Las instituciones militares, representadas por el
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada
Nacional, se mostraron en 1981 sólidamente
constituidas y férreamente unidas; se planificó la
defensa en forma conjunta.
EL Perú no pudo apreciar la capacidad del Poder
Militar ecuatoriano e inició la planificación para
pretender nuevamente conquistar por la fuerza lo que por derecho
no le corresponde, es así como parte de su planificada
ofensiva al Ecuador empezó a ejecutarse en el año
1991, con la creación de un destacamento en territorio de
nuestro país y después estableciéndose un
acuerdo entre las partes para su desalojo, acuerdo firmado el 24
de mayo de 1991 y conocido como "El Pacto de Caballeros", que
incluía el desalojo de nuestro territorio del destacamento
peruano, acuerdo que por supuesto nunca se
cumplió.
El eximio General Carlomagno Andrade,
muere en un inexplicable accidente aviatorio.
En una sociedad amenazada por la corrupción en
los altos estratos del poder, la vida del General Carlomagno
tiene el severo brillo de una honestidad sin tacha, no
empañada ni por la más leve sospecha.
Frente a todos cuantos trabajan para conseguir,
legítimamente riqueza y comodidades, en esta existencia de
virtudes espartanas, a diferencia, en él todo se
subordinó al servicio de la patria y al ejercicio de las
más austeras virtudes militares.
El 15 de agosto de 1994, asumió el mando del
Ejército, el General Miguel Iturralde Jaramillo,
ínclito soldado, capaz, profesional y patriota. El 16 de
noviembre de 1994, nuevamente el Ejército perdería
a uno de sus mejores hombres., mientras el Comandante General del
Ejército cumplía con su deber y motivaba con su
presencia a sus soldados que guarnecían las fronteras de
la patria para que cumplan a cabalidad con su deber de defender
la integridad territorial, en un inexplicable accidente de
helicóptero fallece tempranamente el General Miguel
Iturralde.
El 12 de diciembre de ese año, a las tres semanas
de eliminado, los "obstáculos" y continuando con el plan,
el Coronel del ejército peruano Manuel Lazarte, Comandante
del Batallón de Infantería de Selva No. 25
"Callao", en una flagrante declaración de guerra
amenazó con emplear la fuerza militar si no
abandonábamos los destacamentos militares ubicados en
nuestros territorios.
Con lo que no contó jamás el Perú,
fue con la capacidad de los mandos como Factor del Poder Militar.
El General Paco Moncayo Gallegos tenía la misma
formación profesional y la misma mística que sus
antecesores. El General Moncayo planificó y condujo la
defensa militar del país con el éxito conocido y el
Poder Militar en esta ocasión devolvió el honor a
la república en los campos de "Tiwinza", "Base Sur",
"Cueva de los Tayos"," Teniente Ortiz" y "Coangos".
El país recordará siempre la gran
fortaleza y unidad que el pueblo ecuatoriano demostró
frente a la amenaza, junto a sus Fuerzas Armadas
proporcionó gran solidez al Poder Militar e impidió
con su extraordinaria fuerza moral la consecución de los
objetivos del militarismo peruano, pues las virtudes militares
del pueblo ecuatoriano son extraordinarias y constituyen un
fundamento de gran valor del Poder Militar.
2. Justicia social, desarrollo integral e
integración nacional
Si definimos y entendemos por justicia social la
asignación, designación y entrega de las
condiciones de vida de la mejor manera a hombres, mujeres y
niños, sin discriminación de raza, credo,
ideología, capacidad y entendemos también que esta
es obligación del Estado Ecuatoriano, y que éste
debe emplear su poder nacional para alcanzar este objetivo
nacional permanente, debemos reconocer que el Poder Militar ha
contribuido a lo largo de la historia de la República para
la consecución de este objetivo. Sólo debemos
recorrer sus páginas para encontrar en el movimiento del
10 de agosto de 1809. Con la gesta de la libertad bajo la
guía esplendorosa de la espada de Sucre. Justicia Social
buscó la Revolución Marcista y José
María Urvina.
La Revolución Alfarista, protagonizada por el
"Viejo Luchador", con participación directa del Poder
Militar, tuvo un claro objetivo que fue perfectamente alcanzado y
mantenido mientras la revolución liberal mantuvo su
vigencia: mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Hoy por hoy el Poder Militar lucha junto a la gran
población del país, junto al indígena
ecuatoriano, contra la miseria, el hambre y la desesperanza.
Queda ya analizado cómo en las intervenciones
rectificadoras del Poder Militar se dan acciones de gobierno tan
firmes, basta citar el Código de Trabajo y la Ley de
Reforma Agraria.
Si se considera al desarrollo integral como
fenómeno socio-cultural, la participación del Poder
Militar a través de sus instituciones en el desarrollo
nacional se podrá alcanzar y mantener este objetivo
nacional permanente, participación que ha sido reconocida
por todo el pueblo ecuatoriano.
El objetivo Nacional Permanente "Integración
Nacional", debe ser entendido como la voluntad manifiesta de
todos los ecuatorianos agrupados o no en etnias, grupos
culturales, raciales y sociales, por identificarse con nuestra
historia, con nuestras costumbres y con nuestra proyección
histórica de formar una sola nación.
La búsqueda de la integración nacional es
una tarea que la realiza el Poder Militar, como ningún
otro. Conociendo perfectamente que el país es
pluricultural, plurinacional y pluriétnico y que estas
características amenazan a la supervivencia misma del
Estado, el Poder Militar busca el fortalecimiento de la identidad
nacional. Lo hace a través de la conformación de su
principal fundamento, los recursos humanos, y lo constituye sin
distingo de razas, credo o condición social, y todos sus
hombres, identificados como soldados ecuatorianos, se colocan al
servicio de una sola causa y de una sola bandera. El Poder
Militar conserva integrada a la nación ecuatoriana a
través de sus hombres y de su presencia permanente en las
regiones naturales y en la región insular.
3. Democracia
La democracia ha sido consagrada por la voluntad
popular, como el sistema de gobierno que debe regir la
república desde sus inicios, entendida como la total y
libre participación del pueblo en la toma de sus propias
decisiones; es decir, en manifiesta expresión de sus
derechos. Desde su inicio en 1830, el Poder Militar ha
garantizado la participación popular como fuente de
derecho, respaldando las decisiones tomadas con su propia
voluntad, voluntad expresada en las calles, o en las urnas como
símbolo universal del sufragio.
Sin embargo, la pregunta, ¿por qué las
Fuerzas Armadas han quebrantado por más de una vez el
sistema democrático?. La respuesta, Fuerzas Armadas han
intervenido en el cauce democrático porque el pueblo
así lo ha exigido, por cuanto la verdadera democracia
está en la expresión popular del pueblo ecuatoriano
que en 1925, en 1932, en 1963, en 1972, en 1997; y, finalmente el
21 de enero del 2000, se manifestó a favor de la
intervención militar.
Durante estas etapas de crisis, el Poder Militar
ecuatoriano en una actitud prudente, patriótica,
democrática y totalmente enmarcada dentro de la
constitucional, escuchó la voz soberana del pueblo
ecuatoriano que se levantó en calles y plazas,
desarrolló una acción estratégica que
evitó una gran hecatombe que podía destruir a la
república. La institución armada adoptó la
prudencial actitud que dio solución a la crisis generada
por el abuso, la prepotencia, la procacidad, la corrupción
y el nepotismo, actitud que fue calificada por la opinión
mundial como actitud propia del Poder Militar más
profesional y democrática de América
Latina.
El pueblo debe saber que estas actitudes solamente
corresponden a la confianza que ha depositado en sus Fuerzas
Armadas y que por su opinión las han convertido en la
institución, más respetable del
país.
Estas acciones rubrican por sí solas el criterio
nacional de que la presencia del Poder Militar es indispensable
para la supervivencia del Estado, tanto en el tiempo de paz
cuanto en tiempo de guerra, porque es y seguirá siendo una
garantía para la democracia y la reserva moral de la
patria.
4. Transición, reforma
institucional e imaginario democrático
El proceso de transición a la democracia que
vivió el Ecuador a finales de la década de los
años setenta implicó un profundo debate
político sobre la serie de reformas institucionales que
debían ser incorporadas en los diversos ámbitos del
Estado y la sociedad. También significó para el
país la oportunidad de plantearse el modelo de desarrollo
que se requería para obtener los niveles de
modernización que vincularían, por un lado, la
nueva estructura económica y social generada en las dos
décadas anteriores y, por otro lado, la reciente
estructura política, diseñada y amparada por el
Estado con el concurso de los partidos políticos, la
sociedad y los mismos militares. En esa dinámica, el
plebiscito de 1978 que aprobó la nueva Constitución
hizo pensar que el país entraba en una época
distinta; en un momento decisivo y fundacional que
acarrearía cambios importantes para las acciones de
desarrollo promovidas desde el Estado; en definitiva, en el
despliegue paulatino de transformaciones que concretarían
la entrega por parte de las FF.AA., de un país anclado en
la ansiada modernización del sistema
político.
La Constitución de ese entonces legitimó
políticamente parte del programa de desarrollo
diseñado durante el gobierno del General Guillermo
Rodríguez Lara e introdujo elementos nuevos en la
configuración del régimen político. En el
área económica es importante resaltar que se
incorporó la noción de "sectores
estratégicos de la economía" encomendados al manejo
del Estado, aspecto que se convertiría mas tarde en uno de
los temas de tensión política entre los militares
que asociarán esos sectores a un manejo de la seguridad
nacional, y los agentes económicos vinculados a
lógicas privatizadoras que verán esas actitudes
como un freno a las intenciones reformistas de la economía
estatal. En el área política, a más de los
cambios institucionales mencionados, se pretendió
modernizar las prácticas tradicionales de
representación mediante un sistema de
intermediación entre Estado y sociedad que recaía
en las acciones de los nuevos partidos políticos, ya que
ellos tenían varias cualidades: ideología y
programa político definido, organización y
estructura nacional, afiliados participativos y una mentalidad
"moderna" con la capacidad de reemplazar las viejas
prácticas populistas asociadas a la oligarquía y al
faccionalismo regional.
Este tipo de reformas institucionales son parte del
proyecto de transición a la democracia del último
gobierno de las Fuerzas Armadas para crear un nuevo
régimen político. En ésta intencionalidad se
presentaron dos factores muy importantes que tendrían
repercusión en los años venideros para el
desempeño del sistema político. Primero, se
consolida la figura del Estado como eje fundamental de la vida
social, política y económica del país,
situación que ratifica la centralidad del Estado en la
generación de sociedad, en el control de las
políticas públicas basadas en prácticas
asistenciales y redistributivas, y en un modelo de gestión
gubernativa que está vinculada dentro del contexto
latinoamericano a la noción de matriz estado
céntrica.
Segundo, el proyecto de renovación y cambio en
las formas de hacer política otorgó a los partidos
el monopolio de la representación frente al Estado y con
ello volcó nuevamente la mirada al accionar de
éstas organizaciones como sustento del sistema
político, descalificando otras formas de
participación, demanda y movilización. De esa
manera, la ley de partidos, expresión del nuevo sistema
político, se convirtió en un verdadero filtro que
regulaba la participación y acceso a la toma de decisiones
sobre la cosa pública, monitoreaba y seleccionaba las
demandas sociales de la población, calificaba los
procedimientos de ingreso para la conducción estatal y
reducía la complejidad social para que la serie de
reivindicaciones sociales no rebasaran en ese entonces el orden
constitucional inaugurado.
Desde una perspectiva más general, la democracia
es asumida como un proyecto nacional que asegurará en el
futuro la permanencia de las instituciones; dotará a la
ciudadanía de plenos derechos políticos;
marcará las rupturas necesarias con los regímenes
despóticos anteriores y consolidará a la
nación; no obstante, ésta identificación de
la nación como comunidad política homogénea,
basada en un despliegue simbólico que asocia nacionalidad
ecuatoriana a desarrollo y lealtad estatal, reemplaza la forma
cultural de la nación por la de comunidad cívica.
El sesgo reformista consistió básicamente en la
asociación e identificación entre el rol del Estado
en una economía planificada y el "destino" de la
nación desarrollada en un momento refundacional del
país donde se legitimó un tipo de discurso que ha
sido calificado como "discurso originario
democrático".
No son pocas las voces que han cuestionado el
carácter democrático del ordenamiento
político que se estableció a partir del retorno
constitucional. La primera crítica está relacionada
con la naturaleza precaria y la debilidad formal del sistema
democrático que no ha sido capaz de establecer reglas
claras de juego para todos los actores sociales y
políticos. En efecto, si la institucionalización de
la democracia es concebida como acuerdos concretos sobre reglas
del juego político que procesen el conflicto social,
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la
ciudadanía, establezca regulaciones institucionales a los
sectores económicos y de cabida a la diversidad
identitaria y política en términos de
participación; entonces la situación del Ecuador se
alejaría de ese imaginario democrático.
En países con una débil tradición
democrática como el Ecuador, las reglas constitutivas y
vinculantes del juego político e institucional no han sido
internalizadas plenamente por los distintos actores, generando en
esa dinámica muchos ámbitos e instancias informales
que se traducen como déficit de legitimidad de las reglas
mencionadas y del sistema político en sí mismo. En
ese sentido, uno de los problemas que presenta la
transición a la democracia es que no resuelve por completo
el asunto de los linderos, muchas veces ambiguos, en los que se
desenvuelve la formalidad e informalidad de las instituciones. Si
asumimos que nuestras sociedades presentan en su cultura y
sistema político rasgos clientelares, prebendarios y
patrimoniales, fenómenos que varios analistas denominan
particularismos, tenemos que aceptar la idea de que esos
particularismos coexisten en incómoda tensión con
las reglas formales de ese "deber ser" que vendría a ser
el complejo institucional democrático. De ahí que
las sociedades que contengan particularismos expandidos,
persistan en actuar sin rendición de cuentas, toleren
partidos que limitan la transparencia de los procesos de
representación y elaboración de políticas,
pueden verse abocadas a experimentar dos consecuencias; por un
lado, sufrir el reaparecimiento de tradicionales prácticas
autoritarias derivadas de la debilidad del control institucional
de la misma democracia; de otro lado, permitir las influencias de
grupos de presión sobre la elaboración e
implementación de políticas a favor de los
intereses de sectores económicamente poderosos,
especialmente en países que transitaron a la democracia
con elevados niveles de desigualdad social, exclusión,
pobreza y vulnerabilidad estructural.
La segunda crítica se encuentra vinculada con el
problema de la representación y los mecanismos de
participación política que, en sociedades como la
ecuatoriana, tienen que ser ubicados dentro de la vieja
contradicción producida entre régimen
político democrático y el sistema, y cultura,
política autoritaria. Las expresiones de este permanente
antagonismo entre régimen democrático
-independientemente de que sea catalogado como minimalista o
formal- y el sistema político/cultura autoritaria -que
puede ser interpretado como premoderno, informal o personalista-,
se las observan en los conflictos étnicos e identitarios
nacionales no resueltos; en una baja ciudadanización que
ha constreñido la noción de sus derechos a los
períodos electorales; en una institucionalización
estatal débil que no ha sido incapaz de generar mecanismos
de inclusión social; en la persistente tensión
política derivada del inconcluso problema regional; en la
atribución de facultades dirimentes con que han actuado
las Fuerzas Armadas en los momentos de crisis; y en las
recurrentes prácticas populistas que atraviesa a la
mayoría de los partidos políticos.
Sobre este último segmento de los partidos
descansa gran parte de la responsabilidad de las tensiones
políticas surgidas en torno al problema de la
representación y participación, ya que éstos
han contribuido con sus acciones para que nuestra democracia sea
poco consolidada.
En efecto, los partidos políticos no se han
regido por conductas y reglas de juego que ellos mismos
diseñaron para operar en contextos de modernidad
institucional; se han visto superados por distintas formas de
representación social y negociación de intereses
sectoriales; su liderazgo ha caído en los niveles
más permisivos del caudillismo y personalismo que
está basado en prácticas intolerantes y
excluyentes; y en general, al funcionar instrumentalmente como
entidades autoreferentes, no han logrado vincular a la sociedad
con el sistema político que era la pretensión
original de la refundación o imaginario democrático
del país .
Paralelamente a estos factores debe añadirse el
peso de las relaciones, redes y estructuras clientelares y
corporativas que se han constituido en mecanismos generalizados y
"legítimos" de vinculación e intercambio
político que, al ir más allá de las
coyunturas electorales, han penetrado a la totalidad del sistema
político e institucional adaptándolo a sus propias
lógicas y condiciones. En ese contexto, la presencia de
este tipo de lógicas presenta a cada momento pactos
excluyentes, ponen en funcionamiento verdaderos cárteles
de insiders contra outsiders, cárteles que restringen la
competencia, dificultan el acceso y distribuyen entre los socios
los beneficios del poder. Crean, por lo tanto, el peligro de que
la democracia se convierta en un proyecto privado de
líderes de unos pocos partidos políticos y
asociaciones corporativistas que extraen beneficios privados y
protegen su posición excluyendo al resto de la sociedad,
la cual, a su vez, dada la incapacidad de generar mecanismos
participativos alternativos, contribuye para que la democracia
sea anémica.
Desde esa perspectiva, la crisis de
representación y participación generada por la
ineptitud de los partidos políticos para procesar los
conflictos de intereses y canalizar las demandas de la
población, ha promovido dos efectos perversos. De una
parte, ha vuelto a sobrecargar las responsabilidades del poder
ejecutivo del Estado, confiriéndole directamente mayores
potestades de intermediación e intervención como
actor económico, social y político en una sociedad
en permanente conflicto como la ecuatoriana, pues los diversos
actores sociales, sin recurrir a las mediaciones tradicionales de
representación, ejercen presiones al aparato estatal que
desde el retorno a la democracia ha visto mermadas sus
capacidades de redistribución e integración social,
presenta limitaciones para implementar políticas
públicas y evidencia fragilidad institucional al no tener
respuestas concretas ante las constantes demandas; una suerte de
doble perversidad porque el Estado tiene que debatirse entre una
imagen de eficiencia tecnoburocrática que no la posee y
una figura de ogro filantrópico enunciada hace muchos
años por Octavio Paz.
De otra parte, la ausencia de verdaderos mecanismos de
representación que reducirían la complejidad social
produce un círculo vicioso entre espacios de informalidad
y cultura política que se expresa en pactos de grupos
disímiles basados en lógicas patrimoniales,
prebendarias y personalistas; no obstante, las prácticas
de informalidad política no es atribuible solamente a los
denominados informales, es el resultado de un particular pacto
entre las clases sociales y los grupos segmentales en los que se
divide la sociedad ecuatoriana. Por consiguiente, no se
establecen las condiciones mínimas para la
representación política en contextos
democráticos, pues generalmente se niega una
ciudadanía plena y activa, dotada de derechos que
atribuyan delegación y poder; se reduce el panorama de
certidumbre institucional donde deben desenvolverse las normas y
procedimientos capaces de delimitar las relaciones entre
representados y representantes; y, al existir incapacidad para
procesar la diversidad de intereses y demandas generales, se
privilegia el conflicto particular de las élites antes que
el consenso, la inclusión y la tolerancia como valores
constitutivos de una institucionalidad moderna y
democrática. En términos generales, la
conjunción de estos factores, entre otros, han conspirado
contra la posibilidad de construir mecanismos de
representación que sean reflejo de las diversidades del
país y la generación de adhesiones a la
democracia.
El caso de la intervención militar en la
administración y control de las aduanas y en otras
áreas vitales de la economía, no hace mas que
evidenciar la notoria incapacidad de control de los sucesivos
gobiernos frente al problema de la corrupción estatal,
factor que ha producido situaciones ambiguas y confusas dentro de
las entidades militares, ya que éstas han debido asumir
responsabilidades por fuera de sus roles tradicionales que les
son inherentes. En tal sentido, estas delegaciones y "abusos" de
la gobernabilidad civil pueden ser miradas también como
una serie de acciones políticas que, amparadas en la buena
imagen de las Fuerzas Armadas, han servido para contrarrestar la
permanente percepción de la población de que la
"clase" política, al poseer atribuciones e influencia en
las esferas institucionales de control y gestión estatal,
se encuentra impregnada de corrupción pública y
privada a través de una serie de procedimientos alejados
de lo formalmente establecido por la ley.
Lo curioso es que en este escenario confuso de
delegaciones, las Fuerzas Armadas han logrado mantener esa buena
imagen a pesar de las críticas y presiones
políticas provenientes de los sectores privados de la
economía. Una razón que explicaría esta
situación proviene de la manera sui generis con que han
manejado el concepto de seguridad nacional, acoplándolo a
sus propias apreciaciones que les ha permitido desarrollar una
institucionalidad autónoma desde los años setenta.
En efecto, estas gestiones autónomas en diversos campos de
la sociedad se han expresado, no sólo en la
intervención en áreas de seguridad tradicionalmente
asignadas a los militares, sino en el manejo y
participación en una compleja red de empresas en los
sectores camaronero, agroindustrial, minería, transporte
aéreo y naval, de infraestructura caminera, educativo y
del mercado interno. Este "detalle" de incursión en el
ámbito empresarial es el que ha generado las mayores
oposiciones del sector privado que ven en esta conducta una
competencia desleal, pues está sustentada en una
política de subsidios que no concuerda con los proyectos
de libre mercado, reducción del aparato estatal y
privatización que se han tratado de implementar en el
país en los últimos quince años. De
ahí que, si bien los militares ecuatorianos han pretendido
estar alejados formalmente de las presiones del sistema
político, su propia concepción de la democracia, de
los niveles de participación en áreas del
desarrollo y de la economía, asumidas como un asunto de
seguridad y de protección a los sectores
estratégicos, han abierto precisamente las posibilidades
para estar inmersos en el juego político que no lo
deseaban explícitamente.
Dentro de ese campo no se puede negar el hecho de que
las FF.AA., en su interpretación tutelar de la democracia,
parten constantemente de la idea de que el sistema
político y el Estado son carentes de la capacidad para
integrar la sociedad y centralizar su función reguladora.
Es por ello que las intervenciones de los militares tienen que
ver, en gran parte, con esa incapacidad estatal para hacer
predominar los intereses generales sobre los locales; con las
limitaciones institucionales y políticas que no han podido
resolver problemas históricos como la
redistribución de recursos y la riqueza que han influido
en la constitución de poderes regionales fuertes que han
limitado el proceso de integración del territorio
nacional; y, con la persistencia de la fragmentación
social producida por los recurrentes conflictos políticos
donde las élites tienen mucha responsabilidad en promover
condiciones de ingobernabilidad.
En ese contexto, de las iniciales intervenciones
catalogadas como "acción cívica" que los militares
tenían a principios de los ochenta, han pasado en estos
años a un tipo de concepción de "apoyo al
desarrollo" que se enmarcan en una estrategia de
prevención de conflictos y en una idea de seguridad post
guerra fría que implica asumir una noción
más societal y menos gubernamental. De ahí que esa
concepción societal de las Fuerzas Armadas se haya
traducido en un permanente contacto con la población civil
a través de diversos programas sociales basados en
prácticas de cooptación paternalista y en un
despliegue de discursividades ancladas en la invocación de
lo nacional como identidad popular; no obstante, la
pérdida de sentido de ese concepto tradicional de
seguridad nacional y el hecho de asumir institucionalmente
determinadas "delegaciones", derivadas de las irresponsabilidades
gubernativas que les han conferido nuevos roles, junto a la
coordinación de mecanismos de decisión y
gestión entre entidades civiles y militares, ha promovido
un ambiente de "segurización" del desarrollo que
está erosionando el espectro político e
institucional del país .
Pero la serie de intervenciones militares en la sociedad
ecuatoriana van más allá del manejo de ciertos
ámbitos económicos o de su participación en
las tareas de desarrollo, pues su desempeño y protagonismo
como actores políticos ha sido evidente en las
últimas dos crisis constitucionales e institucionales por
las que ha atravesado la República.
5. Escenarios complejos: retos democráticos y
roles militares
Las situaciones críticas analizadas anteriormente
que por lo general han vulnerado la democracia formal, expresan
varias dimensiones que deberán ser recapacitadas al
momento de plantearse sí, efectivamente, los ecuatorianos
podremos construir una democracia amplia y representativa que
tenga la capacidad de integrar a la población, sostener un
desarrollo distributivo, extender la forma ciudadanía con
todos sus derechos a los diversos componentes de nuestra
identidad, establecer mecanismos de control a las presiones
corporativas y la corrupción que han destrozado al
país, recurrir al diálogo y el consenso para
superar las persistentes crisis políticas y mantener un
sector militar que no sea utilizado para dirimir las pugnas de
intereses de las élites que persisten en legitimarse a
través de una cultura política autoritaria,
despótica y dictatorial, basadas en elecciones
amañadas, con un sistema de justicia dócil frente
al poder, entregando prebendas y subsidios de manera
indiscriminada, vale decir, diseñar y gestionar una
sociedad democrática que deje atrás sus anclajes
imaginarios.
Un horizonte de esa naturaleza no puede ser asumido sin
tomar en cuenta el papel preponderante que han jugado las Fuerzas
Armadas en el sistema político y en la democracia
mínima que opera hasta el presente en la sociedad
nacional. Si bien los militares con sus acciones han salvado en
ciertos momentos a la débil institucionalidad estatal,
atrapada en ocasiones por lógicas particularistas de
gobiernos de turno carentes de representatividad, también
han socavado y deslegitimado el mismo concepto democrático
a través de sus intervenciones políticas que los
condujeron al golpe de Estado; no obstante, la gestión y
desempeño democrático en sí mismo tiene que
procesar una serie de complejidades sociales, políticas y
económicas que afectan a la sociedad en conjunto y a la
entidad castrense en particular.
En primer lugar se encuentra el tratamiento de las
políticas de la diferencia y del reconocimiento
relacionadas con el tenso proceso de construcción de la
cultura e identidad nacional. En efecto, una vez acabado el
conflicto limítrofe que se mantenía con el
Perú y que permitió la firma de los tratados de paz
entre ambos países, se abre la posibilidad para el Ecuador
de plantearse el reto fundamental de reimaginar la nación
sin poner énfasis en un tipo de discurso nacionalista que
veía al otro cercano como peligroso, enemigo constante y
hostil; de tal manera que, al desaparecer esa dimensión
perversa que contiene todo postulado nacionalista de corte
esencialista, los ojos políticos se vuelcan a repensar los
mecanismos de adscripción cultural, a establecer nuevas
pautas de integración social y a debatir sobre una
concepción de identidad nacional que supere la
noción de nacionalidad homogénea relacionada con la
lealtad cívico estatal que ha sido precisamente uno de los
pilares ideológicos de las FF.AA ecuatorianas.
El cambio de percepción sobre sus roles
institucionales y su "deber ser" se ha incrementado con la
aplicación del "Plan Colombia". A partir del acuerdo
firmado a fines de 1999 por el ex presidente Mahuad y su ministro
de Defensa con los Estados Unidos, que permitió el uso de
la Base Militar de Manta por la Fuerza Aérea de este
país para operaciones aéreas de detección,
monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales y
tráfico de narcóticos, se han abierto varios
escenarios de tensión y conflicto fronterizo, ya que el
país, a más de ser el más vulnerable de la
región, está siendo depositario de una serie de
consecuencias del conflicto armado colombiano como son los
desplazamientos forzosos de la población, la
afectación del comercio fronterizo, la presencia de
intermediarios cocaleros, los ajustes de cuentas en territorio
ecuatoriano por los actores violentos involucrados y las acciones
que han tenido que desplegar las Fuerzas Armadas; pero,
además de todo esto, se debe añadir que ahora,
Ecuador ya no es solamente un país de paso obligado de la
droga, sino que, ya somos parte de las redes internacionales de
narcotraficantes; así como también, de las mafias
extranjeras y nacionales dedicadas al lavado del dinero sucio de
la droga y que Fuerzas Armadas deben hacer frente para cumplir su
misión de resguardar la soberanía y territorio
nacional como parte de un desafío institucional y
operativo que trata de concatenar el concepto de seguridad humana
con el de seguridad estatal, aspectos que formarían parte
de los nuevos roles que se ha impuesto la entidad
castrense.
En estos contextos que de por sí son complejos,
se suman las crisis económicas y fiscales que contribuyen
a potenciar los conflictos redistributivos en el marco de una
democracia limitada, muchas veces manipulada por élites
enquistadas en el gobierno que se han servido y se sirven del
aparato estatal para apropiarse de los escasos recursos
públicos disponibles. De esa manera, la imagen que
proyecta el Estado es de una institución depredadora, pues
se genera una práctica perversa que transfiere
indiscriminadamente finanzas de la población ecuatoriana a
un sector económico no estatal; por ello, los estados que
en momentos de crisis manifiestan tendencias predatorias tienden
a deslegitimarse y debilitarse a sí mismos, incluso,
poniendo en riesgo su sobrevivencia.
En una dimensión similar, los retos
democráticos, asumidos como responsabilidad general del
país, pero especialmente del sistema político,
tendrán que canalizarse hacia la consecución de
varios ámbitos positivos que garanticen la gobernabilidad
y la coexistencia pacífica en un Estado de derecho pleno.
En ese sentido, se requerirán construir espacios
políticos e institucionales creíbles que, a
más de resolver la pugna redistributiva y la
corrupción que tanto daño ha generado, constituyan
instancias capaces de procesar las representaciones de las
identidades diversas y recuperen la legitimidad en base de la
negociación, la tolerancia y el consenso, valores
democráticos que aspira poseer la sociedad ecuatoriana en
un futuro cercano.
Conclusiones
1. El Poder Militar, definido como la expresión
del poder nacional que le permite a éste alcanzar y
mantener los Objetivos Nacionales Permanentes, no estuvo presente
en la revolución del 10 de agosto de 1809; por lo que no
se alcanzó el triunfo pretendido, no existió el
valor cuantitativo para enfrentar a un Poder Militar
español que se opondría a la conquista de este
objetivo nacional, la independencia; y, desde el punto de vista
del análisis cualitativo de este fundamento, la carencia
de preparación y de convicción de las fuerzas
militares. Así se explica entonces la incorporación
de las pocas fuerzas destinadas a detener a las que venían
de Cuenca y Guayaquil a las filas realistas en Zapotal,
así se explica también la derrota y más
aún la retirada de las fuerzas revolucionarias con la sola
noticia de la llegada de las tropas de Guayaquil, Cuenca y
Lima.
Las fuerzas improvisadas reunidas por los patriotas y
comandadas por los mismos; no contaron con una
"subordinación legal", ya que estas fuerzas no
tenían argumentos reglamentarios para subordinarse a la
Junta Soberana; es así como, habiendo estado inicialmente
sujetas a la autoridad de la Real Audiencia, apoyaron luego a los
revolucionarios y más tarde se incorporaron al
ejército realista en el Zapotal, confirmando de este modo,
la carencia absoluta de subordinación. Las fuerzas
militares que apoyaron al movimiento revolucionario del 10 de
agosto de 1809 no tenían carácter de permanentes,
pues no se sentían integradas a un ancestro nacional y no
se proyectaban hacia el futuro, como confirman los hechos
analizados.
Las virtudes militares del pueblo son el fundamento del
Poder Militar, definido como "Las virtudes de más
acentuada significación peculiares a un pueblo". Si
analizamos a continuación, los Factores del Poder Militar,
definidos como "elementos de menor estabilidad, pero capaces de
modificar, valorizar o depreciar el Poder Militar", diremos que
la ausencia de una "doctrina militar" no permitió la
organización, preparación y empleo de aquel en un
apoyo adecuado al movimiento político gestado en Quito,
impidiendo su consolidación victoriosa.
La capacidad del alto mando, como factor del Poder
Militar en 1809, no tuvo expresión propia,
preparación, capacidad, ni calidad de dirección, ya
que don Juan Salinas no fue un líder militar con
formación para ejercer autoridad sobre las fuerzas
patriotas, a pesar de sus cualidades personales y de su
altísimo amor a la libertad.
2. En los inicios de la República, el Presidente
Vicente Rocafuerte Bejarano, creó el Colegio Militar para
instruir y moralizar el ejército, quiso que nunca se
reconociesen los ascensos obtenidos en las guerras civiles; que
los Congresos tuvieran la facultad de conocer premios y grados a
los militares que se hubiesen distinguido en la defensa del orden
legal, ya que el interés de los militares revolucionarios
era ascender y satisfacer la ambición cubriéndola
con el velo de la libertad, de odio y tiranía. "Entre los
oficiales revoltosos, se ha hecho moda promover disturbios
públicos para adelantar en grados", aseguró
Rocafuerte en 1839. Y tuvo ideas justas y precisas sobre la
institución militar: "La profesión de las armas, ha
sido la más honrosa en las naciones antiguas y modernas,
por las ventajas que proporciona a la sociedad y por los medios
que ofrece a las almas privilegiadas de desenvolver las virtudes
heroicas que realzan la gloria de la especie humana. La Fuerza
Armada, elemento indispensable de todo gobierno para su defensa
exterior y seguridad interior, se convierte en instrumento de
tiranía cuando no está dirigida por la moral, el
saber y el patriotismo… La libertad, según la define el
filósofo de Ginebra, es la esclavitud a las leyes; y en la
milicia, podemos decir que es la perfecta obediencia de los
inferiores a los superiores". Y luego hizo observaciones del
más alto interés acerca de la Academia Militar de
West Point en los Estados Unidos, "que tanto ha contribuido a la
paz interna de la Gran República; esos jóvenes que
ponen su gloria en no formar un cuerpo deliberante; no aspira a
fueros, privilegios ni distinciones que los separen del resto de
la sociedad y retemplan sus armas con los modelos que les ofrece
la historia, especialmente la admirable abnegación de
Jorge Washington".
3. En todo el período de independencia, el Poder
Militar realista observó la doctrina militar vigente en la
península; en cambio, el Poder Militar patriota operaba
siguiendo las prescripciones napoleónicas, mediante
batallones de infantería, regimientos de caballería
y baterías de artillería, organización que
tiene como objetivo la destrucción total del adversario en
la batalla.
Es importante analizar, cómo los Generales de la
independencia aplicaron los mismos principios de la guerra y la
misma doctrina militar que los Mariscales europeos, así
cómo observaron idénticos
procedimientos.
Como conclusión final, queda esta lección;
solamente un Poder Militar fortalecido es la garantía para
mantener la integridad territorial y la soberanía nacional
como Objetivo Nacional Permanente.
4. Los acontecimientos del 21 de enero del 2000, En
términos generales, profundizaron el imaginario
democrático ecuatoriano, visibilizaron nuevamente su
fragilidad institucional, potenciaron aún más los
espacios de disputa simbólica de la nación y
permitió a las élites políticas mantener
hasta ahora un control precario sobre esa institucionalidad
democrática caotizada que ellos mismos generaron. Para que
ese escenario se cumpla se ha echado mano de una receta conocida:
reedición de pactos corporativos que incluyen al mismo
movimiento indígena, establecer alianzas con la derecha
política que expresa los intereses de sectores
empresariales costeños y algunos serranos, mantener un
bajo perfil de los militares, entregados a sus tareas
tradicionales y habituales, reproducir una serie de
prácticas patrimoniales y prebendarias desde el Estado, y
sostener la dolarización que ha sido asumida como la
panacea y el "deber ser" del gobierno.
Las vacilaciones del gobierno de Mahuad, entre pactismo
y decretismo dejaron percibir una falta de claridad
política, lo cual tuvo las dos consecuencias enunciadas
por Adam Przeworski: desacreditar las instituciones y debilitar
la democracia con la baja de participación. En la medida
en que los electores y actores sociales fueron frustrados,
favorecieron el ascenso de una acción extraparlamentaria,
así como en 1997, con esta diferencia que, en el
levantamiento del 21 de enero 2000, surgió una alianza
inédita entre indígenas y los mandos medios del
ejército.
5. Ecuador afrontó su crisis, la
más grave de su historia, pero sigue siendo un
país sin soluciones idóneas y que se repite, en
realidad, en sus problemas, sin partidos políticos
fuertes, sin dirigentes nacionales con carisma, frente al
autoritarismo de un único líder con amplio
respaldo popular, que no han logran acuerdos y consensos,
más necesario en las horas críticas. Los
resultados están a la vista. El país no logra
superar sus deficiencias y más bien existen amenazas
para volver a lo de siempre, la búsqueda de salidas
facilistas, incluyendo ascenso y cambios en la cúpula
militar, con oficiales afines al proyecto político de
corte comunista, que han preferido mirar a otro lado, a fin
de mantenerse en el cargo y permitir la depredación de
las Fuerzas Armadas, menoscabando la imagen institucional,
que cada vez, está siendo marginada y arrinconada por
medio de Leyes y Decretos Ejecutivos que le colocan contra la
pared a la otrora gloriosa Institución. Ecuador no
está listo para salir del pozo sino que va cayendo
cada vez más adentro.6. Continuamente, los Gobiernos involucran o
tratan de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores
internas de control, que generalmente las realiza la
Policía Nacional. No es que las autoridades militares
deban negarse a participar en estas labores, sino que en
muchas de las ocasiones los Gobiernos han pretendido utilizan
esos legítimos instrumentos constitucionales del
Ejecutivo para neutralizar situaciones de índole
socio-económicas, en lugar de realizar acciones
prioritarias para mantener en paz a la sociedad, como es el
proporcionar a la población la satisfacción de
sus necesidades de trabajo, estabilidad y protección
social. Eliminar el desempleo, la miseria, la ignorancia, esa
es una labor del Gobierno y no de Fuerzas Armadas.
Recomendaciones
1. Exhortar al Ejecutivo sobre el respeto que le debe a
las demás funciones del Estado, la independencia de cada
una de ellas, que el Sistema de Justicia, la Corte Constitucional
y el Consejo Nacional Electoral no sean un apéndice de la
Función Ejecutiva; que los poderes del Estado asuman y
tomen decisiones por ellos mismos. El Legislativo, la
Función Judicial, el Poder Ejecutivo debieron haber
asumido con responsabilidad y con tiempo sus tareas. Los poderes,
la población civil deben buscar soluciones claras y
concretas al problema de la pobreza, de los indígenas, de
la corrupción, que no es problema de una o dos personas
sino de todos los ecuatorianos.
2. Los ecuatorianos debemos buscar soluciones viables y
de largo plazo. Frenar el gasto y endeudamiento agresivo. Es
imperativo incentivar la inversión privada, dejando de
lado la ideología política, buscar otras
alternativas al estractivismo, la depredación de los
recursos naturales, poner límites al tamaño del
Estado burocrático, respetar la institucionalidad de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, buscar consensos con
las otras fuerzas políticas. El acuerdo con el FMI tiene
su importancia en el sentido de un apoyo en el campo
económico y una garantía hacia el exterior. Pero si
no hay una tarea nacional sólida, en todos los frentes,
sobre todo en lo económico, el país volverá
a sus conflictos permanentes. La búsqueda de soluciones es
el imperativo nacional, sin soluciones serias y lógicas,
la imagen nacional se seguirá deteriorando, con las graves
consecuencias del caso.
3. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas
del Ecuador a nivel de la región latinoamericana,
después de Chile, son las más
democráticas y constitucionalistas, dependerá
ahora de la capacidad de los civiles la suerte de la
Nación, ya que los poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Electoral y la Corte Constitucional, entre otras,
se encuentran al servicio de una sola persona, el Ejecutivo.
Se debe hacer un llamado a la reflexión e inculcar que
la Institución Militar no está llamada a
arbitrar pugnas entre esas funciones, a lo sumo, sugerir
determinadas medidas para garantizar los condicionamientos
mínimos en los cuales debe sobrevivir la
Nación.4. La disciplina es vital en la
Institución armada, esa íntima relación
de deberes y derechos, que conforman el esquema
jurídico de Fuerzas Armadas, es la argamasa que fragua
su estructura. Sin la disciplina no existen los
ejércitos, quebrantar esa obligación
básica del soldado es desconocer su propia
profesión, jerarquía militar y
organización del mando. Es urgente la
despolitización del estamento militar, pues nos
debemos al pueblo y no a ningún caudillo o
líder político. La disciplina es la fuerza
moral de la Institución; por lo tanto, es imperativo
se exhorte al Ejecutivo a no tratar los temas militares en
las peroratas de los días sábados, menoscabando
la autoridad y la imagen institucional, que seamos
merecedores del respeto e independencia hacia nuestras
propias leyes, por cuanto los militares conocemos que para
hacer frente a las nuevas amenazas nacionales y regionales,
fundamentalmente dependemos de las fortalezas y
energías morales de su pueblo para defender la heredad
de su Nación.5. Que sea el Estado, a través de un
Consejo Nacional Electoral idóneo e independiente, los
encargados de incentivar el fortalecimiento de las
agrupaciones políticas de ideologías diversas,
respetando el derecho universal de igualdad de los seres
humanos. En un país democrático, es inaceptable
que se busque establecer una hegemonía con un partido
político único, de una sola ideología,
que polarice a la sociedad, entre amigos y enemigos del
Ejecutivo, en desmedro de una gran mayoría de
compatriotas que se sienten marginados de los asuntos
transcendentales del Estado. Es deber de los partidos
políticos la concientización urgente de la
población, en la necesidad urgente de formar nuevos
líderes políticos provinciales y nacionales,
con visión de estadistas, educados en valores
éticos y principios morales, a fin de neutralizar el
aparecimiento de legisladores faranduleros, cantantes y
bailarinas, deportistas populares que, en definitiva, crean
una pésima imagen de la política
nacional.6. Que sea el respeto irrestricto a la
Constitución Política del Estado y sus leyes,
la base fundamental para que los actores políticos
puedan dirimir sus conflictos, a través de consensos,
de acuerdos de buena fe, en beneficio del pueblo ecuatoriano;
y, definitivamente se despolitice a las Fuerzas Armadas, pues
ellas, se deben a la Nación y no al gobierno de turno,
que busca afianzar su poder, en el respaldo político
del estamento militar, obligando a descuidar su misión
fundamental de mantener la integridad territorial, para
dedicarse a tareas de seguridad interna y seguridad
ciudadana, labor encomendada, por la Constitución, a
la Policía Nacional.
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maestría, Flacso, Quito.
Anexo
ANEXO No. 01
Ligeros apuntes sobre los antecedentes del 9 de julio y
la actuación del regimiento de Artillería
"Bolívar" No.1.
Diario escrito por el Teniente A. Rodríguez sobre
el proceso que originó y desencadenó en la
"Revolución Juliana", donde jóvenes oficiales
organizaron una agrupación para hablar de la desgracia de
la patria y de los medios para salvarla.
(Transcripción)
EL EJÉRCITO A LA NACION
TODO POR LA PATRIA
El Ejército de la República, convencido de
que los sagrados intereses del país, no podían
continuar a merced de un régimen de gobierno que se
encontraba en absoluto divorcio con la voluntad nacional, que
prácticamente no tenía dirección e implicaba
una desorganización completa; convencido así mismo,
de que por el más elemental concepto de dignidad no
podía servir de instrumento para mantener un orden de
cosas que carecía de títulos legítimos, que
no poseía elementos de firmeza y estabilidad, que no
reflejaba la opinión pública que se conservaba a
pesar de la enorme corriente popular levantada por el abandono de
los más esenciales problemas de la vida nacional
especialmente respecto de la profunda crisis económica,
agravada recientemente de manera que exigía una
acción urgente, enérgica e inaplazable, ha resuelto
desconocer al actual Gobierno y proceder a organizar una Junta,
integrada por elementos de comprobada honorabilidad, que inspiren
plena confianza a toda la Nación y que sinteticen las
aspiraciones de la hora presente.
El Ejército, movido por los más sanos
propósitos, aspira a que este movimiento patriótico
sea apoyando con entusiasmo por el Pueblo Ecuatoriano, y,
consciente de su fuerza y de sus deberes, garantiza la
conservación del orden y el respeto irrestricto de los
derechos de todos los ciudadanos.
Quito, a 10 de Julio de 1925
ANEXO No. 02
(Extracto)
A LA NACION
ERA HORA de que el ejército, la única
fuerza organizada en el país, en un momento de que este
había se convertido en una estratificación de
oligarquías que esquilmaban al pueblo y lo reducieran a la
miseria moral y económica, tomara la dirección de
los destinos nacionales.
EL EJERCITO ECUATORIANO nuevamente se pone de pie y reta
a quienes han tomado el país como Hacienda o Industria
lucrativa; expulsa de los sitios de administración a todos
los que no supieron responder a los dictados del honor y de la
moral.
NO QUIERE SOPORTAR el dolor de la ciudadanía que
angustiada reclama que se le libren de las medidas de
opresión.
EL EJERCITO ECUATORIANO declara que es el último
minuto de su prueba de la autoridad política y no quiere
entregar a los avatares de los GRANDES POLITICOS las riendas del
país mientras haya que ratificar errores.
Y ASI, declara de que hoy en adelante asume la
dirección del Gobierno de la República hasta que se
encuentre encauzado dentro de las normas permanentes del Orden y
de la Paz.
Para esto, llama a la concordia a todos los
ecuatorianos, invita a declinar postulados de luchas
ideológicas exóticas y exige que la Prensa, las
Organizaciones Culturales, los Partidos políticos y todos
los hombres inteligentes y honrados, presten el contingente de
sus luces, de su consejo, de su labor, desde que el prestigio y
el honor de la patria es el imperativo de todos los
ECUATORIANOS.
Quito, octubre 23 de 1937
Alberto Enríquez Gallo
General
ENCARGADO DEL MANDO SUPREMO
ANEXO No. 04
(Transcripción)
MEMORANDUM DE PEDIDOS URGENTES PARA LA
DEFENSA NACIONAL
La situación militar en nuestra frontera sur
occidental entre el Ecuador y el Perú, está
resultando día a día más desfavorable y
peligrosa para el Ecuador.
El Perú por su parte, ha empleado una gran
unidad, el "Agrupamiento de Norte". Esta fuerza peruana
desenvuelve en la actualidad una febril actividad de
preparación bélica, constituyendo una amenaza
permanente para el Ecuador.
En cumplimiento de la TAREA de este Comando Superior y
para salvar así la responsabilidad de "Omisiones" que
pudieran imputarse a este Comando, presenta a la ilustrada
consideración del señor Ministro las sugerencias
siguientes:
Estas serían:
Inmediatas (1941); y,
para un próximo futuro (1942)
MEDIDAS INMEDIATAS. (1941)
a) Empréstito interno por lo menos de $
15"000.000 para las múltiples necesidades del
Ejército.b) Completar las unidades del sur-occidental,
elevando sus efectivos al orgánico de
movilización.c) Establecer almacenes de aprovisionamiento
para las tropas en las provincias de El Oro y
Loja.d) Proceder a la distribución
técnica del material de guerra, equipo, etc., en los
centros de movilización.e) Mejorar la red de enlaces con hilos y sin
hilos.f) Nombrar con carácter urgente un
Oficial General o Superior para Adjunto Militar en el
Perú y establecer en territorio peruano agentes de
espionaje.g) Realizar con oficiales superiores
ecuatorianos viajes de Estado Mayor de reconocimiento y
estudio de la frontera.h) Fabricar el vestuario, equipos y calzado
(factible en el país) para cincuenta mil
movilizables.i) Adquirir el material de servicios
indispensables para el Ejército.j) Adquirir el ganado necesario para completar,
según el reglamento de dotaciones de paz.k) Organizar la Escuela de Aviación y la
Reserva Aérea con el material de adiestramiento
necesario.l) Organizar la Escuela Naval a bordo de una
unidad de guerra.
MEDIDAS PARA UN FUTURO
PROXIMO
(1942)
1) Reformar la Ley Orgánica, a fin de
que conste la V Zona Militar con sede en Zaruma y con
jurisdicción sobre las provincias del El Oro y
Loja.2) Reformar el Orgánico para 1942, por
el aumento de la V Zona Militar, con incrementos.3) Completar los trabajos iniciados en 1941;
enlaces, vías de comunicación, centros de
movilización, etc.4) La cobertura debe ser orgánica de la
V Zona Militar.5) Intensificar la preparación de los
cuadros de Jefes y Oficiales:
Del Ejército Permanente; Cursos
rápidos de información y maniobras con tropas;
yDel Ejército Movilizable; cursos de
oficiales, suboficiales y clases de reserva.
6) Maniobras con las guardias
nacionales.7) Envío de oficiales al
exterior.8) Adquisición de los materiales
necesarios para los servicios logísticos para el caso
de una movilización.9) Organizar un grupo mixto de aviación
comunidades de combate.10) Organizar una flotilla naval
defensiva
Este memorando termina así:
"Vuelvo a insistir ante el señor Ministro en que
todos los aspectos expuestos tiene carácter urgente deben
ser puestos en práctica en el menor tiempo, ya que el
ritmo agresivo del Perú se vuelve peligrosísimo e
intolerable, pese a la actitud mediadora de Estados Unidos,
Brasil, y Argentina, lo que quiere decir que el Perú busca
la guerra como única solución del diferendo que
mantiene con nosotros. Por lo tanto, nos corresponde prepararnos
para afrontarla poniendo en juego todos nuestros recursos, de lo
contrario la nación ecuatoriana, si no desaparece,
quedará desmembrada en forma tal que toda la
imaginación al respecto no puede acercarse a lo que
será la trágica realidad."
El Comandante Superior del
Ejército
(f) Francisco Urrutia S.
Coronel
Autor:
Luis Pacheco
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