La justicia y el tráfico de influencias

Introducción

El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia ha
impulsado un proceso de depuración en el sistema judicial,
sin embargo existen males que han resultado difíciles de
disminuir, uno de ellos es el "tráfico de
influencias", un tema del que a diario se habla en los
corrillos judiciales, pero que pocos se atreven abordar
públicamente.

Debido a lo anterior, muchos litigantes y usuarios de la
justicia, comentan con sorna que, el símbolo de la
justicia, una mujer con los ojos vendados sosteniendo en las
manos una balanza, es simplemente un adorno decorativo en algunos
despachos judiciales.

El dinero y el tráfico de influencias en el Poder
Judicial se convierten en muchos casos en las palabras claves
para ganar juicios civiles y criminales. Aunque estas
prácticas no son nuevas, se han profundizado a partir de
1990, cuando el frente sandinista perdió el poder y
ganó las elecciones Violeta Barrios de Chamorro y
comenzaron cambios en el Poder Judicial, nacidos de otras
modificaciones institucionales, ya que en la década
anterior existía un total control partidario sobre la
administración de justicia.

Funcionarios de la administración pública,
a partir de 1990 comenzaron a ver en el Poder Judicial, una forma
de ejercer la profesión del derecho ventajosamente,
especialmente con casos ligados al problema de la propiedad, lo
que les dejaría excelentes réditos
económicos.

Por su parte, muchos policías y miembros del
Ejército, comenzaron a estudiar derecho al darse cuenta
que sus posibilidades como militares desaparecían pero se
abría el camino para ejercer el derecho utilizando las
influencias en ciertas instituciones y deciden incursionar en
procesos penales.

Fue así como a partir de 1992, en el Perú,
se comenzó a crear de manera lenta y silenciosa pero
fuerte, lo que algunos abogados denominan "mafia de
litigantes". Con el pasar de los años a ello se
sumó el cambio casi total de jueces, porque algunos
renunciaron y otros fueron retirados de sus cargos.

Hoy, muchos funcionarios y ex funcionarios
gubernamentales, diputados, ex policías, ex militares, ex
jueces y ex procuradores, se han convertido en abogados
cotizados, no por su basta experiencia, ya que en muchos casos es
corta, sino por las influencias que tienen en instituciones
relacionadas al poder judicial, como la Procuraduría y la
Policía.

Un factor
común

Estos abogados son buscados por "moros y cristianos" sin
distinción de colores políticos, pero con un
denominador común, dinero para pagar altos honorarios,
dentro de lo cual se incluye las influencias que en determinados
casos, constituye el factor fundamental, para salir victorioso de
un proceso judicial.

Es así como se observa que ex funcionarios del
gobierno o personas influyentes económicamente, no van a
prisión o fácilmente salen de la cárcel por
"razones graves de salud" como la torcedura de un tobillo o
gastritis, mientras procesados que padecen de enfermedades
terminales como cáncer, pasan sus últimos
días tras las rejas.

De igual forma se observan casos, como el del socio
mayoritario de Banco del Sur (BANCOSUR), Mario
Hernández Colindres, quien se entregó a la
Policía Nacional después de que su abogado, el ex
juez, Ramón Centeno informara de un arreglo con
la Policía Nacional para la entrega.

Hernández fue sobreseído
después de que Centeno con "argucias legales"
llevó el caso hasta el juzgado que estimó de su
conveniencia y que al final lo sobreseyó definitivamente
de todo delito.

De las pocas personas influyentes que han llegado a los
juzgados o la cárcel, ninguno permanece ahí. El ex
ministro de gobernación Alfredo Mendieta, sigue
libre por un problema gástrico y de la columna,
Orlando Murillo y Dionisio Chamorro, acusados
de defraudar al extinto BANADES, fueron excarcelados, el primero
por una torcedura de tobillo y el segundo por
hipertensión, al final el Tribunal de Apelaciones los
libró de toda responsabilidad.

Personajes como el ex presidente de la Asamblea
Nacional, Alfredo César, pese a varias
órdenes de captura aún se encuentra libre. En el
caso de los Cuadra Shultz, nunca fueron detenidos pese a
la orden de detención.

Un caso
patético

Mientras, por ejemplo, al reo, Juan Carlos
Jiménez Pavón le fue suspendida la condena un
día antes de morir, después de que su familia
gestionó por largos meses el beneficio para que muriera en
su casa.

El Tribunal de Apelaciones, recientemente, se
aprestó a sobreseer definitivamente a los procesados del
"Narcojet", entre ellos a dos ex funcionarios del
gobierno, cuando tenían nueve meses de permanecer presos,
gozando de buena salud.

Mientras reos graves que padecen enfermedades
terminales, como Francisco Gutiérrez, quien se
encuentra desahuciado por leucemia, tiene 18 meses de estar en
prisión cumpliendo una condena de cinco años por
hurto de confianza de dos mil Nuevos Soles, sigue en espera de su
resolución en dicho tribunal.

A los privilegios no tienen acceso todos, porque aunque
"La Justicia es ciega" los reos que, llegan hediondos a
quienes se les nombra abogado de oficio ante la carencia de
dinero no son tratados de igual forma que los procesados de
"saco y corbata" que llegan con un abogado
influyente.

Por lo general los reos pobres, que son la
mayoría, al final son sentenciados por ínfimas
cantidades de dinero, como el menor de 15 años, Javier
Manuel Mendoza, quien tuvo que pasar preso nueve meses por
un supuesto hurto de cincuenta Nuevos Soles.

Aunque la Corte Suprema de Justicia ha hecho esfuerzos
porque se disminuya la discrecionalidad en la aplicación
de la Ley, la práctica persiste.

Una encuesta realizada por una magistrada de la sala
civil del Tribunal de Apelaciones, reveló que el 48 por
ciento de los encuestados considera que la administración
de justicia es deficiente, 18 por ciento muy deficiente y
sólo un 13 por ciento la calificó de
eficiente.

Los encuestados atribuyeron la deficiencia a factores
de: corrupción un 39.8 por ciento, desconocimiento de la
Ley un 36 por ciento y falta de presupuesto un 37 por
ciento.

La ley sirve para
negociar

El sociólogo y analista político,
Oscar René Vargas, considera que el
tráfico de influencias es algo tipificado como una actitud
corrupta, pero aceptado por la clase política nacional,
porque los políticos lo practican, pero existe una
aceptación social, porque no se entiende que es un acto de
corrupción.

Es por ello que vemos a procuradores que todavía
están ejerciendo a través de presta-nombres que
cartulan en otro protocolo, pero son ellos los que tienen los
clientes, indicó.

Vargas considera que para combatir el mal es
necesario la educación pero también imparcialidad
de la Ley porque aquí hay desprecio a la Ley y sólo
se aplica para los enemigos no para los amigos. Es decir se
aplica la Ley a quien se quiere "joder" entonces la
gente recurre al "tráfico de influencia" para
poder contrarrestar esa discrecionalidad de aplicación de
la Ley, ahí radica el problema.

Hay que comenzar a cambiar las leyes, porque actualmente
no hay procedimientos establecidos para algunos delitos como
"el tráfico de influencias" lo que deja una
discrecionalidad extraordinaria a los jueces, que sobre una misma
sentencia pueden condenar a alguien y absolver al
otro.

Aquí, agregó el analista, la Ley se
utiliza para a partir de ella negociar la discrecionalidad de su
aplicación, porque todo mundo sabe que se permite hacerlo
y si no negocias se te aplica.

Vargas cree que por ello, ningún
político está dispuesto a cambiar a profundidad las
leyes porque todos están negociando con la Ley. Un ejemplo
es el caso de los trabajadores del azúcar. Todo mundo sabe
que no se aplicaron correctamente los Acuerdos de
Concertación, pero dice Alemán, en el caso
del Victoria de Julio: te voy a aplicar la Ley. Entonces por
debajo le dieron cinco millones de dólares y dejó
de molestar.

En el caso de los Certificados de Beneficio Tributario
(CBT), como había una cuestión política, le
dijeron a Camino Cristiano: o te plegás con nosotros o
"jodemos" al que te financia, y el resultado fue
–aparte de la venta de Osorno con todo y
túnica– el sobre seguimiento definitivo para los
Hermosos y a los otros los rempujaron. Esa es forma de aplicar
discrecionalmente la Ley, indicó.

Vargas considera que el tráfico de
influencias se ha convertido en una forma de ganarse la vida para
cierto grupo de personas que tienen capacidad para hacerlo, ya
que la Ley no prohíbe, por ejemplo, que los diputados
litiguen aunque es un amoral.

Debido a ello, señaló se observa a bufetes
de diputados o ministros que tienen a sus esposas o familiares
litigando con tráfico de influencia desde sus
despachos.

Para Vargas "el tráfico de
influencias" tiene escalas; desde el grande hasta el
pequeño. Del ex policía que conecta con su amigo
que tuvo en la Policía y logra sacar al cliente en 24
horas, hasta el diputado o funcionario de alto nivel que usa su
poder para obtener ventajas.

La gente, agregó el analista, siente que la
justicia no funciona porque se ven casos como el de un hombre que
tiene un año de estar preso, porque presuntamente se
robó un cepillo para madera y se perdió un banco
entero y no hay nadie preso.

Por eso la gente de abajo también busca
cómo utilizar su "tráfico de influencias"
con el policía menor.

Litigantes
reconocen

Por su parte el ex procurador y ex juez, Boanerjes
Ojeda, dijo que ha escuchado muchas afirmaciones de abogados
sobre "el tráfico de influencias", pero
habría que investigarlo para evitarlo, porque son formas
de corrupción sobre la cual no se atreven a
legislar.

Ojeda indicó que en su caso más
bien ha tenido quejas de parte de funcionarios judiciales a
quienes les ha dicho que están violando la Ley y se
molestan.

Enrique Chavarría, litigante, ex oficial
de Policía y ex juez, afirmó que no ha tenido
oportunidades de tener ventajas porque los jueces que
están ahorita no son los que estaban cuando él era
judicial, y por el contrario, ha sentido rechazo.

Chavarría, quien litiga desde 1992,
considera muy difícil demostrar "el tráfico de
influencias", sin embargo en algunos jueces es notoria la
parcialidad y la inclinación del procurador a determinados
juicios, que hacen presumir alguna parcialidad en el proceso.
Indicó que existen personas que tratan de actuar
utilizando influencias porque quizá en sus cargos actuaron
con abuso de poder.

La ley debería
prohibir

El ex–juez, del Quinto Juzgado Penal de Lima,
Eduardo Boza, afirmó que existen funcionarios y
diputados que litigan a través de otros abogados, haciendo
uso de sus influencias en instancias relacionadas al Poder
Judicial, como la Procuraduría, para obtener
ventajas.

Boza indicó que estas prácticas
se presentan sobre todo en procesos judiciales sonados. En mi
experiencia tuve dos casos en los cuales recibí llamadas e
invitación a encuentros para hablar de la
investigación, a lo cual siempre me negué. Por lo
general se habla de corrupción en el Poder Judicial pero
hay que buscarla en su entorno también, indicó
Boza.

La juez Del Primer Juzgado Penal de Lima, Martha
Quezada, recordó que en la Legislación Penal
existen el delito denominado, negocios incompatibles con el
destino, que se refiere a funcionarios que utilizando cargos
públicos se dedican a esas mismas actividades, utilizando
sus influencias.

Por ejemplo, "no estoy de acuerdo en que a los
diputados se les permita litigar, ellos están en ventaja
respecto al resto de litigantes y la población, incluso si
le falta el respeto al juez, no se les puede llamar la
atención porque se van amparar en su inmunidad". Para
los diputados, el litigar debería ser una actividad
incompatible con sus funciones.

Tampoco estoy de acuerdo, dijo Quezada, en que
litiguen los militares o policías, a no ser cuando los
designen defensores de miembros de la institución a la que
pertenecen.

En cuanto a los ex jueces, Quezada no considera
que su actividad sea incompatible con sus funciones, pero como
juez hay que tener la entereza de aplicar la Ley sin necesidad de
que se pueda ejercer alguna influencia, por sus relaciones con
los demás judiciales. Eso se da pero hay que saber
mantener la diferencia.

Bibliografía

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto:
"Corrupción en la administración de
justicia: ética y moral". 2014.
www.monografias.com.

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: "El
sentido del derecho". 2013.
www.monografías.com.

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: "Una
aproximación al derecho y sus complejidades".
2013. www.monografias.com.

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto:
"Ética judicial". 2013.
www.monografias.com.

Autor:

Dr. Luis Alberto Navarrete
Obando*

ABOGADO – DOCENTE UNIVERSITARIO –
ESCRITOR

Cajamarca, 22 de Mayo del 2014.