Finanzas y presupuesto público (página 2)

Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS

Partes: 1, 2, 3

Los economistas generalmente dividen los impuestos entre
directos e indirectos. Las diferencia entre los dos es que los
impuestos directos (renta, patrimonio, bienes inmuebles) se
recaudan de las personas que se presumen deben pagar el impuesto,
mientras que los impuestos indirectos se presume sean
transferidos a los consumidores. Siguiendo el análisis de
la sección anterior, la selección entre los
instrumentos tributarios probablemente deben reflejar, al menos
en parte, sus efectos fundamentales sobre la
estabilización económica, asignación de
recursos y la distribución de la renta. Aunque los
principios detrás de estas tres funciones del sistema
tributario puedan servir de base al debate de política en
los países en desarrollo, una consideración
adicional, menos frecuentemente reconocida, también
explica el patrón de tributación directa e
indirecta observado en la práctica. Esta
consideración adicional es la facilidad de
administración de cada impuesto y el grado de cumplimiento
de cada uno.

La importancia de los impuestos indirectos en los
países de rentas bajas se debe en gran medida a aspectos
de administración y cumplimientos tributarios. Resulta
significativamente más sencillo administrar y recaudar
impuestos indirectos que administrar impuestos sobre la renta.
Los derechos de aduana, por ejemplo, son relativamente
fáciles de recaudar, por que todos los bienes entran al
país a través de un puerto que puede ser controlado
por los administradores tributarios. A los importadores que no
cumplen con los derechos de aduana (o no proporcionan
garantía suficiente) no se les permite retirar sus bienes.
El impuesto sobre la renta, por otro lado, es mucho más
difícil de administrar debido a que el impuesto no puede
ser recaudado a través de controles físicos. Las
autoridades más bien requieren que se presente una
declaración y deben invertir recursos para verificar la
renta declarada. La única excepción es la renta
sujeta a impuesto mediante retención, pero aun en este
caso las autoridades tienen que supervisar a los agentes de
retención para garantizar la transferencia al gobierno de
los impuestos retenidos. La solución de política a
estos problemas igualmente consta de tres partes: Primero, un
reconocimiento de que la adaptación del sistema tributario
para lograr algún balance preciso de los objetivos
sociales y económicos es necesaria, segundo no se puede
lograr algunas ganancias cambiando la combinación de
impuesto directos e indirectos, pero que cada instrumento de
ingresos específicos debe mantenerse relativamente bien
definido; tercero, el entendimiento de que una estructura
tributaria sólida sin adecuada atención a la
administración tributaria no constituye una
política tributaria deseable.

Instrumentos Fiscales Utilizados en
Venezuela.

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada
dependencia con respecto al petróleo. Tal
afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos
petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales
totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales
apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros
impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos,
fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo
recaudado.

En un intento por disminuir la dependencia fiscal con
respecto al petróleo, se han utilizado distintos tipos de
impuestos entre los cuales se encuentran el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el Impuesto
sobre las Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el
Impuesto a los Activos Empresariales (IAE), y el Impuesto al
Débito Bancario (IDB), esto supuso la modernización
del sistema tributario venezolano, junto con la creación
del Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria. Luego de la Apertura Petrolera, los niveles de
recaudación de impuestos no petroleros han aumentado
considerablemente llegando a representar un 50% del total de
ingresos recaudados y llevando los ingresos petroleros a un nivel
del 35% del total de los ingresos.

Actualmente en el país se aplican los siguientes
impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De
aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos
Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y
Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura
de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta
Nacional Fósforos).

Repercusiones de
la Política Fiscal en Venezuela

Definitivamente que la política económica
aplicada en cualquier país tendrá una
repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que
conforma dicho país, incluyendo empresas, ciudadanos,
industrias, etc. En el caso de Venezuela, lamentablemente es
necesario reconocer que las políticas económicas y
por ende las políticas fiscales aplicada a lo largo de los
últimos 50 años, no han sido más que
incoherentes medidas contrarias a lo que aconseja la
Teoría económica positiva, al contrario solo han
logrado arrastrar al país a un profundo estancamiento del
cual resulta muy difícil, pero no imposible de
salir.

Para explicar las consecuencias que puede tener una
política fiscal mal aplicada sobre la sociedad tomaremos
como ejemplo las políticas aplicadas durante el segundo
período presidencial Carlos Andrés Pérez, el
cual es tristemente recordado como un período de profunda
crisis económica en el país y de gran inestabilidad
política que tuvo como resultado los sucesos ocurridos el
27 y 28 de Febrero de 1989, el 4 de Febrero y 27 de Noviembre de
1992 y finalmente la destitución del Presidente en
1993.

La Venezuela de 1989 era muy distinta a la de 1974,
cuando la bonanza petrolera ocasionada por la crisis de los
países árabes nos colocó como el
único proveedor seguro de petróleo para las
naciones occidentales. Por el contrario el país encaraba
el dilema de cómo resolver el déficit del sector
público, la deuda pública externa superaba en
relación de 4 dólares a 1 los niveles de las
reservas internacionales, el gobierno anterior había
suscrito un acuerdo de refinanciamiento de la deuda que
obviamente resultaba imposible de honrar.

La inflación se acercaba al 30%, reflejando la
artificialidad de la economía venezolana, producto del
estricto control de precios que existía más un
sinnúmero de subsidios. Era evidente que esos mecanismos
eran ya insostenibles, pues ni el Estado poseía los
recursos para seguir otorgando subsidios, ni las empresas
privadas estaban en capacidad de subsistir bajo el régimen
de control de precios, al cual estaban siendo
sometidas.

Por último el signo monetario venezolano
padecía las consecuencias de sucesivas devaluaciones. Se
había impuesto un estricto control de cambios administrado
por RECADI, que se caracterizaba por los más
increíbles niveles de corrupción. A finales de 1988
la tasa de cambio preferencial era de Bs. 14,50 por Dólar;
en tanto que en el mercado libre o paralelo, el Bolívar
llegó a cotizarse a la cifra de Bs. 40 por Dólar.
Bien la realidad de la crisis económica venezolana para
ese momento habría obligado a cualquiera a asumir una
serie de medidas orientadas a resolver esa situación. El
país tendría que pagar las consecuencias de las
irresponsabilidades cometidas durante los 20 años
anteriores, "las leyes económicas son duras, pero son
leyes" había que apretarse el cinturón.

El tren ministerial estaba formado por excelentes
profesionales los cuales diseñaron las políticas
económicas que se aplicarían en el período,
en materia fiscal llamado Programa de Ajustes
Macroeconómicos.

Se tomó la decisión de liberar los precios
del mercado, ya que era imposible mantener los subsidios que
permitían este estricto control sobre los precios, esto
ocasionó inmediatamente una tendencia alcista muy
difícil de asimilar para la población.

La progresiva devaluación del signo monetario se
traducía en un incremento en los precios y por
consiguiente un aumento en los costos de producción, sin
embargo los recursos provenientes de la devaluación fueron
el principal mecanismo para la reducción del
déficit fiscal. Se cree sin embargo que no se debió
devaluar en forma tan agresiva la moneda venezolana, y tratar de
reducir el déficit fiscal contrayendo al máximo el
gasto publico, cosa que no se tomó muy en cuenta; ya que
la devaluación equivale a la aplicación de un
impuesto indirecto, altamente regresivo que afecta a todos los
sectores del país.

Se trazó la meta de modificar la estructura
tributaria del país orientándola hacia una
reducción de las tasas máximas aplicables por
concepto del impuesto sobre la renta, además se anunciaba
la intención de aplicar un impuesto indirecto sobre el
valor agregado, esto representaba claramente una
orientación hacia las políticas de oferta. Sin
embargo, la tardanza en el Congreso para aprobar el impuesto al
valor agregado, obligó al Gobierno a incurrir en las
devaluaciones antes mencionadas para cubrir sus déficits,
fiscales, esto representa claramente una medida coyuntural
relativa a políticas de demanda.

Esta contradicción entre la política
expansiva del gasto público y las políticas
restrictivas, obliga al BCV a la aplicación de medidas
como la emisión de Bono cero cupón y el aumento del
encaje legal de los bancos, a fin de absorber el excedente
monetario derivado de esta situación, trayendo nuevos
ingredientes a la ya insostenible situación del
estado.

Para evitar un poco esta situación se inicia en
el país un proceso de privatización de algunas
empresas del Estado, caracterizadas por arrojar solamente
perdidas en lugar de ganancias, esto tiene como finalidad reducir
el déficit del Estado, ahorrando de esta manera millones
de dólares en inversiones que no tienen ningún
sentido al gobierno y transfiriendo esos activos improductivos a
manos privadas. A su vez las empresas que continuaban en manos
del Estado se vieron en la necesidad de sincerar las tarifas de
sus bienes y servicios, incidiendo nuevamente en el alza de los
precios y la inflación.

En esa época aparece una nueva crisis petrolera,
al estallar la Guerra en el Golfo Pérsico, los ingresos
petroleros aumentaron considerablemente originando una
acción expansiva que financió el déficit
interno de la economía, teniendo un efecto expansivo sobre
la demanda agregada, generando más presiones alcistas
sobre los precios, lo que obligo a instrumentar políticas
monetarias de signo contrario, causando un alza en las tasas de
interés con el consiguiente efecto restrictivo sobre la
inversión privada.

Estos y muchos otros factores de carácter no
fiscalista, sino monetarios, financieros, sociales y
políticos, así como la aparente falta de
interés por parte del Jefe del Estado por atender los
asuntos internos de su política económica fueron
creando un nivel de angustia general, que resultó en el
estallido social de Febrero de 1989. Creando más
inestabilidad para desembocar en los sucesos del 4F y 27N de
1992, todo esto solo logró llevar a Venezuela a una
situación peor de la que se encontraba en ese momento.
Llevándonos por caminos jamás vistos en Venezuela
en los años de Democracia, como lo fue la posterior
destitución del Presidente en 1993.

La política económica aplicada por el
Gobierno del Presidente Pérez, si bien tenía serias
contradicciones internas, podría de alguna forma mejorar
la situación, o por lo menos detener el proceso negativo
de la economía, sentando las bases para iniciar el
crecimiento económico; sin embargo; el Presidente
Pérez no se preocupó por convencer a su partido, a
la oposición ni a la sociedad de la necesidad de la
aplicación de estas medidas, no se ocupó de poner
el ejemplo, reduciendo el tamaño del Estado, o por lo
menos racionalizándolo para hacerlo más efectivo,
cometió el gran error de todos los Gobiernos anteriores,
tratar los excedentes petroleros originados por crisis pasajeras
como si fueran eternos, incurriendo así en mayores
déficits e inflación, en fin el Gobierno del
Presidente Pérez aplicó medidas necesarias pero no
explicó la necesidad de las mismas, lo que ocasionó
graves repercusiones sobre la sociedad venezolana, sobre la
industria y sobre la economía en general.

Deuda

Crecimiento De La Deuda
Interna:

Uno de los hechos que destaca en la
evolución reciente de la deuda pública venezolana
es el significativo incremento del endeudamiento interno, cuyo
saldo total aumentó en más de 2.000% desde 1988,
situándose en Bs. 2.225 millardos al cierre de 1996. Si
bien esta cifra representa el 7,9% del PIB, debe señalarse
que en los años 1994 y 1995 el coeficiente deuda del PIB
alcanzó los niveles históricos de 13.6% y 12.5%.En
la deuda interna se pueden distinguir dos subperíodos. El
primero abarca entre 1989 y 1993, cuando la deuda interna, tanto
directa como indirecta, aumentó su saldo en 484%. Este
incremento fue consecuencia tanto de las mayores colocaciones de
Letras del Tesoro y bonos de la deuda pública, asociados
estos últimos al financiamiento de proyectos
específicos, como del notable incremento de las
obligaciones de la República con el BCV a partir de 1990,
a raíz del proceso de reestructuración de la deuda
pública externa y de la realización de operaciones
de conversión de deuda pública externa e
inversión.El segundo subperíodo se refiere a los
años 1994, 1995 y 1996, durante los cuales el saldo de la
deuda interna creció en 318%, destacando en este
período las importantes colocaciones de Letras del Tesoro,
Bonos del Tesoro, Bonos de Fogade, Bonos DPN y el significativo
incremento de las obligaciones de la República con el BCV.
El Endeudamiento interno observado en este subperíodo se
asocia, en buena medida, con los impactos de la crisis del
sistema financiero iniciada en 1994, la cual requirió
emitir deuda pública para recapitalizar a Fogade y
cancelar los intereses de los depósitos migrados hacia los
bancos estatizados, entre otras acciones con impacto fiscal.El
elevado nivel que ha alcanzado la deuda pública interna es
un asunto que requiere la atención especial e inmediata de
las autoridades económicas. EL saldo de dicha deuda como
porcentaje del PIB ha sido del 11% en promedio durante el lapso
de 1993-1996, ha representado en promedio un 30% de los ingresos
fiscales ordinarios en el mismo período, en tanto que el
pago de los intereses sobre esa deuda ha absorbido entre uno y
tres puntos del PIB en el lapso mencionado.La estimación
de la carga fiscal por concepto de amortización del
capital de la deuda interna, muestra una significativa
concentración entre los años 1997, 1998 y 1999,
pudiendo superar el total de dichos pagos los Bs. 1.000
millardos.La acelerada acumulación de deuda en los
últimos diez años, compromete la actual
gestión financiera fiscal, amenazando con introducirle
inviabilidad al endeudamiento y a la capacidad de pagos, de no
producirse una reducción rápida y sostenida del
déficit primario.Se ha sugerido la posibilidad de
dolarizar la deuda interna como alternativa para enfrentar los
problemas que plantea su crecimiento acelerado. La
dolarización podría hacerse de dos maneras:
mediante la emisión de nueva deuda externa para levantar
los recursos con los cuales prepagar la deuda interna existente,
o a través de la sustitución de la deuda interna en
circulación por deuda emitida en moneda extranjera. Ambas
modalidades representan una refinanciación de la deuda, lo
cual, de acuerdo a la Ley Orgánica de Crédito
Público, sólo puede hacerse si se logran obtener
condiciones mejores, en términos de plazos y tasas de
interés, a las que representa la ya existente.
Habría que evaluar, entonces, si la situación del
mercado internacional de capitales o el mercado interno son
propicias a una renegociación en esas condiciones,
considerando que la evolución reciente de la
economía venezolana y las perspectivas favorables en el
mediano plazo, de mantenerse el programa de ajuste
macroeconómico, coadyuvarían en dicha
negociación.El canje de la deuda interna por deuda externa
puede tener efectos adversos potenciales sobre la balanza de
pagos, ya que el servicio de la nueva deuda externa
crearía presiones adicionales sobre las reservas
internacionales y sobre el tipo de cambio. Asimismo, el
incremento de los coeficientes deuda externa PIB, deuda externa,
exportaciones totales podría crear expectativas adversas
sobre la capacidad de pago de dicha deuda.Otra alternativa que se
ha abierto para aliviar el peso de la deuda interna en las
finanzas públicas, es la instrumentación de los
rescates anticipados de títulos públicos a
través del Fondo de Rescate de Deuda Pública, cuya
creación esta pendiente de aprobación legislativa.
Estas operaciones de rescate deberán enmarcarse dentro de
la programación monetaria del BCV, para evitar que las
mismas generen una expansión de circulación
monetaria, superior a la prevista en dicha programación
que pueda, por lo tanto crear presiones inflacionarias o
introducir inestabilidad al mercado cambiario.Aporte
Fiscal Del Sector Petrolero A La Finanza
Pública:

El sector petrolero constituye una de las
fuentes de generación de ingresos para la finanzas
públicas; pues es bien sabido por todos que la
economía venezolana lejos de ser un modelo diversificado e
integrado por diversos factores de producción, es un
modelo rentista y monoproductor dependiente en casi su totalidad
del petróleo.A través del aporte fiscal la
actividad petrolera genera ingresos al país que
posteriormente son utilizados por el gobierno que de alguna
manera ayudan a que este cumpla con sus fines presupuestarios. La
magnitud de la dependencia del sector petrolero es tal que el
presupuesto de la nación (Presupuestos de Gastos) se
orienta en base a la cotización de los precios del crudo
en los mercados petroleros internacionales.Esta dependencia ha
traído consecuencias negativas para la economía del
país, además de producir un mayor endeudamiento
público interno. A finales de 1.97 está
situación comienza a volverse más crítica
debido a la fuerte caída de los precios petroleros a
finales de este año, esta situación continúo
acentuándose durante 1998.Los efectos de estos vaivenes no
se hicieron esperar, en materia de gestión presupuestaria
sucesivos recortes en materia de gastos condujeron a un aumento
de la deuda pública interna venezolana, la cual
cerró en 2 billones 837 mil millones de bolívares
para el año 1997.

Contraída por los siguientes
conceptos:· Deuda administrativa del Gobierno Central
(22,8%).· Pago a Instituciones con autonomía
funcional y entes descentralizados (35%).· Gastos de
consumo (remuneraciones y similares) (15.4%).· Gastos de
capital (inversiones públicas directas) (14,0%).·
Servicio de la deuda pública (pago de intereses)
(14,8%).

Los aportes de PDVSA al fisco nacional
durante el año 1997 registraron un aumento, los cuales
provinieron de tres actividades como fueron:- El mantenimiento de
un nivel de precios de realización de las exportaciones de
hidrocarburos consistentes con lo establecido en las estimaciones
de la Ley de Presupuesto.-El pago de mayores dividendos.- En los
resultados altamente favorables de la licitación de campos
marginales efectuada dentro del proceso de apertura petrolera.Los
ingresos fiscales en términos del PIB se elevaron de 20.1%
en 1996 a 24.5% en 1997, lo que representa la recaudación
histórica más alta desde el año 1991, cuando
se registro un alza de precios en el mercado internacional de los
hidrocarburos. El aumento de los ingresos del gobierno central en
dicho año elevó la relación a 26.9% del
PIB.

Deuda Externa: Las primeras
negociaciones con la banca se iniciaron e 1983 y concluyeron en
el acuerdo de reestructuración suscrito en Febrero de
1986, sin embargo, la acentuación de los desequilibrios
macroeconómicos, potenciados por el deterioro del mercado
petrolero internacional, determinó que dicho acuerdo fuera
una solución transitoria que condujo a una nueva
reestructuración en 1990, enmarcada dentro del esquema del
Plan Brandy.En efecto, con el fin de garantizar la viabilidad del
programa de ajuste y reformas económicas adoptado en 1989,
era indispensable resolver el problema de la deuda externa del
sector público, cuyo servicio absorbía cuantiosos
recursos. Así, el servicio de la deuda pública
externa en promedio representó cerca del 40% del valor de
las exportaciones petroleras entre 1987 y 1988. Estos pagos al
exterior, en ausencia de nuevo financiamiento, tuvieron el doble
efecto de reducir las reservas internacionales y afectar el
ahorro total de la economía, lo cual era importante
restricción para la mejora de los niveles de vida de la
población.El plan que ofreció el gobierno
venezolano a la banca (Plan Financiero 1990), contemplaba la
participación voluntaria de los bancos acreedores y la
libre selección de los distintos mecanismos financieros
incorporados al acuerdo de negociación.El Plan Financiero,
a su vez, incorporaba dos elementos importantes: en primer lugar,
toda la deuda reestructurada se convertía en obligaciones
de mercado (bonos) negociables. En segundo lugar, el país
ofreció garantías o colaterales de pago del
principal y los intereses de los nuevos instrumentos de deuda,
constituidas por obligaciones soberanas de los países
acreedores (tipo cero cupón) que serían adquiridas
con recursos que al efecto aportarían el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.El resultado de las
negociaciones fue un paquete financiero que incluyó el
refinanciamiento de deuda por US$ 19.014 millones, con una
reducción bruta de la deuda por US$ 1.956 millones (10%);
asimismo, el servicio total de la deuda estimada sobre la base
del acuerdo de renegociación de 1.986 se redujo en
más de un 50% de pagos previstos para el año
1991

Planificación fiscal, tributaria y
monetaria

Política Fiscal en Venezuela.

Antecedentes.

Lamentablemente para nuestro país, la
política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos
períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado
de implantar paquetes económicos que reactiven la
economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no
poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha
creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas
Venezolanas.

Durante los períodos de bonanza petrolera que
vivía el país y hasta la llegada del viernes negro,
la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme
gasto público producto de un abultado número de
subsidios y regalías; y una política de
endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por
concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir
el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una
política económica y menos una política
tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y
modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace
apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales
utilizados en las políticas económicas eran pocos,
mal implantados y muy difíciles de controlar,
obteniéndose una gran perdida por los altos niveles de
evasión fiscal que se presentaban.

Luego del viernes negro, y por causa de políticas
económicas que no han sido diseñadas para adaptarse
a la realidad de nuestro país, la política fiscal
ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar
serias medidas en materia económica pero han perdido
efecto; primero por falta de continuidad en las políticas
aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo
gubernamental hemos visto cambios en las políticas
aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos
inmediatamente son cambiados los planes económicos, con
esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de
asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva
dirección. En segundo lugar por carecer de un
planteamiento que busque primero, controlar el gasto
público a través del mejoramiento y
simplificación del sector público y crear un
Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con
paso firme y sostenido lograr la reactivación
económica que tanto requiere Venezuela.

En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que
tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por
la sencilla razón de que el país no se puede
permitir ese lujo. La sinceración de la economía es
y seguirá siendo la única salida. Los controles
excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo
estatal y el Estado empresario, conllevan altos grados de
ineficiencia y terminan imponiendo un elevado costo a la
sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte
(endeudamineto). Las políticas económicas que
caracterizaron la política económica venezolana
entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada
por un drástico y continuado deterioro en el valor de
nuestro signo monetario.

6. Política Fiscal Actual.

El actual gobierno venezolano, según su propuesta
económica propone una reducción del gasto
público, y una modificación al tratar de reducir el
gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos
los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y
menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para
crear la infraestructura necesaria para comenzar la
reactivación económica. El presupuesto fiscal del
año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs.
17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su
nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999.
De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes
ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación,
Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y
Defensa.

En referencia a la clasificación económica
del gasto, el mismo presenta una orientación que
está en sintonía con los lineamientos
estratégicos de este Programa Económico. Los gastos
corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos,
equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3
puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de
capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al
4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al
gasto presupuestado del año 1999, y por último, las
aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la
amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs.
2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una
variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos
del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria
propone una reestructuración del actual Servicio Nacional
Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para
aumentar la recaudación y evitar la evasión de
impuestos. Así como la aplicación de una serie de
instrumentos de recaudación que permitan reducir el
déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal
para el año 2000, fija como meta en los ingresos
ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561
millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando
su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto
al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por
la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de
Inversión para la Estabilización
Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos,
equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor
común observar excelentes propuestas económicas por
parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden
en la intrincada e ineficiente red burocrática, o
simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas,
en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las
exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por
variaciones en los precios del petróleo, e incluso por
crisis ocurridas en otros países que crean un efecto
dominó, afectando a las economías más
vulnerables como la nuestra.

Instrumentos
Fiscales

Los economistas de finanzas públicas consideran
que el sector público tiene tres ramas de actividades o
tres funciones principales:

La función de estabilización y
crecimiento, que se interesa en mantener el balance
macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes
inclinaciones en el empleo y la actividad económica y
severos ataques de inflación, así como asegurar
una adecuada tasa de crecimiento económico; 2) La
función de distribución, que se refiere a la
adecuada distribución de la renta entre los diversos
grupos de la economía y, 3) La función de
asignación, que se relaciona con la eficiente
asignación de recursos en toda la economía.
Cada una de estas funciones representa no solamente un
objetivo legitimo de política gubernamental sino
también un importante aspecto de desarrollo
económico.

Las tres metas del sistema tributario señaladas
anteriormente, con frecuencia están en conflicto,
particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales,
forzando así a los formuladores de políticas a
escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de
política tributaria. Más importante en ese
respecto, es el conflicto entre un sistema tributario eficiente o
uno que interfiere menos con el comportamiento económico y
crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar o
ahorrar o invertir, y un sistema tributario de
distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos
de equidad de la sociedad.

Por ejemplo generalmente se considera que los impuestos
sobre la renta sirven a los objetivos de distribución
bastante bien, ya que la renta constituye una buena medida de la
capacidad de pagar y los impuestos sobre la renta pueden ser
prontamente adaptados a las circunstancias individuales y
graduados de acuerdo con la renta, las altas tasas marginales de
impuestos, sin embargo, pueden tener efectos de incentivos
adversos, haciendo los impuestos sobre la renta menos favorables
en términos de eficiencia. Los impuestos a las ventas se
perciben con efectos contrarios. Un IVA, que se aplica de manera
uniforme a todas las formas de consumo puede tener una
puntuación alta en lo que respecta a la asignación
pero una baja calificación en lo que respecta a
distribución, ya que afectaría más
fuertemente a las personas y familias de bajos
recursos.

Además los instrumentos tributarios
también difieren en las demandas que se hacen a la
administración tributaria así como en la
característica de cumplimiento. Los impuestos basados en
transacción tienden a ser más fáciles de
administrar que los impuestos que requiere complejas reglas de
medición de renta para ser aplicadas. Igualmente, los
impuestos que pueden ser recaudados a través de
retención serán más fácilmente
administrados que aquellos que requieren la presentación
de declaración de impuestos.

En caso de incumplimiento, factores tales como la
oportunidad de evadir impuestos, las ganancias de la
evasión tributaria, los riesgos de detección, y las
sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un impuesto
a otro.

Los formuladores de políticas generalmente
recurren a dos tipos de acciones al tratar de manejar el problema
de conflictos entre las metas. En primer lugar, pueden escoger
una mezcla de impuestos. Segundo pueden adoptar disposiciones
particulares dentro de la estructura de cada tipo de impuestos en
un intento por resolver los conflictos de metas.

Instrumentos Fiscales Utilizados en
Venezuela.

Actualmente en el país se aplican los siguientes
impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De
aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos
Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y
Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura
de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta
Nacional Fósforos).

Política
aduanera

¿Qué es una Aduana?.

Antes de entrar en materia de política aduanera,
debemos explicar lo que son las aduanas. Una Aduana es un ente
público de carácter nacional prestador de
servicios, y cuyas actividades de control están destinadas
a lograr que el paso por el territorio nacional de
mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas se
realice conforme a la normativa legal. La Circunscripción
Aduanera es el territorio aduanero delimitado para cada aduana
principal dentro de la cual ésta ejercerá la
potestad aduanera. (Art. 1 del Reglamento de la Ley
Orgánica de Aduanas).

La circunscripción aduanera está integrada
por las respectivas oficinas, patios, zonas de depósitos,
almacenes, atracaderos, fondeaderos, pistas de aterrizaje,
avanzadas y en general por los lugares donde los vehículos
o medios de transporte realizan operaciones inmediatas y donde
las mercancías que no hayan sido objeto de desaduanamiento
quedan depositadas.

Funciones de las Gerencias de Aduanas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo
118 de la Resolución Nº 32del Ministerio de Hacienda,
las funciones de las Gerencias de Aduanas Principales
son:

La aplicación de las normas y disposiciones
que regulan las obligaciones de la renta aduanera, los
procesos de administración, recaudación,
control, liquidación de los tributos aduaneros dentro
de la circunscripción que le corresponda, en el
ejercicio de la potestad aduanera de acuerdo con la normativa
vigente.
El cumplimiento de las funciones administrativas,
relacionadas con los asuntos del Servicio Regional de
Administración Tributaria y las unidades adscritas a
su Región Administrativa que garanticen el
funcionamiento y logro de los planes, programas y
demás instrucciones que establezca el
SENIAT.
La aplicación de los sistemas administrativos
y financieros, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos por el nivel central o normativo y demás
disposiciones establecidas en el ordenamiento
jurídico.
Las demás que se les atribuyan por
Resolución.

La Gerencia de Aduanas, como unidad ejecutora de la
política aduanera nacional, procura el cumplimiento de la
legislación aduanera y del mejoramiento de los
procedimientos aduaneros, para responder a los problemas
planteados ante las metas de recaudación fiscal por este
ramo, vinculadas a la superación de los niveles de
evasión fiscal, los niveles de protección a las
industrias, los obstáculos del comercio, los
desequilibrios de la balanza comercial y las reservas
internacionales.

Para ello es necesario paralelamente, con el apoyo de la
inversión privada y de los organismos multilaterales,
acometer mejoras inmediatas en la infraestructura portuaria y
aeroportuaria, revisar las alícuotas de los tributos
aduaneros y afinar los mecanismos de recaudación de otros
tributos conexos a la actividad importadora, simplificar los
trámites aduaneros in situ y ampliar la fuerza del control
posterior, actualizar la legislación vigente de acuerdo a
parámetros medibles en base al manejo de sistemas
informáticos, y lo más importante, mejorar
continuamente y mantener en altos niveles de motivación y
calidad en el servicio a los funcionarios contratados por la
Administración Tributaria.

Política Aduanera Venezolana.

Es el conjunto de ideas basadas en los principios de la
Política Fiscal, sobre las cuales descansan las normas y
los procedimientos administrativos que emplea el Estado para
obtener los medios que regulan los asuntos económicos
provenientes del intercambio de bienes y/o servicios con otros
países, a través de las relaciones internacionales
que se establecen para lograr la fluidez del comercio
exterior.

Mediante las relaciones internacionales que se
establecen entre los países, se logran suscribir Acuerdos,
Pactos, Tratados, Convenios, procesos de integración y
otros mecanismos de negociación que permiten facilitar el
comercio internacional en pro de la globalización de la
economía mundial.

La Política Aduanera tiene como uno de sus
propósitos la organización de sistemas y
procedimientos para facilitar las operaciones a través del
servicio aduanero, controlar los flujos de comercio exterior,
ponderar el impacto de los derechos aplicables a los productos
importados, dar cumplimiento a las normas sanitarias, ambientales
y de seguridad de las personas y establecer los incentivos o
estímulos a los productos exportables con la finalidad de
fomentar el desarrollo interno del país.

Asimismo, la Política Aduanera está
dirigida a cumplir funciones de orden fiscal para procurar la
gestión del tributo, el control posterior, la
represión del contrabando, contrarrestar la evasión
y lograr la recaudación efectiva de la renta
aduanera.

La Política Aduanera Como Instrumento de
Negociación:

En este sentido, la política aduanera actual se
aparta cada vez más del espíritu meramente
fiscalista, para introducir en sus principios elementos
económicos que permitan lograr un equilibrio en la
distribución de bienes y servicios que obedezcan a la
oferta y demanda del mercado, compensando de alguna manera el
sacrificio fiscal que hace el Estado para beneficiar al
consumidor final, alcanzar la fluidez del aparato productivo y
obtener la recaudación efectiva de los impuestos aduaneros
correspondientes, como componentes del total de los ingresos
fiscales que soportan al presupuesto de la
nación.

La Política Aduanera Como Instrumento
Jurídico:

Las operaciones de comercio exterior que se materializan
como tales a través del servicio aduanero, desde el punto
de vista de la Administración, se tratan de una serie de
procedimientos administrativos distintos que están
regulados por una ley ad hoc, sin afectar el
carácter orgánico y muy específico de la
normativa aduanera como parte de la legislación fiscal
venezolana.

Sin embargo, existen otros instrumentos jurídicos
que son superiores en jerarquía a la Ley Orgánica
de Aduanas, tales como el nuevo Código Orgánico
Tributario y las normas supranacionales y de Derecho Comunitario
como principales ideas de la estructura del sistema
jurídico-tributario nacional, que afectan a la materia
aduanera.

Esas ideas pueden ser expresadas, mediante las
facultades que la Ley otorga a tan importante instrumento, para
mantener una estructura real donde no prive el interés
particular sobre el interés colectivo, y puedan existir
actuaciones basadas en la justicia de un órgano
tribunalicio o judicial que se pronuncie con verdadera
competencia sobre materias tributarias.

Por ello, estas normas debidamente adaptadas a nuestra
realidad jurídica pueden mejorar nuestras relaciones
comerciales internacionales, incluso lograr una
transformación en las formas de negociación.
Algunos países consideran los tratados o convenios
internacionales, una fuente jurídica más importante
que sus leyes internas, sólo apenas inferior a su
Constitución Nacional.

De los varios acuerdos, tratados y convenios que
existen, se puede mencionar como uno de los más
trascendentes el Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT,
cuya característica más sobresaliente en su
historia es el hecho de que, desde la Segunda Guerra Mundial y
por primera vez en la historia de la humanidad, determinados
países aceptaron un código de normas
prácticas y equitativas para el comercio internacional,
cooperando todos en la reducción de los obstáculos
a sus intercambios comerciales, lo que se ha considerado como una
cooperación de carácter global cuyos objetivos
fundamentales son:

Contribuir al mejoramiento de los niveles de
vida.
Procurar el pleno empleo.
Aprovechamiento cualitativo de los recursos
mundiales.
Desarrollar la producción en economías
de escala.
Estimular el intercambio especializado de
mercancías.
Fomentar el crecimiento y el desarrollo
económicos.

En los últimos años se ha hecho más
hincapié en el desarrollo del comercio internacional y la
supresión de los obstáculos que se oponen al
comercio y a los problemas comerciales que enfrentan los
países menos desarrollados. De hecho, los convenios
internacionales son también instrumentos jurídicos
que regulan la actividad aduanera, y son de obligatorio
cumplimiento.

Al señalar las bondades de las normas
supranacionales evidentemente estamos señalando las
ventajas de una Política Aduanera convenientemente
instrumentada que pretende para sus miembros los siguientes
propósitos:

Mejorar las relaciones de intercambio.
Aumentar el poder de negociación.
Conquistar nuevos mercados.
Equilibrar las relaciones de poder o diferencias
económicas
Proteger a los productores eficientes.
Reducir el consumo suntuario.
Brindar seguridad jurídica.
Ayudar a la distribución de los
recursos.
Fomentar la industrialización.
Expandir la producción.
Aumentar el ahorro de divisas.
Mejorar la balanza de pagos.
Reducir el índice de desempleo.
Elevar el bienestar social.
Estabilizar el aporte de la renta aduanera en los
ingresos fiscales.

Repercusiones de
la Política Fiscal en Venezuela

Principios,
característica y estructuras de los diferentes
presupuestos que se elaboran en los distintos niveles del sector
público

Presupuesto Público:

Según el "Manual de Elaboración del
Presupuesto por Programas", conocido como documento de
Tucumán con ligeras adaptaciones, y el que se extracta de
las Bases Teóricas del Presupuesto por Programas,
publicación hecha por esta Oficina, se conoce como
Presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, aprueba,
coordina la ejecución, controla y evalúa la
producción pública (Bien o Servicio) de una
institución, sector o región, en función de
las políticas de desarrollo previstas en los
Planes.

La técnica debe incluir además, en forma
expresa, todos los elementos de la programación
(objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y
financieros) que justifiquen y garanticen el logro de los
objetivos previstos.

Así concebido el presupuesto se constituye en un
excelente instrumento de gobierno, administración y
planificación.

Base Teórica del Presupuesto por
Programas:

El presupuesto es un medio para prever y decidir la
producción que se va a realizar en un período
determinado, así como para asignar formalmente los
recursos que esa producción exige en la praxis de una
institución, Sector o Región. Este carácter
práctico del presupuesto implica que debe
concebírselo como un sistema administrativo que se
materializa por etapas: formulación, discusión y
sanción, ejecución, control y
evaluación.

Bajo este enfoque, el presupuesto debe cumplir con los
siguientes requisitos:

Primero: El presupuesto debe ser agregable y
desagregable en centros de producción, donde el producto
de cada centro debe ser excluyente de cualquier otro producto, de
cualquier otro centro de producción de su mismo
ámbito. De no ser así, el total de
asignación de recursos que se exprese el nivel del gasto
presupuestario no tendría significado y encerraría
duplicaciones y confusiones.

Segundo: Las relaciones entre los recursos
asignados y los productos resultantes de esa asignación
deben ser perfectamente definidas; no puede haber dudas sobre el
producto que se persigue con determinada asignación de
recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del mismo no
puede ser requisito presupuestario de dos o más
productos.

Tercero: La asignación de recursos para
obtener los productos, que directamente requieren los objetivos
de las políticas (productos terminales) exige
también de la asignación de recursos para lograr
otros productos que permitan o apoyen la producción de los
productos terminales (productos intermedios). De manera que, una
parte de la producción expresada en el presupuesto es un
requisito directo de las políticas y otra parte
sólo es un requisito indirecto de tales
políticas.

Cuarto: El presupuesto debe expresar la red de
producción donde cada producto es condicionado y, a la
vez, condiciona a otros productos de la red, existiendo
así unas determinadas relaciones de coherencia entre las
diversas producciones que se presupuestan.

Los Principios del Presupuesto

Programación: Se desprende de la propia
naturaleza del presupuesto y sostiene que éste -el
presupuesto- debe tener el contenido y la forma de la
programación.

Contenido: establece que deben estar todos los
elementos que permitan la definición y la adopción
de los objetivos prioritarios. El grado de aplicación no
está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un
presupuesto que carezca completamente de una base
programática, así como tampoco existe uno en el que
se hubiese conseguido la total aplicación de la
técnica.

Forma: en cuanto a la forma, con él deben
explicitarse todo los elementos de la programación, es
decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las
acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los
recursos humanos, materiales y servicios de terceros que demanden
esas acciones así como los recursos monetarios necesarios
que demanden esos recursos.

Respecto de la forma mediante este principio se sostiene
que deben contemplarse todos los elementos que integran el
concepto de programación. Es decir, que deben expresarse
claramente los objetivos concretos adoptados, el conjunto de
acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, los recursos
humanos, materiales y otros servicios que demanden dichas
acciones y para cuya movilización se requieren
determinados recursos monetarios, aspecto este último que
determina los créditos presupuestarios
necesarios.

Integralidad: en la actualidad, la
característica esencial del método de presupuesto
por programas, está dado por la integralidad en su
concepción y en su aplicación en los hechos.El
presupuesto no sería realmente programático si no
cumple con las condiciones que imponen los cuatro enfoques de la
integralidad. Es decir, que el presupuesto debe ser:a. Un
instrumento del sistema de planificación; b. El
reflejo de una política presupuestaria única;
c. Un proceso debidamente vertebrado; y d. Un
instrumento en el que debe aparecer todos los elementos de la
programación.

Universalidad: dentro de este postulado se
sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del
presupuesto debe ser incorporado en él.

Naturalmente que la amplitud de este principio depende
del concepto que se tenga de presupuesto. Si este sólo
fuera la expresión financiera del programa de gobierno, no
cabría la inclusión de los elementos en
términos físicos, con lo cual la
programación quedaría truncada.

En la concepción tradicional se consideraba que
este principio podía exponerse cabalmente bajo la
"prohibición" de la existencia de fondos
extrapresupuestarios.

Exclusividad: en cierto modo este principio
complementa y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo
que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no
sean inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de
precisar los límites y preservar la claridad del
presupuesto, así como de otros instrumentos
jurídicos respetando el ámbito de otras ciencias o
técnicas. No obstante, de que en la mayoría de los
países existe legislación expresa sobre el
principio de exclusividad, en los hechos no siempre se cumplen
dichas disposiciones legales.

En algunos países de América Latina,
particularmente en épocas pasadas, se estableció la
costumbre de incluir en la ley de presupuestos disposiciones
sobre administración en general, y de personal en
particular, tributación, política salarial, etc.,
llegando, excepcionalmente, desde luego, a dictar normas que
ampliaban o reformaban el Código Civil y el Código
de Comercio. Sobre todo, en este último aspecto, tal
inclusión no era fruto de un error, sino que se procuraba
evitar la rigurosidad del trámite parlamentario a que
están sujetas tales cuestiones.

Unidad: este principio se refiere a la
obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones
del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados
y evaluados con plena sujeción a la política
presupuestaria única definida y adoptada por la autoridad
competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo
método y expresándose uniformemente.

En otras palabras, es indispensable que el presupuesto
de cada entidad se ajuste al principio de unidad, en su
contenido, en sus métodos y en su expresión. Es
menester que sus políticas de financiamiento,
funcionamiento y capitalización sean totalmente
complementarios entre sí.

Acuciosidad: para el cumplimiento de esta norma
es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones
básicas en las diversas etapas del proceso
presupuestario:

Profundidad, sistema y organicidad en la labor
técnica, en la toma de decisiones, en la
realización de acciones y en la formación y
presentación del juicio sobre unas y otras,
y
Sinceridad, honestidad y precisión en la
adopción de los objetivos y fijación de los
correspondientes medios; en el proceso de su
concreción o utilización; y en la
evaluación de nivel del cumplimiento de los fines, del
grado de racionalidad en la aplicación de los medios y
de las causas de posibles desviaciones. En otras palabras,
este principio implica que se debe tender a la
fijación de objetivos posibles de alcanzar, altamente
complementarios entre sí y que tengan la más
alta prioridad.

Claridad: este principio tiene importancia para
la eficiencia del presupuesto como instrumento de gobierno,
administración y ejecución de los planes de
desarrollo socio-económicos. Es esencialmente de
carácter formal; si los documentos presupuestarios se
expresan de manera ordenada y clara, todas las etapas del proceso
pueden ser llevadas a cabo con mayor eficacia.

Especificación: este principio se refiere,
básicamente, al aspecto financiero del presupuesto y
significa que, en materia de ingresos debe señalarse con
precisión las fuentes que los originan, y en el caso de
las erogaciones, las características de los bienes y
servicios que deben adquirirse.

En materia de gastos para la aplicación de esta
norma, es necesario alejarse de dos posiciones extremas que
pueden presentarse; una sería asignar una cantidad global
que serviría para adquirir todos los insumos necesarios
para alcanzar cada objetivo concreto y otra, que
consistiría en el detalle minucioso de cada uno de tales
bienes y servicios.

La especificación significa no sólo la
distinción del objetivo del gasto o la fuente del ingreso,
sino además la ubicación de aquellos y a veces de
éstos, dentro de las instituciones, a nivel global de las
distintas categorías presupuestarias, y, en no contados
casos, según una distribución espacial.
También es indispensable una correcta distinción
entre tales niveles o categorías de programación
del gasto.

Periodicidad: este principio tiene su fundamento,
por un lado, en la característica dinámica de la
acción estatal y de la realidad global del país, y,
por otra parte, en la misma naturaleza del
presupuesto.

A través de este principio se procura la
armonización de dos posiciones extremas, adoptando un
período presupuestario que no sea tan amplio que
imposibilite la previsión con cierto grado de
minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de
las correspondientes tareas.

La solución adoptada, en la mayoría de los
países es la de considerar al período
presupuestario de duración anual.

Continuidad: se podría pensar que al
sostener la vigencia del principio de periocidad se estuviera
preconizando verdaderos cortes en el tiempo, de tal suerte que
cada presupuesto no tiene relación con los que le
antecedieron, ni con los venideros. De ahí que es
necesario conjugar la anualidad con la continuidad, por supuesto
que con plenos caracteres dinámicos.

Esta norma postula que todas la etapas década
ejercicio presupuestario deben apoyarse en los resultados de
ejercicios anteriores y tomar, en cuenta las expectativas de
ejercicios futuros.

Flexibilidad: a través de este principio
se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigideces que le
impidan constituirse en un eficaz instrumento de:
Administración, Gobierno y
Planificación.

Para lograr la flexibilidad en la ejecución del
presupuesto, es necesario remover los factores que obstaculizan
una fluida realización de esta etapa presupuestaria,
dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente para
modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del
Estado.

Según este principio es necesario sino eliminar,
por lo menos restringir al máximo los llamados "Recursos
Afectados" es decir, las asignaciones con destino
específico prefijado.

En resumen, la flexibilidad tiende al cumplimiento
esencial del presupuesto, aunque para ello deban modificarse sus
detalles.

Equilibrio: este principio se refiere
esencialmente al aspecto financiero del presupuesto aún
cuando éste depende en último término de los
objetivos que se adopten; de la técnica que se utilice en
la combinación de factores para la producción de
los bienes y servicios de origen estatal; de las políticas
de salarios y de precios y en consecuencia, también del
grado de estabilidad de la economía.

Tipos de Clasificación Presupuestaria

Estas clasificaciones pueden referirse tanto a los
recursos como a los gastos públicos y en cada una de
éstas, la información se clasifica en
atención a diferentes criterios como los que se exponen a
continuación:

1. De los Recursos Públicos:
(Ingresos Públicos)

De acuerdo a su periodicidad
Económica
Según los sectores económicos de
origen

1.1 De los Recursos (Ingresos) Públicos: son las
diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos
(ingresos) públicos, con la finalidad de realizar
análisis y proyecciones de tipo económico y
financiero que se requiere en un período
determinado.

Su clasificación depende del tipo de
análisis o estudio que se desee realizar; sin embargo,
generalmente se utilizan tres clasificaciones que son:

De acuerdo a su periodicidad
Económica
Por sectores de origen

De acuerdo a su periodicidad: esta agrupa a los
ingresos de acuerdo a la frecuencia con que el Fisco los percibe.
Se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los
ordinarios, aquellos que se recaudan en forma periódica y
permanente, provenientes de fuentes tradicionales, constituidas
por los tributos, las tasas y otros medios periódicos de
financiamiento del Estado. Los ingresos, extraordinarios por
exclusión, serían los que no cumplen con estos
requisitos.

De acuerdo al Artículo 14 de Ley Orgánica
de Régimen Presupuestario:

"Son extraordinarios los ingresos fiscales no
recurrentes, tales como los provenientes de operaciones de
crédito público, de Leyes que originen ingresos de
carácter eventual o cuya vigencia no exceda de tres
años y de la venta de activos propiedad del
Estado".

No obstante, para efectos de la clasificación
presupuestaria, deben considerarse también como ingresos
extraordinarios las existencia del Tesoro no comprometidas al
treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal anterior al
vigente, utilizadas de acuerdo al artículo 17 de la misma
Ley que al efecto establece:

"Cuando fuere indispensable para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 3º de la presente Ley, en el
presupuesto de ingresos se podrá incluir hasta la mitad de
las existencias del Tesoro no comprometidas y estimadas para el
treinta y uno de diciembre del año de presentación
del Proyecto de Presupuesto".

"Esta fuente de financiamiento tendrá
carácter de ingreso extraordinario".

Económica: según esta
clasificación los ingresos públicos se clasifican
en corrientes, recursos de capital y fuentes
financieras.

Los ingresos corrientes son aquellos que proceden de
ingresos tributarios, no tributarios y de transferencias
recibidas para financiar gastos corrientes.

Los recursos de capital son los que se originan por la
venta de bienes de uso, muebles e inmuebles, indemnización
por pérdidas o daños a la propiedad, cobros de
préstamos otorgados, disminución de existencias,
etc.

Las fuentes financieras se generan por la
disminución de activos financieros (uso de
disponibilidades, venta de bonos y acciones, recuperación
de préstamos, etc.) y el incremento de pasivos
(obtención de préstamos, incremento de cuentas por
pagar, etc.)

Por Sectores de Origen: esta clasificación
se fundamenta en uno de los aspectos que caracterizan la
estructura económica de Venezuela, donde una elevada
proporción de productos se realizan en actividades
petroleras y de hierro, lo cual implica que la mayoría de
los ingresos surgen de las operaciones ejecutadas en el
exterior.

Dicha clasificación presenta el esquema
siguiente:

Sector Externo:

Ingresos Petroleros
Ingresos del Hierro
Utilidad Cambiaria
Endeudamiento Externo

Sector Interno:

Impuestos
Tasas
Dominio Territorial
Endeudamiento Interno
Otros Ingresos

De los Egresos Públicos: (Gastos
Públicos)

Institucional
Por la naturaleza del gasto o por
partidas
Económica
Sectorial
Por Programas
Regional
Mixtas

De los Egresos Públicos:

Estos constituyen las diversas formas de presentar los
egresos públicos previstos en el presupuesto, con la
finalidad de analizarlos, proporcionando además
información para el estudio general de la economía
y de la política económica que tiene previsto
aplicar el Gobierno Nacional para un período
determinado.

A continuación se presentan las distintas formas
de clasificar el egreso (gasto) público previsto en el
presupuesto:

Clasificación Institucional: a
través de ella se ordenan los gastos públicos de
las instituciones y/o dependencias a las cuales se asignan los
créditos presupuestarios, en un período
determinado, para el cumplimiento de sus objetivos.

Clasificación por Naturaleza de Gasto:
permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con
las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las
transferencias, mediante un orden sistemático y
homogéneo de éstos y de las variaciones de activos
y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de
su proceso productivo.

Clasificación Económica: ordena los
gastos públicos de acuerdo con la estructura básica
del sistema de cuentas nacionales para acoplar los resultados de
las transacciones públicas con el sistema, además
permite analizar los efectos de la actividad pública sobre
la economía nacional.

Descripción de los principales rubros de la
Clasificación Económica:

Gastos corrientes: son los gastos de consumo y/o
producción, la renta de la propiedad y las transacciones
otorgadas a los otros componentes del sistema económico
para financiar gastos de esas características.

Gastos de Capital: son los gastos destinados a la
inversión real y las transferencias de capital que se
efectúan con ese propósito a los exponentes del
sistema económico.

Clasificación Sectorial: ésta
presenta el gasto público desagregado en función de
los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene
su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los
planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental.

Clasificación por Programa: ésta
presenta el gasto público desagregado en función de
los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene
su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los
planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental.

Clasificación Regional: permite ordenar el
gasto según el destino regional que se le da. Refleja el
sentido y alcance de las acciones que realiza el sector
público, en el ámbito regional.

Clasificación Mixta: son combinaciones de
los gastos públicos, que se elaboran con fines de
análisis y toma de decisiones. Esta clasificación
permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que
posibilitan el estudio sistemático del gasto
público y la determinación de la Política
Presupuestaria para un período dado. Las siguientes son
las clasificaciones mixtas más usadas:

TIPOS DE PRESUPUESTO

Con la finalidad de abordar los aspectos que se
consideran básicos dentro de cada una de las
técnicas empleadas se describen a continuación las
características más resaltantes de los sistemas de
presupuesto tradicional,
Planeamiento-Programación-Presupuestación (PPBS),
Presupuesto por Programas y Presupuesto Base Cero.

Presupuesto Tradicional: el fundamento del
presupuesto tradicional es la asignación de los recursos
tomando en cuenta, básicamente, la adquisición de
los bienes y servicios según su naturaleza o destino, sin
ofrecer la posibilidad de correlacionar tales bienes con las
metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Es sólo un
instrumento financiero y de control. Por otra parte, la
metodología de análisis que emplea es muy
rudimentaria, fundamentándose más en la
intuición que en la razón, es decir, que las
acciones que realizan las diferentes instituciones no
están vinculadas a un proceso consciente y racional de
planificación.

Otra desventaja que ofrece el método tradicional
es que los usuarios del documento presupuestario, no dispone de
la información suficiente que le permita observar en que
se utilizan los ingresos que se recaudan por los diversos
conceptos.

Presupuesto por Programas: aparece para dar
respuesta a las contradicciones implícitas en el
Presupuesto Tradicional y en especial para que el Estado y las
instituciones que lo integran dispongan de un instrumento
programático que vincule la producción de los
bienes y servicios a alcanzar con los objetivos y metas previstas
en los planes de desarrollo.

Sistema de
Planeamiento-Programación-Presupuestación
(PPBS) La otra forma que se ha utilizado para presupuestar
dentro del sector público, ha sido la conocida como
"Planeación-Programación-Presupuestación
(PPBS)", empleada originalmente por los Estados Unidos de
Norteamérica como una manera de disponer criterios
efectivos para la toma de decisiones, en la asignación y
distribución de los recursos tanto físicos como
financieros en los diferentes organismos
públicos.

Presupuesto Base Cero: Esta técnica
presupuestaria es de reciente data. Comienza a utilizarse a
partir de 1973 en algunas entidades federales del gobierno
Norteamericano, la nueva metodología pretende determinar
si las acciones que desarrollan los diferentes órganos que
conforman el Estado son eficientes. Si se deben suprimir o
reducir ciertas acciones con el fin de propiciar la
atención de otras que se consideran más
prioritarias.

Aspectos Generales del Proceso Presupuestario

La planificación del desarrollo económico
y social constituye una de las responsabilidades fundamentales
del sector público; el sistema de planificación
está constituido por diversos instrumentos, cada uno de
los cuales cumple una función especifica, complementaria
por los demás; y que, dentro de ellos, al Plan Anual
Operativo le corresponde la concreción de los planes de
largo y mediano plazo.

Uno de los componentes del Plan Operativo Anual es el
Presupuesto del Sector Público, a través del cual
se procura la definición concreta y la
materialización de los objetivos de dicho sector. La
concepción moderna del presupuesto está sustentado
en el carácter de integridad de la técnica
financiera, ya que el presupuesto no sólo es concibido
como una mera expresión financiera del plan de gobierno,
sino como una expresión más amplia pués
constituye un instrumento del sistema de planificación,
que refleja un a política presupuestaria
única.

Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la
necesidad de que las diversas etapas del proceso presupuestario,
sean concebidas como aspectos igualmente importantes del sistema
presupuestario y, por lo tanto, estén debidamente
coordinados.

Plan Operativo Anual: Instrumento de
Gestión de apoyo a la acción pública, que
contiene las directrices a seguir: áreas
estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus
respectivos objetivos y metas, así como la
expresiónfinanciera para acometerlas.

Presupuesto: es la expresión financiera
para apoyar la ejecución de las acciones contempladas en
el Plan Operativo Anual Nacional (P.O.A.N.)

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