Por los efectos indeseables del conflicto colombiano y
de las estrategias oficiales, el gobierno de Uribe sigue teniendo
una gran responsabilidad en el impulso de un marco concertado con
Ecuador, para el manejo de los asuntos fronterizos y para hacerle
frente a las complicadas agendas subregionales o transnacionales
económicas y de seguridad. Esto exige reconocer que no
cualquier vía es válida para lograr los propios
objetivos, y que no es legal ni legítimo realizar
operaciones en territorio vecino sin el consentimiento del
gobernante del otro país. Eso es la injerencia en asuntos
internos de cada país, que atenta contra la libre
determinación de los pueblos. Exige también aceptar
que las interdependencias que se han tejido a lo largo de la
historia de la vecindad, pero sobre todo con la
integración andina, demandan un esfuerzo de mutua
comprensión de los intereses y prioridades de cada lado y
la búsqueda de acuerdos para hacerle frente a inaplazables
problemas comunes y transfronterizos.
Autor:
Pablo Racines Penaherrera
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