- Introducción
- Actos de inicio del
procedimiento - La privacidad y el
secreto de las actuaciones - La actividad
policial - Subordinación de
la policía respecto del Ministerio
Publico - Definición de
una política general de investigación y
actuación - La informalidad de la
investigación fiscal - La objetividad de la
investigación - La valoración
inicial del caso por parte del fiscal - La actividad probatoria
del fiscal - Transcendencia
probatoria de los actos del fiscal - El plazo para practicar
la investigación - La intervención
del juez en el proceso preparatorio - Conclusión
- Bibliografia
Introducción
En el presente trabajo abordaremos la unidad sobre el
procedimiento preparatorio en el Proceso Penal vigente en nuestro
país. En este podemos distinguir cinco fases principales:
una primera fase la preparatoria que consiste en la
admisión del caso, donde se determina cuales ingresan al
sistema y cuales no; una segunda fase donde se determina la
relevancia del caso, para establecer si debe ir a juicio o no;
una tercera fase determinado por el juzgamiento del caso, es
decir, para establecer o destacar la existencia del hecho y la
responsabilidad del imputado; una cuarta fase determinado por el
control del juzgamiento, donde se articulan los recursos; y
finalmente la quinta fase de ejecución de la pena. Cada
una de esas estructuras es un patrón de funcionamiento de
seis elementos; sujetos, actos, tiempo, espacio, coerción
y caso (hipótesis fáctica más
petición y decisión).
Pretendemos describir en este trabajo la estructura del
procedimiento preparatorio, con el fin de comprender el sistema
procesal. Entendemos que el conocimiento de la estructura del
proceso penal es de suma importancia para tener una visión
más o menos completa de este.
El estudio de la estructura del sistema procesal no debe
subestimarse, muchas de las distorsiones de las garantías
fundamentales provienen de una estructura incorrecta o de las
distorsiones que la práctica genera en la propia
estructura del proceso penal.
Es indispensable conocer y manejar adecuadamente la
estructura y el diseño del sistema. Lo importante es
comprender que el proceso constituye un medio para tratar
conflictos surgidos entre seres humanos, con determinados fines o
aspiraciones, en especial en procura de solución o una
redefinición del problema, para convertirlo en otro al
menos de menor violencia y menor costo social.
En esta fase preparatoria el ministerio público
debe concluir el procedimiento preparatorio con él o
respectivo requerimiento, es decir, señalar que esa fase
concluyó la acusación o el archivo, no obstante que
después continúa el procedimiento con la audiencia
preliminar. Es importante resaltar que la base del sistema
procesal penal nuestro es precisamente la fase preparatoria. En
esta fase las partes tienen potestad de proponer diligencias de
investigación en cualquier momento del procedimiento
preparatorio.
Actos de inicio
del procedimiento
El curso del procedimiento puede ser iniciado por la
denuncia de cualquier ciudadano o funcionario público y de
oficio por los órganos de la persecución penal,
Ministerio públicoo Policía. Y la querella
expresada por la víctima.
Cuando nace la noticia del delito generalmente se sabe
muy poco acerca del hecho y de todas sus circunstancias, lo que
hace innegable la necesidad de una investigar con fin de
reconstruir en la medida de lo posible, para determinar si se
trata de un hecho delictivo o no y si se dan los supuestos para
la aplicación de la ley penal a una determinada
persona.
La maquinaria represiva normalmente comienza a marchar
con la denuncia, que puede realizar cualquier persona que tenga
informe de la posible existencia de un hecho delictivo de
acción pública artículo 262 CCP. La denuncia
puede hacerse verbalmente, cuando el ciudadano se presenta ante
la autoridad Ministerio Público y la Policía y pone
en su conocimiento el hecho; o bien puede presentarse por
escrito, artículo 263 CCP.
Como una regla general la denuncia constituyen una
facultad, que tiene cada ciudadano,y reconoce si la ejercita o no
en caso determinado, según las situaciones. No se trata de
una obligación, y por norma el ciudadano no asume ninguna
responsabilidad cuando decide no poner en conocimiento de la
autoridad una noticia de delito.
Por excepción se establece que algunas personas
están obligadas a denunciar por razones legales;
éticas o profesionales. Tales son los supuestos que
establece el artículo 264 CCP:
a) Respecto de los funcionarios o empleados
públicos que conozcan los hechos en el ejercicio del
cargo.b) Los profesionales que ejercen cualquier
ramo del arte de curar.c) Los contadores públicos y los
notarios públicos, respecto de infracciones que
afecten el patrimonio o ingresos públicos. Articulo
264 CCP.
La querella es otra forma de solicitar el procedimiento
en delito de acción pública. La puede formular la
víctima, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o
cualquier persona cuando se trate de hechos atribuidos a
funcionarios público, articulo 85 CCP. Tratándose
de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos,
pueden constituirse como querellante las asociaciones,
fundaciones y otros entes, siempre que su objeto se vincule
directamente con esos intereses, articulo 85 CCP.
Definitivamente, los órganos encargados de la
persecución pueden iniciar su propia acción de
oficio, es decir, sin necesidad de instancia especial de alguna
persona o autoridad, cuando se trata de delitos de acción
pública. Desde ese punto de vista dichos órganos
tienen una amplia facultad de iniciativa en la
investigación. Por lo general ellos toman noticia directa
de un hecho supuestamente delictivo, y a partir de entonces se
inicia toda la actividad procesal; artículos 30, 88, 91,
273 CCP.
En cuanto a los delitos de acción
públicas, pero perseguible solo a instancia privada, el
Ministerio Público no puede ejercer la acción penal
sino hasta después de que quien tenga derecho a pedir y
haya formulado la denuncia. Antes de producirse esa instancia,
podrán realizarse todos aquellos actos urgentes que
tiendan a impedir la continuación del hecho o los
imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre
que no afecten la protección del interés de la
víctima, articulo31 CCP.
Cuando el hecho configure un delito de acción
privada, el proceso solo podrá iniciarse cuando la persona
legitimada para hacerlo formula la respectiva querella, pero en
estos casos no hay etapas previas al juicio, ya que se presenta
directamente ante el tribunal de sentencia, artículos 32,
359 y ss. CCP.
El régimen jurídico de esta querella por
delitos de acción privada debe distinguirse de la querella
que por delitos de acción pública pueden formular
ciertas personas autorizadas para hacerlo, artículos 85 y
267 CCP.
La privacidad y
el secreto de las actuaciones
El Código Procesal Penal dispone que el
procedimiento preparatorio no es público para terceros,
artículo 290. Con ello se quiere tutelar, por un lado, la
propia investigación y la aplicación de la ley
penal, en la medida en que el inicio de las indagaciones la
publicidad puede comprometer el éxito de las mismas, al
poner sobre aviso a los involucrados y sus encubridores, quienes
alertados no solo eluden la acción de la justicia sino
además desaparecen los rastros del delito y por otro, se
tutela también la imagen y el prestigio de los
investigadores, pues al inicio pueden aparecer algunas personas
como sospechosas de haber realizado un hecho delictivo, pero se
trata de hipótesis iniciales que requieren de
verificación. Como hemos visto esto es una clara defensa a
dos intereses básicos en el proceso
preparatorio.
Los medios de comunicación tienen una gran
responsabilidad al momento de orientar a los ciudadanos sobre la
persecución del delito, en especial cuando se encuentran
involucrados grandes intereses o de alto funcionarios. Sin
embargo, no podemos dejar de reconocer cuando la prensa es una
caja de resonancia. Y es que una inculpación
pública equivale a un juicio en primera instancia. La
presunción de inocencia desaparece y el verdadero juicio
en primera instancia se asemeja a un veredicto de la
opinión pública, equivalente siempre a una
condena.
En consecuencia, ese mecanismo debe utilizarse con sumo
cuidado en protección de aquellos intereses. Como
complemento de esas prohibiciones. El artículo 95,
apartado 8, del Código Procesal Penal dispone que el
imputado tiene derecho "a no ser presentado ante los medios de
comunicación o ante la comunidad en forma que dañe
su reputación o lo exponga a peligro", aspecto que se
ratifica al exigirse a las autoridades de policía que no
pueden permitir la presentación del arrestado en los
medios de comunicación social o la comunidad, sin su
expreso consentimiento confirmadas por la obligación de
los funcionarios que participan de la investigación de
guardar discreción sobre las actuaciones cumplidas,
articulo 290 CCP.
Al criterio de nuestro grupo la prohibición se
refiere a los funcionarios y a las personas que por alguna
razón deban intervenir en el proceso, como partes, los
testigos, los peritos, los traductores e intérpretes, y
demás empleados administrativos de los tribunales, de la
policía del Ministerio Público. No comprende a los
medios de comunicación colectiva, pero sobre ellos hay
otras restricciones respecto de las informaciones provenientes de
los juicios públicos, cuando se pueden afectar intereses
como secretos oficiales, integridad de los declarantes o el
derecho del imputado y la victima a un juicio imparcial y justo;
artículos 308 y 309 CCP. Desde luego es de espera que
estas potestades que autorizan ciertas restricciones sean
autorizadas conmensura, con el fin de no desnaturalizar la
publicidad del debate, y la información de los ciudadanos
sobre lo que ocurre en los tribunales de justicia. Cuando en
contra del imputado no se ha pedido medida de coerción, ni
se ha solicitado realizar un anticipo de pruebas, el Ministerio
Público está facultado para ordenar el secreto
total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable
para el éxito de un acto concreto de investigación,
articulo 291 CCP. Esta medida debe ser interpretada en forma muy
restrictiva, según lo establece el artículo 25 CCP,
porque de ser generalizada podría obstaculizar el
ejercicio del derecho de defensa y los derechos de la
víctima.
La actividad
policial
Dentro del procedimiento preparatorio podemos ubicar lo
que el CCP denomina las diligencias preliminares, es decir, las
indagaciones propias que realiza la policía inmediatamente
después de haber tenido noticia de la posible existen de
un hecho delictivo. Se trata de una actividad típica de
investigación, cuyo propósito consiste en obtener y
asegurar los elementos de prueba, evitar la fuga u ocultamiento
de los sospechosos, recibir las declaraciones de las personas
presentes e impedir que el hecho se produzca consecuencias
ulteriores; artículo 74, ver también
artículos. 91 y 92 del CCP. Para la policía
proceder a realizar su investigación, la policía
tiene una serie de atribuciones que son marcadas en forma
concreta en las disposiciones de los medios de prueba,
artículos 166 y ss. del CCP, como por ejemplo practicar
inspecciones, artículo 173 CCP, levantamiento e
identificación de cadáveres, practicar registros de
personas, lugares o cosas, salvo el que requiere orden del juez,
artículos 175 y180 CCP, entrevistar personas presentes en
el lugar del hecho, articulo 274 CCP, las que establezcan otras
leyes especiales que no contradigan las exigencias previstas el
CCP.
Inclusive la policía puede arrestar a una persona
cuando se trate de delitos cometidos en flagrancia, de reos
prófugos y cuando tiene en su poder evidencias que
permitan deducir que puede ser autor de un delito y existe la
posibilidad de que pueda fugarse, articulo 224 CCP. Para tales
efectos la policía debe ponerla inmediatamente a la orden
del Ministerio Publico, para que este valores la situación
o si lo estime procedente pida el juez la aplicación de
una medida de coerción, dentro de las veinticuatro horas
contadas a partir de la captura, articulo 224 CCP, para lo cual
debe seguir todas las medidas señaladas en el
artículo 276 CCP. Definitivamente, conforme exponemos a
continuación, la policía debe realizar los actos de
investigación que le encargue el Ministerio
Público, y puede realizar todas aquellas facultades
establecidas en las leyes especiales, siempre que no hayan sido
derogadas, incluso implícitamente, por el CCP.
Subordinación de la policía
respecto del Ministerio Publico
El Código Procesal Penal dispone que la
policía que realiza funciones de investigación
está subordinada al Ministerio Público, con la
intención de hacer más eficiente la
investigación y la recopilación de los elementos
probatorios que deberán ser incorporados legalmente al
proceso, ver los artículos 22,88,92,, 295 CCP, entre
otros. Es responsabilidad de los fiscales la orientación
jurídica a la labor policial. Tanto ellos como los
policías son los que con mayor cuidado y escrúpulos
deben respetar las garantías procesales y los derechos
fundamentales de los imputados, ya que el irrespeto de aquellas
normas trae como consecuencia la invalidación de las
evidencias que de otra manera pudieron servir para acreditar la
existencia del hecho y responsabilidad del acusado. Muchas
investigaciones policiales no han tenido mayor éxito en
los tribunales en virtud de haber quebrantado garantías
procesales y derechos fundamentales, en especial en lo que se
refiere a la forma y los métodos de recoger las esas
evidencias, al momento de su descubrimiento o custodia, las que
luego fueron invalidadas en el proceso, provocando situaciones de
impunidad. El fiscal debe ser un sujeto atento a orientar la
labor policial, en especial en lo que se refiere a las
garantías procesales. Lo cierto es que entre mayor
participación se le permite al imputado y a la defensa en
la adquisición de los elementos probatorios, mayor
será el grado de confianza que los juzgadores depositaran
en dichas pruebas, sobre todo en un sistema donde rigen los
principios de libertad probatoria y libre valorización
conforme con las reglas de la crítica sana.
La dirección técnica de Ministerio
Público sobre la policía es esencial, puesto que,
como bien se ha confirmado, aun cuando la titularidad de la
acción penal este reservadas por la ley y la
Constitución a los magistrados del Ministerio
Público, son en realidad los cuerpos de las
policías los que, mediante sus denuncias e informes,
ejercen el poder de dar impulso a la misma, controlan e influyen
en la marcha de la instrucción, recogen las pruebas,
orientan o desvían las investigaciones. En algunos
países de América Latina han surgido roces y muchas
dificultades para llevar a cabo a la práctica una adecuada
dirección funcional. La verdad es que ello ha ocurrido por
falta de reglas claras y precisas que señalen cuales son
los verdaderos alcances y los límites de esa
subordinación de la policía, no obstante en el caso
dominicano sea realizado un esfuerzo por indicar algunos aspectos
en su legislación, articulo 93 CCP, pero la mayoría
de las legislaciones se limitan a disponer en forma
genérica que el Ministerio Público realiza la
investigación con auxilio de la policía, y que esta
última depende funcionalmente del primero y debe atender
las ordenes que imparta como lo señalan los
artículos 22,92 y 259 CCP.
La única posibilidad para impedir que estas
disposiciones se conviertan en dificultades las operativas para
combatir la criminalidad conforme lo exige un Estado de Derecho,
se logra con una adecuada planificación, con la toma de
conciencia sobre la necesidad de esta subordinación
funcionalsu razón de ser, pero sobre todo con la toma de
decisiones a muy alto nivel, que permita articular en forma
adecuada y que impida en el trabajo diario de policías y
fiscales que surjan malos entendidos y evite que se convierta en
un instrumento de obstaculización. De no ser así,
al final, habrá perdido la batalla la lucha contra la
impunidad.
La policía debe dar aviso de inmediato al
Ministerio Público sobre el inicio de las diligencias
preliminares, sin que pueda exceder las 24 horas siguientes a su
primera intervención, artículo 273 CCP, sin
perjuicio del informe final sobre el resultado obtenido y de
todas las diligencias practicadas para investigar el hecho
delictivo, el cual debe ser rendido en el plazo de 72 horas,
plazo que se reduce a 24 horas cuando se ha producido un arresto
del imputado informe al que se refiere el artículo 277
CCP. Como bien se afirma, el delicado problema de individualizar
el momento en que surge la obligación de la policía
de referir al Ministerio Público la noticia del delito
puede resulto asumiendo como punto de referencia los extremos del
delito de omisión de la denuncia. La obligación
surge en el momento en que la noticia del delito adquiere aires
de determinación tal que el agente de la policía
judicial no podrá razonablemente sostener que no se
habría percatado, desde el punto de vista del dolo, de
encontrarse frente a un verdadera y propia noticia de
delito.
El aviso inmediato constituye un mecanismo para que el
fiscal intervenga desde el inicio de la investigación, o
al menos para que tenga esa posibilidad, con el fin de orientar y
brindar asesoría para obtener mejores resultados,
También constituye un mecanismo de control y vigilancia
sobre la función policial, como corresponde en un sistema
democrático. Esos mecanismos de vigilancia los observamos
también en las regulaciones entre los demás sujetos
del proceso: es decir, los fiscales y defensores vigilan la
función del juez, e incluso la pueden cuestionar y
contradecir por medio de incidencias y recursos; el juez
también controla la actividad de las partes, al tomar las
decisiones sobre los dientes aspectos que le son sometidos a
conocimiento ; es decir se trata de una dinámica
transparente de frenos y contrapesos que conforman el principio
adversarial del CCP.
La investigación del Ministerio Publico (la
investigación preparatoria)
La investigación que realiza el fiscal constituye
la actividad más sobresaliente y extensa del procedimiento
preparatorio, pero no es la única actividad procesal de
esta etapa, razón por la cual debe asimilarse los
conceptos de procedimiento preparatorio con la
investigación preparatoria o preliminar.
Dentro del procedimiento preparatorio deben incluirse,
además de la investigación del fiscal preparatoria,
las diligencias preliminares de la policía, los actos
conclusivos de la etapa, como la acusación y sus
traslados, o la solicitud de sobreseimiento, y finalmente las
actividades propias del juez, como por ejemplo anticipos de
prueba, lo relativo a las medidas cautelares, la
afectación de garantías Constitucionales
(allanamiento, intervención telefónica, etc.), y
cualquier otros aspecto incidental que deba resolver.
Esencialmente, durante el periodo preparatorio existen
cuatro tipos de actividades:
1. Actividades puras de
investigación;2. Decisiones que influyen sobre la marcha del
proceso;3. Anticipo de prueba, es decir, prueba que no
puede esperar su producción en el debate.4. Decisiones o autorizaciones, vinculadas a
catos que pueden afectar garantías procesales o
derechos constitucionales. Por consiguiente, la
investigación preparatoria es solamente un aspecto
más, aunque extenso y de relevancia, del procedimiento
preparatorio.
Definición
de una política general de investigación y
actuación
Al entrada en vigencia el nuevo Código Procesal
Penal el Ministerio Público debe iniciar el diseño
de una de una muy bien planificada política de
persecución penal en todas y cada una de las materias de
su competencia, la cual debe ser flexible, revisable y
transformable conforme lo exijan las necesidades, pero debe
recoger en alguna medida los valores y el sentir de
comunidad.
La criminalidad es un fenómeno muy variable, se
sustenta en motivaciones diversas y es realizada por diferentes
sectores de la población. No pueden asimilarse los
esfuerzos para prevenirla y reprimirla, puesto que requiere de
estrategias bien diferenciadas, con mecanismos muy distintos, y
repuestas también variadas. No es lo mismo prevenir los
delitos ecológicos, que los abusos de poder y la
corrupción en la administración pública; los
delitos culposos en la circulación de vehículos en
relación con los delitos sexuales; el abuso de poder
económico en la empresa privada como la
sobrefacturación o la subfacturación, la
competencia desleal, etc. En relación con los homicidios;
los asaltos callejeros en relación con los fraudes en el
registro de la propiedad; los delitos de drogas en
relación con los delitos de imprenta; etc.
Los mecanismos para prevenir esos diferentes tipos de
criminalidad y las respuestas del sistema penal no pueden ser
idénticos. En ese contexto el Código Procesal Penal
también establece mecanismos de diferenciación de
la respuesta penal. Se abandona la inflexible posición
anterior, basada en las teorías absolutistas de la pena,
según las cuales frente a todo hecho en apariencia
delictivo debía tramitarse necesariamente un proceso para
llegar a una sentencia definitiva, y en su lugar se instauran
mecanismos de diversificación, desde el principio de
oportunidad en el ejercicio de la acción penal hasta otras
alternativas como la conciliación, la suspensión
del proceso a prueba, y el proceso abreviado, entre otros. En
efecto, las alternativas son variadas frente a un caso concreto.
Lo anterior exige que el Ministerio Público planifique
adecuadamente las posibles respuestas, como responsable de una
parte muy importante de la política criminal del
país, tomando en consideración una serie de
factores sociales, económicos, humanos, jurídicos,
circunstanciales. No es posible pretender que cada fiscal, en
cualquier lugar del territorio nacional, adopte la
política según su criterio sea la más
adecuada frente a cierto tipo de criminalidad, sino que haya un
concreta política de persecución penal que ninguna
manera deberá ser definitiva e inmutable, sino que
tendrá a transformarse y adecuase con los cambios
sociales. Es decir, una adecuada planificación sobre las
formas de operar, las posiciones a asumir, las estrategias, las
alianzas y los acuerdos que puede adoptar el fiscal durante el
curso de la investigación y durante el desarrollo de todo
el proceso.
La planificación debe comprender muy variados
aspectos no solo de política criminal en general sino
también aspectos muy particulares, como la manera de
realizar las investigaciones. Además, debe planificarse
por materias, tomando en cuenta las particularidades de cada tipo
de criminalidad, el grado de afectación a la
ciudadanía, la alarma social y otros factores, con el fin
de adoptar posiciones. A su vez deben establecerse mecanismos de
consulta y control al interno de la propia estructura del
Ministerio Público, que funcionen ágilmente, para
solucionar cualquier duda, abuso o negligencia en el uso de estas
distintas opciones que ofrece el sistema
jurídico.
La informalidad
de la investigación fiscal
La investigación Ministerio Público es una
actividad totalmente desformalizada, dirigida a determinar la
existencia de fundamentos para la apertura a juicio mediante la
recolección de los elementos de prueba que permitan
sustentar la acusación o la defensa del imputado,
artículo 259 CCP. En su informalidad reside la gran
diferencia con la instrucción formalista típica del
sistema inquisitivo. En cambio de un Código a otro no ha
consistido en trasladar hoy el fiscal lo que ayer hacia el juez.
No se trata de un traslado de funciones de un sujeto a otro, que
para el sistema habría significado lo mismo. En cambio
consiste en una verdadera desformalizacion de las indagaciones
previas a la acusación del fiscal, no solo por la forma en
que esta se lleva a cabo, sino también en sus
consecuencias, al restarle eficiencia probatoria para sustentar
la condena, salvo los casos excepcionales. En esa perspectiva la
investigación del fiscal debe ser desarrollada con
absoluto desprendimiento de ritualismos a las actas
típicas de la instrucción formalista del sistema
inquisitivo. Es una actividad que debe ser versátil,
dinámica, real efectiva, con el fin de averiguar lo
ocurrido y sustentar una concreta posición del Ministerio
Público frente al caso.
El fiscal debe llevar un registro de la
investigación (legado) al que debe agregar solamente las
actas de las diligencias realizadas cuando estas sean
útiles para fundar la acusación o para cualquier
otro requerimiento de relevancia para el caso según lo
señala, el articulo 261 CCP. Con esa disposición se
pretende evitar que el fiscal levante un expediente y lo llene de
papeles, pero además tiende a evitar que los jueces, sobre
todo los encargados del juicio oral, examinendocumentos que
pueden formarle anticipadamente un criterio sobre la posible
solución del caso.
El Código Procesal Penal hace referencias
concretas a ciertas actas y constancias del proceso durante la
fase preparatoria; artículos 261, 263, 266.8, 273, 274,
277, 279 CCP, además de aquellas referidos, los actos
probatorios autorizados, como las inspecciones, los registros, el
secuestro de objetos, pericias, reconocimientos, etc. Pero no va
más allá de manera que el expediente típico
del sistema inquisitivo, plagado de papeles, debe desaparecer,
para que surja un simple legajo de actuaciones, útil a los
fines para los cuales se ha dispuesto una actividad preparatoria
a la fase más trascendental del proceso que debe ser
solamente el juicio.
La desaparición de la instrucción formal
del juez, y su sustitución por una investigación
preparatoria del fiscal, no solo fortalece la oralidad, con todas
sus consecuencias inmediación, contradictorio,
concentración, valoración de La prueba conforme a
la sana critica fundamentación de la sentencia, etc., sino
que además fortalece la dinámica del proceso, el
aspecto adversar y su efectividad para la buscar una
solución real al conflicto humano que lo provoca y lo
nutre. En otras palabras lo sustantivos para ser trascendente, lo
formal pierde terreno.
En todo caso para evitar las dudas que puedan nacer, el
Código Procesal Penalnuestro hace una declaración
de principio, ya en sus disposiciones iniciales, al
señalar que las funciones de investigación y
persecución están separadas de la función de
jurisdiccional. El juez no puede realizar actos que impliquen el
ejercicio de la acción penal ni el Ministerio
Público actos jurisdiccionales. Articulo 22 CCP. En este
sentido debe interpretarse que el archivo de la causa por
disposición del fiscal autorizado en el artículo
281 CCP no implica más que un acto de disposición
sobre el ejercicio de la acción penal, el cual le
está asignado exclusivamente a él, con las
excepciones expresamente prevista sobre la participación
de la víctima. El Ministerio Público sigue siendo
un órgano de justicia que escapa a una posición de
contraparte a ultranza del imputado, pues no es llamado a asumir
una inflexible posición de acusador. Puede y debe
solicitar el sobreseimiento o la absolución en los casos
que así se justifique: y tiene el deber de no lesionar los
derechos del imputado. Si observamos que el fiscal investiga con
el fin de dar sustento a la actividad requirente que debe
desplegar frente al órgano jurisdiccional, pero no
podrá sustituir la actividad probatoria del juicio. Esta
finalidad constituye un claro límite de la
investigación, limite que no interesa superar porque los
actos que realice no tendrán eficacia en otras etapas del
procedimiento, salvo las limitadas excepciones. La
investigación permite al fiscal determinar los hechos que
consignara en su acusación o en los que sustentara la
solicitud de sobreseimiento. Con ella también
individualiza los elementos probatorios que habrán de
efectuarse al tribunal para ser recibidos durante el juicio, y
que tienden a acreditar su acusación.
La objetividad de
la investigación
La investigación del fiscal debe ser dirigirse a
determinar si existen fundamentos para la apertura a juicio, que
le permitan basar su acusación ola defensa del imputado.
De ello se deduce irremediablemente que la sociedad la interesa
tanto la condena del culpable cuando la absolución del
inocente. En consecuencia, tanto la policía como el fiscal
deben investigar todos los hechos, así como identificar y
poner a disposición todos los elementos probatorios, con
absoluta objetividad, independientemente de que incriminen o
favorezcan al imputado. El Código Procesal Penal resalta
ese deber, al disponer que primero el procedimiento preparatorio
tiene por objeto determinar los fundamentos para la apertura a
juicio mediante la recopilación de los elementos de prueba
que permitan basar la acusación o la defensa del imputado,
articulo 259 CCP y al disponer que es obligación del
Ministerio Público extender la investigación a las
circunstancias de cargo y también a las que sirvan para el
descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los
elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un
criterio objetivo, articulo 260 CCP. Se trata de disposiciones
que moldean una verdadera actitud que deberá asumir en la
práctica tanto la policía como el Ministerio
Público. Corresponderá a los jueces de la etapa
preparatoria hacer que estos preceptos sean respetados,
así como también a los propios fiscales en la
medida en que orienten las investigaciones, por ser el Ministerio
Publico un órgano de justicia más que un acusador a
ultranza.
La
valoración inicial del caso por parte del
fiscal
Una consecuencia natural de la política a seguir
del Ministerio Público, para evitar injusticas al disponer
la persecución penal de manera innecesaria o
inútil, e incluso para evitarse trabajo no productivo, el
fiscal debe realizar una valoración inicial respeto de
cada caso apenas llegue a su conocimiento, de previo a proseguir
con las no. En otras palabras, cuando el fiscal avanza con la
investigación preparatoria ha adoptado ya cierto criterio
concreto respeto al curso del procedimiento, por los menos
según el estado que a ese momento presentaban las
diligencias, y que significa que ahora vislumbra la posibilidad
de adoptar otro camino diferente, como sería la del
archivo, la incompetencia, la posible aplicación de un
criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a
prueba, la aplicación del procedimiento abreviado, la
conciliación o cualquier otra medida tendiente a finalizar
el proceso. Esta obligación se reduce de una
relación de los artículos 279 y 280 del CCP.
Observase que esta última norma dispone que apenas tenga
conocimiento de un hecho en apariencia delictivo, la
investigación se inicia siempre que el Ministerio
Público decida ejercer la acción penal, lo que
presupone una valoración del caso, en cumplimiento de las
políticas generales adoptadas por el Ministerio
Público respeto a la persecución penal.
Al recibir las primeras diligencia el fiscal debe
valorarlas con el fin de examinar si continúa con la
investigación, o solicita alguno de lis aspectos antes
mencionados. No se requiere un automatismo en la actividad de la
investigación del fiscal, sino un comportamiento
reflexivo, valorativo, analítico. Esta valoración
inicial debe estar muy ligada a las directrices generales que el
fiscal haya recibido, y la política general que haya
adoptado el Ministerio Público en relación con ese
tipo de casos y según sus circunstancias.
La actividad
probatoria del fiscal
Los elementos probatorios servirán de base a la
sentencia deben ser incorporados al proceso durante el debate
oral público. El juicio debe constituir la fase más
importante y trascendente de todo el proceso penal, pues los
elementos de prueba se introducen a él con plenas
garantías, en presencia de todos los sujetos procesales,
tanto las partes como el juez, lo facilita su análisis y
valoración; así como también en forma
pública y contradictoria. Las fases anteriores del proceso
no deben seguir sustituyendo al juicio, y para ello debe res
tardársele eficacia probatoria a los actos cumplidos en
forma preliminar, salvo que haya seguido el mecanismo previsto
para los anticipo de prueba. Esto significa que le fiscal, por
regla general, no podrá ordenar la práctica de
pruebas durante la investigación que tenga eficacia
durante el juicio, salvo los casos expresamente autorizados, a
los que haremos referencia a continuación. El rumbo de la
investigación será definido por las circunstancias
del caso, las condiciones y los recursos de trabajo de la
oficina, las directrices generales de la jefatura del Ministerio
Público. Una vez recibida una noticia de delito debe
indagarse como ocurrieron los hechos, para lo cual el fiscal
deberá realizar interrogatorios directos y personales a
quienes puedan suministrar información, preparando
así también la posible nómina de los
testigos que ofrecerá para ser recibidos en la audiencia
oral ante el tribunal de sentencia. Debe, además recoger y
conservar todas las evidencias que permitan probar los hechos
ocurridos, las que aportara con su acusación. Asimismo
dispondrá la práctica de aquellas pruebas que deben
realizase de inmediato, como por ejemplo las peritaciones, y
procederá en forma directa a realizar una serie de
actividades probatorias de carácter impostergable, las
cuales pueden realizar por excepción, al estar
taxativamente autorizado para hacerlo.
La regla general señala que las actuaciones
contenidas en el registro de investigación no tienen valor
probatorio para fundar la condena del imputado. Artículo
261, párrafo segundo, del CCP, lo cual impidedarle alcance
probatorio a las actuaciones del fiscal; sin embargo, esa misma
normal de inmediato agrega. Salvo las actas que el CCP autoriza a
incorporar al juicio por su lectura, lo cual implica que las
actas levantadas durante la realización de algunas
actuaciones con claro contenido probatorio, autorizados al
fiscal, eventualmente podrán ser introducidas por lectura
al juicio conforme lo señala y autoriza el articulo 312 en
sus apartados 1, 2 y 3 del CCP. En efecto, resulta preciso pasar
lista a los casos en que se autoriza al fiscal o a la
policía realizar determinadas actuaciones, porque
eventualmente las actas que levanten para informar de lo
acontecido podrán ser introducidas válidamente al
juicio, con la posibilidad de que sean valoradas conforme a las
reglas de la lógica, los conocimientos científicos
y las máximas de la experiencia para sustentar incluso la
condena del imputado, según lo indican los
artículos 172 y 33 del CCP.
Sin pretender agotar esas posibilidades, algunos de esos
hechos son los siguientes:
Inspección del lugar, el representante del
Ministerio Público e incluso la policía, se
encuentran autorizados a custodiar y comprobar, mediante la
inspección del lugar y las cosas, los rastros y otros
efectos materiales que sean el resultado del hecho punible, para
lo cual levanta una acta donde describe y deja constancia todo lo
contenido, siempre que no se trate de uno de los lugares privados
para los cuales necesita orden de un juez, artículos 173 y
180 CCP.
Registro de personas, lugares o cosas, el fiscal
y la policía están autorizados para ordenar la
inspección corporal del imputado o de cualquier otra
persona, así como de lugares y cosas, cuando existan
motivos que permitan suponer la existencia de elementos de prueba
útiles para la investigación o el ocultamiento del
imputado, articulo 175 CCP.
Exámenes corporales del imputado en caso de
urgencia, excepcionalmente cuando existe el peligro de fuga
en la demora que pueden significar la solicitud de
autorización previa al juez, tanto el fiscal como la
policía pueden disponer la práctica de
exámenes médicos y otros peritajes sobre el
imputado, como análisis de sangre, para la
constatación de circunstancias relevantes para la
investigación,artículo 99 párrafo 3
CCP.
Prueba perital, el fiscal también puede
ordenar los peritajes que sean indispensables para el
descubrimiento de la verdad, para lo cual debe seleccionar los
peritos y determinar los extremos de la peritación,
siempre que por sus características sea posible que se
realice posteriormente un nuevo examen, artículos 207
y287. 1 CCP.
Ordenar la autopsia, como una excepción a
las limitaciones dispuestas en los artículos 207 y 287 del
CCP, el fiscal puede ordenar la práctica de la autopsia,
que implica la realización de un peritaje que muy
probablemente no pueda repetir; al menos en su integridad, aun
cuando se conserven algunos tejidos, órganos, fluidos y
otras partes del cuerpo para repetir en parte ciertos aspectos
involucrados en el dictamen.
Requerir informes,al igual que el juez, el fiscal
puede requerir persona o entidad pública o privada, sobre
aspectos relacionados con la investigación, contadas las
garantías y las consecuencias previstas para el caso de
incumplimiento del deber de informar CCP.
Estos actos pueden realizarlo el fiscal son actos por lo
general urgentes, o con poca incidencia en la posible
afectación de derechos fundamentales, aunque tengan
efectiva incidencia en el resultado del proceso. La posibilidad
de realizarlos llega a configurar el denominado principio de
la investigación autónomo del Ministerio
Público.
El fiscal podrá y necesariamente deberá
interrogar a los testigos en el curso de la investigación,
para lo cual ya no puede recurrir más a los escribientes o
auxiliares, sino que deberá hacerlo en forma directa y
personal. De lo contrario no estará nunca en capacidad de
formular la acusación, o decidir si corresponde ordenar el
archivo o solicitar un sobreseimiento, pues solo podrá
estar en esta posibilidad quien haya interrogado a los testigos.
Pero eso interrogatorio son totalmente informales, sin actas,
pueden hacerse en el lugar de los hechos, en el domicilio o lugar
de trabajo del testigo, e incluso puede recurrirse al
teléfono. Sobre el resultado del interrogatorio el fiscal
deberá llevar notas o apuntes personales, donde consigne
también observaciones, que le servirán tanto para
formular la sus requerimientos, cuando para ofrecer la prueba y
también para realizar el interrogatorio durante el juicio.
Desde luego en esas notas personales deberá consignar el
nombre completo del testigo, su domicilio o lugar donde
localizarlo, y una referencia muy general y sintética
sobre los aspectos que podría declarar, pues son
requisitos que debe cumplir al momento de ofrecerlo como
prueba.
En esa actividad probatoria el fiscal debe permitir la
intervención de las partes, garantizando los derechos de
la defensa del imputado y a la víctima,
articulándose desde los primeros actos del procedimiento
el aspecto adversarial y contradictorio que informan el CCP. Las
partes pueden proponerle al fiscal que realice determinados actos
probatorios y en caso de que esta se niegue, pueden acudir al
juez del procedimiento preparatorio, quien finalmente decide lo
que corresponda, artículos 286 y 292 CCP.
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