Gasto público

El gasto público se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

Mediante el gasto público el estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medio de los servicios públicos, cuyo destino es la cobertura tanto de las necesidades públicas absolutas, como de la concernientes al progreso y bienestar social. Pero también el estado puede satisfacer dichas necesidades con prescindencia de los servicios públicos y utilizando los efectos que en sí mismos los gastos públicos provocan en la economía nacional, atento a su importancia cuantitativa y cualitativa.

El gasto estatal presupone dos valoraciones previas de singular importancia: a) la selección de las necesidades de la colectividad que se consideran públicas, aspecto, este, variable y ligado a la concepción sobre el papel del estado; b) la comparación entre la intensidad y urgencia de tales necesidades y la posibilidad material de satisfacerlas.

Análisis beneficio-costo

El análisis beneficio-costo considera los méritos de los distintos proyectos alternativos con que se cuentan para la tomar de decisiones sobre gastos importantes, tanto si son adoptadas por el poder legislativo como por el ejecutivo. Los principios que subyacen en dicha teoría son:

Regla de Decisión

La evaluación de proyectos implica determinar de qué manera puede conseguirse el uso más eficiente de unos recursos escasos. De esta forma tan simple, el objetivo consiste en determinar la composición del presupuesto de un tamaño dado o cómo asignar un total de fondos disponibles entre proyectos alternativos. También se plantea la cuestión más compleja de determinar el tamaño apropiado del presupuesto.

Posteriormente debe establecerse si el proyecto es o no divisible:

Proyecto divisible: es aquel que puede incrementarse o decrementarse en pequeñas cantidades. En este se considera si : a) El presupuesto es de tamaño fijo, en cuyo caso solo se debe determinar como se va a dividir el presupuesto, y el costo de oportunidad de llevar a cabo un proyecto público consiste en el beneficio perdido por no llevar a cabo otro proyecto; b) el presupuesto es de tamaño variable, representa un visión más global del presupuesto e indica que el problema no consiste simplemente en dividir un presupuesto de un tamaño dado, sino también en determinar el tamaño del presupuesto en sí mismo. El costo de oportunidad va a ser los beneficios perdidos de los proyectos privados que no se realizarán debido a que los recursos son transferidos para su utilización pública.

Proyectos no divisibles: hasta ahora se ha supuesto que los gastos pueden dividirse en forme precisa entre proyectos de forma que los beneficios pueden igualarse para cada dólar marginal gastado en cada uno de ellos. Pero en la asignación específica dentro de los departamentos, es preciso realizar elecciones entre proyectos particulares que no son divisibles, constituidos por cantidades de suma fija, o que son difíciles de modificar. También se tiene que: a) el presupuesto de tamaño fijo , en este caso se hace un estudio de los proyectos considerando la relación costo-beneficio, mayor beneficio y minimizar la cantidad no gastada de presupuesto; b) el tamaño del presupuesto es variable, aquí si no existe un límite fijo para el tamaño del presupuesto, el problema consiste en ponderar la utilización pública y privada de los recursos.

Fundamentos para la Evaluación de Proyectos

Este está íntimamente ligado al del excedente del consumidor y a los cambios generados por los mismos.

Tipos de Beneficios y Costos

Al identificar los distintos tipos de beneficios y costes se pueden distinguirse las siguientes categorías principales:

• Los beneficios y los costos pueden ser reales (beneficio obtenido por los consumidores finales) o pecuniarios (se producen como resultado de los cambios en los precios relativos que se generan a medida que la economía se va ajustando a la provisión del gasto público y a los cambios en los modelos de demanda de recursos).

• Los beneficios y los costos reales pueden ser:

• Directos o indirectos.

• Tangibles o intangibles

• Finales o intermedios

• Internos o externos

Medición de beneficios y Costos

La medición sería simple si todos los valores pudieran ser observados en términos de los precios del mercado, pero esto no es así en la práctica. Los beneficios y costos frecuentemente se presentan en forma intangibles, e incluso si los precios del mercado son observables, existe la necesidad de establecer medidas de ajustes, ya que los mercados no son perfectos y se producen distorsiones que deben tomarse en consideración.

Asignación de Participaciones en la Selección de Proyectos

Frecuentemente los proyectos no generan sólo un único tipo de costo y beneficio. Normalmente se presentan diversos costos y beneficios, y es preciso asignarles diferentes ponderaciones. Además, la combinación de beneficios puede diferir en función de cómo se diseñe el proyecto y el diseño puede afectar a la forma en que beneficios similares se dividan entre los diversos sectores de la economía o entre grupos de renta. Todas las alternativas deben ser consideradas al diseñar el proyecto con el fin de maximizar los beneficios totales.

Eficiencia y Equidad una vez más.

Se ha establecido que los proyectos deben realizarse si sus beneficios para la comunidad exceden sus costos. Esto implica una agregación de los costos y beneficios considerados por los miembros individuales de la comunidad, cuestión que hay que analizar de forma más detallada.

El Descuento y Costo de Capital.

Los beneficios y los costos afluyen a lo largo del tiempo y no de forma instantánea. Para valorar estas corrientes de beneficios, los rendimientos o costos futuros pueden ser traducidos en términos de valores presentes. Es preciso descontarlos, para tener en cuenta el hecho de que los beneficios futuros son menos valiosos que los presentes. Lo mismo puede decirse de la valoración de los costos. El costo de oportunidad de los recursos detraídos del sector privado deben medirse ahora en términos del valor presente del consumo privado que no se produce, mientras que las pérdidas de consumo futuro, debido a la no realización de inversiones, deberán descontarse de manera similar a su valor presente.

Riesgo y Cambio Económico.

Son aspectos adicionales que pueden ser de la máxima importancia en el análisis costo-beneficio.

Riesgo: no es posible predecir con precisión los beneficios de los proyectos, ya que la planificación de los proyectos públicos se realiza bajo condiciones de incertidumbre.

Aspectos Dinámicos: la valoración de costos y beneficios se ve complicada por el hecho de que ambos se producen a lo largo del tiempo

Análisis de programas

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintas maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.

Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.

La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.

Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.

Impuestos

Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.

El impuesto es una prestación tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos públicos.

El impuesto es la prestación de dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas contraprestación o beneficio especial, directo e inmediato.

INCIDENCIA IMPOSITIVA

Un impuesto puede gravar una persona, ésta puede transferirlo a una segunda persona, esta segunda persona puede soportar la carga (La carga fiscal es igual a los ingresos recaudados por el sector público) o transferirla a otra, quien la asume en última instancia. Así, originalmente la persona que paga el impuesto tal vez no sea quien soporta la carga en última instancia. El proceso de la transferencia de un impuesto se conoce como traslación del impuesto, mientras que la imposición de una carga sobre el último contribuyente se llama la incidencia del impuesto. En resumen la incidencia se refiere a la forma en la cual se distribuye la carga fiscal, ¿cuáles son los grupos sociales que hay que tener en cuenta y cómo se puede medir la distribución de la carga?. Para responder a esta pregunta, hay que entender claramente que la carga fiscal en su totalidad es soportada en última instancia por los individuos. Las personas jurídicas, como las sociedades, son propiedad de individuos y los impuestos que se establecen sobre dichas empresas deben ser asignados a sus propietarios, vendedores o empleados.

EFICIENCIA ECONÓMICA

La eficiencia económica puede definirse como la asignación de los recursos productivos de manera tal que produzcan la mayor cantidad de bienes y servicios que satisfagan las necesidades más urgentes de los individuos. Siempre que se hable de eficiencia se refiere a la optimalidad de Pareto que requiere la existencia de una asignación de los recursos tal que ningún agente económico pueda estar mejor sin que simultáneamente otro agente económico esté peor. En regulación de los servicios públicos este principio significa dos cosas: 1) que, dados los costos de producir un bien, los consumidores están adquiriendo el mismo al mínimo precio posible (eficiencia asignativa); y 2) para una demanda determinada, las empresas están produciendo al mínimo costo posible (eficiencia productiva).

Esta condición de eficiencia no tiene en cuenta la equidad ni cuestiones redistributivas. Según ella, todos los individuos deben ser considerados iguales (no importa si algunos de ellos disponen de U$S 1 por día y otros de US$ 1.000). Sin embargo, sin duda alguna, en un mundo con tremendas desigualdades, debería resultar más "eficiente" mejorar la situación de un individuo que gana US$ 1 por día aunque eso implique empeorar la situación del que gana U$S 1.000 (aunque esto es considerado ineficiente en el sentido de Pareto).

IMPUESTOS ÓPTIMOS

La teoría de impuestos óptimos (con tasa variable) se inicia en Mirrlees (1971), que mediante un modelo simple, especial (sólo un bien de consumo; consumidores con preferencias idénticas, sólo diferentes en sus salarios; trabajo en esencia homogéneo), estudia por primera vez en forma rigurosa la vieja discusión sobre los efectos (recaudación, distribución, eficiencia) del impuesto al ingreso.

El objetivo central de la teoría de imposición óptima es el modelar una forma práctica, estudiable, el efecto que tales o cuales impuestos u otros instrumentos de control tienen sobre los incentivos individuales, sobre la eficiencia, para así determinar endógenamente la frontera de Pareto (todo estado Pareto-óptimo de la economía puede alcanzarse como un equilibrio competitivo descentralizado, siempre y cuando el ingreso fijo (propiedad) de los individuos pueda ser previamente redistribuido mediante impuestos fijos ("lumpsum taxes") ideales, desligados de toda decisión económica de los individuos.) alcanzable (con los instrumentos dados) y de ahí escoger el mejor estado de la economía, donde "mejor" se juzga con relación a cualquiera que sea el conjunto de valores del hacedor de política, plasmados en una función de bienestar social.

Estructura impositiva en Venezuela

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada dependencia con respecto
al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que
los ingresos petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales
totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye
con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan
a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un
2% de lo recaudado.

En un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto al petróleo,
se han utilizado distintos tipos de impuestos entre los cuales se encuentran
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el
Impuesto sobre las Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el Impuesto
a los Activos Empresariales (IAE), y el Impuesto al Débito Bancario (IDB),
esto supuso la modernización del sistema tributario venezolano, junto
con la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria. Luego de la Apertura Petrolera, los niveles de recaudación
de impuestos no petroleros han aumentado considerablemente llegando a representar
un 50% del total de ingresos recaudados y llevando los ingresos petroleros a
un nivel del 35% del total de los ingresos.

Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).

ASPECTOS MACROECONÓMICOS DE LAS CUENTAS FISCALES

Los efectos económicos de la imposición presentan múltiples vertientes. Estos incluyen efectos macroeconómicos sobre la distribución de la renta y la eficiencia en la utilización de los recursos al mismo tiempo que efectos macroeconómicos sobre el nivel de la capacidad productiva, empleo, precios y crecimiento. Todos estos efectos interactúan entre sí. Por lo tanto, los efectos distributivos (o incidencia) de determinadas medidas presupuestarias dependerán de sus efectos sobre la capacidad de producción y sobre el empleo, de igual forma que estas últimas dependerán de los cambios que se produzcan en la distribución. Sin embargo, cada tipo de efecto tiene interés por sí mismo y debe ser considerado de forma independiente en la formulación de las medidas de política económica.

La política económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones en los niveles del empleo y de los precios, así como para condiciones necesarias para el desarrollo.

Para la consecución de esos objetivos, la política económica cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos instrumentos o políticas provienen de la teoría económica cuyo objetivo es la consecución de los fines relacionados con los principios teóricos del análisis macroeconómico. Tal es el caso de las siguientes políticas:

Política fiscal

Fiscal viene de la palabra "fisco" que significa "tesoro del Estado"; es decir, el tesoro público, el que nos pertenece a todos.

La política fiscal es "la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento". Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar fluctuaciones en la economía. En otras palabras, la política fiscal de un país es un elemento determinante en la creación de riqueza, el crecimiento económico, y la relación entre el ciudadano y el gobierno. El gasto público y los impuestos demasiado altos entorpecen el progreso económico de los países, lo cual condena a sus habitantes a seguir sumidos en la pobreza.

Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago de éstos (evitar la evasión), etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos año tras año, las contrataciones y los dineros que se transfieren a los departamentos y municipios o a otras entidades, etc.

Veamos qué decisiones puede tomar el Estado en materia de política fiscal para una situación específica de la economía del país: Si se presenta una situación en la cual la economía se encuentra estancada, el consumo es bajo y las empresas no pueden producir con toda su capacidad, el Gobierno puede buscar incentivar el consumo reduciendo los impuestos que se le cobran al público; por lo tanto, las personas tendrán más ingreso disponible para comprar bienes y servicios y consumir en general; por otro lado, siendo el Estado el consumidor más grande, éste puede gastar más dinero en la economía realizando inversiones u otro tipo de gastos que incentiven la producción de las empresas.

Las políticas fiscales se pueden clasificar en dos grupos: políticas expansionistas o políticas contraccionistas. La política fiscal "expansionista" se presenta cuando se toman medidas que generen aumento en el gasto del gobierno, o reducción de los impuestos, o una combinación de ambas. Por el contrario, una política fiscal "contraccionista" se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto gubernamental reducido, o aumentar los impuestos, o una combinación de ambas.

Aún con las ventajas que puedan traer las distintas herramientas que componen una política, el Estado debe ser muy cuidadoso de no excederse en las medidas que desea tomar porque estas medidas pueden afectar las finanzas públicas y aumentar el déficit fiscal a niveles peligrosos que afectarían la estabilidad económica del país. El medio por el cual el Estado obtiene los recursos necesarios para desarrollar sus políticas (deuda interna o externa o a través de impuestos) y mantener en niveles aceptables su déficit fiscal, afecta también otras variables como las tasas de interés y la tasa de cambio, las cuales también deben ser tenidas en cuenta en el momento de definir una política fiscal.

Política tributaria

El papel de la política tributaria en el desarrollo económico se da a través de la tributación que consiste en transferir recursos de control privado para que puedan ser usados con fines públicos, y a su vez el gobierno tratará de proporcionar bienes y servicios públicos cada vez más eficiente.

La función de la política tributaria en el desarrollo económico en lo que se refiere al papel de los impuestos podemos considerar los siguientes:

• 1. La transferencia de recursos del sector privado al sector público.

• 2. La modificación de la distribución de la riqueza.

• 3. La manera en que afecta el empleo, inversión y ahorros, la balanza de pagos, inflación y el comportamiento de diversos sectores económicos tales como turismo, agricultura e industria.

• 4. En general, en la promoción del desarrollo económico de los países menos desarrollados.

El propósito esencial de la tributación consiste en transferir recursos del control privado para que puedan ser usados con fines públicos, – la construcción de carreteras, educación, el mantenimiento de la riqueza nacional, y similares – A fin de que los recursos estén disponibles para estos llamados bienes públicos, se debe reducir la demanda efectiva de otros demandantes potenciales y esto es lo que hace el sistema tributario.

Si el Gobierno tratara de proporcionar bienes y servicios, públicos y privado, excederían la capacidad de la economía para proveerlos y el resultado sería una inflación descontrolada.

Así pues, para ser totalmente precisos, el papel de los impuestos consiste en permitir al sector público continuar respondiendo al consumo (inversión) colectivo de modo no inflacionario .También es cierto que las formas y tipos particulares de impuestos utilizados para llevar a cabo esta transferencia de recursos pueden producir sus propios efectos separados .

El punto principal a establecer aquí está en que al pedir demasiado al sistema tributario de una nación le estaremos impidiendo lograr su propósito fundamental, la transferencia de recursos de uso privado a público.

Así, lo que ha constituido la agenda de reforma tributaria principal alrededor del mundo en la última década, está compuesto por dos principales elementos:

a) Desde un punto de vista estructural, el fortalecimiento del sistema de ingresos reduciendo significativamente las sobrecargas de política que han traído a muchos sistemas de ingresos a su actual estado de debilidad.

b) Desde el punto de vista administrativo, la introducción de técnicas computarizadas y procedimientos mejorados de liquidación, auditoria y recaudación de modo que la capacidad para administrar sistemas tributarios pueda ser balanceada con lo que se requiere de los mismos.

Política monetaria

Cuando se habla de temas monetarios se esta haciendo referencia a temas relacionados con el dinero, particularmente con la moneda.

La política monetaria, en particular, es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e, igualmente, evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos.

Las medidas que puede adoptar dicha autoridad afectan la oferta monetaria. La oferta monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. Ésta corresponde, en su forma más simple, al efectivo que se encuentra en poder del público y a los depósitos en cuentas corrientes de la banca, los cuales son transferibles por medio de cheques. La oferta monetaria tiene una fuerte influencia sobre aspectos como la inflación y la desaceleración de la economía.

Objetivos de la Política Monetaria

• Luchar contra la inflación: El papel de la política monetaria consiste en mantener una adecuada proporción entre la liquidez monetaria y el nivel de actividad económico con el objeto de impedir desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios.

• Contribuye al crecimiento económico: En la medida en que la política monetaria crea y mantiene condiciones monetarias y crediticias favorables a la estabilidad de los precios, motiva el desarrollo de iniciativas privadas en inversión y consumo que aceleran el ritmo de actividad económica. La compatibilidad entre este mayor ritmo de actividad con baja inflación es requisito fundamental para un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.

• Ayuda a la estabilidad del tipo de cambio: Con estas medidas, la política monetaria contribuye con el objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la producción doméstica. Para ello es necesario contar con un nivel de reservas internacionales suficientes para cubrir las necesidades de importaciones de bienes y servicios indispensables al desempeño normal de la economía, además de ofrecer las divisas suficientes a su debido costo de oportunidad para el pago de los sectores público y privado a sus acreedores externos. Contribuye a la estabilidad del sistema financiero y de pagos de la economía.

El Banco Central de Venezuela es la autoridad monetaria en el país. Éste, por mandato Constitucional, debe mantener el índice de inflación en niveles aceptables con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más recursos para adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, presentándose, entonces, una escasez de bienes y, como consecuencia, un aumento del precio de éstos, lo que hace que se de un fenómeno de inflación. Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, el público no tiene dinero para comprar bienes o demanda una cantidad menor que la que se puede ofrecer según la capacidad productiva del país, por lo que las empresas se ven en problemas para vender sus productos, se presenta una abundancia de bienes y, consecuentemente, el precio de éstos baja, produciéndose, por lo tanto, el efecto contrario a la inflación, llamado deflación. Según esto, para que exista un buen desempeño de la economía debe haber un equilibrio entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se encuentran disponibles en la economía.

Para poder controlar la oferta monetaria, el BCV utiliza herramientas como las tasas de interés (aumentándolas para incentivar el ahorro o disminuyéndolas para incentivar el consumo), los volúmenes de crédito, el encaje bancario (aumentándolo para reducir el dinero en circulación o reduciéndolo para lograr el efecto contrario), la emisión de dinero, el movimiento internacional de capitales, etc.

La política monetaria está estrechamente ligada a la política cambiaría (para garantizar el adecuado control de la cantidad de dinero en circulación) y a la política fiscal (cuando la autoridad monetaria debe otorgar créditos al sector fiscal o financiarle sus déficit presupuestarios).

Deuda

Se dice que existe una deuda cuando una persona, empresa o entidad, al que se le llama deudor, tiene el compromiso de entregarle bienes, servicios o dinero a otra, denominada acreedor, de la cual generalmente ha recibido un préstamo de algún tipo anteriormente.

Los préstamos pueden ser tramitados por personas, empresas, Estados, bancos u otras organizaciones que necesiten o quieran prestar recursos. Éstos, naturalmente, han de cumplir con algunas condiciones, como por ejemplo la determinación del tiempo durante el cual se retornará el valor del préstamo, la forma en que éste debe ser retornado (abonos mensuales, trimestrales, anuales, etc.) y el costo que asume la persona que toma el préstamo, el cual, generalmente, está determinado por una tasa de interés y que se traduce en el pago periódico de intereses.

DEUDA EXTERNA

La deuda externa es un tipo particular de deuda en la cual la persona, entidad, banco, empresa, etc. de la cual el deudor obtiene un préstamo es del exterior (o sea que no reside en el país del deudor) por lo que, la mayoría de veces, el préstamo que toma el deudor se realiza en moneda extranjera. Los gobiernos nacionales son unos de los principales entes que se endeudan a través de deuda externa. Sin embargo, en un país, los gobiernos de las ciudades, departamentos, municipios o las entidades oficiales, también pueden asumir deudas de carácter externo de forma independiente, aunque tales deudas generalmente son respaldadas económicamente por el Estado.

Es decir que la deuda externa no es más que aquella contraída con entidades o personas del exterior y que generalmente está denominada en moneda extranjera. Los pagos por capital e intereses de las deudas externas implican una salida de divisas y un aumento de la cuenta de los egresos de la balanza de pagos. Se contraen deudas externas cuando se financian importaciones, cuando los gobiernos contraen compromisos con bancos, organismos internacionales u otros gobiernos, y cuando las empresas -públicas o privadas- solicitan préstamos para realizar inversiones o para otras necesidades. En este último caso es frecuente que las empresas cuenten con un aval gubernamental que garantiza la devolución de sus préstamos ante los acreedores.

La deuda externa es un mecanismo muy efectivo por medio del cual se obtienen recursos para distintos propósitos. Por ejemplo: un país puede asumir una deuda externa para obtener recursos para llevar a cabo obras sociales (escuelas, hospitales, capacitaciones), obras de infraestructura (carreteras, puentes, acueductos, telecomunicaciones) o para otro tipo de necesidades o propósitos (déficit fiscal). Una empresa, por ejemplo, puede buscar deuda externa para introducir nueva tecnología en su fábrica o para ampliar su capacidad de producción.

Quienes prestan dinero a los países, empresas o cualquier otro deudor, pueden ser organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), bancos privados, gobiernos de otros países, inversionistas internacionales, etc.

De la misma forma como la deuda externa es una manera efectiva para obtener recursos, ésta, sí no es manejada adecuadamente, puede convertirse en un gran problema para el deudor. Prueba de ello es que si un país adquiere una gran deuda en moneda extranjera, o si la moneda local pierde valor frente a aquella con la que se hizo el préstamo (se devalúa), los intereses y las amortizaciones que tendrá que pagar por esa gran deuda tendrán un costo tan alto que puede afectar la estabilidad económica del Estado y del país en general. En estos casos, los países buscan una renegociación de la deuda o volver a negociar con el acreedor las condiciones en las cuales se pagará un crédito ya existente. También existe lo que se denomina la reestructuración de la deuda. En este caso, un Estado, o cualquier otro deudor, buscará cambiar un tipo de deuda que ya tiene por otro con nuevas condiciones que se acomoden de mejor manera a sus propósitos o expectativas futuras.

DEUDA INTERNA

Deuda interna" es una parte de la "deuda pública". La "deuda pública", en general, es la plata que el Estado costarricense debe. O sea, la suma de empréstitos o préstamos que debe (interna o externamente). El Estado pide plata prestada de distintas maneras. Algunas veces lo hace a través de instrumentos formales, con bancos o entidades internacionales o extranjeras, blandas o comerciales. Otras veces emite bonos o valores, que coloca en diversos mercados.

En la década de los años setenta, nuestro Estado se abusó con la deuda externa. En diversas administraciones se endeudó a más no poder (petrodólares, banca comercial y mil cuestiones más). A finales de dicho decenio el endeudamiento se hizo por la vía anormal del Banco Central, de modo que no se conocía la operación en la Asamblea Legislativa.

En los noventas, en cambio, la moda ha sido la "deuda interna", compuesta por infinidad de colocaciones en el mercado interno, en forma de bonos o valores que "reciben" los bancos comerciales del Estado y que "aceptan" las instituciones públicas.

Nuestro Estado, en vez de entrar en razón y determinar qué puede hacer. Se ha encaprichado en hacer de todo. Para seguir en tal loco afán, ha tenido que endeudarse hasta las futuras generaciones.

De tal modo, más de una tercera parte del presupuesto nacional se dedica al "servicio de la deuda". No obstante, prácticamente un 40% del presupuesto se financia con nueva deuda. Es como si una culebra se empezara a comer ella misma por la cola.

El asunto es que hace como cuatro años hubo una campaña nacional para combatir la dichosa deuda interna. Se habló de controlar el gasto público, de hacer ingeniería financiera (dolarizar la deuda para que bajaran un tanto los intereses) y de ordenar la casa, para luego honrar las obligaciones (impuestos y venta de activos). El hecho es que no hemos avanzado nada significativo. Lo que se ha hecho es rebalancear la deuda pública aumentando la externa (una especie de dolarización). A final de cuentas seguimos gastando desordenadamente, endeudándonos y sacrificando el presupuesto en el servicio de la deuda.

Ahora el Presidente de la República vuelve al supuesto dilema de antes: "se aumenta la carga tributaria o hay venta de activos".

Sin embargo, hay que recordar que la deuda pública (interna y externa) tiene un origen: el déficit presupuestario. La causa es un déficit fiscal (Estado = Fisco). Si nuestro Estado no entra en razón, todo se hundirá. Absolutamente todo. Las instituciones públicas, los mercados financieros, los fondos de pensiones, la infraestructura, los servicios y nuestra sociedad en general. No seremos los primeros a quienes les pasa tal tragedia. La historia está llena de ejemplos. Lástima que parece que el ser humano no escarmienta en cabeza ajena.

DEUDA Y EQUILIBRIO ECONOMICO

El equilibrio económico del país y su desarrollo dependen en gran medida de la consolidación del proceso de descentralización fiscal, de la forma como subsanan sus deudas y del sano ordenamiento de las transferencias territoriales.

Las economías modernas se basan en gran parte sobre las deudas a corto o largo plazo que contraen los particulares, las empresas y el Estado. Sólo las transacciones de menor cuantía suelen pagarse en efectivo pues para casi todas las demás se emplean diversas formas de crédito. Las deudas, por lo general, quedan legalmente registradas mediante el uso de instrumentos mercantiles específicos: pagarés, letras de cambio, bonos, etc.

Es por eso entonces, que los gobiernos buscan por lo general consolidar las deudas a corto plazo convirtiéndolas en deudas de largo plazo, más fáciles de gerenciar, pero, en todo caso, cuando la deuda interna total sobrepasa cierto nivel, se recurre muchas veces a emisiones suplementarias de moneda nacional con el objeto de atender estos compromisos. Ello causa, indudablemente, una presión de tipo inflacionario, puesto que las nuevas emisiones se producen sin un respaldo en divisas o en bienes producidos por el país. En el caso de las deudas externas, que deben pagarse en dólares o en otras divisas, resulta imposible recurrir -salvo para los Estados Unidos, por supuesto- a este conocido expediente. Por tal razón los países Latinoamericanos -y de otras partes del mundo- que acumularon en las últimas décadas crecientes saldos negativos en sus transacciones externas, se vieron obligados a realizar profundos ajustes en sus economías a partir de los últimos años de la década de los ochenta.

Planificación fiscal

Las normas tributarias convierten al Estado en partícipe de los resultados de toda actividad económica llevada a cabo por los particulares, siendo las leyes fiscales las reglas por las que se fijará la participación del Estado en dichos resultados.

Las leyes fiscales cumplen además una finalidad de política económica, tratando de orientar la actividad de los particulares hacia fines socialmente deseables. Así, se incentiva unas actividades mediante reducciones o incluso subvenciones fiscales a la vez que se desincentiva otras, incrementando su gravamen. Esto implica que la carga tributaria soportada por un individuo variará en función de las decisiones adoptadas.

Así, al llevar a cabo un inversión, es posible elegir entre activos diversos (fondos de inversión, depósitos bancarios, planes de pensiones, etc.), con tratamiento fiscal muy distinto.

Al iniciar el ejercicio de una actividad empresarial, puede hacerse bajo forma societaria o de empresa individual. La forma de empresa determinará la cuantía del gravamen del beneficio y hasta, en algunos casos, la tributación por IVA.

La planificación fiscal pretende conocer a priori las consecuencias fiscales de las decisiones individuales, para poder así actuar de la forma más adecuada. Aunque pagar impuestos sea una obligación ineludible, el sistema tributario permite ciertas opciones que conviene conocer, saber cuantificar, y comparar.

Las operaciones de planificación fiscal vienen condicionadas por el coste en que se incurre para llevarlas a buen término. El individuo sólo llevará a cabo la actividad planificadora, cuando la ganancia esperada supere los costes que genere. De entre los diversos tipos de costes, nos centraremos exclusivamente en los derivados de las normas fiscales.

Los grandes cambios que experimenta la normativa tributaria, la convierten en un bosque intrincado en el que resulta costoso adentrarse, y encontrar los caminos que el legislador ha establecido para dirigir al ciudadano hacia los objetivos socialmente deseados.

Planificación monetaria

La planificación monetaria basa sus cálculos en agregados estadísticos y promedios que dejan de lado las decisiones individuales, camuflando así el procedimiento de decisión en el mercado. Intentan establecer conexiones directas entre la inyección total de dinero, nivel general de los precios y la producción total. Aun conociéndose que ninguna de estas magnitudes ejercen influencia sobre las decisiones de los individuos.

Es imprescindible analizar el proceso por medio del cual la variación
en la oferta de dinero ingresa a la economía y en particular la forma
en que influye sobre las distintas ofertas y demandas individuales, sobre los
precios individuales y planes particulares de producción.

Basándose en la evaluación de las principales premisas y proyecciones de la gestión fiscal, del sector externo, de la actividad económica, de los precios, así como de las principales variables vinculadas con el sector monetario y financiero de la economía, es que se logra establecer una buena planificación monetaria para un país. Para la consecución de una tasa de inflación baja y estable, en un ambiente de crecimiento económico sostenido, es fundamental mejorar la coordinación macroeconómica.

Planificación tributaría

Los tributos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. La planificación tributaria consiste en el estudio de caminos jurídicos, que permitan evitar, rebajar o postergar la carga tributaria de los contribuyentes como asimismo acogerse a franquicias o beneficios existentes, dentro de la normativa legal vigente.