El concepto de alianzas público–privada,
hace referencia a los "diferentes acuerdos que se generan entre
una entidad gubernamental y una o más personas, o
instituciones de naturaleza privada, son arreglos contractuales
en que, según riesgos y beneficios de la
organización pública y la institución
privada, teniendo en como fin una mayor eficacia en la
producción y provistos en un contrato de alianza
públicos y privados, cuyos términos están
provistos en un contrato de alianza para la delegación de
las operaciones, funciones, servicios o responsabilidades de
cualquier diseño, desarrollo, financiamiento u
operación de una o más instalaciones, o cualquier
combinación de las anteriores"(Valverde, 2010).
En la república Dominicana existen en la
actualidad múltiples alianzas estratégicas entre
sectores de carácter privado como ONGs, empresas e
instituciones académicas y dependencias estatales, como
ejemplo, se pueden mencionar los siguientes:
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
en su Sede central, tiene acuerdos con instituciones
empresariales, específicamente en la Facultad de
Humanidades, Ciencias Económicas y Sociales, para promover
empleos a los profesionales egresados de la misma. El Ministerio
de Estado de la juventud, posee alianzas con el Ministerio de
Trabajo, el Banco de Reservas, EDENORTE, universidades privadas,
institutos técnicos, para evaluar jóvenes y
recomendarlos a puestos de trabajo.
El Ministerio de Estado de Trabajo, tiene un proyecto
llamado cumple y gana, con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BHD), encargado de facilitar la logística,
capacitación y equipos de trabajo. En el marco de las
alianzas laborales, los antecedentes de estas experiencias se
encuentran ligadas al proyecto de Promoción Empleo Juvenil
en América Latina (PREJAL) el cual promueve el trabajo
decente para los jóvenes, según establecen
mediante: "la sensibilización e inclusión del
empleo juvenil en las políticas y programas
públicos de la investigación y difusión de
conocimientos, de la asistencia técnica y del desarrollo
de experiencia de capacitación socio-laboral con el sector
privado".
La asistencia técnica para la elaboración,
validación y puesta en marcha del plan de Empleo Juvenil
(PEJ) en la República Dominicana, se enmarca en las
acciones previstas en el Programa de Trabajo Decente para el
país, vinculado al desarrollo de la Política
Nacional de Empleo y a la Política Nacional de
juventud.
De acuerdo a la organización Internacional del
Trabajo (OIT), para la adopción del Programa de Trabajo
Decente en la República Dominicana, en el 2007 se
realizó la consulta tripartita, firmada por el gobierno a
través de la Secretaria de Estado de Trabajo (SET) y los
actores sociales (empleadores y trabajadores).
Dentro de las experiencias de alianzas
público-privado relacionadas al tema laboral, sean
registrados, desde 1999, varios proyectos apoyados por
instituciones internacionales, con miras a mejorar el mercado de
trabajo.
Entre las principales experiencias en estas materias, se
encuentran las siguientes: Un proyecto a destacar es el programa
INFOTEP-Zonas Francas: surgido en el año 1992 tras una
alianza estratégica entre la Asociación Dominicana
de Zonas Francas (ADOZONA) y el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), mediante
el Convenio, éste último, se comprometía a
invertir el 35% de los pagos recibidos de estas empresas en
actividades de institución para sus trabajadores /as, las
cuales se realizaban dentro de los parques industriales o,
mediante sub.-contratos, en entidades de formación,
logrando una cobertura importante en materia de
capacitación desarrollada en el sector de Zonas
Francas.
Otro de los programas de capacitación ofrecido
por el INFOTEP a nivel nacional, que ha dado muy bueno
resultados, es el Sistema Dual iniciando en 1987, para
desarrollar la pequeña y mediante empresa, cuyo objetivo
es formar jóvenes para insertarlos en el mercado laboral,
los cuales pueden ingresar al sistema desde los 16 años en
adelante, para ser preparados en una carrera técnica.
Estos asisten durante seis meses a un centro de
capacitación para instruirse en la parte teórica y
luego les canalizan la integración a una empresa donde
trabajan, aprenden y les paga un 40% del salario. Se afirma que
la implementación de este sistema ha generado grandes
expectativas en el país. De todas estas experiencias
desarrolladas, se tomará como referencia "el programa de
capacitación y modernización laboral juventud y
empleo". Ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a partir de 2011 y comprendido en cuatro ciclos de
formación, desde 2003-2006, y un a licitación con
apoyo del Banco Mundial, finaliza en 2008.
Con este programa se logro la capacitación de 27,
494 jóvenes, en 1341 actividades formativas comprendidas
en las áreas de ventas, servicio de bares y restaurantes,
belleza, peluquería, confección de prendas de
vestir, contabilidad, informática, entre otras, realizadas
en 85 Centros Operativos del Sistema INFOTEP a nivel nacional y
con la colaboración de 1,500 empresas (SET
2009).
Sin embargo, de acuerdo a las evaluaciones realizadas al
programa, la primera etapa no logró un impacto
sólido en la ocupación, debido, entre otros
factores, a que "el empresario requiere de personas con mayores
niveles de formación de hogar (costumbres, hábitos,
actitudes)". Por otra parte, se determinó que "el programa
tiende a excluir la población rural pobre, por su
focalización (en la zona urbana) y las
características propias del mismo (pasantía en una
empresa formal).
En la segunda etapa del programa, el Ministerio de
Estado de Trabajo (anteriormente Secretaria de Estado de Trabajo)
prevé durante el período 2008-2011, impartir 1,917
cursos para beneficiar a unos 40, 500 jóvenes será
de US$ 17,248,000 en cursos gestionados directamente y US$ 1,
212.000 en coordinación con el INFOTEP. Como se observa,
las alianzas público-privadas en la República
Dominicana, han estado orientadas a la formación
académica de la población joven, para la
colocación en un puesto de trabajo en un proceso de
trabajo. Se puede afirmar, que hasta el momento, las experiencias
de este tipo de alianzas en materia laboral, sólo cubre n
los componentes de formación de resolución de
posibles conflictos entre los actores participantes en el
proceso. Dentro de los diferentes programas formativos, no se
aprecian mecanismos para la orientación hacia los derechos
laborales, condición necesaria para que el ciudadano
común tenga una verdadera oportunidad de acceso a la
justicia laboral. Ante esta realidad, se hace necesario dar
respuestas a interrogantes como: ¿Qué sucede, en la
actualidad, luego de los jóvenes ser capacitados para su
inserción al área laboral? ¿Qué
porcentaje real logra ser asimilado sosteniblemente en las
empresas? , ¿Bajo cuáles condiciones?, ¿en
caso de conflictos con el empleador, quién orienta?,
¿conocen estos jóvenes sus derechos laborales? Urge
la complementación de los programas desarrollados hasta la
fecha, con la integración de nuevos componentes, en
específico la parte referente a la divulgación de
los derechos laborales de los ciudadanos, de manera especial
hacia los jóvenes, que se encuentran dentro de los grupos
vulnerables de la sociedad y con menos experiencia
prácticas en la materia. Con relación a la
perspectiva en materia laboral, en la actualidad, el mundo
presenta una crisis global de empleo, conforme al más
reciente informe de la Organización para la
Coordinación y Desarrollo Económico (OCDE), el
índice de desempleo en los países más
desarrollados está en su nivel más elevado. El
promedio de desempleo llego a un 8.6% con un incremento de 17
millones de desempleados más, en comparación al
año 2007. En América Latina y el Caribe, la
situación del empleo se encamina hacia el mismo
déficit. En el caso de la República Dominicana, los
niveles de desempleo han ido en aumento, según el informe
Dominicana en Cifras 2009, dentro de los indicadores
económicos, los datos relativos a empleos generados por el
sector de zonas francas según años y parques
industriales (tomando como muestras los dos últimos
años) presentan una generación de empleos, por esta
rama, de 126,187 producidos durante el año 2007, en
comparación con 122,531 del año 2008, lo que
representa una reducción de 3, 656 empleos. Los
indicadores sociales del sector empleo, relativos a la
Población Económicamente Activa (PEA) y desempleo,
por año, muestran aumento de 4,204,846 en 2007 a 4,261,917
en 2008 del PEA , pero presentaron una ligera reducción en
los niveles de desempleo, pasando de 653,92 (15.55% ) en 2007 a
601,958 (14.12%) en 2008 (ONE, 2009) De acuerdo s los indicadores
económicos de la CEPAL, el porcentaje promedio anual de la
Tasa de Desempleo Urbano, aumentó de 14,1 en 2008 a 14,9
en 2009, situación que se reflejará de forma
negativa en los indicadores sociales. Sin embargo, afirman que la
economía dominicana logró mantener un crecimiento
positivo en 2009 en torno al 2,5%. Para el 2010, pronostica un
crecimiento superior al 3%. También prevé una
inflación y un déficit de la cuenta corriente
similares a los de 2009.
Frente a este panorama, es evidente que se
presentarán obstáculos económicamente, pero
también oportunidades para insertar mejoras en estos
programas de alianzas estrategicas necesarias para el desarrollo
y la búsqueda de soluciones tendientes a reducir la tasa
de desempleo y por ende los niveles de pobreza. Para lograr
éste propósito, es preciso fortalecer la
institucionalidad laboral, tal como lo establece el informe de
evaluación a los objetivos de desarrollo del milenio 2010,
citando a la CEPAL:
"Es importante que los países cuenten con una
institucionalidad laboral adecuada que posibilite que las
dinámicas del empleo y las relaciones entre los distintos
actores del mundo del trabajo se orienten efectivamente a
armonizar el desarrollo económico y la inclusión
social mediante el empleo. Del mismo modo, es importante
también que la institucionalidad laboral haga posible la
representación pública de los distintos intereses
de los de los actores del mundo del trabajo. Por ello si bien se
ha señalado que no existe un diseño único
para la institucionalidad, es importante que el conjunto de
regulaciones, legales y negociadas, que orientan el
comportamiento de los actores involucrados hagan viable un
funcionamiento eficiente del mercado laboral y, además,
contribuyan a la representación pública, la
protección social y la inclusión laboral de grupos
específicos estructuralmente más débiles
(CEPAL 2009c)." En este orden, es puntual crear consenso para
fortalecer las funciones entres los principales órganos
que representan la institucionalidad laboral del país: el
Ministerio de Estado de Trabajo, encargado de orientar las
políticas nacionales en torno al empleo y los
Tribunales de Jurisprudencia Laboral, encargados de
administrar la justicia en la materia. El Ministerio de Trabajo
(anteriormente Secretaria de Estado de Trabajo), es la instancia
estatal encargada de coordinar la política de empleo del
gobierno, además de ser el órgano rector del
mercado laboral, como lo establece el Código de trabajo
dominicano:
"La Secretaría de Estado de Trabajo, como
órgano representativo del Poder Ejecutivo en materia de
Trabajo, es la más alta autoridad administrativa en todo
lo atinente a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y
al mantenimiento de la normalidad en las actividades de la
producción en la República…" (Art. 40) En su
reglamento interno, tiene las funciones de: "Regir y regular las
políticas laborales en el país, establecimiento las
normas y los mecanismos de seguridad y seguimiento para su
aplicación, satisfaciendo de manera oportuna y eficaz las
necesidad de los actores del mercado de trabajo a fin de
contribuir a la paz socio laboral y al desarrollo nacional" (SET,
2009).
Aunque tradicionalmente, este organismo se enfoca en la
intermediación de los conflictos obreros-patronales, la
ley le otorga una doble responsabilidad institucional, la
gestión y la fiscalización en materia laboral. Con
estas competencias, el Ministerio de Trabajo tiene que procurar
desarrollar políticas de inclusión en la
promoción al trabajo y a la vez fortalecer su rol de
fiscalizador de los procesos. Los Tribunales de
Jurisdicción laboral, son las instancias especiales
creadas para la solución de conflictos, la cual debe
iniciar con una conciliación entre las partes
involucradas, según lo señalado en el principio
XIII, del Código de Trabajo Dominicano: "Se instituye como
obligatorio el preliminar de la conciliación. Esta puede
ser promovida por los jueces en todo estado de
causa.".
Este mecanismo de conciliación es la entrada del
ciudadano a la justicia laboral, en caso de conflictos, ya que es
el primer paso "obligatorio", sin embargo en la práctica
presenta una serie de situaciones que limitan su
ejecución, y desvirtúan el espíritu con que
fue creado: concertar los respectivos intereses entre las partes;
pero, el trabajador común no dispone de recursos
suficientes para costear un abogado que lo represente, y en
muchos casos, la solución está en la
conciliación para evitar un largo proceso judicial, sin
embargo, estas se realizan en un solo día, para atender
varios casos, y los vocales (mediadores entres la partes) tienen
que escuchar cada problemática, para luego proponer
posibles soluciones, ante lo que se hace inminente
preguntar:
¿Qué garantiza el mecanismo de
"conciliación" bajo estas condiciones sea confiable y
justo para el ciudadano? En torno al tema relacionado a la
transparencia laboral, es importante destacar una experiencia de
iniciativa internacional, desarrollada desde el año 2005
en cuatro países de Centroamérica, y que incluye a
la República Dominicana. Se trata del proyecto
"Mejoramiento Continuo en la Maquila" (MECOMAQ), o CIMCAW en
ingles, dirigido Al sector de confección de vestuario y
desarrollado con la cooperación de la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de
Norteamérica (USAID) , integrado bajo alianza
multisectorial para apoyar el mejoramiento permanente en materia
de respeto a derechos y responsabilidad social empresarial,
así como al cumplimiento de estándares laborales e
competitividad. Dentro de los objetivos del proyecto se establece
la "Capacitación conjunta entre trabajadores/as y gerencia
de las empresas sobre los derechos y obligaciones fundamentales
de las personas trabajadoras bajo las legislaciones nacionales y
las convenciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)" Un componente interesante de este proyecto fue una
serie de capacitaciones (2005-2007) dirigidas a inspectores de
trabajo de los Ministerios y Secretarias de Trabajo de los
países participantes. Entorno a las capacidades para el
caso de la República Dominicana, según el documento
de evaluación Alcances y Logros de las capacidades del
proyecto CIMCAW a fábricas e inspectores de los
ministerios de trabajo de la región centroamericana y
República Dominicana, se afirma: "Luego de los talleres de
noviembre 2005, los participantes demostraron un mejoramiento
general de 50%, especialmente en temas como: trabajo forzado,
trabajo infantil, prestaciones en casos de despido. Para enero de
2007, que se hicieron unos nuevos talleres, el mejoramiento de
conocimientos fue de 45%. Las áreas con mayor porcentaje
fueron trabajo forzoso, prácticas discriminatorias en la
maquila, trabajo infantil y horas extras. Sin embargo, en ambos
casos fue notoria la necesidad de profundizar mas en las
reglamentaciones sobre trabajadores/as adolescentes. El documento
también valora a nivel general, los aportes y resultados
de las capacitaciones a los inspectores laborales, destacando los
siguientes obstáculos a los cuales se
enfrentan:
Carencias de recursos materiales y de apoyos
institucionales para realizar la labor.Los empresarios no reportan a los inspectores toda
la información que ellos requieren para elaborar sus
informes y dictámenes.Alto grado de vacíos de ley en cada
país que impiden realizar una labor optima.
De esta experiencia se desprende la urgencia de seguir
capacitando en el área institucional para salvar los
obstáculos mencionados y lograr un sistema transparente en
el ámbito de las relaciones de trabajo, encaminando a
brindar orientación y facilidades a los ciudadanos para el
acceso a la justicia laboral.
Bajo este tema de la transparencia, en la actualidad, se
encuentra en ejecución el Proyecto "Incidencia en Alianza
Público/Privada para la transparencia y responsabilidad en
el acceso a la justicia laboral en la República
Dominicana" una iniciativa de la Fundación Laboral
Dominicana, auspiciado por el PACT y la USAID".
El proyecto iniciado en 2009, dentro de sus objetivos
propone: "Contribuir al fortalecimiento de los derechos laborales
del país, a través, de la promoción y
difusión de los mecanismos para acceder a la justicia
laboral de los grupos vulnerables, así como sensibilizar
al sector empleador sobre las ventajas de asumir compromisos para
la transparencia y responsabilidad en torno al tema, en el marco
del DR-CAFTA".
En lo relativo al traslado de libre comercio DR-CAFTA,
desde las dependencias estatales se plantean las posibilidades de
alianzas estratégicas internacionales. Ya existen acuerdos
recientes relacionados a este tema, por ejemplo conforme a
informaciones del Embajador dominicano en Washington, el 4 de
junio del 2009 se firmó, en Agudilla, Puerto Rico, la
Declaración Conjunta que crea alianza estratégica
competitiva, entre Puerto Rico y República Dominicana,
para fomentar una relación comercial bilateral,
aprovechando los procesos de integración económica,
que se desarrollan en el Caribe, Centroamérica,
Suramérica y los Estados Unidos. Dentro de los objetivos
propuestos por este acuerdo, literalmente, se citan los
siguientes:
Desarrollar mecanismos ágiles de
cooperación e intercambio para promover el desarrollo
del comercio, la inversión y el turismo en el apoyo de
los sectores públicos y Privado.Incentivar el intercambio comercial entre la RD y PR
dentro del marco DR-CAFTA y otros acuerdos de libre comercio
firmados por la RD con otros países y bloques
comerciales. Ejemplo: Acuerdo de Asociación
Económica con la Unión Europea y el Foro del
Caribe (CARIFORUM, acuerdo mas conocido como el
EPA.Estimular, apoyar y fomentar encuentros entre el
sector privado puertorriqueño y el dominicano para
identificar joint-ventures y alianzas empresariales, entre
otras, turismo, producción de películas entre
PR y RD actividades culturales y creativas.Desarrollar una política de empleos y
reinserción laboral para estimular el ingreso y el
crecimiento económico de los dos
países.Auspiciar intercambios tecnológicos y mejores
practicas para diferenciar las matrices energéticas a
fines de aumentar las fuentes renovables de energía
así como evaluar la propuesta de integración
energética RD-PR y la propuesta de un proyecto de
interconexión eléctrica por medio de un cable
submarino.Promover e incentivar programas de producción
de biocombustibles como etanol, biodissel, gas de
síntesis y otras fuentes de energía renovables,
tales como eólicas, solar y maremotriz, promoviendo
además proyectos de reciclaje y energías
limpias con el uso de la biotecnología y
aprovechamiento de los desechos sólidos.
Como puede apreciarse, el alcance de esta alianza,
contempla diferentes ámbitos que incluyen aspectos de
intercambios culturales, también se tocan las áreas
de turismo y energía, temas tradicionales sensibles e
influyentes en los aspectos económicos del país.
Esta alianza puede ser un mecanismo de desarrollo sostenible, que
mejore las relaciones no sólo comerciales, sino
interculturales entre la República Dominicana y Puerto
Rico, creando nuevas oportunidades de relaciones de trabajo, ya
enmarcadas en el plano internacional, conforme lo prevé el
Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.
En este tenor, la República Dominicana se
encuentra en un proceso en un proceso de mediación
internacional. Recientemente, fue celebrado en el país un
foro internacional para buscar soluciones a la
catastrófica y penosa situación que atraviesa la
República de Haití. Uno de los objetivos del mismo
fue facilitar el comercio, las inversiones y negocios entre
empresarios de Europa, Estados Unidos, Canadá y
Taiwán con otros de Haití y la Republica
Dominicana, para dar prioridad a la rápida
generación de empleo y establecer mecanismos que
proporciones la participación de empresas dominicanas y
haitianas, en alianzas comerciales e inversiones conjuntas con
empresas extranjeras como "suplidores del mercado haitiano y de
programas e iniciativas de organismos internacionales donantes,
vinculados a la reconstrucción de Haití".
Representantes de diferentes organismos nacionales e
internacionales, han coincidido en la necesidad de crear alianza
estratégica público-privadas entre ambos
países, "a nivel público, a través de la
comisión mixta, y con las empresas del sector privado,
asociaciones empresariales y Organizaciones no Gubernamentales.
Esta seria una excelente oportunidad para fortalecer existentes y
para la creación de alianzas estrategicas basadas en la
integración de todos los sectores involucrados,
además, para la inserción de nuevos elementos al
desarrollo productivo del país. En razón de que
existe un intercambio comercial, no formal, entre ambos
países y en virtud de que actualmente la República
de Haití no cuenta en la actualidad con un sistema
agropecuario estable, una posible alianza estratégica
estaría dirigida al sector agrícola, donde se
pueden crear acuerdos para generar empleos directos e indirectos,
iniciando en las zonas fronterizas, que beneficien a ciudadanos
de ambos países, los que permitirá una mayor
inclusión social del sector rural en pobreza en esta zona.
En resumen, las alianzas público-privada, son
oportunidades necesarias para el desarrollo nacional. En el
área laboral, se debe apelar a la capacitación
permanente en los temas referentes a los derechos de los
ciudadanos en esta materia, de forma tal que sea un componente
presente para la incorporación en las actividades
económicamente productivas.
Al estado corresponde proporcionar las herramientas
necesarias para que las entidades gubernamentales con competencia
para el trabajo, garanticen un verdadero acceso ciudadano a la
justicia laboral y exista transparencia en los procesos
generados, que ayuden al fortalecimiento democrático de la
nación.
En este contexto, se hace inminente una reforma al
Código de Trabajo Dominicano, proclamada ya, desde
diferentes sectores de la sociedad.
Debido a los conflictos surgidos en los tribunales, una
recomendación, para el acceso y transparencia a la
Justicia Laboral es la implementación de un mecanismo
donde los vocales de un mecanismo preparados para el manejo de
sus funciones. Para lo cual, antes de instrumentado el
expediente, estos deben de estudiarlo y analizar una posible
conciliación, justa, entre el empleado y el empleador en
un plazo razonable, con anterioridad a la llegada al tribunal. De
esta forma los tribunales estarían más
descongestionados, así se evitaría entrar en un
largo procedimiento. Esto conlleva la habilitación de
oficinas, no existentes en la actualidad, donde puedan realizar
sus tareas, y evitar las improvisaciones frecuentes en los
tribunales donde se ventilan conflictos laborales con un mediador
carente de conocimiento del fondo, del caso que se trate, ya que
cada situación tiene sus propios matices. En
relación a las empresas que participan en alianzas, deben
de crear mecanismos de orientación para explicar a las
personas que van a emplear, no solo los estatutos y
políticas internas de la institución, sino
también, cuáles son sus derechos dentro de la
compañía, lo cual fomentará un clima de
transparencia y permitirá que el trabajo se desarrolle en
un ambiente de armonía y confianza, que al final se
traducirá en mayor rendimiento y beneficios para todos los
involucrados. También es imperante terminar con diferentes
prácticas que se dan en las relaciones laborales, como la
discriminación por edad (las personas que pasan de 35
años, la mayoría de empresas no las contratan),
discriminación por sexo (los hombres
estadísticamente tienen mayores oportunidades de empleo
que las mujeres), las cuales se inscriben dentro de las
exclusiones y discriminaciones sociales que van en deterioro del
desarrollo del país. Para alcanzar estos propósitos
es determinante la voluntad, el interés y el compromiso
que muestren los diferente integrantes de las alianzas
público-privadas, tanto en la preparación de mano
de obra calificada para el trabajo y el desarrollo
económico, como en el objetivo de lograr un verdadero y
sostenible acceso a la justicia laboral basado en la
transparencia. Fuentes consultadas
Bibliografía: Alcances y logros de las
capacitaciones del proyecto CIMCAW a fábricas e
inspectores de los ministerios de trabajo de la región
centroamericana y República Dominicana. USAID,
2008.
Balance preliminar de las economías de America
Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 2009.
Informe de evaluación a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Banco Mundial, 2010.
Informe de desarrollo humano 2009. Santiago de Chile:
CEPAL, 2010.
Mercado Laboral de la provincia de Santiago: elementos
de un plan de acción para generación de empleo.
Santo Domingo: SET, 2009.
Puerto Rico y República Dominicana: Alianza
Estratégica Competitiva. Discurso pronunciado por el Dr.
Roberto B. Saladín Selin, Embajador de la República
Dominicana en Washington Estados Unidos, el 3 de mayo de 2010, en
el Sistema Universitario Ana G. Méndez de Puerto Rico.
República Dominicana. Ley No. 16-92. Santo Domingo:
Congreso Nacional, 1992.
Valverde, Leonardo. Estrategia y Metodología de
Alianza Público-Privada para el acceso a la Justicia
Laboral. Modulo III del Diplomado Alianza Publico-Privada para el
acceso ciudadano a la Justicia Laboral en el marco del DR-CAFTA.
Santiago de los Caballeros: USAID –PACT –FLD,
2010.
Entrevistas:
Lic. Saturnino Nina, Ministro de Trabajo, Ministerio de
Estado de Trabajo, Regional Norte, Santiago, 2/7/2010.
Lic. Otto Vásquez, Ministro de la Juventud,
Ministerio de Estado de la juventud, Regional Norte, Santiago,
2//2010.
Lcda. Claudia Jerez, Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) Regional
Norte, Santiago, 2/7/2010.
Lic. Eduardo Beato, Supervisor de Coordinación y
Registro Académico del Centro Regional Universitario de
Santiago-Universidad Autónoma de Santo Domingo
(CURSA-UASD), Santiago, 2/7/2010.
Sitios Web:
http://www.bancomundial.org
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Conferencias/PR-RD-Alianza-Estrategica-Competitiva.pdf
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/regional/ampro/cinterfor/temas/youth/exp/observa/rep_dom/indercio.htm
http://www.iyfnet.org/uploads/entra21Learning%20Serie2SpanishFull.pdf
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?
http://wwwpdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADP801.pdf
http://prejal.oit.orgpe/index.php?option
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL
ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL, DE LA DRA. MARIA NELLY SOSA
ALEMÁN
"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE
INFORMACION"®
Santiago de los caballeros, República Dominicana
Junio de 2010
Autor:
Dra. Maria Nelly Sosa Alemán Ing
.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias