Finanzas y presupuesto público

Introducción

No cabe duda que la política económica es
el argumento fundamental del Estado para justificar la
función reguladora y estabilizadora que este cumple en las
naciones que poseen economías modernas; fijando las
políticas impositivas, monetarias y cambiarias, así
como diseñando las reglas del juego; permitiendo que el
mercado actúe libremente pero respetando estas
reglas.

Es la intención de este material representar de
la forma más sencilla posible lo que representa la
política fiscal, la cual comprende la función
impositiva y reguladora del Estado en las economías
modernas; y especialmente nos referiremos a la Política
fiscal aplicada en Venezuela.

Comenzaremos con un breve análisis de la
política económica y sus objetivos e instrumentos,
para de esta manera comprender lo que significa la
política fiscal como parte de la política
económica de una nación. Luego analizaremos con
detalle el significado de la Política Fiscal, destacando
sus componentes como los son el gasto publico y la gestión
tributaria o función impositiva. Analizaremos los
antecedentes de la Política Fiscal en Venezuela y daremos
un breve panorama de las expectativas del Programa
económico del actual gobierno para el año en
curso.

Pasaremos luego a describir los instrumentos fiscales
utilizados en la recaudación impositiva, especialmente los
utilizados en Venezuela. Igualmente se presenta un
análisis de la política aplicada en las aduanas
venezolanas. Finalmente analizaremos las consecuencias que puede
tener una política fiscal mal aplicada o desarrollada
haciendo referencia a los acontecimientos económicos
ocurridos en el segundo mandato del Presidente Carlos
Andrés Pérez entre 1989-1993

La política
económica

Para hablar acerca de lo que es la Política
Fiscal, debemos de entender primero lo que es la Política
Económica. El último objetivo de la economía
es desarrollar políticas que puedan resolver nuestros
problemas. Las políticas económicas sirven para
mover la curva de demanda en la dirección que se necesite
para alcanzar el pleno empleo y para que esto suceda, el Estado
puede usar 2 instrumentos (medidas) principales para regular la
demanda agregada. La política fiscal y la política
monetaria.

La política económica es una rama dirigida
hacia el acondicionamiento de la actividad económica para
evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del empleo y de
los precios, así como para condiciones necesarias para el
desarrollo.

Para lograrlo, la política económica
recurre a las ideas elaboradas en el campo de la teoría
económica ya que a través de los principios, de las
teorías, de las leyes y de los modelos ofrecidos por esta
última, los resultados de las acciones prácticas
desarrolladas adquieren mayor confiabilidad, seguridad y certeza.
La formulación de la política económica
comprende 2 procedimientos interdependientes:

1)  La determinación de los principales
objetivos que se quieren alcanzar, necesariamente
interrelacionados y cuantificados.

2) La elección de los instrumentos de
acción que se utilizarán para la consecución
de los objetivos determinados.

Principales objetivos de la política
económica

Desarrollo Económico

Estabilidad Económica

Eficiencia Distributiva

1) Desarrollo Económico: Es la
búsqueda obstinada del desarrollo.

2) Estabilidad Económica:
Reúne 3 objetivos básicos que son de importancia
vital.

a.- Mantenimiento del pleno empleo.b.-
Estabilidad general de los precios.c.- Equilibrio de la balanza
de pagos internacionales.

3) Eficiencia distributiva:Lo que busca es
disminuir las desigualdades en la distribución del
nacional entre las unidades familiares.

Instrumentos o Políticas de
Acción en la Política Económica.

Para la consecución de los diferentes objetivos
que acabamos de mencionar, la política económica
cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos
instrumentos o políticas provienen de la teoría
económica cuyo objetivo es la consecución de los
fines relacionados con los principios teóricos del
análisis macroeconómicos y son los
siguientes:

1. La política monetaria: Es el control de la
banca y del sistema monetario por parte del gobierno con el fin
de conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar una
balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno empleo y buscar el
estado de liquidez de toda economía.

2. La política fiscal: El gobierno gasta a
través de inversiones públicas, gastos
públicos y obtiene ingresos a través de los
impuestos sobre las actividades de producción y de
circulación de mercancías, sobre los ingresos y
ganancias de cualquier otra naturaleza.

La Política Fiscal.

La política fiscal es el conjunto de medidas e
instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos
necesarios para la realización de la función del
sector publico. Se produce un cambio en la política
fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando
altera sus tipos impositivos. El propósito de la
política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema
económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el
objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho
anteriormente la Política Fiscal tiene 2 componentes, el
gasto publico y los ingresos públicos.

Gasto
público

En cuanto al gasto público, este se define como
el gasto que realizan los gobiernos a través de
inversiones públicas. Un aumento en el gasto
público producirá un aumento en el nivel de renta
nacional, y una reducción tendrá el efecto
contrario. Durante un periodo de inflación es necesario
reducir el gasto publico para manejar la curva de la demanda
agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto
público representa un papel clave para dar cumplimiento a
los objetivos de la política económica.

El gasto público se ejecuta a través de
los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por
los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero
básicamente se consideran el Gasto Neto que es la
totalidad de las erogaciones del sector público menos las
amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no
toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses
y comisiones de deuda publica, este importante indicador
económico mide la fortaleza de las finanzas
públicas para cubrir con la operación e
inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los
no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios,
independientemente del saldo de la deuda y de su
costo.

Gasto Programable: es el agregado que más
se relaciona con la estrategia para conservar la política
fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la
política económica. Por otro lado resume el uso de
recursos públicos que se destinan a cumplir y atender
funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a
producir bienes y prestar servicios.

La clasificación económica permite conocer
los capítulos, conceptos y partidas específicas que
registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector
público. Con base a esta clasificación, el gasto
programable se divide en gasto corriente y gasto de capital.
Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales,
pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en
inversión física y financiera dentro del
segundo.

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las
funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal
rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las
erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la
Administración Pública, así como las
empresas del Estado, requieren para la operación de sus
programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son
para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia,
organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por
lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son
para cumplir con las funciones de: administración
gubernamental; política y planeación
económica y social; fomento y regulación; y
desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos
corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios
para la producción de bienes y servicios. La venta de
éstos es lo que permite obtener los ingresos que
contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su
infraestructura.

Gasto de Capital: El gasto de capital comprende
aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura
social y productiva, así como a incrementar el patrimonio
del sector público. Como gastos; gastos de Defensa
Nacional, también se pueden mencionar la
construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras
Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos
eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al
aumento de la productividad para promover el crecimiento que
requiere la economía.

GESTIÓN TRIBUTARIA O INGRESOS
PÚBLICOS:

La Gestión Tributaria mide el conjunto de
acciones en el proceso de la gestión pública
vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos, en su
política económica. Los tributos, son las
prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder,
exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus
fines.

La Gestión Tributaria es un elemento importante
de la política económica, porque financia el
presupuesto público; Es la herramienta más
importante de la política fiscal, en él se
especifica tanto los recursos destinados a cada programa como su
financiamiento. Este presupuesto es preparado por el gobierno
central y aprobado por el Congreso, es un proceso en el que
intervienen distintos grupos públicos y privados, que
esperan ver materializadas sus demandas. Es un factor clave que
dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de
financiamiento, para así mantener la estabilidad macro
económica. La pérdida de control sobre el
presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad con
efectos negativos insospechados. Es importante mencionar que los
ingresos y gastos gubernamentales se ven afectados por el
comportamiento de otras variables macro económicas, como
el tipo de cambio, los términos de intercambio, el
crecimiento del PBI, etc.

Además la Gestión tributaria puede
incentivar el crecimiento a determinados sectores, por ejemplo,
otorgando exoneraciones, incentivos. De este modo la
gestión tributaria es un elemento importante porque va
ayudar a crecer, mantener o decrecer la economía en la
medida que los indicadores de gestión se hayan llevado en
forma eficiente a través de estrategias
(Recaudación, presentación de la Declaración
Jurada, para detectar el cumplimiento de los contribuyentes). La
gestión tributaria optima es aquella en la que la
política fiscal es estable y el Sistema Tributario
eficiente(diseñado para nuestra realidad). Si la
gestión tributaria es optima atrae
inversión.

Política
fiscal en Venezuela

 Antecedentes.

Lamentablemente para nuestro país, la
política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos
períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado
de implantar paquetes económicos que reactiven la
economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no
poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha
creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas
Venezolanas.

Durante los períodos de bonanza petrolera que
vivía el país y hasta la llegada del viernes negro,
la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme
gasto público producto de un abultado número de
subsidios y regalías; y una política de
endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por
concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir
el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una
política económica y menos una política
tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y
modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace
apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales
utilizados en las políticas económicas eran pocos,
mal implantados y muy difíciles de controlar,
obteniéndose una gran perdida por los altos niveles de
evasión fiscal que se presentaban.

Luego del viernes negro, y por causa de políticas
económicas que no han sido diseñadas para adaptarse
a la realidad de nuestro país, la política fiscal
ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar
serias medidas en materia económica pero han perdido
efecto; primero por falta de continuidad en las políticas
aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo
gubernamental hemos visto cambios en las políticas
aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos
inmediatamente son cambiados los planes económicos, con
esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de
asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva
dirección. En segundo lugar por carecer de un
planteamiento que busque primero, controlar el gasto
público a través del mejoramiento y
simplificación del sector público y crear un
Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con
paso firme y sostenido lograr la reactivación
económica que tanto requiere Venezuela.

En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que
tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por
la sencilla razón de que el país no se puede
permitir ese lujo. La sinceración de la economía es
y seguirá siendo la única salida. Los controles
excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo
estatal y el Estado empresario, conllevan altos grados de
ineficiencia y terminan imponiendo un elevado costo a la
sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte
(endeudamineto). Las políticas económicas que
caracterizaron la política económica venezolana
entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada
por un drástico y continuado deterioro en el valor de
nuestro signo monetario.

  POLÍTICA FISCAL ACTUAL:

El actual gobierno venezolano, según su propuesta
económica propone una reducción del gasto
público, y una modificación al tratar de reducir el
gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos
los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y
menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para
crear la infraestructura necesaria para comenzar la
reactivación económica. El presupuesto fiscal del
año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs.
17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su
nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999.
De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes
ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación,
Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y
Defensa.

  En referencia a la clasificación
económica del gasto, el mismo presenta una
orientación que está en sintonía con los
lineamientos estratégicos de este Programa
Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs.
12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan
sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año
precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967
millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más
de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999,
y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las
cuales se encuentran la amortización de préstamos,
alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del
PIB, presentando una variación con respecto al año
pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria
propone una reestructuración del actual Servicio Nacional
Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para
aumentar la recaudación y evitar la evasión de
impuestos. Así como la aplicación de una serie de
instrumentos de recaudación que permitan reducir el
déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal
para el año 2000, fija como meta en los ingresos
ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561
millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando
su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto
al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por
la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de
Inversión para la Estabilización
Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos,
equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor
común observar excelentes propuestas económicas por
parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden
en la intrincada e ineficiente red burocrática, o
simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas,
en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las
exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por
variaciones en los precios del petróleo, e incluso por
crisis ocurridas en otros países que crean un efecto
dominó, afectando a las economías más
vulnerables como la nuestra.

INSTRUMENTOS FISCALES:

Los economistas de finanzas públicas consideran
que el sector público tiene tres ramas de actividades o
tres funciones principales:

• 1) La función de estabilización y
  crecimiento, que se interesa en mantener el balance
  macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes
  inclinaciones en el empleo y la actividad económica y
  severos ataques de inflación, así como asegurar
  una adecuada tasa de crecimiento económico;

• 2)  La función de distribución,
  que se refiere a la adecuada distribución de la renta
  entre los diversos grupos de la economía y,

• 3)  La función de asignación, que
  se relaciona con la eficiente asignación de recursos
  en toda la economía. Cada una de estas funciones
  representa no solamente un objetivo legitimo de
  política gubernamental sino también un
  importante aspecto de desarrollo económico.

Las tres metas del sistema tributario señaladas
anteriormente, con frecuencia están en conflicto,
particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales,
forzando así a los formuladores de políticas a
escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de
política tributaria. Más importante en ese
respecto, es el conflicto entre un sistema tributario eficiente o
uno que interfiere menos con el comportamiento económico y
crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar o
ahorrar o invertir, y un sistema tributario de
distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos
de equidad de la sociedad.

Por ejemplo generalmente se considera que los impuestos
sobre la renta sirven a los objetivos de distribución
bastante bien, ya que la renta constituye una buena medida de la
capacidad de pagar y los impuestos sobre la renta pueden ser
prontamente adaptados a las circunstancias individuales y
graduados de acuerdo con la renta, las altas tasas marginales de
impuestos, sin embargo, pueden tener efectos de incentivos
adversos, haciendo los impuestos sobre la renta menos favorables
en términos de eficiencia. Los impuestos a las ventas se
perciben con efectos contrarios. Un IVA, que se aplica de manera
uniforme a todas las formas de consumo puede tener una
puntuación alta en lo que respecta a la asignación
pero una baja calificación en lo que respecta a
distribución, ya que afectaría más
fuertemente a las personas y familias de bajos
recursos.

Además los instrumentos tributarios
también difieren en las demandas que se hacen a la
administración tributaria así como en la
característica de cumplimiento. Los impuestos basados en
transacción tienden a ser más fáciles de
administrar que los impuestos que requiere complejas reglas de
medición de renta para ser aplicadas. Igualmente, los
impuestos que pueden ser recaudados a través de
retención serán más fácilmente
administrados que aquellos que requieren la presentación
de declaración de impuestos.

En caso de incumplimiento, factores tales como la
oportunidad de evadir impuestos, las ganancias de la
evasión tributaria, los riesgos de detección, y las
sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un impuesto
a otro.

Los formuladores de políticas generalmente
recurren a dos tipos de acciones al tratar de manejar el problema
de conflictos entre las metas. En primer lugar, pueden escoger
una mezcla de impuestos. Segundo pueden adoptar disposiciones
particulares dentro de la estructura de cada tipo de impuestos en
un intento por resolver los conflictos de metas.

Los economistas generalmente dividen los impuestos entre
directos e indirectos. Las diferencia entre los dos es que los
impuestos directos (renta, patrimonio, bienes inmuebles) se
recaudan de las personas que se presumen deben pagar el impuesto,
mientras que los impuestos indirectos se presume sean
transferidos a los consumidores. Siguiendo el análisis de
la sección anterior, la selección entre los
instrumentos tributarios probablemente deben reflejar, al menos
en parte, sus efectos fundamentales sobre la
estabilización económica, asignación de
recursos y la distribución de la renta. Aunque los
principios detrás de estas tres funciones del sistema
tributario puedan servir de base al debate de política en
los países en desarrollo, una consideración
adicional, menos frecuentemente reconocida, también
explica el patrón de tributación directa e
indirecta observado en la práctica. Esta
consideración adicional es la facilidad de
administración de cada impuesto y el grado de cumplimiento
de cada uno.

La importancia de los impuestos indirectos en los
países de rentas bajas se debe en gran medida a aspectos
de administración y cumplimientos tributarios. Resulta
significativamente más sencillo administrar y recaudar
impuestos indirectos que administrar impuestos sobre la renta.
Los derechos de aduana, por ejemplo, son relativamente
fáciles de recaudar, por que todos los bienes entran al
país a través de un puerto que puede ser controlado
por los administradores tributarios. A los importadores que no
cumplen con los derechos de aduana (o no proporcionan
garantía suficiente) no se les permite retirar sus
bienes.

El impuesto sobre la renta, por otro lado, es mucho
más difícil de administrar debido a que el impuesto
no puede ser recaudado a través de controles
físicos. Las autoridades más bien requieren que se
presente una declaración y deben invertir recursos para
verificar la renta declarada. La única excepción es
la renta sujeta a impuesto mediante retención, pero aun en
este caso las autoridades tienen que supervisar a los agentes de
retención para garantizar la transferencia al gobierno de
los impuestos retenidos. La solución de política a
estos problemas igualmente consta de tres partes: Primero, un
reconocimiento de que la adaptación del sistema tributario
para lograr algún balance preciso de los objetivos
sociales y económicos es necesaria, segundo no se puede
lograr algunas ganancias cambiando la combinación de
impuesto directos e indirectos, pero que cada instrumento de
ingresos específicos debe mantenerse relativamente bien
definido; tercero, el entendimiento de que una estructura
tributaria sólida sin adecuada atención a la
administración tributaria no constituye una
política tributaria deseable.

INSTRUMENTOS FISCALES UTILIZADOS EN
VENEZUELA.

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada
dependencia con respecto al petróleo. Tal
afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos
petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales
totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales
apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros
impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos,
fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo
recaudado.

En un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto
al petróleo, se han utilizado distintos tipos de impuestos
entre los cuales se encuentran el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el Impuesto sobre las
Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el Impuesto a los
Activos Empresariales (IAE), y el Impuesto al Débito
Bancario (IDB), esto supuso la modernización del sistema
tributario venezolano, junto con la creación del Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria. Luego de
la Apertura Petrolera, los niveles de recaudación de
impuestos no petroleros han aumentado considerablemente llegando
a representar un 50% del total de ingresos recaudados y llevando
los ingresos petroleros a un nivel del 35% del total de los
ingresos.

Actualmente en el país se aplican los siguientes
impuestos (no petroleros).

  IVA (Impuesto al Valor
Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De
aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos
Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y
Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura
de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta
Nacional Fósforos).

8. Politica aduanera:

¿Qué es
una Aduana?

Antes de entrar en materia de política aduanera,
debemos explicar lo que son las aduanas. Una Aduana es un ente
público de carácter nacional prestador de
servicios, y cuyas actividades de control están destinadas
a lograr que el paso por el territorio nacional de
mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas se
realice conforme a la normativa legal. La Circunscripción
Aduanera es el territorio aduanero delimitado para cada aduana
principal dentro de la cual ésta ejercerá la
potestad aduanera. (Art. 1 del Reglamento de la Ley
Orgánica de Aduanas).

La circunscripción aduanera está integrada
por las respectivas oficinas, patios, zonas de depósitos,
almacenes, atracaderos, fondeaderos, pistas de aterrizaje,
avanzadas y en general por los lugares donde los vehículos
o medios de transporte realizan operaciones inmediatas y donde
las mercancías que no hayan sido objeto de desaduanamiento
quedan depositadas.

Funciones de las Gerencias de
Aduanas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo
118 de la Resolución Nº 32del Ministerio de Hacienda,
las funciones de las Gerencias de Aduanas Principales
son:

1)    La aplicación de
las normas y disposiciones que regulan las obligaciones de la
renta aduanera, los procesos de administración,
recaudación, control, liquidación de los tributos
aduaneros dentro de la circunscripción que le corresponda,
en el ejercicio de la potestad aduanera de acuerdo con la
normativa vigente.

2)    El cumplimiento de las
funciones administrativas, relacionadas con los asuntos del
Servicio Regional de Administración Tributaria y las
unidades adscritas a su Región Administrativa que
garanticen el funcionamiento y logro de los planes, programas y
demás instrucciones que establezca el SENIAT.

3)    La aplicación de
los sistemas administrativos y financieros, de acuerdo a las
normas y procedimientos establecidos por el nivel central o
normativo y demás disposiciones establecidas en el
ordenamiento jurídico.

4)    Las demás que se
les atribuyan por Resolución.

La Gerencia de Aduanas, como unidad ejecutora de la
política aduanera nacional, procura el cumplimiento de la
legislación aduanera y del mejoramiento de los
procedimientos aduaneros, para responder a los problemas
planteados ante las metas de recaudación fiscal por este
ramo, vinculadas a la superación de los niveles de
evasión fiscal, los niveles de protección a las
industrias, los obstáculos del comercio, los
desequilibrios de la balanza comercial y las reservas
internacionales.

Para ello es necesario paralelamente, con el apoyo de la
inversión privada y de los organismos multilaterales,
acometer mejoras inmediatas en la infraestructura portuaria y
aeroportuaria, revisar las alícuotas de los tributos
aduaneros y afinar los mecanismos de recaudación de otros
tributos conexos a la actividad importadora, simplificar los
trámites aduaneros in situ y ampliar la fuerza del control
posterior, actualizar la legislación vigente de acuerdo a
parámetros medibles en base al manejo de sistemas
informáticos, y lo más importante, mejorar
continuamente y mantener en altos niveles de motivación y
calidad en el servicio a los funcionarios contratados por la
Administración Tributaria.

Política Aduanera
Venezolana.

Es el conjunto de ideas basadas en los principios de la
Política Fiscal, sobre las cuales descansan las normas y
los procedimientos administrativos que emplea el Estado para
obtener los medios que regulan los asuntos económicos
provenientes del intercambio de bienes y/o servicios con otros
países, a través de las relaciones internacionales
que se establecen para lograr la fluidez del comercio
exterior.

Mediante las relaciones internacionales que se
establecen entre los países, se logran suscribir Acuerdos,
Pactos, Tratados, Convenios, procesos de integración y
otros mecanismos de negociación que permiten facilitar el
comercio internacional en pro de la globalización de la
economía mundial.

La Política Aduanera tiene como uno de sus
propósitos la organización de sistemas y
procedimientos para facilitar las operaciones a través del
servicio aduanero, controlar los flujos de comercio exterior,
ponderar el impacto de los derechos aplicables a los productos
importados, dar cumplimiento a las normas sanitarias, ambientales
y de seguridad de las personas y establecer los incentivos o
estímulos a los productos exportables con la finalidad de
fomentar el desarrollo interno del país.

Asimismo, la Política Aduanera está
dirigida a cumplir funciones de orden fiscal para procurar la
gestión del tributo, el control posterior, la
represión del contrabando, contrarrestar la evasión
y lograr la recaudación efectiva de la renta
aduanera.

  La Política Aduanera Como Instrumento de
Negociación:

En este sentido, la política aduanera actual se
aparta cada vez más del espíritu meramente
fiscalista, para introducir en sus principios elementos
económicos que permitan lograr un equilibrio en la
distribución de bienes y servicios que obedezcan a la
oferta y demanda del mercado, compensando de alguna manera el
sacrificio fiscal que hace el Estado para beneficiar al
consumidor final, alcanzar la fluidez del aparato productivo y
obtener la recaudación efectiva de los impuestos aduaneros
correspondientes, como componentes del total de los ingresos
fiscales que soportan al presupuesto de la
nación.

La Política Aduanera Como Instrumento
Jurídico:

Las operaciones de comercio exterior que se materializan
como tales a través del servicio aduanero, desde el punto
de vista de la Administración, se tratan de una serie de
procedimientos administrativos distintos que están
regulados por una ley ad hoc, sin afectar el carácter
orgánico y muy específico de la normativa aduanera
como parte de la legislación fiscal venezolana.

Sin embargo, existen otros instrumentos jurídicos
que son superiores en jerarquía a la Ley Orgánica
de Aduanas, tales como el nuevo Código Orgánico
Tributario y las normas supranacionales y de Derecho Comunitario
como principales ideas de la estructura del sistema
jurídico-tributario nacional, que afectan a la materia
aduanera.

Esas ideas pueden ser expresadas, mediante las
facultades que la Ley otorga a tan importante instrumento, para
mantener una estructura real donde no prive el interés
particular sobre el interés colectivo, y puedan existir
actuaciones basadas en la justicia de un órgano
tribunalicio o judicial que se pronuncie con verdadera
competencia sobre materias tributarias.

Por ello, estas normas debidamente adaptadas a nuestra
realidad jurídica pueden mejorar nuestras relaciones
comerciales internacionales, incluso lograr una
transformación en las formas de negociación.
Algunos países consideran los tratados o convenios
internacionales, una fuente jurídica más importante
que sus leyes internas, sólo apenas inferior a su
Constitución Nacional.

De los varios acuerdos, tratados y convenios que
existen, se puede mencionar como uno de los más
trascendentes el Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT,
cuya característica más sobresaliente en su
historia es el hecho de que, desde la Segunda Guerra Mundial y
por primera vez en la historia de la humanidad, determinados
países aceptaron un código de normas
prácticas y equitativas para el comercio internacional,
cooperando todos en la reducción de los obstáculos
a sus intercambios comerciales, lo que se ha considerado como una
cooperación de carácter global cuyos objetivos
fundamentales son:

• Contribuir al mejoramiento de los niveles de
  vida.

• Procurar el pleno empleo.

• Aprovechamiento cualitativo de los recursos
  mundiales.

• Desarrollar la producción en economías
  de escala.

• Estimular el intercambio especializado de
  mercancías.

• Fomentar el crecimiento y el desarrollo
  económicos.

En los últimos años se ha hecho más
hincapié en el desarrollo del comercio internacional y la
supresión de los obstáculos que se oponen al
comercio y a los problemas comerciales que enfrentan los
países menos desarrollados. De hecho, los convenios
internacionales son también instrumentos jurídicos
que regulan la actividad aduanera, y son de obligatorio
cumplimiento.

Al señalar las bondades de las normas
supranacionales evidentemente estamos señalando las
ventajas de una Política Aduanera convenientemente
instrumentada que pretende para sus miembros los siguientes
propósitos:

• Mejorar las relaciones de intercambio.

• Aumentar el poder de negociación.

• Conquistar nuevos mercados.

• Equilibrar las relaciones de poder o diferencias
  económicas

• Proteger a los productores eficientes.

• Reducir el consumo suntuario.

• Brindar seguridad jurídica.

• Ayudar a la distribución de los
  recursos.

• Fomentar la industrialización.

• Expandir la producción.

• Aumentar el ahorro de divisas.

• Mejorar la balanza de pagos.

• Reducir el índice de desempleo.

• Elevar el bienestar social.

• Estabilizar el aporte de la renta aduanera en los
  ingresos fiscales.

9. Repercusiones de la Política
Fiscal en Venezuela.

Definitivamente que la política económica
aplicada en cualquier país tendrá una
repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que
conforma dicho país, incluyendo empresas, ciudadanos,
industrias, etc. En el caso de Venezuela, lamentablemente es
necesario reconocer que las políticas económicas y
por ende las políticas fiscales aplicada a lo largo de los
últimos 50 años, no han sido más que
incoherentes medidas contrarias a lo que aconseja la
Teoría económica positiva, al contrario solo han
logrado arrastrar al país a un profundo estancamiento del
cual resulta muy difícil, pero no imposible de
salir.

Para explicar las consecuencias que puede tener una
política fiscal mal aplicada sobre la sociedad tomaremos
como ejemplo las políticas aplicadas durante el segundo
período presidencial Carlos Andrés Pérez, el
cual es tristemente recordado como un período de profunda
crisis económica en el país y de gran inestabilidad
política que tuvo como resultado los sucesos ocurridos el
27 y 28 de Febrero de 1989, el 4 de Febrero y 27 de Noviembre de
1992 y finalmente la destitución del Presidente en
1993.

La Venezuela de 1989 era muy distinta a la de 1974,
cuando la bonanza petrolera ocasionada por la crisis de los
países árabes nos colocó como el
único proveedor seguro de petróleo para las
naciones occidentales. Por el contrario el país encaraba
el dilema de cómo resolver el déficit del sector
público, la deuda pública externa superaba en
relación de 4 dólares a 1 los niveles de las
reservas internacionales, el gobierno anterior había
suscrito un acuerdo de refinanciamiento de la deuda que
obviamente resultaba imposible de honrar.

La inflación se acercaba al 30%, reflejando la
artificialidad de la economía venezolana, producto del
estricto control de precios que existía más un
sinnúmero de subsidios. Era evidente que esos mecanismos
eran ya insostenibles, pues ni el Estado poseía los
recursos para seguir otorgando subsidios, ni las empresas
privadas estaban en capacidad de subsistir bajo el régimen
de control de precios, al cual estaban siendo
sometidas.

Por último el signo monetario venezolano
padecía las consecuencias de sucesivas devaluaciones. Se
había impuesto un estricto control de cambios administrado
por RECADI, que se caracterizaba por los más
increíbles niveles de corrupción. A finales de 1988
la tasa de cambio preferencial era de Bs. 14,50 por Dólar;
en tanto que en el mercado libre o paralelo, el Bolívar
llegó a cotizarse a la cifra de Bs. 40 por Dólar.
Bien la realidad de la crisis económica venezolana para
ese momento habría obligado a cualquiera a asumir una
serie de medidas orientadas a resolver esa situación. El
país tendría que pagar las consecuencias de las
irresponsabilidades cometidas durante los 20 años
anteriores, "las leyes económicas son duras, pero son
leyes" había que apretarse el cinturón.

El tren ministerial estaba formado por excelentes
profesionales los cuales diseñaron las políticas
económicas que se aplicarían en el período,
en materia fiscal llamado Programa de Ajustes
Macroeconómicos.

Se tomó la decisión de liberar los precios
del mercado, ya que era imposible mantener los subsidios que
permitían este estricto control sobre los precios, esto
ocasionó inmediatamente una tendencia alcista muy
difícil de asimilar para la población.

La progresiva devaluación del signo monetario se
traducía en un incremento en los precios y por
consiguiente un aumento en los costos de producción, sin
embargo los recursos provenientes de la devaluación fueron
el principal mecanismo para la reducción del
déficit fiscal. Se cree sin embargo que no se debió
devaluar en forma tan agresiva la moneda venezolana, y tratar de
reducir el déficit fiscal contrayendo al máximo el
gasto publico, cosa que no se tomó muy en cuenta; ya que
la devaluación equivale a la aplicación de un
impuesto indirecto, altamente regresivo que afecta a todos los
sectores del país.

Se trazó la meta de modificar la estructura
tributaria del país orientándola hacia una
reducción de las tasas máximas aplicables por
concepto del impuesto sobre la renta, además se anunciaba
la intención de aplicar un impuesto indirecto sobre el
valor agregado, esto representaba claramente una
orientación hacia las políticas de oferta. Sin
embargo, la tardanza en el Congreso para aprobar el impuesto al
valor agregado, obligó al Gobierno a incurrir en las
devaluaciones antes mencionadas para cubrir sus déficits,
fiscales, esto representa claramente una medida coyuntural
relativa a políticas de demanda.

Esta contradicción entre la política
expansiva del gasto público y las políticas
restrictivas, obliga al BCV a la aplicación de medidas
como la emisión de Bono cero cupón y el aumento del
encaje legal de los bancos, a fin de absorber el excedente
monetario derivado de esta situación, trayendo nuevos
ingredientes a la ya insostenible situación del
estado.

Para evitar un poco esta situación se inicia en
el país un proceso de privatización de algunas
empresas del Estado, caracterizadas por arrojar solamente
perdidas en lugar de ganancias, esto tiene como finalidad reducir
el déficit del Estado, ahorrando de esta manera millones
de dólares en inversiones que no tienen ningún
sentido al gobierno y transfiriendo esos activos improductivos a
manos privadas. A su vez las empresas que continuaban en manos
del Estado se vieron en la necesidad de sincerar las tarifas de
sus bienes y servicios, incidiendo nuevamente en el alza de los
precios y la inflación.