticas fiscales se pueden clasificar en
dos grupos: políticas expansionistas o políticas
contraccionistas. La política fiscal "expansionista" se
presenta cuando se toman medidas que generen aumento en el gasto
del gobierno, o reducción de los impuestos, o una
combinación de ambas. Por el contrario, una
política fiscal "contraccionista" se presenta cuando se
toman decisiones para tener un gasto gubernamental reducido, o
aumentar los impuestos, o una combinación de
ambas.

4.2 Política Tributaria

El papel de la política tributaria en el
desarrollo económico se da a través de la
tributación que consiste en transferir recursos de control
privado para que puedan ser usados con fines públicos, y a
su vez el gobierno tratará de proporcionar bienes y
servicios públicos cada vez más
eficiente.

La función de la política tributaria en el
desarrollo económico en lo que se refiere al papel de los
impuestos podemos considerar los siguientes:

• 1. La transferencia de recursos del sector
  privado al sector público.

• 2. La modificación de la
  distribución de la riqueza.

• 3. La manera en que afecta el empleo,
  inversión y ahorros, la balanza de pagos,
  inflación y el comportamiento de diversos sectores
  económicos tales como turismo, agricultura e
  industria.

• 4. En general, en la promoción del
  desarrollo económico de los países menos
  desarrollados.

El propósito esencial de la tributación
consiste en transferir recursos del control privado para que
puedan ser usados con fines públicos, – la
construcción de carreteras, educación, el
mantenimiento de la riqueza nacional, y similares – A fin de que
los recursos estén disponibles para estos llamados bienes
públicos, se debe reducir la demanda efectiva de otros
demandantes potenciales y esto es lo que hace el sistema
tributario.

4.3 Política Monetaria

Cuando se habla de temas monetarios se esta haciendo
referencia a temas relacionados con el dinero, particularmente
con la moneda.

La política monetaria, en particular, es el
conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria con el
propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e,
igualmente, evitar desequilibrios prolongados en la balanza de
pagos.

Las medidas que puede adoptar dicha autoridad afectan la
oferta monetaria. La oferta monetaria es el volumen de dinero que
se encuentra disponible en la economía de un país
en un momento determinado. Ésta corresponde, en su forma
más simple, al efectivo que se encuentra en poder del
público y a los depósitos en cuentas corrientes de
la banca, los cuales son transferibles por medio de cheques. La
oferta monetaria tiene una fuerte influencia sobre aspectos como
la inflación y la desaceleración de la
economía.

DEUDA

Se dice que existe una deuda cuando una persona, empresa
o entidad, al que se le llama deudor, tiene el compromiso de
entregarle bienes, servicios o dinero a otra, denominada
acreedor, de la cual generalmente ha recibido un préstamo
de algún tipo anteriormente.

Los préstamos pueden ser tramitados por personas,
empresas, Estados, bancos u otras organizaciones que necesiten o
quieran prestar recursos. Éstos, naturalmente, han de
cumplir con algunas condiciones, como por ejemplo la
determinación del tiempo durante el cual se
retornará el valor del préstamo, la forma en que
éste debe ser retornado (abonos mensuales, trimestrales,
anuales, etc.) y el costo que asume la persona que toma el
préstamo, el cual, generalmente, está determinado
por una tasa de interés y que se traduce en el pago
periódico de intereses.

5.1Deuda Externa

La deuda externa no es más que aquella
contraída con entidades o personas del exterior y que
generalmente está denominada en moneda extranjera. Los
pagos por capital e intereses de las deudas externas implican una
salida de divisas y un aumento de la cuenta de los egresos de la
balanza de pagos. Se contraen deudas externas cuando se financian
importaciones, cuando los gobiernos contraen compromisos con
bancos, organismos internacionales u otros gobiernos, y cuando
las empresas -públicas o privadas- solicitan
préstamos para realizar inversiones o para otras
necesidades. En este último caso es frecuente que las
empresas cuenten con un aval gubernamental que garantiza la
devolución de sus préstamos ante los
acreedores.

Quienes prestan dinero a los países, empresas o
cualquier otro deudor, pueden ser organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Interamericano
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), bancos privados,
gobiernos de otros países, inversionistas internacionales,
etc.

5.2 Deuda Interna

Deuda interna es una parte de la "deuda pública".
La "deuda pública", en general, es la plata que el Estado
costarricense debe. O sea, la suma de empréstitos o
préstamos que debe (interna o externamente). El Estado
pide plata prestada de distintas maneras. Algunas veces lo hace a
través de instrumentos formales, con bancos o entidades
internacionales o extranjeras, blandas o comerciales. Otras veces
emite bonos o valores, que coloca en diversos
mercados.

Sin embargo, hay que recordar que la deuda
pública (interna y externa) tiene un origen: el
déficit presupuestario. La causa es un déficit
fiscal (Estado = Fisco). Si nuestro Estado no entra en
razón, todo se hundirá. Absolutamente todo. Las
instituciones públicas, los mercados financieros, los
fondos de pensiones, la infraestructura, los servicios y nuestra
sociedad en general. No seremos los primeros a quienes les pasa
tal tragedia. La historia está llena de ejemplos.
Lástima que parece que el ser humano no escarmienta en
cabeza ajena.

5.3 Deuda Y Equilibrio Económico

El equilibrio económico del país y su
desarrollo dependen en gran medida de la consolidación del
proceso de descentralización fiscal, de la forma como
subsanan sus deudas y del sano ordenamiento de las transferencias
territoriales.

Las economías modernas se basan en gran parte
sobre las deudas a corto o largo plazo que contraen los
particulares, las empresas y el Estado. Sólo las
transacciones de menor cuantía suelen pagarse en efectivo
pues para casi todas las demás se emplean diversas formas
de crédito. Las deudas, por lo general, quedan legalmente
registradas mediante el uso de instrumentos mercantiles
específicos: pagarés, letras de cambio, bonos,
etc.

Planificación fiscal, tributaria y
monetaria.

• Planificación fiscal:

La Planificación Fiscal es una herramienta
estratégica de decisión de los negocios,
caracterizado por un conjunto coordinado de comportamientos
empresariales, tendientes a crear relaciones y situaciones
jurídicas orientadas a la optimización de la carga
fiscal, dentro del marco de la legalidad, disminuyendo costos, en
otras palabras un ahorro fiscal y aumentando así la
competitividad, siendo una actividad perfectamente
legítima.

La metodología del trabajo de
Planificación Fiscal se basa en la evaluación del
caso bajo análisis, para luego, con los datos obtenidos,
profundizar su estudio, y desarrollar esquemas de ahorro fiscal
con total cumplimiento de las normas legales.

Todo esto es aplicable para personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras.

Actualmente la tributación merece una especial
atención, debido a que excede el límite del tributo
liquidado sobre hechos pasados. Ahora, es necesario contar con la
experiencia de lo ocurrido, para poder adoptar decisiones con
vistas al futuro.

Por ello se ha desarrollado el concepto de
Planificación Fiscal, para permitir a empresas, inversores
y emprendedores poder planificar y minimizar los costos
impositivos.

Para realizar su trabajo, el Planificador Fiscal debe
evaluar la información disponible acerca de los siguientes
aspectos:

• Cuál es la forma de sociedad actual del
  negocio o explotación comercial y cuál es la
  forma más adecuada para el país en
  cuestión.

• Cuál es la estructura de financiamiento
  más aconsejable.

• Qué controles existen en materia de precios
  de transferencia de bienes tangibles e
  intangibles.

• La existencia de tratados para evitar doble
  tributación.

• La existencia de restricciones fiscales o cambiarias
  a la repatriación de capitales y/o
  utilidades.

• La existencia de restricciones con relación a
  los pagos por asesoramiento técnico prestado desde el
  exterior, y cuál es el costo fiscal.

• Cuál es el tratamiento fiscal para los
  regímenes de promoción y diferimiento de
  impuestos.

El sistema fiscal vigente en Venezuela ofrece muy pocas
posibilidades para la orientación y regulación de
la actividad económica, debido a que depende
básicamente de un solo sector, ligado al comercio
exterior; los cambios que puedan ocurrir en la actividad
económica no se reflejan suficientemente en los aspectos
fiscales, debido que no existen mecanismos automáticos de
respuesta, que sirvan para hacer frente a los cambios que se
produzcan y que son necesarios.

Aunque los impuestos son algo inevitable, una
previsión adecuada puede permitir ahorros sustanciales en
la cuantía de las obligaciones tributarias, así
como diferir el momento en que su pago ha de hacerse efectivo.
Por eso, a la hora de emprender cualquier actividad
económica, o incluso al tomar otras decisiones de tipo
más personal, deben ponderarse las consecuencias fiscales,
para así elegir la alternativa más
ventajosa.

• Planificación Tributaria:

La planificación tributaria deberá conocer
e interpretar el marco legal de acuerdo a la normativa patria y a
las Normas Internacionales de Información Financiera, con
el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de
deberes formales, por defraudación y evasión en los
pagos del tributo que le corresponda. Por tal motivo, esta
herramienta administrativa deberá evitar abusar de las
formas jurídicas, no adecuarse a la legislación, o
ser contraria a la jurisprudencia; para de esta manera poder
enfrentar cualquier eventualidad que pudiera suscitarse ante los
tribunales.

Considerando que en Venezuela desde 1993 la tendencia ha
sido la implementación sucesiva de nuevos tributos, bien
sea a nivel nacional, regional o municipal y en algunos casos el
aumento de la alícuota de los ya existentes, para la
empresa la posibilidad de diseñar estrategias que permitan
reducir la alta presión tributaria sin incumplir la norma
resulta cada vez mas necesaria e importante, ya que de esta
manera contará con un aliciente para mantenerse productiva
en el mercado.

Para Fraga (2005) la planificación tributaria
permite el aprovechamiento de opciones de ahorro que las propias
leyes tributarias, de manera expresa o tácita, ponen a
disposición de los contribuyentes. La planificación
tributaria es pues, un sistema desarrollado por los sujetos
pasivos para disminuir su carga fiscal considerando "los
vacíos" existente en la Ley o situaciones en las que el
legislador no fue suficientemente explicito: mediante las
vías de salidas que la misma ley civil, mercantil o
tributaria le permite según sea el caso y el impuesto. Por
ende es considerada un instrumento dirigido a optimizar o reducir
los costos fiscales de empresas y particulares mediante la
utilización eficiente de la legislación
vigente.

Es importante destacar que este tipo de
planificación le permite a las organizaciones venezolanas
adoptar alternativas o estrategias que dentro del marco legal
vigente proporcionen una erogación justa de su carga
tributaria sin dejar de cumplir con su obligación hacia el
Estado y de esta forma poder preservar su patrimonio para
continuar con su funcionamiento económico, permaneciendo
activa dentro del mercado competitivo; también es
utilizada como parámetros para tomar decisiones, por lo
que ayuda a reducir la crisis, da mejor uso a los recursos y
define las prioridades, a saber:

• La planificación tributaria, es un
instrumento que permite a las empresas disminuir el monto a
incurrir por concepto de impuestos, sin interferir en el
desenvolvimiento cotidiano de la organización y sin
cometer ninguna infracción.

• Busca actualizar los métodos
administrativos, considerando en impacto de los distintos
tributos.

• Por otra parte, optimiza la coordinación
de los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos y medidas
de control para mantener la eficiencia y la efectividad en el
proceso.

• Planificación Monetaria:

La política monetaria es una política
económica que usa la cantidad de dinero como variable de
control para asegurar y mantener la estabilidad económica.
Para ello, las autoridades monetarias usan mecanismos como la
variación del tipo de interés, y participan en el
mercado de dinero.

Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se
le llama política monetaria expansiva, y cuando se aplica
para reducirla, política monetaria restrictiva.

Las operaciones de mercado abierto, corresponden a un
tipo de operación de compra- venta realizada por el banco
central en el mercado abierto. Son una de las medidas de
planificación de política monetaria que pueden
llevarse a cabo en un mercado abierto, junto con la
modificación de la tasa de interés, la
modificación de la tasa de cambio y la modificación
de la tasa de encaje bancaria y operaciones con el sector
público y con el propio sector bancario.

2. Presupuestos por proyectos y acciones
centralizadas, presupuesto por partidas y programas. Ventajas,
desventajas y diferencia entre ellos.

• Presupuestos por proyectos y acciones
  centralizadas:

El Presupuesto por proyectos es un instrumento para
asignar y distribuir los recursos públicos a través
de proyectos, a los entes u organismos nacionales, estadales y
municipales en función de las políticas y objetivos
estratégicos de la Nación, expresados en los
respectivos Planes Anuales; además coordinar, controlar y
evaluar su ejecución.

Ventajas:

• Proporciona una mejor y mayor vinculación
Plan–Presupuesto.

• Simplifica la estructura
presupuestaria.

• Permite visualizar y analizar las variables
requeridas para la toma de decisión en todas las etapas
del proceso presupuestario.

• Facilita la gestión pública en
función de las políticas y objetivos
estratégicos de la Nación.

• Permite una mejor evaluación y control del
presupuesto.

• Concibe al proyecto como el punto focal del
proceso presupuestario a fin de satisfacer las necesidades de la
colectividad.

POAIN: plan operativo anual
institucional.

Acciones Centralizadas:

Comprenden todo uso de recursos reales y financieros que
no es posible definir en términos de proyectos, por no
poder asociarse directamente a un único proyecto, pero que
son necesarios para garantizar el funcionamiento de las
instituciones públicas, así como el cumplimiento de
otros compromisos del estado. Se constituye como una
categoría presupuestaria al mismo nivel de los
proyectos.

Desagregación de los Proyectos y Acciones
Centralizadas:

Se desagregarán en categorías
presupuestarias de menor nivel denominadas Acciones
Específicas, definidas de la siguiente forma:

En el proyecto, son aquellas operaciones
concretas, suficientes, medibles y cuantificables anualmente,
necesarias para lograr el resultado esperado.

En la acción centralizada, detallan las
actividades que realiza la Institución en pro de su
funcionamiento, así como el cumplimiento de otros
compromisos del Estado.

Los créditos presupuestarios de las acciones
específicas, suman a la categoría presupuestaria de
mayor nivel a la cual están asociadas.

Metas de las Acciones
Específicas:

Es la determinación cualitativa y cuantitativa
del bien, servicio o indicador que se espera obtener.

• Presupuesto por partidas y
  programas.

El presupuesto por programas aparece para dar respuesta
a las contradicciones implícitas en el presupuesto
tradicional y en especial para que el Estado y las instituciones
que lo integran dispongan de un instrumento programático
que vincule la producción de los bienes y servicios a
alcanzar con los objetivos y metas previstas en los planes de
desarrollo.

En el presupuesto por programas se ordenan los gastos de
acuerdo a los trabajos y actividades concretas que el municipio
debe realizar. Todo trabajo o actividad implica un costo, el cual
debe representarse en un presupuesto para así lograr su
cumplimiento. Es la categoría en la que se establecen los
objetivos de cada una de las funciones que el gobierno municipal
debe llevar a cabo.

Subprograma

En este apartado se hace una subdivisión de
aquellos programas que por su amplitud requieren de varias etapas
para poder ser realizadas. Ejemplo:

          
(1) Regularización de la tenencia de la tierra
urbana.

          
(2) Dotación de equipamiento urbano básico para
el municipio.

Actividad