La prevención comunitaria del delito

Durante las dos últimas décadas, se ha podido observar en casi todos los países un incremento considerable de la criminalidad y la aparición y desarrollo de un nuevo fenómeno: el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos; asimismo, un retorno a políticas criminales centradas en la represión. Ante la incapacidad de las clásicas políticas destinadas a la reducción de la delincuencia, y teniendo en cuenta los costos cada vez mayores tanto de ésta como de los organismos oficiales previstos para su tratamiento, han surgido nuevos modelos y enfoques más prometedores en la materia. Tal es el caso de los enfoques "situacional" (que se está aplicando con éxito en los países anglosajones y escandinavos) y "sociopreventivo" (privilegiado en Europa y Canadá). Ambos implican la participación de la comunidad en los campos citados.

En América Latina, la literatura sobre las nuevas tendencias antes citadas es prácticamente inexistente, limitándose a menudo, cuando la hay, a la simple exposición de prácticas antiguas que nunca fueron evaluadas. Por ello, el principal objetivo de esta monografía es ofrecer sobre todo al lector del continente una visión panorámica, moderna e integrada sobre el clásico tema de la prevención del delito, poniendo a la disposición de las autoridades, organismos y especialistas interesados en el tema sus principales aspectos.

Este trabajo comprende tres capítulos. En el primero se presenta brevemente la problemática. El segundo está dedicado a la exposición del marco teórico-conceptual aplicable a la materia. En el tercer capítulo se propone un modelo cruzado (situacional y social) de prevención, con respecto al cual se analizan los diversos y posibles niveles de intervención y las etapas que debieran seguirse para su aplicación y evaluación. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones sobre lo tratado.

LAURA CHINCHILLA es ministra de Seguridad Pública de Costa Rica, ha efectuado asesorías sobre políticas públicas en su país y, en el marco de las actividades del Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida, ha dirigido proyectos sobre los sistemas judiciales en algunos países latinoamericanos.

JOSÉ MA. RICO es profesor titular del Departamento de Criminología de la Universidad de Montreal (Canadá) y consultor de diversos organismos internacionales, habiendo publicado numerosos libros y artículos sobre temas relacionados con el derecho penal y la administración de justicia.

Introducción

La historia demuestra que la necesidad de seguridad ha sido siempre uno de los principales resortes de la vida social organizada, y garantizarla, un aspecto esencial de la legitimación del poder ejercido en cualquier comunidad por sus gobernantes. Asimismo la historia es perenne testigo de la existencia de formas de comportamiento juzgadas inaceptables por la colectividad.

Ante la realidad del crimen, la solución utilizada más frecuentemente ha sido el recurso a la vía represiva, oficialmente representada por el sistema penal. Sin embargo, desde la aparición, a finales del siglo XVIII, de las primeras escuelas de derecho penal, se ha considerado que la prevención del delito podía constituir un objetivo importante de dicho sistema, ya por el poder de intimidación general que la amenaza de una pena debe ejercer sobre los ciudadanos, ya mediante la aplicación de métodos orientados a la rehabilitación de los infractores condenados. Asimismo se ha estimado tradicionalmente que la prevención del delito representaba una de las funciones esenciales de la policía.

Hasta hace apenas unas décadas, las críticas formuladas a estos fines ideales asignados a la intervención penal se han caracterizado por su naturaleza abstracta e ideológica. Sólo en fechas relativamente recientes se han realizado investigaciones empíricas sobre su real impacto, casi exclusivamente en los países pertenecientes a la familia jurídica del common law; los resultados obtenidos indican la escasa eficacia de tales fines como métodos capaces de enfrentar el fenómeno delictivo.

También se ha podido observar en casi todos los países durante las dos últimas décadas un incremento considerable de la criminalidad y la aparición y desarrollo de un nuevo fenómeno: el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos. Asimismo, un retorno a políticas criminales centradas en la represión, pudiendo mencionarse como indicadores de este cambio las reforma legales orientadas al incremento de la severidad de las penas y la reducción de la edad para poder ser penalmente responsable, una mayor presencia policial y un recurso cada vez más frecuente a la pena privativa de libertad.

Sin embargo, la investigación criminológica indica el escaso -e incluso nulo- impacto de este tipo de medidas en la reducción de la delincuencia[1]así como los cada vez mayores costos tanto de ésta como de los organismos oficiales previstos para su tratamiento.

Ante esta situación, han surgido nuevos modelos y enfoques en la materia. Su experimentación y evaluación parecen indicar que son más prometedores que los existentes. En el sector policial, los países más avanzados están experimentando el modelo de policía comunitaria o de proximidad, y en materia de prevención, el enfoque "situacional" se está aplicando con éxito en los países anglosajones y escandinavos, mientras que en Europa (donde se han creado Consejos nacionales para la prevención del delito) y Canadá se enfatiza en la prevención sociopreventiva. Estas tendencias implican además la participación de la comunidad en los campos citados.

Actualmente, no se suele poner en tela de juicio la importancia de la participación comunitaria en las estructuras políticas y sociales. Como expresión social, se trata de una necesidad histórica, ya que refleja tendencias seculares del ser humano a ser actor y artesano de su vida social y, por consiguiente, de las estructuras que determinan la calidad de la misma. Políticamente, es también un acto significativo en la medida en que, mediante dicha intervención, se ejerce un derecho fundamental sin el cual la democracia queda reducida a una simple formalidad.

Sobre estos temas, y en los países mencionados, la bibliografía es abundante y numerosos congresos, seminarios y otras actividades similares, generalmente basados en experiencias sometidas a evaluación, han dado lugar a importantes reflexiones y acciones procedentes de las autoridades oficiales implicadas y de la sociedad civil.

Desafortunadamente, en América Latina, nunca ha habido experiencias similares, y la literatura sobre las nuevas tendencias antes citadas es prácticamente inexistente, limitándose a menudo, cuando la hay, a la simple exposición de prácticas antiguas que nunca fueron evaluadas[2]

Por ello, el principal objetivo de esta monografía es ofrecer sobre todo al lector latinoamericano, en forma sencilla pese a la complejidad de la materia, una visión moderna e integrada sobre el clásico tema de la prevención del delito. Con ello se pretende poner a la disposición de las autoridades, organismos y especialistas interesados en el tema sus principales aspectos. La creciente preocupación de los ciudadanos ante el problema de la seguridad exige acciones concretas y eficientes, siendo el deber de los gobernantes responder a tales demandas en forma urgente, racional y consistente. Este tipo de inquietudes no debe llevar, sin embargo, al descuido de medidas más amplias destinadas a actuar sobre las causas profundas de la delincuencia.

La exposición se hace en tres capítulos. En el primero se presenta brevemente la problemática. El segundo está dedicado al marco teórico-conceptual aplicable a la materia. En el tercer capítulo se propone un modelo cruzado de prevención, con respecto al cual se analizan los diversos y posibles niveles de intervención y las etapas que debieran seguirse para su aplicación y evaluación. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones sobre lo tratado.

La problemática

La concepción y aplicación de los diversos modelos de prevención tienen su origen en los hechos delictivos y en el sentimiento de inseguridad que dichos actos generan, así como en las deficiencias del sistema penal, en principio previsto para enfrentarlos.

A. La criminalidad

Una de las características comunes de la mayoría de los países occidentales durante los últimos cincuenta años ha sido el incremento constante y considerable de la criminalidad.

Sin embargo, desde finales de los años 80, algunos países (sobre todo Estados Unidos y Canadá) están registrando bajas -a veces importantes- de los índices delictivos. En sí mismo, este fenómeno no constituye nada nuevo, ya que en tales países ha habido períodos con disminuciones de la delincuencia; lo que puede ser criticable es la atribución abusiva de tal hecho a determinados factores (por ejemplo, una mayor eficiencia de los servicios policiales o a la instauración del modelo de policía comunitaria, el incremento de las penalidades en la legislación, una mayor severidad de las decisiones judiciales)[3].

En América Latina, pese a la inexistencia y/o poca confiabilidad de estadísticas criminales y a las diferencias en la forma de recopilar y clasificar los delitos descubiertos por la policía o denunciados a este organismo o a las autoridades judiciales, algunos datos permiten establecer con respecto a los últimos años ciertas tendencias comunes en materia de criminalidad[4]Estas tendencias apuntan a lo siguiente:

• continuos incrementos en los índices de la criminalidad, particularmente significativos en la presente década, siendo de destacar un mayor crecimiento en las tasas en los delitos contra la vida y la integridad física de las personas[5]

• una mayor participación de los jóvenes en la delincuencia, sobre todo organizada ;

• una relación cada vez más estrecha entre la delincuencia, individual y organizada, y la problemática de la droga y el narcotráfico;

• la internacionalización del delito, que no conoce fronteras geográficas; tal es el caso del tráfico de armas y drogas, del contrabando de mercancías y animales, del robo de automóviles y del "coyotismo" (trasiego de inmigrantes ilegales).

Aunque las estadísticas criminales de los países latinoamericanos no ofrecen en general datos sobre las víctimas del delito, algunas encuestas de opinión pública muestran porcentajes importantes de victimización, superiores a los registrados en los países más avanzados[6]

B. El sentimiento de inseguridad

El fenómeno criminal suele constituir en la mayoría de los países uno de los principales problemas sociales. Todos los grupos y categorías de ciudadanos estiman que la delincuencia aumenta sin cesar -lo que suele corresponder a la realidad-, consideran inseguros el país, la ciudad, el barrio, la calle o el hogar donde viven y vaticinan ser asaltados o robados en los próximos meses; esta opinión está mucho más acentuada entre los residentes de los centros urbanos y las personas de sexo femenino y edad avanzada[7]Así, en Costa Rica, las encuestas citadas mencionan regularmente la delincuencia como uno de los tres principales problemas del país y señalan el empeoramiento progresivo de la seguridad ciudadana, y en El Salvador, la encuesta llevada a cabo en mayo de 1996 indicaba que el crimen era el principal problema del país (así opinaba el 64,4% de los entrevistados), mucho antes que el desempleo (el 8,3%), la pobreza (el 8,2%), la economía (el 7,9%), la inflación (el 3,5%), la corrupción (el 1,6%) y la desintegración familiar (el 1%).

La criminalidad y el sentimiento de inseguridad suponen costos considerables para cualquier país. Costos económicos en primer lugar, directamente imputables, sea a la comisión de una infracción (por ejemplo, pérdidas sufridas como consecuencia de un robo o una estafa, daños resultantes de actos de vandalismo o de incendios criminales), sea a la reacción social oficial frente a ella (intervenciones policial, judicial y penitenciaria; indemnización y asistencia a las víctimas). Una parte de estos costos debe ser asumida por todos los contribuyentes (así, las medidas de protección consistentes en la instalación de rejas o sistemas de alarma, la compra de armas o de perros, la contratación de servicios privados de seguridad[8]mientras que otra afecta a los consumidores de ciertos servicios (seguros contra robos o daños en casas o vehículos; productos cuyo precio se fija de manera a reducir o eliminar las pérdidas resultantes de determinados delitos tales como los hurtos en grandes establecimientos comerciales). Costos sociales en segundo lugar, no siempre fácilmente evaluables, relacionados con las consecuencias del delito sobre la víctima (heridas, traumatismos psicológicos, modificaciones en el estilo de vida, sentimiento de temor), el infractor (deterioro de relaciones familiares y sociales, gastos de su encarcelamiento y pérdida de su productividad) y la sociedad (empeoramiento de la calidad de vida, creciente sentimiento de inseguridad, disminución del turismo, mayores demandas de severidad y punitividad en la reacción social oficial)[9].

Con la excepción de algunos datos que se indicarán en la próxima sección, no existe en América Latina información sistematizada sobre los costos del delito.

C. Factores asociados a la delincuencia

La búsqueda de las "causas" de la delincuencia ha sido,
desde la aparición de la Escuela Positivista a finales del siglo pasado,
uno de los principales temas de la criminología tradicional; sin embargo,
ya Ferri subrayaba la necesidad de un enfoque multifactorial. Hoy día,
cuando se procede al examen de las condiciones que contribuyen a la delincuencia,
se reconoce generalmente que ésta no se puede atribuir a una única
causa, sino que resulta de la interacción de un grupo numeroso y variado
de factores (pobreza, desempleo, brutalidad y abusos sexuales, analfabetismo,
fracasos escolares, viviendas inadecuadas, familias disfuncionales y otros).
La mayoría de las observaciones resultantes de la investigación
sobre el tema se han expresado en términos de correlaciones, lo que ha
dado lugar a generalizaciones y estereotipos.

Más recientemente, se han llevado a cabo, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia, estudios basados en confesiones de delincuentes, en el examen de expedientes de detención de infractores con un importante pasado judicial y, en particular, en estudios longitudinales sobre muestras representativas de jóvenes cuyo comportamiento se ha seguido desde la infancia hasta la edad adulta. Estas investigaciones, cuyos resultados son mucho más convincentes que los obtenidos tradicionalmente para una mejor comprensión de la dinámica criminal, de los factores que la influencian y de las medidas que puedan ser adoptadas, indican entre otras cosas lo siguiente:

• la mayoría de los delitos son cometidos por una minoría de infractores de sexo masculino;

• la delincuencia se manifiesta a menudo desde una edad precoz (cada vez más baja), adoptando a menudo progresivamente formas violentas;

• conviene distinguir entre los infractores ocasionales (el grupo más importante, con respecto al cual están generalmente concebidos y aplicados los programas de prevención) y los persistentes (reincidentes);

• entre los factores asociados a la delincuencia se destacan la edad, el sexo, la pobreza, las experiencias de la infancia (en especial, las relaciones padres-hijos), la influencia de amigos y de la escuela, el ingreso familiar, las condiciones de vida, el empleo, la vivienda, las relaciones conyugales y el consumo de alcohol y drogas, siendo en cambio menos claros los efectos de la violencia en la televisión[10]

En América Latina, no existen estudios de esta naturaleza. En Centroamérica, sin embargo, pese a la diversidad de la problemática social de los países que la conforman, pueden mencionarse diversos factores relacionados con la criminalidad, algunos de los cuales son comunes a las demás regiones del continente. Se trata de:

• una prolongada situación de guerra fratricida, con importantes secuelas tales como acentuados patrones de conducta basados en la violencia o procesos de desmovilización, que han lanzado a menudo a quienes engrosaban los ejércitos y las fuerzas irregulares a las filas de la delincuencia común y organizada;

• un grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de las grandes mayorías, así como de los mecanismos tradicionales de socialización (familia, sistema educativo, etc.), lo que, lejos de neutralizar, tiende más bien a propiciar conductas delictivas;

• patrones de consumo que no guardan relación ni con la estructura productiva de los países ni con el poder adquisitivo del ciudadano ordinario;

• las características geográficas de la región, que facilitan la comunicación entre ambos océanos y entre el norte y sur del continente americano, condiciones propicias sobre todo para la intervención de la delincuencia internacional y el crimen organizado en lo que respecta al tráfico de drogas, automóviles robados e inmigrantes ilegales[11]

D. La justicia penal

A la opinión generalizada según la cual el sistema de justicia penal atraviesa desde hace mucho una grave crisis puede añadirse, en las últimas décadas, la observación de serias limitaciones con respecto a su forma de intervención en materia de seguridad ciudadana.

La investigación muestra, entre otros aspectos generales[12]los siguientes problemas, aplicables también a los países latinoamericanos:

• la ausencia de una política integral y coherente en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito;

• el desfase entre los objetivos ideales del sistema penal y las necesidades y expectativas de los ciudadanos;

• el escaso conocimiento que la población suele tener de las leyes y del funcionamiento del sistema penal;

• una intervención policial caracterizada en términos generales por un desempeño ineficiente en la lucha contra la delincuencia y por prácticas autoritarias y corruptas. Esta situación está asociada, entre otros, a factores tales como: 1) la indiferencia y desconfianza que muestra la comunidad hacia la policía (como parece indicarlo la falta de colaboración de los ciudadanos cuando se trata de denunciar un delito, testimoniar sobre lo acaecido o participar en actividades de prevención)[13]; 2) la indefinición y ambigüedad de la función policial (defensa nacional vs. defensa ciudadana, policía militar vs. policía civil, etc.); 3) la ausencia de un modelo funcional y organizativo que permita revertir las tendencias centralizadoras y extremadamente jerárquicas de la actual organización; 4) inadecuados recursos tecnológicos, en particular en las áreas de investigación; 5) la ausencia de mecanismos efectivos de control civil (internos y externos) de las acciones policiales que permitan, no sólo mejorar su eficacia, sino también proteger al ciudadano de los abusos en que pudiera incurrir la institución policial; 6) en algunos países (por ejemplo, Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela), el excesivo número de cuerpos policiales, con poca coordinación entre sí; y 7) la insuficiente preparación en las áreas de investigación e inteligencia, no sólo para facilitar el curso de los procesos judiciales, sino para prevenir y combatir con más eficiencia el crimen transnacional (terrorismo, narcotráfico, etc.);

• una intervención judicial percibida negativamente por numerosos sectores de la población a causa sobre todo de su carácter poco represivo (tanto en términos de la severidad de las penas como de la certeza de su aplicación) y de problemas de tipo sustantivo y Administrativo que afectan la celeridad de los procesos judiciales, con consecuencias directas en el sistema penitenciario;

• sistemas penitenciarios caracterizados, entre otros aspectos, por la escasa efectividad de los programas de rehabilitación de los infractores condenados, la cual puede evaluarse en función de las tasas de reincidencia (se estima que más del 60% de los delincuentes liberados cometen un nuevo delito); las deficientes condiciones de los centros penales (sobrepoblación, infraestructura, ausencia de separación entre los reclusos), que tienden a estimular y profundizar en los reos conductas y patrones delictivos; y la utilización poco racional de instrumentos tales como la libertad bajo fianza y la libertad condicional, usadas a menudo sin consideración de la peligrosidad de los detenidos;

• finalmente, la ausencia de consideración de la víctima,
  tanto en su calidad de parte esencial del proceso penal como de sujeto merecedor
  de programas de asistencia.

El marco teórico-conceptual

La prevención del delito se ha convertido en una de las prioridades de los gobiernos en materia de política criminal. En este campo se necesitan, sin embargo, nuevos planteamientos.

Con respecto a la prevención, por las siguientes deficiencias principales: 1) la imprecisión -y a menudo la inadecuación- de lo que significa este término; 2) la falta de información y de conocimientos en este sector, por una parte, y, paradójicamente, la proliferación de programas, por otra; 3) la insatisfacción general ante las medidas preventivas habituales; 4) la ausencia de continuidad en las acciones emprendidas; 5) la falta de coordinación entre los organismos que se ocupan de ella y la ausencia de responsabilidades precisas de los mismos; 6) el escaso apoyo profesional y material necesario para una acción eficaz en este sector; y 7) la relativa ausencia de participación de la comunidad en la prevención del delito.

En este capítulo se analizan los problemas relacionados con las definiciones, tipologías, enfoques y bases teóricas en materia de prevención, así como los principios y condiciones de éxito del enfoque aquí retenido.

A. Definiciones

Como otros términos del vocabulario de las sociedades contemporáneas (por ejemplo, libertad, solidaridad o justicia), la expresión "prevención de la delincuencia" posee un fuerte contenido ideológico y emotivo. La utilización de lemas tales como "más vale prevenir que reprimir" o "prevengamos el delito" suele movilizar a gobernantes, asociaciones y multitudes, pero la ausencia general de una definición previa y operativa ha ocasionado a menudo malentendidos y decepciones[14]Por esta razón, el estudio del tema debe ser precedido por su definición, que, en épocas recientes, está generalmente vinculada a las tipologías y enfoques privilegiados en esta materia.

En un sentido amplio, se considera que la prevención es el conjunto de medidas destinadas a impedir o limitar la comisión de un delito[15]

De las definiciones indicadas a título de ejemplo se desprende una primera observación: para los autores mencionados, deben excluirse del campo de la prevención las medidas de intervención penal o para-penal tales como las consistentes en el posible efecto intimidante de la acción policial (patrullas, investigación criminal) o de la sanción penal, o las que persiguen la neutralización o rehabilitación del infractor, la indemnización a la víctima o la desjudicialización[16]

Una segunda observación concierne las medidas de carácter social, la mayoría de las cuales no tienen necesariamente como objetivo principal la reducción de la delincuencia sino la mejora de las condiciones de ciertas categorías sociales -sobre todo las más desfavorecidas- mediante la instauración de programas de ayuda material y moral. Este tipo de medidas puede tener algún efecto sobre los índices y formas de delincuencia, tratándose sin embargo de un efecto inducido resultante de acciones con otra meta principal[17]

Esta observación plantea además el clásico problema de las "causas" de la delincuencia. Con respecto a él, ciertos especialistas consideran que el término "causa" debe interpretarse en el sentido amplio de todo lo que puede influir en la probabilidad de comisión de un delito. Algunas causas están relacionadas con las características y modo de vida de ciertos individuos (costumbre de faltar a la escuela, frecuentación de camaradas delincuentes, impulsividad, permisividad de los padres), mientras que otras provienen de determinadas circunstancias que los llevan a esperar procurarse beneficios ilícitos, fáciles y rápidos, sin correr para ello ningún riesgo de sanción. En este sentido, deben distinguirse entre las causas próximas y lejanas de la delincuencia. Las causas próximas son aquellos factores directamente relacionados con un hecho delictivo y cercano, tanto en el tiempo como en el espacio; la primera de ellas es el delincuente potencial, o sea, el individuo motivado para perpetrar una infracción y desprovisto de controles personales y sociales; la segunda, la situación precriminal o conjunto de circunstancias que favorecen la comisión de un delito con provecho y sin excesivo riesgo. Las causas lejanas son los factores que sólo ejercen una influencia indirecta y a largo plazo en la aparición de un delito (familia, empleo, vivienda, salud, etc.)[18].

Una tercera observación se refiere a las definiciones de carácter funcional. En estos casos, como se verá más adelante, se trata más bien de una clasificación de las medidas preventivas de acuerdo con la manifestación esperada de sus resultados en términos temporales (corto, mediano o largo plazo)[19].

Como puede verse, pese a la existencia de algunos elementos comunes en las definiciones expuestas -la prevención supone anticipar o evitar la comisión de un delito-, no hay acuerdo cuando se trata de precisar lo que se pretende evitar o anticipar y de determinar las estrategias y modalidades de acción necesarias para la realización de este objetivo. En general, se considera el delito como algo negativo, atribuible a determinadas causas o circunstancias asimismo negativa (desorganización familiar, pobreza, etc.). Existen, sin embargo, conductas ilícitas que no parecen deberse a factores de esta naturaleza y con respecto a las cuales la voluntad política para reprimirlas o prevenirlas deja mucho que desear; tal es el caso de los hurtos en grandes almacenes, las estafas cometidas mediante la utilización de tarjetas de crédito y, en general, los llamados delitos de cuello blanco[20]

B. Tipologías y enfoques

Ya se ha indicado que en materia de prevención del delito existen diversas concepciones y tipologías, señalándose seguidamente las más conocidas. De acuerdo con la interpretación más clásica y globalizadora, el Estado puede intervenir en tres formas: por la vía legislativa (mediante la amenaza de la sanción penal o la promulgación de leyes especiales destinadas a impedir que surjan determinadas situaciones), por la vía judicial (gracias a la aplicación efectiva de los textos legales -prevención general- o a la individualización de la pena para evitar la reincidencia-prevención especial) y por la vía administrativa (recurriendo a la acción policial -patrullas, registros, controles, etc.- o social)[21].

Según otra interpretación, conviene distinguir entre prevención primaria (el conjunto de medidas -en materia de salud, educación, empleo, vivienda, etc.- tendentes a modificar las condiciones criminógenas del entorno social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos), secundaria (las acciones destinadas a grupos o poblaciones que presentan un riesgo particular de delincuencia, tales como los estudiantes o los adolescentes residentes en barrios desfavorecidos) y terciaria (dirigida a la prevención de la reincidencia, a través de acciones individualizadas de readaptación social o de neutralización)[22].

Algunos autores han resumido los diversos sistemas de clasificación de las medidas de prevención en función de los niveles de la intervención (primaria, secundaria y terciaria), del papel (activo o pasivo) desempeñado por los ciudadanos, del origen de la acción emprendida (estatal, corporativo o comunitario), del nivel de aplicación (individual o colectivo), de las causas de la criminalidad (medidas de carácter social o situacional), de su naturaleza (medidas mecánicas o sociales), de los factores del delito (medidas cuyo objeto es disminuir el deseo, capacidad u ocasión de los delincuentes) y de sus destinatarios (medidas generales y específicas); además, en la provincia canadiense de Quebec se distinguen las medidas que apuntan a una víctima o blanco potencial (disminuyendo su vulnerabilidad o su atractivo, lo que hace la infracción más difícil y menos ventajosa), a un infractor potencial y a infractores y víctimas actuales. En el Cuadro 1 se exponen estas tipologías, ilustradas con algunos ejemplos[23]

Cuadro 1

Clasificación de las medidas de prevención de la delincuencia

Fuente: Martine FOURCAUDOT y Lionel PREVOST, Prévention de la criminalité et relations communitaires, Montreal, MODULO, 1991, p. 5.

Otra presentación, que agrupa diversos enfoques cruzados en la materia con vistas a obtener una definición funcional de la prevención, distingue entre las tres estrategias siguientes más frecuentemente utilizadas, de acuerdo con las cuales la prevención puede conseguirse mediante el desarrollo socioeconómico (este enfoque equivale a la prevención primaria, ya citada), la reducción de ocasiones propicias para la comisión de un delito (enfoque situacional, que se examinará más adelante con mayor detalle) y la responsabilización (individual o colectiva); la disuasión y represión (Cuadro 2)[24].

Más recientemente, sin duda con un afán de simplificación, se distingue entre prevención social (acciones que apuntan a la eliminación o neutralización de los factores de la delincuencia) y situacional (la cual agrupa todas aquellas medidas que puedan dominar el entorno inmediato del delito mediante la disminución de las situaciones precriminales que favorecen la comisión del delito o el incremento de las posibilidades de captura de los infractores)[25]. Como esta clasificación será la base del enfoque aquí privilegiado, conviene analizarla con mayor profundidad.

La prevención social de la delincuencia, asimismo llamada "prevención de la delincuencia mediante el desarrollo social", implica fundamentalmente intervenciones y programas, generalmente a largo plazo, orientados a mejorar el conjunto de las condiciones sociales y económicas que a menudo originan conductas criminales y/o favorecen su desarrollo. Este tipo de prevención se extiende, como ya se ha visto, a una amplia gama de factores relacionados con el delito, mediante acciones realizadas en el marco de diversas políticas de desarrollo social (por ejemplo, en materia de educación, salud, vivienda, seguridad de ingreso y servicios sociales). Los países de Europa continental y Canadá suelen aplicar este modelo.

Cuadro 2

Ilustración de un modelo con posibles estrategias

de disminución de la delincuencia

Fuente: Partners in Crime Prevention: for a Safer Quebec, Report of the Task Force on Crime Prevention, 1993, p. 115.

El enfoque situacional, privilegiado en los países anglosajones y escandinavos así como en Holanda[26]y más específico que el modelo anterior, ya que se dirige sobre todo a las víctimas potenciales de un delito, persigue la modificación del entorno y de ciertas situaciones, con la finalidad de dificultar las conductas criminales, disminuir la victimización y el sentimiento de inseguridad y aumentar las posibilidades de captura de los infractores. Como ejemplo de medidas de esta naturaleza pueden citarse la instalación de cerraduras y sistemas de alarma en residencias y comercios, una mejor iluminación de las calles y la vigilancia del barrio. Frecuentemente, la policía desempeña un papel preponderante en la elaboración y aplicación de este tipo de programas.

Los dos modelos o enfoques que acaban de exponerse en forma somera deben ser considerados como tipos ideales, y su aplicación práctica plantea cierto número de problemas. En este sentido, la prevención situacional presenta el riesgo de movilizar sobre todo a las comunidades y barrios menos expuestos a la delincuencia, contribuyendo de la suerte a una separación más rígida entre zonas seguras y zonas con problemas; en cuanto a la prevención social, corre el riesgo de convertirse en una fórmula banal de la que se espera el financiamiento de actividades de animación sociocultural posiblemente desprovistas de cualquier impacto observable sobre la delincuencia. En suma, podría afirmarse que toda política de prevención oscila entre un exceso de especialización y demasiada generalidad[27]

Por esta razón, algunos especialistas preconizan la combinación de ambos modelos[28]De acuerdo con un esquema cruzado o híbrido (Cuadro 3), que presenta la ventaja de ser abierto y completo, se obtendrían dos tipos básicos: la prevención situacional, aplicable a las circunstancias que pueden favorecer la comisión de un delito, y la prevención social[29]centrada en aquellos factores capaces de desarrollar o incrementar el potencial criminal de ciertos individuos con riesgos. Este último tipo puede a su vez dividirse en dos subcategorías: la prevención del potencial delictivo actual (por ejemplo, las medidas contra el absentismo escolar de adolescentes con riesgo) y la prevención del desarrollo de dicho potencial (es decir, aquellos factores socioeconómicos que contribuyen a propiciar tendencias delictivas).

Cuadro 3

Tipos de prevención

Fuente: CUSSON y otros, op. cit., p. 10.

La investigación ha mostrado la relativa ineficacia y el alto costo de los modelos basados en la represión (a través del supuesto poder disuasivo de las sanciones penales o de la intervención policial) y en la rehabilitación del delincuente, así como del modelo social aplicado en forma exclusiva. En cambio, los modelos mecánico y comunitario, debido a su sencillez, flexibilidad y bajo costo, parecen ser más prometedores, aunque no se haya podido llevar a cabo una evaluación seria de varios programas de esta naturaleza, que han utilizado conjuntamente diversas medidas preventivas (identificación de objetos, vigilancia de barrio, inspección de viviendas, difusión de folletos informativos, etc.)[30].