Proyectos públicos y ambientales, evaluación

Un proyecto público se puede definir como una actividad que requiere una inversión de capital a largo plazo y que se realiza con la finalidad de proporcionar un cierto bienestar social. Este tipo de proyectos se caracteriza por tener dos partes interesadas en la inversión y sus resultados.

El Estado, al cual como representante de los contribuyentes, corresponde la obligación de invertir en la mejor forma los fondos monetarios para ello disponible.

Los usuarios, que es el sector de la colectividad que percibe beneficios tanto directos como indirectos, reportados por la inversión.

Son ejemplos característicos de este tipo de inversiones: los hospitales, las autopistas, los parques, las escuelas, los servicios de salubridad, los sistemas de correo y de teléfono, etc.

Según su definición, los proyectos públicos presentan características diferentes de los proyectos privados, entre las que se pueden anotar:

• El objetivo: en los proyectos privados se desea maximizar el beneficio para el inversionista; en los proyectos públicos se desea maximizar el bienestar social.

• El inversionista: en los proyectos privados es el mismo que percibe los beneficios de la inversión; en los públicos, el Estado es el que invierte y los usuarios los que perciben los beneficios.

• El costo de capital: para los proyectos privados, por tener fines de lucro, se utilizan tasas de interés más altas que en el caso de los proyectos públicos que persiguen otro.

Y es debido a estas características mencionadas, que en la evaluación y selección de proyectos públicos se utilizan modelos diferentes de los que hasta ahora se han manejado.

Los proyectos públicos y la Ingeniería Económica

La justificación fundamental para realizar un análisis de Ingeniería Económica entre proyectos públicos radica en la limitación de los fondos disponibles, por parte del Estado, en relación con la demanda de servicio que proporcionen bienestar social, siendo, por lo tanto, necesario la asignación de estos fondos en aquellos proyectos que maximicen dicho bienestar.

Ahora bien, siempre y cuando en los proyectos públicos se puedan expresar en términos monetarios las consecuencias favorables y desfavorables, tanto para los usuarios como para el Estado, será posible evaluarlos económicamente y llevar a cabo un proceso de toma de decisión.

Concretamente, el modelo o base de comparación que se utiliza es la razón beneficio/costo (RB-C), la cual hace énfasis sobre los beneficios percibidos por los usuarios en lugar de la obtención de ganancias por parte del inversionista.

LA RAZON BENEFICIO/COSTO

La razón beneficio/costo es el modelo de evaluación que se usa para medir el atractivo económico de un proyecto de utilidad pública y, por definición, expresa la relación entre el beneficio percibido por los usuarios y el costo en que incurre el Estado al realizar el proyecto, es decir:

Donde: el beneficio para los usuarios está representado por la diferencia entre las ventajas y las desventajas que ellos obtienen del proyecto, y el costo para el Estado se calcula por diferencia entre sus costos e ingresos asociados.

Luego, la expresión anterior se puede escribir así:

Tanto el numerador como el denominador se deben calcular en términos de su valor equivalente, ya sea, a través del valor actual (Bs) o del equivalente anual (Bs/año). Desde el punto de vista económico, un proyecto público se justifica si:

ya que al ser iguales los beneficios y los costos equivalentes, se garantiza la recuperación total por parte de los usuarios, en forma de beneficio, del gasto en que incurre el Estado y es, por tanto, la igualdad en esa expresión, la que establece la justificación mínima para realizar la inversión.

La limitación, en la utilización de este modelo, radica en las posibilidades que existan de cuantificar las consecuencias de los proyectos tantos para los usuarios como para el Estado. La estimación de los flujos monetarios para el Estado no presenta mayores inconvenientes, pero lo mismo no se puede decir respecto de la cuantificación de aquellos flujos monetarios inherentes a los usuarios, ya que muchos beneficios tales como: recreación, salud, cultura, etc. , no se pueden medir fácilmente en bolívares.

La tasa de interés para los proyectos públicos

Tomando en consideración que la razón beneficio-costo relaciona flujos monetarios equivalentes, ya sea en términos de valor actual o de equivalente anual, es claro que para su determinación se requiere del uso de una tasa de interés. Esta tasa de interés está representada, usualmente, por el costo de capital para el Estado.

Una parte del dinero que se utiliza para financiar los proyectos públicos puede provenir de préstamos, en este caso, la tasa de interés que paga el gobierno constituye el costo de capital para dichos proyectos.

Desde el punto de vista de los aportes propios del Estado para financiar los proyectos, algunos fondos provienen de los impuestos pagados por los usuarios y otros de las riquezas propias de la nación, por lo tanto, existe una obligación moral de invertirlos eficientemente para satisfacer las necesidades de la población y, en este caso, también existe un costo asociado con el uso del capital.

La tasa de interés para los proyectos públicos e, por lo general, menor que para el caso de inversiones privadas, y esto es debido a la diferencia existente entre los objetivos que se persiguen.

En aquellas situaciones donde la actividad que realiza el Estado es similar o puede competir con las privadas, por tener fines de lucro, la tasa de interés empleada debe ser comparable con la que se utiliza en los proyectos de inversión privados.

Caso. Evaluación de proyectos públicos en Chile

GOBIERNO DA A CONOCER RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE 18 PROGRAMAS PÚBLICOS.

Jueves 02 de agosto de 2001

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia y MIDEPLAN, dieron a conocer el resultado de las evaluaciones de 18 programas públicos correspondientes al ejercicio 2000-2001. Tales evaluaciones se efectuaron de acuerdo a lo concordado entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación de la Ley de Presupuestos del año 2001 y fueron enviadas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados para su conocimiento por los parlamentarios. El conjunto de programas evaluados cuentan con un presupuesto de 350 millones de dólares en el año 2001.

Cada una de las 18 evaluaciones entregadas contiene conclusiones sobre la consistencia interna y la administración del programa, así como sobre su capacidad para lograr los objetivos deseados. Asimismo, se incluyen recomendaciones sobre ajustes a efectuar en los programas.

Del total de programas evaluados, para cinco de ellos se recomendaron ajustes menores en su administración interna, siete requieren modificaciones en alguno de sus componentes y tres requieren reformulaciones más globales. Los tres programas restantes terminan su ejecución programada en el 2002, por lo que los resultados de la evaluación servirán para determinar nuevas etapas o acciones futuras.

Metodología de las evaluaciones.

A partir del año 1997 la Dirección de Presupuestos incorporó la evaluación ex – post de programas públicos, a través del Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales (PEPG), con el objeto de disponer de información que apoye la gestión y la asignación de recursos. Desde entonces se han evaluado 120 programas en todo el sector público.

Cada una de las evaluaciones es realizada por un panel de expertos independientes seleccionados a través de un concurso público. Estos paneles cuentan con acceso a la información sobre el funcionamiento y resultados de los programas, pudiendo encargar investigaciones específicas para apoyar su trabajo. A lo largo de la evaluación, que se extiende por un período de cinco meses, los paneles cuentan con una contraparte técnica establecida por los organismos ejecutores de los programas.

Las evaluaciones se realizan sobre la base de la metodología de marco lógico, aplicada por organismos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial y el BID. Dicha metodología se centra en identificar los objetivos de los programas y luego determinar la consistencia de su diseño y resultados con esos objetivos. La metodología utilizada permite que sobre la base de los antecedentes e información existente, se concluya en un plazo razonable en juicios evaluativos de los principales aspectos del desempeño de los programas.

El PEPG cuenta con un Comité Interministerial, conformado por un representante de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, Planificación y Cooperación, y Hacienda, siendo este último, a través de la Dirección de Presupuestos, el responsable de su ejecución.

Adicionalmente, las evaluaciones cuentan con la participación de las instituciones públicas responsables de los programas que se evalúan a través de los profesionales que se desempeñan en ellos y coordinadores al nivel del Servicio y Ministerio.

Las evaluaciones en contexto

El PEPG forma parte de un sistema de evaluación gubernamental que en la actualidad cuenta además con otros tres instrumentos o componentes. El Sistema Nacional de Inversiones, administrado por MIDEPLAN, efectúa una evaluación técnica económica ex ante de los proyectos de inversión, otorgando una aprobación determinada por la rentabilidad social de los mismos.

Por su parte, los programas nuevos que se incorporan al presupuesto o aquellos para los cuales se proponen expansiones o reformulaciones con cargo a los recursos del Fondo Común Concursable requieren, desde la preparación del presupuesto para el 2001, de una formulación en el formato de marco lógico. Dicha presentación es revisada técnicamente por MIDEPLAN, previo a su consideración por el Ministerio de Hacienda en la preparación del proyecto de Presupuesto. Esta presentación no sólo genera información útil para la toma de decisiones sobre asignación de recursos, sino que servirá de punto de referencia para la posterior evaluación de los programas.

Los indicadores de desempeño y sus metas son una herramienta que tiene por objeto comprometer y entregar información respecto del logro o resultado en la entrega de los bienes y servicios generado por las Instituciones. Siendo una línea en desarrollo en la Dirección de Presupuestos, indicadores y metas se presentan al Congreso conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuestos. La suma de estos cuatro instrumentos constituye el sistema más completo de evaluación gubernamental en operación en América Latina en la actualidad.

Evaluación de programas y presupuesto

En los últimos dos años se ha logrado disponer de los resultados de las evaluaciones en forma más oportuna, lo que ha permitido alimentar el proceso de formulación del presupuesto. En efecto, en el año 2000 la información de resultados de las evaluaciones efectuadas ese año formó parte de la información utilizada en las etapas de definiciones de marcos presupuestarios, preparación y elaboración del presupuesto. Lo mismo está ocurriendo con las evaluaciones efectuadas en el año 2001 y la preparación del próximo Proyecto de Ley de Presupuestos. Asimismo, la entrega de los informes de evaluación al Congreso Nacional, permite que los parlamentarios cuenten con información útil para la discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos, cuando éste es presentado por el Ejecutivo para su aprobación.

El principal objetivo de las evaluaciones es mejorar la pertinencia, calidad y eficiencia de los programas públicos en un trabajo colaborativo entre el nivel central de gobierno y los ministerios y servicios responsables de los mismos. Con este propósito, desde el año 2000 se ha formalizado la definición de compromisos entre la institución responsable del programa y la Dirección de Presupuestos para incorporar los cambios necesarios en el programa evaluado sobre la base de las recomendaciones efectuadas. Las actividades correspondientes a las evaluaciones del año 2001 se iniciarán próximamente.

Adicionalmente se esta trabajando en el perfeccionamiento de los indicadores de los programas evaluados, con el objeto de analizar la evolución de su desempeño a través de un seguimiento más permanente e incorporación de dichos indicadores en la preparación y discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos.

Análisis de impacto ambiental

Un análisis de impacto ambiental (AIA) es básicamente la identificación y estudio de todas las repercusiones ambientales significativas que se generan a partir de una actividad. En su mayor parte, éstas se concentran en los impactos que se espera surjan a partir de una decisión propuesta, aunque, en retrospectiva, las AIA son también de gran valor, especialmente cuando se realizan para asegurarse de que los pronósticos anteriores hayan sido precisos. Las AIA se pueden llevar a cabo para cualquier acción social, pública o privada, industrial o doméstica, local o nacional. Constituyen ampliamente el trabajo de los científicos naturales, quienes se concentran en el rastreo y descripción de los impactos físicos de proyectos o programas, siguiendo en particular los complejos vínculos que diseminan estos impactos a través del ecosistema, Los científicos no apuntan directamente al aspecto de establecer valores sociales a esos impactos.

Muchos países poseen leyes que requieren estudios de impacto ambiental cuando importantes programas y proyectos públicos, así como proyectos privados en algunos casos, se encuentran en consideración. En EEUU se considera un caso de este tipo en la National Environmental Policy Act of 1970 (NEPA). Esta ley exige que las entidades del gobierno federal conduzcan evaluaciones del impacto ambiental de la legislación propuesta y "otras importantes acciones federales que afecten en forma significativa la calidad del entorno humano". Con el paso de los años esta ley se ha ampliado para incluir cualquier acción financiada parcialmente o regulada por el gobierno federal, aunque la ejecuten partes privadas. El resultado de la evaluación es un informe de impacto ambiental (IIA). Los IIA proporcionarán información sobre los siguientes temas:

"una descripción del impacto ambiental de la acción propuesta",

"cualquier efecto ambiental adverso que no se pueda evitar si se implementase la propuesta",

"alternativas a la acción propuesta",

"la relación entre usos de corto plazo del ambiente del hombre y el mantenimiento y mejoramiento de la productividad a largo plazo", y

"cualquier compromiso irreversible e irrecuperable de los recursos posiblemente involucrados en la acción propuesta si se implementara la propuesta"2.

La NEPA también creó el Council on Environmental Quality (Consejo de Calidad Ambiental), una entidad ejecutiva cuyo trabajo consiste en manejar el proceso IIA y publicar un informe anual sobre el estado del ambiente.

Aunque los IIA básicamente son el trabajo de los científicos naturales, la economía también tiene una función específica que desempeñar. No son exclusivamente los vínculos ecológicos los únicos a través de los cuales se diseminan los impactos ambientales; éstos también se difunden a través de vínculos económicos. Por ejemplo, supóngase que en un lugar se propone construir una represa que inundará cierto valle, aunque suministrando nuevas posibilidades recreativas acuáticas. La inundación provocará una parte considerable del impacto ambiental, será responsable de las pérdidas de animales y plantas, de la recreación en un área silvestre, de lo relacionado con los terrenos para cultivar, etc. Sin embargo, muchos impactos también pueden surgir de los cambios en los patrones de comportamiento de las personas afectadas por el proyecto. Los recreadores que viajan interna y externamente pueden afectar la región con la contaminación del aire y la congestión del tráfico automotor. El nuevo desarrollo urbanístico o comercial estimulado por las oportunidades de recreación puede tener efectos ambientales negativos. Por tanto, para estudiar el rango completo de los impactos ambientales de construir la represa, es necesario incluir no sólo los efectos físicos de la construcción y su embalse, sino también la forma como las personas reaccionarán y se adaptarán a este nuevo medio.

Análisis del impacto económico

Cuando el interés se concentra en cómo una acción determinada (una nueva ley, una nueva invención tecnológica, una nueva fuente de importaciones) afectará un sistema económico, en su totalidad o en términos de sus diversas partes, se puede hablar de análisis del impacto económico. En la mayoría de los países, especialmente en aquellos que están en vías de desarrollo, usualmente existe un amplio interés en el impacto de las regulaciones ambientales en las tasas de crecimiento económico. Algunas veces la concentración estará en el seguimiento a las ramificaciones de un programa público para determinadas variables económicas que se consideran particularmente importantes. Podría haber especial interés, por ejemplo, en el impacto de una regulación ambiental en las tasas de empleo, en el impacto de las restricciones sobre las importaciones en la tasa de cambio tecnológico en una industria, en los efectos de una ley ambiental en el crecimiento de la industria para el control de la contaminación, en la respuesta de la industria de alimentos a las nuevas regulaciones de empaque, y así sucesivamente.

Un buen ejemplo de un análisis de impactos es un reciente estudio realizado por dos economistas ambientales holandeses. En los Países Bajos existe un problema importante con la acidificación de los suelos, que resulta en parte debido a las emisiones industriales de dióxido de sulfuro (S02) y óxidos de nitrógeno (NOX), y también parcialmente por las prácticas agrícolas de alimentación de animales y disposición del estiércol. Se han realizado varias propuestas con el fin de reducir las emisiones agrícolas de amoníaco (NH3). El objetivo de los investigadores era la de rastrear los impactos de estas regulaciones propuestas en el sector agrícola. Ellos concluyeron que el programa de control llevaría a una disminución en los ingresos netos de la agricultura en un 35% durante el periodo 1985-2010, a una reducción en la cantidad de vacas lecheras, a aumentos en el rendimiento por res, a reducción en la cantidad de otros animales y a una disminución considerable en las cantidades de amoníaco provenientes del sector agrícola.

Los análisis del impacto económico pueden ser dirigidos a cualquier nivel. Los grupos ambientales locales podrían interesarse en el impacto de una ley de humedales en la tasa de crecimiento poblacional y en la base de impuestos en su comunidad. Los grupos regionales podrían interesarse en los impactos de una regulación nacional de acuerdo con sus situaciones económicas particulares. A escala mundial, una pregunta importante consiste en saber cómo los esfuerzos para controlar las emisiones de CO2 podrían tener efectos en las tasas relativas de crecimiento de los países ricos y pobres. Cualquiera que sea el nivel, el análisis del impacto económico requiere un entendimiento básico de cómo funcionan las economías, y cómo se integran sus diversas partes.

Análisis de costo-beneficio

El análisis de costo/beneficio representa para el sector público lo que un estado de pérdidas y ganancias constituye para una compañía de negocios. Si una compañía automotriz se propone introducir un nuevo modelo, desearía tener una idea sobre cómo afectaría sus ganancias. Por una parte, calcularía los costos de producción y distribución: mano de obra, materias primas, energía, equipo para el control de emisiones, transporte, etc. Por otra parte, calcularía los ingresos mediante el análisis de mercado. Luego compararía los ingresos esperados con los costos anticipados, El análisis costo-beneficio es un ejercido análogo para programas en el sector público. Esto significa que existen dos diferencias críticas entre el análisis costo-beneficio y el ejemplo sobre el automóvil: este análisis es una herramienta para ayudar a tomar decisiones públicas, realizadas desde el punto de vista de la sociedad en general y no desde el criterio de una sola empresa con ánimo de lucro; con frecuencia este análisis se aplica a políticas y programas que tienen tipos de productos fuera del mercado como, por ejemplo, los mejoramientos en la calidad ambiental.

El análisis costo-beneficio ha conducido a dos vidas entrelazadas. La primera se encuentra entre sus practicantes, economistas de dentro y fuera de las entidades públicas que han desarrollado las técnicas, han tratado de producir mejores datos y han extendido el campo de acción del análisis. La segunda está entre los políticos y administradores, quienes han establecido las reglas y procedimientos que rigen d uso del análisis costo-beneficio para la toma de decisiones públicas. En EEUU, el análisis costo-beneficio se utilizó por primera vez en conjunto con el United States Flood Control Act de 1936. En esa ley se especificó que sería justificable la participación federal en proyectos para controlar el desbordamiento de los ríos importantes del país "…si los beneficios acumulados para cualquiera exceden los costos calculados…". Con el fin de determinar si se cumplió este criterio mediante cualquier propuesta de realización de una represa para el control de desbordamientos o un gran proyecto para construir un dique, fue necesario desarrollar procedimientos para medir estos beneficios y costos.

Estos procedimientos se han modificado en varias ocasiones a medida que ha evolucionado y se ha desarrollado el análisis costo-beneficio. El estatus y el papel del análisis costo/beneficio en los recursos naturales públicos y en la toma de decisiones ambientales ha sido tema de continuas discusiones como también de conflictos políticos y administrativos. Las entidades públicas han sido censuradas con frecuencia por parte de agentes externos por tratar de utilizar el análisis costo-beneficio para justificar mayores presupuestos. Algunos observadores han adoptado la posición de que el análisis costo/beneficio realmente constituye un intento de frustrar el proceso de discusión y de toma de decisiones políticas que tendría lugar alrededor de potenciales programas y proyectos públicos. Y en la década de 1980, la administración conservadora de Washington buscó utilizar el análisis costo-beneficio como un obstáculo más para la aprobación de programas, a fin de reducir el alcance de los programas públicos.

No obstante, a pesar de su historial de altibajos, el análisis costo-beneficio es actualmente la principal herramienta para la evaluación económica de programas públicos en la administración de recursos naturales, tales como proyectos para el control de inundaciones, irrigación, fuerza hidroeléctrica, mejoramientos de puertos y proyectos alternativos de suministro de energía. El análisis costo-beneficio forma parte integral del proceso de análisis del impacto ambiental diseñado para evaluar los impactos de los desarrollos públicos y privados en los recursos ambientales. Su uso en la evaluación de programas de control a la contaminación ambiental está menos difundido. La Environmental Protection Agency (EPA) de EEUU no realiza en forma rutinaria análisis costo-beneficio para todos sus programas reguladores. Esto se debe en parte a que las leyes no lo requieren, y probablemente a que la medición de beneficios es bastante difícil. Sin embargo, algunos programas se han evaluado desde una perspectiva costo-beneficio; por ejemplo, el plan para sustituir por etapas la gasolina con plomo, la eliminación de sedimentos en las plantas de tratamiento de alcantarillado, y el establecimiento de regulaciones de terrenos municipales para la eliminación de desperdicios sólidos. Además, la EPA, al igual que otras entidades federales, ha buscado desarrollar mejores métodos para calcular los beneficios y los costos de los programas ambientales.

Preguntas

1.- ¿Cuál es el propósito de la evaluación económica de un proyecto ambiental?

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar que un proyecto sea ambientalmente aceptable y viable, con medidas ambientales cuyos costos no sean mayores que los beneficios esperados, considerando para ello alternativas costo efectivo. En el proceso de evaluación, se identifican los potenciales impactos ambientales significativos con el fin de evitarlos, mitigarlos o compensarlos, y se aprovechan las oportunidades para mantener o mejorar las condiciones ambientales del medio impactado por el proyecto.

2.- ¿Qué se requiere para aplicar la relación beneficio/costo en la evaluación de proyectos públicos?

Para aplicar esta regla es necesario identificar y medir de alguna manera los costos y los beneficios. Los valores monetarios constituyen un útil común denominador para este fin, incluso cuando la actividad no tiene relación alguna con el dinero. Se Define B(x) como la cantidad monetaria máxima que se estaría dispuesto a pagar por hacer x. A menudo se trata de una magnitud hipotética, incluso aunque en realidad el dinero no cambie de manos. C(x), por otra parte, es el valor de todos los recursos a los que se deben renunciar para hacer x. En este caso tampoco tiene que involucrar una transferencia explícita de dinero.

3.- En algunas ocasiones las personas cometen errores al evaluar proyectos de inversión pública o privada, ¿Cuáles son estos errores?

Con la evaluación social y la privada de proyectos se procura identificar los costos y beneficios que son realmente importantes. Los principios que se utilizan son sencillos y de sentido común, pero muchas veces las personas los desconocen. Entre los errores habituales que se cometen se pueden mencionar:

• No tener en cuenta los costos de oportunidad.

• Tener en cuenta los costos irrecuperables.

• No medir correctamente los beneficios y costos exclusivamente atribuibles
  al proyecto.

4.- ¿Tiene limitaciones la utilización de la relación costo/beneficio en la evaluación de proyectos públicos y sociales?

La limitación, en la utilización de este modelo, radica en las posibilidades que existan de cuantificar las consecuencias de los proyectos tantos para los usuarios como para el Estado. La estimación de los flujos monetarios para el Estado no presenta mayores inconvenientes, pero lo mismo no se puede decir respecto de la cuantificación de aquellos flujos monetarios inherentes a los usuarios, ya que muchos beneficios tales como: recreación, salud, cultura, etc., no se pueden medir fácilmente en bolívares.

Problemas

Ejemplo 1

El Fondo de Desarrollo Agropecuario del Estado Portuguesa está considerando la canalización de un ramal de un río, utilizado actualmente para riego. El costo inicial sería de 200 millones de bolívares y los costos de mantenimiento se estiman en 1,25 millones de bolívares por año.

Hasta ahora, la falta de canalización ha ocasionado, por inundaciones, pérdidas en las cosechas que se estiman en 25 millones de bolívares por año y gastos en programas de Defensa Civil implantados en las poblaciones cercanas que ascienden a una suma aproximada a los 3,5 millones de bolívares por año.

Al canalizar el río, además de evitar las pérdidas por inundaciones se podrían utilizar tierras adicionales para la agricultura, lo cual representaría un aumento en las ventas para los agricultores de la zona que se estiman en 12 millones de bolívares por año.

Si el costo de capital para el Estado se estima en 15% y la vida del proyecto es de 25 años, se desea conocer si se justifica la inversión.

Las expresiones correspondientes tanto al numerador como al denominador de la razón, se desea conocer si se justifica la inversión.

Las expresiones correspondientes tanto al numerador como al denominador de la razón beneficio-costo se calcularán a través del equivalente anual al 15%

Costo para el estado

En la determinación del costo para el Estado se consideran el capital invertido inicialmente, los gastos de mantenimiento y el ahorro en gastos de defensa civil. El equivalente anual de la inversión y mantenimiento, es:

Eacosto (15%) = 200.000.000 (R/P, 15%, 25) + 1.250.000

= 32.189.880 Bs /año

El equivalente anual de los ingresos, en este caso, está representado por el ahorro que obtiene el Estado en los gastos de defensa civil, al no producirse las inundaciones:

EA ahorro (15%) = 3.500.000 Bs /año

Por lo tanto, el costo para el estado es igual a:

EA estado (15%)= 32.189.880 – 3.500.000

= 28.689.880 Bs /año

Beneficio para los usuarios

Los beneficios para los usuarios vienen dados por los ingresos que se derivan del aumento de las ventas al aprovechar una mayor cantidad de tierras en actividades agrícolas y por el ahorro al no producirse las pérdidas en las cosechas como consecuencia de las inundaciones.

De acuerdo con lo anterior, el beneficio anual equivalente para los usuarios es

Eabeneficios (15%) = 12.000.000 25.000.000

= 37.000.000 Bs /año

Al calcular la razón beneficio-costo se tiene:

Lo que indica que la inversión en el proyecto se justifica.

EJEMPLO 2

El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha propuesto un proyecto para la construcción de una represa y de una central hidroeléctrica que solucionaría una situación de inundaciones, generaría energía eléctrica, proporcionaría agua para y uso doméstico y también ciertos medios recreativos. Los costos de construcción serían:

El ministerio piensa financiar el proyecto con un crédito a largo plazo al 15% de interés.

Se estima que los costos anuales de operación y mantenimiento serán de 1.250.000 bolívares para las instalaciones de generación y distribución de energía y de 75.000 bolívares para las otras partes del proyecto. Adicionalmente, el Estado pagará 400.000 bolívares al año al Concejo Municipal de la localidad, por concepto de impuestos. Las estimaciones respecto de los beneficios e ingresos anuales son como sigue:

Se desea determinar si se justifica el proyecto propuesto.

Costo para el estado

Los costos para el Estado, en este caso en particular, están representados por la inversión en la construcción de los diferentes renglones:

Luego, el equivalente anual del costo para el Estado al 15%, suponiendo una vida muy larga, por el hecho de ser una construcción de carácter permanente, es:

=10,10 millones de Bs /año

Los ingresos anuales para el Estado son aquellos que provienen de:

En consecuencia, el equivalente anual del costo para el Estado es:

= 5,60 millones de Bs /año

Beneficio para los usuarios

El beneficio anual para los usuarios se deriva de las ventajas que reporta la construcción de la represa, lo cual está asociado con:

Por tanto, el equivalente anual del beneficio para los usuarios es:

EA usuarios (15%)= 4,7 millones de Bs /año

Luego, la razón beneficio-costo es:

Lo que indica que el proyecto no se justifica, al derivarse menor cantidad de beneficios para los usuarios en comparación con el costo en que incurre el Estado.

EJEMPLO 3

Supóngase que se tienen cuatro proyectos públicos para proporcionar facilidades de recreación en una zona. Se dispone de la siguiente estimada a una tasa del 15%

Se desea seleccionar la mejor alternativa de inversión.

El procedimiento que se utiliza para la selección es el siguiente:

1) Se ordenan las alternativas de menor a mayor costo para el Estado. En este caso D, C, B y A.

2) Se determina el flujo extra entre el par de alternativas de menor costo que no han sido comparadas

Luego, se determina el flujo extra (C-D)

3) Se calcula la razón beneficio-costo del flujo extra:

= 0,70

4) Se selecciona la mejor alternativa según el criterio de decisión establecido:

RB-C(C-D) = 0,70 < 1

Por lo tanto, la inversión adicional por parte del Estado no se justifica y se selecciona la alternativa D.

5) Se repiten los pasos, 3 y 4 hasta que todas las alternativas hayan sido comparadas. Los resultados que se obtienen para este ejemplo son los siguientes

6) La mejor alternativa es la que se selecciona en la última comparación. Luego, la mejor alternativa es la A, ya que el beneficio adicional para los usuarios justifica el costo adicional por parte del Estado.

Al igual que en la selección de alternativas mediante la tasa interna de retorno, el criterio de maximización de la razón beneficio-costo proporciona resultados incorrectos, siendo las razones para ello idénticas que en el caso de la tasa interna de retorno.

Si para el EJEMPLO 3 se hubiese aplicado el criterio de maximización de la razón beneficio-costo, se seleccionaría la alternativa B con R RB-C=2.10, según se muestra en la siguiente tabla

Lo cual no es correcto, tal como se demostró a través del ejemplo 3, en donde se aplicó la rentabilidad del flujo extra.
EJEMPLO 4

Dos barrios de una ciudad están separados por un área pantanosa. El concejo Municipal está analizando dos proyectos alternativos para la construcción de una carretera y dispone de la siguiente información: