Finanzas y presupuesto público

Gasto
público

Introducción

El gasto público en general tiene un efecto
negativo en el crecimiento económico, y por tanto se debe
reforzar su focalización en aspectos sociales que
contribuyan al bienestar social, enfatizando la importancia del
gasto en educación, por su impacto de mediano plazo, y en
programas de subsidio directo como las Pensiones Asistenciales o
más particularmente en la actual coyuntura, en programas
de empleo de emergencia, así como también reducir
los gastos innecesarios.

Durante el primer milenio de la era Cristiana no hubo en
el mundo crecimiento económico. En esa época la
mayoría de los habitantes no mejoraron sus niveles de
vida.

Donde se inició el crecimiento sostenido, los
Países Bajos en el siglo XVI o Inglaterra en el XIX, se
debió fundamentalmente a innovaciones y a un entorno
jurídico que garantizó los derechos de propiedad y
la paz social. En el siglo XX crecieron aquellos países
donde hubo seguridad en los derechos de propiedad, paz y libertad
económica. Dos políticas económicas
impidieron el crecimiento sostenido en varios países en el
siglo XX. Una, la pretensión de los gobernantes de
planificar centralmente la economía en el socialismo real,
sistema afortunadamente superado en la mayor parte del mundo. La
otra política, todavía vigente en la mente de
muchos gobernantes, consiste en incentivar el crecimiento a
través del mayor gasto público y el déficit
presupuestal. Los datos empíricos nos demuestran que los
gastos deficitarios, financiados con inflación o deuda,
tienen efectos negativos netos para la sociedad. Mantener niveles
altos de inflación o deuda no significa mayor crecimiento
sostenible. Buscar el crecimiento mediante un déficit
presupuestal es ilusorio y, en el mejor de los casos,
transitorio. Aunque políticamente puede ayudar a un
partido a ganar elecciones, perjudica tarde o temprano a los
electores, que creyeron en el estado como fuente directa de
crecimiento. Un gobierno puede ayudar al crecimiento al mantener
la paz, el respeto a la propiedad, mínimas
reglamentaciones y un bajo costo fiscal para los
ciudadanos.

Un estudio de Libertad y Desarrollo determinó que
tanto el gasto total como el gasto en consumo en bienes y
servicios como porcentaje del PGB tienen un efecto negativo y
significativo en el crecimiento de la productividad. La
estimación indica que un aumento de 10% en el gasto total
hace disminuir la tasa de crecimiento de la productividad del
sector privado en 1,87 puntos porcentuales en promedio anual y un
aumento similar en el gasto de consumo hace disminuir la tasa de
crecimiento de la productividad en 2,17 puntos porcentuales en
promedio anual.

Este presupuesto del gasto público debiera
orientar los recursos a áreas de mayor rentabilidad
social, en que el gasto fiscal tenga un impacto efectivo en el
bienestar, tales como educación, seguridad y empleos de
emergencia. Asimismo, se debe eliminar o reducir con una
política de austeridad áreas del presupuesto como
los bienes y servicios de consumo que pueden ser evitados y todas
aquellas inversiones innecesarias.

Análisis Beneficio –
Costo

En un análisis beneficio-costo se debe explicar
la rentabilidad social de un proyecto en términos de
generación de empleo  o ingresos  (por ejemplo:
costo por puesto de trabajo generado, aumento de ingresos
esperado debidos a la capacitación, comparada con el costo
de la misma).  Indicar otros beneficios complementarios del
proyecto.  De ser posible hallar el Valor Presente Neto y la
tasa interna de retorno del proyecto. Además se deben
explicar las estrategias de recuperación de costos que le
den sostenibilidad al proyecto y permitan aumentar el impacto. En
este mismo análisis de incluirse la explicación de
los montos, el origen y los usos de los fondos de contrapartida
ofrecidos; además, se debe fundamentar que los costos
administrativos están acotados a límites razonables
y que la mayor parte de los recursos se transfiere efectivamente
a los beneficiarios.

Existen leyes que regulan de manera integral el
endeudamiento externo e interno del Sector Público,
estableciendo requisitos y procedimientos necesarios para la
aprobación de operaciones de Endeudamiento Externo e
Interno, operaciones de cobertura de riesgo y operaciones de
renegociación, así como otras disposiciones de
carácter general y complementario sobre aspectos diversos
asociados al endeudamiento público. Tales requisitos y
procedimientos son los mismos que se encuentran vigentes a la
fecha, en aplicación de la Ley N° 27424, Ley de
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2001. Entre ellos, por su importancia y haber sido incluida
recién a partir de la mencionada Ley, cabe resaltar la
disposición que autoriza a algunos organismos a celebrar
operaciones de cobertura de riesgo, como swaps de monedas y/o
tasas de interés, la misma que resulta necesaria para una
eficiente administración de la Deuda Pública, en el
contexto de la creciente complejidad y desarrollo de los mercados
de capitales internacionales. El monto máximo de
concertación que se autoriza en la Ley, constituye un
límite referencial para las operaciones de endeudamiento
que el Gobierno Central puede acordar o garantizar en el
ejercicio fiscal respectivo, para cubrir sus necesidades de
financiamiento y de las Instancias Descentralizadas, así
como de otras entidades del Sector Público. El monto de
operaciones que finalmente sean concertadas con cargo a tal
autorización, depende de diversos factores, como los
relacionados con el cumplimiento de los requisitos establecidos
para aprobar las operaciones y las políticas que bajo
condiciones específicas disponga el gobierno.

Para establecer el monto para el Apoyo a la Balanza de
Pagos, así como la emisión de bonos internos para
fondeo, se ha considerado el requerimiento de recursos del Sector
Público, estimado empleando las proyecciones del Marco
Macroeconómico Multianual (MMM) y que se encuentra
determinado básicamente por las obligaciones del servicio
de la deuda, así como la eventualidad de ingresos por
privatización menores a los previstos.

Respecto al monto de concertaciones para proyectos,
teniendo en cuenta las limitaciones en el gasto público, y
por tanto en el desembolso de créditos para proyectos, se
ha establecido la conveniencia de evitar en lo posible la
concertación de operaciones en el año 2003, a fin
de evitar incrementar el nivel ya elevado de saldos no
desembolsados de créditos vigentes; por lo cual, la
propuesta, tanto por la fuente externa como por la interna,
obedece solo a la necesidad de contar con el marco legal que
permita la gestión y eventual concertación de
operaciones sin recurrir a la emisión de normas de
urgencia.

Las concertaciones externas e internas que se
efectúen con cargo a los montos autorizados,
estarían generando desembolsos para el Apoyo a la Balanza
de Pagos (preferentemente créditos), que permitirán
completar los recursos necesarios para financiar la
atención del servicio de deuda en el año. Tales
desembolsos implican requerimientos para el pago de intereses en
el mismo año.

Análisis de Programas
Específicos

La planeación es el proceso a través del
cual deberán fijarse las prioridades, los objetivos, las
previsiones básicas y los resultados que se pretenden
alcanzar por el Programa de Desarrollo Social.

La planeación permite vincular la
operación e instrumentación de los programas
específicos con los objetivos generales establecidos en el
Programa. En ella participarán los grupos sociales
involucrados, a través de un proceso de consulta
pública impulsada por las dependencias y entidades de la
Administración, conforme a lo dispuesto por la ley de
Participación Ciudadana y la ley de Planeación para
el Desarrollo.

Los criterios de ejecución del Programa de
Desarrollo Social especificarán anualmente las estrategias
para alcanzar sus objetivos, y serán la base para la
presupuestación del gasto público en Desarrollo
Social; en ellos se contendrá:

El gasto público destinado al Desarrollo Social,
procurando que mantenga siempre incrementos reales; Las
prioridades en materia de Desarrollo Social; así como, las
condiciones mínimas en las áreas de
educación, salud, nutrición e infraestructura
social básica, que requieren los habitantes del Distrito
Federal; Los objetivos, que se pretenden alcanzar en cada uno los
aspectos de las acciones para el Desarrollo Social; y El monto
del gasto que se ejercerá en cada uno de los aspectos de
las acciones para el Desarrollo Social.

Impuestos

Incidencia impositiva

La incidencia impositiva es el estudio para determinar
quien soporta la carga de un impuesto (o carga fiscal). Los
impuestos que crea el gobierno pueden imponerse legalmente a los
compradores o a los vendedores, pero ¿quién soporta
la carga fiscal? Para contestar esta pregunta es necesario
descomponer nuestro análisis en tres pasos:

1. Investigar si la disposición legal del
impuesto afecta a la curva de demanda o a la curva de oferta 2.
Investigar hacia adonde se desplaza la curva 3. Analizar como se
afecta el equilibrio inicial En la elección de un sistema
impositivo confluyen varios objetivos de política
económica. De esta forma, no puede juzgarse una estructura
tributaria simplemente por su incidencia distributiva. Este es,
sin duda, uno de sus aspectos esenciales, pero no deben
descuidarse otros elementos que hacen a la elección de un
buen sistema tributario. En principio éste debe cumplir
adecuadamente una de sus funciones esenciales: la recaudatoria.
Los impuestos son la forma de financiar los gastos por lo que
resulta obvio que una estructura de impuestos progresiva y
eficiente, pero de bajo poder de recaudación, no es de
mucha utilidad. Otro de los principales objetivos es minimizar
las distorsiones que éste pueda generar, e incluso
solucionar algunas ocasionadas por "fallas de mercado". Muchas
veces los objetivos de equidad, eficiencia y poder recaudatorio
no son todos compatibles y es tarea de quien hace política
económica elegir la mejor combinación entre ellos.
El tema de la incidencia tributaria es una cuestión
sumamente importante y difícil de tratar. Es importante
por cuanto es la pieza esencial para completar el efecto de la
acción estatal sobre la distribución del ingreso
vía política fiscal. Sin una idea clara de
quiénes son los que finalmente sufren las consecuencias
económicas de los impuestos, es imposible evaluar la
acción estatal en lo que respecta al objetivo "equidad".
La cuestión de la incidencia tributaria es, sin embargo,
difícil de abordar, ya que requiere de estudios más
detallados sobre las condiciones de todos los mercados, o al
menos, de varios mercados claves. Esta sección debe verse,
simplemente, como un acercamiento a la incidencia tributaria, y
por lo tanto los resultados que se presentan deben ser tomados
como hipotéticos. De ninguna manera deben sacarse
conclusiones de política apresuradas en base a estos
resultados. Por último, es aconsejable la
realización de estudios más integrales y
exhaustivos que permitan tener una idea más acabada de la
incidencia del sistema tributario.

A continuación realizamos algunas consideraciones
sobre el financiamiento y posteriormente presentamos los
supuestos en los que se basa nuestra estimación. En primer
lugar, la hacienda pública se forma con una serie de
recursos, pero hemos acotado el financiamiento del gasto social a
la parte impositiva. Por lo tanto, se excluye la deuda que
finalmente es pagada con impuestos. Esta cuestión
incorporaría problemas de incidencia intergeneracional que
son muy difíciles de evaluar. En segundo lugar, la
estructura tributaria de cada nivel de gobierno es distinta, y
sería necesario computar la incidencia para cada uno de
ellos. En tercer lugar, si trabajáramos con la estructura
impositiva que financia cada gasto sería necesario
computar la incidencia distributiva de cada impuesto. Es decir,
se trataría de ver quienes son los que realmente pagan los
impuestos. Puede ocurrir que el impacto de un impuesto sea
diferente a su real incidencia sobre el ingreso real de una
persona. El "impacto" hace referencia al responsable legal del
pago del impuesto. Este, sin embargo, puede trasladar parte o la
totalidad de la carga del impuesto a otros agentes
económicos. Por lo tanto, la incidencia impositiva se
refiere al efecto final del tributo sobre quienes realmente
sufren la carga económica del impuesto. Se deduce que
la incidencia de un impuesto depende de las condiciones de oferta
y demanda de los mercados de bienes, servicios y factores. Si
bien resulta relativamente simple en teoría, el
cómputo de la incidencia no es en la práctica una
tarea sencilla. Un enfoque ideal sería el de estimar un
modelo de equilibrio general donde simultáneamente se
determinen los parámetros en todos los mercados. Dada la
escasez de información disponible, este camino es
inviable. Otra alternativa es estimar con modelos de equilibrio
parcial las condiciones de mercados particulares. Aunque
más sencilla, esta alternativa tampoco resulta
fácil de implementar. Son pocos los estudios sectoriales
con resultados robustos para el caso argentino e incluso a nivel
mundial. En cuarto lugar, un aspecto importante resaltado en la
teoría económica es el carácter distorsivo
de los impuestos. Esto hace referencia al hecho que los tributos
modifican el comportamiento de los agentes económicos,
quienes cambian sus conductas para eludir el impuesto. Al
computar el "costo" del impuesto, no debe olvidarse el
daño adicional, producto de la distorsión. Tal
distorsión (llamada "peso muerto del impuesto") depende de
las elasticidades de oferta y demanda. En general, en la
mayoría de los estudios sobre el tema se ignora este
aspecto, lo cual responde a la dificultad en estimar el monto del
costo de la distorsión y en discernir quienes son los que
finalmente sufren sus consecuencias. Por último, la
evasión introduce un problema adicional en este tipo de
trabajos. En principio lo que se trata de medir es la incidencia
tributaria real y no la potencial (la planeada por las
autoridades). Interesa saber quienes pagan los impuestos y no
quienes deberían pagarlos. El problema radica, obviamente,
en la dificultad para saber quienes pagan y quienes evaden. Nuevo
equilibrio La cantidad de equilibrio disminuye. El precio que
pagan los compradores se incrementa, mientras que el precio que
reciben los vendedores disminuye. Un análisis de
incidencia muestra que ambos, los compradores y los vendedores
pagan el impuesto. ¿Quién soporta la mayor carga
impositiva? La respuesta depende de la elasticidad-precio de la
demanda. Si la demanda del producto es inelástica la mayor
carga fiscal recae sobre los compradores, mientras que si la
demanda del producto es elástica ésta recae
principalmente sobre los productores (vendedores). Pero
¿qué sucede cuando el impuesto se cobra legalmente
a los vendedores? El análisis de éste impuesto es
similar, la única diferencia es que se desplaza la curva
de oferta. Esto es, disminuye.

La incidencia impositiva también depende de la
elasticidad-precio de la oferta. Cuando la oferta es
elástica y la demanda inelástica, la mayor carga
fiscal la reciben los compradores. Cuando la oferta es
inelástica y la demanda elástica, la mayor
incidencia impositiva se va hacia los vendedores. En
conclusión podemos decir que la incidencia fiscal es mayor
en aquella parte del mercado con la menor elasticidad, es decir,
si la demanda es más inelástica que la oferta,
entonces la mayor parte de la carga fiscal recae sobre los
compradores y, si la oferta es más inelástica que
la demanda, entonces la mayor parte de la carga fiscal recae
sobre los vendedores. Eficiencia
Económica

En la mayoría de las empresas comerciales, la
eficiencia económica es el factor primordial que determina
el tipo de sistema empleado. No existen muchas personas
dispuestas a dedicarse a una actividad sin percibir una
remuneración en dinero que se considere satisfactoria. El
término eficiencia económica es mal empleado muy
frecuentemente ya que se ignora el significado de este concepto:
Alta eficiencia económica NO SIGNIFICA costos muy bajos,
Alta eficiencia económica NO SIGNIFICA altísima
producción, Alta eficiencia económica NO SIGNIFICA
máxima eficiencia biológica.

El gasto público se financia primordialmente
mediante los impuestos. Estos afectan múltiples aspectos
de la actividad económica, y por lo tanto, debe
considerarse detenidamente su diseño. Tres
características son de especial relevancia:

En tanto que los impuestos afectan los incentivos,
pueden alterar el comportamiento de los consumidores, productores
o trabajadores, de tal forma que se reduce la eficiencia
económica Un sistema tributario ideal debería
minimizar en la medida de lo posible los efectos negativos sobre
la eficiencia económica. El impacto diferencial de los
impuestos en los distintos sectores de la población se
relaciona con la problemática de la equidad o justicia.
Dentro de la equidad existe un triple desafío. Primero, la
búsqueda de la equidad horizontal, es decir, igual
tratamiento a sujetos u objetos imponibles parecidos. Segundo, el
cumplimiento de objetivos de equidad vertical, que implica que
aquéllos que tienen una mayor capacidad contributiva
efectivamente paguen proporcionalmente más. Y finalmente,
la interacción entre la búsqueda de mayor equidad y
sus consecuencias sobre la eficiencia
económica.

Un sistema tributario ideal debería tener una
gran eficacia recaudatoria , que incluye la capacidad para hacer
cumplir las reglas fiscales y bajos costos de hacerlas cumplir.
Esta es una consideración importante en la medida que es
afectada por y tiene influencia en la eficiencia y la equidad del
sistema impositivo.

Dadas las características específicas de
cada impuesto en cuanto a eficiencia económica, equidad
horizontal y vertical y eficacia en la recaudación, se
propone:

• 1. Eliminar los impuestos más
  distorsivos.

• 2. Modificar aquéllos impuestos que
  serán centrales en el sistema tributario.

• 3. Crear impuestos para reforzar la
  recaudación, especialmente a nivel
  provincial.

Impuestos óptimos

La teoría de impuestos óptimos (con tasa
variable) se inicia con Mirlees (1971), que mediante un modelo
simple, especial (sólo un bien de consumo; consumidores
con preferencias idénticas, sólo diferentes en sus
salarios; trabajo en esencia homogéneo), estudia por
primera vez en forma rigurosa la vieja discusión sobre los
efectos (recaudación, distribución, eficiencia) del
impuesto al ingreso.

Los impuestos óptimos consisten en gravar
más al bien complementario (o menos substituto) del exento
y gravar menos al bien más substituto del exento. En 1975
Dixit indicó que el resultado de Corlett y Hague y de
Meade parecía no cumplirse cuando los bienes gravables son
más de dos, y en 1984 Schenone, Rodríguez y Mantel
demostraron esta conjetura de Dixit. La existencia de bienes no
susceptibles de ser gravados es una noticia muy desalentadora.
Por su causa, un impuesto uniforme sobre todos los bienes
gravables no es, en general, óptimo. La estructura
tributaria óptima, en cambio, consiste en una tasa para
cada bien que depende, en general, de las elasticidades-precio
cruzadas entre ese bien y todos los demás bienes de la
economía.

Estructura Impositiva en Venezuela

El Código Orgánico Tributario afirma en
cuanto a la estructura impositiva:

Las prórrogas y demás facilidades para el
pago de impuestos no se aplicarán en los casos de
obligaciones provenientes de tributos retenidos o percibidos,
así como de impuestos indirectos cuya estructura y
traslación prevea la figura de los denominados
créditos y débitos fiscales.

La compensación no será oponible en los
impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea
las figuras de los denominados débito y crédito
fiscales, salvo expresa disposición legal en contrario. La
imposibilidad de oponer la compensación será
extensible tanto al débito y crédito fiscales
previstos en la estructura y traslación del impuesto
indirecto, como a la cuota tributaria resultante de su proceso de
determinación.

La flexibilidad fiscal abarca conceptos como la
estructura impositiva, la competitividad impositiva, presiones
sobre gastos del Sector público y la capacidad operativa
del sector gubernamental en general y el total de equilibrios
fiscales del mismo. También se toma en cuenta la
política fiscal, el objetivo del endeudamiento del sector
público y sus implicancias inflacionarias. Standard &
Poor´s, como la mayoría de las calificadoras
internacionales-, considera relevante que los Gobiernos tengan un
moderado Gasto Público que evite excesivas presiones
impositivas al resto de los agentes económicos. De
allí se desprende el concepto de competitividad
impositiva, ya que las inversiones eligen destinos sin gran
presión tributaria.

Podemos apreciar que la flexibilidad fiscal que
evalúan las calificadoras está en línea con
los argumentos neoclásicos que pregonan los organismos
internacionales de crédito. No se observa en la
calificación de Standard & Poor´s un
análisis cualitativo de las erogaciones gubernamentales ni
una evaluación de las situaciones fiscales primarias sin
intereses de deuda de los países, lo cual denota que se
busca calificar el potencial de recursos para afrontar el pago de
obligaciones. La política fiscal en Venezuela no
sólo es volátil, adicionalmente no se utiliza como
un instrumento para contrarrestar los efectos adversos del ciclo
económico. La alta volatilidad de los resultados
macroeconómicos es incrementada por la tendencia
más bien procíclica de la política fiscal.
Este sesgo procíclico ha sido particularmente acentuado en
las coyunturas recesivas, aumentándose así
aún más las fluctuaciones del producto y el empleo
en las oportunidades en que severos shocks negativos impactaron
la economía tanto desde el sector externo como desde los
ámbitos internos.

Aspectos
macroeconómicos de las cuentas fiscales

En lo macroeconómico es urgente despejar
completamente el tema del desequilibrio de las cuentas fiscales y
la amenaza de impuestos. Durante los últimos años
se ha hecho crecer el gasto público más allá
de lo que ha crecido el producto en promedio y eso ha validado la
permanente amenaza de nuevas alzas impositivas, lo cual ha minado
la confianza y explica en parte la debilidad de las tasas de
inversión.

No es evidente que un mayor activismo fiscal permita
resolver el problema del desempleo. El sector privado representa
casi cuatro quintas partes de la economía y una
proporción aún mayor del empleo. Lo que ocurra con
el empleo en el país depende fundamentalmente de lo que
haga el sector privado y de su interés en invertir. El
gobierno puede paliar transitoriamente la situación de los
cesantes o apoyar la reactivación con inversiones y
programas especiales, pero si el sector privado no invierte ni
contrata, sus esfuerzos resultarán infructuosos. Este
dilema está bien reconocido en la literatura
económica. La condición fundamental para que un
mayor déficit fiscal genere mayor actividad y empleo de
manera sostenida es que éste no presione al alza a las
tasas de interés; de lo contrario, el aumento en el costo
del crédito reducirá el consumo, la
inversión privada, la actividad y el empleo. Tal
condición se cumple sólo en circunstancias muy
especiales.

En efecto, la prudencia en el manejo de las cuentas
fiscales es hoy considerado como un aspecto clave de la
conducción económica en los llamados "países
emergentes" y una garantía de su estabilidad futura.
Abandonar esta prudencia significaría arriesgar una
reversión de las positivas condiciones financieras que hoy
favorecen una recuperación del consumo, la
inversión y el empleo. La experiencia muestra que los
desequilibrios fiscales perjudican, más que lo que
favorecen, una acción efectiva del Estado en el largo
plazo. La efectividad del Estado en la reducción de la
pobreza, la generación de oportunidades, el fomento
productivo, la ciencia, la cultura y la participación
ciudadana no depende tanto de lo que se gasta en un año
como de la posibilidad de aplicar políticas con
consistencia y persistencia suficiente para producir cambios
duraderos. Los desequilibrios fiscales son seguidos de dolorosos
ajustes cuyas primeras víctimas son la inversión,
los empleados públicos y los grandes programas sociales.
Las rondas de recortes de gastos debilitan gravemente la
efectividad de programas y servicios públicos. Cuando las
finanzas públicas son fuente de inestabilidad
macroeconómica, de ineficiencia o clientelismo es la
propia validez de la acción del Estado la que queda en
cuestión. Administrar los fondos fiscales con prudencia,
eficiencia y transparencia no es contradictorio con el
carácter progresista del gobierno del Presidente Lagos,
sino una expresión de ello. Significa valorar la
importancia del Estado como promotor del bien común y
actor del proceso de desarrollo; significa reconocer la
existencia de fallas en el mercado y la necesidad de una
acción pública eficaz para corregirlas; significa
administrar los recursos públicos reconociendo que se
está ejerciendo una de las funciones más
importantes de una democracia; significa sentir la
obligación de canalizar los recursos públicos hacia
quienes más lo necesitan. Por eso, la responsabilidad
fiscal no es sólo patrimonio del equipo económico,
pertenece al conjunto del gobierno y al país.

Impactos
macroeconómicos de las políticas: fiscal,
tributaria y monetaria

La Política Fiscal es de gran importancia
para el desarrollo económico de cualquier nación,
esta debe ser adaptada a las realidades de cada nación,
cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más
estricta disciplina, a fin de lograr los objetivos de crecimiento
económico y desarrollo que persigue la Teoría
Económica. Si el objetivo es reducir la demanda agregada,
una actuación fiscal más restrictiva quizá
no lo consiga. Por el contrario, una acción de esa
naturaleza puede tener consecuencias expansivas por sus efectos
sobre la riqueza y sobre las expectativas acerca de los impuestos
futuros. Una contracción presupuestaria reduce los tipos
de interés a largo plazo e incrementa el valor de mercado
de las acciones, de los bonos y de los inmuebles, lo que estimula
el consumo y la inversión. Al mismo, en el escenario de un
presupuesto equilibrado, un recorte adicional del gasto
público tendría efectos expansivos si los hogares y
las empresas le interpretan como una disminución de sus
obligaciones fiscales futuras. En este caso, su riqueza neta
presente crecerá y el gasto privado se verá
estimulado. Con todos los matices que se quiera, el
comportamiento de la economía española durante
estos últimos años responde bastante a este
enfoque. Ahora bien, si se acepta que los impactos fiscales son
absorbidos mediante ajustes de precios y salarios, también
debe aceptarse que esos ajustes son cambios de nivel de una sola
vez, distribuidos a lo largo del tiempo, y no cambios en una
inflación sostenida. En suma, la política fiscal
unas veces produce los resultados predichos por los modelos
keynesianos y otras, la mayoría, no. Japón es un
caso de libro de esta afirmación. Una expansión
fiscal hiperagresiva no ha logrado sacar al país de la
depresión. Por tanto, la cautela se impone.

La rehabilitación de la política fiscal
como arma anticíclica abre el portillo a la
discrecionalidad, al ajuste fino. Si se considera eficaz una
restricción fiscal para eliminar los desequilibrios
provocados por una demanda boyante, igualmente ha de asumirse su
eficacia en el caso contrario, una demanda insuficiente. Cuando
se admite este criterio, el genio de la discrecionalidad sale de
la botella. Para evitar esa peligrosa derivación la
macroeconomía prekeynesiana asumió la regla del
patrón oro y la del presupuesto equilibrado. Esas reglas
son todavía válidas. El mayor servicio a la
estabilidad macroeconómica consiste en crear un marco
institucional capaz de reducir la incertidumbre en una
economía que tiende a autorregularse. Este es el
único camino para evitar las situaciones de inconsistencia
temporal creadas por las políticas discrecionales. La
superioridad de las reglas sobre la discrecionalidad es a la
postre la distinción esencial entre los economistas
keynesianos y los liberales.

Las críticas tradicionales a la política
fiscal discrecional son de sobra conocidas: su tramitación
es lenta, tarda tiempo en surtir efecto etc. Sin embargo existe
una objeción más profunda. Por desgracia carecemos
del conocimiento preciso del ciclo y del funcionamiento de la
economía para tomar ese tipo de decisiones sin el riesgo
de cometer errores graves y costosos. En la práctica, el
activismo incorpora una visión benevolente del Estado
conforme a la cual éste actuará para conseguir la
estabilidad independientemente de si esto comporta un
estímulo o una restricción. La asunción de
esta hipótesis resulta poco realista. La
combinación de una información incompleta por parte
del gobierno sobre las variables relevantes con las restricciones
políticas a las que aquel se enfrenta crea serios riesgos
de que las acciones anticíclicas desestabilicen en lugar
de estabilizar la economía. De ahí que la
discrecionalidad sea una expresión clara de la fatal
arrogancia hayekiana.

Desde esta óptica, la apuesta por un menor gasto
público o por unos impuestos más bajos no radica en
el impacto coyuntural de esas iniciativas, sino en la
sólida convicción de que sus consecuencias a medio
y largo plazo se traducen en mayor crecimiento económico,
riqueza y bienestar para todos. En cuanto a la Política
Tributaria, se puede afirmar que el desarrollo del
país será sólido en la medida en que se
erradique la informalidad tributaria. Ella no sólo causa
una menor recaudación fiscal; también genera una
competencia desleal que perjudica a las empresas debidamente
constituidas y, en el campo laboral, crea un submundo en el que
se paga menos y se niega el derecho a la seguridad social y a la
jubilación. Pero también es necesario que el Estado
no imponga tasas tributarias tan elevadas. De ahí la
necesidad de evaluar la actual estructura tributaria.
También es inevitable revisar los aranceles de
importación, en especial los de insumos y bienes de
capital. Su actual estructura perjudica a los productores
nacionales y les impide competir en el exterior. Hay que tender
hacia una política tributaria permanente que no sea
alterada por los cambios políticos. Se deberá,
pues, fijar tasas impositivas quinquenales que den una clara
proyección al contribuyente e inversionista. Éstas
sólo podrán modificarse de mediar una real
justificación y luego de un adecuado debate
público. El régimen de Impuesto a la Renta no debe
desalentar la reinversión.

El sistema tributario debería proveer al gobierno
con ingresos suficientes para cumplir sus objetivos
legítimos sin destruir los incentivos para trabajar,
ahorrar e invertir. De estos cinco fundamentos básicos del
crecimiento económico, el último es quizás
el más descuidado, especialmente por el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Sin embargo, los impuestos son
extremadamente importantes, una parte importante de los costos de
producción, y del costo de vida. Todas las
economías más exitosas en la historia del mundo,
sin excepción, han puesto un cuidado muy especial en
mantener las tasas tributarias marginales lo más bajas
posibles, particularmente en las recompensas al ahorro y a la
actividad empresarial. La tarea difícil de la
política tributaria es elevar los ingresos en forma tal
que cause el menor daño posible a la economía. Eso
significa diseñar un sistema tributario que preserve los
Incentivos individuales para la actividad productiva, incentivos
para el empresariado y para trabajar, ahorrar, invertir,
aprender, inventar y crear. Se colige entonces que un sistema
tributario que penaliza el ingreso adicional penalizará
también la producción (por ejemplo, el crecimiento
económico). El gobierno, lo mismo que las empresas, debe
competir en la producción del mayor valor al costo
más bajo posible. En realidad, el costo del gobierno es a
menudo uno de los costos más grandes de hacer negocios,
indiferentemente si el costo parece recaer sobre el negocio
mismo, o sus clientes, trabajadores o accionistas. Los
países en los cuales el costo del gobierno es demasiado
alto encontrarán más difícil atraer y
retener capital físico, capital financiero y capital
humano. Así como los llamados "paraísos fiscales"
atraen inversiones e inmigrantes, los países con sistemas
tributarios castigadores enfrentan "fuga de capitales" y "fuga de
cerebros". Las altas tasas impositivas a menudo ahuyentan la
inversión extranjera y causan que los ahorros nacionales
se escapen a otros países. Esto es lo se conoce como "fuga
de capitales." Altas tasas tributarias pueden aún
ocasionar que mucha de su gente más preparada e
industriosa emigre a otros países. Esto es lo que se llama
"fuga de cerebros". Las altas tasas tributarias siempre causan
que mucha de la economía desaparezca de los ojos del
recaudador de impuestos. Este fenómeno tiene diferentes
nombres en diferentes países, tales como economía
"sombra", "informal" o "sumergida".

Las dificultades a la hora de poner en práctica
una Política Monetaria suficientemente preventiva en el
nuevo entorno macroeconómico tendrían menor
importancia si -como parece plausible- la necesidad de
prevención monetaria también fuera menor. En primer
lugar, al estar las expectativas de inflación mejor
ancladas, los bancos centrales disponen de más tiempo para
evaluar la situación económica antes de actuar, sin
correr el riesgo de que la inflación experimente una
subida significativa. Por supuesto, este mayor margen de maniobra
existe siempre que los desequilibrios no se acumulen y requieran
posteriormente medidas correctoras más costosas. En
segundo lugar, y como se afirma a menudo sobre la base de la
experiencia de Estados Unidos, el intervalo de transmisión
de la política monetaria a la demanda agregada puede
haberse acortado gracias a los avances tecnológicos y a
los cambios experimentados en los mercados financieros. La
adopción de sistemas de gestión de existencias
"just-in-time" (es decir, a medida que van llegando los pedidos)
es un ejemplo de decisiones de inversión ante cambios en
las condiciones económicas. Además, una mayor
participación de las familias en los mercados
bursátiles podría haber potenciado el
efecto-riqueza sobre el consumo (véase el capítulo
II).

Las mismas reflexiones que suscita el endurecimiento de
la política monetaria se aplican a la relajación de
la misma. Además, la suavización monetaria afronta
otras dificultades motivadas por ciertas asimetrías que
podrían afectar a la dinámica de la
economía.

En la economía de hoy en día, la
política monetaria ha de seguir enfrentándose a
nuevos retos, que podrían estar menos claros que en
periodos anteriores de lucha contra una inflación elevada
e inestable. Es necesario que los bancos centrales permanezcan
tan alerta como siempre. Un importante riesgo derivado del nuevo
entorno macroeconómico es que la introducción de
medidas preventivas podría ser ahora algo más
difícil, a causa de la dinámica cambiante de la
economía y de consideraciones de tipo político. En
concreto, resulta una paradoja que, con unas expectativas bien
ancladas alrededor de una inflación baja y apuntalada por
la credibilidad de los bancos centrales, los desajustes
subyacentes entre la demanda y la oferta puedan tardar más
en manifestarse en la inflación general. En estas
condiciones, existen motivos para creer que a la hora de
instrumentar la política monetaria, podría ser
útil asignar una ponderación algo mayor a los
cálculos de desequilibrios financieros, especialmente al
incremento excepcionalmente rápido del crédito y
del precio de los activos, que señalan dichos desajustes.
Sin embargo, hay que seguir profundizando en el análisis
para comprender la dinámica de la economía en el
nuevo entorno y para extraer conclusiones sólidas de
política monetaria.

Deuda

Teoría La deuda es el vínculo en
virtud del cual una persona, denominada deudor, se compromete a
pagar a otra, denominada acreedor, una suma determinada de dinero
o ciertos bienes y servicios específicos. Las deudas se
originan normalmente cuando los acreedores otorgan
préstamos a los deudores, que éstos entonces se
comprometen a devolver en cierto plazo y bajo determinadas
condiciones. Entre estas últimas la más corriente
es la que fija la tasa de interés que habrá de
devengar el préstamo.

Las economías modernas se basan en gran parte
sobre las deudas a corto o largo plazo que contraen los
particulares, las empresas y el Estado. Sólo las
transacciones de menor cuantía suelen pagarse en efectivo
pues para casi todas las demás se emplean diversas formas
de crédito. Las deudas, por lo general, quedan legalmente
registradas mediante el uso de instrumentos mercantiles
específicos: pagarés, letras de cambio, bonos,
etc.

Deuda Interna

La deuda pública o
deuda interna es el volumen a que ascienden los préstamos
obtenidos por el Tesoro Público de un país, de los
bancos, entidades económicas y personas particulares a
cambio del reembolso de sus capitales, transcurrido un
período de tiempo determinado, y del consiguiente pago de
sus intereses.

Deuda Externa

La Deuda Externa de un
país es la documentada en moneda extranjera y colocada en
los mercados financieros internacionales, independientemente de
que parte de las obligaciones emitidas pudiesen encontrarse en
poder de residentes venezolanos.

Deuda y Equilibrio Económico

El hecho de que un país no pague sus obligaciones con
los organismos de crédito internacionales es la prueba del
fracaso de un país, aunque pagar en momentos
difíciles sería mucho más grave, porque
pondríamos en riesgo el equilibrio económico. Sin
dudas el mayor impacto sobre el equilibrio económico es la
ruptura del presupuesto económico. Es obligación
exclusiva de la Concedente recomponer este equilibrio restaurando
las bases económicas del contrato. Respecto a la
relación devaluación – equilibrio económico
financiero de la Concesión, resulta claro del propio texto
contractual como de los antecedentes del proceso licitatorio que
el riesgo de una devaluación nunca fue una variable que
pesara sobre los accionistas dado que el contrato otorga respecto
de la equivalencia económica de la convertibilidad un
verdadero seguro de cambio. Los negocios de estas
características tienen 3 fuentes de financiamiento para
sus inversiones: capital propio, deuda financiera y
reinversión de flujos de fondos positivos. Tanto la deuda
financiera como el capital de los accionistas (capital social
más ganancias reservadas) no son gratuitos sino que
remunerados por el negocio.  La deuda financiera tiene una
remuneración explícita en las condiciones de
financiamiento a través de la tasa de interés y un
plazo predeterminado de devolución. 

Planificación fiscal, tributaria y
monetaria

Planificación fiscal Determina el conjunto
de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los
ingresos necesarios para la realización de la
función del sector público.

Planificación tributaria A nivel
empresarial, gran parte de las decisiones que realiza el
empresario tienen consecuencias tributarias que, por la
relevancia de los impuestos en relación con los costos y
utilidades, deben ser consideradas antes de hacerlas operativas.
Lo anterior hace imprescindible contar con una adecuada
planificación tributaria.

La tendencia mundial creciente a la concentración
de las actividades económicas rentables en empresas
trasnacionales resulta ya indiscutible y aparentemente
irreversible. Estas empresas, en opinión de los autores,
configuran un complejo empresarial compuesto por entes
jurídicamente independientes y que, si bien se constituyen
en distintos países, son dirigidos por sociedades madres y
sometidos a un control común. Y es precisamente el
predominio del interés del grupo por sobre el de las
unidades operativas independientes, el que de algún modo
representa la génesis de la "planificación
tributaria mundial", la cual tiene como objetivo orientar las
actividades comerciales hacia los países donde la
tributación es menor. Los impuestos corresponden a la
participación del gobierno en las diferentes actividades
económicas y están reguladas por un conjunto de
normas que establecen sus montos, excenciones y periodicidades.
La planificación tributaria es una actividad que permite
maximizar los flujos financieros y cuyo impacto dependerá
de la actividad económica que se desarrolle.