Procedimientos Iniciales en el Proceso Penal Dominicano (página 2)

El plazo para
practicar la investigación

El fiscal tiene un plazo fijo para concluir el
procedimiento preparatorio y presentar acusación o
disponer el archivo, que será de tres meses si contra el
imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto
domiciliario, e incluso aun cuando después haya sido
revocada la medida y de seis meses en los demás casos,
articulo 150 CCP.

Si ese plazo no está vencido el fiscal justifica
la necesidad de un prórroga para presentar
acusación, puede pedir por única vez al juez una
prorroga que no puede ser superior a los dos meses, articulo 150
CCP.Tales plazos son perentorios, puesto que si encuentran
vencidos y el fiscal no ha formulado la acusación ni ha
dispuesto el archivo, juez de oficio o a petición de
parte, intima al superior inmediato del fiscal y a su vez
notifica a la víctima, para que formulen alguno de ellos o
ambos, su respectivos requerimiento en el plazo de los diez
días. Esta opción solo procederá cuando se
estime que no habido una prolongación indebida en el
tiempo de las indagaciones fiscales, pues si se aprecia que el
asunto es complejo y que el tiempo que tiene de esta
investigación es razonable, el juez debe autorizar la
petición. Pero, si vencido esos diez días ninguno
de ellos formula la acusación, el juez declara extinguida
la acción penal, articulo 151 CCP.

La idea de darle traslado al superior jerárquico
del fiscal es que, por un lado, controle disciplinariamente la
labor de sus subalternos y la eficiencia de sus actuaciones, y
por otro señale en caso concreto cual es la
posición que ese despacho asume en el caso, para lo cual
puede optar por cualquiera de las gestiones que el fiscal
está autorizado a formular al final de la etapa
preparatoria.

En otros términos, para que se extinga la
acción penal por vencimiento del plazo de la
investigación preparatoria tienen que producirse una serie
de situaciones y fallas tanto del Ministerio Publico como del
querellante, sin que se pueda afirmar que esa extinción
constituye una medida extrema. Con ese mecanismo se garantiza que
l investigación no se prolongue en forma indebida
más allá del plazo razonable fijado en la ley, pues
la consecuencia del incumplimiento de los sobre plazos es
fatal.

Quedando a salvo las responsabilidad penal disciplinaria
sobre los funcionarios del Ministerio Publico, cuando se tomaron
más tiempo del debido para finalizar las indagaciones. La
norma no lo señala. Pero desde luego que también el
juez debe tomar en consideración los recursos disponibles
del fiscal para practicar y finalizar la investigación, ya
que ello incide en el tiempo, con el fin de considerar la
prórroga de dos meses.

La
intervención del juez en el proceso
preparatorio

Las labores del juez en el proceso preparatorio
comprenden, fundamentalmente, tres aspectos:

• a) Las decisiones que afectan derecho
  fundamentales, como las decisiones sobre medidas cautelares,
  intervenciones telefónicas, o registro de lugares
  privados.

• b) La solución de las discrepancias y
  conflictos entre el Ministerio Publico y los demás
  sujetos procesales, en espacial con la defensa del
  imputado.

• c) Aquellas relativas a los anticipo de
  prueba.

Para hacer esa clasificación, aun cuando
formalmente la estructura del Código Procesal Penal no lo
visualiza como una fase distinta, entendemos como lo indicamos al
inicio que los actos realizados durante la audiencia preliminar
constituyen una fase del procedimiento, denominada la fase
intermedia, dirigida a controlar los requerimientos conclusivos
del acusador y determinar la apertura a juicio o una
solución diferenciada del conflicto, a través de
algún mecanismos alternativos que se
establecen.

Por ello excluimos de las labores del juez de la etapa
preparatoria las funciones asignadas también al juez de la
instrucción dominicano le corresponden a la fase
intermedia. En efecto, conforme a la distribución de
competencias, el Código Procesal Penal le atribuye al juez
durante el proceso preparatorio, articulo 73 CCP., aunque
también le asigna las funciones que tradicionalmente se
atribuyen al juez del procedimiento intermedio, como realizar la
audiencia preliminar y dictar sentencia, en los casos en que se
trata de funcionarios distintos según la estructura de los
tribunales.

El fiscal puede concluir directamente el proceso
preparatorio si dispone el archivo, pero también concluye
el procedimiento preparatorio si solicita la suspensión
condicional del procedimiento, o solicita la apertura a juicio
mediante la acusación, o pide el procedimiento
abreviado.

El Código Procesal Penal dispone que el
Ministerio Público tiene la posibilidad en forma directa
el archivo de la causa, pero establece siempre controles
jurisdiccionales que dependen de la víctima, de modo tal
que finalmente quien adopta la decisión es el
juez.

En efecto, conforme con el artículo 281 del
Código Procesal Penal, el fiscal puede disponer del
archivo cuando:

• 1) No existen suficientes elementos para
  verificar la existencia del hecho.

• 2) Un obstáculo legal impide el
  ejercicio, como por ejemplo porque el imputado goza del
  derecho de antejuicio, o la victima n ha denunciado, en casos
  en que se requiera la instancia.

• 3) No ha podido individualizarse el
  imputado.

• 4) Los elementos de prueba resultan
  insuficientes para fundamentar la acusación y no
  exista razonablemente la posibilidad de incorporar
  nuevos.

• 5) Concurre un hecho justificado o la persona
  no puede ser considerada penalmente responsable.

• 6) Cuando es evidentes que el hecho no
  constituye delito.

• 7) Se ha extinguido la acción penal, por
  prescripción o por cualquiera de las otras
  causales.

• 8) Las partes han conciliado.

• 9) Cuando el Fiscal procede a un criterio de
  oportunidad[10]

Conclusión

Con el Código Procesal Penal vigente se pretende
corregir efectos de la práctica, al delinearse por un lado
y en forma tajante que la investigación corresponde al
Ministerio Público y la policía, y que su
propósito será siempre sustentar la
acusación, pero ya no la sentencia;pero de otro, al
establecerse como funciones básicas de juez del
procedimiento preparatorio la de tomar ciertas decisiones que
afecten los derechos fundamentales, la de realizar anticipo
jurisdiccionales de prueba con plena garantía para los
sujetos del proceso; y la de controlar la labor del Ministerio
Publico y la policía en cuanto limitan derechos y
facultades de las partes; pero lo excluye de la tarea de
investigar el hecho.

La investigación es de exclusiva responsabilidad
del Ministerio Público y la policía, no más
de un juez.Es necesario rescatar el espíritu republicano
inicial, es que muchas legislaciones dividieron las funciones
judiciales del Estado, aun durante la instrucción
preliminar y no solo en el juicio, otorgando a un órgano
estatal el Ministerio Público, la investigación y
el poder requirente, y a otro distinto, los jueces, el poder de
controlar los límites del ejercicio de ese poder y,
consecuentemente, el poder de decisión. Así se ha
resuelto el problema en el Código Procesal Penal
vigente.

El ministerio Público es responsable de la
investigación preliminar y los jueces quienes controlan el
ejercicio de ese poder cuando interesa las seguridades
individuales básicas.

Esta fórmula, por lo demás, no es
desconocida para el derecho universal, pues limitadamente y a la
manera del derecho Romano, se introdujo y practica con
éxito la llamada citación directa, procedimiento
preparatorio en mano del Ministerio Público, en casos de
delitos leves o de investigación sencilla, o a la manera
del derecho alemán o de anglosajón, se practica
genéricamente, con exclusión del llamado juez de
instrucción se trata de una universalizar y mejorar esta
forma de proceder por el contrario, el procedimiento preparatorio
se realiza una clara distinción entre el quienes deben
investigar los hechos el Ministerio Público y la
policía, el sujeto que debe controlar el respeto de los
derechos y de las garantías fundamentales, es decir, el
juez, sin llegar a confundir esas labores en una misma
persona.

Bibliografía

• Código Procesal Penal República
  Dominicana, 4ta. edición, preparada por el
  Dr. Plinio Terrero Peña, Editora Corripio, C. por A.,
  Santo Domingo. 2011.

• Dotel Matos, Héctor.
  "Manual Fundamentos de Derecho Penal",
  2da. Edición, Editorial Tavarez, Sto. Dgo. Rep.
  Dom., 1998, Págs. 114-121.

• Dotel Matos, Héctor. "Manual de
  Derecho Penal General y Procedimiento Penal", 2da.
  Edición, Editorial Tavarez, Sto. Dgo. Rep. Dom., 1991,
  Págs. 164-169.

• Capitant, Henri. "Vocabulario
  Jurídico". 6ta. Edición, Editorial
  Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1977.

• Espasa-Calpe. "Vocabulario
  Jurídico". 9na. Edición, Editorial
  Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2007.

• Ramos, Leoncio. "Notas de Derecho Penal
  Dominicano", 3ra. Edición, Editorial Tiempo, Sto.
  Dgo., 2002, Págs. 415 – 431

• Ortega Polanco, Francisco. "Código
  Procesal Penal por un Juez en ejercicio", Tomo I, Editora
  Corripio, Sto. Dgo., Rep. Dominicana, 2006, Págs. 514,
  517, 528 y 529.

• Mateo Calderón, Freddy R. "El Nuevo
  Procesal Penal – Guía para la Correcta
  Aplicación", 2da. Edición,
  Impresora Soto Castillo, Sto. Dgo., Rep. Dominicana, 2004,
  Págs. 43 – 55 y 182.

• Ortega Polanco, Francisco. "Código
  Procesal Penal por un Juez en ejercicio", Tomo II,
  Editora Corripio, Sto. Dgo., Rep. Dominicana, 2007,
  Págs. 108 – 114.

• CHARLES DUNLOP, Victor Maximo « Curso
  De Derecho Penal Especial » Revisado Santo
  Domingo, Republica Dominicana : Libreria la Filantropica
  1994. 589 P.

• PEREZ MENDEZ, Artagnan, « Codigo
  Penal Dominicano Anotado » Lib. III. Tit. II.
  Cap. II. Primera Edicion, Taller Santo Domingo D.N. 1991. 716
  P.

• CODIGO PENAL, DE LA REPUBLICA DOMINICANA. Santo
  Domingo : El Nuevo Diario, 2002. 733 P.

• PLANIOL, « Dol Civil et Dol
  Criminal », Rev. Crit. Lég. Et jpce.
  1893. 545 P.

• BOULOC, « L"escroquerie et les
  infractions Voisines » : Rev.
  Pénit. 1996. 297 P.

• CHAVANNE, Albert. « Le délit
  d'escroquerie et la politique criminelle
  contemporaine » Etude de jurisprudence, in
  Les principaux aspects de la Politique Criminelle moderne,
  Paris, Cujas, 1960, 147-156 P.

• LEYSSAC, Lucas , « L"escroquerie par
  simple mensonge »  D.1981.
  Chr.17

• RASSAT, Michèle-Laure, Droit pénal
  Spécial, « infractions des et contre
  les particuliers », , 4eme édition,
  Edition Dalloz 2004. 701 P.

• GOYET .F, « Droit pénal
  spécial », 7ème édition,
  Edition Sirey, 785 P.

Autor:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo
S.

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2014.

[1] BINDER, Alberto. Ob. Cit. p. 211

[2] MINC, Alain. La borrachera
democrática. El nuevo poder de la opinión
pública Madrid: Temas de Hoy SA., 1995. P.97

[3] Escuela Nacional de la Judicatura,
República Dominicana, 2006, p. 37. PP. 625.

[4] Mora Mora, Luis Paulino, y
González Álvarez, Daniel. La prueba en el
Código Procesal Penal Tipo América Latina. En
Ciencias Penales, No 5, marzo junio 1992, pp. 53 y ss.

[5] Maler, julio, La investigación
Penal preparatoria del Ministerio Publico. Bueno Aires; Lerner,
1997.p. 30.

[6] Ada. La instrucción procesal penal
en el XIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal
(Argentina): Universidad Nacional de la Plata. Pp.301 y ss.

[7] CfferataNores, José Ignacio. La
investigación fiscal preparatoria como alternativa
frente a la instrucción jurisdiccional En: Doctrina
penal Buenos Aire, pp681-683.

[8] Binder, Alberto M. perspectivas de la
reforma procesal penal en América Latina y Estado
Derecho. Bueno Aire: Ad-Hoc, 1993. Pp.201 y ss.

[9] Al respecto véase Gossel.
Karl-Heinz. Reflexiones sobre la situación del
Ministerio Publico en el procedimiento penal de un estado de
derecho y sobre sus relaciones con la policía. Cit. Pp.
646 y ss.

[10] Derecho Procesal Penal. Escuela Nacional
de la judicatura, República Dominicana. P. 68. PP.
625.