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El adiós europeo al Estado del Bienestar (Parte I) (página 2)




Enviado por Ricardo Lomoro



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Por ejemplo, Vince Cable, el secretario
de negocios del Reino Unido, recientemente acusó a los
reguladores del Banco de Inglaterra -a quienes calificó de
"talibanes del capital"- de frenar la recuperación
económica del país al imponer reglas excesivas a
los bancos. Cable parece creerles a los lobistas de los bancos
cuando dicen que el préstamo y el crecimiento se
verían afectados si se obligara a los bancos a "tener
más capital".

Estos argumentos de los altos
responsables de las políticas económicas no son
exclusivos del Reino Unido; pero son falsos y engañosos.
El capital bancario no son reservas en efectivo que deben
"ahorrarse"; es dinero no prestado que se puede usar para otorgar
préstamos.

En otras palabras, el crecimiento económico y del
préstamo ha sufrido desde 2007 porque las instituciones
financieras altamente endeudadas no pudieron absorber sus
pérdidas, no por regulaciones que intentaban reducir su
nivel de endeudamiento. Las regulaciones vigentes cuando
estalló la crisis eran inadecuadas y se las había
implementado de manera igualmente inadecuada, mientras que las
reformas propuestas desde entonces no fueron mucho mejores. Las
reformas propuestas en Basilea III, por ejemplo, les
permitirían a los bancos financiar hasta el 97% de sus
activos con dinero prestado; algunas inversiones se podían
hacer enteramente con fondos prestados.

Los peligros de esta estrategia a esta altura
deberían ser obvios. Cuando los propietarios de los
hogares no pueden pagar sus hipotecas, pueden perder su casa,
perjudicando a todo el vecindario. Lo mismo es válido para
las instituciones financieras, como demostró la quiebra de
Lehman.

Es más, los efectos de un alto nivel de
endeudamiento se sienten antes de que los prestatarios dejen de
pagar. Los propietarios en apuros o "ahogados" no invierten mucho
en mantenimiento o mejoras. De la misma manera, los bancos
débiles con deudas pendientes que les impiden financiar
inversiones que valen la pena son perjudiciales para la
economía.

Las regulaciones con imperfecciones distorsionan
aún más el comportamiento de los bancos
débiles -por ejemplo, predisponiéndolos a favor de
otorgar préstamos a los gobiernos o invertir en
títulos realizables en lugar de prestarle dinero a las
empresas. Los reguladores muchas veces toleran, y a veces
respaldan, a los bancos débiles, negando la realidad de su
condición desesperada. Eso es contraproducente.

Los reguladores, más bien, deben
tomar medidas enérgicas para desmantelar a los bancos
zombis y obligar a los bancos viables a depender más de
los mercados de valores, donde el riesgo se negocia y se cotiza,
para volverse más fuertes. Prohibir los desembolsos a los
accionistas y exigirles a los bancos que recauden fondos
vendiendo nuevas acciones los fortalecería sin limitar su
capacidad de préstamo. Los bancos que no pueden vender sus
acciones a ningún precio tal vez sean demasiado
débiles como para sobrevivir sin subsidios. Esos bancos
son disfuncionales y hay que soltarles la mano.

Si queremos bancos más seguros y
más saludables, no se les puede exigir otra cosa que
reducir su dependencia del endeudamiento. Como entidades
prestadoras, los bancos pierden cuando los prestatarios no pagan.
Los propios bancos, sin embargo, son los mayores prestatarios, y
normalmente financian más del 90% -y en algunos casos
más del 95%- de sus inversiones endeudándose. (Por
el contrario, las corporaciones no financieras rara vez piden
prestado más del 70% de sus activos, y muchas veces mucho
menos, a pesar de la falta de alguna regulación de sus
ratios de apalancamiento).

Chipre es un ejemplo de este problema. A partir de 2010,
los bancos chipriotas invirtieron parte de sus depósitos
en bonos del gobierno griego, que prometían tasas de
interés superiores al 10% -a veces inclusive 15% o 20%-.
Mientras Grecia pagaba estas tasas altas, los bancos chipriotas
podían ofrecerles a sus depositantes tasas atractivas,
como del 4,5%, y prosperar.

Los bancos chipriotas pasaron las pruebas de resistencia
en julio de 2011. Sin embargo, a principios de 2012, sus bonos
griegos perdieron el 75% de su valor. Como los bancos
hacían sus inversiones con escaso dinero prestado, se
volvieron insolventes. Después de haberse mantenido a
flote durante un año con la ayuda del Banco Central
Europeo, los bancos chipriotas se vieron obligados a enfrentar
sus pérdidas. Uno cerró. Los depósitos
superiores a 100.000 euros (133.000 dólares) generaron
pérdidas. Los contribuyentes de la eurozona entregaron
10.000 millones de euros en fondos de rescate.

Curiosamente, los reguladores habían permitido
que los bancos chipriotas incurrieran en las prácticas que
habían originado sus problemas. Si bien la
inversión en bonos griegos era riesgosa -lo que se
reflejaba en las altas tasas que prometían los bonos-, las
regulaciones ignoraron la posibilidad de una pérdida.
Mientras la ventaja de los riesgos daba resultados, las ganancias
de los bancos beneficiaron a sus accionistas y gerentes, los
políticos estaban contentos y los bancos crecieron
enormemente en relación a la economía.

Las regulaciones propuestas por Basilea III
establecieron requerimientos de capital mínimo
absolutamente insuficientes y mantienen una estrategia
errónea para ajustar los requerimientos al riesgo. Dentro
de la eurozona, por ejemplo, los bancos pueden otorgar
préstamos a cualquier gobierno usando exclusivamente
dinero prestado. El banco franco-belga Dexia, al igual que los
bancos chipriotas y muchos otros desde 2008, quebraron o fueron
rescatados de pérdidas en inversiones riesgosas que los
reguladores habían considerado seguras.

Las regulaciones en todas partes parecen basarse en el
falso concepto de que los bancos deberían tener capital
"apenas suficiente". El capital no es escaso para los bancos
viables, y la "ciencia" de las complejas evaluaciones de riesgo o
las pruebas de resistencia es una ilusión nociva. En
cambio, la regulación debería apuntar a obligar a
los inversores de los bancos a asumir un porcentaje mucho mayor
de su propio riesgo, y así preocuparse mucho más
por gestionarlo, para limitar el daño colateral de su
endeudamiento excesivo.

Algunos dicen que los bancos son por naturaleza
especiales, porque distribuyen los ahorros de la sociedad y crean
liquidez. De hecho, los bancos se han vuelto especiales
principalmente por su capacidad para realizar tantas apuestas a
expensas de los demás. Nada sobre la intermediación
financiera justifica permitirles a los bancos distorsionar la
economía y poner en peligro a la población como lo
hacen.

Desafortunadamente, a pesar del enorme daño
causado por la crisis financiera, es poco lo que ha cambiado en
la política de los bancos. Son demasiados los
políticos y los reguladores que ponen sus propios
intereses y los de "sus" bancos por delante de su
obligación de proteger a los contribuyentes y a los
ciudadanos. Debemos exigirles que cumplan mejor su
trabajo.

(Anat Admati, Professor of Finance and Economics at the
Stanford Graduate School of Business, is co-author (with Martin
Hellwig) of The Bankers" New Clothes…)

The Hall of Fame: "Caras y Caretas" (para que nunca se
olviden de quienes les han robado el pasado -pensiones-, el
presente –empleo y sanidad- y el futuro
educación-)

– Los protagonistas de la crisis, cinco años
después (The Wall Street Journal –
15/9/13)

El elenco de la crisis financiera de 2008

Los dramáticos eventos de septiembre de 2008
pusieron a varios banqueros y funcionarios en la mira del
público. Otros funcionarios jugaron papeles clave en la
crisis, aunque no hayan ejercido un rol central. Un puñado
de los principales protagonistas siguen activos en la vida
pública, algunos incluso tienen los mismos trabajos, otros
han desaparecido por completo de la vida
pública.

Henry Paulson Funcionario

Departamento del Tesoro

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Henry Paulson apenas estaba en su segundo año
como secretario del Tesoro cuando la crisis financiera
estalló, lo que obligó al ex presidente ejecutivo
de Goldman Sachs Group Inc. a llevar a cabo una serie de rescates
gubernamentales sin precedentes, incluyendo ayudar a facilitar la
venta de Bear Stearns Cos. a J.P. Morgan Chase & Co. y
colocando gigantes hipotecarios bajo tutela legal. Paulson, de 67
años, escribió en el prólogo de su libro,
"On the Brink" (algo así como, "Al borde"), "No
quería ser el secretario del Tesoro que presidía
durante el inicio de otra Gran Depresión, y no tengo duda
de que eso es exactamente lo que nuestro país
habría enfrentado si nuestros esfuerzos se hubieran
quedado cortos".

Ben Bernanke Funcionario

Reserva Federal de EEUU

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Ben Bernanke, un estudiante de la Gran Depresión,
estaba ansioso por evitar una repetición durante su
mandato y utilizó e hizo amplio uso de las potestades de
la Fed para abrir los canales de financiación y proteger a
Wall Street de un colapso. La Fed prestó US$ 29.000
millones para inducir a J.P. Morgan Chase & Co. a comprar
Bear Stearns Cos. e inyectó US$ 85.000 millones en
American International Group Inc. Bernanke también
persuadió a los líderes del Congreso a respaldar un
rescate. Además, recortó las tasas de
interés de corto plazo a cero en diciembre de 2008 y
supervisó la impresión de US$ 2,8 billones para
comprar valores de largo plazo a fin de apuntalar la
economía. Se prevé que Bernanke, ahora de 59
años, deje la presidencia de la Fed cuando su
término concluya en enero de 2014.

Timothy Geithner Funcionario

Banco de la Reserva Federal de Nueva York

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Timothy Geithner estaba a la cabeza del Banco de la
Reserva Federal de Nueva York durante la crisis, actuando como
los ojos y oídos del gobierno en Wall Street. Geithner
buscó intervenir en la crisis rápidamente, abogando
por los rescates de firmas como Bear Stearns Cos. y American
International Group Inc. En enero de 2009 cuando se
convirtió en secretario del Tesoro y siguió
supervisando programas para fortalecer el sistema financiero.
Geithner, ahora de 52 años, está escribiendo un
libro sobre su papel en la respuesta a la crisis
financiera.

James Cayne Banquero

Bear Stearns

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James Cayne era el presidente de Bear Stearns Cos. en
2007, cuando dos de los fondos de cobertura del banco de
inversión colapsaron bajo las pérdidas de los
valores respaldados por hipotecas, uno de las primeras
señales de la crisis financiera. Abandonó su puesto
de presidente ejecutivo bajo presión de los accionistas en
enero de 2008, en medio de crecientes críticas por las
pérdidas de la firma, las acciones en picada y lo que
algunos ejecutivos percibían como un liderazgo poco
comprometido. En marzo, a medida que la confianza en Bear
siguió debilitándose, el gobierno de EEUU
gestionó su venta a J.P. Morgan Chase & Co. por US$
1.400 millones. A principios de 2007, la capitalización de
mercado de Bear estaba en US$ 25.000 millones. En años
recientes, Cayne, ya jubilado, ha mantenido un perfil
discreto.

Angelo Mozilo Banquero

Countrywide

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Angelo Mozilo fue el cofundador y presidente ejecutivo
de Countrywide Financial Corp., uno de los mayores prestamistas
del país y un proveedor de préstamos de alto riesgo
antes de la crisis financiera. Mozilo fue pionero de los
créditos hipotecarios de alto riesgo y de tasas ajustables
que contribuyeron a impulsar el auge inmobiliario en los
años previos a 2008. Bank of America Corp. compró
Countrywide a principios de 2008 conforme el prestamista
batallaba con cesaciones de pagos y pérdidas acumuladas.
En 2010, Mozilo acordó pagar US$ 67,5 millones en multas
para cerrar casos en su contra por fraude civil y uso indebido de
información privilegiada. Mozilo, ahora de 74 años,
no admitió ni negó haber cometido prácticas
indebidas, pero aceptó una prohibición de por vida
de ejercer el puesto de ejecutivo o director de una empresa que
cotiza en bolsa. Un abogado de Mozilo indicó que
está jubilado y "dedicando su tiempo a iniciativas
filantrópicas".

Richard Fuld Jr. Banquero

Lehman

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Richard Fuld fue presidente de Lehman Brothers Holdings
Inc., un banco de inversión con enfoque en bonos que
incursionó con gran ímpetu al mercado de inmuebles
comerciales y los créditos apalancados en los años
justo antes de la crisis. Las pérdidas se acumularon y los
esfuerzos de vender la firma fracasaron en septiembre 14, de
2008, cuando el gobierno se negó a proporcionar un
respaldo financiero. El 15 de septiembre, Lehman solicitó
protección de bancarrota. Fuld permaneció en Lehman
tras la solicitud de bancarrota para ayudar a liquidar los
activos de la firma que quedaban. En abril de 2009, abrió
Matrix Advisors LLC, una consultoría en Nueva York que
asesora a empresa en temas desde tendencias económicas
hasta gestión de riesgo.

John Thain Banquero

Merrill Lynch

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John Thain era presidente de Merrill Lynch & Co.,
asumiendo el cargo en octubre de 2007 a medida que la crisis se
intensificaba. Buscó proteger a la empresa de los
problemas del mercado, al recaudar capital, purgar los activos
tóxicos y vender participaciones grandes en la empresa.
Pero Merrill se vio golpeada a principios de septiembre de 2008
por los inversionistas preocupados de que necesitaría
capital. Tras 48 horas de negociaciones frenéticas, el 14
de septiembre Bank of America Corp. acordó comprar Merrill
Lynch por US$ 50.000 millones en acciones, alrededor de 40% menos
que el valor de mercado de Merrill en su mejor momento. Thain fue
despedido de Bank of America a principios de 2009 en medio de
polémicas en torno a las pérdidas en alza de
Merrill y pagos de bonificaciones en las semanas antes de que se
finalizara la venta. Thain, de 58 años, ahora dirige CIT
Group, un prestamista para pequeñas y medianas
empresas.

Robert Willumstad Banquero

AIG

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Robert Willumstad, presidente de la junta de American
International Group Inc., asumió el cargo adicional de
presidente ejecutivo en junio de 2008 cuando el ex presidente
ejecutivo Martin Sullivan fue despedido debido a pérdidas
en los derivados ligados a créditos hipotecarios de alto
riesgos. El 16 de septiembre de 2008, el gobierno estadounidense
tomó control de AIG, comunicando sus preocupaciones sobre
el peligro que un colapso supondría para el sistema
financiero. Como parte del acuerdo, el secretario del Tesoro,
Henry Paulson, insistió que Willumstad abandonara el
puesto. Willumstad, ahora de 68 años, es socio en Brysam
Global Partners, una firma de private equity que cofundó
en 2007.

Kenneth D. Lewis Banquero

Bank of America

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Kenneth Lewis, presidente de Bank of America Corp.,
orquestó una serie de adquisiciones durante la crisis
financiera para crear un gigante bancario involucrado en casi
todo segmento del sistema financiero. En 2008, compró al
prestamista hipotecario Countrywide Financial y a Merrill Lynch.
Tras las adquisiciones, sus pérdidas ascendieron y los
litigios se dispararon. Los analistas calcularon en 2012 que
Countrywide le había costado más de US$ 40.000
millones a Bank of America. Ante crecientes críticas,
Lewis, ahora de 66 años, anunció su
jubilación en 2009. Ahora, Lewis divide su tiempo entre
Carolina del Norte y Florida. Lo que más disfruta son
días callados de lectura en casa, según una persona
cercana.

James Dimon Banquero

J.P. Morgan Chase

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James Dimon, presidente de J.P. Morgan Chase & Co.,
surgió como uno de los ejecutivos más poderosos del
sector bancario durante la crisis financiera. J.P. Morgan
compró Bear Stearns Cos. en marzo de 2008 mientras la
firma de corretaje se desplomaba, y obtuvo un respaldo de US$
29.000 millones del gobierno. En 2013, Dimon, ahora de 57
años, sobrevivió una propuesta de algunos
accionistas de separar sus roles de presidente de la junta y
presidente ejecutivo, tras enormes pérdidas por un
operador de la empresa en Londres y otros retos regulatorios para
el banco. Dimon sigue teniendo ambos cargos en el
banco.

Robert E. Diamond Jr. Banquero

Barclays

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Robert Diamond, entonces presidente del banco de Reino
Unido Barclays PLC, participó en la compra de la empresa
de la mayoría de las operaciones de América del
Norte de Lehman en 2008 por solo US$ 1.750 millones. Diamond,
ahora de 62 años, se convirtió en presidente
ejecutivo de Barclays en 2011 pero dimitió en 2012,
después de que el banco admitió que intentó
manipular tasas de interés de referencia durante la
crisis. Diamond planea lanzar su propio banco comercial con
enfoque en África y Europa en los próximos meses,
reportó The Wall Street Journal en julio.

John Paulson Inversionista

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John Paulson era un gerente de fondo de cobertura poco
conocido que obtuvo renombre -además de miles de millones
de dólares en ganancias- con una apuesta contra corriente,
apostando contra las hipotecas de alto riesgo. En 2007 y 2008,
ganó unos US$ 20.000 millones en ganancias por
transacciones a medida que el mercado inmobiliario se
venía abajo. Esta apuesta convirtió a Paulson en
uno de los inversionistas más populares de Wall Street y
los activos de su firma, Paulson & Co., crecieron a US$
36.000 millones al comienzo de 2012. El inversionista, de 57
años, ahora está apostando a un repunte en el
mercado inmobiliario.

Philip Falcone Inversionista

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Philip Falcone se convirtió en uno de los
inversionistas estrella de la crisis financiera al anticipar que
la cesación de pagos en hipotecas se dispararía y
que las empresas mineras aumentarían en valor. Falcone y
su firma, Harbinger Capital Partners, enfrentaron cargos de
fraude civil en 2012 por presuntamente otorgar un trato
preferencial a su fundador y a algunos clientes. Falcone
admitió haber cometido prácticas indebidas en un
acuerdo civil con la Comisión de Bolsa y Valores en agosto
de 2013, y aceptó una prohibición de la industria
de valores por al menos cinco años. Falcone dijo en un
informe en ese momento que el acuerdo le permite seguir
enfocándose en su empresa que cotiza en bolsa, Harbinger
Group Inc., y en Lightsquared Inc., una iniciativa ambiciosa en
la que Falcone invirtió miles de millones de
dólares.

Joseph Cassano Financista

AIG

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Como jefe de la división de productos financieros
de AIG, Joseph Cassano estuvo en el centro de una apuesta
realizada en las hipotecas que llevó al gigante de seguros
a las manos del gobierno estadounidense. La división
vendió miles de millones en seguros contra cesación
de pagos para conjuntos de bonos respaldados por hipotecas, es
decir seguros contra el colapso de los bonos, y después
enfrentó miles de millones en llamadas para exigir avales
cuando el mercado se vino abajo. En 2010, Cassano, ahora de 58
años, comunicó a un panel del Congreso de EEUU que
tomó decisiones "prudentes", y defendió las
acciones del gigante de seguros, agregando que al contribuyente
estadounidense le hubiera ido mejor si él habría
permanecido en AIG.

Boaz Weinstein Financista

Deutsche Bank

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La adopción y el dominio de los seguros contra la
cesación de pagos en Deutsche Bank por parte de Boaz
Weinstein le ayudaron a obtener el puesto de director gerente a
los 27 años. Dirigió un fondo de US$ 10.000
millones y embolsó cientos de millones de dólares
al año por el banco alemana, en donde fue codirector de
transacciones globales de crédito. Pero las apuestas del
grupo en deuda corporativa se desmoronaron a finales de 2008, y
el fondo terminó el año con un descenso de 18%,
perdiendo unos US$ 1.800 millones. Weinstein, ahora de 40
años, escindió su grupo de transacciones de
crédito a principios de 2009.

Ralph Cioffi & Matthew Tannin Financistas

Bear Stearns

El colapso de los fondos de cobertura altamente
apalancados de US$ 1.600 millones de Bear Stearns, gestionados
por Ralph Cioffi y Matthew Tannin, fue una de las primeras
señales de aflicción en los mercados de
crédito. Los procuradores federales después
avanzaron para levantar cargos criminales contra estos sujetos,
declarando que habían engañado a los inversionistas
sobre el portafolio de valores respaldados por
hipotecas.

En noviembre de 2009, Cioffi, ahora de 57 años, y
Tannin, de 52 años, fueron exonerados por el
jurado.

Cioffi ahora vive en Florida con su familia y
está invirtiendo su propio dinero.

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  • – La victoria del capital sobre el trabajo, de la
    economía financiera sobre la real

El "conundrum" de la crisis: ¿quién paga
los platos rotos?

– Por qué duran tanto las crisis: nadie quiere
pagar la cuenta (The Wall Street Journal –
10/11/11)

(Por David Wessel) Lectura recomendada

Ya han pasado dos años desde que
las llamas aparecieron por primera vez en Grecia, y sin embargo
el fuego aún no ha sido apagado. Ahora se ha propagado a
Italia.

Han pasado cinco años desde que
reventó la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. El
sector de la vivienda sigue siendo una de las principales razones
por las que la economía del país tiene un
desempeño tan débil.

En ambos continentes, ya no quedan dudas
sobre la severidad de la amenaza o la urgencia con la que se
necesitan mejores políticas. Aun así, los jugadores
parecen completamente incapaces de actuar.

¿Qué les está
llevando tanto tiempo? Decidir quién tendrá que
pagar la cuenta.

"En todas las crisis, se deben
repartir las pérdidas entre deudores, acreedores y
contribuyentes", explica Anna Gelpern, profesora de derecho de la
Universidad Americana y ex funcionaria del Tesoro de EEUU. "Es un
concepto sorprendentemente simple, y completamente
irreconciliable".

"Por definición, es un
problema político", agrega. "Incluso si surgiera la idea
de una distribución óptima, si no es vendible
políticamente, no puede concretarse".

Esta vez, la escala es intimidatoria. El Fondo
Monetario Internacional estima que los tenedores de hipotecas en
EEUU y otras deudas perdieron US$ 2,7 billones (millones de
millones) en la fase estadounidense de la crisis global, parte de
cuya suma ya fue trasladada a los contribuyentes. Las viviendas
del país valen casi US$ 7 billones menos que hace cinco
años, una caída de 25%.

Se han hecho toda clase de intentos por reducir los
pagos mensuales de hipotecas para algunos, por refinanciar
créditos con intereses altos, por asegurarse de que los
embargos se llevan a cabo correctamente, por recapitalizar bancos
para que puedan absorber pérdidas, y demás. El
gran paso que no se dio: reducir el principal sobre las
hipotecas. El gran obstáculo: ¿quién paga
los platos rotos? ¿Los bancos? ¿Los inversionistas
hipotecarios? ¿Los contribuyentes?

En Europa, los retrasos para admitir que Grecia
pidió prestado demasiado convirtieron lo que hubiera sido
un problema difícil pero manejable en una calamidad. Un
gran motivo para el retraso: decidir quién pagaría
la cuenta. ¿Los contribuyentes alemanes? ¿Los
accionistas de bancos franceses? ¿Los tenedores de bonos
extranjeros?

Cuando un prestatario -un banco, una empresa, un
país- tiene problemas, la reacción inicial es
decir, bueno, tienen el dinero, sólo que están
cortos de efectivo. A menudo eso es verdad. Así que el
prestamista le da un respiro al prestatario, la empresa
empeña sus cuentas por cobrar, o el "acreedor de
último recurso", el banco central, otorga préstamos
de emergencia porque está seguro de que le
devolverán el dinero. El problema, se dice, es de
"liquidez" (lo que significa que nadie perderá dinero al
final) en lugar de decir "solvencia" (lo que significa que
alguien perderá dinero).

La tentación de extender esa lógica
más allá de la razón es grande. Admitir que,
por ejemplo, algunos gobiernos europeos no pagarán 100
centavos por cada dólar, o que algunos préstamos
hipotecarios no valen lo que dicen los libros contables,
obligaría a los prestamistas a asumir pérdidas. Si
éstas son grandes, la solvencia de los bancos está
en duda. En Francia, los mercados no están tan
escépticos ante la capacidad del gobierno de pagar sus
cuentas y cumplir con las obligaciones de intereses, sino que se
preocupan más por un potencialmente costoso rescate
gubernamental de los bancos que tienen mucha deuda de gobiernos
extranjeros.

Entonces, los bancos y los inversionistas igualmente
prestan, a menudo a tasas de interés que reflejan el
riesgo de que no cobren. Si todo sale bien, ganan mucho dinero.
De lo contrario, y hay mucho dinero en juego, los contribuyentes
pagan las cuentas.

"Las partes que tienen
pérdidas contractuales intentan pasar esas pérdidas
a otros, especialmente a los contribuyentes", afirma Edward Kane,
economista de Boston College. "Estas crisis tienden a prolongarse
mientras haya una posibilidad de trasladar las pérdidas a
los contribuyentes".

Entonces primero está la
negación, luego los retrasos y por último, el
disimulo. Esto tiene costos.
Los préstamos bancarios
son uno. "Los bancos no están ansiosos de otorgar
crédito, porque no saben cuánto capital tienen, y
les resulta difícil levantar dinero, porque los
inversionistas no están seguros de su condición
financiera", sostiene John Makin, del American Enterprise
Institute.

Los contribuyentes van a pagar
algunos platos rotos. ¿Cuántos? Hasta que no se
decida eso, la crisis continuará.

El gasto social europeo (la imposibilidad europea de
sobrevivir en una tierra "plana")

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(El Confidencial – 25/2/11)

¿Más Europa?

"Los líderes europeos piden una mayor
unión para salir de la crisis pero la opinión
pública desconfía cada vez más de las
instituciones comunes"…
¿Una Europa
euroescéptica? (El País –
25/11/11)

¿Más Europa? Esa parece ser una de las
soluciones propuestas a la crisis económica y
política que asola al continente. La forma concreta que
esa "mayor" Europa tome no está nada clara
(creación de un tesoro europeo, establecimiento de
impuestos europeos, fortalecimiento de los mecanismos de control
fiscal por parte de las instancias supranacionales,…),
pero todas ellas parecen pasar por una nueva ronda de
transferencias de soberanía hacia las instituciones
supranacionales en el ámbito de la política
económica.

Nada hace pensar que los líderes europeos
encuentren en la opinión pública europea un aliado
en este proceso. Según el Eurobarómetro (de inicios
del año 2011), menos de la mitad de los europeos (un 47%)
creen que la pertenencia de su país a la UE ha sido algo
positivo (frente al 18% que piensa que ha sido algo malo y al 31%
que considera que no ha sido ni bueno ni malo), y solo el 41%
confía en la Unión Europea (frente a un 47% que
desconfía). Si preguntamos a los europeos sobre algunas de
las reformas propuestas, como un mayor papel de las instituciones
supranacionales en la definición de la política
fiscal, los resultados son incluso menos
esperanzadores.

En cierto sentido, que el euroescepticismo esté
en auge no debería sorprendernos. Una de las regularidades
empíricas más estables encontradas por los
estudiosos de la opinión pública europea es que el
apoyo al proceso de integración está muy
correlacionado con el ciclo económico: los europeos
apoyamos la integración en los años de bonanza
económica y nos hacemos euroescépticos en las
crisis. Si observamos la evolución de la desconfianza
hacia la Unión Europea por países, se aprecia que
son los países que están atravesando mayores
dificultades económicas aquellos donde el ascenso del
euroescepticismo es más acusado.

Mientras que en los países escandinavos (con
poblaciones tradicionalmente muy euroescépticas) la
desconfianza de sus poblaciones hacia Europa de hecho se ha
reducido ligeramente en la última década, en los
países del centro del continente y, sobre todo, en la
periferia más afectada por la crisis (los famosos PIIGS),
se puede detectar un claro aumento de la desconfianza hacia la UE
en los últimos cinco años. Por el papel central
que, según algunos, la opinión pública
alemana ha jugado en la capacidad de los líderes europeos
de adoptar determinadas decisiones, es particularmente
preocupante el aumento de la desconfianza hacia la UE en este
país que, a pesar de no haber sufrido apenas la crisis
económica, ha visto cómo su nivel de desconfiados
hacia Europa ha aumentado en solo cuatro años en veinte
puntos, hasta colocarse en un 55%.

Menos de la mitad de la población europea cree
que la UE ha sido positiva

¿Qué papel ha jugado la existencia de la
moneda única en este proceso de auge del euroescepticismo?
Resulta complicado establecer nítidas relaciones de
causalidad con estos datos, pero es llamativo que dos de los tres
países que decidieron quedarse fuera de la unión
monetaria tienen hoy índices de confianza en la UE mejores
que hace una década, mientras que, con la excepción
de Finlandia, todos los miembros de la eurozona han visto
cómo el euroescepticismo crecía en sus poblaciones.
El caso de Grecia es el más dramático de todos:
mientras que en el 2001 tres cuartos de la población
confiaban en la UE y un cuarto desconfiaba, en 2011 la
relación se ha invertido: hoy sólo un tercio de la
población confía en la UE, y dos tercios
desconfían.

¿Han cambiado las características de los
individuos europeístas y euroescépticos a lo largo
de esta década? Un análisis en detalle de los
determinantes de la desconfianza a nivel individual revela que si
bien muchas características de los individuos (edad, clase
social) siguen estando asociadas de la misma forma que hace diez
años con diferentes opiniones sobre la UE, el efecto de la
ideología del individuo ha cambiado de dirección:
en 2001 los europeos de izquierdas tendían, en media, a
desconfiar menos de la UE que los de derechas. Hoy sucede lo
contrario: ideológicamente, son los europeos de izquierdas
los que más desconfían de la UE.

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Si, como apuntan estos datos, la crisis económica
y su gestión ha deteriorado el apoyo a la UE en los
países más duramente afectados por la crisis y
entre los sectores más progresistas de la
población, ¿existen formas de recobrar la confianza
de los europeos en la UE y de dotar de una legitimidad
democrática a los intensificación del proceso de
integración de la que ahora carece?

Es cierto que, dada la heterogeneidad de intereses que
conviven en la UE, la capacidad de adoptar políticas que
agraden a amplios sectores de europeos y que hagan por tanto
recobrar la confianza de éstos en las instituciones
supranacionales es limitada. Sin embargo, los propios datos de
Eurobarómetro muestran que sí existen
políticas demandadas de manera casi unánime por los
europeos: la abrumadora mayoría de los europeos creen que
la Unión Europea debería endurecer las
políticas contra los paraísos fiscales (89%),
regular los salarios en el sector financiero (82%), o establecer
un impuesto a los beneficios de los bancos (84%) o a las
transacciones financieras (el 72%). La UE puede aprovechar el
amplio consenso ciudadano sobre estas cuestiones como una
oportunidad para ganar la confianza ciudadana que ha perdido
durante la crisis. O puede elegir ignorar estas demandas y
agrandar los problemas de desconfianza ciudadana a medida que
estas cuestiones sean cada vez más centrales en la agenda
política de los europeos. Hagan ustedes sus
apuestas.

Si se sustituye la economía real por la
financiera ¿puede el capitalismo morir de
éxito?

– ¿Es sostenible el capitalismo moderno? (Project
Syndicate – 2/12/11)

(Por Kenneth Rogoff) Lectura recomendada

Cambridge.- A menudo me preguntan si la reciente crisis
financiera global marca el comienzo del fin de la era del
capitalismo moderno. Es una pregunta curiosa porque al parecer se
presupone que existe un sustituto viable esperando tomar el
relevo. La verdad de las cosas es que, al menos por ahora, las
únicas alternativas serias al paradigma
anglo-estadounidense dominante actual son otras formas de
capitalismo.

Pareciera que el capitalismo
continental europeo, que combina generosos beneficios sociales y
de salud; y un horario de trabajo razonable, aunado a periodos de
vacaciones largos, una jubilación temprana; y
distribuciones del ingreso relativamente equitativas,
parecería ser muy recomendable -pero carece de
sostenibilidad
. Se afirma generalmente que el capitalismo
darwiniano chino, con empresas de exportación que operan
en un ambiente de encarnizada competencia, una frágil red
de seguridad social y una extensa intervención
gubernamental, es el heredero inevitable del capitalismo
occidental, aunque solo sea por el enorme tamaño de China
y su tasa de crecimiento proporcionalmente desmesurada. Con todo,
el sistema económico chino está evolucionando
continuamente.

En efecto, no es claro cuánto más
seguirán transformándose a sí mismas las
estructuras financieras, económicas y políticas
chinas, y si ese país en última instancia
mutará en una nueva forma de capitalismo. En cualquier
caso, a China todavía le aquejan las vulnerabilidades
financieras, económicas y sociales comunes de un
país de bajos ingresos de rápido
crecimiento.

Tal vez, el asunto central es que en
todo el panorama histórico, todas las formas actuales de
capitalismo son finalmente temporales. El capitalismo moderno ha
tenido resultados extraordinarios desde el comienzo de la
Revolución Industrial hace dos siglos, que sacó de
la pobreza absoluta a miles de millones de personas. En
términos comparativos, el marxismo y el socialismo
autoritario han tenido resultados desastrosos. Sin embargo, a
medida que la industrialización y el progreso
económico se extienden en Asia (y ahora en África),
algún día la lucha por la subsistencia ya no
será un imperativo principal, y las numerosas fallas del
capitalismo contemporáneo podrían parecer
más importantes.

Primero, incluso las principales
economías capitalistas no han podido valorar efectivamente
los bienes públicos como el aire limpio y el agua. El
fracaso para lograr concluir un nuevo acuerdo global de cambio
climático es sintomático de esta
parálisis.

Segundo, el capitalismo ha producido una
gran riqueza pero, al mismo tiempo, extraordinarios niveles de
desigualdad. La creciente brecha es en parte solo un efecto
secundario de la innovación y el espíritu
empresarial. Las personas no se quejan del éxito de Steve
Jobs; sus contribuciones son obvias. Sin embargo, no siempre
resulta así: una gran riqueza permite a los grupos e
individuos comprar poder político e influencia, que a su
vez ayuda a generar una mayor riqueza
. Solamente pocos
países –Suecia, por ejemplo, han podido interrumpir
este círculo vicioso sin colapsar el
crecimiento.

El tercer problema es la oferta y
distribución de servicios médicos; un mercado que
no logra satisfacer varios de los requisitos básicos
necesarios para que el mecanismo de los precios genere eficiencia
económica, empezando con la dificultad que encaran los
consumidores para evaluar la calidad de su
tratamiento.

El problema se agravará: con seguridad
aumentarán los costos de los servicios de salud como
proporción del ingreso a medida que las sociedades sean
más ricas y más viejas, y probablemente
rebasarán el 30% del PIB dentro de unas décadas. En
el mercado de los servicios de salud, quizá más que
en cualquier otro, muchos países están luchando con
el dilema moral de cómo mantener los incentivos para
producir y consumir eficientemente sin generar disparidades
inaceptablemente grandes en el acceso a esos
servicios.

Es irónico que muchas sociedades capitalistas
modernas realicen campañas públicas para instar a
las personas a poner más atención a su salud,
mientras se promueve un ecosistema económico que induce a
muchos consumidores a una dieta extremadamente malsana. De
acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos, un 34% de los estadounidenses
son obesos. Es claro que la forma convencional de medir el
crecimiento económico -que implica un mayor consumo– no
puede ser un fin en sí mismo.

Cuarto, los sistemas capitalistas
actuales subestiman considerablemente el bienestar de las
generaciones futuras. Esto no ha sido importante en gran parte
del periodo desde la Revolución Industrial, pues el
continuo avance tecnológico ha superado las
políticas miopes. En general, cada generación ha
tenido mucho más éxito que la precedente. Sin
embargo, como la población mundial está rebasando
los siete mil millones, y los presagios de escasez de recursos se
hacen cada vez más evidentes, no hay garantía de
que se pueda mantener esta trayectoria.

Por supuesto, las crisis financieras son
el quinto problema, tal vez el que recientemente ha provocado
más exámenes de conciencia. En el mundo de las
finanzas, la continua innovación tecnológica no ha
reducido notoriamente los riesgos, y bien podría haberlos
ampliado.

En principio, ninguno de los problemas del capitalismo
es insuperable, y los economistas han ofrecido una serie de
soluciones basadas en el mercado. Un alto precio global del
carbón induciría a las empresas y las personas a
internalizar el costo de sus actividades contaminantes. Se pueden
diseñar sistemas fiscales que ofrezcan un mayor margen de
redistribución del ingreso sin que ello conlleve
necesariamente distorsiones paralizantes, mediante una
minimización de los gastos fiscales no transparentes y
manteniendo bajas las tasas marginales. Lograr precios efectivos
de los servicios de salud, incluidos los de los tiempos de
espera, podría fomentar un mejor equilibrio entre la
equidad y la eficiencia. Los sistemas financieros podrían
estar mejor regulados, dando una atención más
rigurosa a las acumulaciones excesivas de deuda.

¿Será el capitalismo
víctima de su propio éxito en la producción
masiva de riqueza? Por ahora, por muy de moda que pueda estar el
tema de la desaparición del capitalismo, la posibilidad
parece remota. No obstante, mientras sigan creciendo la
contaminación, la inestabilidad financiera, los problemas
de salud y la desigualdad, y mientras los sistemas
políticos continúen paralizados, dentro de pocas
décadas el futuro del capitalismo podría no parecer
tan seguro como lo parece ahora.

(Kenneth Rogoff es profesor de Economía y
Políticas Públicas de la Universidad de Harvard,
fue economista en jefe del FMI. Copyright: Project Syndicate,
2011)

El fin de la socialdemocracia… y lo que
vendrá después

"El lunes y el martes hubo mucha gente en las
calles, muchos de ellos fueron arrestados. Y hoy habrá
mucha más gente". El periodista griego con el que
había acordado una entrevista para analizar los sucesos
que está viviendo su país (sólo en esta
semana, una huelga general de 48 horas que se desarrolló
ayer y anteayer, con numerosos incidentes tras la
aprobación del plan de Papandreu) me canceló la
cita: lo que estaba ocurriendo en la calle era demasiado
significativo como para perdérselo. Y no es mal ejemplo de
lo que está comenzando a ocurrir en toda Europa:
quizá pueda entenderse el asunto griego como una
excepción al orden de cosas general, como una
situación causada por malos gobernantes o por haber vivido
por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo, pero lo
cierto es que su malestar comparte causa con muchos de los
conflictos europeos. Como señala Pablo Antonio Moreno,
profesor de economía política de la Universidad CEU
San Pablo, "los estados hoy no tienen dinero, por lo que toman
medidas antipopulares. Parece que no hay otra solución.
Estamos todos pagando los errores, y a España le va a
pasar lo mismo"…
Huelgas y represión: el
futuro de la política europea (El Confidencial –
30/6/11)

Por eso, las masivas manifestaciones helenas y las
últimas movilizaciones británicas no son más
que expresiones diferentes del mismo problema, el de los recortes
que ambos gobiernos (en proporciones muy distintas) llevan tiempo
aprobando. Y ese clima presupuestariamente restrictivo va a
llevar a la calle a muchos ciudadanos europeos en los
próximos meses. También en España, afirma
Moreno: "Como el país está económicamente en
la ruina y tenemos una clase política descastada y
desgastada, el Gobierno que entre va a tener que tomar, sin lugar
a dudas, medidas muy duras para reactivar la situación
política económica y social de nuestro
país".

En ese sentido, la huelga de funcionarios
británicos prevista para el 30/6/11 es una buena muestra
de algunos de los puntos futuros de conflictividad, que
serán más notorios cuanto más avancen las
políticas de austeridad. Uno de los aspectos materiales
que más han empujado para que la huelga se convoque ha
sido la reforma de las pensiones. Un tema importante,
señala Miguel Martínez Lucio, profesor de Human
Resources Management de la Manchester Business School, "porque
supone una bajada indirecta de sueldos y porque las pensiones
previstas para este colectivo son ya inferiores a las del sector
privado. Pero sobre, todo porque hablamos de trabajos como los de
asistente social, maestro de escuela o policía en los que
el número de agresiones sufridas por los funcionarios
públicos se están multiplicando. Y si no conservas
una oferta económica decente, ¿cómo vas a
atraer a la gente a un puesto donde la violencia es habitual? Por
eso hay apoyo a la huelga: la gente sabe que es duro ser hoy un
profesor o un asistente social".

A pesar de no ser una huelga general, todo está
preparado para que sea una gran movilización. Los
sindicatos convocantes son cuatro, tres de la educación,
NUT (National Union of Teachers 200.000 afiliados), ATL
(Association of Teachers and Lecturers, 160.000) y UCU
(University and College Union, 120.000) y uno de los servicios
públicos, PCS (Public and Commercial Services Union,
300.000), cuyos afiliados se han manifestado masivamente a favor
de la huelga, lo cual hace pensar en un seguimiento elevado. Para
Andrew Richards, profesor de Ciencia Política en el Centro
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la Fundación
Juan March, "tras 20 años en los que los niveles de
conflicto industrial han sido bastante bajos, una
movilización como esta es significativa, aun cuando no
llegue a los niveles mucho más elevados de una huelga
general". No obstante, el panorama apunta hacia un ambiente
generalizado de confrontación. Por una parte, apunta
Martínez Lucio, en septiembre (2011) está prevista
la movilización de académicos y de estudiantes
universitarios, y para octubre, señala Richards, los dos
sindicatos más grandes del sector público, UNISON
(con más de 1.375.000 afiliados) y UNITE (más de
1.000.000) están planificando huelgas.

En todo caso, estas movilizaciones "no son más
que expresiones específicas de un conflicto más
general, ya que todo proviene del problema de la crisis
económica y de cómo la están resolviendo a
base de recortes". Y ello no sólo supone la
rearticulación de muchas posiciones sociales, sino
también la reordenación o desaparición de
muchos de los viejos actores, En ese contexto, los partidos
socialdemócratas aparecen especialmente desubicados, ya
que han de aplicar políticas que no coinciden con su
ideario y que son ampliamente rechazadas por muchos de sus
votantes. En el caso británico, señala Richards,
"el comportamiento del partido laborista ha decepcionado
notablemente a los sindicatos, ya que su líder, Ed
Milliban, se ha manifestado en contra de la huelga, perdiendo
así una gran oportunidad de articular un discurso
narrativo que refleje las preocupaciones de una
sociedad".

Para Richards, hubiera sido mucho más coherente
que el pequeño de los Milliband hubiera afirmado que, a
pesar de vivir una solución económicamente grave,
habrían de buscarse soluciones que no pasaran por la
confrontación con los sindicatos y los trabajadores. "Al
no hacerlo así, es probable que muchos de quienes van a la
huelga acaben pensando, al igual que ocurría en las
movilizaciones españoles, que apenas hay diferencia entre
los dos principales partidos".

Lo que ha ocurrido a los laboristas es que su
líder no ha querido aparecer como un político que
apoya las huelgas, sino como una alternativa creíble de
los conservadores, señala Martínez Lucio,
"alineándose con la tendencia general de los partidos
socialdemócratas europeos, que tiene miedo de aliarse con
las propuestas radicales contra la crisis. Sin embargo, en este
caso han perdido una gran oportunidad, no sólo porque haya
mucho apoyo para los sindicatos en la sociedad británica
sino porque no estamos hablando de una huelga de trabajadores
bien pagados con condiciones laborales de lujo que defienden sus
privilegios, sino de empleados que trabajan en condiciones muy
complicadas".

El problema de fondo, afirma Martínez Lucio, es
que los socialdemócratas europeos han aceptado en gran
medida el discurso liberal-conservador sobre los orígenes
de la crisis y sobre cuáles deben ser las soluciones. Y,
por eso, la crisis parece estar dejando sin sitio a una
socialdemocracia cada vez más cuestionada. De una parte,
los poderes financieros que les demandan austeridad tienden a no
fiarse de la voluntad de hacer reformas de los partidos de centro
izquierda; por otra, sus electores no coinciden ni en la
necesidad de los recortes ni en el modo en que están
actuando respecto de esos mismos poderes financieros. Desde esta
perspectiva, las movilizaciones están siendo perjudiciales
para los partidos de izquierda parlamentaria, situados en una
tierra de nadie que les obliga a hacer cada vez mayores
equilibrios.

La cuestión es dónde va a ir a parar ese
caudal de descontento. El descreimiento y el alejamiento de la
política es una opción y el aumento de la presencia
social del populismo es otra, pero la hipótesis que
más suele manejarse es el surgimiento de un nuevo tipo de
izquierda. Moreno descarta esta posibilidad, ya que, afirma, "la
izquierda lleva años estancada, ni ha dado el perfil ni ha
ofrecido programas ni ha hecho nada. Y los sindicatos ahí
están, chupando del frasco del Estado, sin que sepamos
dónde va a parar el dinero que se les da".

Sin embargo, lo que nos está diciendo la
experiencia de las movilizaciones europeas es que, más
allá del signo que tengan, están apareciendo
novedades sustanciales en la política que tiene poco que
ver con las claves bajo las que estábamos acostumbrados a
analizarla. Entre ellas:

1 En países como el Reino Unido, señala
Martínez Lucio, está aumentando tanto la
afiliación a los sindicatos como su presencia social.
"Dado que el sistema electoral británico dificulta la
existencia de partidos minoritarios y prácticamente
imposibilita un espacio de izquierda fuera del partido laborista,
son las formaciones sindicales las que están empezando a
jugar este papel de izquierda alternativa. Desde hace unos
años están apareciendo nuevos líderes
sindicales, algunos de los cuales siguen militando en el partido
laborista, que están ocupando claramente ese espacio". Lo
que está por verse es cómo transforman esa
presencia en algún tipo de poder
político.

2. Las alternativas son cada vez más numerosas y
fragmentadas, como demuestran múltiples ejemplos europeos
(los últimos, España y Grecia). En un sentido,
porque están apareciendo nuevos jugadores
políticos, que van desde UPyD hasta el Frente Nacional
francés pasando por la apuesta centrista de
François Bayrou, el ascenso de los Liberal
Demócratas en el Reino Unido o por la recomposición
de la izquierda alemana en Die Linke, lo cual está
produciendo un juego de intereses político cada vez
más fluido. Pero, en otro, porque se está generando
un magma de organizaciones jóvenes, bien estructuradas,
que están potenciando cada vez más la sociedad
civil (como se ha notado en el 15 M español) pero que
carecen de un conductor articulado". Sin embargo, y aunque "este
no sea un fenómeno nuevo, porque llevamos en esa
situación fragmentada un periodo relativamente largo",
está cobrando cada vez más importancia, lo que
está haciendo fermentar un caldo de cultivo del que va a
surgir algo, aun cuando no pueda adivinarse todavía el
qué.

  • – Del "conservadurismo compasivo" del Imperator
    George W. Bush, a la "sociedad participativa" del Koning
    Willem Alexander I

El Gobierno gestionó de forma generosa la
protección social hasta la crisis. Holanda aboga por
sustituir el Estado del bienestar por una "sociedad
participativa"

"La apertura oficial del año parlamentario en
Holanda ha sido el escenario escogido por el actual Gobierno, de
centro izquierda, para anunciar la sustitución del
"clásico estado de bienestar de la segunda mitad del siglo
XX por una sociedad participativa". Una forma aséptica de
advertir a la ciudadanía de que la crisis sigue golpeando,
y "cada holandés debe adaptarse a los cambios que se
avecinan""…
Holanda aboga por sustituir el Estado del
bienestar por una "sociedad participativa" (El País –
17/9/13)

El entrecomillado procede del discurso de la Corona,
pronunciado por primera vez por el nuevo rey, Guillermo
Alejandro, pero escrito por un Ejecutivo en horas bajas. "El paso
hacia una sociedad participativa es particularmente notable en la
seguridad social y en los que necesiten cuidados de larga
duración. Es precisamente en esos sectores donde el
clásico Estado del bienestar de la segunda mitad del siglo
XX ha producido sistemas que en su forma actual ni son
sostenibles ni están adaptados a las expectativas de los
ciudadanos", agregó el monarca.

Una coalición de liberales y
socialdemócratas, cuyos planes son considerados nefastos
por un 80% de la población, según la encuesta
más reciente, encargada por la televisión nacional
(NOS). Del mismo sondeo de urgencia se deduce que los holandeses
confían más en el mundo empresarial, y la propia
regeneración de la economía mundial, que en la
capacidad de sus políticos para salir de la crisis. La
razón de su desánimo responde al anuncio de un
nuevo ajuste de 6.000 millones de euros y el duro cálculo
económico de la Oficina Central de Planificación
para 2014: el paro llegará hasta el 7,5%; el
déficit sumara un 3,3%, superando el límite del 3%
exigido por Bruselas, y el poder adquisitivo bajará un
0,5%. La Oficina es el órgano de referencia en cuestiones
de macroeconomía, y el Gobierno remite los presupuestos
generales a sus expertos para su estudio. De ahí que las
previsiones hayan sido publicadas sin problemas, y Mark Rutte,
primer ministro liberal, y Diederik Samsom, líder
socialdemócrata, hayan podido aferrarse a otro dato
esencial. El que cifra el crecimiento económico en un 0,5%
y ha permitido al rey Guillermo lanzar un tímido mensaje
esperanzador. "Si bien la crisis sigue notándose, hay
señales positivas que llevan a pensar que está
llegando a su fin y hay perspectivas de mejora para Holanda", ha
dicho.

Vestido de gala pero no de uniforme militar, y
flanqueado por su esposa, la reina consorte Máxima, el
monarca ha querido contribuir a la sobriedad general. Es verdad
que había gran expectación por ver a Máxima
sentada en un trono, aunque fuera más pequeño.
Después de cuatro soberanas seguidas, es la primera vez en
126 años que una consorte real acompaña al rey de
Holanda en la apertura parlamentaria. Las calles estaban llenas
para verles pasar en carroza, pero dentro no ha habido cortejo. A
la Sala de los Caballeros del antiguo Parlamento medieval de La
Haya le ha acompañado su hermano, el príncipe
Constantino, y su mujer, Laurentien. Solo los cuatro han
aparecido luego en la tradicional escena del balcón, su
estreno desde la abdicación de Beatriz, actual princesa.
Pero que nadie se engañe. El nuevo modelo social que se
avecina, cada vez menos ideológico y más cercano a
la tecnocracia, afectará a todos.

El rey ha recordado el endeudamiento de las familias, la
delicada situación de los bancos y la necesidad de reducir
el déficit. Ha subrayado la idoneidad de "unas reformas
que requieren tiempo" y ha señalado que su país
debe ser "un pueblo fuerte y consciente capaz de adaptar los
cambios a su vida". A continuación, ha explicado por
qué se descentraliza de este modo: "La gente quiere
decidir por sí misma, organizar su vida y cuidar unos de
otros". ¿Cómo se traduce todo ello a pie de
calle?

Parte de los costes de los dependientes y enfermos
crónicos, asistencia social y programas de
reintegración laboral pasarán a manos municipales.
Se trata de mejorar el servicio, pero los ayuntamientos disponen
para estas partidas de la mitad del presupuesto estatal. Otro
ejemplo son los subsidios para menores de seis años, y a
partir de esa edad, que se uniformarán a la baja; el
salario de los funcionarios se congela aunque pagaran menos
primas sanitarias; el Ejército recortará 2.300
puestos (en 2011 ya se aprobó una reducción de
12.000 militares); el Estado ahorrará 750 millones en
medicinas al reducir las pagadas por el seguro; los declarados
incapaces para trabajar recibirán menos ayudas extra y
todos los ministerios ahorraran, en conjunto, 165 millones de
euros, entre otras medidas.

Las reacciones fueron inmediatas y repartieron alabanzas
y críticas a partes iguales. Las primeras, para Guillermo,
que estuvo "impecable al añadir lo personal recordando a
su madre y a su hermano muerto, el príncipe Friso, a un
discurso de peso", según Sybrand Buma, líder
democristiano, que resumió el sentir del resto de sus
colegas parlamentarios. Las críticas se las llevó
la sociedad participativa promovida por el Gobierno. "Es una
ofensa para la gente y una política destructiva", dijo
Emile Roemer, jefe del Partido Socialista, radical. "Holanda es
el enfermo de Europa porque no se reforma", añadió
el propio Buma, en cuanto pasó del rey a política.
"No hay soluciones rápidas e indoloras. La economía
se recupera más despacio de lo esperado. Aunque seguimos
entre los países más ricos y competitivos del
mundo, en términos de bienestar estamos como en 2007. Pero
hay perspectivas, y estas reformas sientan la base de una
recuperación sostenida", contestó el ministro de
Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, al depositar su cartera con los
presupuestos en el Parlamento, que la discutirá en la
tercera semana de septiembre (2013).

"La ironía enseña los dientes en esta
crisis de nunca acabar. La próspera y calvinista Holanda,
firme aliada de Berlín y Bruselas para imponer
políticas de austeridad a rajatabla a todo el continente,
empieza a caer en su propia trampa. Nadie presionó tanto
para impulsar la rectitud con las cuentas públicas de la
eurozona: Holanda se ve obligada ahora a probar su propia
medicina, el pacto fiscal y los denominados Six Pack y Two Pack,
una especie de Sagradas Escrituras de la austeridad para
dificultar que los Gobiernos tomen medidas anticíclicas
(en plata, que en medio de una recesión el Estado gaste y
se endeude para compensar el hundimiento de la demanda privada).
El Ejecutivo aprobó ayer un nuevo recorte para el
año próximo, de 6.000 millones de euros -el 1% del
PIB-, para tratar de cumplir los objetivos fiscales marcados por
la Comisión Europea. No parece capaz de lograrlo: la
prestigiosa DCP, el centro oficial de planificación
económica, lleva tiempo avisando de que la tijera
agravará la recesión e impedirá, por tanto,
alcanzar las metas fiscales. Salvando las distancias, algo
parecido a lo que ocurre más al sur, en toda la
periferia"…
El Gobierno de Rutte se enfrenta a su propia
trampa de la austeridad (El País –
17/9/13)

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn,
concedió en mayo (2013) un año extra -hasta 2014-
al país para alcanzar un déficit del 3% del PIB,
ante el deterioro de la economía y en línea con la
nueva retórica en boga en Bruselas, más suave con
los recortes y más proclive a las reformas. Pero el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria empieza a hacer estragos, la
crisis financiera afecta a tres de los cuatro grandes bancos, el
paro sigue al alza (en niveles bajos, en torno al 7%, pero
creciendo a toda velocidad) y la confianza de consumidores y
empresas va de mal en peor. Rehn reclamó justo antes del
verano que La Haya hiciera "un esfuerzo fiscal adicional de al
menos un 1% del PIB", exactamente la cifra aprobada, para bajar
de ese listón del déficit del 3% en 2014. Pura
ficción: ese tijeretazo provocará un agravamiento
de la crisis e impedirá a Holanda cumplir con los
objetivos fijados por la Comisión, según el citado
DCP. El déficit se irá hasta el 3,3% en 2014, medio
punto más de lo previsto. La economía caerá
el 1,25% en el año 2013.

"La única vía para que España e
Italia salgan de la crisis es que hagan cambios en el mercado de
trabajo y sigan aprobando reformas y recortes", decía un
impulsivo Mark Rutte, el primer ministro holandés, en
junio del año pasado. Ahora le toca a él: su
Gobierno ha aplazado algunas reformas para no agravar la
recesión, y se ha visto obligado a desistir de un recorte
más ambicioso, tras coquetear con un tijeretazo aún
mayor para cumplir con Bruselas.

El malestar ciudadano crece: la coalición de
Gobierno se desploma en las encuestas, víctima de esa
política económica. El ministro de Finanzas y
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, avisa de que el
país debe recuperar el impulso reformista y defiende los
recortes como la única vía para conseguir un
crecimiento sostenible, un discurso calcado al que dedica al sur
de Europa. Pero las agencias de calificación ya han
amenazado con retirar la triple A (la máxima nota
crediticia), una auténtica obsesión en La Haya. Y
ni siquiera los economistas más conservadores apoyan el
abuso de tijera: Coen Teulings, del DCP, aseguraba hace unas
semanas que rebajas adicionales del gasto "pueden decapitar la
recuperación". "Holanda se ve obligada a ser más
papista que el Papa: se le caen los ingresos públicos por
la recesión, el consumo se desploma por efecto
precaución y las propias políticas que ellos han
dictado a la UE les llevan ahora a esos nuevos recortes que
pueden ser contraproducentes", explica Luis Garicano, profesor de
la London School of Economics afincado en Holanda. "Lo que
necesita el país es lo contrario: de alguna manera, este
es un ejemplo paradigmático de las consecuencias del
triunfo de la ideología sobre la razón",
cierra.

"Femke tiene 78 años, padece diabetes y dos
de sus mayores problemas asociados: hipertensión y
limitaciones funcionales porque no camina bien. Vive sola en el
norte de Holanda, recibe una pensión estatal y es ayudada
en su aseo personal, comida, limpieza de la casa y paseos por una
asistenta especializada pagada por la sanidad pública.
Femke, que no quiere dar más datos privados, forma parte
del segmento de población necesitado de cuidados de larga
duración, que serán recortados en la nueva sociedad
surgida de la crisis. Basada en la solidaridad y la iniciativa
privada, cuenta con las familias para hacerse cargo de sus
mayores y dependientes. De los ayuntamientos y los propios
vecinos, espera a su vez que regulen servicios antes generales.
En suma, un modelo social con menos subsidios y ayudas más
costosas, en lugar del Estado de bienestar levantado durante los
últimos sesenta años"…
Holanda se prepara
para pasar del bienestar a la solidaridad ciudadana (El
País – 21/9/13)

La transición no será fácil. El
Gobierno de centro izquierda tendrá que pactar con la
oposición para sacar adelante un ajuste (6.000 millones de
euros añadidos a los 46.000 millones aprobados desde 2010)
que afectará sobre todo a los pensionistas, y
reducirá las subvenciones para familias con niños
pequeños. Estas últimas varían en
función de los ingresos y el número de hijos, y
facilitan el pago de las guarderías. Pero la mayor
revolución no será contable. Hasta que la
recesión y el paro asomaron con fuerza, el Estado ha
gestionado la protección social de forma generosa (los
subsidios abarcan a la prole menor de edad, residente en el
extranjero, de los padres inmigrantes asentados en Holanda). A
cambio de pagar sus seguros e impuestos, el contribuyente lo
tiene todo regulado.

Es lo que Sadik Harchaoui, presidente del Consejo para
el Desarrollo Social, órgano asesor del Gobierno, denomina
"solidaridad indirecta". "Al estar todo cubierto, ha subido el
estándar de vida y la sensación de felicidad. Pero
este sistema es anónimo y ha generado a su vez
individualismo. Ha erosionado el papel de los ciudadanos en la
sociedad. Porque la solidaridad directa, la del apoyo mutuo,
tiene un fuerte componente emocional. Ahora que ya no hay dinero
público como antes, el Ejecutivo apela justamente a la
solidaridad directa", dice.

Con parientes lejanos, Femke no sabe qué
será de ella. ¿Perderá la asistenta que le
ayuda a moverse para evitar problemas circulatorios?
¿Irá menos horas a la semana, o será un
grupo de vecinas, con o sin apoyo municipal, el que se cubra sus
necesidades? Ella entiende que la crisis manda, pero pregunta
quién pagará por los servicios.

"El Estado ha gestionado el bienestar en las
últimas décadas y su obligación era evitar
las diferencias. Las iniciativas cívicas no son nuevas,
pero en cuanto entren en juego fondos privados y locales, puede
haber desigualdades. Y los holandeses no están
acostumbrados a ello. Por eso es fundamental organizar bien el
cambio de mentalidad propuesto. Pasar de recibir un subsidio, sin
más, a la solidaridad directa, no es fácil",
añade Harchaoui. Wim y Mariette Brugge, ambos de 36
años, con dos niños de cuatro y dos años,
son el prototipo de ciudadano capaz de adaptarse al nuevo orden.
Su generación ha ejercido con naturalidad la solidaridad
del voluntariado y las campañas humanitarias, buen dato.
Sus dudas, sin embargo, son parecidas a las de Femke.
Tenían a los dos pequeños en la guardería
tres días, y ahora solo va el mayor. Sus padres viven en
otra región, y Mariette, que trabaja en una tienda de
modas, ha visto reducida su jornada a los fines de semana por la
crisis. Wim es taxista sin coche propio y el domingo no circula,
así que una vecina se ocupa el sábado de los
niños. "Es un momento de incertidumbre. Han subido el
precio de la guardería porque hay menos niños. Ya
veremos qué pasa", dicen, desde el comedor de su piso en
Haarlem.

"Todos sabemos que hay que recortar gastos sociales.
Cómo lograrlo es otra cosa", asegura Paul Schnabel,
sociólogo y exdirector de la Oficina Central de
Planificación económica, asesora por excelencia del
Gobierno. "Este Gabinete es poco popular, pero a gran parte de la
oposición no le conviene que caiga. Quedaría todo
en manos de los que suben ahora: la derecha (del líder
xenófobo) Geert Wilders, el socialismo radical y el
partido de los pensionistas. Ninguno está capacitado para
gobernar", afirma. Schnabel subraya la importancia del Estado de
bienestar y el rechazo que genera su merma, pero recuerda que "el
PIB no sube, la recesión se alarga ya cinco años, y
no hay dinero para pagar; la gente tendrá que adaptarse".
Harchaoui está de acuerdo, aunque intenta suavizar el
golpe en la despedida: "Si el Estado traslada sus tareas de
protección social a los particulares, tal vez
podrían bajarse algo los impuestos", sugiere.

"Es uno de los países que mejor representa el
Estado de bienestar europeo, ese sistema de seguridad social
estatal promovido a partir de la posguerra que garantizó
altos niveles de equidad en el viejo continente. Pero el nuevo
rey de Holanda, Guillermo Alejandro, manifestó en su
primer discurso ante el Parlamento que el "Estado de bienestar
clásico de la segunda mitad del siglo XX está
terminado" y debe ser sustituido por "una sociedad
participativa"…
El adiós de Holanda a uno de
sus pilares: el Estado de bienestar (BBCMundo –
30/9/13)

Obviamente, el monarca no hablaba a título
personal sino en representación del gobierno de
coalición entre liberales (derecha) y laboristas
(centro-izquierda) que ganó las elecciones a fines del
año pasado con un mensaje de austeridad.

Según Diederik Boomsma, de la conservadora
Fundación Edmund Burke en Holanda, el mensaje apunta a un
cambio impostergable. "El Estado no puede ocuparse de todo.
Cuando el gobierno habla de una sociedad participativa
está promoviendo que una red de ciudadanos se haga cargo
de cosas que hasta ahora suministraba el Estado. Si alguien
está desempleado, su red familiar y de amigos pueden darle
los contactos para encontrar trabajo en vez de esperar que lo
haga el Estado con impuestos que pagamos todos y afectan el
crecimiento económico", le dice Boomsma a BBC
Mundo.

El Estado de Bienestar se consolidó en Europa
como un intento de garantizar que el conjunto de la sociedad,
incluidos los más pobres, tuviera acceso a servicios
básicos como salud, educación, pensión y
seguro de desempleo, todo financiado con impuestos. La actual
crisis sobrevino cuando a la carga impositiva se le
añadió la profunda crisis económica que
sacudió a Europa a partir del estallido financiero mundial
de 2008. Las anécdotas de excesos en el Estado de
bienestar, siempre jugosas, se multiplicaron por los medios de
comunicación y los partidos políticos holandeses
que reivindicaban la austeridad.

Una de las más citadas se refiere a los que
cobran el seguro de desempleo, aunque no lo necesitan o trabajan
en negro. "El Estado de bienestar corrompe a la gente que recibe
los beneficios porque los hace dependientes de esta ayuda, al
Estado porque crea una burocracia gigantesca y a la sociedad
porque nadie hace nada por el resto", comenta Boosma.

El primer ministro Mark Rutte reprendió
recientemente a los holandeses que trataban al Estado como una
"maquinita de la felicidad". Según los críticos,
uno de los más acabados ejemplos de esta "maquinita" es la
propuesta del socialista Alderman Peter Verschuren en 2008 para
que se aumentara la ayuda estatal de modo que los beneficiarios
pudieran reemplazar sus viejos televisores por los más
modernos de pantalla plana.

Desde la coalición gubernamental el Partido
Laborista alerta que no se trata de abolir el sistema sino de
mejorarlo, como le indica a BBC Mundo René Cuperus, de la
fundación laborista Wiardi Beckman Stichting. "La
necesidad de reforma no viene sólo de ahora. En los 90
había un millón de receptores del beneficio de
invalidez para un país con una población de 16
millones de personas. Esto se ajustó y cambió. Algo
similar se está haciendo ahora", añade.

Pero si bien los excesos existen, el discurso del rey no
cayó del cielo. Este septiembre (2013) el parlamento de
Holanda se embarca en una incierta batalla para la
aprobación de un ajuste de 6.000 millones de euros, que
incluye una reducción de los subsidios de salud, las
pensiones y las ayudas por desempleo. Con la crisis de la deuda
soberana europea desatada por Grecia en 2010, Holanda se ha
comportado como el alumno modelo de la Austeridad recortando el
gasto público por más de 46.000 millones de euros.
Lejos de subsanar el déficit fiscal o volver al
crecimiento, hoy atraviesa la tercera recesión en tres
años.

El círculo vicioso es típico de los
programas de ajuste. Al recortar el gasto cae la actividad
económica, se recauda menos (por menor consumo y
producción) y se gasta más (por creciente
desempleo), todo lo cual termina con un agujero mayor de las
cuentas fiscales.

El líder del Partido Socialista, Emile Roemer,
advirtió que en realidad no se busca modernizar el Estado
de bienestar, sino cerrar las cuentas. "Es una política
destructiva, una ofensa para la gente que no da esperanza
alguna", agregó. Según los socialistas, la sociedad
participativa que promueve el gobierno es un intento de hacer
creer que los servicios que presta el Estado no van a
desaparecer, sino que van a ser suministrados por organizaciones
caritativas, ONG y el mismo tejido familiar o de relaciones
sociales.

Esta reforma del Estado de bienestar mediante el uso del
sector privado no se limita a Holanda. En Reino Unido la
coalición conservadora-liberal demócrata de David
Cameron ha impulsado un concepto similar -la Big Society- para
cubrir los huecos abiertos por su programa de recortes, uno de
los más radicales de toda la Unión
Europea.

Según el profesor de la London School of
Economics, Howard Glennester, el objetivo de fondo es deshacerse
del Estado de bienestar.

"Las organizaciones caritativas son pequeñas,
funcionan con gente que trabaja medio tiempo de manera voluntaria
y no tienen los fondos necesarios para reemplazar al Estado", le
dice a BBC Mundo. "Lo que hay detrás es un proyecto
político de desmantelamiento del Estado benefactor basado
en la idea de que el estado hace todo mal y que las cosas
funcionaban mejor en un pasado idílico, el siglo XIX,
cuando las organizaciones caritativas tenían que cubrir
esas necesidades sociales como podían. La realidad es que
históricamente el Estado benefactor surgió por las
deficiencias de este modelo".

Autor de History of Social Policy Since the Second World
War ("Historia de las políticas sociales desde la Segunda
Guerra Mundial"), Glennester explica que el Estado de bienestar
no ha dejado de cambiar y adaptarse. "No existe un modelo
clásico inmóvil como plantea Holanda. El modelo se
ha adaptado todo el tiempo para lidiar con cambios
demográficos o problemas como el fraude o la dependencia
que son usados para denigrar el sistema cuando, en realidad, son
casos aislados sin incidencia real en el conjunto", dice. "En
este sentido las organizaciones caritativas pueden tener un papel
auxiliar para una diversificación administrativa del
sistema, pero no para sustituirlo o justificar
recortes".

1.3 – Análisis de un nuevo enfoque (el fin de
la "maquinita de la felicidad")

– ¿Ha muerto el Estado del Bienestar? (Libertad
Digital – 21/9/13) Lectura recomendada

Europa se enfrenta al reto
demográfico. Los expertos se preguntan cómo
financiar unos servicios públicos más caros sin
ahuyentar al contribuyente.

(Por Domingo Soriano)

El paso hacia una sociedad participativa
es particularmente notable en la seguridad social y en los que
necesiten cuidados de larga duración. Es precisamente en
esos sectores donde el clásico Estado del bienestar de la
segunda mitad del siglo XX ha producido sistemas que en su forma
actual ni son sostenibles ni están adaptados a las
expectativas de los ciudadanos.

Con estas palabras, leídas por su nuevo rey,
Guillermo Alejandro I, pero escritas por el Gobierno
liberal-socialdemócrata, Holanda se ponía este
martes a la cabeza de un debate que desde hace años
recorre Europa: ¿cómo mantener, si es que es
posible, el Estado del Bienestar creado tras la Segunda Guerra
Mundial?

La crisis económica ha puesto las
cuentas públicas de un buen número de países
de la UE al borde del precipicio. Todo el mundo es consciente en
los casos de España, Italia, Portugal o Grecia. Pero
también en el norte de Europa existe preocupación
por la sostenibilidad financiera de los servicios públicos
y las prestaciones sociales. Dinamarca, Suecia, Finlandia o el
Reino Unido llevan años (en algunos casos décadas)
implementando reformas en pensiones, educación o
sanidad.

De esta manera, mientras en el sur de Europa los
manifestantes claman por la elevación de la edad de
jubilación, el copago sanitario o la reducción del
número de funcionarios, a los contribuyentes alemanes o
finlandeses, que han puesto el dinero para rescatar a los PIIGS,
ya se les aplican estas medidas desde hace
años.

"Abrir el melón"

Ahora le toca el turno a Holanda, en una
débil situación económica, de abrir el
melón. No será sencillo. La oposición ya ha
puesto el grito en el cielo. Y el Gobierno asegura que no es una
elección sencilla, simplemente, es que no hay dinero. El
diario progresista De Volkskrant encabezaba su portada del
viernes con una contundente afirmación: "El Estado del
Bienestar ha muerto, viva la sociedad participativa".
¿Será verdad?

Mucho antes de la caída de Lehman Brothers en
septiembre de 2008, la sostenibilidad del Estado del Bienestar
europeo era puesta en duda por numerosos expertos. El modelo,
nacido a comienzos del siglo XX y llevado a su máxima
expresión tras la Segunda Guerra Mundial, daba muestras de
agotamiento.

Más beneficiarios y más caros

Cuando se habla del envejecimiento de la
población europea y del coste que tendrá, se piensa
siempre en las pensiones; pero no es éste el único
ámbito en el que el cambio de la pirámide
poblacional tendrá consecuencias. Se espera que en 2050
más del 25% de los ciudadanos europeos tengan más
de 65 años. Esto quiere decir menos personas trabajando y
más recibiendo prestaciones sociales cada vez más
caras.

Según los expertos, el gasto en sanidad, por
ejemplo, se mantiene más o menos estable desde los 10 a
los 60 años. A partir de esa edad, comienza a crecer de
forma casi exponencial. Los estudios dicen que en el año
2025, tratar a un paciente de menos de 65 años
costará unos 2.200 euros (a precios constantes de 2010).
Para los que tengan entre 65 y 79, esta cantidad se multiplica
por cuatro, hasta los 8.570 euros. Para los que tengan entre 80 y
94 años, el coste será de 15.000 euros (siete veces
más que al paciente convencional). Y para los mayores de
95 el coste será de 28.500 euros (catorce veces
más).

Habrá quien diga que a cambio se gastará
menos en educación, porque no nacen niños. Y que
hay cierto margen para subir el número total de la
población activa, cuando finalice la plena
incorporación de la mujer al mercado de trabajo (ahora
mismo, entre las mayores de 50 años, aún hay un
importante grupo al margen, una situación que irá
diluyéndose con el paso de los años). En cualquier
caso, ni el ahorro no será suficiente para cubrir los
incrementos del gasto sanitario, ni las nuevas incorporaciones
suplirán a las bajas.

Además, hay que tener en cuenta que las
prestaciones sociales cada día alcanzan a más
individuos. En Alemania, por ejemplo, antes de la crisis, se
estimaba que más del 70% de los hogares recibían
algún tipo de ayuda pública. En un país con
una renta per cápita que en la actualidad es ¡de
más de 32.600 euros! En Libertad de Elegir, Milton
Friedman, apuntaba "al comienzo de los programas de bienestar,
los individuos que se beneficiaban eran pocos y los
contribuyentes que financiaban los programas muchos. Ahora, todos
pagamos programas con el dinero de uno de nuestros bolsillos
intentando llenar el otro de los bolsillos".

Incentivos perversos

El Estado del Bienestar se asocia a la ayuda a los
necesitados. El problema es que dar dinero a alguien por "ser
algo" o por "estar en una determinada situación" implica
generar incentivos que pueden llegar a ser perversos. En
Dinamarca, por ejemplo, en los últimos meses, se ha
generado una gran polémica a raíz de determinados
casos aparecidos en los medios de comunicación de personas
que vivían sin trabajar durante años, aunque eran
perfectamente capaces de valerse por sí mismos; como el de
esa madre soltera con dos hijas que vive en una casa
pública, gana 2.700 dólares al mes y no ha
trabajado nunca. En el país nórdico, casi el 9% de
la población activa está oficialmente considerada
como discapacitada y recibe una prestación del Estado. Con
todo esto, sólo en 3 de 98 municipios la mayoría de
los residentes trabajan (contando niños y ancianos,
claro). Y eso en un país con una tasa de paro de menos del
5%.

Es muy difícil sostener una situación
así. En España, por ejemplo, hay menos de 19
millones de trabajadores con una población de 47 millones
de habitantes. Nadie quiere estar en el paro ni ser pobre, pero
si los incentivos no están alineados, se pueden acabar
propiciando situaciones indeseadas. Según los datos del
Observatorio Laboral de la Crisis de Fedea, aquellos parados que
no cobran el subsidio de desempleo tienen el doble de
posibilidades de encontrar trabajo que aquellos otros con sus
mismas características pero que sí tienen derecho a
una paga mensual. Todos los parados quieren un empleo, pero el
diseño de la prestación es clave para motivar y
facilitar que lo encuentren lo antes posible.

En este sentido, el Estado del Bienestar
ha generado una clase propia, de personas que han vivido durante
décadas de ayudas estatales que no quieren perder. En
EEUU, hay mucha literatura académica sobre personas que no
buscan empleo porque temen que les quiten sus beneficios. Un
estudio del Cato Institute apunta que en 39 estados, la paga
social del receptor medio es superior, por ejemplo, al salario
inicial de una secretaria.

Las estadísticas muestran que
cuando una persona comienza a recibir ayudas sociales, lo normal
es que salga con relativa facilidad de esa situación:
tiene relaciones laborales, está dentro de la
dinámica del mercado laboral,… Pero si se mantiene
más de un año, se multiplican las posibilidades de
que se perpetúe en ese estado. En España, los
parados con menos de tres meses en esa situación tienen
más del 50% de posibilidades de encontrar un empleo en el
trimestre siguiente; los de más de un año, menos
del 15%. Por lo tanto, los expertos apuntan a que las ayudas
deberían diseñarse para ser una ayuda para momentos
difíciles, que incluyan incentivos para salir de esa
situación, no un derecho sin ninguna
contraprestación para el beneficiario.

Y esto, ¿quién lo paga?

Aunque a veces se olvida, los
contribuyentes son la otra cara de la moneda del Estado del
Bienestar. Las pensiones, los sueldos de los médicos, los
ordenadores para los colegios y los subsidios del paro cuestan
dinero. Esta cuestión es una obviedad, pero casi nunca
entra en el debate. En ocasiones, parece como si las arcas del
Estado fueran infinitas. Pero no lo son. Cada euro que se gasta
en prestaciones (sean las que sean, justas o injustas, para
necesitados o aprovechados) se ha sacado antes del bolsillo de un
ciudadano a través de sus impuestos. El discurso
tradicional afirmaba que a cambio de las generosas prestaciones
públicas, los europeos estaban dispuestos a pagar elevados
tributos. Sin embargo, todo tiene un límite.

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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