Costa Rica: Entre antagonismos de clase y conflictos populares (1980-2010)

Introducción

La sociedad costarricense experimento otra fase
histórica entre 1980 y el 2010. En ese período
surgió otro ciclo económico depresivo que
condensó y acentuó los efectos de la crisis de
1973-75 y de la coyuntura de revolución popular y
contrarrevolución imperialista en Centroamérica.
Bajaron los indicadores de crecimiento de la economía que
impulsó desde 1960 la expansión capitalista,
mediante diversificación de las exportaciones y la
sustitución de importaciones. El pueblo nicaragüense
barrió al régimen dictatorial y en los otros
países los gobiernos perdieron legitimidad, hasta la firma
de los acuerdos de desmilitarización de Esquipulas I y II
en 1986-1987.

La restauración económica se logró
en alguna sincronía con la hegemonía del
capitalismo neoliberal e imperialista europeo y norteamericano
durante los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. A
través de las agencias internacionales de crédito,
el "Consenso de Washington" activó una estrategia de
reproducción del capital con estímulos y subsidios
a las inversiones financieras, reducción de salarios e
ingresos de las capas medias y alzas en los impuestos indirectos.
De esa manera se crearon nuevas condiciones para pagar la deuda
externa, reducir la inversión directa del Estado en
funciones consensuales y ampliar el crédito exterior
destinado a modernizar la infraestructura vial, la gestión
administrativa, la importación de tecnologías y a
mejorar obras públicas imprescindibles al comercio
exterior y la circulación del capital.

Esta estrategia configuró la década
1980-1990 como un período de transición, en el cual
se gestaron otros cambios. Concomitante a las crisis financieras
de fines del decenio del 90 y principios del siglo XXI se
impulsó en Centroamérica un neoliberalismo
feudatario con una modalidad de dominación erigida sobre
el bipartidismo burgués. El "modelo" tuvo vigencia entre
1995 y el 2013, pero en un clima de zozobras provocado por la
inestabilidad monetaria y el alza en los precios del
petróleo, como consecuencia de la expansión
imperialista en el Medio Oriente y Asia.

Desde 1985 surgió otra ola de protestas laborales
y sociales, y emergieron nuevos actores de clase media y popular.
Al mismo tiempo, surgió una modificación
estructural en las luchas sociales, sus actores y tipos de
conflictos. Después de la huelga bananera del
Pacífico Sur, de julio-setiembre 1984, se produjo la
derrota política del sindicalismo clasista y de las luchas
campesinas contra los latifundios. Entre 1976 y 1986
declinó medio siglo de exitoso desempeño del
movimiento obrero y campesino de inspiración
socialista.

Simultáneamente, tomaron auge el solidarismo, el
cooperativismo y el sindicalismo gremial, un trípode
bastante funcional a la reproducción del capital. Las
asociaciones de productores agrícolas y las cámaras
empresariales se volvieron beligerantes. Gremios, asociaciones y
coaliciones de trabajadores del sector público tuvieron
mayor protagonismo en las protestas laborales, sin liderazgos
políticos claros ni unitarios. La insubordinación
se volvió rasgo común entre los pobladores de
barrios y comunidades relegadas. Repuntaron los grupos
ambientalistas, de género y por la diversidad
sexual.

Hacia 1910 la burguesía neoliberal perdió
la hegemonía electoral. El ascenso al gobierno del Partido
Acción Ciudadana (PAC) y una importante fracción
parlamentaria del Partido Frente Amplio (FA) delinearon otra
correlación de fuerzas políticas en el gobierno,
instituciones estatales y la gestión municipal.

Este artículo forma parte de ese entramado
histórico y porta los siguientes objetivos:

• 1) Observar las protestas y la diversidad del
  descontento popular y ciudadano en relación con la
  coyuntura histórica y los cambios económicos
  internos.

• 2) Caracterizar la transformación de los
  procesos de disenso social entre 1980 y 2010.

• 3) Describir el movimiento de cambios ocurridos
  en esas fases del desarrollo capitalista en conexión
  con la dominación global del imperialismo.

Reivindicaciones
de las protestas sociales

Entre 1980 y 1990 hubo en Costa Rica al menos 385
eventos de protesta laboral y conflicto social. El 45%
ocurrió hasta 1985; un lapso marcado por la crisis de
1979-1983, la derrota de la dictadura somocista, la guerra contra
la revolución, la controversial administración de
Rodrigo Carazo y el inicio de los programas económicos
neoliberales en el gobierno Monge Álvarez, con la firma
del primer Plan de Ajuste Estructural. En esencia el cambio
eliminó controles y normas legales a la economía de
mercado, abandonó la intervención del Estado en
inversiones productivas y debilitó las instituciones del
Estado Benefactor.

El conflicto y las protestas de diversos sectores
cubrieron toda la geografía política. Casi el 80%
de eventos de inestabilidad social se concentró en el
valle central, entre Turrialba y San Ramón. Hacia 1983
toma vistosidad en la región atlántica, en
Puntarenas y en menor grado en Guanacaste, San Carlos y Upala.
Desde 1985 estas manifestaciones irradiaron con más
intensidad de la periferia del Valle Central. Asimismo, fue
progresivamente en aumento entre pobladores de barrios y
comunidades de San José, Limón, Cartago, Turrialba
y Upala.

La reivindicación de las condiciones de trabajo y
del nivel de vida fue una lucha recurrente. El tema salarial en
relación con el alza en el costo de la canasta
básica y, en menor grado, con las alzas en las tarifas de
buses, agua, electricidad y vivienda fue la consigna central de
136 eventos que ocurrieron entre 1980 y 1990, equivalente al
35.3% de las protestas, las cuales se expresaron en mayor
número entre 1983 y 1987.

En los tres años siguientes varios sindicatos
gremiales reivindicaron el salario profesional y los "pluses" por
dedicación exclusiva, anualidades y escalafón. Hubo
9 eventos, en donde el tema salarial se reivindicó junto a
la protesta por el alza en las tarifas de buses y/o la mala
calidad del servicio de las empresas. Los habitantes de tugurios
en situación legal precaria realizaron 33 protestas, entre
1980 y 1990, un ciclo que culmina hacia 1985, pues entre 1985 y
1990 se registran dos tomas de parcelas en latifundios propiedad
de corporaciones bananeras.

El deterioro de la atención hospitalaria, en
particular los servicios de la Caja Costarricense del Seguro
Social, componente de las necesidades básicas de vida,
tuvo escasa resonancia en las demandas y se expresó en 5
eventos. Hubo 32 reclamos por el desfinanciamiento de las
universidades públicas, de la Dirección de
Desarrollo Comunal y de programas de obras públicas. En
ese descontento intervinieron las propias autoridades de las
instituciones. En estrecho ligamen, en 10 ocasiones figuró
la queja por irrespeto a las garantías sindicales y
sociales, como el derecho ciudadano a protestar con bloqueos de
vías públicas.

En los primeros años del 80 el campesinado y el
productor agrícola para el mercado interno, se vio
afectado por la apertura al mercado mundial. En todo el
país se activó la organización de los
propietarios de pequeñas empresas agrícolas y de
unidades productivas campesinas, a los cuales se sumaron
organizaciones indígenas que defendían sus reservas
territoriales de la expansión de los exportadores. (Mora
A. 1992:48).

No obstante, hay que observar y distinguir los matices
de clase social de esas protestas de productores. A partir de
1983 sobresale la beligerancia de la burguesía agraria.
Grandes y medianos empresarios protagonizaron 38 eventos, la
mayor parte dirigidos por UPANACIONAL y a buena distancia,
UPAGRA. Hubo otros seis: uno que promovió la Unión
de Productores de Jabillos en Buenos Aires de Puntarenas, dos de
los productores de cacao de la zona norte. Demandaron mejores
condiciones para producir café, maíz, arroz, sorgo,
cacao, banano y papas. Exigían al Estado mejores precios o
reclamos por no pago en el CNP; vías de
comunicación, crédito bancario preferencial,
control de precios de fertilizantes, subsidios por huracanes y
reducción de impuestos. Hasta las federaciones sindicales
"democráticas" lanzaron críticas a las
políticas de sujeción al FMI.

En conjunto, el malestar por la desprotección
estatal al sector agropecuario se manifestó en 53 acciones
colectivas y hubo otras 15 en defensa del territorio e las
reservas indígenas. En el Área Metropolitana, por
último, los revendedores ambulantes fueron desalojados de
las aceras y calles en 10 ocasiones, un fenómeno que
indica el aumento de la proletarización y el auge de la
economía informal como medio de subsistencia.

En esas variantes de conflicto, antiguas y nuevas
agrupaciones laborales y de productores mantuvieron
autonomía respecto al gobierno, instituciones del Estado y
partidos políticos; no así de las centrales
sindicales, y combinaron reclamos con proyectos productivos
propios o financiados con deuda externa. Esa modalidad se
aplicó, asimismo, en la atención parcial a demandas
de casas y lotes urbanos. En 1990 estaban activos 142 sindicatos
campesinos y pequeños agricultores, 126 creados entre 1983
y 1990. Otras uniones de productores que se fundaron en los
años 60-70 ampliaron su radio de acción cantonal.
Entre 1980 y 1988 la Unión de Productores Agropecuarios de
Pérez Zeledón (UPIAV) negoció ocho pliegos
de demandas con los gobiernos. (1992:49-53).

Viejos y nuevos
protagonistas

El cambio en el tipo de organizaciones que se involucran
en la protesta social se percibe hacia 1980. Resurgen movimientos
dirigidos por instancias con larga trayectoria de lucha en el
terreno sindical, estudiantil, magisterial y profesional. Entre
1980 y 1990 los sindicatos públicos y gremios dirigieron
163 protestas laborales, el 42.3%; el mayor número
promovido por trabajadores del Estado. No obstante, se
acentuó la desaparición o reducción de las
huelgas en la agricultura, industria, construcción,
comercio, electricidad y finanzas pues éstas se declararon
en el sector público. Entre 1984-87 hubo 42 huelgas: 27 en
el sector público y 15 en el privado. (CEPAS, 1987:
12-13). Otras cuatro en los años 1989-90, dos de obreras
textiles y dos de obreros bananeros.

En el período emergen nuevas organizaciones que
se insertaron en las luchas por vivienda, la producción
agrícola y pecuaria. En el primer caso hubo 32 marchas y/o
mítines. Desde 1983 sobresalen las movilizaciones que
impulsó Coordinadora Patriótica Nacional, COPAN,
una organización trotskista creada al comenzar la
década al calor de las luchas dispersas de vecinos muy
pobres ocupantes precaristas de tugurios. En 1985, el 70% de la
población del país afrontaba problemas de vivienda.
Entre 1980-1990 COPAN dirigió 15 marchas y conciliaciones;
decaen desde 1986. Habían surgido organizaciones ligadas
al gobierno o al PLN, como el Frente Democrático de la
Vivienda (FDV) y el Frente Nacional de la Vivienda (FNV). Los
gobiernos, a la vez, tomaron el tema por la arista de la
reproducción del capital y la expansión de los
centros comerciales urbanos.

En 1985 las confederaciones, federaciones, asociaciones,
cooperativas agrícolas y uniones de productores impulsaron
muchas protestas y conciliaciones con el gobierno. Entre 1980 y
1990 se documentan 64 eventos con participación de
instancias como FENAC, AICR, FESIAN, UPANACIONAL, UPIAN, UPIAV,
UPAGRA, UPACOB, FEDECOOP UNACOOP y algunas uniones
agrícolas de pequeños productores. Hay que incluir
otros casos: uno promovido por la Unión de Productores de
Jabillos en Buenos Aires Puntarenas, dos de los productores de
cacao de la zona norte, cinco tomas de parcelas en los
latifundios de la SFCo y la UFCo, otro por reclamo de
títulos de propiedad y 15 protestas dirigidas por
organizaciones indígenas. Hubo en total, alrededor 89
eventos en el sector agropecuario, lo que representa el 23% del
total de protestas del período.

Por otra parte y con intereses más articulados a
la burguesía, al menos en siete protestas fueron
promovidas por la Unión de Cámaras, la
Cámara Agricultura, UPANACIONAL, UPAGRA, la Unión
de Productores Agrícolas de Cartago, FEDEAGRO,
Asociación de Productores de Guanacaste y el Frente
Agrícola Nacional. Solo en el año 86 ocurrieron 20
movimientos de presión de empresarios agricultores,
medianos o pequeños productores de maíz, arroz,
sorgo, azúcar, ganado, banano, cacao y café. En el
gobierno de Monge, en tres ocasiones dieron apoyo público
al Ministro de Agricultura, Fernando Esquivel, partidario del
proteccionismo. Asimismo, respondieron a las cámaras
opuestas a los subsidios agrícolas. Así, la mediana
burguesía agraria figura en el campo de las fuerzas
sociales como disidente activo y la fracción de clase
más beligerante en el conflicto entre productores y el
gobierno o entre comerciantes y vendedores ambulantes.

La dinámica del conflicto social involucró
a jefaturas y autoridades de instituciones como INVU, IMAS, MAG,
CNP, JPS, AA, ICE, CONAI y los municipios. Esos actores se
sumaron a las protestas, además de ser puntos de choque,
de negociación de acuerdos y mediadores ante el gobierno
central. La observación es relevante porque muestra un
Poder Ejecutivo, incluido el Presidente de la República,
que pretendían desmarcarse de la agitación y la
presión social y dispersan las responsabilidades por el
mal gobierno teniendo en mente razones electorales.

En el nivel de las luchas ciudadanas la mayor presencia
corresponde a las uniones, juntas de vecinos con metas
específicas, comités de barrios y asociaciones de
desarrollo comunal. Entre junio de 1981 y 1990 esos organismos
realizaron 87 eventos. Actuaron como frentes de choque, a veces
articulados a otras comunidades y dieron las luchas contra las
alzas en las tarifas de buses, de agua y electricidad. Las
ASODECO fueron institucionalizadas por Ley 3859 del 7 de abril de
1967 y actuaron como entidades funcionales a las políticas
de control social y extensión de las funciones del Estado
en los cantones y regiones del país. Por ello, la consigna
de autonomía con respecto a los gobiernos figuró en
varias protestas. El 17 de junio de 1989 se creó la
Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo
Comunal, CONADECO.

Innovación
y tensiones de las protestas

En el campo de las relaciones sociales, el clímax
revolucionario en Centroamérica, tanto como la crisis
económica de 1979-1983 delimitan los conflictos de clase y
los movimientos populares. En esa fase de transición al
neoliberalismo surgen innovaciones en la fisonomía del
descontento social y en las formas de protestar. Los sujetos del
conflicto convergen o se distancian de los abismales intereses de
clase que separan a la burguesía y sus fracciones
dominantes, de las necesidades de la clase trabajadora, grupos
sociales y de la ciudadanía como sujeto político y
de consumo de mercancías.

Después de la represión que derrotó
la huelga bananera del Pacífico Sur en julio-setiembre del
84, del fallido intento de huelga nacional solidaria con la UTG,
de la división del PVP y las fracturas en las
células, sindicatos y las coaliciones campesinas de
filiación comunista, en el escenario de las luchas
antagónicas entre capital y trabajo el Estado
acentuó su papel mediador en beneficio de la
burguesía. En el lustro siguiente también entraron
en crisis otros partidos de izquierda y sus aliados
electorales.

No es casual entonces que en adelante la
exaltación disidente la expresaran nuevos actores del
conflicto, en apariencia carentes de filiación e
ideologías contestatarias. Desplegaron otras
organizaciones que reivindicaban desde años remotos
derechos de las mujeres, diversidad sexual y el rechazo a la
desprotección del hábitat natural. Tomaron fuerza
otras luchas para mejorar la reproducción de la fuerza
trabajo desde el nivel familiar. Y con ellos la diversidad de
actores, reclamos, tipos de protesta y búsquedas de
consensos para la conciliación política. Ahí
se ubica el recio timbrar de las advertencias ciudadanas
político-electorales, así como las luchas
inéditas en frentes defensivo del interés cultural
y la soberanía nacional.

Una muestra de 138 protestas extraída de 385
conflictos entre 1980 y 1990 evidencia cómo los habitantes
más pobres del área metropolitana, trabajadores del
Estado y los productores agrícolas introdujeron en sus
métodos de lucha los bloqueos de rutas de libre
tránsito, las marchas masivas de varios miles de personas
y las huelgas cívicas o de no pago del precio de consumo
del agua, electricidad o de las cuotas de vivienda con el INVU o
las mutuales de crédito. Eran casi inéditas hasta
1983.

En el contexto de luchas por la vivienda la prensa
dramatizó seis huelgas de hambre. El 29 de marzo de 1988
el periódico La Nación alertó: "Unas 300
personas, afiliadas el Comité de vecinos de la localidad
de Chacarita-Puntarenas, destruyeron unos 200 postes de cemento y
otras obras construidas por una empresa privada contratada por el
MOPT, en las orillas de la pista de aterrizaje: solicitan que el
campo sea destinado a obras de bien comunal". Otro caso. El mismo
periódico informó el 2 de marzo de 1988: "Vecinos
de Lomas del Río de Pavas retuvieron a los ministros de
Educación y Obras Públicas, quienes se hallaban en
la comunidad inaugurando el curso lectivo, como protesta contra
la forma de pago que impone el INVU por sus viviendas".
(Valverde: 1991: 143 y 141).

La cifra de presentación de pliegos de demandas a
las autoridades o de reuniones para afrontar conatos de protestas
indica no solo una forma de presión; también fue
efectiva para exigir la negociación política de las
peticiones y obligar al consenso. Los empresarios y productores
agrícolas utilizaron con más frecuencia ese recurso
y sus demandas fueron catalizadas rápidamente, más
que analizadas en conjunto con las autoridades.

Más de un tercio de la muestra confirma la
persistente actividad sindical y la negociación juridicial
del conflicto laboral. Sólo en el Pacífico Sur los
trabajadores de las plantaciones de banano, palma africana y
otros servicios fueron a la huelga en 11 ocasiones y firmaron 3
convenciones colectivas con la UFCo en los años 1980-1988,
acompañados de varios conflictos agrarios y toma de
predios para viviendas. (Abarca, 439 y 443). En los años
1989- 90 están documentadas 20 huelgas; una de
carácter cívico y dos en el sector
privado.

Asimismo, en la región atlántica
también fue recurrente la invasión de latifundios y
huelgas bananeras en fincas de productores y plantaciones de la
Standard Fruit Co. En Limón hubo 9 movimientos de rescate
de la propiedad, entre junio del 80 y diciembre del 81. Fuentes
oficiales registran 35 huelgas en el sector público y las
empresas privadas, en el lapso 1984-86. (Donato E. y Rojas B.
1987:123). Entre 1980 y 1987 hubo 500 casos de invasión de
tierra en posesión privada, que involucró
más de 7.000 familias" (Román, Isabel.
1994:68).

Conforme con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Departamento de Relaciones Laborales) de 62 huelgas
producidas en Costa Rica durante el período 1986 – 1990,
solamente 11 de ellas no afectaron al sector público, es
decir, del total, el 82.26 % se produjeron dentro del
sector.

En síntesis. La hostil coyuntura
económica, la guerra contrarrevolucionaria, la retirada
inicial del reformismo burgués, el implante del
neoliberalismo con la apertura del mercado con subsidios al
capital privado y la aprobación del PAE I y el PAEII
ampliaron brechas sociales, exacerbaron antagonismos entre
trabajadores y capitalistas, estimularon el malestar de
pobladores, ciudadanos y otros grupos muy pobres.

Protestas y
conflictos en el ciclo neoliberal

Después de 1995 el epicentro del neoliberalismo
quedó atrapado entre ciclos depresivos y restauraciones
poco duraderas. La bonanza de la década anterior se
resquebrajó y vino el derrumbe monetario: "en 1994 en
México, Asia del Este en 1997, Rusia en 1998 y Brasil en
1999. Entre 1994 y 1999, diez países en desarrollo de
ingreso mediano experimentaron crisis financieras que
deterioraron los niveles de vida, y en algunos casos hicieron
caer los gobiernos y empobrecieron a millones de personas". La
depresión del 2001 puso en aprietos el centro del
capitalismo, seguida de los sucesos del 11 de Setiembre, y las
crisis financieras en Turquía y Argentina que estallaron
en el 2002. Desde el 2003 la República Popular China
ocupó el tercer lugar en el volumen comercial mundial.
Decayó el proyecto de dominación
unipolar.

Ligado a esos ciclos, las invasiones a Afganistán
e Irak aceleraron las competencias entre las corporaciones de
Europa y Estados Unidos en torno a la producción y
comercio de gas natural, petróleo y las posesiones sobre
el continente asiático y el Medio Oriente. Luego vino la
contrarrevolución norteamericana en Filipinas y Colombia.
Esas ofensivas catapultaron desde octubre 2001 el repudio
antiimperialista y enervaron las luchas por la paz. En el 2003
comienzan las grandes movilizaciones contra los convenios del
ALCA y el TLC negociados por Estados Unidos y las élites
políticas a espaldas de los Parlamentos en América
Central, los países de la Triple Frontera, el MERCOSUR,
CAN y en Colombia, por separado.

Como parte de la resistencia al "Consenso de Washington"
en los años 2004-2006 fueron convocados los Foros Sociales
Mundiales de Mumbay, Porto Alegre y Venezuela. En el 2004 se
discutió la exclusión social y los intocables; en
el 2005, reunidos en Venezuela, la política y el poder en
perspectiva liberadora. El Primero de Mayo del 2004 tuvo
carácter de celebración mundial del día de
los trabajadores, con marchas espectaculares de más de 2
millones de inmigrantes en unas 35 ciudades de los Estados
Unidos.

Esa coyuntura favoreció los emergentes procesos
revolucionarios en Venezuela y Bolivia; la continuidad de la
lucha insurgente en Colombia, acosada por El Plan Colombia y la
ofensiva norteamericana sobre la Triple Frontera. Renació
el reformismo de Estado en Argentina, Brasil, Chile y
posteriormente en Ecuador. (Cfr. Abarca V. Carlos.
Monografía destacada en:
http://www.monografias.com/trabajos37/cafta-y-alca/cafta-y-alca)
En Centroamérica, el Frente Sandinista recuperó el
poder político en el 2006 y en El Salvador una
facción del movimiento FMLN logró un rotundo
triunfo electoral en el año 2009.

Este es otro ángulo del contexto mundial y
latinoamericano en el cual los conflictos sociales y las
protestas populares se intensifican. Entre marzo y mayo de 1995
hubo nueve huelgas en instituciones del Estado. El mismo
año, en el gobierno Figueres Olsen se produjeron casi 800
marchas y la "huelga de maestros" de julio-agosto de 1995.
http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

En el 2000 los medios de prensa informaron acerca de 589
acciones de protesta social.
http://www.latindex.ucr.ac.cr/descargador.php?archivo=dia001-04.
Al año siguiente aumentó el número de
organizaciones sociales. Solo ante el Registro Nacional fueron
inscritas casi 1.200 asociaciones civiles, la mayor cantidad en
Guanacaste y Puntarenas. Aunque, frente a la escalada de
protestas, en el 2001 hubo 118. El 22% corresponde a las
comunidades, al magisterio 20.3%, a los trabajadores 19.5%, a
estudiantes 7.6%, ambientalistas y mujeres el 9.3%, productores
10.2% y cámaras patronales el 4.2% (Estado de la
Nación. VIII Informe 2001:296-297)

En los primeros ocho meses de 2002, el periódico
La Nación informó acerca de 79 eventos de protesta.
De ellas, el 63,3% se desarrolló en un solo día y
tuvieron proyección local en el 77,2% de los casos. Las
formas de protesta más utilizadas fueron la
declaración pública 31,6%, bloqueos de vías
públicas 13,9%, reuniones con autoridades 13,9%,
mítines o concentraciones 12,6%, denuncias ante el
gobierno 12,6%, huelgas o paros el 10%.

Los actores con más presencia en las protestas de
ese año fueron los trabajadores 31,6%, quienes canalizaron
la mayoría de las demandas a través de los
sindicatos (60,1%). El 39.9% de otras protestas no tuvieron esa
organización. Las comunidades ocuparon el segundo lugar
con 29,1%; seguidas de las agrupaciones ambientales,
municipalidades y los estudiantes de colegios. El grueso de los
móviles de conflicto fue el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y del nivel vida, como la calidad de los
servicios de la CCSS e infraestructura,
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/regionorte.pdf

Desde finales de enero de 2003, hasta la
realización del referéndum, en abril de 2007, hubo
gran agitación contra la aprobación del TLC. En el
2003, se dieron 417 protestas con ese objetivo. Entre mayo y
julio se produjeron las huelgas de trabajadores del ICE,
magisterio y de profesionales del MOPT. (Costa Rica.
Cronología del conflicto social. mayo – julio 2003.
Realizada por el Observatorio Social de América Latina
(OSAL/CLACSO).

El 2004 hubo 648 protestas. El 41.35%por parte de
trabajadores; 5.56% de estudiantes de universidades y colegios;
10.2% de vecinos; 31% de productores agrícolas y el 15.6%
de empresarios y agricultores. El 18.52% fueron bloqueos; el 12%
marchas y mítines; el 1.7% huelgas y un 42.28%
declaraciones públicas. Estos datos recogen más o
menos el 75% de los casos de protesta anual. (Fuente. Estado de
la Nación. Zindy).

En síntesis, entre 1998 y 2004 se reportaron 3002
acciones de protesta; en promedio 500 eventos cada año, en
contraste con la década anterior. En 1998 ocurrieron 342
protestas, en el 2000 y 2004 se registra un crecimiento de 20.4%
y 21.6%. Esos dos años surgieron las protestas contra la
eliminación del monopolio estatal del ICE, en marzo del
2000 y en agosto del 2004 por la eliminación RITEVE,
monopolio de capital español, en la revisión
técnica vehicular. Esas luchas coincidieron con las
demandas por salarios en el sector público, el alto costo
de la vida y contra la aprobación del TLC.

Esos procesos surgió una actitud de apertura para
construir agendas y alianzas políticas, un proceso
derivado de la huelga de 1995 con la creación del Frente
de Organizaciones Magisteriales FOM y el Comité
Cívico Nacional. En el 2004 varias agrupaciones gremiales
del sector público se aliaron con los productores
agrícolas de San Ramón y los estudiantes
universitarios. También, por primera vez se
involucró la Cámara de Transportistas
Unitarios.

En esas protestas predominaron la presentación de
pliegos de demandas y el bloqueo. En ese lapso hubo 978
peticiones públicas y 626 bloqueos. Las marchas,
mítines y bloqueos suman 1065. Otras, como huelgas de
hambre, invasión de latifundios y actos contra la
propiedad privada tuvieron poca intensidad. Los trabajadores del
sector público promovieron el 42.7% de las protestas, los
vecinos de barrios y comunidades el 11% y un 7% contra la
revisión técnica vehicular. En 1999 y 2000 el
bloqueo fue utilizado por obreros bananeros retirados que
habían quedado estériles por el uso del fungicida
Nemagón.

En 1999-2001 los productores de arroz y de cebolla
bloquearon las calles para oponerse a la importación y
descarga de esos productos proveniente de EUA y Canadá.
Productores agropecuarios y trabajadores del sector informal
promovieron el 5.6% y 4.2% de los eventos de conflicto. Grupos
ambientalistas, de género, de derechos humanos y sectores
indígenas registraron las cifras más bajos.
Además, el 0.3% de las protestas contra las guerras
imperialistas y para que el Presidente Pacheco rectificara el
apoyo a la invasión de Irak.

http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol1/9_accioncolectiva_smora-vb.htm

Entre el 19 de julio y el 15 de octubre de 2005,
trabajadores de instituciones del Estado declararon siete huelgas
y hubo otra en la Cooperativa de Productores de Electricidad
COOPELESCA que duró 32 días. Varios sindicatos
organizaron tres grandes marchas de oposición al TLC, en
San José y Nicoya. (Diario Extra.) De julio a octubre del
2005 hubo gran agitación, presiones, amenazas y marchas
contra la aprobación del TLC.

Entre junio y agosto de 2006 estallaron 17 huelgas en
instituciones del Estado. Continuaron las marchas y otras
protestas contra el TLC y la apertura del monopolio del ICE. El 7
de octubre de 2007, se realizó el primer referendum en la
historia de Costa Rica para decidir la a probación o no,
del TLC con Estados Unidos. La oposición se expresó
ante todo en la movilización callejera, un recurso
ciudadano que crecía en magnitud y diversidad, como se
pudo apreciar en las marchas en todo el país durante los
días 23 y 24 de octubre de 2006, y en la gigantesca
manifestación de repudio, del 26 de febrero de
2007.

En el 2004, las principales movilizaciones del
magisterio se articularon a organizaciones sociales, campesinas,
sindicales y partidos políticas, en una lucha mancomunada
contra el TLC. Las protestas de agosto de ese año forzaron
la renuncia del Ministro de Comercio Exterior y el Jefe del
equipo de negociación del TLC con Estados
Unidos.

Se creó la estancia Encuentro Popular, como
principal red de organizaciones sociales. Fue el foro que
llevó adelante la difusión de las consecuencias del
TLC. El 16 de mayo, el Movimiento Cívico Nacional y la
Comisión Nacional de Enlace llamaron a una
paralización del país para impedir la
ratificación del TLC por parte del Congreso, la
privatización del ICE, el monopolio de RITEVE y el alza en
el precio de los combustibles. La APSE, SEC, ANDE y los
profesores universitarios de Heredia, apoyados por el SITUN se
unieron a la huelga.

El 21 de octubre, don Abel Pacheco envió el TLC
al Congreso y, días después, diferentes sindicatos
y organizaciones crearon La Coordinadora Nacional contra el TLC.
Aquí se centralizó la agenda de lucha, como la
manifestación de cuarenta mil personas que rechazaron la
ratificación del Tratado. La oposición militante
hizo posible postergar la aprobación inmediata del
Tratado. Costa Rica fue el país en donde las negociaciones
en torno al TLC se vieron más entorpecidas. Los
parlamentos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y
República Dominicana ya lo habían ratificado.
http://www.foro-latino.org/flape/boletines/boletin_referencias/boletin_19/Doc_Referencias19/Debate/Conf_educ_FLAPE.pdf.
La Coordinadora Nacional venía proponiendo otras opciones
políticas para derrotar la aprobación del TLC,
entre ellas el referéndum, una iniciativa que
cooptó Oscar Arias y se celebró el primer domingo
de abril del 2007.

En 2008-2009 hubo 702 protestas. El 41.3% por parte de
trabajadores, desempleados u en el sector informal. El 25.8%
promovidas por vecinos, grupos de ciudadanos y organizaciones de
lucha por la vivienda. El 15.1% de productores, empresarios y
profesionales. El 9.7% de estudiantes y jóvenes y el 6.7%
de grupos de ambientalistas, género, derechos humanos e
indígenas.
http://issuu.com/estadonacion/docs/politicas_protestas_sociales

Desde el 2008, el país se vio afectado, como el
resto del mundo, por la crisis económica que e
prolongó hasta el 2011. EL año 2012 presentó
un pico de 771 protestas y fue el más largo de los
últimos años pues duró 22 meses, en
coincidencia con el proceso electoral, según el analista
Vargas Cullel. Atribuye el aumento a la ausencia cada vez mayor
de espacios de negociación; el aumento en la falta de
oportunidades de trabajo, acceso a la educación y alto
costo de vida; así como la ruptura de los partidos
tradicionales con las comunidades.
http://www.youtube.com/watch?v=-Qr3VX6KdpY Dos años
atrás se discutió el proyecto de ley para
criminalizar la protesta social. Solo en 2011, la Presidente
Chinchilla enfrentó más de 630 manifestaciones, un
promedio de 1,7 diarias y 53 mensuales. Fue el gobierno
más inestable, de las últimas cuatro
administraciones.
http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

Desde el punto de vista político, la intensidad
de la protesta social entre 1980-2013 es un valioso soporte,
entre otras, para las siguientes hipótesis:

Las instituciones de la sociedad actual son
interdependientes, pero contradictorias. Los estados dependen de
mecanismos democráticos para legitimar sus decisiones,
aplacar y hacer rutinario el medio político…Pero a
la vez, el mercado de trabajo puede recortar la capacidad de las
familias para minimizar el costo de provisión de la fuerza
de trabajo…aunque el mercado recorta la capacidad familiar
para mantener la reproducción…El análisis
social debe recordar esas premisas.

Algunas luchas enfrentan a grupos, organizaciones y
clases… y alteran las relaciones
interinstitucionales… A la vez, estas luchas sociales
alteran las relaciones entre sociedad e instituciones… Por
ejemplo, la demanda feminista que subraya el potencial del valor
monetario no pagado, del trabajo doméstico. O bien, la
democratización de los lugares de trabajo y la
extensión de los derechos ciudadanos a los centros de
producción… Ello establece contrastes entre las
organizaciones sindicalizadas y las que no lo son. Ello confirma
que el conflicto de clase funciona no solo en los puntos de
producción, sino también sobre las prácticas
empresariales en relación con la
legalidad…

"Cuando los obreros luchas por sus salarios, por sus
derechos de representación, por la influencia en su lugar
de trabajo, por el control público sobre las inversiones
del capital, se están apropiando de la lógica de
otras instituciones para transformar el sitio en el que trabajan:
la lógica de familia y de las necesidades humanas, la
lógica de la ciudadanía democrática y de la
participación ciudadana, la lógica de la
racionalidad impuesta por el Estado." (55) La premisa de la
contradicción institucional procede de la teoría de
las clases…El conflicto de clases es algo generado a la
vez cultural y materialmente por la contradicción
institucional. (Friedland Roger y R. Alford. 1995:74)

A modo de
epílogo

Ayer, los cambios políticos profundos de la
historia nacional se forjaron en hombros y brazos del movimiento
obrero y campesino de inspiración marxista y socialista.
Hoy, una vez más, las luchas sociales y las protestas
populares confluyen, cual savia renovadora, en los ramajes de
nuestra historia social y política. Tanta fuerza y
energía tuvo esta vez un norte histórico preciso:
arrancarle a la plutocracia el ejercicio del poder del Estado y
devolver al pueblo el principio de representación
democrática, un viejo ideal muy cercano a la
utópica vivencia de la soberanía
popular.

Tal podría ser una observación con acento
de filosofía política. O quizás, la
hipótesis que nos permita entrever los cursos de la
historia en la abrumadora estadística de sociólogos
y economistas sobre la protesta social contemporánea,
otrora un tema casi tabú. Tan valiosa información,
esfuerzo con saldo deudor en favor del periodismo crítico
es, con mucho, la variable más significativa para
posteriores análisis de coyuntura política. Porque
el gran ausente en este y otros trabajos, sigue siendo el examen
de los cambios en la conciencia social en la era del
neoliberalismo imperialista. También la viabilidad de
otros programas políticos, alternativos al que
están configurando las nuevas fracciones burguesas
partidarias de que renazca el reformismo
burgués.

Bibliografía

Abarca V. Carlos. El CAFTA y el ALCA: entre el disenso
político y la protesta social. En:
http://www.monografias.com/trabajos37/cafta-y-alca/cafta-y-alca
Monografía destacada.

Obreros de la Yunai. Editor Carlos Abarca. Servicios
Gráficos Z. San José, 2005

Alvarenga V. Patricia. De Vecinos a Ciudadanos.
EUCR-EUNA. San José, 2005

CEPAS. Balances de Situación Nos. 28 al 36.
San José, 1988-1990

Friedland Roger y R. Alford. La sociedad regresa al
primer plano. FLACSO. Cuaderno No. 69. San José. 1995.
P.74.

Román, Isabel. ¿Conciliación o
Conflicto? Luchas campesinas y democracia en Costa Rica.
Editorial Porvenir. San José, 1994.

Valverde R. José Manuel, Boris Jean Pierre y
Cristina Araya U. Información Documental.
"Cronología: movimientos populares y política
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Mora A. Jorge. Movimientos campesinos en CR.
FLACSO. Cuaderno No. 53. San José, 1992. P. 36.

http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

http://www.latindex.ucr.ac.cr/descargador.php?archivo=dia001-04.

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/regionorte.pdf

http://www.forolatino.org/flape/boletines/boletin_referencias/boletin_19/Doc_Referencias19/Debate

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http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

Horquetas de Sarapiquí, 1 de agosto
2004

Autor:

Carlos A. Abarca
Vásquez