La auditoría forense y la lucha frontal contra la corrupción gubernamental en el Perú (página 4)
Corrupción privada: Lo cierto es que la
corrupción no es exclusividad del área
pública; la corrupción también se puede dar
en la esfera de lo privado. En tal sentido, lo importante es
dejar claro que lo que diferencia la corrupción
pública de la privada no es la ubicación del sujeto
que realiza la conducta (un privado puede cometer un acto de
corrupción pública, por ejemplo al sobornar a un
funcionario público, y eso se denomina corrupción
activa). La corrupción privada es aquella que es cometida
por privados entre privados.
Corrupción en la vertiente
jurídica: En su vertiente jurídica, el acto
corrupto contraviene el ordenamiento legal y beneficia en su
proyección económica a un círculo
restringido de personas, en detrimento del interés general
insatisfecho o insuficientemente servido. Respecto del
clientelismo, podemos señalar que no deja de ser
también una forma de corrupción política. La
clientela es una forma de corrupción insidiosa y
sistemática y el cauce de otras formas y prácticas
ilícitas de variada índole, que pervierte el
método de adopción de las decisiones
públicas. En el ámbito político, la
relación se caracteriza por un intercambio de votos por
decisiones administrativas referidas a bienes individuales o
colectivos, por ejemplo, puestos de trabajo, pensiones, viviendas
o carreteras. Situaciones opuestas a los valores de la
democracia, y en especial a la igualdad. El clientelismo es una
relación diádica en la cual un agente, en
posición de superioridad, utiliza su influencia y sus
recursos para dar protección y seguridad a otro agente,
que está en una posición de inferioridad, a cambio
de servicios, lealtades y apoyos.
La corrupción en la actualidad: la
globalización del crimen
La corrupción es un fenómeno
interdisciplinario, es decir que puede ser tratado desde
distintas perspectivas, de ahí lo complejo de su estudio y
de su análisis; en las líneas que siguen
intentaremos acercarnos al mundo de la corrupción y al de
su vinculación a un fenómeno actual como es la
globalización. Lo cierto es que en la actualidad la
criminalidad a la cual nos enfrentamos es una
"macrocriminalidad"; en tal sentido, entendemos que la respuesta
a este fenómeno tiene que ser global y
conjunta.
En el camino de la
globalización
Desde hace ya algunos años se viene hablando con
cierta naturalidad de la globalización, entendiendo este
fenómeno como la inexorable integración de los
mercados, de los estados-naciones y de las tecnologías a
un nivel nunca antes visto, de forma que permite a las personas,
a las empresas y a los estados-naciones llegar a los sectores
más apartados de una forma más rápida y
profunda, tal como nunca antes las personas, las empresas y los
países habían llegado. La globalización es
un proceso en permanente movimiento. Si pudiera hablarse de ella
como un logro, como el resultado de un proceso, la
situación social, económica y política
habría de caracterizarse por su completa universalidad,
por una absoluta generalización que significaría
una plena igualdad de oportunidades para todos los habitantes de
la "aldea global". Sin embargo, estamos aún muy lejos de
llegar a ese punto. Los continuos procesos de integración
se manifiestan en torno a diversos núcleos regionales o a
determinadas tecnologías. El entendimiento de la
globalización como un proceso que evoluciona, y que es
parte integrante en la actualidad de los propios convenios
internacionales, nos hace pensar por ejemplo en la
Convención Interamericana contra la Corrupción. En
su Preámbulo, se señala que unos de los medios para
combatir la corrupción en nuestros países es crear
conciencia y estar convencidos de la gravedad del problema;
además, se dice que por causa de la globalización
la corrupción trasciende las fronteras, lo cual exige una
acción coordinada de los Estados para combatirla
eficazmente. Por su parte, la Convención de Lucha contra
la Corrupción de las Naciones Unidas, documento novedoso e
importante, expresa en su Preámbulo la convicción
de que la corrupción ha dejado de ser un problema nacional
para convertirse en un problema internacional. Lo cierto es que
se ha vuelto un fenómeno transnacional que afecta a todas
las sociedades y economías, lo que hace necesaria una
mayor cooperación internacional.
La corrupción en el contexto de la
globalización
La progresiva interconexión política y
económica genera grandes ventajas, pero también
acarrea problemas de importancia. En este marco, la
corrupción trasciende las fronteras, se internacionaliza y
crece de forma paralela a como lo hacen el comercio y la
ampliación de los cauces financieros. La
internacionalización de las conductas corruptas ha
generado, a su vez, una cadena de hipótesis delictivas
relacionadas con la transferencia de fondos necesarios para
comprar voluntades. De este modo, con frecuencia se utilizan
terceros países que sean especialmente condescendientes
con el dinero negro -por lo general, paraísos fiscales-
para la constitución de fondos ajenos a toda legalidad
contable, destinados al pago de sobornos. Producido este previo
ocultamiento, se practican tales pagos, iniciándose
así el proceso complementario de blanqueo de activos. Con
todo, y aunque resulte paradójico, la apertura
internacional también puede ayudar a luchar más
eficazmente contra la corrupción en cada país,
así como obtener mayores espacios de intercambio en todos
los niveles de relación, al tiempo que permite identificar
con más facilidad los lugares que gozan de niveles
más altos de seguridad y transparencia. En la actualidad,
en el caso peruano la cooperación por parte de los estados
en la apertura de vías para el rastreo y la
identificación de las cuentas en los denominados
paraísos fiscales viene siendo de mucha utilidad para la
recuperación de activos provenientes de la red de
corrupción de la década pasada. En este contexto,
se ha valorado muy especialmente el gran desarrollo de la
revolución informática y, especialmente, del
Internet, instrumento que permite a los ciudadanos un
fácil acceso a la información, reduciendo con ello
el riesgo de concentración de poder y facilitando la
democracia participativa. La incorporación de datos
relativos a la gestión pública permite a los
usuarios conocer mucho más de cerca la
administración pública y su funcionamiento,
limitando sus potenciales abusos e impidiendo que los
funcionarios eliminen las huellas de sus conductas
ilícitas. Desde luego, esta es una propuesta de trabajo
que se debe considerar dentro del Proyecto de Plan Nacional de
Lucha contra la Corrupción. Por ello, en la era de la
globalización, los Estados que se preocupen por sus
variables macroeconómicas deberán cuidar sus
espacios de corrupción, adoptando medidas para
controlarla. Sin embargo, para ello deberán atender a las
nuevas realidades tecnológicas que los propios actores de
la corrupción también utilizan en esta
época.
La corrupción en el sector de las empresas
privadas: su actual presencia como respuesta del mundo
globalizado. Una ética para un nuevo concepto de
empresa:
En la actualidad, la corrupción de las empresas
privadas es un fenómeno que se ha convertido en uno de los
mayores problemas con los cuales los países tienen que
enfrentar. El mundo globalizado en el que nos encontramos nos
permite darnos cuenta de la importancia que vienen ganando las
empresas multinacionales en el mercado económico y de sus
vínculos con la corrupción. La corrupción de
funcionarios públicos es explícita e
implícitamente ilegal en cualquier país que tenga
un sistema legal, y por eso no debería ser una
opción abierta para ninguna empresa nacional o extranjera
del sector privado. Los directores de las empresas tienen la
responsabilidad específica de asegurarse de que la empresa
acate las leyes. Muchas empresas, particularmente aquellas que
están involucradas en negocios internacionales, tienen sus
propios códigos de conducta, que en la mayoría de
los casos incluyen cláusulas en contra de la
corrupción. Cuando existen estos códigos, es
importante que los mismos se hagan cumplir, si no se desea que
todas las reglas internas sean vistas como laxas. La
aceptación interna de la práctica de sobornar puede
conducir a un balance falseado, a falsas declaraciones de
impuestos y a "comisiones" para el personal de la empresa. Los
códigos de ética vienen cobrando tanta importancia
que en la actualidad algunos negocios y organizaciones
profesionales tienen códigos de comportamiento para sus
miembros, si bien por lo general se presentan más bajo la
forma de recomendaciones que como obligaciones. La antinomia
entre moral y negocios, presentada generalmente como una
afirmación indiscutible, resulta ser, no obstante,
más aparente que real, pues toda actividad empresarial
encierra determinados valores, como es el hecho de ganar dinero
dentro de la legalidad. Es la llamada moral del éxito.
Esta nueva ética empresarial, respetuosa de los derechos
humanos, sabe conjugar a un tiempo los criterios de
inversión y beneficio con los intereses generales. Debe
también dar entrada a una "política empresarial
orientada al consenso". Ello supone la recíproca
comunicación de todos los integrantes de la
organización, y la de estos con los destinatarios de la
producción. Este proceso, abierto a la sociedad, permite
una legitimidad constante de la actividad empresarial. La
moralidad en la actividad económica debe constituirse en
el primer círculo de prevención de la
corrupción. Tanto las normas disciplinarias de la empresa
como las exigencias normativas son necesarias, si bien pueden
resultar insuficientes si el empresario no asume con
independencia algunas pautas éticas y un código
deontológico.
Factores que coadyuvan al desarrollo de la
corrupción
En líneas generales, podemos señalar que
tres son los factores que posibilitan la aparición de
actos de corrupción, los mismos que pueden variar de
acuerdo a cada realidad. En un primer momento, podemos hablar de
factores formales, luego de factores culturales y, por
último, de factores materiales. Entre los Factores
formales tenemos: La falta de una clara delimitación entre
lo público y lo privado; La existencia de un ordenamiento
jurídico inadecuado a la realidad nacional; La inoperancia
práctica de las instituciones públicas. Los
Factores culturales que coadyuvan la corrupción, son de
suma importancia, en especial porque a diferencia de otros, deben
ser considerados de acuerdo a la realidad sociocultural de cada
país, ya que comprenden un "conjunto de actitudes, normas
y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como
objeto un fenómeno político, en este caso la
corrupción". Además, las condiciones culturales
permiten delimitar la extensión de las prácticas
corruptas, la probabilidad de su ocurrencia y, en especial, el
grado de tolerancia social con que se pueden contar: En especial,
la amplia tolerancia social hacia el disfrute de privilegios como
consecuencia de una prevalencia del lucro privado frente a la
moralidad cívica; La existencia de una cultura de la
ilegalidad generalizada, en el sentido de ser una forma de
funcionamiento, el cual crea un ambiente corrupto y de tolerancia
social; La utilización de la lucha contra la
corrupción como tema coyuntural por parte de los grupos
partidarios, y la no permanencia de dicha lucha; La no
evolución de los sistemas organizativos y normativos, de
acuerdo a la evolución de los Estados. Tales sistemas
suelen suscitar enfrentamientos y, por ende, la
utilización de medios corruptos. Los factores materiales
se refieren a situaciones concretas que dan lugar a
prácticas corruptas. Concretamente, las brechas existentes
entre el orden jurídico y el orden social: La brecha entre
los recursos de la administración pública y la
dinámica social. Un ejemplo: el Ministerio de Vivienda que
recibe dinero de una organización para orientar ciertos
recursos exclusivamente hacia ella; La brecha entre la impunidad
real y la responsabilidad formal de los funcionarios
públicos. Un ejemplo: un deficiente sistema de control
público que permite que las medicinas asignadas a un
hospital se vendan fuera de este; La brecha entre el poder social
efectivo y el acceso formal a la influencia política. Un
ejemplo de ello sería un gremio de industriales que
entrega sobornos a algunos miembros del Congreso para que
aprueben una ley. Entre otros factores de importancia que se debe
considerar, tenemos a la impunidad: La baja eficiencia de la
administración de justicia ha favorecido la
corrupción, ya que al prevalecer la impunidad se genera la
percepción de que no solo los delitos contra la
administración pública no son sancionados
ejemplarmente, sino que se otorga tratamiento jurídico
preferencial a ciertos grupos, favoreciendo un clima de
inestabilidad política y social. Dicha percepción
conduce a la flexibilización de las reglas del juego,
donde todo vale, y refuerza los elementos principales para que
prosperen los comportamientos corruptos. Así, la baja
probabilidad de ser descubierto, el bajo castigo por las
actividades corruptas y la ausencia de sanción social para
los individuos corruptos, se encuentran estrechamente
relacionados. La percepción de los usuarios de los
servicios de la administración pública respecto de
la impunidad frente a los actos de corrupción es
fundamentalmente negativa. Prejuicios como que los responsables
nunca son perseguidos, que todos conocen los actos de
corrupción y nadie los denuncia, hasta asumir que quienes
denuncian los actos de corrupción salen perjudicados,
están muy presentes en el imaginario de las personas. Para
conseguir el respaldo social y ciudadano, una estrategia de lucha
contra la corrupción debe buscar revertir la
sensación de impunidad imperante en el país. Para
creer, la población necesita de acciones ejemplificadoras.
Sin embargo, esta recuperación de la confianza
pública no resulta una tarea sencilla, en la medida en que
lo recurrente en nuestra historia contemporánea ha sido
más bien la no sanción de los delitos ligados al
mal uso de los fondos públicos. Los gobiernos deben asumir
la lucha contra la impunidad como una política permanente
de Estado, y dicha política es condición necesaria
para construir, con el conjunto del pueblo, un presente y un
futuro de justicia.
La independencia de los jueces y magistrados
responsables del control de la corrupción
política:
La independencia es la "piedra angular" de cualquier
sistema de justicia, que garantiza la decisión imparcial
de los conflictos y asegura la separación de la
función judicial del poder político. El fundamento
de la independencia es la existencia de un sistema social que
contenga instancias imparciales de decisión, libres de
injerencias, y sin las cuales el regreso a la violencia tribal
resurgiría. Su función consiste en crear las
condiciones que permitan resolver aquellos conflictos que la
propia sociedad no es capaz de solventar con la
conciliación y el compromiso. La independencia es
incompatible con cualquier tipo de presión y se refiere a
todos los órganos, tanto externos como los del propio
estamento judicial, por no ser un atributo de los magistrados
sino de la función judicial. La independencia no se agota
con su sola proclamación constitucional; requiere
además, y de manera fundamental, una cultura basada en el
respeto de las resoluciones judiciales por parte de todos.
También, una autonomía económica que
comprenda tanto la proposición de los presupuestos como la
gestión de los recursos. La función judicial debe
salvaguardar el vínculo entre gobernantes y gobernados,
porque la corrupción destruye esa relación. La
misión fundamental de los jueces es marginar aquella para
preservar esta.
La débil legitimidad
institucional:
La débil credibilidad del orden institucional,
originada principalmente por su incapacidad de enfrentar
eficazmente los problemas sociales, ha venido acentuando la
apatía de la sociedad civil. Apatía que se refleja
en la debilidad y desorganización de sus interacciones con
el Estado, y que da mayores posibilidades a que tengan lugar la
arbitrariedad, el abuso de poder , la inequidad, el despilfarro y
la falta de transparencia en la toma de decisiones. Y lo peor es
que no ha hecho viable la creación de un esquema de
cooperación y equilibrio entre individuos, grupos de
interés y Estado, con lo cual se ha favorecido el
oportunismo y la cooperación. El problema se ha planteado
en diversos términos: ausencia de gobernabilidad, pobreza
de capital social, debilidad del tejido social. En el caso
peruano, el hecho es que existe una baja credibilidad en las
instituciones, la cual se acentúa por la ineficacia de
estas. Adicionalmente, y ya en el plano ético, existe
lamentablemente una bajísima valoración de la
honestidad y de la confianza.
El régimen del empleo
público:
Otro de los factores que hay que considerar es el
régimen del empleo público. En ese sentido, lo
importante es la consolidación del pleno desarrollo de los
organismos públicos y del personal que en ellos trabaja;
así como la creación de condiciones para que las
entidades públicas sean organizaciones eficientes,
eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas
en el cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno y en los
servicios que prestan a la sociedad. En el caso peruano, la falta
de una carrera pública ha acrecentado los indicadores de
corrupción; en tal sentido, el poder abogar por una
institución sólida que permita hacer que los
deberes del empleado público se cumplan, en donde las
funciones se realicen con honestidad, probidad, criterio,
eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, es la
meta que hay que lograr. Consideramos que esta es una de las
puntas del iceberg en el diseño de estrategias
mancomunadas que se debe desarrollar en pro del fortalecimiento
de la administración pública. La Ley Marco del
Empleo Público (Ley 28175), de manera concreta y clara
señala como finalidad el establecimiento de los
lineamientos generales para promover consolidar y mantener una
administración pública moderna, jerárquica,
profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada
en el respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y
la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores
morales y éticos y el fortalecimiento de los principios
democráticos, para la obtención de mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor
atención a las personas. El Perú del siglo XXI
exige el funcionamiento y la puesta en marcha de una carrera
pública que no solo mermará los comportamientos
corruptos, sino que nos pondrá en línea de carrera
en el desarrollo de una administración pública
peruana, mucho más moderna y más
competitiva.
La corrupción como enfermedad y como
atmósfera viciada: pobreza y corrupción:
Pobreza y corrupción suelen caminar de la mano. Sabemos
que existe una estrecha relación entre el soborno y la
precariedad económica; que, como ya se ha visto, los bajos
salarios de los funcionarios pueden servir de base a ciertas
prácticas corruptas; que los países en desarrollo
se ven sometidos en demasiadas ocasiones al oprobio de la compra
y venta de voluntades públicas del más alto nivel,
repercutiendo negativamente sobre las grandes variables
macroeconómicas. Dado que la corrupción opera como
una enfermedad, se la puede concebir como un proceso
patológico que se instala en un medio propicio que permite
su desarrollo; es decir, la corrupción forma parte de algo
que está enquistado y que es difícil de extirpar.
Ello no significa, claro está, que no se quiera dar
solución a este problema y que no se puedan desarrollar
los instrumentos necesarios para proceder a su
extirpación.
Los efectos de la corrupción:
Limitado el estudio de la corrupción al
ámbito de obtención de decisiones públicas
en función de intereses particulares, corresponde ahora
determinar cuáles son los efectos que estas conductas
generan sobre la sociedad. Como infracciones penales, han sido
tradicionalmente consideradas como delitos contra la
administración pública. Con todo, la
dimensión alcanzada en los últimos tiempos por este
fenómeno ha revelado la existencia de otros efectos
disfuncionales añadidos que, más allá de
planteamientos meramente éticos, deben ser evaluados en su
justa medida. El incremento de los flujos comerciales
internacionales, los procesos de privatización
relacionados con la transición de las economías
socialistas o el aumento del peso del Estado en los mercados, son
factores que han favorecido el oportunismo entre los servidores
públicos, los cuales se han visto tentados a actuar en
interés propio.
Efectos políticos: En términos
generales, se derivan de la generalización de los procesos
de corrupción en el marco de los poderes públicos,
y aumentan en la medida en que el Estado condicione su
actuación al soborno de los particulares. La
corrupción es inherente al poder, en tanto constituye una
manifestación de ejercicio desviado del mismo. Con todo,
parece innegable que existe una estrecha relación entre la
forma de ejercer el poder político y la corrupción.
Recordando la clásica máxima de Lord Acton, si es
cierto que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe
absolutamente. El sistema democrático es el gran
perjudicado de la corrupción, y la esta se desarrolla con
más facilidad conforme los controles democráticos
se debilitan. En el marco de los sistemas políticos
plurales, la corrupción puede perjudicar gravemente el
buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Ciertamente, la conducta aislada de un funcionario supone un
desprecio al papel que le ha sido asignado a la
administración en cuyo marco actúa, dado que,
teniendo capacidad de decisión, opta por ignorar el
interés público y la neutralidad que
constitucionalmente le ha sido impuesta. En ocasiones, la riqueza
oculta acumulada para el pago de sobornos llega a constituir un
elemento de "negociación legislativa", destinada a
promover la aprobación de normas programáticas,
poco precisas, susceptibles de ser luego desarrolladas con
facilidad por el poder ejecutivo mediante formas de
actuación administrativa tendentes a favorecer a unos
pocos. Las connotaciones políticas que puede alcanzar el
fenómeno hacen que se generalice el reproche social
respecto de los corruptos, manteniéndose durante mucho
tiempo el desprestigio, no ya de las personas sino del sistema en
su conjunto.
Efectos económicos: Se ha destacado el
papel que puede jugar el fenómeno en los países
subdesarrollados o en los de economía dirigida, en los que
el soborno puede ser el "lubricante" necesario para accionar
ciertos mecanismos de progreso. Los ciudadanos precisan servicios
públicos, pero no están siendo satisfechos por
causa de los criterios de distribución fijados con
carácter general por los poderes públicos. En tales
casos, el particular emplea el soborno como incentivo que anima
al funcionario a realizar una prestación que excede de la
regla general. Sin embargo, los efectos favorables que puede
generar el soborno a muy corto plazo contrastan con las graves
consecuencias que, a juicio de los expertos, produce sobre la
economía nacional y, en última instancia, sobre la
de los particulares. Porque justamente en un funcionamiento
netamente con proyección al futuro, lo que la
corrupción hace es alejar la inversión privada, en
el entendido de que los "futuros inversionistas" no quieren
involucrar "sus dineros" en países con altos
índices de corrupción en sus instituciones. La
corrupción puede constituir un medio idóneo para
determinar la decisión de quienes tienen la potestad para
adjudicar la realización de obras o servicios
públicos, suprimiendo el libre juego de la oferta y la
demanda en perjuicio de la leal competencia y, en última
instancia, de los intereses generales.
Efectos sociales: Las consecuencias sociales que
acarrea la corrupción es un tema de suma importancia que
hay que considerar en el Plan Nacional de Lucha contra la
Corrupción, en el sentido de que la corrupción
acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del
Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos
sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un
proceso de exclusión social y político, ya que la
corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a
acceder de manera informal a sus medios de subsistencia. En la
actualidad la expansión generalizada de la
corrupción en las sociedades coadyuva a la crisis de
gobernabilidad e institucionalidad del sistema político,
siendo secuelas que surgen como resultado de las deformaciones de
vicios de cultura política contemporánea y donde la
corrupción ocupa un lugar destacado. Podemos
señalar que la corrupción contamina la cultura, con
el consiguiente deterioro de la calidad de vida.
Su incidencia sobre la esfera de los derechos
humanos:
La corrupción es tan antigua como la humanidad.
Sin embargo, a medida que ha ganado terreno en las sociedades
democráticas, se ha valorado más la incidencia del
fenómeno sobre las prerrogativas individuales y sociales
de los ciudadanos. La corrupción constituye el paradigma
de la desigualdad: a cambio de un soborno, el individuo obtiene
un trato privilegiado por parte del Estado, quebrándose
con ello las reglas de elemental reciprocidad, del pacto social.
Además, el desequilibrio tiende a trasladarse al plano
colectivo, afectando en primer término a la acción
del Estado en materias tales como la salud, la educación o
la cultura, y perjudicando con ello las políticas
públicas tendentes a garantizar que la igualdad de los
ciudadanos sea real y efectiva, no solo nominal. No se
equivocaron, pues, los redactores de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano cuando en agosto de 1789
proclamaron en su Preámbulo la existencia de una
relación causal entre "la ignorancia, el olvido y el
desprecio de los derechos humanos" y "la corrupción de los
gobernantes". Tampoco parece haber errado el Presidente de
Transparencia Internacional, Peter Eigen, cuando afirmaba en
junio de 2001 que "el virus del SIDA está matando millones
de africanos, y en muchos de los países donde el SIDA es
más devastador, el problema se ve agravado por el hecho de
que los niveles de corrupción se perciben como muy altos.
Si bien es imperativo que los países más ricos
proporcionen los frutos de la investigación médica
a un precio razonable para afrontar esta tragedia humana, es
también esencial que los gobiernos corruptos no roben a su
propia gente".
La educación y la ética como pilares
dentro de la elaboración de un Plan Nacional de Lucha
Contra la Corrupción:
Uno de los temas fundamentales en los programas de lucha
contra la corrupción es el referido a la educación
y a la ética, y cuando hablamos de ambas perspectivas
estamos haciendo referencia a lo que denominamos
"prevención", en el sentido de dar las herramientas
necesarias que nos permitan fortalecer y, en otros casos, crear
conciencia de lo que significa en nuestro contexto el manejo y el
funcionamiento de la res pública. Tenemos que partir que
en el Perú hay ausencia de una ética
pública: el reflejo de lo acontecido en el decenio pasado
lo ha demostrado, y las encuestas que se han venido haciendo en
los diferentes ámbitos institucionales y sociales
examinados demuestran fehacientemente la existencia de una gran
falta de sentido ético en los espacios públicos.
Una serie de comportamientos y de prácticas sociales
traslucen un muy débil compromiso con lo público y
el bien común, e indican que la acción
política ha prescindido del horizonte ético de los
valores. La función pública ha sido utilizada para
la satisfacción de intereses particulares que afectan los
deberes de función, los intereses colectivos y la moral
social. A su vez, la cultura administrativa ha sido erosionada
por sucesivos gobiernos. La instrumentalización
política de las principales instituciones públicas,
agravada por la falta de institucionalización de una
carrera administrativa, las bajas y/o arbitrarias y desiguales
remuneraciones, el inadecuado sistema de captación de
personal y la ausencia de un sistema de recompensas y
méritos acorde con el desempeño honesto y
eficiente, han originado una profunda desmotivación y
desmoralización entre los funcionarios públicos. En
la esfera pública, la corrupción ha generado una
desconfianza generalizada frente a las instituciones estatales.
Esta ausencia de credibilidad social es uno de los costos
más graves de la corrupción, porque quebranta la
relación entre el ciudadano y el Estado y privatiza la
vida pública. El individuo o el grupo social toma en sus
manos las funciones delegadas al poder público en el
momento en que desconfía de la imparcialidad de las
instituciones estatales. Asimismo, aparecen sectores sociales
profundamente cuestionados por su comportamiento en el espacio
público, como la clase política, ciertos estamentos
militares y policiales, algunos gremios empresariales y medios de
comunicación social. En las últimas décadas,
la práctica de la corrupción en el Perú ha
avanzado significativamente debido a una serie de razones. En
primer lugar, la creciente permeabilidad en amplios sectores de
la población, que la consideran como una conducta natural
en el uso de las cuotas de poder. En segundo lugar, el sistema de
creencias morales y de hábitos de conducta se ha
resquebrajado, trastocando los roles sociales. Las sensibilidades
frente a la corrupción han oscilado entre la complacencia,
la tolerancia y la resignación en gruesos sectores de la
población. No hay hábitos y costumbres de
honestidad suficientemente asentados y la ley no representa para
la ciudadanía la objetivación de valores sociales
aceptados. En tercer lugar, el utilitarismo exacerbado, aunado al
culto de la viveza, ha generado un fuerte debilitamiento del
sentido de lo público y ha conducido a una perspectiva que
privatiza el espacio y la función pública. Ello
explica la falta de compromiso con una ética
pública inspirada en valores ciudadanos. En cuarto lugar,
es preciso considerar que la corrupción generalizada se
inserta, de un lado, en un proceso de movilidad social a
cualquier costo, sin sanción moral y, de otro, en la
complicidad de un importante sector de la clase dirigente. En
quinto lugar, en la esfera política se percibe el divorcio
entre la ética y la gestión pública. La
acción política fija sus propios fines que debe
perseguir a cualquier precio. La crisis y la devaluación
de los partidos políticos ha contribuido a forjar una
construcción social que disocia la política de la
ética. El poder no se comprende como un medio de servicio.
En esta línea de trabajo, la pregunta central gira en
torno a cómo imaginar una construcción ética
de lo público que conduzca a una estrategia preventiva de
combate a la corrupción en el mediano y largo plazo.
Podemos entender la ética pública como el conjunto
de usos y costumbres que practican los ciudadanos en el espacio
público, y considera que estos usos y costumbres
deberían ser gratificantes y no perjudiciales para todos
los miembros de la sociedad y destinados a fortalecer y no a
debilitar el sistema democrático. La meta de la
promoción de la ética pública es combatir la
actual cultura de corrupción y construir una visión
factible de la ética pública que se plasme en una
cultura de la honestidad, transparencia y respeto en los
diferentes ámbitos, tanto de la función estatal
como social en general. Es necesaria la construcción de
nuevas formas de relación, costumbres y conductas a partir
de valores ciudadanos, es decir, de reglas de juego claras
aceptadas por todos. Para ello es indispensable reconocer y
aprehender los valores que sustentan la institucionalidad
democrática; procurar que las reglas de juego acordadas
sean coherentes con ella; y difundir y fortalecer el cumplimiento
de las normas acordadas, premiando las conductas probas y
sancionando las corruptas. Esta construcción presupone la
habilidad de elaborar códigos de ética y de
conducta institucionales adecuados. Se debe propiciar que cada
colectivo formule su propio código de conducta
ética, a partir del reconocimiento y explicitación
de los valores que orientan la función pública, las
conductas esperadas y las opciones en torno a dilemas
éticos que contribuyan a forjar un nuevo sistema de
relación con el ciudadano.
Medidas preventivas
contra la corrupción
En términos generales, la corrupción es el
mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir
una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El
término opuesto a corrupción política es
transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de
corrupción o transparencia de un estado. Todos los tipos
de gobierno son susceptibles a la corrupción. Las formas
de corrupción varían, pero las más comunes
son el uso ilegítimo de información privilegiada,
el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio,
sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación,
la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la
cooptación, el nepotismo y la impunidad. La
corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos
criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, y
la prostitución, que no se restringe a estos
crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros
crímenes. El concepto de corrupción difiere
dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto
es que algunas prácticas políticas pueden ser
legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos
países, la policía y los fiscales deben mantener la
discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la
línea entre discreción y corrupción puede
ser difícil de dibujar. En países con fuertes
intereses de grupos políticos, las prácticas de
corrupción se dan con más facilidad. , meno de la
corrupción política es una realidad mundial, su
nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez
política de cada país. Por esta misma razón
existen entidades nacionales e internacionales, pero el oficiales
y privadas, con la misión de supervisar el nivel de
corrupción administrativa internacional. La
corrupción, contrario a lo que podría pensarse
inicialmente, no es solo responsabilidad del sector oficial, el
estado o el gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente
al sector privado. En muchos países, como en
Latinoamérica, el sector privado tiene una gran influencia
estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en
dichos países tiene mucho que ver con la manera en la que
comporta el sector privado en conjunto con los sistemas
políticos.
El fenómeno de corrupción es un
fenómeno mundial, pero el grado de compromiso de una
sociedad por erradicarlo demuestra el nivel de madurez
política de un país. Efectos en políticas,
administración e instituciones. La corrupción
plantea un serio desafío de cambio. La corrupción
en elecciones y en los cuerpos legislativos aumenta la falta de
credibilidad y distorsiona la representación en la
creación de nuevas normas; la corrupción en el
poder judicial compromete al estado de Derecho; y la
corrupción en la administración pública da
como resultado la disposición injusta de servicios. En
general, la corrupción corroe la capacidad institucional
del gobierno en procedimientos, en donde desaparecen recursos, y
las oficinas públicas se venden y se compran como moneda
diaria.
Uno de los organismos internacionales que monitorea el
nivel de corrupción y transparencia en 180 estados del
mundo es Transparencia Internacional, con sede en Berlín,
que presenta un informe anual de todos los países y les da
una puntuación de 1,0 a 10. De acuerdo con el informe del
2007, los países con el más alto nivel de
transparencia del mundo y que ocupan el primer puesto con un
puntaje de 9,4 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Por otro
lado, los estados con el nivel de transparencia política
más bajo del mundo y que ocupan en 2007 los puestos 177 a
179 son Haití con 1,6 de calificación, Iraq con
1,5, y Myanmar (Birmania) y Somalia, ambos con 1,4. Por regiones,
el análisis de Transparencia Internacional muestra los
siguientes resultados: En Europa occidental el país
más transparente lo tiene Finlandia (9,6) y el primero del
mundo y el último de la tabla lo ocupa Polonia (3,7).
España se posiciona en el puesto 15 con 6,8, mientras
Portugal está en el 17 con 6,6. En la Europa oriental el
país más transparente es Bulgaria (4,0) seguido de
Turquía (3,8) y los últimos son Bielorrusia y
Uzbekistán con 2,1 ambos. En el Medio Oriente el primero
es Emiratos Árabes Unidos (6,2) seguido de Qatar (6,0) e
Israel (5,9). En América el primero lo ocupa Canadá
(8,5), y Estados Unidos (7,3) y los últimos son Paraguay
(2,6), Colombia (1,9), Venezuela (1,85) y Haití (1,8), que
es además el último del mundo. En Asia
Pacífico el país más transparente en sus
políticas es Nueva Zelanda (9,6), seguido de Singapur
(9,4) y Australia (8,7) y los últimos son Myanmar (1,9),
Bangladés (2,0) y Camboya (2,1).
El IFAC (2005), a través de la NIA-240, establece
que el fraude es el delito más creativo: requiere de las
mentes más agudas y podemos decir que es
prácticamente imposible de evitar. En el momento en que se
descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo. Esta norma
define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la
prevención de los mismos radica en la
administración. El auditor deberá planear la
auditoría de modo de que exista una expectativa razonable
de detectar anomalías importantes resultantes del fraude y
el error. Se sugieren procedimientos que deben considerarse
cuando el auditor tiene motivos para creer que existe fraude o
error. El propósito de la NIA es, establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de
considerar la existencia de fraude o error en una auditoria. Esta
NIA también establece la responsabilidad que pueda
existir: i) Responsabilidad de la Gerencia: La responsabilidad
por la prevención y detección de fraude y error
descansa en la gerencia que debe implementar y mantener sistemas
de contabilidad adecuados; ii) Responsabilidad del Auditor: El
auditor no es y no puede ser responsable de la prevención
del fraude o error, sin embargo, el hecho de que se lleve a cabo
una auditoria anual, puede servir para contrarrestar fraudes o
errores. El auditor debe llevar a cabo la Evaluación del
Riesgo: Al planear la auditoria, el auditor debería
evaluar el riesgo de distorsión material que el fraude o
error pueda producir en los estados financieros, y debería
indagar ante la gerencia si existe fraudes o errores
significativos que hayan sido descubiertos. Basado en la
evaluación del riesgo el auditor debería
diseñar procedimientos de auditoria para obtener seguridad
razonable que sea detectada las distorsiones producidas por
fraude o error material en los EE.FF. Una auditoria esta sujeta
al riesgo inevitable de que algunos errores materiales de los
estados financieros no sean detectados. El auditor debería
considerar el efecto potencial sobre los estados financieros. Si
el auditor cree que dicho fraude o error podría tener un
efecto de importancia sobre los estados financieros, el auditor
debería desarrollar los procedimientos modificados o
adicionados apropiados.
Según Cano (2004), el fraude es un engaño
hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación,
etc. El término fraude se refiere al acto intencional de
la Administración, personal o terceros, que da como
resultado una representación equivocada de los estados
financieros, pudiendo implicar: Manipulación,
falsificación o alteración de registros o
documentos; Malversación de activos; Supresión u
omisión de los efectos de ciertas transacciones en los
registros o documentos; Registro de transacciones sin sustancia o
respaldo; Mala aplicación de políticas contables.
Se considera que hay dos tipos de fraudes: el primero de ellos se
realiza con la intención financiera clara de
malversación de activos de la empresa. El segundo tipo de
fraude, es la presentación de información
financiera fraudulenta como acto intencionado encaminado a
alterar las cuentas anuales. •Los fraudes denominados
internos son aquellos organizados por una o varias personas
dentro de una institución, con el fin de obtener un
beneficio propio. Los fraudes conocidos como externos son
aquellos que se efectúan por una o varias personas para
obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como son:
bancos, clientes, proveedores, etc. Se considera que hay fraudes
por: Falta de controles adecuados; Poco y mal capacitado
personal; Baja / alta rotación de puestos;
Documentación confusa; Salarios bajos; Existencia de
activos de fácil conversión: bonos, pagares, etc.;
Legislación deficiente; Actividades incompatibles entre
sí. Es un hecho demostrado que evitar fraudes es
responsabilidad de todos los empleados. Por ello, es importante
crear una cultura empresarial encaminada a minimizar el riesgo de
fraude. Para que exista un fraude debe existir una oportunidad.
Esta puede ser provocada por la falta de controles. La respuesta
más sencilla contra el fraude es la de mejorar el control
administrativo, implementar practicas y políticas de
control, analizar los riesgos que motiven a un fraude, tener la
mejor gente posible, bien remunerada y motivada.
Según Mantilla (2009), la presentación
adecuada de los estados financieros depende de varios factores,
entre los que se encuentra la aplicación de los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados, el ejercicio de un
criterio adecuado en la realización de las estimaciones
necesarias en aquellas áreas en donde existan
incertidumbres y él suficiente desglose de aspectos
significativos, además de los elementos básicos,
que son la adecuación y validez de las operaciones y
saldos. Los errores, se consideran que se producen sin
intención, mientras que las irregularidades se producen
intencionalmente. Puesto que es más difícil
prevenir o detectar las irregularidades que los errores. Las
posibles irregularidades que efectúan las operaciones de
caja y bancos y de sus saldos pueden clasificarse, desde el punto
de vista de su ejecución de la siguiente forma: i)
Desfalcos: 1. Interceptación – efectuar cobros antes
de que estos se registren (ejemplos: ventas al contado o cobros
de cuentas a cobrar no registrados); 2. Sustracciones –
Hacerse con una cantidad en efectivo después de haberla
registrado (Ejemplo: apoderarse de una cantidad de los cobros
registrados pero no depositados, de fondos fijos o cuentas
bancarias); 3.- Desviaciones -Hacer que un desembolso que en un
principio es legitimo se desvíe de su destino
correspondiente; ii) Distorsiones: Modificación de los
estados financieros sin obtener ningún activo. Los errores
pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o
administrativos en los registros contables, aplicación
errónea de los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados o mal interpretación de los hechos existentes.
Las irregularidades en los estados financieros pueden ser el
resultado de una mal interpretación u omisión
deliberadas de los efectos de hechos u operaciones u otros
cambios intencionados en los registros contables básicos.
Se han identificado los errores más comunes: En la
clasificación del activo que no seria material en cuanto a
su cantidad, si esta afectada a dos categorías de la
planta o el equipo; Error en un principio, un cambio de un
principio debe ser evaluado en cuanto a sí: el principio
contable adoptado es generalmente aceptado, el método
contable por el efecto de cambio esta en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados. El Error
tolerable: se especifica generalmente como un componente de la
precisión deseada. El sistema de control debe ser adecuado
para detectar errores, así como desfalcos. Se consideran
los siguientes tipos de errores: 1. Errores de
Omisión: no son intencionales, son errores humanos y
los mas numerosos y costosos en la industria, pues contribuyen en
mas al gasto o la falta de beneficio. 2. Errores
intencionales: son los desfalcos y falsificaciones de
registros. 3. El Error de Muestreo.- se produce cuando se
utiliza incorrectamente el valor de una variable incluida en la
muestra como por ejemplo, cuando se lista un saldo de una cuenta
de 87, 65 anotando en su lugar 78, 65.
Medidas detectivas contra la
corrupción
Como se detecta un fraude: Existe una infinidad de
respuestas a esta pregunta las más comunes son: Observar,
probar o revisar los riesgos específicos de control,
identificar los más importantes y vigilar constantemente
su adecuada administración; Simular operaciones; Revisar
constantemente las conciliaciones de saldos con bancos, clientes,
etc.; Llevar acabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los
controles. El auditor busca la evidencia de auditoría
suficiente y competente que le asegure que no se ha producido un
fraude o error que tenga efecto material en los estados
financieros o que de haberse producido, el efecto del fraude se
refleja adecuadamente en los estados financieros o que el error
ha sido corregido. La probabilidad de detectar errores es. Por lo
general, mayor que la detectar fraudes, puesto que el fraude va
comúnmente acompañado de actos
específicamente concebidos para ocultar su existencia
(Teoría de la Ocultación). Uno de los factores
clave para que la actividad del auditor sea exitosa es el
desarrollar la habilidad de distinguir situaciones
anómalas, extrañas, inusuales, fuera de lugar,
que despierten la sospecha del auditor. En ese momento el auditor
habrá detectado una "bandera roja". Los auditores deben
tener conciencia de ellas, conocerlas y saber cómo
detectarlas. Podemos caracterizar las banderas rojas de la
siguiente forma: No necesariamente deben ser significativas, es
sólo una alerta que se plantea el auditor ante una
situación que percibe extraña o fuera de lugar,
pero la acumulación de varias pequeñas
"banderas rojas" podría sí estar indicando la
presencia de irregularidades; No establecen la existencia de
irregularidades por sí mismas, pero constituyen un alerta
para el auditor; No se deben descartar situaciones por
parecer demasiado obvias; Cuando se busquen explicaciones
para las banderas rojas, el auditor debe comenzar por las
más simples, ya que muchas veces la irregularidad se
encubre en el terreno de lo obvio, Podemos establecer asimismo
una clasificación de "banderas rojas" en:
Documentales, Son aquellas que encontramos en
documentos, contratos, facturas, correspondencias, etc.
Personales, Son aquellas que podemos distinguir
respecto de las personas que pueden traducirse en actitudes
o comportamientos extraños o inusuales. Del
proceso, son banderas rojas que se dan en los
procedimientos administrativos en los que se efectúan
gastos. Conceptuales, Son aquellas banderas que necesitan
del elemento racional para poder hallarlas, son las que no se
derivan de la observación directa de los hechos sino que
requieren de un proceso de razonamiento por parte del auditor.
Luego de valorar y obtener el grado de riesgo correspondiente,
aquellos determinados como de "Alto Riesgo", el auditor
complementa la matriz comentando los síntomas o
indicadores en que puede haber fraude y que han sido
asociados anteriormente con otros casos. Las banderas rojas no
significan necesariamente fraude, su presencia es una
alerta, para el auditor, de la posible existencia de actividades
irregulares. La detección de fraudes e irregularidades
puede afectar el normal desarrollo de la auditoría, y la
facultad de identificar lo que está fuera de lugar
dependerá de aspectos tales como el discernimiento
del profesional, su experiencia, conocimientos e incluso su
intuición. Por ello, debe estar alerta a algunos
indicadores de fraude como son: Disminución de
rentabilidad; Discrepancia en los registros contables;
Variaciones excesivas a los presupuestos o contratos;
Excesiva rotación de personal; Falta de comprobantes;
Adquisiciones innecesarias, Directivos que desempeñan
funciones de los subalternos; Falta de controles y de evidencia
de la auditoría. Este tipo de indicadores debe alertar al
auditor sobre la probabilidad de fraude. Si la matriz
señala alto riesgo y se presentan este tipo de banderas
rojas, el profesional tendrá elementos de juicio
suficientes para el enfoque que dará al proceso de
auditoría. A continuación señalamos los
procedimientos específicos dependiendo del tipo de
compromiso en el que se desenvuelve el servicio de la
Auditoría Forense:
Procedimientos orientados a determinar operaciones de
lavado de dinero:
Analizar el origen de los depósitos inusuales
de dinero en efectivo por montos significativos, por parte de
una persona natural o jurídica cuyas actividades
habituales no debieran normalmente producir ingresos de este
tipo.Investigar las transferencias en efectivo de
importante sumas de dinero hacia localidades que no tienen
relación con el giro del negocio.Verificar los depósitos y retiros de montos
elevados que exceden en forma importante los ingresos
normales de una persona natural o jurídica.Evaluar el origen y naturaleza del movimiento que se
está realizando en cuentas que estuvieron inactivas
por un determinado tiempo.Analizar los depósitos efectuados por
importes significativos que provengan de cheques endosados de
terceros, para verificar si corresponden a operaciones
normales.Solicitar a los Registros Públicos el
movimiento de compra o venta de inmuebles del cliente sin un
objetivo claro o evidente o en circunstancias que parecen
poco habituales con relación a la actividad normal del
cliente.Investigar si se realizan operaciones vinculadas con
paraísos fiscales o plazas Offshore que no tienen que
ver con el giro del negocio.Investigar si se realizan operaciones celebradas con
personas que se han constituido (personas jurídicas)
y/o que han tenido o tienen actividades, negocios u
operaciones, en los denominados «países y
territorios no cooperantes» en materia de
prevención de lavado de activos. La relación o
lista de los mismos es elaborada periódicamente por el
GAFI (o FATF por sus siglas en inglés).Verificar si las garantías otorgadas a los
bancos provienen del giro normal del cliente.Investigar si las cancelaciones efectuadas en forma
anticipada de los préstamos bancarios solicitados se
han efectuado con los recursos propios de la
empresa.Investigar y evaluar el movimiento patrimonial de la
persona o empresa.
Procedimientos orientados a detectar
sustracción de activos:
Realizar pruebas cuadradas de las conciliaciones
bancarias.Revisar la antigüedad de las partidas
conciliatorias e investigar si estas obedecen efectivamente a
documentaciones que son transitorias.Efectuar arqueos de caja en forma
inopinada.Efectuar arqueos de documentos valorados de la
empresa.Solicitar confirmaciones de terceros de las
principales cuentas del balance.Evaluar que las transacciones de compras y ventas
relacionadas con mercaderías del giro del negocio,
estén de acuerdo a las condiciones de
mercado.Evaluar los informes de los precios de transferencia
que sustentan las ventas de mercaderías o servicios
entre empresas vinculadas.Evaluar las políticas de descuentos en las
ventas si están de acuerdo a las políticas
comerciales de la empresa.Evaluar las utilizaciones de cuentas
inactivas.Revisar los cargos a las cuentas de
resultados.Revisar el programa de cálculos de intereses
que se cobran a los clientes.Revisar la correspondencia recibida por la empresa y
que amerite.Verificar si todas las cobranzas son depositadas en
forma intacta.Inspeccionar los activos fijos.
Examinar los inventarios.
Procedimientos orientados a la detección del
crimen de "cuello blanco":
Efectuar un análisis de la situación
financiera y económica de la empresa que nos permita
determinar si las decisiones tomadas por la alta
dirección generaron valor o de lo contrario
destruyeron valor, la misma que debe ser comparada tanto con
los planes estratégicos de la empresa y contrarrestada
con la tendencia del sector al que pertenece el
negocio.Analizar los resultados obtenidos por cada uno de
los centros de ingreso de la empresa e incidir sobre las
líneas de negocio que originaron pérdidas y
destruyeron el valor del negocio de la empresa.Preparar indicadores de gestión, tales como
ROE, ROA, volumen de negocios, productividad, tipos de
ingresos, gastos y determinar si están de acuerdo al
sector económico y a los planes estratégicos de
la empresa.Solicitar las Actas de Directorio y de Junta General
de Accionistas para determinar si todos los acuerdos de
inversión y de negocio fueron debidamente ejecutadas
por las respectivas gerencias.Investigar si las gerencias constituyeron empresas
«outsourcing» y si éstas prestan servicios
a la compañía, con la finalidad de poder
determinar si estos servicios están de acuerdo con las
necesidades de la compañía y están a
precios de mercado.Investigar sobre los niveles patrimoniales que han
obtenido los gerentes desde su permanencia en la empresa, de
manera que se pueda identificar incrementos patrimoniales no
justificados.Revisar los legajos personales y extraer los nombres
de los familiares y de las participaciones que pudieran tener
en otras empresas para tomarles en cuenta cuando se revisen
compras, proveedores, castigos, préstamos, descuentos
otorgados, etc.Analizar la evolución de la estructura de los
activos para determinar si éstos han crecido y
generado valor, debiendo efectuarse, desde la fecha en que se
nombró al gerente general y su equipo gerencial.Evaluar las provisiones contables determinadas y
aprobadas por el Directorio.Analizar con detalle las razones de las cuentas de
clientes que son castigadas y si estas tienen alguna
relación con las gerencias.Evaluar los motivos que originan que una empresa o
persona tengan participaciones accionarías en otras
empresas y efectuar el seguimiento de las rentabilidades
obtenidas en dicha participación.Verificar si los gerentes tienen préstamos
que han sido aprobados por el Directorio.Verificar si se han efectuado, con los recursos de
la empresa, préstamos a empresas relacionadas con
familiares de las gerencias.Verificar si los pagos efectuados por compra de
inmuebles están de acuerdo con los precios de mercado.Verificar si existen facturaciones incluidas en los
resultados y que en los próximos días son
anuladas, de tal manera que pretenden dar la apariencia de
que las metas presupuestales están siendo
cumplidas.Verificar si los resultados obtenidos en las ventas
de activos son reconocidos en el período.Verificar si existen acuerdos de recompra que
permitan o difieran el reconocimiento de pérdidas para
el futuro.Verificar si la gerencia adquiere posiciones
especulativas ocultas de tipo de cambio, precios de
mercaderías (Bolsa de Productos) no autorizadas por el
Directorio.Verificar que el Activo Subyacente que sustenta la
emisión de bonos o Certificados de
Titulización, se realice a precio de mercado y que
éste sirva de base para su registro
contable.Verificar las ventas de los activos subyacentes de
las titulizaciones y su relación con el valor inicial
de registro en el patrimonio fideicometido.Verificar que la determinación del
cálculo del gasto de las participaciones gerenciales,
están de acuerdo a lo aprobado por el
Directorio.Evaluar los reportes de excepciones aprobadas por la
Gerencia y determinar las excepciones son los
beneficiarios.Evaluar la estructura de comisiones cobradas,
estableciendo una relación entre ingresos de tarifas
preferenciales y normales.Investigar si existe algún tipo de
relación entre las empresas beneficiadas por las
tarifas, comisiones preferenciales y la gerencias.
Procedimientos orientados a la detección de
quiebras fraudulentas de empresas:
Obtener conocimiento de las razones que han
estipulado los accionistas para declarar la quiebra de una
empresa.Evaluar si se han seguido con todos los requisitos
que exige la Ley de Sociedades.Analizar los estados financieros de los
últimos periodos anteriores a la fecha de insolvencia
o de la declaración de quiebra y determinar las
posibles razones que han determinado la insolvencia o quiebra
de la empresa.Determinar qué decisiones tomadas en los
últimos periodos originaron que la empresa sea
declarada en quiebra.Analizar los gastos registrados en los
últimos meses de la gestión.Determinar si es que existe algún tipo de
beneficio oculto que resulta de la quiebra.
Procedimientos orientados en la valuación de
empresas:
Solicitar los Estados Financieros y los
parámetros que utilizan para valuar el
activo.Verificar si éstos se ajustan a los
principios de contabilidad generalmente aceptados.Solicitar los Estados Financieros Auditados de la
empresa.Evaluar la evolución de las utilidades de la
empresa.Verificar si la empresa cotiza en bolsa y
cuál es el precio de cotización.Preparar un flujo descontado de la empresa que
permita establecer su valor y compararlo con los valores
patrimoniales y de cotización de la
empresa.
Lucha frontal contra
la corrupción
Estrategia Integral de Control:
La Contraloría General de la República ha
considerado que su accionar y sus objetivos estratégicos
institucionales deben estar articulados en una estrategia
integral de control, la cual se ha desarrollado con la finalidad,
de erradicar o reducir al máximo los niveles de
corrupción, a través de la utilización de
los enfoques comúnmente tratados por las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, tales como: control de
políticas macro, control de gestión, auditorias
financieras y acciones anticorrupción,
invirtiéndose para estas últimas el 75% de sus
recursos y el 25% restante en las otras orientaciones. Esta
estrategia integral dirige sus esfuerzos en materia
anticorrupción en tres niveles: a corto plazo, con el
fortalecimiento de las acciones anticorrupción a
través del afianzamiento de sus funciones en contra de la
corrupción; a mediano plazo, con la Medición del
Desempeño que implica revisar el ejercicio que tienen las
organizaciones, determinado a través de los criterios de
eficiencia y de valor por dinero, con el objeto de verificar, si
el producto generado por la Organización con el
presupuesto asignado beneficia al país; y a largo plazo,
con la Prevención para el desarrollo futuro, a fin de
evitar problemas ulteriores. Las acciones anticorrupción
(detección – investigación) son desarrolladas
a través de las siguientes herramientas: Acciones
Rápidas, Acciones de Control, Fiscalización de
Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, Operativos en
cubierto, así como el fortalecimiento de los
Órganos de Control Institucional y de las Oficinas
Regionales, con el objeto que desarrollen controles
autónomos e independientes, permitiéndose una mayor
presencia del Sistema Nacional de Control a nivel nacional. La
Contraloría General de la República, en el nivel de
Prevención de la citada estrategia integral, ha
desarrollado específicamente, la Estrategia Preventiva
Anticorrupción –EPA-, la cual trata de cubrir una de
los componentes de la lucha contra la corrupción, toda vez
que ésta implica un conjunto interrelacionado de
componentes que tienen que ver con: Prevención;
Detección-Investigación; Juzgamiento; y,
Sanción. En la actualidad, el proceso institucional de
lucha contra la corrupción dirige fundamentalmente sus
empeños, a la detección – investigación, al
enjuiciamiento y a la sanción de los actos corruptos; sin
embargo, urge la necesidad de plantear una estrategia dirigida a
la prevención de la corrupción, etapa
importantísima del proceso que requiere destinar mayores
esfuerzos, pretendiendo realizar e impulsar acciones que apunten
a resolver el problema de manera integral. La Contraloría
General de la República, a partir de lo desarrollado a
nivel estatal como institucional con relación a la lucha
contra la corrupción, considera que, resulta necesario
involucrarse en la etapa preventiva del proceso, la
participación concertada y activa de los diversos sectores
del Estado, así como de la sociedad civil y la
ciudadanía en general, a fin de emprender una tarea cuya
finalidad es la erradicación o reducción de la
corrupción de la administración pública y de
propiciar cambios en la conducta de los funcionarios
públicos y de la ciudadanía frente a ese degradante
flagelo. La Contraloría General de la República,
teniendo en consideración y sustento los criterios
técnicos expuestos y con el propósito de contribuir
a lograr la transparencia y honestidad en la
administración del Estado, diseña y pone en marcha
la Estrategia Preventiva Anticorrupción
–EPA.
Control Gubernamental:
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República Ley
Nº 27785, establece un nuevo concepto de Control
Gubernamental, que permite el desarrollo de forma más
eficaz, oportuno e independiente, afianzando su propósito
preventivo y de contribución a la mejora de la
gestión pública, constituyéndose en el marco
legal apropiado para modernizar el control como un instrumento
efectivo de protección de los recursos del Estado
definidos por ley, así como de los recursos
medioambientales y del patrimonio cultural. El control
gubernamental es ejercido a través del control posterior
externo e interno (concurrente), enfocando la estrategia integral
de control sus esfuerzos a largo plazo, con el control
preventivo.
Control Preventivo:
El acotado marco normativo ha establecido expresamente
la labor de prevención de este Organismo Superior de
Control, ampliándose con ello su ámbito de
competencia con el objeto de mejorar la capacidad y eficiencia de
las entidades del Estado en la toma de sus decisiones, así
como de prevenir la correcta, eficiente y transparente
utilización y gestión de los recursos y bienes del
Estado y del desarrollo probo y honesto de las funciones y actos
de las autoridades, funcionarios y servidores públicos,
con la finalidad de disminuir y/o erradicar la corrupción
administrativa del Estado. En tal sentido, la Contraloría
General de la República puede ejercer el control externo
de manera preventiva, en atención al desarrollo de sus
roles de supervisión y vigilancia, sin que ello conlleve
injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo
de la administración de la entidad o interfiera en el
control posterior que corresponda. En concordancia con lo
expuesto, la referida normativa ha establecido a este Organismo
Superior de Control diversas atribuciones y funciones de
contenido preventivo, orientadas a: Formular oportunamente
recomendaciones que eviten la comisión de errores en la
administración de los recursos del Estado; Incentivar la
puesta en marcha del control interno en la administración
pública; Promover una cultura de valores éticos;
Propiciar la participación de la ciudadanía en el
control social; Comprometer a que los actores privados realicen
sus transacciones con el Estado de manera transparente y proba;
Institucionalizar la lucha contra la corrupción,
involucrando a los poderes del Estado.
Estrategia Preventiva Anticorrupción-
EPA:
Es la creación y acondicionamiento de un ambiente
apropiado, favorable y protegido, dentro del cual las
instituciones públicas, la ciudadanía, la sociedad
civil, el sector privado empresarial y el Sistema de Control,
puedan participar y desenvolverse combinando sus esfuerzos
transparente y eficazmente, para la prevención de la
corrupción, así como desarrollando mecanismos,
metodologías e instrumentos que permitan erradicar o
disminuir el flagelo de la corrupción y propiciar cambios
en la conducta de la ciudadanía frente a éste, para
lograr un Estado moderno y eficiente.
El objetivo del EPA, es constituirse en el blindaje para
evitar que la Corrupción penetre en el Estado, el cual se
encuentra vigilado por una Ciudadanía Activa, preparada en
una Educación en Valores fortalecida para la
Función Pública, permitiendo de esta manera el
desarrollo de un Estado Moderno y Eficiente.
La ejecución de esta estrategia se desarrolla a
través de los siguientes ejes transversales:
Alianzas estratégicas y trabajo
horizontal: Debido a la envergadura y magnitud de la
corrupción y por las diversas tareas necesarias para
hacerle frente preventivamente, es necesario que las
instituciones del Estado, el Sistema de Control, la
ciudadanía, la sociedad civil y el sector empresarial
estén involucrados, según su especialidad y
predisposición, con el objeto de lograr el concurso
necesario para proponer e impulsar medidas y acciones
preventivas de la corrupción, así como
fortalecer el control social responsable.Comunicación, difusión y
educación: Para formar valores éticos,
despertar la conciencia y desalentar los actos de
corrupción en los servidores públicos y la
ciudadanía.Medidas de conductas y procedimientos:
Elaboración de lineamientos para hacer mas eficiente y
seguro el sistema de contratación del Estado; para
precisar y formalizar el compromiso ético y legal del
personal integrante de la Administración
Pública; para el uso eficiente de los bienes y
servicios adquiridos por el Estado, entre otros
aspectos.Gestión de riesgos: Conjunto de
políticas, estrategias, instrumentos y medidas
orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los riesgos
de actos de corrupción o irregularidades.
En esta estrategia han de intervenir actores o agentes
del sector público y del privado, ambos actuarán en
forma integrada y mancomunada para alcanzar los propósitos
de erradicar o reducir los actos de corrupción y de
propiciar cambios en la conducta de la ciudadanía frente a
este flagelo. En tal sentido, y a fin que dichas competencias
tengan efectos sinérgicos en la prevención y lucha
contra la corrupción, se ha previsto que formen parte y se
interrelacionen dentro de la estrategia preventiva
anticorrupción, así como en atención a los
criterios de relevancia , capacidad y fuerza se seleccionaron a
los siguientes agentes o los actores, sin embargo podrán
involucrarse gradualmente otros actores o agentes que resulten
necesarios para los fines de ésta:
El Sector Público Ejecutivo: se encarga de
la ejecución de las políticas públicas, de
la administración del patrimonio público,
así como del ejercicio de la función
pública, teniendo por ello, la obligación de
desarrollar controles para el adecuado ejercicio de la
gestión pública, sin embargo, muchas veces estos
resultan insuficientes u obsoletos; siendo por tanto un ambiente
propenso para la ocurrencia de irregularidades y/o actos de
corrupción. Este sector se encuentra comprometido en la
estrategia, debido a que, será uno de los escenarios donde
se actúe, necesitándose para ello del enfoque
integral, tanto interno como externo.
El Sistema de Justicia: está integrado por
diversas entidades vinculadas al enjuiciamiento de acciones
penales, civiles, constitucionales, la labor judicial
fundamentalmente está definida en las etapas de
juzgamiento y sanción del proceso institucional
anticorrupción, y es en base a estas experiencias que se
pueden adoptar acciones para prevenir que vuelvan ocurrir en el
futuro.
El Congreso: es una instancia que tiene a su
cargo el ejercicio del control político del Estado, su
participación en la estrategia es debido a que puede:
fortalecer las capacidades institucionales; normar y regular en
materia de prevención y lucha contra la corrupción,
así como lo señalado en las convenciones
internacionales sobre el particular; por un lado, y por otro,
fiscalizar, investigar y sancionar a las autoridades
políticas a cargo de la administración Estado, y
sus experiencias apreciarlas para diseñar y desarrollar
medidas preventivas para evitar se repitan en el
futuro.
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