Política y gasto público –
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Política y gasto
público
Hoy parece corriente y arraigado en el
pensamiento colectivo que el objetivo a lograr en una sociedad es
la denominada Justicia Social. Ya el solo hecho de hablar o
pensar en "Justicia" supone disponer de todos los esfuerzos
necesarios para superar una situación considerada injusta
y mucho más cuando el concepto abarca a "lo social" es
decir a muchos.
Desde ya que no es fácil definir con
precisión estas ideas pero si es cierto que el concepto
de justicia social surge a mediados del siglo
XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto
equitativo de los bienes sociales.
Lo anterior – si bien una idea – no aclara
demasiado sobre cuáles son los bienes sociales que se
pretenden "repartir", porque los bienes sociales vienen de la
mano de otros que permiten obtenerlos.
Necesariamente es de suponer que la idea lo
que esconde es lograr una equitativa o menos desigual
distribución de la riqueza.
Así es que podemos entender que
justicia social y redistribución de la riqueza funcionan
casi como sinónimos, o como uno efecto y consecuencia del
otro.
Ni tampoco se aclara cual es el alcance de
lo "equitativo" en lo que se refiere a lograr un reparto
"socialmente deseable".
Pero – implícitamente – si da a
entender que resulta aceptable quitarle a unos lo que puedan
haber logrado (por su esfuerzo, capacidad, inteligencia o el
mismo azar), para compensar sus carencias a otros, que no han
logrado lo mismo.
Ingresar por este camino de razonamiento
nos conduce inexorablemente a suponer que el único que
posee la fuerza de coerción necesaria para hacer posible
estas transferencias es el Estado, ya que el mercado por si solo
proveerá a cada uno lo que sea capaz de
generar.
Lo anterior significa que se parte del
supuesto que como las transacciones libres entre individuos no
permiten superar las diferencias, es el Estado el que debe
intervenir para lograrlo.
Este pensamiento es aceptado sin demasiadas
indagaciones sobre sus orígenes, ni sobre su veracidad, ni
sobre sus consecuencias.
La Revolución Gloriosa de 1688 que
dio origen a la monarquía parlamentaria en el Reino Unido,
tiene enormes diferencias con la Revolución Francesa de
1789, cuyo influjo sobre el pensamiento en nuestra región
ha sido en gran medida
preponderante.[1]
Y lo que menciono no parece un dato menor
porque en nombre de la "libertad, igualdad y fraternidad", la
última se instaló no solo como una
revolución violenta sino como lo que después fue:
un descarnado totalitarismo.
La Revolución Francesa se
instaló para terminar con el gobierno de las
monarquías absolutistas que habían instaurado los
reyes, pero terminó en el denominado "reinado del terror",
que apoyado en el Comité de Salvación
Pública de abril de 1793, persiguió, torturó
y eliminó a quienes se pensaron detractores el
régimen.
El Comité votó a favor de las
medidas del terror para contrarrestar las actividades
contrarrevolucionarias y otorgó al estado un poder
absoluto, que devino en lo que supuso querer combatir:
reemplazó el absolutismo monárquico, por el
absolutismo del estado que lo reemplazaba.
Muchos pensadores se permitieron corporizar
la idea que el estado representaba la voluntad
general[2]y que ella significaba "…una
forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda
la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de
los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en
unión con todos, solo se obedezca a sí mismo, y
quede tan libre como antes…"
Lo anterior es un concepto clave hasta
nuestros días ya que permite darle forma a la democracia
en tanto "decisiones de las mayorías" a la que las
voluntades individuales – muy a pesar del impreciso argumento
rousseauniano – quedan subsumidas, lo que quiere decir que "el
individuo no queda tan libre como antes".
De esta forma los derechos individuales y
civiles que con tanta vehemencia habían sido defendidos
por los pensadores de la ilustración escocesa, quedaron
limitados y hoy resultan hasta despreciados, donde se piensa que
las razones que tiene el estado deben prevalecer.
Se impone así la tiranía de
las mayorías – que muchas veces son solo relativas – y
ante cuyos intereses todos deben subordinarse.
Muchos experimentos políticos se han
instalado durante el Siglo XX cuyo fundamento fue el mismo que
sostuvo Rousseau[3]y reforzaron muchos otros:
"…que cada uno en unión con
todos,…(…)… y quede tan libre como
antes,….", porque ello es preciso para proteger a cada
uno y a todos.
Con estos fundamentos se conduce a
sociedades en las que se parte del supuesto que los males
individuales y del conjunto devienen de la propiedad privada y se
solucionan mejor concediendo al Estado el absoluto ejercicio de
su "poder de imperio" para hacer prevalecer la supremacía
de los "derechos colectivos" por sobre los intereses de los
individuos en particular.
En el extremo de este pensamiento se
concede al Estado incluso la propiedad de los bienes de
producción y la intervención en todos los aspectos
de la vida social.
Para muchos que sostienen esta forma de
pensar: ningún derecho antecede al estado y todos derivan
de lo que el permite.
Es bien sabido que en sus formas más
extremas estos experimentos han conducido a terribles fracasos,
cuando no a imposiciones brutales, que dejaron víctimas
por el solo hecho de disentir o desear disfrutar de su libertad,
de sus ideas, de sus bienes y de su justificada elección
en su camino de vida.
De una u otra forma el estado ha existido
siempre: ya sea como consejo de ancianos en las sociedades
tribales, la potestad y voluntad del más fuerte, los
emperadores, los reyes y los monarcas absolutistas, etc. pero en
todos los casos – y aún en nuestros días – el
estado se constituye como la voz del conjunto que impone su
voluntad de imperio.
El estado de derecho es precisamente el que
resguarda a los individuos de los atropellos que el estado puede
imponerles por su voluntad.
Incluso ya a mediados del Siglo XX otro
pensador de gran influencia introdujo el concepto de "justicia
colectiva", que reforzaba la idea sobre el estado como garante de
los derechos colectivos por sobre los derechos
individuales.[4] Y que ha sido refutado con
claridad por varios autores.[5]
En una verdadera democracia republicana la
única función del gobierno debería ser la
protección de los derechos individuales.[6]
Pero en realidad, "…aunque nació para proteger
al hombre de sí mismo y corregir el
´peligroso´ estado de naturaleza en el que
prevalecía ´la ley de la selva´,.. esta es una
bonita historia que los estatistas nos cuentan, pero las mayores
agresiones al hombre provienen desde el mismo
Estado,…"[7]
Han transcurrido muchos años y con
el tiempo el estado ha tomado cada vez más
intervención en la vida de la sociedad. Ya no se limita a
las funciones esenciales que se supone son de su incumbencia: 1)
garantizar seguridad interior; 2) proveer a la defensa nacional,
3) administrar justicia; 4) ejercer la representatividad del
país y 5) proveer los bienes y servicios
públicos.
Y no debemos pensar que las ideas de la
Revolución Francesa, tanto como las ingresadas por las
distintas oleadas inmigratorias o incluso el comportamiento
feudal que las monarquías europeas (en especial la
española) trasplantadas a América con alto grado de
centralismo y sumisión al poder del estado, o de los
caudillos territoriales, no tuvieron nada que ver en la
conformación del pensamiento de nuestra
sociedad.
Detrás y a la par del pensamiento
colectivista, se coló por la ventana la
multiplicación de tareas por parte de los gobiernos (hasta
inmiscuirse en todos los aspectos de la vida social) en una
supuesta representación de lo que el estado debe hacer,
por poder delegado por los ciudadanos.
Pero los gobiernos tienen permanente
tendencia a expandirse e inmiscuirse en todo, sin que ello
permita suponer que lo que realmente deben hacer lo hacen
aceptablemente bien.
En unos países más y en otros
menos, la tendencia de los gobiernos es hacia su permanente
expansión y su justificación es que su accionar se
orienta a lograr el bien común, proveer lo que las
imperfecciones del mercado no puede y orientado hacia la
búsqueda de lo que denominan "justicia social".
De esta forma los gobiernos que sostienen
este tipo de pensamiento son los que avanzan más en
avasallar las instituciones, en el camino inverso están
aquellos que entendemos que el mayor bienestar se logra
gradualmente, alcanzando cada vez a mayores personas – aunque
fuere en diferentes momentos – en una sociedad en la que las
instituciones son respetadas,.. y es más aún:
incentivadas, para que permitan equilibrios estables en el poder
político y tanto mayores como mejores intercambios para la
generación de riqueza y con ello mayor
bienestar.
Lo anterior quiere decir que para los
primeros importa la imposición del estado de lo que se
considera la "justicia social" (aún sin definiciones
precisas), justificando su accionar por sobre las instituciones,
aunque ello implique que no todos son soberanos para decidir su
futuro, lo que pone en duda el significado de Democracia. Esto
nos acerca a un totalitarismo disfrazado de democracia (que hemos
vivido varios) y en el que algunos son beneficiarios y
cómplices, mientras otros que hubieran deseado recorrer
otro camino resultan víctimas.
Mientras que para los segundos son las
instituciones el ingrediente primordial del desarrollo
político y económico, que traerá aparejada
la maximización del bienestar general.
La historia ha recorrido tortuosos caminos
y muchas ideas – como principios – de impecable factura, han sido
desvirtuados por el quehacer sinuoso y el decir fácil y
sin fundamentos de muchos propulsores de sociedades
colectivistas.
En la arena política muchas ideas se
confunden, porque el político debe leer e interpretar lo
que la gente piensa y lo que la gente prefiere, con independencia
de la verdad que sus creencias encierren.
Tampoco los políticos deben saber de
todo y eso les permite manejarse con el solo intuir cuales son
las ideas prevalentes y adaptarse en cada momento a ellas, porque
saben que son las que mejor son aceptadas por las
mayorías.
Pueden pasar sin pudor de un extremo a otro
(travestismo político)[8], e instalarse
como abanderados de las que representan en cada momento las ideas
más aceptadas, cuando en momentos de crisis la gente se
moviliza en busca de explicaciones e interpretaciones que les
permitan comprender la realidad que sufren.
Nuestras sociedades – como mencioné
antes – se han visto fuertemente influenciadas por las ideas que
surgieron con la Revolución Francesa.
La creencia en la "libertad" no parece que
haya sido tal si a la par se proclama la
"igualdad"[9], ya que para hacer efectiva esta se
debe avasallar la libertad de otros. Y la pretendida
"fraternidad" parece que debiera ser impuesta para ser efectiva
pues de por si tiene los límites de los derechos
individuales.[10]
Estas son las creencias y valores que
resultan predominantes en nuestra sociedad, tras la fuerte
influencia que tuvo para nosotros la Revolución Francesa y
con posterioridad también participó la llegada de
miles de inmigrantes europeos con ideas definidamente marxistas y
anarquistas, que supieron difundir desde las sociedades de
colectividades y los primeros sindicatos.
Y estas son las ideas que la clase
política sabe leer e interpretar con rapidez,
también (en general) sin demasiado análisis, porque
les permite captar la idiosincrasia del pueblo y fortalecer su
discurso, con lo que capitaliza su voto.
Ya no es necesario – ni posible – llevar al
extremo de los experimentos del Siglo XX, las experiencias del
estado todopoderoso, porque resultaron un estrepitoso fracaso.
Pero si es posible buscar formas alternativas, en las que siempre
el estado encuentra resquicios para entrometer sus actividades en
la vida social.
"Así es que el Estado crece y se
convierte en un mazacote burocrático que a
la sociedad le cuesta mucho, pero mucho más de lo que
produce. Las funciones llamadas de
´bienestar social´ se mantienen pese a que ya no
se habla de un Estado de esa índole, y es un hecho la
caída vertical del nivel de calidad de sus
servicios,…(…)… muchos se han convertido en
´sociedades duales´ donde una parte vive en
condiciones buenas o regulares, mientras otra (millones) soportan
la miseria, la indigencia, la desocupación o el
trabajo en negro…así el Estado pretende compensar lo que
él mismo genera: sociedades dependientes y clientelares,
ante la ausencia de genuina generación de
riqueza,…"[11]
Algunas sociedades han logrado equilibrios
posibles, otras han acelerado sus procesos de crisis –
consecuencia del Welfare State – y otras han fracasado en el
intento. Lo cierto es que la evidencia empírica nos
muestra que a mayor intervención del estado menor y peor
desempeño de las instituciones, con sus nefastas
consecuencias.
La razón es fácil de
comprender: la clase política para sostener las demandas y
su popularidad, tienen tendencia a gastar más de lo que
deben,.. pero además a gastar en lo que no deben y a
pensar en políticas de corto plazo,.. porque lo que
hicieron no les costó nada de su bolsillo y además
porque los costos políticos y consecuencias muy
probablemente las deba afrontar otro que les siga en el
gobierno.
Cuando se suceden las crisis producto de
este comportamiento, que es costoso y difícil d sostener
en el tiempo, los gobiernos encuentran recursos alternativos para
no ponerse en evidencia como culpables de lo que ellos mismos
generan
Así es que los gobiernos tienen
tendencia a inmiscuirse en todo, a controlar todo, a regular todo
y a sacar de todo el provecho necesario para alimentarse y
subsistir ante los deseos de los gobernantes.
La instalación de políticas
públicas – hoy consideradas el "core" de la
política – deformadas y desvirtuadas desde su origen es la
consecuencia inevitable de la impericia de los gobernantes y las
conductas oportunistas de sus asociados.
Los gobernantes carecen de incentivos para
alcanzar la eficiencia – solo ofician de agentes del principal
(los ciudadanos) – y por el contrario cuentan con estructuras
burocráticas a su disposición que tienen tendencia
a la corrupción.
Todos estos procesos tienen un enorme costo
para el país. El gasto público requiere ser
alimentado por las diferentes vías que tiene el estado
para financiarse.
Pero siempre tiende a crecer porque los
recursos son escasos y las demandas infinitas.
El gasto público tiene consecuencias
diversas: por un lado genera mientras se sostiene una falsa
sensación de bienestar,.. a su vez permite suponer
crecimiento (en términos de PBI) aunque no lo es porque el
estado no genera nada y hasta sus empresas resultan deficitarias
y demandantes de ingentes subsidios,..
La presión impositiva como medio de
financiamiento tiene un límite (Curva de Laffer),.. y la
emisión monetaria también porque su consecuencia a
largo plazo – y dependiendo de su magnitud – termina por generar
inflación.
La idea de los gobiernos dado el escaso
conocimiento de estas cuestiones para la mayoría de la
gente es mantener la posibilidad de un alto consumo y a la par
una baja tasa de desempleo.
Estos dos aspectos – resultado de recetas
keynesianas – son altamente valorados por la población,
porque mientras ello se sostiene la percepción de
bienestar es genuina. Obviamente: por un lado se tiene lo
suficiente para gastar y proveer a las propias necesidades y por
otro existe un mercado laboral accesible y seguro.
Las recetas keynesianas parten del supuesto
que se debe sostener la demanda agregada que es la que explica la
variación general de la actividad económica, ya que
el ingreso total en una sociedad resulta de la suma del consumo y
la inversión.
Pero la propuesta iba más lejos: en
circunstancias de crisis, con alto desempleo y disminución
del consumo, debía estimularse la demanda agregada
mediante el incremento del gasto público (en especial en
la obra pública), ya que esto es lo que motoriza la
producción y combate el
desempleo.[12]
Sus ideas tuvieron gran aceptación
por parte de la clase política e incluso influyeron en el
New Deal del Presidente Franklin D. Roosevelt. Sin embargo en UK
cuando se planteó como financiar la guerra – ya
visualizando su final – Keynes abogó por incremento de los
impuestos internos y en las colonias pero no por generar un gasto
deficitario que bien supuso que ocasionaría
inflación.
A primera vista su planteo, que tuvo gran
predicamento en la clase política ya que le otorga
potestad sobre el gasto público, parece razonable pero la
teoría keynesiana produce enormes daños en la
política económica cuando es aplicada dentro de las
instituciones de la democracia política.
Ante los fracasos de las políticas
económicas keynesianas, solo existe margen en la
acción política por la opción entre dos
caminos: 1) culpar directamente a imponderables (o a otros
actores: especuladores, desestabilizadores, egoístas
intereses del mercado, etc.) de la vida política
democrática y conducir hacia formas de gobierno cada vez
más autoritarias justificadas en "haber descubierto al
enemigo"; o 2) podemos rechazar la aplicabilidad de los preceptos
e ideas sostenidas dando un giro, que nos permita incorporar
nuevas (o diferentes) acciones de política
económica que sean adaptables y compatibles con la vida
política de una verdadera democracia.
Optar por la segunda opción solo
puede hacerse en países con instituciones fuertes y
suficiente calidad, ya que en los países con
políticos populistas significaría la
aceptación del error. Aunque: "… nuestros
valores dictan que la toma de decisiones democráticas
deben ser hechas desde las instituciones y que deben ser
descartadas por inaplicables las falsas teorías
económicas,…"[13]
Aunque esta posición no pueda ser
mantenida en aquellos países de instituciones
débiles o carentes de la calidad suficiente, en donde los
gobernantes optarán por la primera opción – con
seguridad mayor en nuestros países – en los que se recurre
con mucha frecuencia al líder carismático,
todopoderoso y salvador que nos conducirá a formas de
gobierno cada vez más autoritarias, lo que es a su vez
gobiernos cada vez más intervencionistas.
Las teorías keynesianas han
conducido a errores en la política económica en
particular porque el mismo y luego sus seguidores, han confundido
lo que son causas con consecuencias.
Los seguidores de Keynes – aún bajo
postulados modernos – que se nutrieron en los postulados
incorrectos de Keynes, continúan conduciendo la
economía en la dirección equivocada,
centrándose en el PIB como criterio principal, mientras se
inunda la economía desde el gobierno con dinero sin
respaldo.
El crecimiento económico está
acompañado por un incremento en el PIB (este es solo una
consecuencia), pero la causa es el cambio de múltiples
indicadores y mensajes que son producidos cuando el gasto
público es llevado al exceso.
Causa y consecuencia no son lo
mismo."… De manera similar a como un salvaje imita al
trueno para provocar la lluvia, el gobierno estimula la demanda,
con la esperanza de provocar el crecimiento
económico…"[14]
Por otra parte Keynes parece obviar el
Principio de Say en la medida que supone que la demanda
será generadora de la producción:
"…Cuantos más bienes (para los que hay
demanda) se produzcan, más bienes existirán
(oferta) que constituirán una demanda para otros bienes,
es decir, la oferta crea su propia
demanda.."[15]
Así es que los postulados
keynesianos no solo reforzaron la ideología vigente – que
se hace más evidente aún en nuestros países
por los motivos que he apuntado y seguramente muchos más –
sino que fortalecieron la posición de los gobiernos para
dar supuestos beneficios a quienes legítimamente los
deseaban o necesitaban, pero a expensas de un gasto
público inevitablemente creciente.
Digo "supuestos" porque tampoco es seguro
que los servicios en los que se inmiscuye el gobierno para
ocuparse de la provisión de los mismos, tengan la calidad
y eficiencia que es de esperar.
En los países pobres – y el nuestro
no lo es ya que se agrupa con los de medianos ingresos – la
ideología a tenido un papel fundamental en la
conformación de las instituciones y en lo que se ha
pretendido de los gobiernos,.. lo que estos han sabido leer y de
alguna manera han pretendido brindar.
La ideología impregnó tanto
el pensamiento de la sociedad, como el accionar de los
gobernantes.
Si los servicios que se brindan son
eficientes o no es un tema que compete a otra discusión.
Lo que en este escrito intento expresar es que en países
de menores recursos son – en general – muchos más los
necesitados de asistencia, y la ideología imperante supone
que ello se logra mediante transferencias que promuevan la
declamada "justicia social".
Y esto tiene el condimento que habilita a
los gobiernos a gastar más,.. en lo que ellos creen que es
necesario.
Ya no es cuestión de dejar que cada
uno decida por sí. El burócrata de turno
aconsejará al gobernante o al político que
está en busca de votos, cuales son los temas sensibles a
la ciudadanía y cuáles son las formas aceptadas de
resolución.
Y muchos son los mecanismos por los que los
gobiernos pueden encontrar formas de gastar y justificar ese
gasto.
El verdadero y dramático problema de
las finanzas públicas no es tanto el déficit
fiscal, sino el monto del gasto y su financiamiento con
impuestos, deuda o emisión monetaria.
En este punto es importante decir que no
existe correlación probada entre el tamaño del
estado y el desarrollo de un país. Pero si existe entre el
gasto público en relación a su PBI, pero en
especial a cuál de los componentes del financiamiento es
el que provee recursos al gobierno.
Una cuestión es financiarse solo con
impuestos, aunque estos sean elevados, sino deprimen la
producción. O existen tantas fuentes de producción
y son tan diversificadas que pueden proveer al fisco de
suficientes recursos sin ser afectadas. O en caso de serlo, el
ingreso medio de los habitantes del país es suficiente
(PPA)[16] para soportar el precio de los
productos.
Como se ve el juego de variables es
infinito y permite diversos abordajes al problema.
Por ejemplo en nuestro país la
presión impositiva ya alcanzó durante este
año al 33,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el
consolidado de Nación, provincias y municipios, alcanzando
un nuevo récord histórico.[17] (A
este valor J. J. Llach le agregó un 1% del PBI por el
impuesto inflacionario)
Esta cuestión ya impone severas
restricciones a la producción por una doble vía:
por un lado por la exacción que significa la
tributación y por otro por la baja de demanda que se
genera en la gente como resguardo en una segunda etapa de
inflación.
Si la carga tributaria es alta y a la vez
el consumo disminuye las empresas también comienzan a
tomar sus recaudos, que pueden llegar a ser dramáticos.
Por ejemplo en febrero de este año se produjeron 7.246
despidos y 4.758 suspensiones.[18] Una cifra que
puede parecer menor pero que también puede indicar
tendencia.
También en estas circunstancias
existen algunas recetas que aunque sean costosas son aceptadas y
es la absorción por parte del estado de aquellos que
quedaron sin trabajo.
Esto significa otra forma de
utilización del gasto público mediante incremento
del empleo, que a su vez tiene su contracara: su
utilización política.
Por otra parte las restricciones a la
importación y la suba en las tasas de interés han
provocado un freno en la actividad económica y una
caída en la demanda, que han provocado una
contracción en el mercado laboral, así como no es
de esperar a esta altura que los desequilibrios fiscales se
corrijan solo con una
devaluación.[19]
Tal como es de apreciar el supuesto
estímulo a la demanda agregada, mediante un incremento del
gasto público, a largo plazo determina no un
estímulo sino un deterioro de la producción, el
empleo y finalmente del PBI que tanto nos preocupa, aunque como
dijimos es una consecuencia final, resultado del comportamiento
de otras variables.
Por otra parte a los gobiernos les queda
otro recurso para financiarse y es el más peligroso: la
emisión monetaria,.. porque una vez puesta a rodar resulta
muy difícil de detener: endulza el paladar de los
gobiernos y desconocen sus consecuencias.
Mientras el gasto público se
mantiene por debajo del 10% del PBI en realidad no existen
consecuencias graves para la economía. Pero cuando se
superan valores mayores los gobiernos intervienen: 1) para
justificar ese gasto, 2) para sostenerlo y si es posible
incrementarlo.
Todos los argumentos son válidos y
permiten justificarse en las necesidades de la gente, lanzando
planes, que en realidad son siempre subsidios, financiados por
mayor gasto público y que conducen a conductas
irracionales, que alteran siempre y cada vez más
gravosamente las variables económicas.
El déficit fiscal – es decir egresos
mayores a los ingresos – son el punto de partida para que los
gobiernos busquen financiamiento en la emisión monetaria
con la inevitable consecuencia de la inflación.
La inflación "acompaña" el
ritmo de emisión monetaria.
A modo de ejemplo: "…En los siete
años que van de 2007 a 2013 el aumento del nivel general
de precios minorista habría ascendido hasta un promedio de
22.4% anual, lo cual cuadruplica y quintuplica la
inflación registrada en los restantes países de la
región. Paralelamente, la tasa promedio anual a la cual se
emitió base monetaria fue del 25.5%3. Al mismo tiempo, en
este período la tasa de crecimiento efectivamente
observada en Argentina se ubico en torno al 3.5% anual. Es decir,
en los últimos siete años en Argentina
también se cumplió la teoría
económica…."[20]
Las expectativas de la gente también
acompañan este proceso y en general parten del supuesto
acertado que en un contexto de déficit fiscal el gobierno
seguirá emitiendo. Y de hecho ello ha sido así: La
base monetaria pasó de crecer de 32% (2010) a 35% (2011) y
39% (2012), con sucesivos y probables incrementos aunque ahora no
tan pronunciados. ¿Será así?
Es que desde hace ya 7 años la
expansión de la base monetaria ha sido sostenida,
generando la inflación que acompaño de manera
creciente dicho incremento.
La idea expresada por la actual Presidente
del Banco Central es la de reducir el porcentual de
emisión hasta niveles inferiores al 25%. Pero esto sucede
en un contexto en que la cantidad de dinero emitido ya es
abrumadora, el gasto público requiere ser contenido (esto
no es del gusto de los gobiernos que lo asocian a "ajuste") y la
inflación que se ha desatado, que requerirá de
muchas maniobras para su contención.
También es una cuestión
ideológica interpretar la palabra "ajuste".
¿Qué es lo que queremos decir con ella?,.. Queremos
decir "hacer lo justo (solo lo necesario) y bien,.."
Pero esos no son los propósitos de
los gobiernos aunque (debo admitir que muchos, incluso en nuestra
región), se han dado cuenta que no están en
condiciones de hacer siempre lo que les gustaría y ya no
pueden gastar como si ello no tuviera consecuencias.
Nuestro país es uno de los que
lidera en cuanto gasto público a los países de la
región.
En casi todos los que muestra la figura
siguiente se ha mantenido – con pocas variaciones – bastante
constante. Pero ello no ha sucedido así en la Argentina en
donde desde el 2003 al 2013 (según muestra la serie se ha
incrementado en un 50% aproximadamente.
Esto explica que los demás
países de la serie mantengan tasas de inflación
razonables (en todos los casos de un dígito anual),
mientras que en nuestro país los datos estadísticos
de inflación fueron inicialmente adulterados (por la
intervención del INDEC), lo que no permitía contar
con datos confiables y ahora sincerados desde hace solo 2 meses,
por requerimientos del FMI y la confrontación con otros
índices elaborados por el Congreso nacional y consultoras
privadas, que permiten contar con una aproximación
aparentemente más veraz.
De cualquier manera nos coloca entre los 5
países con mayor inflación en el mundo (calculada
para 2014 en 35% aproximadamente).
Pero la correlación existente entre
gasto público, su forma de financiamiento y la
inflación resultante es un hecho ya
indiscutido.
De acuerdo a la figura anterior el gasto
público llega a ser en términos del PBI el 48% para
el 2013.[21]
Es decir que casi el 50% de nuestra
economía es el resultado de la actividad del
estado.
Cuando hablamos de inflación casi
todos tenemos la idea simplificada que es el aumento generalizado
de los precios. Pero eso no es exactamente así.
El dinero se comporta como cualquier
mercancía. Tiene sí particularidades, porque sirve
como medio de intercambio, así como unidad de cuenta y
como reserva de valor.
Y repito, se comporta como cualquier
mercancía: sujeto a las leyes de la oferta y la
demanda.
El incremento de la masa monetaria (es
decir: el incremento de la cantidad de dinero), cuando excede la
demanda pierde progresivamente su valor.
No es que los bienes que compramos aumenten
su valor, esa es una consecuencia. Como el dinero a medida que
aumenta y lo hace por encima de la demanda, pierde valor por
unidad, se hace necesario cada vez más dinero para comprar
lo mismo.
Esto es decir: la inflación no
sucede porque los bienes aumentan su precio, sino porque el
dinero pierde su valor y es necesario cada vez más dinero
para adquirir las mismas cosas.
Pero a su vez, no solo el dinero pierde
valor como medio de intercambio, sino que además ya no
permite establecer predicciones, ni cálculos
creíbles.
Esta última circunstancia no es
gratuita. Los empresarios no tienen certidumbre sobre los precios
de referencia.
Hay que considerar que los precios son como
señales en el mercado, que le dicen a la gente que comprar
y a los empresarios que y cuanto producir. Cuando estas
señales son distorsivas porque no todos los precios suben:
algunos suben otros bajan y lo hacen en diferentes momentos,
aunque con una tendencia general (o promedio) al alza, entonces
los precios no sirven como referencia válida.
El mercado se desorienta y la gente termina
por no tener puntos de referencia respecto que es caro y que es
barato: no sabe que debe comprar,.. ni a
cuánto.
La producción también sufre
distorsiones, por los mismos motivos. Y todo el mundo quiere
resguardar sus activos. Pero no puede hacerlo en la moneda local
ya que esta progresivamente pierde valor.
Puede que inicialmente busque refugio en
una moneda "dura" (aunque desde 2011 se nos ha impuesto
restricciones) o que se apure a adquirir algunos bienes que le
son necesarios. Pero eso dura poco tiempo, es decir: se da en el
corto plazo.
Los economistas de la escuela monetarista
han incorporado la idea que en este momento en el que la gente
"quiere desprenderse rápidamente del dinero que por su
devaluación les quema en las manos", se produce un proceso
de aceleración en la circulación del dinero lo que
a su vez aumenta la inflación.
Si el proceso continúa el veneno de
la inflación corroe toda la economía y se cae en
una inevitable desaceleración (que no se quiere reconocer
como "ajuste", aunque de hecho lo es), los salarios quedan
retrasados y la gente debe privarse de muchas cosas que antes
podía adquirir. Cae el consumo.
El fetiche del gobierno se desploma, porque
el consumo mantenía la sensación de bienestar
económico y la indiferencia política.
Pero el gobierno no carece todavía
de instrumentos. La inflación misma es uno de ellos,
porque aún sus distorsiones permite al gobierno licuar sus
deudas. (Se calcula que en el lapso de tres años de
continua inflación el gobierno ahorró $ 50.000
millones).
De cualquier forma el gobierno necesita
mantener el consumo, al que se asocia el PBI y que declama como
crecimiento.
El gobierno puede recurrir – y ya lo ha
hecho – al crédito bancario. Induce así a la gente
a postergar sus deudas a futuro.
Muchos saben que esto termina por resultar
una trampa suicida. Pero muchos otros ante la necesidad de
afrontar sus compromisos – y sin vislumbrar otros caminos –
pueden llegar a aceptar su endeudamiento.
¿Cómo hace el gobierno para
manipular el crédito bancario?
El Banco Central puede subir o bajar
las tasas de interés (tasa de descuento) a la cual le
piden prestado los bancos y esto tiene consecuencias en la
cantidad de dinero que los bancos pueden prestar así
como en las tasas que cobran.A su vez el Banco central puede subir o
bajar las tasas de encaje. Cuando el público deposita
su dinero un porcentaje del mismo debe quedar inmovilizado
como garantía y este dinero va al Banco central. Si
las tasas de encaje bajan, los bancos se encuentran con
mayores cantidades de dinero para prestar.
Cuando el gobierno quiere "facilitar" el
consumo, mantiene las tasas de descuento y de encaje bajas, lo
que facilita el préstamo pero eso también
contribuye a multiplicar la masa monetaria (M1, M2,
M3).
Por otra parte las entidades financieras
deben cubrirse a futuro y por lo mismo las tasas de
interés convierten a los préstamos en
inaccesibles.
Esto es lo que vemos en la figura anterior
que expresa la correlación de la confianza del consumidor
y a la vez se la compara con la tasa de interés que en la
actualidad cobran los bancos y que está vinculada a la
manipulación del crédito por el gobierno (la
intención es mantener el consumo aunque en estas
condiciones sea imposible de afrontar endeudarse) y la necesidad
de los bancos de cubrirse de la inflación estimada o
presunta, así como de la segura morosidad que esas tasas
generarán.
En estas condiciones el gobierno tiene
todavía otros instrumentos para influir en la cantidad de
dinero en el mercado: "operaciones en el mercado abierto". Esto
es decir: comprar o vender bonos del tesoro. Si compra inyecta
dinero y aumenta la masa dineraria circulante y si vende "seca la
plaza".
En ambos casos manipula según su
conveniencia – o el interés de mantener ciertas variables
contenidas – la cantidad de dinero.
Ello es una forma implícita de
aceptar que es la cantidad de dinero emitido – más
allá de la demanda – el que genera la inflación.
Aunque algún Presidente del Banco Central haya afirmado
que la emisión no genera inflación.
Otro aspecto al que no me he referido pero
vale la pena destacar son las expropiaciones (que suponen
compensación) y las confiscaciones.
El gobierno ha recurrido para financiarse a
estos mecanismos. El más conocido es la
expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que en
estos momentos negocia para compensar.
Pero el más gravoso, porque
afectó los derechos de propiedad, fue la
confiscación de los depósitos de particulares
aportantes a las AFJP, que nunca tuvieron compensación
alguna.
Estos comportamientos no son gratuitos:
tienen consecuencias inmediatas, como es la desconfianza que se
instala en los inversores en un gobierno que no respeta las
instituciones al no respetar los derechos de propiedad y no
ofrecer seguridad jurídica, e interviene en el mercado no
respetando los acuerdos entre privados.
Lo que es cierto también es que
algunos efectos son inmediatos y otros son alejados en el
tiempo.
Pero las consecuencias finales no pueden
preverse. Lo importante es comprender que no puede mantenerse un
gasto público incremental, ineficiente y que responde
mucho más a requerimientos políticos, que a
satisfacer las necesidades de la gente.
La figura anterior nos permite aproximarnos
a los componentes del gasto público. Y sin entrar en
demasiados detalles podemos decir que por ejemplo, solo los
subsidios que incluyen los transferidos a energía,
transporte, empresas del estado y otras representaban en 2009 un
total de $ 37.000 millones, pero pasando en el año 2013 a
un total de $ 146.000 millones. Es decir un aumento del 394% en
cuatro años.
Y este componente del gasto público
no es inocente: responde también a intereses
políticos ya que permite enormes desembolsos dinerarios –
en general dirigidos a empresas amigas o socios del poder
político – con la escusa de mantener "bajas las tarifas" y
mantener la aparente sensación de bienestar.
Lo que no se dice es que este mecanismo es
facilitador de la corrupción, ya que por un lado permite a
los empresarios embolsar lo que se les asigna (que no es poco),
seguramente devolver alguna forma de compensación – que
sin ir más lejos puede servir al financiamiento de las
campañas y partidos políticos – no asegura su
reinversión en mejorar los servicios que persisten con
estructuras obsoletas, mientras el público cree que esta
política (que financió la oferta) subsidiariamente
los ha beneficiado porque mantuvo bajas las tarifas.
Mucho más transparente y
lógico sería subsidiar la demanda en forma directa,
sincerando las tarifas y otorgando beneficios a quienes realmente
los necesitan mediante subsidios direccionados, obligando a los
empresarios a que hagan las inversiones necesarias
contractualmente estipuladas.
El problema es que el real beneficiado ha
sido el mismo gobierno y sus socios empresarios, que mantienen
los servicios con baja calidad en las prestaciones (y el riesgo
que ello supone), sin sincerar el costo tarifario real, que de
suceder pondría en evidencia la poca correlación
entre el ingreso y las posibilidades de afrontarlo.
Es decir: los argentinos ganan en promedio
mucho menos de lo que debieran si se compara con el costo de las
tarifas de los servicios que debieran pagar.
En la Argentina el 50% de los asalariados
gana menos de $ 6.000,- (al cambio de hoy aproximadamente u$s
600,-) y eso explica los altos niveles de pobreza que existen,
que ya no son publicados por el INDEC y que según
cálculos existentes rondan el 30% de la
población.[22]
Y dado el actual proceso inflacionario con
segura tendencia al alza (por ello el INDEC decide no
publicarlos). Eso quiere decir que: cada vez más personas,
de continuar estas políticas, tendrán dificultades
con sus ingresos de alcanzar los niveles de gasto que supone una
canasta básica de bienes y servicios.
Pero esta población que se mantiene
en estas condiciones por muchos factores, no encuentra salida a
las circunstancias de vida que le ha tocado en suerte, ni tampoco
con los planes de ayuda, los subsidios directos y otros agregados
que el gobierno implementa, con los que solo se logra la
persistencia de su actual situación.
Por esto digo que "se les roba el
futuro"[23], porque se les imposibilita encontrar
otras alternativas superadoras, se los mantiene limitados a un
mínimo ingreso que tampoco les alcanza para subsistir
dignamente, no se les ofrecen nuevas alternativas laborales de
mejores perspectivas, ni siquiera se los incentiva a ello, se los
mantiene atados y dependientes del magro subsidio, que con toda
razón no quieren perder.
Pero esto tampoco es gratuito: la
marginalidad, la violencia, el delito, el consumo de drogas,..
van de la mano.
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