Examen de las políticas comerciales (página 2)
El Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones (COPCI) establece principios, derechos y
garantías para la inversión extranjera como el de
la no discriminación, entendiéndose que los inversionistas
extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas
nacionales. Además se establece el derecho a transferir al
exterior parte o totalidad de las ganancias o utilidades que su
inversión registre, previo cumplimiento de obligaciones que
correspondan. Se garantiza la estabilidad tributaria a través
del mantenimiento por un período determinado (según
el caso) de la tarifa aplicable al impuesto a la renta al momento
de efectuarse una nueva inversión. También se prevé
la estabilidad jurídica así como la posibilidad de
suscribir contratos de inversión con acceso a mecanismos
de arbitraje incluso internacional. Se prevé la posibilidad
de suscribir contratos de inversión en la que se hará
constar el tratamiento que se le otorga a la inversión bajo
el ámbito del COP.
Se garantiza el derecho a la propiedad al disponerse que
la inversión no se expropiará ni nacionalizará,
directa ni indirectamente, salvo que existan fines de interés
público, de manera equitativa, y mediante el pago de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de acuerdo al
procedimiento legal, observando el principio de trato justo y no
discriminación. Finalmente, se establece la libertad de acceder
al sistema financiero nacional y al mercado de valores para obtener
recursos de crédito de corto, mediano y largo plazo para
posibilitar el desarrollo de proyectos de inversión.
La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico
de la sociedad ecuatoriana, que obliga al Estado a: impulsar y facilitar
la producción, transformación agroalimentaria y pesquera
de las pequeñas, y medianas unidades de producción,
comunitarias y de la economía popular solidaria, a fin de
que se destinen fundamentalmente al consumo local y nacional mediante
la generación de sistemas de distribución y comercialización.
Para ello el Estado debe adoptar políticas fiscales, tributarias
y arancelarias que protejan el sector agroalimentario y pesquero
nacional, para evitar la dependencia de la importación de
alimentos.
Igualmente el Estado debe recuperar y preservar los saberes
ancestrales y recursos genéticos como patrimonio del pueblo
ecuatoriano, garantizar el derecho al uso y conservación
de las semillas y promover su libre intercambio.
En cuanto a la biodiversidad, la Constitución declara
al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente
y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado,
la Presidencia el Presidente de la República y aprobado por
la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos
genéticamente modificados.
La Constitución prohíbe el otorgamiento de
derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos
derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo
asociado a la biodiversidad nacional.
Asimismo, el Estado no se comprometerá en convenios
o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que
menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la
naturaleza.
Sobre los principios de las relaciones internacionales, impulsa
prioritariamente la integración política, cultural
y económica de la región andina, América del
Sur y Latinoamérica. Fomenta además un nuevo sistema
de comercio e inversión entre los Estados que se sustente
en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación
de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales
y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo,
transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas
privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se
sujetarán a lo establecido en la Constitución.
La integración, en especial con los países
de América Latina y el Caribe, es un objetivo estratégico
del Estado ecuatoriano. Para ello debe impulsar la integración
económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad
productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política
económica internacional común; el fomento de políticas
de compensación para superar las asimetrías regionales;
y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor
agregado.
Igualmente el Estado debe promover estrategias conjuntas
de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación
de la actividad extractiva; la cooperación y complementación
energética sustentable; la conservación de la biodiversidad,
los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo
científico y el intercambio de conocimiento y tecnología;
y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía
alimentaria.
Asimismo favorece la consolidación de organizaciones
de carácter supranacional conformadas por Estados de América
Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados
y otros instrumentos internacionales de integración regional.
Plan Nacional del Buen Vivir 20092013
Antecedentes
En enero de 2007 el Ecuador empezó a desarrollar el
Plan Nacional de Desarrollo 20072010. Ahora, el desafío
es su consolidación. Por ello, el Plan Nacional para el Buen
Vivir 20092013 plantea nuevos retos orientados hacia la materialización
y radicalización del proyecto de cambio para la construcción
de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar
el Buen Vivir[7]de las y los Ecuatorianos.Al igual que aquel Plan que rigió el anterior período
de gobierno, el Plan 20092013 recoge y busca concretar transformaciones
no sólo en el ámbito político sino en el productivo,
mismas que están delineadas en el proyecto de la Revolución
Ciudadana. Dichas apuestas de cambio también fueron orientaciones
para el proceso constituyente de 2008, que finalmente se plasmaron
en el nuevo pacto social reflejado en la nueva Constitución
de la República del Ecuador.Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen
Vivir 20092013, plantean importantes desafíos técnicos
y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales.
Sin embargo, el significado más profundo del Plan está
en la ruptura conceptual que plantean los idearios de los modelos
clásicos aperturistas y con las aproximaciones más
ortodoxas al concepto de desarrollo.En este sentido, el Buen Vivir, parte de una larga búsqueda
de modos alternativos de vida que han impulsado particularmente
los actores sociales de América Latina durante las últimas
décadas, demandando reivindicaciones frente al modelo económico
neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron
reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose
entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se
construye continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar
una visión más amplia, que supere los estrechos márgenes
cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación
de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre
en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable
de bienes, sino que promueva una estrategia económica incluyente,
sustentable y democrática. Es decir, una visión que
incorpore a los procesos de acumulación y redistribución
a los actores que históricamente han sido excluidos de las
lógicas del mercado, así como a aquellas formas de
producción y reproducción que se fundamentan en principios
diferentes a dicha lógica.[8]Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde
las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social, y desde
el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los
pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.Concretamente sobre el escenario internacional, el Plan hace
mención sobre la necesidad de una inserción inteligente
y soberana en el plano comercial. A fin de establecer un equilibrio
diferente, se enfatiza en la integración Sur-Sur, sin dejar
de lado los espacios en los mercados ya consolidados.Este nuevo modo define, para la primera fase de su aplicación
durante el período 20092013, doce estrategias de cambio,
de la cuales se citan las pertinentes a la parte económica
y comercial:
Estrategias
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) como institución rectora de la planificación
estatal, es la encargada de dar los lineamientos para definir las
políticas públicas en todos los ámbitos de
acción del Gobierno Nacional. En este sentido, el Plan Nacional
de Desarrollo, denominado en este período, Plan Nacional
para el Buen Vivir 20092013 (PNVB), establece los objetivos nacionales
encaminados hacia el Buen Vivir. El Buen Vivir es una propuesta
de cambio frente al modelo económico tradicional, que busca
la priorización del ser humano por encima de la actividad
económica.En los ámbitos que competen a este informe, se deben
resaltar dos de los doce objetivos nacionales que establece el PNBV:
Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar
la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana.
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible.
Para el logro de estos objetivos, SENPLADES impulsa la diversificación
productiva, a través de la identificación de industrias
priorizadas para el cambio de matriz productiva. En este sentido,
existen lineamientos de política pública planteados
para profundizar el desarrollo e inclusión de estas industrias.
Dicho cambio se relaciona con un modelo de sustitución selectiva
de importaciones versus el fomento productivo y la orientación
de exportaciones.Sobre la inserción estratégica en el mundo,
SENPLADES promueve una estrategia comercial para dichas industrias
priorizadas, por ejemplo a través de la priorización
de oficinas comerciales para la diversificación de mercados,
de productos y el impulso a un plan logístico para la facilitación
al comercio de dichas industrias priorizadas. Estas oficinas comerciales
deben cumplir con un rol estratégico que no solamente se
limite a la introducción de productos en sus mercados, sino
que faciliten el acceso a los recursos externos para el desarrollo
endógeno del país. Tanto en el fortalecimiento inclusivo
del mercado interno a través de la diversificación
productiva como en la inserción estratégica en el
mercado mundial, se han considerado a los pequeños productores
y las economías populares y solidarias (EPS). En efecto,
las estrategias que plantea SENPLADES, enfatizan en su inclusión
a nivel nacional y más aun a nivel internacional.Otra de las políticas en el ámbito comercial
que busca SENPLADES, es la consecución de los acuerdos comerciales
para el desarrollo (ACD). Este constituye un nuevo tipo de acuerdo
distinto al tradicional, el cual permite contar con objetivos de
planificación a largo plazo y con una nueva visión
sobre el comercio y su vinculación con el desarrollo. El
acuerdo comercial para el desarrollo, sin salir del marco del sistema
multilateral de comercio, plantea abordar los ámbitos de
cooperación y diálogo político, además
del comercial y debe ser la base para la concreción de las
negociaciones comerciales que el país emprenda.Finalmente, las políticas señaladas anteriormente,
van de la mano con una priorización de proyectos de inversión
pública. Dichos proyectos permiten cumplir con los objetivos
de planificación nacional, generando las condiciones internas
que hacen viable la inserción estratégica en el mundo,
la integración latinoamericana y el incentivo a un sistema
económico, social, sostenible y solidario, a través
del impulso a los sectores generadores de valor, el aumento de su
rentabilidad y el fortalecimiento de la productividad sistémica
del país.Se han planteado las siguientes estrategias:
Democratización de los medios de producción, redistribución
de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y
de organización.
Transformación del patrón de especialización
de la economía a través de la sustitución selectiva
de importaciones para el Buen Vivir.
Aumento de la productividad real y diversificación de
las exportaciones, exportadores y destinos mundiales.
Inserción estratégica y soberana en el mundo e
integración latinoamericana.
Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad
de la información.
Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio
natural y fomento al turismo comunitario.
Con estos fundamentos, el Plan propone una lógica
de planificación a partir de esos grandes objetivos nacionales
para el Buen Vivir, que ya fueron planteados en el Plan Nacional
de Desarrollo 20072010 y que fueron actualizados bajo parámetros
que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales,
con las distintas propuestas de acción pública sectorial
y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los
desafíos derivados del nuevo marco constitucional.Para ello el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir plantea
las siguientes políticas en lo económico y comercial:
Fomentar a la producción de alimentos sanos y culturalmente
apropiados de la canasta básica para el consumo nacional, evitando
la dependencia de las importaciones y los patrones alimenticios poco
saludables.
Impulsar a la industria nacional de alimentos, asegurando la
recuperación y la innovación de productos de calidad,
sanos y de alto valor nutritivo, articulando la producción agropecuaria
y con el consumo local.
Promover, gestionar y planificar el manejo integral y sustentable
del agua para asegurar la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso
hídrico para la soberanía alimentaria y energética.
Ampliar la capacidad nacional de generación de energía
en base a fuentes renovables.
Impulsar la creación de una nueva arquitectura financiera
internacional que coadyuve a los objetivos de producción y bienestar
colectivo, con mecanismos transparentes y solidarios, y bajo principios
de justicia social, de género y ambiental.
Atraer ahorro externo, en la forma de inversión extranjera
directa pública y privada, para proyectos de largo plazo que
sean sostenibles, respeten los derechos de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades, transfieran tecnología y generen empleo
digno.
Aplicar mecanismos para utilizar los avances obtenidos a través
de la transferencia de ciencia y tecnología en beneficio del
país.
Alinear la cooperación internacional con los objetivos
nacionales para el Buen Vivir, institucionalizando mecanismos de rendición
de cuentas y sistemas de evaluación permanente de su impacto.
Fomentar las relaciones comerciales y de cooperación internacional
con gobiernos autónomos descentralizados a lo largo del mundo.
Definir ámbitos de acción prioritarios para la
intervención de la cooperación internacional en el Ecuador.
Promover los tratados de comercio para el desarrollo como instrumentos
para incentivar la complementariedad, la solidaridad y la reducción
de asimetrías entre los países.
Impulsar la inclusión de factores sociales en los acuerdos
de integración económica y comercial.
Impulsar activamente a la cooperación triangular y a la
cooperación Sur-Sur, incentivando a las MIPYMES y a las empresas
solidarias.
Apoyar a los organismos de integración regional y subregional
para fortalecer el proceso de integración andina, suramericana,
latinoamericana y con el Caribe, a través de mecanismos y procesos
de convergencia que profundicen la integración de los pueblos.
Mejorar la conectividad con América Latina y el Caribe.
Coordinar convergentemente las políticas económicas,
sociales, culturales, migratorias y ambientales de los países
miembros de los esquemas de integración regional de los que Ecuador
es parte.
Priorizar la negociación en bloque junto con los países
suramericanos para lograr acuerdos beneficiosos al incrementar el poder
de negociación de la región.
Impulsar la integración regional a través de la
integración productiva, con lo cual se lograría la complementariedad
comercial con el resto del mundo.
Promover mecanismos que faciliten la libre movilidad de las personas
dentro de la región e incentivar los intercambios turísticos.
Consolidar la institucionalidad financiera regional como alternativa
a los organismos multilaterales de crédito tradicionales, e impulsar
el uso de sistemas únicos de compensación regionales.
Definir lineamientos estatales estratégicos sobre la comercialización
de productos ecuatorianos en el exterior.
Definir e implementar mecanismos de transferencia de recursos
y tecnología con impacto social directo.
Potenciar las capacidades del país para incidir en la
agenda internacional y en políticas bilaterales y multilaterales
que, entre otros, faciliten el ejercicio de derechos y garanticen la
protección de los y las ecuatorianas viviendo fuera del país.
Diversificar las exportaciones ecuatorianas al mundo, priorizando
las complementariedades con las economías del Sur, con un comercio
justo que proteja la producción y el consumo nacional.
Incorporar nuevos actores en el comercio exterior, particularmente
provenientes de la micro, pequeña y mediana producción
y del sector artesanal, impulsando iniciativas ambientalmente responsables
y generadoras de trabajo.
Establecer mecanismos internacionales de garantías de
exportaciones, en particular para MIPYMES, empresas solidarias y organizaciones
populares, dando prioridad a aquellas que integren a mujeres diversas,
grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades.
Defender los intereses comerciales nacionales a nivel bilateral
y multilateral, estableciendo, cuando sea necesario, medidas de protección
para la producción y consumo nacional.
Mantener relaciones de comercio exterior con prevalencia de la
seguridad jurídica nacional y evitar que intereses privados afecten
la relación entre los Estados.
Aplicar un esquema de sustitución selectiva de importaciones
que propicie las importaciones indispensables para los objetivos del
Buen Vivir, especialmente las de insumos para la producción,
y que desincentive las que afecten negativamente a la producción
nacional, a la población y a la naturaleza.
Fortalecer institucionalmente los servicios aduaneros para lograr
eficiencia y transparencia y facilitar el comercio internacional.
Posicionar al país en la comunidad internacional, a partir
de su patrimonio natural, en los mecanismos globales de lucha contra
el cambio climático.
Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades generadoras
de valor, especialmente de los sectores industrial y de servicios.
Diversificar las formas de producción, prestación
de servicios y sus capacidades de agregación de valor para ampliar
la oferta nacional y exportable.
Impulsar las importaciones indispensables para los objetivos
del Buen Vivir, especialmente las de insumos para la producción
y desincentivar las que afecten negativamente a la producción
nacional, la población y la naturaleza.
Reconocer la diversidad de actoras y actores económicos
e impulsar su participación efectiva en los espacios de decisión
económica.
Impulsar las pequeñas y medianas unidades productivas
para el fortalecimiento y complementariedad territoriales, tanto a nivel
nacional como en los esquemas de integración regional.
Mantener y expandir el sistema nacional de transporte y movilidad
multimodal, que favorezca el comercio interno y externo, y la integración
nacional y regional.
Manejar eficiente y transparentemente los servicios aduaneros
para facilitar el comercio de exportación y de importación.
Aplicar aranceles selectivos, subsidios y otras medidas para
regular el comercio en función de los intereses nacionales, respetando
los compromisos internacionales del país. Implementar una política
tributaria y arancelaria orientada a proteger y promover la producción
nacional, la redistribución de la riqueza, los ingresos y la
responsabilidad ambiental.
Ampliar la protección nacional a productos de la economía
popular y de la economía social y solidaria, frente al dumping
social del comercio internacional y el proteccionismo de los estados
centrales.
Definir normas y estándares de productos y servicios que
garanticen los derechos de las y los consumidores y promuevan la producción
nacional.
Generar incentivos a las líneas de exportación
ambientalmente responsables, que generen empleo y valor agregado, y
de modo particular las provenientes de la pequeña y mediana producción
asociativa y del sector artesanal.
Incentivar la productividad sistémica, procurando crear
condiciones de producción favorables a la economía endógena
para el Buen Vivir.
En suma, el Plan Nacional para el Buen Vivir 20092013 propone
un cambio de paradigma sobre el concepto de desarrollo, el cual
va más allá del crecimiento económico, ajustado
a nuestras realidades, con una visión integral, y con un
redireccionamiento de las prioridades. El modelo productivo se ajusta
a las necesidades del colectivo, y sus resultados se miden en función
de su efecto en la calidad de vida de las personas, en la satisfacción
de sus necesidades, su aporte a la potencialización de las
oportunidades y capacidades humanas y su relación con medio
ambiente.
3.2 Dolarización
Desde el año 2000, en el Ecuador rige un esquema de
dolarización, adoptado, según se sostuvo en su momento
por los encargados de la política económica, para
detener la acelerada depreciación del sucre, entonces moneda
nacional, y evitar un proceso que amenazaba con conducir a la economía
hacia la hiperinflación, en medio de una de las peores crisis
en la historia del país. La dolarización implicó
la sustitución de la moneda nacional, el sucre, por el dólar
de los Estados Unidos de América como medio de pago en la
economía.En la práctica esta sustitución tuvo dos efectos
para la política monetaria y cambiaria interna. En términos
de política monetaria la dolarización implicó
la resignación de la capacidad del Banco Central del Ecuador
de emitir moneda propia y por lo tanto de realizar política
monetaria a través de emisión. En términos
de sistema cambiario, la dolarización significó el
compromiso más estricto posible con un sistema de cambio
fijo, puesto que implicó la sustitución total de la
moneda nacional por la divisa extranjera a una tasa de cambio fijada
por una sola vez que no podría volver a alterarse. La pérdida
de la posibilidad de emitir dinero también significó
la incapacidad de realizar política cambiaria.En una economía dolarizada la liquidez interna depende
exclusivamente del saldo de las cuentas externas. Sin capacidad
de emisión, la oferta monetaria se establece por el resultado
de las operaciones de la economía interna con el exterior,
lo que la vuelve mucho más susceptible a sus relaciones comerciales
y financieras con el mundo. Por lo tanto, los cambios en la liquidez
de la economía dependerán en gran medida del resultado
de la balanza de pagos. Los choques externos que produzcan cambios
bruscos y significativos en los ingresos de divisas al país,
al contraer la liquidez de la economía, provocarán
casi automáticamente ajustes correspondientes en el sector
real, es decir, en la producción, el empleo y el bienestar
de la población. La mayor vulnerabilidad de la economía
dolarizada no tiene contraparte en la capacidad de la política
económica de influir en su desempeño, todo lo contrario,
los encargados de la política económica disponen de
escasos instrumentos de intervención y los existentes tienen
una efectividad reducida ante choques imprevistos. De ahí
que para la economía ecuatoriana es de fundamental importancia
el desenvolvimiento del sector externo y la administración
adecuada de una política comercial, inserta dentro de los
compromisos multilaterales asumidos por el país, pero que
le permita proteger la liquidez de la economía ecuatoriana
y por extensión el nivel de producción y bienestar
de la población.La realidad de una economía dolarizada implicó
también una reorganización de la institucionalidad
interna del país con el propósito de hacerla coherente
con el esquema implementado. En la nueva Constitución de
2008, se reestructuraron las funciones de varias instituciones con
el fin de adaptarlas a la realidad de la dolarización, pero
principalmente para constituirlas en una nueva base institucional
para promover el proceso de transformación estructural de
la economía en el Ecuador. Así, la formulación
de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera
pasó a ser facultad exclusiva de la Función Ejecutiva,
instrumentada fundamentalmente a través del Banco Central
del Ecuador (BCE) y las instituciones que conforman la banca pública.
La formulación de estas políticas tienen asimismo
objetivos explícitos, entre los cuales se puede anotar: a)
suministrar los medios de pago para que el sistema opere con eficiencia;
b) establecer niveles de liquidez que garanticen adecuados márgenes
de seguridad financiera; c) orientar los excedentes de liquidez
hacia la inversión; y d) promover el ahorro nacional, el
financiamiento de los sectores productivos, procurar la estabilidad
de los precios y mantener el equilibrio de la balanza de pagos.
Este último aspecto resulta crítico en el contexto
de dolarización ya que de un manejo adecuado de la política
económica y de la administración de los flujos, dependerá
el que se pueda garantizar la sostenibilidad intertemporal del
esquema monetario vigente. La dolarización exige que la política
pública busque moderar las excesivas variaciones en el resultado
de la balanza de pagos, pues de él depende directamente el
nivel de oferta monetaria y por extensión el nivel de actividad
real de la economía.La dolarización ha tenido consecuencias importantes
para la economía ecuatoriana sobre todo al eliminar el componente
de incertidumbre cambiaria, reducir el efecto inflacionario generado
por la devaluación, e implementar un mayor nivel de disciplina
fiscal al imposibilitar la financiación del déficit
fiscal a través de la emisión monetaria. El compromiso
asumido con la dolarización es sumamente importante y las
políticas implementadas en los últimos años
apuntan a fortalecer el esquema y garantizar su permanencia en el
tiempo.Dentro de los cambios institucionales ocurridos en Ecuador
merece un comentario particular aquel referente con las funciones
del Banco Central del Ecuador. Para responder a la realidad de la
dolarización pero además para permitir un manejo coherente
de la economía con el propósito de cumplir con los
objetivos de mediano y largo plazo del Plan Nacional del Buen Vivir
y de la Nueva Constitución, varias instituciones públicas
debieron readecuarse dentro de una nueva lógica de manejo
macroeconómico, y muchas de ellas tuvieron una reasignación
de funciones y objetivos, ese fue el caso también del Banco
Central del Ecuador.En una economía con moneda propia, a los bancos centrales
se les ha asignado el objetivo de mantener la estabilidad de precios
a través del manejo adecuado de una política monetaria
independiente. Para poder cumplir con ese propósito los bancos
centrales debían gozar de autonomía frente al gobierno,
para blindar a la institución de las presiones que pueda
ejercer este último para monetizar el déficit fiscal,
es decir para financiar a través de emisión monetaria
los descuadres en las cuentas del gobierno, contribuyendo así
a la inestabilidad de precios. La autonomía de los bancos
centrales está, dentro de esta lógica, estrechamente
vinculada con su capacidad de emitir moneda. Como se ha dicho anteriormente
la dolarización eliminó de facto la capacidad de emitir
moneda propia y por lo tanto habría eliminada también
cualquier posibilidad para que el Banco Central del Ecuador pueda
financiar las cuentas del gobierno. En ese caso, y dadas las nuevas
características de la economía, la autonomía
del banco central ya no era una necesidad, sino que más bien
había que incluir a la institución dentro de la nueva
lógica institucional del país.De esta manera, al Banco Central del Ecuador le fueron reasignadas
funciones dentro de la nueva normativa, teniendo en cuenta que,
si bien en el país ya no es posible emitir moneda propia,
esto tampoco quiere decir que la economía pueda prescindir
totalmente de un banco central. De hecho, el Banco Central del Ecuador
aún mantiene importantes funciones tales como: a) evitar
el riesgo sistémico bajo el esquema de dolarización,
velando por una adecuada administración y regulación
del sistema de pagos; b) gestionar la liquidez de la economía
a través de la determinación del encaje bancario u
otros mecanismos de control; c) reorientar los ahorros de los distintos
sectores económicos para la inversión en el sector
productivo a través de la banca pública; d) administrar
la reserva internacional de libre disponibilidad; e) actuar como
depositario de los fondos públicos y agente financiero del
Estado; f) ejecutar operaciones como: operaciones internacionales,
depósitos centralizados de valores, administración
de especies monetarias, certificación electrónica,
y otra; g)६aboración de estadísticas macroeconómicas
de síntesis de los principales sectores de la economía;
y h) apoyar técnicamente y ser ejecutor de la política
económica alineada a los grandes objetivos del Plan de Desarrollo
Nacional y directrices que se plantea desde la Agenda de Política
Económica.
3.3 Política Fiscal
La política tributaria en el Ecuador no ha sufrido
en los últimos cinco años modificaciones importantes
que puedan considerarse como un factor que incide de manera negativa
en el comercio exterior del país; más bien, en los
últimos cuatro años, ha existido una política
proclive a generar una mayor liquidez para personas jurídicas,
personas naturales y trabajadores en relación de dependencia,
lo cual ha incrementado la capacidad de consumo de los sectores
medios y bajos de la población, favoreciendo el comercio
de productos de consumo tanto nacionales como importados. Los incentivos
tributarios a las industrias por personal nuevo contratado, por
contratación de discapacitados, por uso de mejor y más
productiva tecnología limpia; así como, las deducciones
al impuesto a la renta por capacitación, asistencia técnica,
promoción comercial y las deducciones para personas naturales,
contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno son
un buen ejemplo de aquello.El principio fundamental que ha guiado la acción de
la Administración Tributaria, recogida en la Constitución
de la República, es el modificar la relación entre
los impuestos directos y los indirectos, considerando que estos
últimos no contribuyen a materializar el principio de justicia
redistributiva. Esta relación era de 32,1 por ciento en impuestos
directos y 67,9 por ciento en indirectos, en el año 2005
y en el año 2010 ya fue de 44 por ciento en directos y 56
por ciento en indirectos.El crecimiento de las recaudaciones del 100,15 por ciento
entre los años 2005 al 2010 (3.929୩l millones a 7.864 mil
millones) se ha dado por una mejora substancial en los procesos
de control, determinación y cobro de tributos; así
como una decidida acción correctiva frente a los delitos
de carácter tributario. Se ha multiplicado la visita a los
comercios en 800 por ciento entre los años 2005 y 2010.Los nuevos tributos aportaron menos a la recaudación
global que los beneficios tributarios otorgados a través
de las últimas reformas. La totalidad de las reformas parciales
realizadas a la estructura de tributos ha reducido la recaudación
potencial y no ha sido incrementada por ellas.El impuesto al valor agregado se ha mantenido inalterado
en el 12 por ciento, frente a los niveles del resto de América
Latina, superiores al 18 por ciento ponderado.Se eliminó el impuesto a los consumos especiales a
las comunicaciones, lo que representó, en términos
de recaudación, una renuncia fiscal mayor a todo lo recaudado
por nuevos tributos y reformas: gravamen a los consumos especiales
en los juegos de casino, a los vehículos de lujo, entre otros.
Con excepción del impuesto a los ingresos extraordinarios,
creado para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas
petroleras, que permitió recaudar en los dos primeros años
220୩llones de dólares EE.UU., frente a un universo de más
de 8.000 mil millones de dólares EE.UU., el resto de los
impuestos creados: impuesto a las tierras rurales, impuesto a la
salida de divisa e impuesto a los activos en el extranjero, han
aportado a la recaudación fiscal un aproximado de 62୩llones.Se han implementado facilidades para el cumplimiento voluntario
de los contribuyentes a través de las declaraciones por internet
del impuesto a la renta y de las declaraciones mensuales del impuesto
al valor agregado. Se han simplificado los anexos transaccionales
y se ha implementado la facturación electrónica. De
igual manera, se han implementado las devoluciones automáticas
de impuesto a la renta y las solicitudes para devolución
del impuesto al valor agregado a través de la red informática,
las que son atendidas en un máximo de 72 horas. A través
de la Web, los ciudadanos pueden reclamar sobre sus derechos, hacer
denuncias y plantear mejoras a los sistemas y son atendidos por
un recién creado Departamento de Derechos del Contribuyente.Se han incrementado los criterios para la deducibilidad del
gasto para todo tipo de empresas, incluidos los gastos en promoción
comercial para el acceso a mercados internacionales y se ha incentivado
las actividades económicas en zonas deprimidas y zonas económicas
especiales, a las que tienen acceso tanto personas jurídicas
nacionales como extranjeras sin ningún tipo de discrimen.En el ánimo de formalizar a grandes sectores de la
economía informal se creó el Régimen Impositivo
Simplificado Ecuatoriano (RISE), que es un sistema abreviado de
declaración y pago de impuestos directos e indirectos para
contribuyentes cuyos ingresos anuales por actividades comerciales
o de servicios, no sobrepasen los 60.000 dólares EE.UU. anuales
y las tarifas fijas mensuales de tributación van desde 1,17
dólar EE.UU. hasta 212,40 dólares EE.UU., dependiendo
de la actividad a la que se dediquen.Este sistema se creó mediante reforma tributaria en
el 2007 y empezó a regir a partir del año 2008. Su
motivación principal es la de combatir la informalidad y
en el año 2010 se registran 450.205੮scritos y sus aportes
al Estado son de 5.744.900,00 dólares EE.UU.El Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones, vigente a partir de enero de este año
2011, ha incentivado las actividades económicas legítimas
de todo tipo, incluidas las de comercio, a través de la reducción
general y gradual de tres puntos porcentuales en el impuesto a la
renta y, para sociedades nuevas, la exoneración del pago
del impuesto a la renta durante cinco años. Con estas medidas
el Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de impuesto
a la renta a sociedades y personas naturales del mundo.Se discute una propuesta de reforma tributaria dirigida de
manera fundamental a corregir los desajustes medioambientales y
de salud pública, en pos de un uso más responsable
de combustibles fósiles, plásticos no degradables
y envases que no se reciclan. En ella se propone un castigo para
los vehículos de mayor consumo y mayor grado de contaminación
y un estímulo a los vehículos híbridos y eléctricos;
por los envases plásticos se propone gravar al productor
con una tarifa de dos centavos cuando no exista retorno y reciclaje
del mismo.Adicionalmente, esta reforma pretende desincentivar el consumo
de cigarrillos elevando el gravamen sobre este tipo de bienes y
corregir los desajustes en el cobro del ICE a las bebidas tanto
importadas como nacionales, estableciendo un único parámetro
para su cálculo, en base al establecimiento de un gravamen
general específico y ad valorem a los consumos especiales,
por litro de alcohol puro.
3.4 Política Financiera
Para Ecuador es fundamental consolidar un sistema financiero
estable y fuerte al largo plazo, basado en adecuados indicadores
de liquidez, solvencia, calidad de activos, y en el que se eviten
prácticas oligopólicas. Para ello, los lineamientos
de política impulsados por el Gobierno buscan apuntalar la
Red de Seguridad Financiera, para mejorar la prevención de
riesgos sistémicos y enfrentar eventuales quiebras con el
menor costo social posible. En ese sentido, el gobierno está
activamente trabajando para fortalecer la supervisión y el
control del sistema financiero, lo que permitirá atender
oportuna y eficientemente problemas de liquidez y solvencia que
presenten las Instituciones Financieras e incrementar el nivel de
confianza de los depositantes en el sistema.A pesar de la recuperación del sistema financiero
desde la crisis de 19992000, en los años siguientes, la
estructura del mismo todavía carecía de profundización
(acceso limitado) y había un escaso financiamiento para el
sector productivo. En este contexto, impulsada por el Gobierno del
Presidente Rafael Correa; a partir de 2007, surge la Ley de Creación
de la Red de Seguridad Bancaria, expedida finalmente en diciembre
de 2008, como un primer pilar hacia la nueva arquitectura financiera
que primordialmente busca la estabilidad y solidez del sistema financiero
a través de la acción efectiva del Estado ecuatoriano,
que además garantizaría que el sector financiero esté
al servicio del sector productivo.El sector financiero ecuatoriano se ha robustecido a partir
de 2006 luego de la expedición de la Ley de Justicia Financiera,
que redujo las comisiones cobradas por las entidades financieras
a fin de estimular la intermediación financiera. De manera
progresiva, en el periodo 2007 hasta el 2011, surgió la regulación
que fijó las tasa de interés por segmento; el impuesto
de la salida divisas; la norma que regula el coeficiente de liquidez
doméstica; y la más importante, la Ley de Creación
de la Red de Seguridad Financiera. La reducción de la tasa
de interés permitió que una mayor porción de
las utilidades generadas en el sector real de la economía
permanezcan en el sector productivo de la economía y no se
concentren, por el altísimo costo que tenía el dinero,
en las entidades financieras. Ello fue especialmente favorable para
la micro y pequeña empresa y para los agentes individuales,
quienes vieron reducir los intereses de sus créditos ya sea
para producción, vivienda o consumo.Por otra parte, a través de medidas como el coeficiente
de liquidez doméstica y el impuesto a la salida de divisas,
se logró que las entidades financieras mantengan una mayor
proporción de recursos dentro del país de manera consecuente
con las necesidades del esquema de dolarización. Como se
ha mencionado anteriormente la administración de la liquidez
interna es fundamental para una economía dolarizada, y a
través de medidas concretas de política financiera
se ha logrado una administración coherente de esa liquidez
de acuerdo con las necesidades reales de la economía.La Red de Seguridad Bancaria (2011)[9] se
concibió como un conjunto de instituciones y reglas que tienen
como fin precautelar la estabilidad del sistema financiero y limitar
las crisis sistémicas en el sector financiero al menor costo
posible para la sociedad. Para alcanzar los objetivos de la ley
se desarrollaron cuatro campos de acción dentro del sistema
financiero.
a) Supervisión bancaria preventiva y oportuna
a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo que se tradujo
en un fortalecimiento de esta entidad tanto en sus funciones como
en sus capacidades, mejoramientos en el monitoreo y control de los
recursos que manejan los bancos, promoción de la transparencia
de la información del sistema financiero, desarrollo de iniciativas
para mejorar en la prestación de servicios financieros y
ampliación del acceso de la población a servicios
financieros.b) Reformulación del Fondo de Liquidez para que
provea de la liquidez necesaria al sistema en caso de ser necesario,
este fondo es administrado por el BCE y utiliza los aportes de las
mismas instituciones financieras sujetas de encaje.c) Promoción del aumento en el monto de garantía
del seguro de depósitos que se maneja a través de
la COSEDE (Corporación de Seguro de Depósitos, lo
que antes era la Agencia de Garantía de Depósitos).d) Establecimiento de un nuevo esquema de resolución
bancaria, más eficaz y flexible, que permite una salida ordenada
de las instituciones que por algún motivo sean inviables.
Los bancos que sean declarados liquidados por considerarse inviables,
pasan a ser administrados por otro banco solvente, lo que hace que
cubre de riesgo a los depositantes.
Esta nueva estructuración del sistema financiero permitió
que Ecuador promoviera exitosamente políticas anti-cíclicas
durante la última crisis financiera mundial en 2009. En el
contexto de crisis, el gobierno nacional preservó la liquidez
de la economía mediante una gestión activa de intervención
en la balanza de pagos; generación de instrumentos complementarios
de liquidez doméstica; y, el impulso de la dinamización
del crédito. La crisis de 2009 provocó una reducción
de la demanda de crédito y, simultáneamente, una restricción
de las entidades financieras; sin embargo, la gran diferencia la
marcó la política financiera que se enfocó
en dotar a la banca estatal de los recursos necesarios para hacer
frente a la situación, favoreciendo a los micro y pequeños
empresarios a través de líneas de crédito.Complementariamente, el plan gubernamental para fortalecer
el sector financiero pretende que las iniciativas financieras populares
(Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), cajas y bancos
comunales) se conviertan en agentes efectivos de desarrollo, ampliando
su participación en el mercado financiero. Desde la perspectiva
del Plan Nacional para el Buen Vivir se reconoce a la actividad
financiera como una función de servicio de orden público,
donde se debe promover la democratización del capital y la
transferencia del ahorro hacia actividades productivas, especialmente
las relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas,
que han sido generalmente apartadas del sistema. Por ello, se promulgó
la Ley de Economía Popular y Solidaria[10]que
pretende normar las actividades concernientes a esta parte de la
economía, así como dotarle al sistema de mecanismos
de control de riesgo que le permitan financiar los emprendimientos
de este tipo, el objetivo es fomentar las finanzas populares y promover
proyectos de carácter económico y social. En la actualidad,
las COAC pueden operar en el Sistema Nacional de Pagos y han posibilitado
la expansión de los canales de distribución de remesas,
el Bono de Desarrollo Humano, pagos de nóminas y proveedores
del sector público, así como, pago de servicios públicos
e impuestos.
3.5 Política Laboral
El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de
Relaciones Laborales, como rector de las políticas laborales
a nivel nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos y garantizando a las y los trabajadores de los sectores
público y privado el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño
de un trabajo saludable y libremente escogido; ha implementado y
ejecutado mediante normas, proyectos y programas de desarrollo,
las siguientes políticas:
Alcanzar un salario Digno y remuneraciones justas para los trabajadores,
considerando las particularidades sectoriales, a través de la
fijación y revisión del salario básico con carácter
progresivo tendiente a alcanzar el salario digno y velar por el principio
constitucional de "a trabajo de igual valor corresponderá
igual remuneración". Reagrupar el número, la estructura
y el funcionamiento de las comisiones sectoriales y fomentar la asociatividad
sindical por rama de trabajo.
Combatir las malas prácticas empresa Ministerio de Finanzas
riales en el ámbito laboral y la seguridad social, así
como precautelar la seguridad y salud en el trabajo; por medio de la
automatización de los procesos y trámites legales que
deben cumplir los empleadores, transparencia en la información
(declaración de décimo tercero, décimo cuarto y
utilidades a través de la Web), realizar controles para propiciar
el pago real y oportuno de utilidades y elaborar manuales de procedimientos
interinstitucionales entre la Superintendencia de Compañías,
el SRI y el MRL para agilitar las demandas de los trabajadores, de ser
el caso.
Precautelar los derechos de los trabajadores, implementado controles
y políticas que permiten penalizar el incumplimiento de la afiliación
al IESS de los trabajadores, así como combatir las prácticas
fraudulentas en el pago de los aportes y remuneraciones a los trabajadores
afiliados, lo que se ha visto reflejado en una mejoría en la
calidad del empleo, actualmente existe un mayor número de afiliados
al IESS.
Fortalecer el diálogo social, impulsar el diálogo
tripartito en la toma de decisiones a través de lo cual los actores
involucrados en el medio tengan una participación activa e incluyente
(trabajadores, empleadores y Estado).
Fomentar en el ámbito laboral el cumplimiento de los derechos
del Buen Vivir, en especial para los grupos de atención prioritaria
y generar oportunidades de trabajo, sin ningún tipo de discriminación
impulsando mecanismos de control para garantizar el derecho al trabajo,
a la libre elección de trabajo,ࡠcondiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo, a la protección contra el desempleo sin distinción
de etnia, sexo, condición socio económica, condición
migratoria, estado de salud, discapacidad, etc.
Aportar para la erradicación del desempleo y radicalizar
las acciones para la eliminación de la explotación laboral,
crear y fortalecer el sistema y estructura pública para facilitar
la accesibilidad al empleo (centros y bolsas de empleo), proporcionar
a los grupos de atención prioritaria capacitación y formación
profesional a través del SECAP, contribuyendo a impulsar el empleo
sectorial, la creación y desarrollo de PYMES y del sector artesanal.
Fortalecer el marco legal e institucional de las relaciones laborales
a través de la reestructuración del Ministerio de Relaciones
Laborales y sus instituciones adscritas en su optimización del
talento humano, estructura orgánica, infraestructura y estructura
procedimental, implementar herramientas tecnológicas que faciliten
los procesos a través de la automatización y sistematización
fomentando la desconcentración.
Fomentar el conocimiento de la normativa laboral vigente, entre
trabajadores y empleadores, con la finalidad de favorecer el mayor y
mejor entendimiento de los derechos y obligaciones laborales de las
partes, como de la correcta aplicación de las disposiciones del
Código del Trabajo en función de la dinámica de
las relaciones laborales actuales.
Erradicar el trabajo infantil junto a entidades del sector público
y organizaciones no gubernamentales mediante el desarrollo de programas
y campañas a nivel nacional.
Adaptar el marco jurídico laboral a las necesidades del
país (Código de Trabajo, Ley Orgánica del Servicio
Público, Ley de Seguridad Social) en coordinación con
otra Instituciones, para generar espacios de diálogo participativo
que viabilicen aspectos como la formulación, recepción
y análisis de sugerencias, observaciones y propuestas por parte
de trabajadores y empleadores adecuando modalidades contractuales a
las realidades y necesidades de trabajadores y empleadores, en el marco
de la Constitución y la normativa vigente.
Estas políticas han permitido que las condiciones
laborales de los ecuatorianos mejoren sustancialmente en lo referente
a la calidad del trabajo y han reivindicado sus derechos evitando
la explotación laboral, y fomentando mejoras en materia salarial
mediante la revisión anual del salario básico con
carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno, el control
del pago del sueldo básico y la afiliación a la seguridad
social para los trabajadores del servicio doméstico. Conforme
a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del
Ecuador (INEC) y del Banco Central del Ecuador (BCE), en junio de
2011 el 46,5 por ciento del total de ocupados plenos no estaba afiliado
al IESS. En 2011 este porcentaje se redujo al 40,7 por ciento.
Sector externo
4.1 Política Comercial
4.1.1 Nuevo enfoque de la política comercial
- Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones
El 29 de diciembre de 2010 se publicó en el Registro
Oficial del Ecuador el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, el que junto con la Agenda
de Transformación Productiva, desarrolla una nueva estrategia
conceptual e institucional del país, fruto de una gran concertación
interna con sectores productivos de distinta índole y tamaño,
academia, gobiernos locales y agencias de desarrollo, entre otros.La Agenda de Transformación Productiva enfatiza en
la importancia de 14 sectores productivos, como prioridades del
Gobierno Nacional, puesto que son sectores con alta incidencia en
los niveles de empleo, son agregadores de valor y desconcentran
las actividades productivas de manera territorial.La construcción de la Agenda se realizó de
manera participativa, en donde empresarios, microempresarios y pequeños
productores plasmaron sus necesidades frente a las diferentes iniciativas
de desarrollo que el Gobierno Nacional está implementando.Es así como los ecuatorianos y el Gobierno Nacional
trabajan juntos para lograr la aplicación de esta Agenda,
la cual se consolida a través de la creación del Código
Orgánico de la Producción, el cual abarca temas relacionados
al desarrollo productivo, desarrollo de la inversión productiva
y sus instrumentos, comercio exterior, competitividad sistémica
y sostenibilidad de la producción, todo esto bajo un marco
de respeto al ambiente y fortalecimiento de la industria y MIPYME
ecuatoriana.En el ámbito de inversiones, el Código estimula
la inversión nacional y extranjera para la transformación
productiva y la redistribución de réditos de manera
equitativa hacia la comunidad.Se espera lograr que a través del trabajo conjunto
entre Estado, sector privado y sector laboral, se estimule: la inversión
productiva nacional y extranjera; la producción de micro,
pequeñas y medianas empresas; la producción de los
sectores que se han reconocido como prioritarios; la producción
en las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes)[11];
y la producción con respeto a la naturaleza.El Código de la Producción regla el desarrollo
productivo, mecanismos y órganos de competencia; el desarrollo
de la inversión productiva y sus instrumentos con particular
énfasis en el desarrollo productivo de la economía
popular, solidaria y comunitaria; el desarrollo empresarial de las
micro, pequeñas y medianas empresas y de la democratización
de la producción; el comercio exterior, sus órganos
de control e instrumentos; la competitividad sistémica y
de la facilitación aduanera sobre la cual también
se crea una nueva institucionalidad y, finalmente, sobre la sostenibilidad
de la producción y su relación con el ecosistema.El Código supuso además un extenso y detallado
ejercicio legal de reforma de leyes vigentes y de derogación
de otras para dar una coherencia en materias y de organicidad a
su contenido. En tal sentido tuvieron que reformarse leyes como
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno; la Ley Reformatoria para la
Equidad Tributaria en el Ecuador; la Ley del Régimen del
Sector Eléctrico; el Código del Trabajo; la Ley de
Seguridad Social; la Ley para la Promoción de la Inversión
y de la Participación Ciudadana; la Ley de Desarrollo del
Puerto de Manta; la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y,
finalmente, la Ley para Estimular y Controlar la Producción
y Comercialización del Banano, Plátano (barraganete)
y otras musáceas afines destinadas a la exportación.El Código de la Producción derogó además
14 leyes. Al momento se está trabajando en los reglamentos
al Código que son parte integrante del mismo y más
que todo complementaria.
4.1.2 Agenda de comercio exterior
4.1.2.1 Ámbito multilateral
El Ecuador es parte de la Organización Mundial del
Comercio desde el 21 de enero de 1996. El Ecuador no forma parte
de ninguno de los acuerdos plurilaterales, que son de carácter
voluntario, tales como el Acuerdo sobre Tecnología de la
Información y el Acuerdo sobre Contratación Pública
de la OMC.El Ecuador no ha participado como parte demandada en proceso
alguno sometido al Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC; y ha participado como parte demandante en el largo caso
vinculado con el régimen discriminatorio de importación
de banano de la Unión Europea; y contra una medida antidumping
impuesta por los Estados Unidos sobre las importaciones de camarones.
El país, de igual manera, ha participado en calidad de tercera
parte en varios casos legales.Dentro del proceso de adhesión de nuevos Miembros
a la OMC, el Ecuador ha suscrito Protocolos bilaterales de acceso
a mercados con China, Federación Rusa, Reino de Arabia Saudita,
Ucrania, Kazajstán y Serbia; y mantiene negociaciones bilaterales
con otros países, tales como Argelia, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina,
Líbano, Siria, Libia, Bahamas, Yemen, Montenegro y Uzbekistán.
Estas negociaciones bilaterales en el marco multilateral, han permitido
la apertura de nuevos mercados para productos tradicionales y de
potencial exportación, tales como: flores, banano, productos
del mar, piñas, mango, cacao, palmito, concentrados de jugo,
coliflor, brócoli, madera, prendas de vestir, servicios,
entre otros; bienes que ingresarán con aranceles consolidados
muy bajos una vez que estos países culminen su proceso de
adhesión a la OMC.El país ha notificado regularmente, conforme a las
prescripciones en materia de transparencia, en las esferas de agricultura,
medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos
al comercio. Actualmente, realiza un arduo trabajo tendiente a actualizar
las notificaciones pendientes, así como garantizar la continuidad
de las notificaciones.Dentro de los lineamientos de política exterior, conforme
a la Constitución de 2008, se reconoce al derecho internacional
como norma de conducta; se promueve la "democratización"
de los organismos internacionales; y la equitativa participación
de los países en desarrollo en los mismos, sobre la base
de los principios de transparencia e inclusión, la efectiva
implementación del trato especial y diferenciado, salvaguardando
el espacio de política pública en los compromisos
que se adopten. En este sentido, el Ecuador ha dedicado su máximo
empeño a la conclusión de la Ronda de Doha para el
Desarrollo de la OMC, cuyas negociaciones se iniciaron en noviembre
de 2001 y aún están pendientes de conclusión.
El Ecuador, por ende, asigna al multilateralismo un rol protagónico
en su esquema de relaciones comerciales, por constituir el foro
más idóneo para que los países en desarrollo,
a través de varias coaliciones de países, promuevan
la adopción de normas y disciplinas comerciales, que eliminen
las distorsiones existentes en el comercio internacional.
- Negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo en
la Organización Mundial de Comercio (OMC)
El Ecuador es un país en desarrollo que representa
apenas el 0,098 del comercio mundial de bienes no agrícolas
y el 0,326 de productos agrícolas. Su ingreso a la OMC en
el año 1996 supuso la aceptación por parte del país
de bajos niveles de consolidación arancelaria, amplios compromisos
en materia de servicios y un giro en su normativa sobre propiedad
intelectual.El Ecuador integra el denominado "Grupo de Miembros
de Reciente Adhesión" (RAMs) por haber asumido compromisos
ambiciosos en su proceso de adhesión a la OMC en 1996 comparados
con los compromisos asumidos por los países que fueron parte
del anterior GATT. De igual manera, participa dentro del Grupo de
las "Economías Pequeñas y Vulnerables",
en virtud de su porcentaje de participación en el comercio
mundial.El Ecuador considera que las modalidades de negociación
sobre agricultura y NAMA presentadas en diciembre de 2008 y ratificados
en abril de 2011, constituyen la base para avanzar en estas negociaciones,
con el objeto de culminar lo más pronto posible la Ronda
de Doha para el Desarrollo.Asimismo, el Ecuador refleja sus intereses a través
de su participación en el G-20 agrícola, negociaciones
que para nuestro país constituyen la parte central de la
Ronda de Doha y cuyos resultados deberán determinar el nivel
de ambición en el resto de áreas bajo negociación,
dado que en las mismas los países desarrollados deberán
demostrar un compromiso amplio por reducir las medidas que distorsionan
al comercio. El Ecuador, como parte del Grupo de Países Tropicales,
ha desarrollado una estrategia con los países desarrollados
de la OMC, para que se respete el mandato de la más amplia
liberalización de estos bienes agrícolas y como un
aspecto de trato especial y diferenciado.De igual manera, el Ecuador lideró en la OMC el proceso
de negociación para la adopción del Acuerdo de Ginebra
para el Comercio de Bananos, instrumento suscrito en Ginebra, el
31 de mayo de 2010, entre los países latinoamericanos proveedores
de banano al mercado comunitario y la Uniónŵropea, instrumento
con el que se concluyó de manera definitiva y exitosa 16
años de litigio multilateral y que ha permitido al país
la reducción del arancel de 176 euros/tm a uno que llegará
a 114 euros/tm en un período de 8 a 10 años, sujeto
a un calendario de desgravación progresiva.El Ecuador negocia compromisos de acceso a mercados para
productos no agrícolas (NAMA) en materia de reducción
arancelaria; los enfoques sectoriales; y, la creación de
reglas que eliminen o reduzcan los obstáculos técnicos
al comercio. Se calcula sus recortes arancelarios en promedio y
no en forma lineal mediante la aplicación de la fórmula
suiza.En cuanto a las negociaciones sobre comercio y ambiente,
el Ecuador promueve un enfoque basado en ofertas y demandas de bienes
y servicios ambientales, que incluya a los productos agrícolas
orgánicos y a aquéllos derivados de la biodiversidad,
así como la eliminación de los obstáculos técnicos
al comercio. Como parte del principio de trato especial y diferenciado,
el Ecuador propone la efectiva transferencia de tecnología
para combatir los efectos del cambio climático.En las negociaciones sobre propiedad intelectual, el Ecuador
asigna singular importancia a la reforma del Acuerdo sobre los ADPIC,
para que se incorporen las disposiciones del Acuerdo sobre Diversidad
Biológica que contemplan la exigencia a los solicitantes
de patentes de la divulgación de la fuente y el país
de origen del material biológico/genético y de los
conocimientos tradicionales conexos utilizados en su invención,
así como de las pruebas del consentimiento fundamentado previo
y de la distribución equitativa de los beneficios.El Ecuador forma parte de la coalición de los "Amigos
del Pez", que busca la eliminación de las subvenciones
a la pesca por parte de los países desarrollados como factor
determinante para la conservación del recurso pesquero, que
evite la sobreexplotación y sobre pesca de este recurso,
así como el reconocimiento de un trato especial y diferenciado
para los países en desarrollo, particularmente para los sectores
más vulnerables como es la pesca artesanal, sin que ello
se constituya en un cheque en blanco para que los actuales subvencionadores
sean reemplazados por otros.El Ecuador, a partir de julio de 2004, mantiene una activa
participación en el Grupo de Facilitación del Comercio,
negociación que constituye el único tema de los denominados
"temas de Singapur" que se negocia en la OMC, cuyo objetivo
es la simplificación de procedimientos y controles aplicados
a la circulación de mercancías a través de
las fronteras nacionales. Además, busca potenciar la asistencia
técnica y la creación de capacidad de los países
en desarrollo.En el Consejo de Comercio de Servicios, el Ecuador ha participado
activamente en las negociaciones sobre reglamentación nacional,
subvenciones, salvaguardias y compromisos específicos establecidas
en la Ronda de Doha. En virtud de que el Ecuador adquirió
amplios compromisos cuando adhirió a la OMC, el país
busca flexibilidades adicionales, especialmente en materia de cobertura
sectorial y modal de las listas de compromisos específicos
y horizontales, así como que en materia de regulación
no existan limitaciones que limiten el espacio de política
pública interna.
4.1.2.2. Ámbito bilateral
A partir de 2006, la política comercial del Ecuador
procura una inserción inteligente en la economía mundial.
Para este fin se han definido importantes ejes de acción
como la diversificación de mercados; diversificación
de productos; la complementariedad económica, la reducción
de asimetrías y el desarrollo endógeno.La sólida relación que el Ecuador ha tenido
a lo largo de décadas con socios comerciales tradicionales
como los Estados Unidos y la Unión Europea, ha provisto al
Ecuador de grandes mercados pero, a la vez, ha creado cierta dependencia
de ellos. Consecuentemente, los cambios en la economía estadounidense,
por ejemplo, han tenido notorias repercusiones para la economía
ecuatoriana. Para dar una alternativa a esta situación, sin
descuidar a un socio comercial tan importante, se están estrechando
los vínculos, particularmente comerciales, con antiguos y
nuevos socios. De esta forma se busca diversificar los mercados
para la oferta exportable ecuatoriana. Los acercamientos a
los países árabes y Turquía y próximamente
a los países europeos miembros de EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein
e Islandia), detallados abajo, reflejan los esfuerzos realizados
en este sentido.Igualmente, las exportaciones (no petroleras) ecuatorianas
se han concentrado en un número muy limitado de productos.
Si bien estos productos han ganado un significativo lugar en los
mercados internacionales, esta realidad ha limitado la potencialización
de los recursos del país en la exploración y producción
de productos adicionales y ha causado a su vez dependencia de ellos.
Con el fin de diversificar la oferta exportable ecuatoriana
y enriquecerla se trabaja muy de cerca con sectores prioritarios,
especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MYPIMES) y de las organizaciones de la economía popular
y solidaria (OEPS), para desarrollar las capacidades necesarias
para alcanzar un crecimiento productivo y exportable sostenible.
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