El modelo de gestión penitenciaria dominicana y su impacto en la seguridad ciudadana

Conferencia magistral "El nuevo modelo de
gestión penitenciaria y su impacto en la seguridad
ciudadana", dictada por el Procurador General de la
República, dr. Radhamés Jiménez Peña
en el Ateneo Dominicano, el dia 22 de Abril del año
2010.

Saludos,

Para esta ponencia he decidido enfocarme en dos aspectos
que, a mi consideración, son los más relevantes al
momento de referirse al concepto de seguridad ciudadana : por un
lado, las políticas públicas de prevención y
control de la violencia implementadas en República
Dominicana y por el otro, el Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria, las cuales han sido en gran parte impulsadas por
la Procuraduría General de la República en el marco
de los Lineamientos de Política Criminal del Estado, y
dentro de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad
Democrática.

I. Las
políticas públicas de prevención y control
de la violencia implementadas en República
Dominicana

La violencia y el delito se han convertido en una de las
preocupaciones más importantes para los ciudadanos y el
Estado dominicano. Y, es además una percepción
extendida en toda América Latina y el Caribe. No obstante,
la República Dominicana tiene el privilegio conjuntamente
con Costa Rica de ser de los países del área con
uno de los índices más bajos de criminalidad. Por
ejemplo, en el primer trimestre de este año se ha
producido una reducción de 2.44 % con relación al
primer trimestre del año 2009 de la tasa de
homicidio.

No sin razón Latinoamérica, incluyendo el
Caribe, es considerada la región más violenta del
mundo en términos de violencia homicida, principalmente
violencia producto del uso de armas de fuego. Este
fenómeno relativamente reciente tiene, desde luego,
palpables efectos negativos en el desarrollo humano, siendo
también un elemento distorsionador de la dinámica
democrática en un Estado de Derecho.

En efecto, el enorme gasto destinado a enfrentar las
consecuencias de la violencia, y que, por lo tanto, no es
destinado a la inversión productiva, es una prueba de
ello, así como también el progresivo debilitamiento
de la credibilidad en el sistema democrático, al no poder
prevenir de forma adecuada este fenómeno

Si definimos el desarrollo humano como el proceso que
permite ampliar las opciones de los individuos, las cuales van
desde el disfrute de una vida prolongada y saludable, el acceso
al conocimiento y a los recursos necesarios para lograr un nivel
de vida decente, hasta el disfrute de las libertades
políticas, económicas y sociales, podemos decir que
las políticas que hemos venido impulsando, dentro de los
Lineamientos de Política Criminal del Estado, persiguen
estos objetivos.

En sentido general, una política de seguridad
pública engloba al conjunto de acciones gubernamentales y
sociales que, de alguna manera, inciden sobre el conjunto de
factores y condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales que favorecen, consolidan o
determinan los conflictos violentos y los delitos producidos en
un determinado contexto social.

Bajo esta visión, toda política social,
cultural, económica, educacional o laboral, o de
reinserción, puede ser considerada como parte de una
política integral de seguridad ciudadana.

De hecho, el daño producto de la violencia, en
cualquiera de sus manifestaciones, puede significar un perjuicio
grave para un conjunto de valores trascendentales para el ser
humano, como la vida, la libertad individual y social, la
integridad física o sexual, el honor, o la privacidad.
Asimismo, puede afectar ciertas situaciones colectivas como la
seguridad pública y el orden público, los poderes
públicos y el orden constitucional, la
administración pública, o diversos aspectos de la
vida social y económica. De ahí su trascendencia y
la necesidad de prevenir sus consecuencias.

Tal cual hemos señalado, la ausencia de
políticas integrales de seguridad ciudadana, entendidas
como políticas para prevenir y controlar el delito y
reformar las instituciones del sector, había sido la
regla, por lo que existía la necesidad de establecer
políticas que cubrieran otras áreas vinculadas a la
seguridad, como salud, educación, recreación y
reforma policial.

En ese sentido, la Procuraduría General de la
República participó en el diseño de los
Lineamientos de Política Criminal del Estado, dentro de
los parámetros del Plan Nacional de Seguridad
Democrática, tomando como base una concepción
innovadora de la persecución penal, caracterizada por el
diseño de estrategias que permitieran conducir las labores
de enfrentamiento del delito de una manera más eficiente,
a partir de la integración de la comunidad y del
análisis del contexto específico en que se
desarrollan los delitos.

Por tanto, esta aproximación estratégica
al delito tuvo como fundamento los siguientes elementos
operacionales:

• Un acercamiento proactivo al crimen

• Énfasis en la solución de
problemas

• Enlace estratégico entre fiscalía,
comunidad y otros organismos auxiliares

• Aplicación de diversos métodos de
prevención, sobre todo a través de programas
sociales de educación, salud y
recreación

En cuanto a los objetivos perseguidos con la
aplicación de este tipo de estrategias, se
destacan:

a. La disminución del crimen: esto es la
posibilidad de lograr una menor ocurrencia de delitos a
través de la determinación de metas concretas y la
adopción de estrategias específicas dirigidas a
reducir el número de cierto tipo de delito y/o mejorar la
seguridad en ciertos lugares de la ciudad.

b. La disminución de la percepción de
inseguridad: objetivo que implica también mejorar la
percepción que los ciudadanos tienen del propio sistema de
justicia y otorgar una mayor promoción al trabajo de las
fiscalías, tomando como base el nuevo modelo de
gestión.

c. Mejoramiento de la calidad de vida de la
población: tomando en cuenta que quienes viven en un
entorno de alta inseguridad, tanto objetiva (realidad de delitos)
como subjetiva (percepción de delitos), ven afectada
también de manera radical su calidad de vida.

Esta idea de orientación a la comunidad suele
ligarse, asimismo, a un cambio sustancial con relación a
la presencia de las fiscalías en barrios o sectores
particulares de la ciudad, con cuyas comunidades establecen
vínculos y formas de responsabilidad compartida. Como
muestra de ello, en la actualidad contamos con un total de veinte
fiscalías barriales distribuidas en el Distrito Nacional y
la Provincia de Santo Domingo, las cuales atienden a miles de
personas al año, quienes acuden a presentar quejas y/o
denuncias sobre robos, atracos, violencia intrafamiliar y
amenazas etc.

En el marco del Plan Nacional de Seguridad
Democrática, se han impulsado una serie de programas
específicos que contemplan la participación activa
de la comunidad en la solución de los conflictos. Uno de
esos programas es el denominado "Barrios Seguros", que
está bajo la coordinación del Ministerio de
Interior y Policía, el cual, grosso modo, contempla la
intervención preventiva de la policía nacional en
determinados barrios de la Capital y Santiago, la
recuperación del espacio social y público de las
comunidades y sus organizaciones para el ejercicio pleno de los
derechos democráticos, el restablecimiento de la presencia
del Estado y de sus instituciones en dichas zonas, el
funcionamiento eficiente de los sistemas de salud,
educación, vivienda, energía eléctrica,
empleo, recreación y cultura, así como el
acercamiento entre la policía y la comunidad, a
través de la Policía Comunitaria.

Dicho plan contiene, a su vez, los ejes de
dirección política y estratégica que sirven
de orientación a las acciones dirigidas a la
prevención, investigación y persecución del
delito, distinguiendo tres niveles mínimos de
prevención:

a. Prevención primaria: dirigida a reducir la
incidencia del delito y de la violencia en general, pues se trata
de intervenciones proactivas dirigidas a los procesos sociales
que originan el delito, como los proyectos de educación
ciudadana, las políticas económicas básicas,
creación de fuentes de empleo y afines.

b. Prevención secundaria: que actúa sobre
situaciones predelictivas y próximas, como los
tratamientos a familias con problemas de violencia
doméstica, atención a toxicómanos y personas
con otras adicciones.

c. Prevención terciaria: que tiene por objeto
limitar o reducir las consecuencias del delito, resarcir los
daños causados y resocializar al infractor, como son los
planes de resocialización de los internos e internas,
casas de atención a víctimas, casas del redentor,
entre otros.

Así también, tres modalidades u
orientaciones básicas de la política
criminal:

Primero, Orientación al potencial infractor:
procurando mejorar las condiciones de vida y otros factores de
riesgo, como son los planes educativos y atenciones a menores en
situaciones de riesgo y provenientes de familias
conflictivas.

Segundo, Orientación a las víctimas: este
es, tendente a proveer mejores condiciones de protección
de la vida y otros derechos, que favorezca la reducción o
neutralización de ciertos riesgos, como la
concienciación para la eliminación de conductas
victimizantes, instalación de centros policiales en puntos
estratégicos, unidades de atención a
víctimas, etc.

Tercero, Orientación a la prevención
comunitaria: este suele combinar aspectos de las dos anteriores y
pone el acento en la participación de la comunidad, como
centros comunitarios para la atención de familias
disfuncionales, educación comunitaria, entre
otros.

Felizmente, con la puesta en marcha de estrategias como
estas, hemos logrado fortalecer aquellas áreas
prioritarias para las tareas de prevención y
persecución del delito, entre las que destacamos las
siguientes:

• Fortalecimiento del Instituto Nacional de
Ciencias Forenses, INACIF, a través de la
capacitación de sus miembros y de la dotación de
los recursos materiales y equipos necesarios para la
realización de las pericias forenses.

• Fortalecimiento de la Dirección Nacional
de Atención a Víctimas de Violencia, a
través de la puesta en marcha de las diferentes Unidades
de Atención a Víctimas a nivel nacional.

• Creación de la Oficina Nacional de
Representación Legal de los Derechos de la
Víctima.

• Fortalecimiento de la presencia de las
Fiscalías Barriales en diferentes barrios de la Capital y
la Provincia de Santo Domingo.

• Creación de la Dirección Nacional
de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad
Compleja, como respuesta a la incidencia del crimen organizado en
el país y la consecuente necesidad de formular
políticas integrales de persecución de estos
delitos.

• Creación de la Unidad de Protección
de Víctimas y Testigos.

• Fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales entre la Policía Nacional y el
Ministerio Público, a través de la firma del
Protocolo de Actuación para el procesamiento conjunto de
la investigación penal.

• Expansión del Programa Barrios Seguros a
más de 100 sectores entre la Capital y
Santiago.

• Fortalecimiento y avance progresivo en la
implementación del nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria, al que hacemos referencia en seguida

II. El Nuevo
Modelo de Gestión Penitenciaria

El tema central de esta conferencia es el proceso de
reforma del sistema penitenciario en la República
Dominicana relacionado a la Seguridad Ciudadana, y al respecto
examinaré brevemente sus antecedentes para entender por
qué y cómo se instaura esta reforma, en qué
momento de ella nos encontramos y cuál es su perspectiva
con miras al futuro.

Es en junio del año 1984, cuando se promulga la
ley 224 que crea el Régimen Penitenciario Dominicano,
asumiendo de manera íntegra el espíritu de las
normas y tratados internacionales para el tratamiento de las
personas privadas de libertad y sobre todo las Reglas
Mínimas de la ONU, siendo la guía para la
implementación de todos los planes y programas de
tratamiento penitenciario.

No obstante, al pasar los años dicha ley fue
quedando en el olvido, transcurriendo así la década
del 80 y los primeros años de los 90 entre las denuncias
de la prensa, las quejas de familias y abogados, pero
también ante la observación de los organismos de
derechos humanos, en torno a las condiciones inhumanas de
habitabilidad y trato en las cárceles
dominicanas.

En esos años se construyen varias cárceles
denominadas "Modelos", entre las que podemos citar, las
cárceles de Monte Plata y Rafey, en el año 1988; la
Cárcel de Mao, Valverde en 1990; Najayo, en 1994;
también el remozamiento de la Penitenciaría
Nacional de la Victoria, en 1998.

Sin embargo, en esos recintos seguía siendo
evidente el tráfico de influencias, el tráfico de
bebidas alcohólicas, así como el tráfico y
consumo de drogas narcóticas, no permitiendo que aquellos
enfermos por la drogodependencia tuvieran la oportunidad de
rehabilitarse. No existía un plan estratégico
concebido conjuntamente entre las instituciones llamadas a
enfrentar el problema, tampoco una política pública
en materia penitenciaria, falencias que acarrearon, hasta hoy,
graves consecuencias para el sistema.

Durante los años 96 y 97, se producen informes de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
los que se enfoca y censura los males del sistema penitenciario,
en cuanto a violación de los derechos fundamentales de las
personas privadas de libertad, presentando recomendaciones
correctivas.

Y, es en el marco de esos informes de los Organismos
Internacionales de Derechos Humanos y ante la opinión de
algunos sectores de la sociedad dominicana, así como ante
la toma de conciencia de las autoridades de gobierno encabezadas
en ese momento por el hoy Excelentísimo Presidente de la
República, Dr. Leonel Fernández Reyna, que se
inicia de manera firme un proceso hacia la verdadera reforma del
sistema penitenciario dominicano de manera sostenible.

Específicamente, es para el año 1999
cuando el Comisionado de Apoyo a la Reforma y
Modernización de la Justicia y la Procuraduría
General de la República definen las prioridades de la
Reforma Penitenciaria, para viabilizar la implementación
de la Ley 224 y concretamente la definición de los
programas formativos para el personal penitenciario.

Para el año 2004 se crea el Primer Centro de
Corrección y Rehabilitación de San Felipe de Puerto
Plata (Primera Etapa), para posteriormente completar unos 13
Centros de Corrección y Rehabilitación hasta la
fecha. Dichos Centros de Corrección han transformado de
manera radical las condiciones de vida de las personas privadas
de libertad, posibilitando su rehabilitación y posterior
reinserción social.

Es importante destacar la inversión que con
recursos propios ha realizado la Procuraduría General de
la República. La inversión del 16 de agosto del
año 2004 hasta el 16 de agosto del año 2006 fue de
setenta y dos millones, novecientos setenta y nueve mil
doscientos setenta y un pesos con setenta y cinco centavos (
RD$72, 979,271.75) y del 17de agosto del año 2006 hasta la
fecha se ha invertido la suma de seiscientos veintidós
millones, seiscientos treinta y seis mil seiscientos
veintiséis pesos con sesenta y un
centavos,(RD$622,636,626.61). Asimismo, es oportuno
señalar que todas las obras que se realizan en la
Procuraduría General de la República se hacen
mediante concurso público donde participan todos los
ingenieros del país que precalifican. Se dividen en lotes
y se procede a sortearlas de manera transparente entre todos los
participantes.

El cien por ciento del personal que se desempeña
en los Centros de Corrección y Rehabilitación es
seleccionado mediante concurso público de
oposición, a partir de lo cual es formado por la Escuela
Nacional

Penitenciaria, debiendo someterse además a un
programa anual obligatorio de actualización.

Los Centros de Corrección y Rehabilitación
se desenvuelven en un marco de respeto de los derechos humanos
aplicando una atención individualizada a los internos e
internas, según el tipo de delito cometido, nivel
educativo, situación social, familiar y laboral, edad y
conducta.

Una batería multidisciplinaria de técnicos
se encarga del proceso de corrección y
rehabilitación de los internos y las internas, mediante un
sistema progresivo que se ejecuta en tres fases:
observación, tratamiento y prueba.

Una oferta educativa, laboral y productiva así
como de actividades espirituales y artísticas permite que
los centros de corrección y rehabilitación sean en
realidad establecimientos de estudio y trabajo en un marco de
respeto y disciplina. Es decir, son lugares de segunda
oportunidad para aquellas personas que le han fallado a la
sociedad.

En el nuevo modelo de gestión penitenciaria
existe tasa cero de analfabetismo y, junto a los niveles primario
y secundario de la educación formal, existen decenas de
cursos técnicos y vocacionales que permiten orientar la
educación hacia la vida y el trabajo.

En cada centro se instalan granjas de gallinas
ponedoras, invernaderos, panaderías, talleres de costura,
herrería, ebanistería, mecánica, y
artesanía, y se disponen de terrenos para el cultivo de
hortalizas y otros productos de ciclo corto; también, para
la crianza de cerdos, ovejos, vacas y peces.

Con esto, buscamos que los centros penitenciarios sean
autosostenibles por lo menos en un cincuenta por ciento, lo que
conlleva a un ahorro en el gasto y la inversión de nuestra
institución y del gobierno dominicano.

Luego de que los internos e internas completan su
proceso de corrección y rehabilitación en nuestros
centros cruzando por las fases de observación, tratamiento
y prueba del sistema progresivo, se encuentran listos para la
vida en libertad.

En ese momento a nuestra sociedad como a todas las
sociedades del mundo se le presenta la encrucijada de qué
hacer con esas personas, que cometieron delitos, y están
de nuevo en nuestras calles.

El modelo de gestión penitenciaria ha propuesto y
ejecuta exitosamente un programa de reinserción social de
los internos e internas que obtienen su libertad.

La atención post penitenciaria es fundamental
para el proceso de rehabilitación social del interno e
internas, por lo que hemos dispuestos para esos fines y en
coordinación con la iglesia católica, el
funcionamiento de Centros de atención post-penitenciaria
denominadas Casas del Redentor, contando ya con 12, distribuidas
en todo el país.

Sumando dicho programa de seguimiento post penitenciario
al trabajo ya realizado con los internos e internas dentro de los
Centros, se está produciendo una de las más bajas
tasas de reincidencia en el delito conocidas en el mundo: de un
2.7 %, teniendo en cuenta que en el resto de los países,
incluyendo a los más avanzados, la tasa de reincidencia
oscila entre el 39% y el 72%.

Como ejemplo de la política de reinserción
social, destacamos la creación de préstamos a ex
internos para fomento de microempresas. Se trata de personas que
estuvieron una vez privadas de su libertad, y que, al
reinsertarse a la sociedad, han observado un buen comportamiento,
con muestras de efectiva regeneración, superación y
aportes a su desarrollo personal, familiar y de la
comunidad.

Estos préstamos son concedidos por la
Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), con el aval de
la Procuraduría General de la República y la
Pastoral Nacional Penitenciaria. Se procura que los internos
puedan crear sus propios negocios y que sirvan de ejemplo para
las personas privadas de libertad que recién salen de los
centros penitenciarios.

En el presente mes de abril será entregado el
segundo grupo de préstamos para promover la
reinserción social de las personas que han obtenido su
libertad.

En ese sentido, estamos ejecutando un Plan que
está convirtiendo los centros de corrección y
rehabilitación en microempresas con la finalidad de que
los internos contribuyan a su propio sustento alimentario y
produzcan ingresos para ayudar a sus familiares.

Podemos afirmar que en la historia de la
República Dominicana nunca antes se había puesto
tanto empeño en enfrentar problemas tan olvidados y a la
vez importantes para la sociedad como el tema
penitenciario.

Hacer viable y sostenible la reforma ha implicado
reconocer lo imprescindible de la participación de los
distintos sectores y liderazgos de la sociedad, y
específicamente entender la necesidad de un consenso
social proactivo para colocar la cuestión penitenciaria en
el interés de la Nación.

Esta comprensión ha dado origen al Patronato
Nacional Penitenciario que acompaña al proceso de reforma
de manera proactiva, independiente y crítica, y que
permanece más allá de los eventuales intereses de
los gobiernos y de los funcionarios públicos.

Este Patronato lo preside Su Eminencia
Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal
López Rodríguez. Lo integran además,
José Luis Corripio Estrada, Rosa Hernández de
Grullón, Huchi Lora, Abraham Selmán, Manuel Arsenio
Ureña, Frank Rainieri, Luisin Mejía, Abraham
Hazoury, Haime Tomás Frías, Manuel Estrella,
Fabiola Medina, Altagracia Paulino, Freddy Beras-Goico,
José León y Monseñor Flores.

A la vez, en cada provincia existe un capítulo
local del Patronato Nacional Penitenciario integrado por los
sectores y líderes de la comunidad con igual finalidad y
perfil que el Consejo Directivo Nacional. Ellos son los
encargados de apoyar y dar seguimiento a cada centro de
corrección y rehabilitación.

En cuanto a justicia penal juvenil se refiere, hemos
creado varios Centros de Atención Integral de Adolescentes
en conflicto con la ley penal, los cuales fueron inaugurados en
Santiago y San Francisco de Macorís y cuyos objetivos son
servir de centros modelos especializados en la atención de
adolescentes infractores de la ley, a través de la
infraestructura necesaria, tanto física como humana, que
actúe de forma integral en el abordaje de la
problemática de la delincuencia juvenil.

Uno de nuestros mayores compromisos, como hemos
señalado, es precisamente establecer un sistema
penitenciario reformado, pero sobretodo eficiente, que garantice
los derechos fundamentales y que tenga capacidad para promover
cambios sociales a favor de las personas en conflicto con la ley
penal.

Debo señalar que erradicar el sistema
penitenciario tradicional ha sido una tarea ardua que ha
implicado desarraigar y desmontar toda una estructura
histórica de abusos, trafico de influencias, inequidad,
privilegios, violación de derechos y corrupción en
el más amplio sentido, sin embargo hemos asumido el
compromiso, pudiendo ver los frutos de este gran
esfuerzo.

La sociedad dominicana y sus instituciones, empresas y
familias son las grandes beneficiarias del éxito del nuevo
modelo de gestión penitenciaria, pues cuentan así
con un país menos violento y más seguro,
además del

rescate de miles de personas que vivían en los
fondos de la violencia y el delito, llevándolos a una vida
decente y de respeto social.

Por todas estas razones, como rectores de la
política general del Ministerio Público en la
República Dominicana, es nuestra responsabilidad
garantizar una sociedad que promueva la justicia y el respeto a
la dignidad de hombres y mujeres, así como desarrollar
acciones puntuales que enfrenten de manera proactiva la
vulneración de los derechos de los ciudadanos,
estructurando modelos de gestión que sirvan a otras
instituciones comprometidas con la solución de los
problemas que enfrentamos como país.

Muchas gracias.

CONFERENCIA MAGISTRAL "EL NUEVO MODELO DE
GESTIÓN PENITENCIARIA Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD
CIUDADANA", DICTADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA, DR. RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA
EN EL ATENEO DOMINICANO, EL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO
2010.

Ponencia "Seguridad Ciudadana: Perspectiva e
Impacto en el Desarrollo de la República Dominicana",
presentada por el Procurador General de la República, Dr.
Radhamés Jiménez Peña, el martes 14 de julio
de 2009.

Para esta ponencia que me ha tocado presentar titulada:
"Seguridad Ciudadana. Perspectiva e Impacto en el Desarrollo
de la República Dominicana", he decidido enfocarme en
dos aspectos que, a mi consideración, son los más
relevantes al momento de referirse al concepto de seguridad
ciudadana y desarrollo: por un lado, el impacto de la violencia y
su efecto en el desarrollo humano, y, por otro, las
políticas públicas de prevención y control
de la violencia implementadas en República Dominicana, las
cuales han sido en gran parte impulsadas por la
Procuraduría General de la República en el marco de
los Lineamientos de Política Criminal del Estado, y dentro
de los parámetros del Plan Nacional de Seguridad
Democrática.

El impacto de la
violencia y su efecto en el desarrollo humano

La violencia y el delito se han convertido en una de las
preocupaciones más importantes para los ciudadanos y el
Estado dominicano. Y, no solo para la República Dominicana
sino una preocupación a escala mundial

No sin razón Latinoamérica, incluyendo el
Caribe, es considerada una de las regiones más violenta
del mundo en términos de violencia homicida,
principalmente violencia producto del uso de armas de fuego. Este
fenómeno relativamente reciente tiene, desde luego,
palpables efectos negativos en el desarrollo humano, siendo
también un elemento distorsionador de la dinámica
democrática en un verdadero Estado de Derecho. En efecto,
el enorme gasto destinado a enfrentar las consecuencias de la
violencia, que, por lo tanto, no es destinado a la
inversión productiva o al gasto social, es una prueba de
ello, así como también el progresivo debilitamiento
de la credibilidad en el sistema democrático, al no haber
sido las instituciones capaces de prevenir este
fenómeno.

Este elevado costo económico que ello representa
se traduce en diferentes aspectos, debido a las pérdidas
humanas y materiales que conlleva esta situación y a los
recursos que hay que destinar para enfrentarla., así como
en la economía propiamente hablando, en cuanto a la
disminución en el nivel de productividad, ya que la gran
mayoría de los afectados por la violencia son
jóvenes en edad productiva, entre los 15 y los 39
años de edad.

Intentar descubrir el impacto del fenómeno de la
violencia en el desarrollo humano y en la gobernabilidad es una
necesidad básica para tratar de incidir en sus efectos
negativos. Sin embargo, aunque el aumento de la violencia y el
delito encuentran explicación en razones de tipo social,
es preciso señalar que ninguna de estas razones puede
explicar el aumento de la violencia por sí sola, sino que
se trata de la conjunción de todas ellas las que han
contribuido al aumento evidente de la criminalidad en los
últimos años, incluyendo el rápido y
desordenado crecimiento demográfico de las grandes urbes,
producto de la migración rural.

Otro factor importante es que la sociedad se ha ido
transformado de forma radical en las últimas
décadas, variando las pautas de comportamiento social, lo
que ha producido cambios significativos en la forma de
relacionarse y en la propia cosmovisión del
individuo.

Por ejemplo, hoy día la considerable facilidad en
el intercambio comercial ha facilitado el desarrollo de ciertos
comportamientos criminales a nivel transnacional que conllevan un
conjunto de actividades violentas asociadas, con efecto directo
en la vida de los ciudadanos (narcotráfico, trata de
personas, tráfico de armas, lavado de activos,
etc.).

Por otro lado, debe agregarse a esto que los más
pobres siguen siendo los más afectados por la violencia.
Las áreas de mayor concentración de comportamientos
violentos corresponden a barrios marginales de bajo desarrollo
humano. Por demás, la violencia es vista por los pobres
como una desventaja y como un obstáculo para superar su
propia situación de pobreza.

Para finalizar esta parte, debo señalar que la
constatación del debilitamiento de las instituciones que
conforman el sistema de seguridad pública del Estado, ante
la falta de políticas eficaces que se traduzcan en una
mejora en la calidad de vida del ciudadano, de cara a una mayor
percepción de seguridad, es lo que ha llevado a la
Procuraduría General de la República a proponer
políticas eficaces y eficientes que han contribuido en
gran medida a mejorar la percepción de seguridad, y el
sistema de justicia penal en sentido general.

Las
políticas públicas de prevención y control
de la violencia implementadas en República
Dominicana

En sentido general, una política de seguridad
pública engloba al conjunto de acciones gubernamentales y
sociales que, de alguna manera, inciden sobre el conjunto de
factores y condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales que favorecen, consolidan o
determinan los conflictos violentos y los delitos producidos en
un determinado contexto social.

Bajo esta visión, toda política social,
cultural, económica, educacional o laboral puede ser
considerada como parte de una política integral de
seguridad ciudadana.

Se hace menester destacar que la ausencia de
políticas integrales de seguridad ciudadana, entendidas
como políticas para prevenir y controlar el delito y
reformar las instituciones del sector, había sido la
regla, por lo que existía la necesidad de establecer
políticas que cubrieran otras áreas vinculadas a la
seguridad ciudadana, como salud, educación,
recreación y reforma policial.

En tal sentido, la Procuraduría General de la
República participó en el diseño de unos
lineamientos de política criminal, dentro de los
parámetros del Plan Nacional de Seguridad
Democrática, tomando como base una concepción
innovadora de la persecución penal, caracterizada por el
diseño de estrategias que permitieran conducir las labores
de enfrentamiento del delito de una manera más eficiente,
a partir de la integración de la comunidad y del
análisis del contexto específico en que se
desarrollan los delitos.

Por tanto, esta aproximación estratégica
al delito tuvo como fundamento los siguientes elementos
operacionales:

• Un acercamiento proactivo al crimen

• Énfasis en la solución de
  problemas

• Enlace estratégico entre fiscalía,
  comunidad y otros organismos auxiliares

• Aplicación de diversos métodos de
  prevención, sobre todo a través de programas
  sociales de educación, salud y
  recreación

En cuanto a los objetivos perseguidos con la
aplicación de este tipo de estrategias, se
destacan:

• a. La disminución del
  crimen

• b. La disminución de la
  percepción de inseguridad

• c. Mejoramiento de la calidad de vida de la
  población.

Esta idea de orientación a la comunidad suele
ligarse, asimismo, a un cambio sustancial con relación a
la presencia de las fiscalías en barrios o sectores
particulares de la ciudad, con cuyas comunidades establecen
vínculos y formas de responsabilidad compartida. Como
muestra de ello, en la actualidad contamos con fiscalías
barriales en la Provincia Santo Domingo, Santiago, La Romana, La
Vega y en el Distrito Nacional, en estas últimas, por
ejemplo, atendieron unas 39,532 personas en el primer
cuatrimestre del año, quienes acudieron a presentar quejas
y/o denuncias sobre robos, atracos, violencia contra la mujer y
amenazas. Este componente de las Fiscalías Barriales ha
sido uno de los puntos más sobresalientes en el
éxito del denominado programa ¨Barrio Seguro¨ en
el marco del Plan de Seguridad Democrática.

Dicho plan contiene, a su vez, los ejes de
dirección política y estratégica que sirven
de orientación a las acciones dirigidas a la
prevención, investigación y persecución del
delito.

Asimismo, debo señalar que con la puesta en
marcha de estrategias como éstas, hemos logrado fortalecer
aquellas áreas prioritarias para la tarea de
prevención y persecución del delito, ante la
necesidad de ajustar el sistema a las nuevas exigencias sociales,
entre las que destacamos las siguientes:

• Disminución de la tasa de los
  homicidios.

• Creación mediante Ley del Instituto Nacional
  de Ciencias Forenses, INACIF, dependencia de la
  Procuraduría general de la República, y
  fortalecimiento a través de la capacitación de
  sus miembros y de la dotación de los recursos
  materiales y equipos necesarios para la realización de
  las pericias forenses.

• Fortalecimiento de la Dirección Nacional de
  Atención a Víctimas de Violencia de
  Género e Intrafamiliar, a través de la puesta
  en marcha de las 14 Unidades de Atención a
  Víctimas a nivel nacional.

• Creación de la Oficina de
  Representación Legal de los Derechos de la
  Víctima.

• Fortalecimiento de la presencia de las
  Fiscalías Barriales en diferentes barrios de la
  Capital, Santiago, Provincia Santo Domingo, La Romana y la
  Vega.

• Creación de la Dirección Nacional de
  Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad
  Compleja, como respuesta a la alta incidencia del crimen
  organizado en el país y la consecuente necesidad de
  formular políticas integrales de persecución de
  estos delitos.

• Creación de la Unidad de Protección a
  Víctimas y Testigos.

• Fortalecimiento de las relaciones
  interinstitucionales entre la Policía Nacional y el
  Ministerio Público, a través de la firma del
  Protocolo de Actuación para el procesamiento conjunto
  de la investigación penal.

• Fortalecimiento y avance progresivo en la
  implementación del nuevo Modelo de Gestión
  Penitenciaria.

No obstante, debo señalar que estos grandes
esfuerzos, a pesar de sus significativos resultados, aún
se encuentran en pleno proceso de implementación y
desarrollo, por lo que son, indiscutiblemente, susceptibles de
mejoras.

Muchas gracias.-

"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE
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Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

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Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2015.