La efectividad de la ayuda oficial al desarrollo de la R.O. de China con Honduras, en el sector seguridad (página 5)

ANEXO 5: 1

MAPAS DE LAS REGIONES DE LA VISIÓN DE
PAÍS 1

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gobierno 2010-2014, constituye el
primer paso en el largo camino para la concretización de
los principios de desarrollo, objetivos y metas de la
Visión de País hacia el año 2038, y de los
lineamientos estratégicos e indicadores del Plan de
Nación 2010-2022, cuya finalidad última es el
desarrollo integral de Honduras en lo económico y social.
La materialización de la Visión de País y el
Plan de Nación se fundamenta en la planificación
del desarrollo de las regiones, sustentado en la
participación ciudadana y en las potencialidades de las
cuencas hidrográficas del país.

En este contexto, el Plan de Gobierno es definido como
"el planteamiento de políticas, programas y proyectos que
en cada administración gubernamental, independientemente
del partido político que lo presente y ejecute, aborda la
forma como esa administración particular pretende
contribuir al logro de las metas e indicadores en cada uno de los
ejes estratégicos del Plan de Nación". A partir de
esta definición, el Gobierno de la República,
presidido por el Licenciado Porfirio Lobo Sosa, se ha
comprometido con el desafío de formular el Plan de
Gobierno 2010-2014, determinándolo como la primera
prioridad a nivel presupuestario y de la gestión
pública en general.

Este Plan toma como punto de inicio la
identificación de las principales características
que determinan el actual contexto económico, social y
político del país. En este sentido, el primer
capítulo aborda los aspectos claves del entorno
macroeconómico y los principales sectores, tanto
productivos como los sociales, ambientales y los relacionados con
la gobernabilidad, otorgando un énfasis particular a la
situación prevaleciente de pobreza y
desigualdad.

El segundo capítulo, aborda el estatus de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y el
alineamiento y armonización de la cooperación
externa, como dos procesos que han incidido en la gestión
pública en los últimos años y que orientan
los procesos de planificación del desarrollo en el marco
de la Visión de País.

El tercer capítulo, establece el marco
estratégico del Plan de Gobierno, considerando la
Visión de País, el Plan de Nación, y la
Agenda para el Cambio Ya. Asimismo, se incluye el marco de
lineamientos estratégicos, bajo el cual deben ser
definidos los diferentes planes de gobierno, toda vez que los
mismos se constituyen en instrumentos de la planificación
y la programación de mediano plazo, orientada a facilitar
el cumplimiento de la parte que debe ser ejecutada en cada
período de Gobierno.

El cuarto capítulo, se orienta a establecer la
importancia que el actual Gobierno le otorga a la estabilidad
macroeconómica, como fundamento del ahorro interno,
indispensable para elevar la tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB), reducir las vulnerabilidades
económicas provenientes del sector externo, fortalecer la
demanda interna, y en definitiva, contribuir a reducir la pobreza
si se reduce la desigualdad social.

El quinto capítulo, determina a nivel sectorial
los objetivos, medidas de política y metas a ser
impulsadas durante los cuatro años del actual Gobierno,
con un enfoque en las necesidades inmediatas, pero manteniendo la
visión de largo plazo, como elemento fundamental para
lograr los cambios trascendentales que se requieren para avanzar
en los 4 objetivos y las 23 metas de prioridad nacional definidos
en la Visión de País.

El capítulo sexto, plantea un nuevo enfoque en lo
referente a la asignación, ejecución y
administración de los recursos públicos, otorgando
la importancia que se merece la regionalización de la
inversión pública, como medio para atender los
requerimientos de amplios sectores de la población de las
regiones y municipios, de acuerdo a sus propios requerimientos,
particularidades y potencialidades.

Finalmente, el capítulo séptimo define el
marco institucional que se requiere para la implementación
del presente Plan de Gobierno, de los planes sucesivos y en
consecuencia, del Plan de Nación. Con este
propósito se abordan los aspectos relacionados con el
Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo
(SINAPLADEH), el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la
Visión de País y Plan de Nación, y los
procesos de auditoría y rendición de
cuentas.

En conclusión, la formulación del Plan de
Gobierno 2010-2014 se presenta como un proceso armónico,
integral y lógico en su estructura y en su
orientación hacia el logro de la parte de las metas que de
acuerdo a la visión de largo plazo, debe ser realizada en
estos cuatro años y que se fundamenta principalmente en el
marco de políticas y programas de las instituciones del
Gobierno Central y Descentralizado, complementado con un primer
ejercicio de socialización y retroalimentación en
las distintas regiones. Además, a la presente
administración le corresponde la compleja tarea de
establecer las bases para el desarrollo del Sistema Nacional de
Planificación, la armonización del presupuesto con
las metas de país y el establecimiento del marco
institucional para un seguimiento, monitoreo y rendición
de cuentas eficiente, transparente e incluyente.

Asimismo, existe el compromiso de la Secretaría
Técnica de Planificación y Cooperación
Externa (SEPLAN) para que los planes formulados en los siguientes
períodos de Gobierno, reflejen los procesos participativos
de planificación regional y local que se impulsan por
medio de los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD), en
congruencia con el marco general establecido por el Plan de
Nación y la Visión de País, y acorde con los
compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo y el Congreso
Nacional.

RESUMEN EJECUTIVO

• A. CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL Y
  POLITICO

En el período 2000-2008, la actividad
económica del país mostró un
desempeño robusto, creciendo a una tasa promedio anual de
alrededor de un 5% y de 6.3% durante el cuatrienio 2004-2007,
incrementos del PIB per cápita alrededor del 2.5% y 3.4%
respectivamente. El sector externo reflejó incrementos en
las exportaciones, las remesas familiares y la inversión
extranjera directa; y los principales indicadores
macroeconómicos mostraron una sustancial mejora, con tasas
de inflación de un dígito, un tipo de cambio
estable, tasas de interés hacia la baja, déficit
fiscal en niveles manejables, y un sistema financiero
solido.

No obstante, los buenos resultados en el marco
macroeconómico no fueron aprovechados de manera adecuada
para consolidar y robustecer la estructura productiva nacional,
ni para lograr avances sustanciales en la reducción de la
pobreza y en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de los
servicios sociales básicos. El manejo inadecuado de la
política económica nacional y la crisis financiera
y económica internacional, han determinado que el inicio
del nuevo Gobierno encuentre un país sumido en una grave
crisis económica, lo cual le resta capacidad al sector
público para actuar como un agente de cambio, y para
satisfacer las necesidades de los más
necesitados.

De acuerdo con los datos más recientes del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los hogares en
situación de pobreza extrema y de pobreza para 2009 fueron
de 36.2% y 59.2%, respectivamente, la tasa de desempleo abierto
fue de 2.9% y el desempleo invisible alcanzó un 29.8% del
total de la Población Económicamente Activa (PEA).
A esto se agrega que la desigualdad en la distribución de
los ingresos, medida por el coeficiente de Gini, asciendió
a 0.55; y que más de la mitad de la PEA está
ocupada en actividades no asalariadas. Esto último afecta
la calidad de los empleos, ya que conlleva al pago de bajas
remuneraciones y a la falta de acceso a los sistemas de
previsión social por parte de los trabajadores.

Con relación al sistema educativo, se identifican
grandes problemas estructurales relacionados con la calidad y
cobertura de la educación, deficiencias en la
infraestructura escolar, la formación integral de
capacidades de los educandos, entre otros. Estos problemas
dificultan el surgimiento de bases firmes para superar el
fenómeno de pobreza; y además obstaculizan los
procesos de creación y fortalecimiento de la
ciudadanía.

En lo referente al sector salud, éste presenta
una situación en la que sobresalen dos componentes
problemáticos, que entre sí refuerzan y condicionan
el grave problema de falta de correspondencia entre necesidades y
soluciones posibles, y se definen como: i) un sistema fragmentado
y desarticulado de subsistemas de atención en salud
-Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS) y sistema privado de establecimientos de
salud, con incipiente aporte a las metas del sector salud; y ii)
una situación de malestar social de la población,
debido a los problemas estructurales-coyunturales de
salud-enfermedad.

Durante décadas se han realizado importantes
inversiones dirigidas a expandir y mejorar la red de
infraestructura vial hondureña; pese a ello, la tasa de
construcción y mantenimiento de la red vial pavimentada es
baja, a lo cual se agregan las pérdidas que en este sector
provocan los fenómenos naturales recurrentes.
Además, el país requiere avanzar rápidamente
en la concretización de un fuerte programa de inversiones
para lograr un mejor aprovechamiento de sus ventajas comparativas
en materia portuaria; así como para el incremento de la
productividad agropecuaria, que requiere, entre otros factores,
de una fuerte inversión en la ampliación de la
cobertura de sistemas de riego.

En materia de recursos naturales, el país cuenta
con ventajas comparativas importantes tales como: variados
ecosistemas; amplia faja costera en el Atlántico;
importantes recursos en el Golfo de Fonseca; dotación de
tierras bajas con alto potencial productivo; un potencial de
recursos hídricos probablemente único en la
región centroamericana; suficientes pero desaprovechados
recursos forestales y de áreas protegidas; e importantes
recursos mineros. Desafortunadamente, el país ha
demostrado una reiterada incapacidad para el manejo efectivo y
protección de los recursos naturales, a lo cual se agrega
que las características biofísicas y
topográficas le convierten también en un
país altamente vulnerable frente a fenómenos
climatológicos.

Desde 1981 a 2009, el país ha avanzado hacia la
profundización de la democracia y la consolidación
gradual de sus instituciones. No obstante, los avances en este
proceso han sido insuficientes para satisfacer las demandas e
intereses de la población, lo cual repercute en mayores
niveles de abstencionismo electoral. Por otra parte, en la
segunda mitad de 2009, la democracia hondureña pasó
por una grave crisis, que puso a prueba la calidad y solidez de
la democracia, y reafirmó la necesidad de construir un
mejor sistema democrático, más participativo,
representativo e incluyente.

Por otra parte, Honduras forma parte de la lista de los
países más violentos de América Latina, con
una tasa de 57.9 homicidios por cada 100,000 habitantes (en
2008), y se ubica en la geografía de la inseguridad que
abarca a México y América Central, impulsada por el
crimen organizado y sus redes transnacionales. Debido a esto, la
inseguridad, entendida no solo desde el punto de vista
físico sino también jurídico, requiere de
esfuerzos permanentes, mayor asignación de recursos,
mejoras sustanciales de las instituciones operadoras de justicia,
un verdadero estado de derecho, y un Poder Judicial realmente
independiente y transparente.

• B. PROCESOS EN MARCHA
  RELACIONADOS CON EL PLAN DE GOBIERNO

En la actualidad se mantienen vigentes tres importantes
procesos en materia de política social: La Estrategia para
la Reducción de la Pobreza (ERP) y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM); y un nuevo enfoque sobre la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).

En el marco de la Visión de País y del
Plan de Nación, la ERP encuentra el espacio apropiado para
el logro de sus metas, ya que por una parte se articula con el
proceso de planificación del desarrollo, y por otra avanza
hacia un proceso de implementación a nivel regional, sobre
el cual varios esfuerzos se han venido desarrollando, pero en
forma aislada de la dimensión nacional.

En esta articulación, cada uno de los objetivos
nacionales de la Visión de País retoma los temas
centrales que la ERP plantea a nivel de sus áreas
estratégicas. En este sentido, el objetivo 1 asume lo
considerado en el área estratégica de la ERP sobre
la ampliación de capacidades y acumulación de
capital humano. El objetivo 2 retoma temas considerados en el
área estratégica de gestión de riesgos
sociales; y por su parte en el objetivo 3 se integran los temas
que se plantean en las áreas de creación de
oportunidades, participación en el mercado, aumento de la
productividad y generación de empleo, y el área de
modernización de la infraestructura económica y
social.

• C. MARCO ESTRATÉGICO DEL
  PLAN DE GOBIERNO

El Plan de Gobierno 2010-2014, constituye el instrumento
de planificación y programación presupuestaria
necesario para concretizar los principios orientadores del
desarrollo y los objetivos nacionales definidos en la
Visión de País al 2038 y el Plan de Nación
2010-2022, constituidos en Política de Estado,
según el Decreto No.286-2009 del Soberano Congreso
Nacional, con el respaldo decidido de todos los partidos
políticos legalmente constituidos y los diversos sectores
nacionales.

La Visión de País se vislumbra como la
imagen objetivo de las características sociales,
políticas, económicas y ambientales que el
país debe alcanzar al año 2038, mediante la
ejecución de los sucesivos planes de nación y
planes gobierno, consistentes entre sí y congruentes con
las aspiraciones de la sociedad hondureña. Asimismo, el
Plan de Nación se define como el conjunto de ejes
estratégicos que orientarán la acción del
sector público, a través de varios períodos
de Gobierno hasta el año 2022, y de forma indicativa las
acciones del sector privado, con el fin último de atender
y solventar los desafíos que implica el desarrollo
nacional.

Asimismo, el Plan de Gobierno incluye como parte de su
agenda programática, la filosofía del Centro
Humanismo, que propugna por la plena realización del
hombre y de lo humano dentro de un marco de principios
cristianos. Los principios básicos de la gestión
pública, fundamentada en la filosofía del Centro
Humanismo, se refieren a lo siguiente: dignidad de la persona
humana, bien común, solidaridad y subsidiaridad. Estos
principios, que fundamentan la Agenda para el Cambio Ya, se
concretizan en tres pilares que sirven de cimiento y a la vez
transversalizan todos los aspectos comprendidos en el Plan de
Gobierno de la presente administración: educación
con salud; ingreso familiar más empleo y
seguridad.

Por otra parte, la Visión de País y el
Plan de Nación, establecen que el desarrollo regional
constituye el modelo de gestión más apropiado para
lograr el crecimiento económico y social del país.
En tal sentido, el proceso de regionalización constituye
uno de los mayores hitos para el desarrollo del
país.

• D. MARCO MACROECONÓMICO
  DEL PLAN DE GOBIERNO

El marco macroeconómico del Plan de Gobierno
contextualiza el inicio de la implementación del Plan de
Nación y Visión de País. La estabilidad
macroeconómica, como fundamento del ahorro interno, es uno
de los lineamientos estratégicos del Plan de
Nación, que la concibe como un elemento que contribuye al
logro de los siguientes objetivos: i) elevar la tasa de
crecimiento del PIB a niveles superiores a la tasa de crecimiento
de la población; ii) reducir las vulnerabilidades
económicas provenientes del sector externo, a
través de una situación fiscal fortalecida, un
sistema financiero solido y una posición comercial y
financiera equilibrada con el resto del mundo, que permitan
aumentar sustancialmente la base de ahorro; iii) lograr
coordinación en la formulación de las
políticas económicas que permitan alcanzar un nivel
de inflación bajo y consistente con los demás
objetivos y un tipo de cambio competitivo; y, iv) fortalecer la
demanda interna y recuperar los niveles de inversión
pública y privada, mejorando el acceso a los mercados de
capitales, recursos y trabajo, como elementos fundamentales del
fortalecimiento de la clase media.

El contenido del marco macroeconómico abarca las
políticas y proyecciones relacionadas con la tasa de
crecimiento esperada para la economía hondureña en
el período de Gobierno 2010-2014, así como las
proyecciones de las principales variables que se derivan de la
ejecución de las políticas fiscal, monetaria,
cambiaria y crediticia, y la tendencia de las magnitudes que
afectan la oferta y demanda de recursos financieros.

• E. OBJETIVOS, MEDIDAS DE
  POLÍTICA Y METAS DEL PLAN DEL GOBIERNO

Los objetivos y medidas de política contempladas
en el Plan de Gobierno 2010-2014, se han estructurado de tal
manera que sus resultados contribuyan en el mediano plazo al
cumplimiento de los 4 objetivos nacionales, 23 metas y 65
indicadores de la Visión de País y Plan de
Nación.

El primer gran objetivo hace referencia a la necesidad
de lograr avances sustanciales en el proceso de construir una
sociedad cohesionada e incluyente, con reducción
progresiva y sostenida en el porcentaje de hogares que
actualmente viven en condiciones de pobreza extrema y pobreza.
Enfrentar con éxito este desafío requiere entre
otros factores, menores índices de desigualdad en el
acceso a activos productivos y en materia de ingresos, así
como la creación de las condiciones y los medios que
faciliten a todos los hondureños, y sobre todo a los de
menores ingresos, el acceso igualitario a servicios de calidad en
materia de educación, salud, formación profesional,
seguridad social y servicios básicos.

Mediante el segundo macro objetivo, se busca profundizar
la democracia representativa y participativa, haciendo uso, entre
otros medios, del plebiscito y el referéndum como formas
de participación ciudadana en los temas más
trascendentes del país. Asimismo, es fundamental lograr
que la población tenga una conciencia más
sólida acerca de sus derechos y de la importancia de
contar con un sistema de justicia integrado, efectivo y expedito,
así como de vivir en un entorno seguro, con niveles
reducidos de criminalidad. De manera particular, se procura
consolidar el sistema de derechos de propiedad, que todos los
ocupantes de tierras tengan un título que los acredite
como dueños, que el Estado disponga de cuerpos de
seguridad modernos apoyados con sistemas de inteligencia y de
integridad, con instituciones sólidas y coordinadas, y,
que las Fuerzas Armadas sean garantes efectivos de la
Constitución y de la defensa de la soberanía
nacional.

En el marco del tercer gran objetivo, se
desarrollarán acciones orientadas a consolidar el
desarrollo regional como modelo de gestión para el
crecimiento económico y social. Esto implica avanzar en la
constitución de los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) en cada región, como instrumento regulador y
normativo para la inversión productiva, el desarrollo
social y la inversión en infraestructura, bajo mecanismos
coordinados y armonizados entre la institucionalidad del Gobierno
Central, los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) y los
municipios en cada región. Además, el incremento de
la productividad, la creación de mayores oportunidades y
la generación de empleos de calidad, requiere que el
país adquiera posiciones de liderazgo a nivel
centroamericano en materia de servicios de logística y
transporte, maquila, turismo y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, así como en procesos de
generación de energía limpia, alimentos, minerales
y derivados del sector forestal.

Finalmente, el cuarto macro objetivo procura que el
Estado de Honduras evolucione en términos de
facilitación administrativa y consolidación de la
seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e
inversionistas, mediante la modernización institucional,
mayor transparencia y eficiencia en la gestión
pública, y avances importantes en los procesos de
descentralización a nivel municipal.

Asimismo, existe consenso de que la eficiencia y
efectividad de las instituciones públicas, se
logrará mediante la implementación del Gobierno
Electrónico, para mejorar la gestión y la
prestación de servicios, afianzar la institucionalidad
democrática, y generar un efecto multiplicador en los
niveles de absorción de la Tecnología de
Información y Comunicación (TIC) a nivel de
país.

Conforme a la Visión de País, mediante el
logro de este objetivo, se consolida el modelo de desarrollo
nacional sobre la base del desarrollo regional, desde el nivel
municipal. En este sentido, el proceso de
descentralización debe avanzar sustantivamente, de tal
manera que los municipios se constituyen en los gestores para el
desarrollo regional, eficientando sus procesos de
planificación, inversión, gestión financiera
y administrativa, y ejecución de proyectos, propiciando en
forma permanente la participación de la
población.

Respecto a las metas e indicadores del Plan de Gobierno,
la SEPLAN inició a finales del primer trimestre del 2010,
un trabajo con las diversas instituciones del Gobierno, dirigido
a revisar y validar técnicamente los indicadores del Plan
de Nación, con el fin de garantizar un proceso efectivo de
evaluación posterior. Estas metas e indicadores
constituyen la base para el Sistema de Monitoreo y
Evaluación de la Visión de País y Plan de
Nación y del Plan de Gobierno 2010-2014. Se incluyeron
aquellas metas e indicadores institucionales o sectoriales
(intermedios o de progreso) más relevantes o prioritarios
que pudiesen mostrar el avance hacia la Visión de
País y a la implementación del Plan de
Nación. Los indicadores de proceso estarán
incluidos en los Planes Operativos Anuales (POA) de cada
institución.

• F. MARCO ORIENTADOR DE LA
  INVERSIÓN PÚBLICA

El marco presupuestario hace referencia a la
Política de Inversión Pública establecida
por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), entendida la
inversión como un factor clave para el desarrollo del
país, donde al Gobierno le corresponde un rol activo,
promoviendo un clima interno de confianza que genere condiciones
atractivas para el desarrollo de la inversión privada, y
asegure que la inversión pública, bajo su
responsabilidad, se traduzca en un aporte real al desarrollo
social y económico del país. En este
sentido, el Programa de Inversión Pública es uno de
los instrumentos de planificación más importantes
del Gobierno, que le permite llevar a la práctica las
políticas, planes y programas, enmarcados en la
Visión de País, Plan de Nación y Plan de
Gobierno.

Por estas razones, el proceso de inversión
pública debe responder a las necesidades de la
población, por lo que se introducirán cambios
fundamentales en todas las etapas del proceso de inversión
pública a partir de 2012, reconociendo la importancia de
este proceso de inversión en la dinamización de la
actividad económica y en la provisión de servicios
de calidad para los hondureños(as).

• G. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA
  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

El Sistema Nacional de Planificación para el
Desarrollo de Honduras (SINAPLADEH) se define como el conjunto de
procesos ejecutados a través de la estructura
institucional definida, y sistemas ordenados e integrados,
desarrollando normas y procedimientos técnicos y
administrativos a los niveles institucional y sectorial, y en los
ámbitos nacional, regional, municipal y local. Asimismo
contempla la implementación de mecanismos de
participación para la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de planes que
permitan la eficiencia y transparencia en la asignación y
ejecución de recursos, mayor participación en la
toma de decisiones, y ordenamiento institucional para el logro de
los objetivos y metas de la Visión de País a
través del avance sostenido de los indicadores del Plan de
Nación.

De igual manera, la Ley concibe como los elementos del
SINAPLADEH los siguientes: i) marco jurídico; ii) marco
institucional; iii) sistema de monitoreo y evaluación; iv)
observatorio de cumplimiento y; v) sistema nacional de
integridad.

El SINAPLADEH apunta, entre otros, a los siguientes
objetivos: i) institucionalizar el proceso de
planificación del desarrollo para el logro de los
objetivos, metas, lineamientos estratégicos e indicadores
de la Visión de País y Plan de Nación; ii)
garantizar a través de los planes de corto, mediano y
largo plazo en los niveles nacional, regional, y municipal, el
uso adecuado de los recursos nacionales y su efectiva
orientación al desarrollo; iii) medir el avance en el
desarrollo nacional y regional a través de la
integración y eficiencia del Sistema de Monitoreo y
Evaluación, y; iv) orientar la cooperación
internacional para el desarrollo en función de la
Visión de País y Plan de Nación.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación, la
auditoría social y rendición de cuentas se
constituyen en elementos sustanciales del proceso de
planificación del desarrollo, destacando el papel que la
Ley le asigna al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y al
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Finalmente, y como parte de los anexos, se destacan dos
trabajos. Primero se presentan, a manera de resumen, los
principales aportes del proceso de socialización a nivel
de las regiones, del Anteproyecto del Presupuesto 2011 y las
prioridades del Plan de Gobierno que a su vez retroalimentaron el
presente Plan. Segundo, se presenta una matriz que relaciona los
objetivos y metas de la Visión de País con los
indicadores del Plan de Nación y los indicadores para cada
uno de los años del Plan de Gobierno 2010-2014; en base a
esta matriz se dará seguimiento al cumplimiento de las
metas por cada una de las instituciones del Gobierno.

CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y
POLÍTICO

ASPECTOS
MACROECONÓMICOS[37]

En los últimos treinta años, la
economía hondureña ha manifestado diversos signos
de inestabilidad estructural, reflejados en una tasa promedio
anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB),
ligeramente superior a la tasa de crecimiento de la
población. La insuficiencia del crecimiento
económico de largo plazo, no ha permitido realizar
esfuerzos de alto impacto en la disminución de las
inequidades sociales y la pobreza.

No obstante, en el período 2000-2008 la actividad
económica del país mostró un mejor
desempeño, creciendo a una tasa promedio anual de
alrededor de 5%, que permitió alcanzar incrementos del PIB
per cápita de alrededor de 2.5%. Añadido a lo
anterior, se observó una mejora en los principales
indicadores macroeconómicos, con tasas de inflación
de un dígito, un tipo de cambio fijo desde el 2005, tasas
de interés hacia la baja, déficit fiscal en niveles
manejables y una mejora en la solidez del sistema
financiero.

Durante este período, las variables asociadas al
comportamiento del sector externo evolucionaron en forma
favorable, reflejando incrementos en las exportaciones, las
remesas familiares y la inversión extranjera directa; el
saldo de la deuda externa y el servicio de la deuda mostraron
disminuciones sustanciales gracias a la iniciativa de
condonación de deuda de los organismos internacionales y
gobiernos amigos, en el marco del esfuerzo por apoyar el
financiamiento de los programas y proyectos de la Estrategia para
la Reducción de la Pobreza (ERP).

Este período de desempeño favorable en las
variables macroeconómicas no fue aprovechado de manera
adecuada para consolidar y robustecer la estructura productiva
nacional, ni para lograr avances sustanciales en la
reducción de la pobreza y en el mejoramiento de la calidad
y la cobertura de los servicios sociales básicos. El
manejo inadecuado de la política económica y la
crisis financiera y económica internacional, han
determinado que el nuevo Gobierno que asume la conducción
del país en el 2010, encuentre a Honduras sumida en una
grave crisis económica.

Los efectos de esta crisis que impactaron con mayor
fuerza en el año 2009, han tenido efectos drásticos
en las finanzas públicas, el crecimiento económico
y la inversión privada, nacional y extranjera, generando
una caída en los ingresos y el empleo, cuyo efecto se
estima que perdurará durante los primeros tres años
del Plan de Nación, restando capacidad al sector
público para actuar como un agente de cambio, e impidiendo
la ejecución de reformas estructurales en las finanzas
públicas, como también orientar masivamente
recursos a la satisfacción de las necesidades de los
más pobres.

8Considerando la evolución de las principales
variables macroeconómicas durante el 2009, para el 2010 se
estima un crecimiento económico en términos reales
alrededor de 2.5%-3.5%, un déficit fiscal de la
Administración Central en relación al PIB
proyectado de -3.4% y un saldo de Reservas Internacionales Netas
(RIN) que produce una cobertura mínima igual a 3.0 meses
de importación. No obstante, en el corto plazo
todavía no se podrá evitar un deterioro de la
calidad del gasto público; efecto que implica la necesidad
de reformular el marco macroeconómico para los
próximos años y crear alternativas innovadoras de
financiamiento para no desatender los programas sociales
(capítulo IV). Adicionalmente, la utilización de
cantidades enormes de recursos hacia fines no presupuestados, en
conjunto con la suspensión de desembolsos externos, ha
generado grandes compromisos financieros incumplidos con
proveedores, municipalidades, contratistas y otros agentes
económicos, que afectan la disponibilidad de recursos en
el 2010 para hacer frente a las necesidades sociales
básicas, incrementadas por la crisis.

Bajo dicho panorama, el Gobierno y la ciudadanía
tienen la tarea de racionalizar el uso de los recursos
disponibles, asignando fondos a proyectos con mayor rentabilidad
social y económica, cancelando programas de poco
rendimiento económico y social, reestructurando o cerrando
instituciones con exiguo impacto en el bienestar social y
revisando la estructura impositiva, para reducir la
evasión fiscal y aumentar la progresividad de la escala
tributaria.

ASPECTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y
AMBIENTALES

Pobreza y Desigualdad

De acuerdo a los datos más recientes del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los hogares en
situación de pobreza extrema y pobreza fueron para el 2009
de 36.2% y 59.2% respectivamente, la tasa de desempleo abierto
fue de 2.9% y el subempleo invisible alcanzaba un 29.8% del total
de la Población Económicamente Activa (PEA). A esto
se agrega que la desigualdad en la distribución de los
ingresos, medida por el coeficiente de Gini, ascendió a
0.55; y que más de la mitad de la PEA está ocupada
en actividades no asalariadas. Esto último afecta la
calidad de los empleos, ya que conlleva al pago de bajas
remuneraciones y a la falta de acceso a los sistemas de
previsión social por parte de los trabajadores.

Las tendencias de la población manifiestan que
Honduras continuará teniendo por muchos años tasas
de crecimiento demográfico superiores al promedio
regional, que la sociedad será cada vez más urbana
y que la población en edad de trabajar y, por consiguiente
la PEA (entre 15 a 64 años), rondará en pocos
años casi los dos tercios de la población total.
Todo esto implica fuertes presiones para obtener mayores tasas de
crecimiento económico, a fin de alcanzar un importante
crecimiento del ingreso per cápita y de atender
adecuadamente el incremento de la demanda de empleo.
Además, el proceso de urbanización implica que solo
para mantener los niveles actuales, aunque insatisfactorios, de
dotación de infraestructura y servicios urbanos, Honduras
deberá duplicar, entre otros, lo siguiente: i) servicios
de agua potable y redes de alcantarillado; ii) red de
comunicación terrestre; iii) redes de telefonía y
telecomunicaciones; iv) escuelas primarias; v) centros de salud,
y; vi) instalaciones para alumbrado eléctrico.

Por otro lado, existen otras tendencias poblacionales
que afectarán la oferta y calidad de los servicios
sociales, tales como la disminución relativa de la
población en edad escolar; la disminución paulatina
de las tasas de fecundidad y mortalidad infantil y el aumento en
la esperanza de vida. Estos cambios, requerirán ciertos
reacomodos en los servicios de salud, en las prioridades en
materia de educación y en los servicios de atención
al adulto mayor.

Finalmente, con relación al tema de la
población, el país tiene la oportunidad de
aprovechar el "bono" o activo que se deriva de la
transición demográfica, hacia un mayor predominio
de la población joven (edad plena para lograr mejores
índices de productividad). Asimismo, se espera que la tasa
de dependencia demográfica sea cada vez menor, lo cual
representa cierto alivio a nivel de los hogares y la
economía nacional. No obstante, es necesario aclarar que
el bono demográfico solo será aprovechable si se
dota a la población joven de educación y
formación profesional, y se generan empleos de calidad; de
no ser así, la mayor oferta de fuerza laboral
podría aumentar aún más el empleo
informal.

1.1 Productividad, oportunidades y
empleo

De acuerdo al Índice Global de Competitividad
(IGC) formulado por el Foro Económico Mundial (FEM), la
infraestructura de alta calidad es crítica para asegurar
el eficiente funcionamiento de la economía y es un factor
determinante para la localización de la actividad
económica. Esto es así, porque permite la
integración del mercado nacional y la conectividad con
mercados internacionales.

Debido a la conformación de la matriz
energética con alta dependencia de la generación
térmica (75%), entre los elementos que más inciden
en la productividad y competitividad del país está
el costo, disponibilidad y calidad de los insumos
energéticos, principalmente de la electricidad y los
hidrocarburos. En lo referente al costo, existe una permanente
preocupación por el comportamiento alcista del precio del
petróleo y sus derivados en los mercados internacionales,
que incide directamente sobre el precio de la electricidad en
Honduras.

Durante décadas, el país ha realizado
importantes inversiones dirigidas a expandir y mejorar la red de
infraestructura vial hondureña, lo cual se manifiesta en
una tasa promedio de inversión equivalente a 2.9 % del PIB
para los últimos 10 años. Pese a ello, la red vial
pavimentada y su mantenimiento continuo, es limitada; a lo cual
se agregan las pérdidas que en este sector provocan los
fenómenos naturales recurrentes.

Con respecto a la infraestructura de puertos, Honduras
tiene en Puerto Cortés, el puerto marítimo
más importante del Atlántico en la región
centroamericana (no incluye Panamá), en el cual se atiende
alrededor del 85% del movimiento importador y exportador del
país, incluyendo una demanda creciente proveniente de El
Salvador y Nicaragua. En relación a lo anterior, se ha
identificado la necesidad de realizar inversiones para modernizar
y ampliar en el corto plazo la capacidad de Puerto Cortés.
Además, la localización y profundidad de Puerto
Castilla constituye un activo que debe ser potenciado por el
país.

Otro programa de inversión importante, es la
ampliación en la cobertura de sistemas de riego en los
valles más productivos del país, lo cual
tendrá un impacto en el aumento de la productividad
agropecuaria.

Sostenibilidad y Vulnerabilidad
Ambiental

Honduras cuenta con un territorio en donde convergen
variados ecosistemas que la definen como una nación
ambiental, cultural y territorialmente diversa, como parte de lo
cual destacan: más de 650 kilómetros de faja
costera sobre el Caribe; alrededor de 100,000 hectáreas de
manglares con una importante riqueza en fauna en el Golfo de
Fonseca; más de 2 millones de hectáreas de tierras
bajas con alto potencial productivo; la segunda barrera de
arrecife coralino más importante del planeta; más
de 2 millones de hectáreas de bosques ubicados en 91
áreas protegidas; alrededor de 3.5 millones de
hectáreas de bosques productivos; el segundo bosque
lluvioso más importante de América; 239 cuerpos de
agua continental propios para el desarrollo acuícola; 5
sitios en la lista de humedales de importancia internacional bajo
el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional, firmado
en Ramsar, Iran; la Biósfera del Río Plátano
reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como
Patrimonio de la Humanidad.

Los valles más extensos y de mayor capacidad
productiva se encuentran localizados en el litoral
atlántico, articulados con cadenas montañosas de
altas pendientes, en donde nacen los principales ríos del
país. La faja central del territorio, hasta llegar a la
Mosquitia, es predominantemente montañosa con la
conformación de valles en condición de altiplanos.
Al extremo oriente del país, la Mosquitia se manifiesta
como el "territorio plano continuo" más importante del
país y zona de reserva biológica con potencial de
incalculable valor. La región sur, que desemboca en el
Golfo de Fonseca, presenta tierras planas con pendientes menores
a 15% que cierran al océano con una extraordinaria
conformación de manglares.

El 27% del territorio hondureño (más de
30,000 kilómetros cuadrados) cuenta con un régimen
especial de administración derivado de decretos
legislativos, acuerdos ejecutivos y resoluciones municipales que
les declaran como Áreas Protegidas, Parques Nacionales,
Patrimonios Naturales, Patrimonios Culturales (entre otras
denominaciones). Las Áreas Protegidas cumplen no solo con
propósitos de conservación de la biodiversidad y la
vida silvestre, sino también de recarga hídrica de
los principales ríos del país por sus
características forestales. El Estado ha demostrada una
reiterada incapacidad para la protección y manejo efectivo
de las áreas protegidas. No obstante, se han venido
creando condiciones para un lento, pero progresivo cambio de
mentalidad y la formación de una cultura ambiental que
hace que, aún hoy en día, mantengamos un potencial
de servicio hídrico probablemente único en la
región centroamericana.

La oferta global de agua para el país es de
87,000 hectómetros cúbicos por año; no
obstante esta disponibilidad es aparente (en la naturaleza),
debido a que la falta de infraestructura no permite que se
utilice más del 5% de la oferta existente. En
consecuencia, a pesar del fuerte potencial, la demanda actual de
agua potable no es satisfecha y existe una brecha de 15% a nivel
nacional (17% rural, 7% urbano); apenas se tienen bajo riego un
total de 90,000 hectáreas (en 2009) que pudieran
duplicarse en pocos años; y el aprovechamiento para la
generación hidroeléctrica es sustancialmente
bajo.

Por otra parte, los efectos del cambio climático
en Honduras, al igual que en la mayoría de los
países, se manifiestan en el aumento de las temperaturas,
variabilidad en el régimen de lluvias (precipitaciones
extremas ó sequías extremas) y mayor intensidad en
fenómenos meteorológicos; que afectan de manera
negativa las condiciones de vida y seguridad de las personas,
así como las actividades productivas.

Además, las características
biofísicas y topográficas del país, pese a
derivar en una abundante riqueza natural, le convierten
también en uno de los países más vulnerables
del planeta frente a fenómenos climatológicos;
exacerbado por los efectos que provocan el aprovechamiento
irracional de los recursos naturales.

Desarrollo Democrático y Seguridad
Ciudadana

Honduras ha transitado desde 1981 a 2009 por un proceso
de perfeccionamiento democrático y de consolidación
gradual de sus instituciones. No obstante, los avances en este
proceso han sido insuficientes para satisfacer las demandas e
intereses de la población, lo que repercute en niveles
altos de abstencionismo electoral, que en apenas 7 elecciones
desde 1981 a 2005, creció del 21.4% hasta 44.6%. Por otra
parte, en la segunda mitad de 2009, la democracia
hondureña pasó por una grave crisis, que puso a
prueba la calidad y solidez de su democracia y reafirmó la
necesidad de construir un mejor sistema democrático,
más participativo, representativo e incluyente.

A pesar de que el proceso electoral de 2009
contribuyó a consolidar el sistema político
hondureño, no se puede ignorar que las manifestaciones
críticas de gobernabilidad y confianza en el sistema
democrático experimentadas en los últimos meses,
representan la expresión de problemas pendientes de
solución. Los problemas propios del régimen
democrático hondureño incluyen asuntos inherentes a
los atributos y vacíos en la construcción de
ciudadanía y además temas referentes a la
coherencia del tejido social, económico y político
del país.

Por otra parte, Honduras forma parte de la lista de
países más violentos de América Latina, con
una tasa de 57.9 homicidios por cada 100,000 habitantes (en
2008), y se ubica en la geografía de inseguridad que
abarca a México y América Central, impulsada por el
crimen organizado y sus redes transnacionales. Debido a esto, la
inseguridad, entendida no solo desde el punto de vista
físico sino también jurídico, requiere de
esfuerzos permanentes, mayor asignación de recursos,
mejoras sustanciales de las instituciones operadoras de justicia,
un verdadero estado de derecho, y un Poder Judicial independiente
y transparente.

Papel del Estado en la Promoción de
la Competitividad

La Estrategia Nacional de Competitividad identifica
cuatro motores de desarrollo que deben ser impulsados en forma
agresiva y sostenida a nivel internacional: i) un nuevo momento
de la maquila (esta vez orientada a servicios como Contact
Centers y servicios de Back Office); ii) el desarrollo integral
del potencial agroalimentario; iii) la promoción del
sector forestal como uno de los tres más importantes
recursos naturales del país y iv) el desarrollo integral
del turismo.

El impulso de esta Estrategia requiere que se defina e
implemente un Programa Imagen País, bajo el marco de una
alianza pública-privada que implique amplios acuerdos en
cuanto a contenido, intensidad, financiamiento y debidamente
alineado con los ejes prioritarios de la Estrategia.

El desempeño eficiente del Gobierno en la
implementación de programas de apoyo a la competitividad
del país, requiere que se fortalezca su capacidad de
gerencia y ejecución, de manera que los beneficios de cada
programa y acción puedan instrumentarse a nivel
local.

Para aumentar la eficiencia de las instituciones y
dotarlas con capacidad institucional se requiere trabajar en al
menos cuatro elementos: la relevancia y claridad de su mandato,
el perfil de sus recursos humanos, el nivel de presupuesto
asignado y la existencia de mecanismos de
ejecución.

Para consolidar las relaciones de Honduras con la
comunidad internacional, se pondrá en marcha un nuevo
modelo de servicio exterior enmarcado bajo el concepto de
"Diplomacia para el Desarrollo"". Se reformulará la Ley de
Servicio al Exterior, en donde se enmarcara la permanente
profesionalización y renovación de funcionarios
para el servicio exterior, para ello, se iniciara un proceso de
modernización y transformación con la
implementación de cuatro Diplomados: Diplomado en
Política Exterior, Diplomado en Promoción de
Inversiones, Diplomado en Cooperación Externa, Diplomado
en Asistencia Migratoria y Prestación de Servicios
Consulares. Así mismo, se pondrá en marcha un nuevo
sistema digital, en donde se orientaran esfuerzos
sistemáticos de desarrollo en las áreas de
análisis geopolítico, investigación
económica y comercial, servicios consulares,
promoción de inversiones y organismos internacionales;
este sistema de información será el más
moderno de Centroamérica.

PROCESOS EN MARCHA RELACIONADOS CON EL PLAN
DE GOBIERNO

ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA
POBREZA (ERP)

La ERP, ha sido durante los últimos años,
el principal marco de la política social del país,
e instrumento orientador de la planificación
institucional, sectorial, y en el ámbito municipal. La ERP
surge como una meta importante del Plan Maestro para la
Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN)
formulado a raíz del impacto del Huracán Mitch y
presentado a la comunidad internacional en la Reunión del
Grupo Consultivo de Estocolmo en 1999. Esta estrategia fue
financiada en gran parte con recursos de la condonación de
la deuda externa, en el marco de la Iniciativa de Países
Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en
inglés).

La ERP inicia su formulación en el año
1999 y finaliza su primera versión en el 2001, sobre la
base de un proceso de consulta con la Sociedad Civil llevado a
cabo entre febrero de 2000 y julio de 2001. Durante los
años subsiguientes, la Estrategia fue objeto de varios
procesos de revisión y actualización, en los cuales
se incorporaron diversos elementos conceptuales,
metodológicos y programáticos.

Un nuevo proceso de revisión y
actualización de la ERP se llevó a cabo a partir
del año 2006, con el objetivo de potenciar una Estrategia
más efectiva para alcanzar las metas de reducción
de la pobreza extrema y pobreza. Este proceso contó con la
participación de la Sociedad Civil, el Gobierno, y la
Cooperación Internacional y culminó con la
formulación de una Versión Actualizada de la ERP en
octubre del 2008, sometida y aprobada en las instancias del
Gabinete Social y el Consejo Consultivo de la ERP, en julio de
2008, no así del Consejo de Ministros.

Aunque los procesos de revisión y
actualización de la ERP se realizaron en forma
periódica, este último proceso tuvo como referente
la evaluación de los primeros 6 años de
implementación, lo cual puso de manifiesto aspectos tales
como la falta de apropiación tanto de las autoridades,
como de la población; falta de precisión y
concreción del enfoque teórico y
metodológico para combatir la pobreza; inadecuada
focalización y priorización; falta de alineamiento
entre metas globales y la estructura programática, y entre
ésta y el Presupuesto General de la Republica;
descoordinación en los marcos operativo, institucional y
político; y falta de integralidad.

La Versión Actualizada de la ERP
desarrolló en su formulación un proceso de corto,
mediano y largo plazo; mayor respaldo contextual y conceptual a
efecto de fortalecer su integralidad; aportes técnicos en
temas específicos por parte de organizaciones de base,
foros regionales, organizaciones representativas de los sectores
de niñez y juventud, mujer, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (MIPYME), Sector Social de la Economía
(SSE) y otros. También un mayor desarrollo de metas e
indicadores, su integración con el Enfoque de Gerencia
Basado en Gestión por Resultados, y la
incorporación de la participación ciudadana como
elemento transversal y consustancial, particularmente en lo
relacionado a la auditoria social.

La ERP en su versión actualizada, redefine su
marco conceptual incorporando una nueva visión integral:
el Enfoque de Activos complementado con el Enfoque de Medios de
Vida. Asimismo, profundiza en la visión hacia el
crecimiento Pro Pobre y de Base Amplia, e incorpora aspectos de
descentralización y fortalecimiento municipal, desarrollo
territorial con amplia participación de los entes locales
y regionales, enfoque de derechos y deberes. De igual manera, se
plantea una modificación sustantiva de su estructura
programática adecuándola a esta visión
integral.

En el marco de la Visión de País y del
Plan de Nación, la ERP encuentra el espacio apropiado para
el logro de sus metas, ya que por una parte se articula con el
proceso de planificación del desarrollo, y por otra,
avanza hacia un proceso de implementación a nivel
regional, sobre el cual, varios esfuerzos se han venido
desarrollando, pero en forma aislada de la dimensión
nacional.

En esta articulación, cada uno de los objetivos
nacionales de la Visión de País retoma los temas
centrales que la ERP plantea a nivel de sus áreas
estratégicas. En este sentido, el objetivo 1 asume lo
considerado en el área de Ampliación de Capacidades
y Acumulación de Capital Humano. El objetivo 2 retoma
temas considerados en el área estratégica de
gestión de riesgos sociales; y por su parte en el objetivo
3 se integran los temas que se plantean en las áreas de
creación de oportunidades, participación en el
mercado, aumento de la productividad y generación de
empleo, y el área de modernización de la
infraestructura económica y social.

De la misma forma, esta vinculación se establece
en el marco de metas e indicadores de la Visión de
País y Plan de Nación, de tal manera que el 76% de
los indicadores de la ERP fueron considerados en el Plan de
Nación. Los temas que aún no estaban contemplados,
han sido retomados en el presente Plan de Gobierno
2010-2014.

ARMONIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Honduras es
importante para el combate a la pobreza: significa
aproximadamente el 85% del Programa de Inversión
Pública. El presente Gobierno reconoce los esfuerzos
humanos y financieros que se han desplegado en el país
para mejorar la efectividad de la ayuda, particularmente
después del Huracán Mitch, y al mismo tiempo
plantea la necesidad de asumir el liderazgo, institucionalizando
procesos formales para la coordinación y
armonización de los donantes en el territorio
nacional.

En ese sentido, Honduras como signataria de la
"Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda
al Desarrollo" se ha comprometido junto a los países
donantes a reducir los costos de transacción, a hacer uso
de los instrumentos de financiamiento más apropiados, a
movilizar recursos financieros adicionales para el desarrollo
(como las inversiones extranjeras, el comercio y los recursos
nacionales), a fortalecer la cooperación triangular y la
cooperación Sur-Sur; a medir resultados y a tomar las
medidas indispensables para centrar la AOD en la población
más vulnerable.

Por ello y para mejorar la capacidad transformadora de
la ayuda al desarrollo y reducir la fungibilidad de dichos
recursos, el Gobierno trabaja en el alineamiento y
armonización de la ayuda, de modo que ésta
complemente la inversión pública y privada y
responda a la Visión de País y Plan de
Nación bajo los siguientes objetivos:

• a. Diseñar, consensuar, implementar y
  monitorear políticas y mecanismos de alineamiento y
  armonización de la cooperación externa, para
  afinar la división del trabajo entre donantes, evitar
  la duplicidad de esfuerzos y optimizar el uso de los
  recursos.

• b. Alinear los programas y proyectos de la
  cooperación externa con los objetivos, metas e
  indicadores de la Visión de País 2010-2038 y el
  Plan de Nación 2010-2022, y con las políticas,
  estrategias y objetivos del Gobierno.

• c. Supervisar y monitorear la calidad, eficacia
  y eficiencia en la ejecución de fondos de la
  cooperación al desarrollo, bajo los principios de
  transparencia, mutua responsabilidad y rendición de
  cuentas.

• d. Aumentar la ejecución de la AOD en la
  gestión pública mediante una mejor
  articulación entre las unidades implementadoras de
  proyectos, la SEPLAN y la SEFIN; así mismo, mejorando
  la gestión de las organizaciones de la sociedad civil
  que ejecutan recursos de la AOD bajo
  co-gestión.

• e. Diseñar e implementar un modelo de
  gestión desconcentrado y por resultados de la AOD con
  indicadores de desempeño que permitan monitorear la
  calidad, la eficacia y la eficiencia en el nivel de
  ejecución y de avance de programas y proyectos
  ejecutados bajo los principios de transparencia, mutua
  responsabilidad y rendición social de cuentas, al
  formular e implementar el Sistema Integrado de
  Cooperación Internacional (SICIH).

MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE
GOBIERNO

VISIÓN DE PAÍS Y PLAN DE
NACIÓN

El presente Plan de Gobierno 2010-2014, bajo la
responsabilidad del Presidente Constitucional de la
República, Licenciado Porfirio Lobo Sosa, se establece
como el instrumento de planificación y programación
para concretizar los principios orientadores del desarrollo y los
objetivos nacionales definidos en la Visión de País
2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, constituidos en
Política de Estado, según el Decreto No.286-2009
del Soberano Congreso Nacional, con el respaldo de los partidos
políticos legalmente reconocidos y los diversos sectores
nacionales.

La Visión de País es la imagen objetivo de
las características sociales, políticas,
económicas y ambientales que el país debe alcanzar
al año 2038, mediante la ejecución de los sucesivos
planes de nación y planes de gobierno, consistentes entre
sí y congruentes con las aspiraciones de la sociedad
hondureña. Asimismo, el Plan de Nación se define
como el conjunto de ejes estratégicos que
orientarán obligatoriamente la acción del sector
público, a través de varios períodos de
Gobierno hasta el año 2022, y de forma indicativa las
acciones del sector privado, con el fin último de atender
y solventar los desafíos que implica el desarrollo
nacional.