Balance centrales sindical República Dominicana

Al finalizar el año 2010, las centrales
sindicales de la República Dominicana, quisiéramos
hacer un balance optimista, si bien destacamos los casos
positivos, al poner en una balanza positivos y negativos, el
balance para los trabajadores y trabajadoras nos da un saldo
negativo. Las condiciones de trabajo continuaron su tendencia
hacia una mayor precarización, bajos salarios,
subcontratación, contratos inestables, jornadas de 12
horas, vacaciones fraccionadas, impedimento para que los
trabajadores ejerzan su derecho de organizarse y negociar
colectivamente, lo que junto con los problemas que afectaron a
los trabajadores y trabajadoras como ciudadanos y ciudadanas,
como son: La educación, la salud, la seguridad, el medio
ambiente, aumento de la violencia, la criminalidad, etc.,
hicieron que el año 2010 concluyera de nuevo con un
balance negativo, que se puede observar en el detalle que
presentamos a continuación:

Crisis
económica e impacto en el empleo

Finalizando el año 2009, en la Republica
Dominicana, al igual que muchos otros países, comenzaron a
observarse importantes mejoras en los indicadores laborales y en
los niveles de empleo. En el 2008, la tasa de desocupación
en el país fue de 14.1%, en el 2009 esta ascendió a
14.9%, y en el 2010, se redujo a 14.4%. Mientras que en otros
países de países del continente la mejoría
se vio acompañado por una mayor calidad del empleo, donde
el empleo formal volvió a crecer, en nuestro país,
el empleo formal obtuvo un muy ligero crecimiento. Según
los datos del Banco Central, para el año 2008, la
población ocupada en el sector formal de la
economía fue de 1,566,047 personas. Para abril del
año 2010, esta población ascendió a
1,645,762. En el sector informal la población ocupada para
abril del año 2008 fue de 2,106,311 y en abril del
año 2010 fueron 2 millones 092 mil 832 personas ocupadas
en el sector informal de la economía, con empleos que se
caracterizan por su precariedad, mal pagados, inestables,
inseguros, sin seguridad social, sin libertad sindical, ni
negociación colectiva.

El 46% de los empleos creados en los últimos
años, corresponden al servicio doméstico, colmados,
peluquerías y choferes. Pese al crecimiento de la
economía en las últimos años, en el
país no se ha podido incrementar el número de
trabajadores formales, debido a que los sectores que más
crecen cada día demandan menos manos de obra, lo que
reduce el empleo.

Todo esto nos muestra la necesidad de reforzar el
compromiso de promover la creación de empleos decentes que
tiene el país y retomar el Programa Nacional de Trabajo
Decente suscrito por el tripartismo, con el apoyo de la OIT en
agosto del año 2007.

Pese a que los casos que se destacan en el mundo como
experiencias positivas para hacer frente a la crisis
económica, como Brasil con el fortalecimiento al salario,
Argentina con la prevención de despido y retención
de trabajadores en la empresa, Chile con políticas
fiscales y programas de contingencias, etc., en la Republica
Dominicana, el sector empleador reforzó su posición
y campaña para, en propuesta de hacer frente a una crisis
que ya está pasando a otro etapa, reducir y eliminar
derechos laborales tales como la jornada, las prestaciones
laborales en caso de desahucios ejercidos por el empleador,
etc..- Según datos contenidos en el Informe Mundial
de Salarios 2010/2011 divulgado recientemente por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
República Dominicana tiene uno de los salarios
mínimos con menor poder de compra de América Latina
y el Caribe, sólo comparable con los de Bolivia, Guayana,
Haití y Nicaragua, sin embargo, se continua vendiendo la
idea de que los costos laborales son muy altos en el país
y esto resta competitividad a la empresa, para lo cual se
incluyen como parte de los gastos, los aportes a la seguridad
social, aun cuando estos tienen un carácter de
retribución de servicios y de acumulación para la
concesión de futuras pensiones, valores los cuales son a
su vez administrado fundamentalmente por el sector privado para
hacer negocios en la concesión de servicios de salud y en
la administración de los fondos de pensiones.

Los derechos laborales estuvieron en el centro de los
argumentos de los empleadores, no para mejorar su
aplicación, sino para reducir las disposiciones de la ley,
lo que ha sido y continuará siendo resistido por las
centrales sindicales que no permitiremos eliminar conquistas
tales como el derecho a una jornada razonable que tanto
sacrificio costo al movimiento sindical mundial, así como
a la indemnización que tiene derecho el trabajador cuando
el contrato de trabajo es roto por el empleador sin tener ninguna
causa que lo justifique, que es lo que constituye la
cesantía. Las nuevas formas para evadir los derechos
laborales, como la subcontratación y la
contratación por menos de 3 meses, se han convertido,
junto con las violaciones a la libertad sindical, en la amenaza
más grande sobre los derechos laborales y a lo que
están recurriendo no solo las empresas, sino
también las instituciones del estado, tanto en el
área de los servicios como en otras actividades
económicas. Este tema tiene también un impacto
negativo en la empresa, sin embargo, el empresariado actual,
conforme a su visión cortoplacista recurre al mismo para
abaratar costo e impedir la creación de sindicatos y la
firma de convenios colectivos. Los conflictos que se produjeron
en este año en la Empresa Barrick Gold y sus contratistas
y subcontratistas, con huelgas y movilizaciones que paralizaron a
Cotuí y otras comunidades en las que varias personas
resultaron heridas, es una muestra de lo que se puede generar
cuando se violentan los derechos laborales o se impide el
ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical,
por medios como la subcontratación.

Violaciones a la
libertad sindical y a la negociación
colectiva

El tema de la libertad sindical para el año 2010
fue de gran preocupación por el aumento de las violaciones
a este derecho humano fundamental. Por un lado, un sector
empresarial que no termina por aceptar que los trabajadores y
trabajadoras, al igual que ellos, tienen el derecho de crear sus
organizaciones y procurar mejores condiciones de trabajo y de
vida. En el año 2010, los trabajadores de Peravia motors
vieron impedido s su derecho de negociar un convenio colectivo de
condiciones de trabajo, por la negativa expresa de la empresa,
quien para impedir una respuesta contundente del sindicato frente
a esta flagrante violación, la acompañó con
una feroz persecución sindical, amenaza contra los
dirigentes y miembros del sindicato para que no apoyen ninguna
acción contra la empresa. Los trabadores de Gildan
Activewear, establecida entre los municipios de Guerra y
Bayaguana, impidió que los trabajadores firmaran un
verdadero convenio colectivo, firmando sorpresivamente un
mamotreto de convenio colectivo con personeros que se dedican por
diversas vías a impedir o debilitar las iniciativas reales
de organización sindical. Pese a la ilegalidad del
adefesio de convenio, la Empresa se niega a revisar y determinar
cuál es el sindicato que cuenta con la titularidad para
negociar conectivamente, para impedir que los trabajadores
obtengan de manera autónoma lo que en verdad necesitan y
no aceptar simplemente su imposición como ha logrado hasta
ahora. En la empresa Tabacalera fueron desahuciados 3 dirigentes
del sindicato. Los trabajadores de Cepy Cibao, intentaron
negociar un convenio colectivo de condiciones de trabajo y
demandaron que se les diera el mismo tratamiento que a los
demás trabajadores, la empresa prefiere mantener sus
puertas cerradas que negociar con el sindicato, aun cuando este
cuenta con la afiliación de más del 50% de los
trabajadores de la empresa, y para no acatar las decisiones de
los tribunales en torno al pago de vacaciones y regalía
pascual.

Las trabajadoras de la banca Capitán de San Pedro
de Macorís, formaron su sindicato de trabajadores, la
empresa respondió con el "cierre aparente", traspasando
sus operaciones a nombre de otra red de bancas, denominada
Colombo. Esta situación de represalia sindical se agrava
con la negligencia e incapacidad del ministerio de trabajo de
velar por los derechos laborales. En el caso Peravia Motors, una
investigación solicitada por el sindicato frente a las
prácticas antisindicales implementadas por la empresa se
produjo 3 semanas después y después de que se
enviaran más de 4 comunicaciones, una situación
similar se ha dado en otras empresas, como en el de Gildan citado
en párrafos anteriores.

A la deficiencia del ministerio de trabajo se suma que
varias violaciones a la libertad sindical se han producido en
dependencias del mismo gobierno, como el desahucio de 5
dirigentes sindicales en Autoridad Portuaria Dominicana, aunque
posteriormente se logro la reinstalación de los 2
dirigentes, secretario general y de organización, los
demás ha sido posible reponerlos en su lugar de trabajo.
En la empresa Laboratorio Químico Dominicano se iniciaron
las negociaciones del convenio colectivo de condiciones de
trabajo desde mediado del año 2010 y este año
finaliza sin que este proceso haya concluido, debido a la actitud
negativa que mantiene el administrador de dicha
empresa.

Las violaciones a la libertad sindical y a la
negociación colectiva, se ven más amenazadas aun,
debido a la inexistencia de garantías judiciales y
procesales. Es el poder judicial que al final determina si un
derecho consignado en la Constitución, en las leyes y en
los convenios ratificados por el país se aplican, pues
estos no sirven de nada cuando no existe un estado de derecho que
restablezca los derechos conculcados y sancione de manera
ejemplar a los que violentan los mismos. En el año 2010,
como en otros años, la lentitud en los procesos judiciales
constituyeron verdaderas trabas al ejercicio de los derechos
laborales, en especial libertad sindical y negociación
colectiva, se destacan los pesados y lentos procesos en la
provincia Santo Domingo, en especial los municipios Santo Domingo
Este y Oeste, en Santiago, en Barahona, etc., pero además
de las tardanzas se dictaron diversas sentencias que riñen
con los convenios sobre libertad sindical y negociación
colectiva, Nos. 87 y 98 de la OIT, entre las que
destacamos:

1. El caso CIRAMAR INTERNATIONAL, establecida en la
Caldera de Baní y que se dedica a construir y reparar
embarcaciones. Esta empresa desahucio al inicio del año
2009, a los 20 fundadores del sindicato. Estos, conforme al
Código de Trabajo, demandaron su reintegro a la empresa,
sin embargo y pese a la ilegalidad y nulidad del desahucio
ejercido por la empresa en virtud de que esos trabajadores
contaban con la protección del fuero sindical, el Juzgado
de Primera instancia de Bani, si bien condenó al pago de
indemnizaciones, rechazo la solicitud de reintegro alegando que
la ley no lo prevé, lo que por supuesto tiene por
finalidad impedir que el sindicato funcione.

2. Los trabajadores de ELSAMEX INTERNATIONAL, que es la
misma CODACSA, formaron el sindicato e intentaron negociar el
convenio colectivo, la empresa se negó a la
negociación alegando la terminación del contrato y
aunque se probo que la empresa continuaba operando por igual,
tanto ELSAMEX como CODACSA, el proceso concluye con una sentencia
de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, que
desconoce las violaciones a la libertad sindical y la
negociación colectiva y solo condena a la empresa al pago
de la asistencia económica, revocando la sentencia dictada
por el juzgado de trabajo que mantenía la vigencia de los
contratos de trabajo, ordenaba el reintegro de los trabajadores a
sus labores, el pago de los salarios caídos y la
indemnización por los daños y perjuicios. La
actitud de las autoridades administrativas del trabajo, los
obstáculos puestos para el registro y reconocimiento de
los sindicatos, sobre todo cuando se trata de trabajadores bajo
régimen de subcontratación, motivó la
presentación en junio del 2010 de una queja por parte de
la CNUS, ante el Comité de Libertad Sindical de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) por
violación al convenio numero 87 de la OIT. Posteriormente,
la CNTD presentó una queja también ante el
Comité de Libertad Sindical, por las decisiones judiciales
contrarias a las disposiciones de los convenios 87 y 98 de la
OIT, sobre la protección que deben tener los trabajadores
y las trabajadoras para organizarse en sindicato.

Fracaso
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio

En la Cumbre del Milenio, realizada en septiembre del
año 2000, fue aprobada la Declaración del Milenio,
que contiene los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), ocho
objetivos que se intenta alcanzar para 2015, entre ellos: 1.
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la
enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4
Reducir la mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud materna, 6.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo. Nuestro
país, es parte suscribiente de la promesa más
importante que jamás se ha hecho a las personas más
vulnerables; sin embargo, pese a que los ODM, tal como ha
planteado las ONU se pueden cumplir si todos los actores hacen su
parte, en el caso de los países pobres como el nuestro, se
han comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones
con salud y educación; en la Cumbre sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), celebrada en septiembre del
año 2010 en Nueva York el presidente Leonel
Fernández anuncio "que el país no podrá
cumplir con los Objetivos del Milenio". El fracaso admitido en el
proceso para cumplir con los ODM, no es más que el
resultado de una Política de Estado que no favorece un
cambio real y positivo para mejorar las condiciones de pobreza de
la gran mayoría de la población, muestra de ello es
la escasa inversión en salud y educación y las
desacertadas políticas fiscales que lejos favorecer una
mejor redistribución de las riquezas, contribuyen al
ensanchamiento de las brechas sociales, entre las personas y
entre las comunidades.

Es importante destacar, la muestra de
organización y de avance logrado por diversas
organizaciones concertadas en la coalición
Educación Digna, y de la sociedad en sentido general en la
campaña que exige el 4% del PBI para la educación
que se debe consignar conforme a la Ley General de
Educación en el Presupuesto General de la Nación.
Las centrales sindicales estamos y continuaremos estando
comprometidas y apoyando esta campaña, porque no hay
manera de desarrollar un pueblo que no sea por vía de una
buena educación y lamentamos la posición asumida
por el gobierno frente a este reclamo nacional.

Seguridad
social

La seguridad social tuvo escasos avances de
carácter social durante el año 2010, contrario a lo
cual se fortaleció la orientación financiera y de
negocios de una responsabilidad del Estado que tiene por objetivo
proteger a sus ciudadanos cuando estos enfrentan contingencias y
situaciones propias de las personas, enfermedad, vejez, muerte,
maternidad y frente a los riesgos laborales.

Estos elementos tienen su origen en violaciones a las
disposiciones contenidas en el marco legal que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, debido a que mediante
resoluciones y normas se han negado derechos establecidos en la
Ley 87-01, tal es el caso de los medicamentos, que en el
artículo 130 de dicha ley, sobre prestaciones
farmacéuticas ambulatorias, se dispone que "Las
prestaciones farmacéuticas ambulatorias de los
Regímenes Contributivo y Contributivo Subsidiado
cubrirán el setenta (70) por ciento del precio a nivel del
consumidor, debiendo el beneficiario aportar el treinta (30) por
ciento restante"; mientras que mediante una acuerdo
apenas se le entregan RD$3,000.00 por año a cada afiliado,
con un correspondiente incremento en el gasto de bolsillo de los
trabajadores.

Durante el año 2010, al igual que el año
2009, las empresas dedicadas a suministrar servicios de salud
mantuvieron una fuerte presión para mantener y aumentar
sus grandes márgenes de ganancia, aun en detrimento de los
derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS). En este año, las amenazas se convirtieron
en acciones especificas, contra los organismos que no persiguen
fines lucrativos y que constituyen un importante referente para
mantener el carácter y equilibrio social de la seguridad
social. El principio de libre elección no opera como tal,
debido a que en el sistema de pensiones el afiliado no tiene la
liberta de escoger entre capitalización individual y
reparto, ya que se pretende eliminar el modelo de reparto, aunque
con posterioridad a la reforma del año 2001 se han
realizado varias reformas al modelo de capitalización
individual, tal es el caso de la Ley 370-05 que crea el Instituto
de Protección del Legislador Dominicano; la Ley 16-06 que
crea el sistema de pensiones para los Ex Presidentes y Ex
Vicepresidentes y sus Viudas; y la Ley 451-08 que crea el sistema
de pensiones de reparto para los docentes públicos a
través del INABIMA. Con respecto a los fondos de pensiones
de carácter complementarios y sectoriales, que el sector
empresarial ha presionado para forzar su desaparición con
la anuencia muchas veces del gobierno, como la Caja de Pensiones
para Obreros Portuarios y el Fondo de los Trabajadores de la
Construcción, pese al importante rol que estos juegan en
una economía altamente informatizada, pues todos sabemos
que trabajadores de la construcción, los portuarios, los
choferes, los trabajadores del campo denominados "echa
días", tienen serias dificultades para obtener un a
pensión en un sistema concebido para sectores laborales de
naturaleza mas estable. A todo esto, el Consejo Nacional de
Seguridad Social no ha dictado las Normas Mínimas para la
Cajas y Fondos de Pensiones que operan con carácter
complementario, tal como lo dispone el párrafo IV del
artículo 41 de dicha ley. Estas cajas y fondos de
pensiones, han debido continuar operando sin estar sujetos a las
disposiciones de dicha ley y siendo supervisada por la
SIPEN.

Los recursos de los fondos de pensiones ascendieron en
octubre del año 2010 a más de RD$115,000 millones,
se prevé que al finalizar el año 2010, estos puedan
llegar a los 120,000 millones, pero al igual que en los
años anteriores y a las disposiciones de la Ley 87-01,
estos siguen sin ser utilizados en planes nacionales de
desarrollo. La gran mayoría sigue acumulándose en
el sistema financiero, sirviéndole fundamentalmente a este
sector y a la concentración de riquezas de un país
que requiere con urgencia contrarrestar la profunda inequidad en
la distribución de las riquezas generadas. Las AFP se
constituyen en un intermediario parasitario que no gestiona las
inversiones, sino más bien que transfiere los fondos de
pensiones a la banca nacional, y es esta la que realiza las
correspondientes inversiones y obtiene grandes beneficios de las
mismas. Las AFP vienen a ser un nuevo elemento de costos para el
sistema, sin agregar valor a los fondos de pensiones. El modelo
ha sido eficiente desde el punto de vista del recaudo de
recursos, pero no ha sido así desde el punto de vista del
pago de prestaciones que beneficien a los afiliados. Son pocas
las pensiones que se han otorgado y las mismas resultan de bajos
montos, con lo que no se devuelve la capacidad de
generación de ingresos a los afiliados.

El Ministerio de Hacienda, a través de su
Dirección Nacional de Pensiones y Jubilaciones a cargo del
Estado, ha estado desconociendo los derechos adquiridos de los
afiliados al sistema de la Ley 1896 que administraba el IDSS, el
cual inclusive entrego tierras y bienes que reñían
con la naturaleza de la institución, transfiriendo esta
responsabilidad a dicho Ministerio, el cual debe honrar los
compromisos asumidos. En ese orden debe restituírsele el
derecho al conyugue o compañera/o sobreviviente del/a
pensionado/a, de continuar recibiendo la pensión, cuanto
este realizo el aporte correspondiente para hacer este traspaso
de pensión. Otra practica que hay que corregir y que se
está dando en Hacienda y otras entidades, es que a miles
de pensionados, de los de más bajo recursos, que cotizaron
a diversos fondos se les están retirando los beneficios de
pensiones porque ya reciben otra, contrario a la
disposición de la ley 87-01 que bajo el principio de los
derechos adquiridos que tienen las personas que estuviesen
disfrutando o tuvieran derecho de disfrutar dos o más
pensiones siempre que sea el resultado de cotizaciones a igual
número de planes contributivos. El Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS) continua sustentado en el régimen
contributivo y no ha iniciado la aplicación del
régimen contributivo subsidiado, que resulta fundamental
en un mercado de trabajo como el nuestro con una preeminencia del
sector informal de la economía. La ley de Amnistia
promulgada con la oposición del movimiento sindical, que
hizo borrón y cuenta nueva de las deudas y atrasos en el
pago de la seguridad social, no ha dado los frutos que esperaban
y sirvieron de argumento a la ley, facilitar el ingreso y pago de
las cotizaciones al SDSS de empresas que evadían y
eludían estas. Miles de trabajadores continúan
fuera del sistema, pese a ser trabajadores asalariados, los
descuentos que se le hicieron al salario de otros/as, no la
fueron devueltos los correspondientes al porcentaje para salud,
ni tampoco depositados en sus CCI el porcentaje descontado
correspondiente a pensión. La elusión y la
evasión continúan siendo la "espada de Damocles"
para el SDSS, debido a que afecta la viabilidad y sostenibilidad
del mismo. En la actualidad un déficit en la cuenta de
atención a la salud de las personas amenaza con dicha
sostenibilidad.

La orientación financiera del Sistema de
Seguridad Social, los escasos beneficios que el mismo está
concediendo, la exclusión de grandes grupos poblacionales,
la profundización de la inequidad social y la no
promoción de la solidaridad económica e
intergeneracional, la eliminación de los fondos de
pensiones de carácter complementario, la carga excesiva
que significa para el estado, frente a los excelentes negocios
que realiza el sector privado, la falta de una verdadera
transversalización del genero, son motivos que nos hacen
reflexionar en torno a la necesidad de revisar la ley 87-01 y la
de promover la ratificación del convenio No. 102 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Seguridad Social (Normas Mínimas).

En ese contexto de ratificaciones de instrumentos
internacionales para garantizar los derechos laborales y de
seguridad social, durante el año 2010, las centrales
sindicales hemos realizado diversas actividades promoviendo la
ratificación de los convenios 156 sobre Trabadores con
Responsabilidades Familiares y 183 sobre Protección a la
Maternidad, que junto con el convenio 102 servirían para
mejorar un marco normativo basado en derechos, para la seguridad
social, la no discriminación y la igualdad de
oportunidades y de trato.

Seguridad
ciudadana

El gobierno concibió el programa de Seguridad
Ciudadana que tiene entre sus componentes el denominado Barrio
Seguro, que en principio consistió en dar asistencia 
a los moradores de los barrios marginados. Se trató de
apoyo en materia  económica y social que
consistía en otorgar préstamos personales, sin
tasas de retorno, casi un regalo, para que promovieran
micronegocios como forma de combatir el desempleo, uno de los
elementos a tomar en cuenta  como componente de la
generación de violencia.  A casi cuatro años
de su implementación, hay una consideración casi
generalizada de que ese programa se vino abajo, y que la
ciudadanía ha vuelto a sentirse desamparada, a merced de
la violencia y la delincuencia en niveles nunca antes vistos. En
julio de este año, según el informe del Instituto
de Patología Forense, 175 personas perdieron la vida en
hechos violentos, 15 más de la cantidad de víctimas
del año pasado.

Unas 80 personas fueron ultimadas  al ser baleadas
o acuchilleadas en distintos hechos y lugares en su
mayoría por  drogas, sicariato, riñas
personales y ajustes de cuentas. De esa cantidad, 58 
cayeron víctimas de las armas de fuego, 15 por armas
blancas, estrangulación, asfixia y traumas contusos. De la
cantidad de víctimas, 140 fueron hombres y 37 mujeres, en
su mayoría  tenían edades entre  17 y 28
años.

En este año, once profesionales fueron asesinados
por el método del sicariato y alrededor de 150 mujeres
cayeron ultimadas por motivos pasionales y violencia de
género.

El tráfico y consumo de drogas se ha convertido
en un problema de seguridad nacional por todo lo que  esto
implica: El Estado Dominicano ha sido penetrado en la
mayoría de sus instituciones por este flagelo. Estamentos
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sirven como
protectores y encubridores de los narcotraficantes, a cambios del
otorgamiento de beneficios económicos.  Las
estadísticas revelan  que en la mayoría 
de casos de tráfico de drogas hay militares y
policías envueltos. Jueces emiten sentencias favorables a
narcotraficantes,  los partidos políticos
también han sido penetrados por el narcotráfico al
extremo de que algunas de esas personas han sido beneficiadas con
cargos electivos en busca de impunidades. La inseguridad que hoy
vive la mayoría de dominicanos tiene diversas causas, pero
entre ellas hay que citar como  fundamentales: la
desconfianza  de los dominicanos hacia sus instituciones,
así como a los símbolos del poder político,
como también al imperio de la impunidad que se ha
enseñoreado en la sociedad fruto del tráfico de
influencias y el irrespeto casi colectivo a las leyes. Una gran
mayoría de dominicanos no confía en el Poder
Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en la Poder Judicial, ni en
la Policía ni las Fuerzas Armadas,  como tampoco en
los partidos políticos, a quienes acusa en conjunto de
fomentar la corrupción y la  continua
degradación moral de la sociedad.  Y no es para
menos. Hace apenas unos días, el ministro e Interior y
Policía dijo al país que más de la mitad de
los miembros  de la Policía Nacional, mas de 15 mil,
prestan servicios a altos oficiales, empresarios,
políticos, artistas y periodistas, a los que sirven como
agentes de seguridad mientras las calles, donde pululan los
delincuentes están vacías, a su merced. Y luego
añadió, para confirmar nuestra afirmación de
sobre la debilidad institucional, que si el jefe de la
Policía se arriesga a quitar  esas escoltas
policías, las influencias de esos poderes lo harían
saltar del cargo. Ese ambiente de desconfianza e inseguridad ha
sido el eje fundamental para el auge del narcotráfico y la
violencia, porque en un país con instituciones tan
vulnerables todo puede pasar. Frente a esa realidad, algunas
personas prefieren  hacer justicia por su cuenta. Se
incrementan los linchamientos en muchos lugares del país.
El incremento de la inseguridad y la violencia en el país,
está ligado también al problema económico,
al crecimiento desmesurado de la pobreza y la exclusión.
Este es un país con graves desigualdades
económicas. Una minoría detente el poder
económico en contra de una mayoría que languidez en
la pobreza y la marginalidad. Según los informes del
PNUD  4.8 millones de dominicanos se encuentran en esta
situación. La inversión social del gobierno es muy
reducida, acumula y en vez de aumentarla se aferra al
clientelismo.

Este modelo económico no fomenta el empleo
productivo, un 56% de la mano de obra está ocupada en el
empleo informal, desamparada de la seguridad social y vulnerable
a la penetración del delito, por su propia
condición de marginalidad y pobreza. Otro elemento a tomar
en cuenta es la masiva deportación de dominicanos de los
Estados Unidos y países  de Europa en lo general por
cometer delitos como son trafico de drogas, asesinato,
violaciones y agresiones sexuales, robo agravado y
secuestro.

 Frente a este problema, las centrales sindicales
planteamos:

-Procurar del gobierno la aplicación de
políticas públicas que permitan el acceso de las
mayorías a la distribución de las riquezas que
producen las y los trabajadores. Crear empleos productivos e
implementar la inversión social.

 -Aplicar una política de desarme de la
población y establecer mayores controles en el
otorgamiento de licencias para el porte y tenencia de armas de
fuego.

 -Fortalecer el sistema judicial. Que aplique
justicia apegado a la ley y no las conveniencias del poder
económico o político del momento. Que actúe
con independencia.  -Fomentar en la población una
cultura de paz, cooperación y solidaridad. Como elemento
ligado a la inseguridad, está el tema de la
corrupción administrativa que ha alcanzado dimensiones
desproporcionadas producto de una voluntad política
permisiva ante la depredación del erario público y
la ineficacia de nuestra legislación para sancionar a los
funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se enriquecen
ilícitamente.

Son muy escasos los funcionarios que ejercen un cargo
público y al término del mismo no sean ya
millonarios, creando de esta forma un negativo precedente para
las futuras generaciones, y socavando la moral de todo un pueblo
que flaquea en la consistencia necesaria para mantener la lucha
contra la corrupción.

Formación
profesional

No hay duda de que la cualificación profesional
de los jóvenes y de las personas adultas es una de las
condiciones necesarias para abrir las puertas del mercado
laboral. También es cierto que en el marco de profundas
transformaciones económicas y sociales del presente y las
previsibles, la problemática de la formación de
técnicos se torna extremadamente compleja.

Para dar respuestas a las necesidades de
formación técnico profesional en el año
1980, con la promulgación de la ley 186, fue creado el
Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), un organismo de carácter tripartito, donde
interactúan las centrales sindicales, junto con el
gobierno y el sector empleador, cuyas ejecuciones han tenido un
impacto positivo en la nación. En el año 2010, el
INFOTEP conmemoró sus 30 años de servicios, de
él han egresados más de tres millones de
profesionales en diferentes carreras y cursos técnicos,
donde también se han ejecutados más de 185 mil
acciones formativas. La labor de INFOTEP, de sus directivos,
ejecutivos y todo el personal que trabajan en la misma, ha
contribuido manera muy significativa en la formación de
miles de personas que hoy se encuentran incorporadas en el mundo
laboral que forman parte del desarrollo económico. Sin
embargo, tal como lo planteara su directora, la Sra. Josefina
Pimentel, el INFOTEP enfrentará un déficit de
alrededor de RD$113 millones para el año próximo,
recursos que necesita para ampliar su plataforma
tecnológica y fortalecer el equipamiento de sus aulas y
talleres. El presupuesto de la institución proviene en
más de un 98% de los aportes del sector privado y apenas
un 1.5% de parte del Estado. Es necesario aumentar los aportes al
INFOTEP, para que este continúe haciendo y mejore sus
aportes en la formación profesional conforme a los
desafíos que plantea un mercado de trabajo
cambiante.

El problema de le
vecina Republica de Haiti

Durante el año 2010, el hermano país de
Haití, fue severamente afectado por diversos problemas. Un
terremoto de niveles destructivos nunca visto por la humanidad,
más de 200 mil personas perdieron la vida, ciudades
devastadas, más de 2 millones de damnificados. Hay que
destacar que el pueblo y el gobierno dominicano manifestaron toda
su solidaridad, son incontables los casos de ayuda solidaria aun
de los más pobres de los dominicanos. Esta tragedia
conmovió al mundo y se han realizado un sinnúmero
de cumbres, reuniones, foros para ayudar al pueblo haitiano a
salir de su situación de indefensión, pero
lamentablemente el caso Haití, es hasta el momento, una
muestra de la incapacidad de los organismos internacionales y de
las políticas externas de las grandes potencias de hacer
frente de manera efectiva a situaciones como esta. Para agravar
la situación, en septiembre se produce una epidemia de
cólera que ha cobrado la vida de más de 2,500
personas y más de 5 mil afectados. Y el año 2010
concluye con una crisis política por los resultados de
unas elecciones planificadas y efectuadas en el contexto
más inoportuno.

Las centrales sindicales de la Republica Dominicana, al
tiempo de reiterar nuestro compromiso con el pueblo haitiano, en
especial con los trabajadores y las trabajadoras, reclamando y
vigilando el respeto a los derechos humanos y laborales de los
que trabajan hombro con hombro con los dominicanos y dominicanas,
para la creación de empleos decentes en el territorio
haitiano como elemento fundamental para el desarrollo haitiano,
promoviendo y facilitando la concesión de ayuda
económica, técnica y humana para la
reconstrucción, en salud, en educación,
reforestación, en seguridad, para crear y fortalecer las
instituciones, etc., hacemos un llamado a la comunidad
internacional de hacer más y mejores esfuerzos para
coadyuvar en la resolución de la crisis haitiana de manera
real y definitiva.

El desayuno
escolar

Entre los casos que mas conmovieron a la sociedad
durante el año 2010, fue la intoxicación de cientos
de niños y niñas con el desayuno escolar. El
año finaliza y las autoridades no dejaron claro donde
estuvo el problema que puso en peligro la vida de esos infantes,
si en el mal manejo de los alimentos, o en la mala calidad de los
mismos o, como se denunciara, producto de sabotajes. Es probable
que este caso aun este sin aclarar porque quienes casi pierden la
vida fueron hijos e hijas de los/as más humildes del
pueblo y no los niños y niñas que estudian en los
caros colegios privados. El desayuno escolar constituye una
fuente importante de nutrición de los niños y
niñas más pobres en edad escolar, incluso una
vía para garantizar la asistencia y evitar la
deserción escolar.

El Estado debe hacer los esfuerzos de lugar para
garantizar que el desayuno escolar sea de la cantidad y calidad
requerida y debe considerar la posibilidad de pasar su
administración y distribución a otras dependencias
especializadas a la que sumen en su seguimiento y apoyo,
organismos internacionales, las asociaciones de padres, madres y
amigos/as de las escuelas, la Asociación Dominicana de
Profesores, entre otras entidades.

Medio ambiente,
cambio climático: La necesidad de creación de
empleos verde

La degradación ambiental, incluyendo el deterioro
y agotamiento de los recursos naturales, son algunas de las
más serias amenazas a la economía y a un desarrollo
sostenible más amplio. Según lo plantea la OIT Esta
situación se agravará en el futuro a causa de las
repercusiones del impacto del cambio climático que ya se
perciben en muchos países en desarrollo. El cambio
climático pronosticado conducirá, a mediano y largo
plazo, a un grave trastorno de la actividad económica y
social en muchos sectores en todos los continentes.

Para la Republica Dominicana, que no es todavía
un país en desarrollo, los efectos negativos del cambio
climático, aumentan la vulnerabilidad del país,
sobre todo de las personas más pobres, que como en todo,
son también las más vulnerables frente a los
fenómenos medio ambientales y el cambio climático.
Durante el año 2010, 2 temas relacionados con el medio
ambiente y la creación de empleos ocuparon los espacios de
opinión, el hecho de que fue dejado de lado el proyecto de
instalar una cementara en parte de los terrenos que abarca el
Parque Nacional de los Haitises y la operación de la
Barrick Gold para la extracción de oro en la Mina de
Pueblo Viejo, Cotuí, por el impacto medio ambiental que la
misma podría producir. En ambos casos, las autoridades del
país, tanto el ministerio de medio ambiente, el congreso
nacional y ciertos congresistas, desempeñaron un papel
reprobable, no tomaron las decisiones mas adecuadas, pues no
consideraron el tema medio ambiental en toda su magnitud aunque
lo que procuraban era la creación de empleos. Aunque en el
año 2010 el país no fue afectado por ninguna
catástrofe natural, la ubicación de la isla, en la
ruta de los huracanes y en fallas de la corteza terrestre nos
hace una nación que vice bajo las amenazas de estos
fenómenos naturales, por lo que se hace necesario la
implementación de una serie de medidas para que el
país pueda dar respuesta a estas amenazas y a los efectos
del cambio climático, pero también para reducir los
niveles de riesgos y para la preservación de un medio
ambiente que garantice un desarrollo sostenible a lo largo del
tiempo.

En ese contexto se debe promover la creación de
empleos verdes que permitan reducir el impacto ambiental de las
empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar
niveles sostenibles, tal como plantea la OIT, empleos que ayudan
a proteger el ecosistema y la biodiversidad, a reducir el consumo
de energía, materiales y agua a través de
estrategias altamente eficaces, reducir la dependencia del
carbono en la economía y minimizar o evitar por completo
la producción de todas las formas de desechos o
contaminación. Dado que los empleos verdes no constituyen
automáticamente trabajo decente, por ello hay que vigilar
que los empleos que deban crearse bajo este parámetro
deben abarcar el trabajo decente, empleos bien remunerados,
estables, seguros, con seguridad social, libertad sindical y
negociación colectiva, pues los empleos verdes, decentes,
vinculan de manera eficaz los Objetivos de Desarrollo del Milenio
1 (reducción de la pobreza) y 7 (proteger el medio
ambiente) y contribuyen a que se apoyen mutuamente, en vez de
entrar en conflicto.

Es importante destacar el proceso que procura aumentar
las capacidades nacionales para la prevención y
preparación ante desastres naturales, los esfuerzos
realizados en el país con la creación del Programa
de Prevención de Desastres y su articulación con
otras agencias y organismos que trabajan la problemática
de la prevención y mitigación, entre ellas, el
Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil,
Cruz Roja Dominicana, y los Ministerios de Medio Ambiente y de
Salud, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(Indrhi),  la Oficina Nacional de Meteorología
(ONAMET). En ese contexto se hace necesario, una mayor y
más efectiva incorporación de la sociedad, de las
comunidades, que impidan las acciones abusivas y la
violación de los derechos de los/as pobladores, pues de lo
que se trata es de lograr una convivencia adecuada con la
naturaleza. También es necesario concluir y aplicar
efectivamente el plan nacional de reducción de riesgo
sísmico.

Situación
de la energía eléctrica

El suministro y costo de la energía
eléctrica continuo siendo un gran dolor de cabeza durante
el año 2010, en el cual prácticamente se duplico el
costo de la factura. El servicio no ha mejorado pese a que la
CEDEE está siendo dirigida por el Sr. Celso Marranzini,
parte del sector empresarial que criticaron las administraciones
pasadas y que habían propuesto un plan para resolver este
tema.

Mientras tanto, las familias pagan alrededor del 17.7%
de su presupuesto en el pago de un servicio precario y de muy
mala calidad.

Es obvio que ha fracasó la privatización
del sistema, pese a todos los acuerdos y enmiendas y
renegociación es no se ha podido establecer en la
Republica Dominicana un sistema energía eléctrica
confiable.

El subsidio estatal en lugar de disminuir ha aumentado,
los apagones no dan tregua, y el costo de la factura
eléctrica tiene a la ciudadanía al borde de la
desesperación, sin que hasta ahora ni la Superintendencia
de Electricidad ni la Comisión Nación al de
Energía, hayan podido frenar el desastre que se ha
creado.

En consecuencia, las centrales sindicales mantienen su
propuesta de que el sistema eléctrico sea definitivamente
estatizado como forma de recuperar la autoridad sobre el mismo y
nuestra oposición al aumento de la factura
eléctrica.

Aspectos
positivos en el balance del año

• 1. La consolidación de la unidad de
  acción del movimiento sindical dominicano, el
  día 24 de marzo del año 2010, la CASC, la CNUS
  y la CNTD, con el apoyo de la Organización
  Internacional del Trabajo (OIT), firmamos el "Acuerdo de
  Compromiso" dirigido a fortalecer e institucionalizar el
  proceso de la unidad programática. En Noviembre de
  este año, se elaboró el Plan Estratégico
  para la promoción de los derechos fundamentales
  mediante la Unidad Programática, a ejecutarse durante
  el año 2011.

• 2. El reinicio de operaciones en áreas
  de la Empresa Falcombridge de Bonao, que se inicio con la
  recontratación de personal en el mes de octubre y se
  prevé la reinserción de más de 400 de
  sus trabajadores antes de finalizar el año y
  producción a plena capacidad a principio del
  año 2011.

Partes: 1, 2