Examen de las políticas comerciales (página 4)

a Las crestas arancelarias nacionales se definen como los tipos
que superan tres veces el promedio simple global de los tipos aplicados.

b Las crestas arancelarias internacionales se definen como los
tipos superiores al 15 por ciento.

c Son tipos "de puro estorbo" los superiores a 0 pero
inferiores o iguales al 2 por ciento.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados
en los datos proporcionados por las autoridades ecuatorianas.

• El Ecuador aplica contingentes arancelarios con respecto
  a 17 líneas (4, 6 u 8 dígitos); todos los productos
  a los que se aplican contingente arancelario están sujetos
  al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), generalmente estos
  contingentes son asignados al importador en función del consumo
  histórico y pueden aplicarse conjuntamente con un requisito
  de absorción para precautelar la producción nacional
  (los importadores deben comprar una parte de la producción
  nacional para recibir la autorización de importación
  del producto).

5.3 Estrategia Nacional de Logística

Antecedentes

• Ecuador cuenta con un sector de logística y transporte
  de mercancías que actualmente no da respuesta a las necesidades
  del sector productivo, limitando su competitividad y amenazando
  el desarrollo de la Agenda de Productividad Diversificación
  y Transformación, especialmente en lo referente a las estrategias
  de diversificación y transformación productiva ambas
  basadas en bienes de una complejidad logística elevada.

• La mayor parte de los servicios ofrecidos se limitan a servicios
  de transporte con un bajo valor agregado, siendo otros más
  complejos como el almacenaje y distribución internalizarlos
  por parte del sector productivo. Se observa una limitada especialización
  en los servicios, más en concreto en el manejo de la cadena
  de frío, los procesos de picking–packing y la gestión
  de referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados
  de logística como de alimentos y los gráneles donde
  se observa una ausencia de flota granelera de calidad.

• La falta de idoneidad del material móvil influye tanto
  en la reducida oferta de servicios como en la falta de especialización
  de los mismos y supone un factor limitante del abanico de servicios
  ofrecidos. En este sentido, la mayor parte de la flota vehicular[21]entre
  un 60 por ciento y 80 por ciento, se considera obsoleta, con una
  edad mayor de 32 años y generalmente no adaptada a los productos
  que deben transportar, causando daños al material y pérdidas
  monetarias.

• En paralelo a esto, la consideración de la logística
  como un elemento de costo por una buena parte del sector productivo
  condiciona la sofisticación de la oferta de servicios, y
  dificulta la migración de prácticas tradicionales
  y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones
  orientados a la vocación de servicio y desarrollo de actividades
  de valor agregado. Al mismo tiempo constituye una barrera financiera
  para la entrada de nuevos operadores logísticos o la sofisticación
  de la oferta de las empresas de transporte (no encuentran demanda
  que les permita financiar sus proyectos).

• Se constatan carencias a nivel de formación en proveedores
  y usuarios de servicios logísticos de pequeño y mediano
  tamaño, tanto en capacidades gerenciales como en aspectos
  especializados del manejo de carga (trámites asociados al
  comercio exterior, procedimientos de cargue y descargue, estiba,
  etc.). El grueso de los transportistas individuales[22]posee
  un nivel de formación en logística y manejo de cargas
  bajo, situación similar a la de la gran mayoría de
  los operarios del sector productivo.

• En razón de todo lo anterior se constata la necesidad
  de creación de un marco estratégico integral que oriente
  la intervención del sector público, que ordene la
  actuación privada y que dé respuesta a los principales
  problemas del sector, mediante el establecimiento de una visión
  de futuro del sector de logística y transporte nacional,
  con miras a conjuntar todas las acciones y estrategias hacia la
  consecución de este objetivo. Este marco estratégico
  parte de la definición de una Política Nacional de
  Logística a partir de la cual se establezca el marco institucional,
  legal y regulatorio, financiero, así como el perfil de los
  recursos humanos del sector etc. requeridos para superar las dificultades
  y catapultar el sistema logística nacional hacia el futuro.

Objetivos de la estrategia nacional

• Los objetivos de la política representan lo que se
  intenta lograr en el sistema a través de una política
  sectorial y que servirán de base para el planteamiento de
  las estrategias de actuación o líneas de apuesta del
  Estado. A continuación se presentan los diez objetivos propuestos
  para la Estrategia Nacional de Logística conjuntamente con
  el alcance de cada uno de los mismos:

• Avanzar hacia la consolidación y formalización
  del sector transporte, generando empresas de dimensión competitiva
  en términos de tamaño, robustez, diversificación
  en la oferta de servicios y calidad: FORMALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.

• Propiciar la transformación del sector transportista
  ecuatoriano en un prestatario fiable de servicios logísticos
  competitivos en términos de calidad y costo: TRANSFORMACIÓN
  DE LOS OPERADORES.

• Fomentar la comercialización e internacionalización
  de los operadores de servicios de transporte y logística,
  posicionando a Ecuador como un referente de calidad a nivel de la
  región andina: INTERNACIONALIZACIÓN.

• Potenciar la modernización y la competitividad del
  sector a través de la innovación empresarial y la
  incorporación de nuevas tecnologías de información
  y comunicaciones para la gestión eficiente de las operaciones:
  INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Adecuar las capacidades de la oferta de transporte y logística
a las necesidades reales de los diferentes segmentos productivos, sin
discriminación del mercado atendido: ADAPTACIÓN A SEGMENTOS
PRODUCTIVOS.

Incentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector transporte,
como herramienta para el crecimiento sostenible y equilibrado de las
potencialidades regionales y el aprovechamiento de la infraestructura
instalada a nivel nacional: COMPETENCIA MULTIMODAL.

Promover la imagen del sector y propiciar la reducción
de las externalidades negativas asociadas a la operación del
transporte de carga (ambientales, accidentes, seguridad física,
etc.): REDUCCIÓN EXTERNALIDADES NEGATIVAS.

Adaptar las instituciones relacionadas con el desarrollo del
Sistema Logístico Nacional a las necesidades de fortalecimiento
del sector transporte y logística: ADECUACIÓN INSTITUCIONAL.

Favorecer una mejor utilización de las infraestructuras
logísticas locales y de comercio exterior, completando la creación
de una red nacional integrada física y operacionalmente: INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA.

Apostar por el desarrollo de las capacidades logísticas
nacionales y propiciar la profesionalización de la operación
y gestión en todos los ámbitos y niveles de la logística:
CAPACIDADES NACIONALES.

• Especialmente el objetivo de Internacionalización
  de operadores nacionales, el desarrollo de competencia multimodal
  y el de creación de una red de infraestructura logística
  son los que apuntalan directamente al mejoramiento de la balanza
  de servicios por la posibilidad de desarrollar proveedores locales,
  no solo para el sector productivo nacional sino para el regional.

5.4 Facilitación Aduanera para el Comercio

• En los últimos cinco años (2005 al 2010) se
  evidencia una mejora en los servicios de aduana a efectos de facilitar
  el comercio exterior y ejercer un mejor control a la entrada y salida
  de mercancías, unidades de carga y medios de transporte,
  lo que permitió pasar de 11,91 días en tiempo total
  de despacho (desde la llegada del medio transporte hasta el levante
  de la mercancías) a 6,54 días a finales del año
  2010. Lo que no se ha traducido en un deterioro de las recaudaciones
  tributarias incrementándose en 53 por ciento comparando los
  niveles de recaudación del año 2005.

• El 23 de octubre de 2007 se reforma la Ley Orgánica
  de Aduanas, en donde se logra eliminar el certificado de inspección
  en origen como documento de acompañamiento a la declaración
  aduanera, ahorrando al sector importador aproximadamente 70 millones
  de dólares EE.UU. anuales, así como eliminar el visto
  bueno del Banco Central del Ecuador como requisito previo al embarque
  de las mercancías en las importaciones a consumo.

• Dentro de las reformas, se incluye el concepto de análisis
  de perfiles de riesgo para el aforo de las mercancías, lo
  que significó pasar de 75,54 por ciento de trámites
  aforados físicamente en el mes de Enero de 2005 a 25,04 por
  ciento en el mes de mayo de 2011, así mismo con relación
  al perfilamiento para el control sobre la duda razonable significó
  reducir de 29,80 por ciento en el año 2008 a 4,47 por ciento
  en el año 2010 sobre el total de Declaraciones Aduaneras.
  Adicionalmente se incluyó la utilización de sistemas
  tecnológicos de escaneo con rayos X o similares, para el
  control de mercancías, lo que en mayo de este año
  significó un 0,87 por ciento de trámites asignados
  a este canal de aforo, pues cuenta con pocos meses de implementación
  total. El canal de aforo automático, que permite que las
  mercancías sean levantadas con la validación electrónica
  de la información de la Declaración Aduanera transmitida
  a nuestro sistema de aduana, y su posterior presentación
  física, significó para el mes de mayo el 27,88 por
  ciento de los trámites a nivel nacional.

• También se consideró incluir dentro del control
  aduanero la fase de control posterior que ha permitido realizar
  intervenciones a locales comerciales, consiguiendo importantes resultados
  traducidos en el número de aprehensiones.

• En el año 2010 se adopta de manera integral la Decisión
  671 de la CAN con la finalidad de armonizar la utilización
  de los regímenes especiales, pues habían sido tomadas
  en cuenta en la legislación comunitaria y nacional de los
  países miembros. Así mismo, se viene trabajando con
  personal in-house de la Aduana de Corea del Sur (premiada reiteradamente
  por la OMA) para implementar el nuevo Sistema Informático
  Aduanero (ECUA-PASS), sistema que incluye varios módulos,
  incluidos Portal Ventanilla Única, despacho importación,
  carga de importación, despacho de exportación, carga
  de exportación, sistema legal, control posterior, gestión
  de riesgo, etc.

• Para el 29 de Diciembre de 2010 se expide el Código
  Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
  y es el Título II de la Facilitación Aduanera para
  el Comercio del Libro V el cual reemplaza la anterior Ley Orgánica
  de Aduanas. Libro que otorga facultades al Servicio Nacional de
  Aduana del Ecuador basados principalmente en procesos aduaneros
  ágiles, recaudación adecuada, fomento a la competencia
  justa, y sanciones justas y disuasivas.

• En este nuevo cuerpo legal se recogen conceptos tales como
  el despacho con pago garantizado, el cual permite a los operadores
  de comercio exterior obtener el levante de las mercancías
  inmediatamente después de liquidada la declaración
  aduanera, sin que se autorice el respectivo pago de los tributos
  al comercio exterior y demás recargos, siempre y cuando,
  se hubiere otorgado una garantía general anual conferida
  para el efecto. Así mismo la definición de operador
  económico autorizado, persona natural o jurídica involucrada
  en el movimiento internacional de mercancías, que cumpla
  con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística
  establecidas, para acceder a facilidades en los trámites
  aduaneros.

5.5 Normas Técnicas

• La Constitución de la República del Ecuador,
  en el Artículo 52 establece en el párrafo primero
  que " Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios
  de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así
  como a una información precisa y no engañosa sobre
  su contenido y características"; y en párrafo
  segundo " La Ley establecerá los mecanismos de control
  de calidad, los procedimientos de defensa de las consumidoras y
  consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos,
  la reparación e indemnización por deficiencias, daños
  o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción
  de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso
  fortuito o fuerza mayor".

• La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Artículo
  4 de los Derechos del Consumidor, establece 14 derechos fundamentales
  relacionados con la calidad de los bienes y servicios.

• La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece en
  el Artículo 3, lo siguiente: "Declarase política
  del Estado la demostración y promoción de la calidad,
  en los ámbitos público y privado, como un factor fundamental
  y prioritario de la productividad, competitividad y desarrollo nacional.

• Con base a estos instrumentos legales y a los objetivos del
  Plan Nacional para el Buen Vivir, el INEN ha alineado sus objetivos
  estratégicos y sus actividades diarias de la siguiente manera:

Para cumplir con el primer objetivo estratégico de formular
y expedir normas técnicas ecuatorianas (NTE) y reglamentos técnicos
ecuatorianos (RTE) que sirvan de referencia para la fabricación
y comercialización de materia prima, productos intermedios y
productos terminados, el INEN ejecuta las siguientes actividades: estudio,
formulación, sustentación y emisión de normas técnicas
ecuatorianas (NTE) y reglamentos técnicos ecuatorianos (RTE);
emisión de normas técnicas ecuatorianas revisadas; y estudio,
formulación, sustentación y emisión de códigos
de práctica, guías de práctica y manuales técnicos.

Para cumplir con el segundo objetivo estratégico de elevar
el nivel de calidad de los productos, de los servicios, de las empresas
y del personal que trabaja en el ámbito de la calidad de esas
empresas, para alcanzar mejores niveles de competitividad en los mercados
nacional e internacional, el INEN ejecuta las siguientes actividades:
certificación de conformidad con norma para productos o muestras
de productos; certificación de conformidad con sello de calidad
INEN; certificación de conformidad con reglamento técnico
ecuatoriano; certificación de sistemas de gestión de la
calidad; y certificación y registro de Personal que trabaja en
los ámbitos de la calidad.

Para cumplir con el tercer objetivo estratégico de contribuir
con el desarrollo de la tecnología en el país a través
de la ejecución de ensayos físicos, mecánicos y
analíticos y la calibración de instrumentos de pesar o
medir, el INEN ejecuta las siguientes actividades: ejecución
de ensayos físicos, mecánicos y analíticos de materiales,
productos o muestras de productos de uso industrial, doméstico
o de investigación; certificación de elementos de pesar
o medir en las empresas en elementos correspondientes a las magnitudes
de masa, longitud, volumen, fuerza, presión, temperatura y humedad.

Para cumplir con el objetivo estratégico cuarto de proteger
la salud y seguridad de los clientes y usuarios de bienes o servicios
en el país a través de la vigilancia del cumplimiento
con los requisitos de las normas técnicas ecuatorianas y los
reglamentos técnicos ecuatorianos, el INEN ejecuta las siguientes
actividades: emisión del certificado (formulario INEN 1) para
bienes importados sujetos a control; emisión de Informes de verificación
y evaluación del cumplimiento de los productos con las normas
técnicas ecuatorianas (NTE INEN).

• Desde el año 2005 hasta la presente fecha se ha notificado
  a la OMC 58 reglamentos técnicos ecuatorianos (RTE INEN)
  y 5 procedimientos de evaluación de la conformidad.

5.6 Normas Sanitarias y Fitosanitarias

• Mediante Decreto Ejecutivo No. 1449 de fecha 22 de noviembre
  del 2008 se crea la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad
  del AGRO (AGROCALIDAD); la misma que asume todas las funciones del
  Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA).

• Las principales disposiciones jurídicas relativas
  a la sanidad animal y vegetal figuran en la legislación nacional,
  que incluye también las normas pertinentes de la OMC, y en
  diversos instrumentos aprobados por los países miembros de
  la Comunidad Andina y de la Junta del Acuerdo de Cartagena. La Comunidad
  Andina de Naciones, ha realizado la actualización de la normativa
  comunitaria, de los requisitos sanitarios para el intercambio comercial
  intra subregional y el comercio con terceros países, de:
  animales, productos y subproductos: bovinos[23]equinos[24]cerdos[25]aves.[26]
  También se modificó el catalogo básico de plagas
  y enfermedades, de los animales exóticos de la subregión.[27]
  En el área fitosanitaria desde el 2005 se han emitido varias
  normas fitosanitarias que se basan en la Resolución No. 11
  AGROCALIDAD Establecimiento de requisitos fitosanitarios.

• Adicionalmente en AGROCALIDAD, se registran los productos
  tales como plaguicidas y los de uso veterinario siguiendo normativa
  internacional como la Normativa 436 y 483 de la Comunidad Andina
  de Naciones.

• AGROCALIDAD forma parte del Comité Nacional del Codex
  Alimentarius (CNCA), creado mediante Decreto Ejecutivo en octubre
  de 2004, como ente asesor del Gobierno Nacional, encargado del estudio,
  propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas
  materias relacionadas con el trabajo de la Comisión del Codex
  Alimentarius.

• Para el establecimiento de normativas fitosanitarias de productos
  vegetales de importación o exportación no se realizan
  análisis de costos y beneficios, por ejemplo los estudios
  de análisis de riesgo de plagas (ARP) para establecer requisitos
  fitosanitarios de productos vegetales de importación consiste
  en estudios cualitativos y no cuantitativos; sobre todo trabajos
  científicos para la determinación de plagas y/o enfermedades
  que pueden estar presentes tanto en la importación como en
  la exportación de productos, en base a la aplicación
  de las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF)
  de la CIPF, relacionadas a análisis de riesgo de plagas y
  medidas de mitigación del riesgo, así como también
  a lo que establece la Organización Internacional de Salud
  Animal (OIE) y entes internacionales en el manejo de plaguicidas
  como el Convenio de Rotterdam. Por lo tanto en AGROCALIDAD, existe
  personal capacitado en la normativa de la CIPF, OIE y CODEX ALIMENTARIUS.

• AGROCALIDAD también trabaja en lo referente de importaciones
  de productos que estén bajo su control como lo son plantas,
  animales y/o plaguicidas y productos veterinarios, para el caso
  de importaciones amparadas por un certificado zoosanitario o fitosanitario
  (emitidos por el organismo nacional protección fitosanitaria,
  del país de origen), estas están sujetas a inspección
  física realizada por AGROCALIDAD en el puerto de entrada.
  Si la inspección física arroja un resultado satisfactorio,
  AGROCALIDAD emite una licencia con la cual se pueden introducir
  los productos. En el caso de incumplimiento de los productos son
  rechazados y deben ser reexportados al país de origen, o
  luego de un tiempo se declaran en abandono y son destruidos. No
  se emite una licencia sino un documento de liberación fitosanitaria
  llamado Documento de Destinación Aduanera, el cual le sirve
  al interesado para continuar con los trámites de nacionalización
  en el SENAE.

• La importación de aditivos, alimentos procesados,
  medicamentos, drogas, productos homeopáticos, dispositivos
  médicos y plaguicidas de uso doméstico requiere un
  registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud Pública.
  Además del registro sanitario, se necesita obtener una licencia
  de importación del mismo ministerio para importar los aditivos,
  alimentos procesados y sus materias primas, medicamentos, cosméticos,
  drogas, productos homeopáticos, dispositivos médicos
  y plaguicidas de uso doméstico.

• Desde el año 2005 hasta la presente fecha se han realizado
  279 notificaciones en temas sanitarios y fitosanitarios por parte
  de Ecuador a la OMC.

5.7 Propiedad Intelectual

• La Constitución de Montecristi del año 2008,
  contempla normas relativas a propiedad intelectual en lo referente
  a la protección de conocimientos tradicionales, derecho de
  autor, acceso recursos genéticos. Siendo esto un gran avance
  a la protección de la propiedad intelectual ya que se contemplan
  de manera expresa en la norma suprema diferentes áreas de
  protección de la propiedad intelectual que antes no se contemplaban.

Patentes: licencias obligatorias para patentes farmacéuticas

• Con fecha 23 de octubre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo
  No. 118 se declaró de interés público el acceso
  a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que
  afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias
  para la salud pública, para lo cual estableció que
  se podrá conceder licencias obligatorias sobre las patentes
  de los medicamentos de uso humano que sean necesarios para sus tratamientos.
  La Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad
  Industrial en su artículo 64, establece las condiciones que
  el artículo 31 del Acuerdo de los ADPICs señala para
  que los países miembros puedan emitir licencias obligatorias.

Observancia de derechos marcarios y de autor

• El IEPI tiene en efecto esta facultad desde su creación.
  Existen dos figuras, la tutela administrativa y las medidas en frontera,
  bien sean de oficio o a petición de parte.

• Respecto de las tutelas administrativas existe un promedio
  de 50 procesos anuales desde el año 2005. No obstante, haber
  sido la mayoría de tutelas iniciadas por los titulares de
  derechos afectados, desde el año 2010 el IEPI inició
  procesos administrativos de oficio que buscan identificar y sancionar
  a los grandes canales de comercialización de reproducciones
  ilícitas de productos audiovisuales, cuyas resoluciones han
  sido impugnadas por los infractores ante los Tribunales competentes
  que han ratificado lo resuelto por el IEPI.

• Respecto de las medidas en frontera, que se empezaron a aplicar
  desde el año 2007, se han tomado hasta el mes de abril del
  2011, más de 1.000 medidas, de las cuales casi su totalidad
  han sido realizadas de oficio y en muy pocas han comparecido los
  titulares de los derechos afectados a defender sus interés,
  haciendo que se complique para la administración aduanera
  y para el IEPI el poder determinar la infracción.

• Adicionalmente, de todo este universo de medidas en frontera,
  la modalidad de propiedad intelectual más vulnerada es la
  de los derechos de autor, a través de reproducciones o copias
  de imágenes protegidas o utilización de obras en mercadería
  sin licencias o autorizaciones.

• Como ejemplo tenemos que en el 2010, de 189 medidas adoptadas,
  104 fueron violaciones al derecho de autor. en lo que se refiere
  al año 2011, hasta la fecha existen 78 medidas correspondientes
  a todas las modalidades de la propiedad intelectual.

• El IEPI incluye compañas de concientización,
  y difusión de la PI a organismos públicos y privados,
  con la consecuente adopción y resolución de las tutelas
  y medidas en frontera adoptadas. Respecto de las fechas es importante
  anotar que durante todo el año se encuentran establecidas
  actividades de difusión a distintos públicos y participación
  en distintas ferias y eventos. Los objetivos, van encaminados a
  generan un crecimiento del número de personas que conozcan
  sus derechos como creadores y reducir los niveles de infracciones
  y de falta de respeto de la ley. Como resultados tenemos un aumento
  de los registros de obras en el IEPI (2.132 obras registradas en
  el 2009 versus 2.386 obras registradas en el año 2010) y
  un continuo ejercicio de las tutelas administrativas gracias a que
  los creadores conocen sus derechos y accionan. Así, respecto
  de las tutelas tenemos por ejemplo en derecho de autor, que en el
  año 2005 se presentaron seis tutelas, en el año 2006
  se presentaron 54, en el 2007 46, en el año 2008 60 acciones,
  en el 2009 40 y en el año 2010 la cantidad de 42 acciones.

5.8 Política de Calidad

• La política de calidad del Sistema Nacional de la
  Calidad se sustenta en normas que protegen y promueven el bienestar
  del ciudadano a través del fomento a la producción
  de bienes industriales de calidad y del consumo de bienes y servicios
  de calidad, sanos y seguros, como elementos esenciales el SNC opera
  en dos campos de acción.

• La Política de Calidad está alineada con el
  Plan Nacional del Buen Vivir, Política Industrial, Agenda
  de Transformación Productiva Territorial, Código de
  la producción.

• Las líneas de acción de la Política
  de la Calidad se desprenden de la Ley de la Calidad cuyo fundamento
  radica en: i) regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano
  de la calidad; ii)࣯ordinar la participación de la administración
  pública en las actividades de evaluación de la conformidad;
  iii)ॳtablecer los mecanismos e incentivos para la promoción
  de la calidad en la sociedad ecuatoriana; iv) establecer los requisitos
  y los procedimientos para la elaboración, adopción
  y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos
  de evaluación de la conformidad; v)ৡrantizar que las normas,
  reglamentos técnicos y los procedimientos para la evaluación
  de la conformidad se adecuen a los convenios y tratados internacionales
  de los que el país es signatario; vi) garantizar seguridad,
  confianza y equidad en las relaciones de mercado en la comercialización
  de bienes y servicios, nacionales o importados; y vii) organizar
  y definir las responsabilidades institucionales que correspondan
  para la correcta y oportuna notificación e información
  interna y externa de las normas, los reglamentos técnicos
  y los procedimientos de evaluación de la conformidad.

• A su vez, para la implementación de la Política
  de la Calidad, ha sido necesario identificar a cuatro grandes pilares:
  i) normalización; ii) metrología; iii) acreditación;
  y iv) evaluación de la conformidad.

• Siendo necesario incorporar mecanismos que permitan viabilizar
  la Política de la Calidad a través de: i) Comité
  Interministerial de la Calidad; ii) Instituto Ecuatoriano de Normalización
  (INEN); iii) Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE);
  iv) las entidades e instituciones públicas que en función
  de sus competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos
  técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad;
  y v) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) como entidad
  rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

5.9 Políticas de Competencia y de Defensa del Consumidor

Política de competencia

• Se ha elaborado un proyecto de Ley Orgánica de Control
  de Poder de Mercado (Ley de Competencia), el cual se prevé
  sea aprobado en el presente año 2011.

• Este proyecto de Ley ha sido elaborado en cumplimiento a
  los mandatos de la Ley Tipo de la UNCTAD, y siguiendo los modernos
  postulados del Derecho Comparado, así como reconociendo las
  particularidades de la realidad ecuatoriana.

• La experiencia regional y mundial demuestra que la única
  manera de proteger a los consumidores y a los mismos empresarios
  de las realidades distorsionadoras de la competencia es mediante
  un marco jurídico para ello, es decir, la aprobación
  de una Ley de Orgánica de Control de Poder de Mercado (Ley
  de Competencia) mediante la cual la Agencia de Competencia del Ecuador
  pueda investigar y eventualmente sancionar los actos de abuso de
  posición de dominio y los acuerdos restrictivos de la competencia,
  así como controlar las Fusiones o concentraciones anticompetitivas;
  igualmente este proyecto de Ley también contará con
  normas que permitirán investigar y eventualmente sancionar
  las conductas de competencia desleal.

• El proyecto de Ley Orgánica de Control de Poder de
  Mercado (Ley de Competencia), al igual que las legislaciones de
  competencia más modernas, asume que la competencia debe ser
  defendida y que como bien jurídico no puede dejarse al libre
  albedrío de los agentes económicos; igualmente, que
  el mercado carece de los mecanismos de autoregulación que
  impidan distorsiones por conductas anticompetitivas o desleales
  y que en esos casos el Estado debe intervenir con reglas claras
  y transparentes, situación que únicamente es posible
  incorporando al ordenamiento jurídico ecuatoriano a la Ley
  Orgánica de Control de Poder de Mercado que con una Institución
  creada para el efecto, proteja el interés de 14 millones
  de Ecuatorianos.

• De esta manera, la Ley impone la obligación de competir
  a los agentes económicos del mercado, y controlar que se
  cumpla con esta obligación. Tal como sucede en todas los
  mercados en el mundo, y particularmente en aquellos con la misma
  realidad que la nuestra, los primeros efectos que tendrá
  en el Ecuador la aplicación de esta Ley serán la mejora
  de los precios, calidad y/o servicios de los bienes y servicios
  en el mercado; y la disminución significativa de actos de
  competencia desleal entre empresarios, elementos que evidentemente
  beneficiarán de manera directa a los consumidores y al mercado.

Defensa al consumidor

• En el Ecuador los derechos de los consumidores y usuarios
  están elevados a rango constitucional. Así el artículo
  52 de la Constitución de la República del Ecuador,
  establece que "Las personas tienen derecho a disponer de
  bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad,
  así como a una información precisa y no engañosa
  sobre su contenido y características. La ley establecerá
  los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa
  de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración
  de estos derechos, la reparación e indemnización por
  deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios,
  y por la interrupción de los servicios públicos que
  no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor".

• Dentro de este marco constitucional, existe regulación
  específica de defensa de los derechos de los consumidores,
  que se plasma en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
  y su Reglamento de aplicación. Cabe destacar dos aspectos
  importantes de la mencionada LODC; el primero es que se trata de
  una norma jurídica de carácter orgánico lo
  cual, conforme lo establecido en el Artículo 425 de la Constitución
  es una norma de jerarquía superior a las leyes ordinarias
  y solo inferior a la propia Constitución. Ello implica que
  ante la coexistencia o contradicción de normas jurídicas
  generales que regulen una determinada materia prevalecerán
  las disposiciones protectivas de protección y defensa del
  consumidor – LODC. El segundo aspecto de relevancia es que
  la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es transversal
  frente a otras áreas relacionadas con la prestación
  de bienes y servicios

• A pesar de que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
  está vigente desde el año 2000, el establecimiento
  de acciones y políticas públicas ha sido relativamente
  débil. Sin embargo, es a partir de los últimos años,
  especialmente en este Gobierno en que se ha tenido la directriz
  de fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores, lineamiento
  que se ha concretado tanto en el área legal como institucional.
  De acuerdo al artículo final del Reglamento de Aplicación
  de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el Ministerio
  de Industrias, es el ente estatal encargado de la ejecución
  del referido Reglamento.

• En este sentido en julio del 2009, dentro del Ministerio
  de Industrias se creó la Dirección de Defensa del
  Consumidor, como la primera entidad gubernamental de protección
  y defensa de los derechos de los consumidores. La DIDECO, tiene
  como misión promover los derechos y obligaciones de los consumidores
  mediante programas de capacitación y difusión, así
  como el fortalecimiento de las relaciones con entidades nacionales
  o internacionales. De acuerdo al Acuerdo Ministerial 10-356, la
  DIDECO tiene atribuciones y responsabilidades específicas,
  entra las cuales están: proponer, ejecutar y controlar políticas
  públicas, programas, proyectos y acciones relacionadas a
  la defensa del consumidor; garantizar la aplicación de la
  LODC y normativa aplicable y desarrollar proveedores conscientes
  que ejerzan sus derechos y cumplan son sus obligaciones con los
  consumidores.

• En este sentido, la DIDECO ha desarrollado algunas vigilancias
  de mercado tendientes a verificar posibles incumplimientos a la
  Ley, acciones para contrarrestar dichas prácticas; capacitaciones
  a proveedores y consumidores; así también ha fortalecido
  la presencia frente a organismos de cooperación y con otras
  agencias de defensa del consumidor; concretándose por ejemplo,
  la realización del Foro de Protección al Consumidor,
  en coordinación con la UNCTAD; además también
  ha participación en eventos internacionales cuya temática
  ha sido la defensa de los consumidores a nivel regional, de lo que
  la DIDECO se ha beneficiado por el intercambio de experiencias que
  fortalezcan su accionar.

5.10 Contratación Pública

• Mediante la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
  Pública publicada en el Registro Oficial Suplemento
  395 de 4 de agosto de 2008 se estableció el Sistema Nacional
  de Contratación Pública (SNCP), como un conjunto de
  principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas
  orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control,
  administración y ejecución de las contrataciones realizadas
  por las entidades contratantes, cuyos objetivos principales son
  garantizar la calidad del gasto público y su ejecución
  en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, garantizar la
  transparencia en la contratación pública, dinamizar
  la producción nacional, lograr la participación de
  artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas
  y en general la participación de proveedores confiables y
  competitivos modernizando los procesos de contratación pública.

• Conforme el ordenamiento jurídico el Instituto Nacional
  de Contratación Pública (INCOP), creado por la misma
  ley, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Contratación
  Pública lo que implica una serie de atribuciones que en resumen
  pretenden asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios
  del sistema. Para justamente alcanzar estos objetivos se estableció
  que el Sistema Oficial de Contratación Pública del
  Ecuador COMPRASPUBLICAS sea de uso obligatorio, teniendo el INCOP
  la obligación de administrarlo. En este aspecto, el Instituto
  es un ente que ejerce el control sobre el sistema pero no constituye
  un ente sancionador, ya que de existir infracciones a la normativa
  derivadas de los procesos de contratación llevados a cabo
  por las entidades contratantes, es la Contraloría General
  del Estado y la Procuraduría General del Estado quienes,
  en el ejercicio de sus funciones, impondrían las sanciones
  que creyeren pertinentes.

• Desde su creación, el Sistema Nacional de Contratación
  Pública ha evolucionado favorablemente, así, en el
  año 2008 se efectuó una reestructuración completa
  del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador
  (SOCE) implementando un motor de flujo de trabajo propio que permita
  el establecimiento de parámetros para las diferentes etapas
  de los procesos de contratación; se desarrolló una
  herramienta que permita el establecimiento de parámetros
  de las pantallas de creación de los diferentes procesos;
  se reconstruyeron las herramientas de subasta inversa, licitación,
  publicación y registro de proveedores y entidades contratantes;
  se adquirió la infraestructura tecnológica inicial
  para soportar el SOCE y se implementó la primera versión
  del módulo del Plan Anual de Contrataciones (PAC). En el
  año 2009, se implementaron las funcionalidades de menor cuantía,
  cotización y licitación para bienes, servicios y obras,
  contratación directa, lista corta, concurso público
  en la parte de consultoría y catálogo electrónico,
  cambios a las diferentes herramientas a fin de acoplarlas a la normativa
  vigente y a los modelos de pliegos e implementación de la
  segunda versión del módulo del PAC. En el año
  2010 se realizó la ampliación del sistema de almacenamiento
  para soportar el SOCE, optimización del mismo a fin de mejorar
  su rendimiento, mejora de la presentación a fin de hacerlo
  más amigable incorporando nuevas funcionalidades, implementación
  de la herramienta de publicaciones de emergencia, reestructuración
  de la etapa de convalidación de errores, optimización
  del almacenamiento de los archivos del sistema, deshabilitación
  de proveedores que no se encuentran en lista blanca en el Servicio
  de Rentas Internas esto es que no han cumplido oportunamente con
  sus obligaciones tributarias, ingreso del PAC con el control de
  las partidas presupuestarias definidas en el Sistema Integrado de
  Gestión Financiera (ESIGEF) e interacción en línea
  con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
  (SENPLADES) a fin de entregar estadísticas del INCOP.

• En resumen, en el año 2008 se construyó el
  motor que soportaría todo el sistema y las herramientas más
  emergentes a fin de que el mismo pueda trabajar; en el 2009 se implementaron
  todas las herramientas restantes que permitirían dar pleno
  cumplimiento a la normativa vigente; en el 2010 se trabajó
  en la optimización del sistema y desarrollo de herramientas
  adicionales que corresponde a procedimientos especiales de contratación,
  trabajo que continuará en este año, 2011, con la implementación
  de nuevas funcionalidades como la etapa post contractual, la firma
  electrónica, entre otros.

• La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
  Pública regula las contrataciones de todos los organismos
  y dependencias que conforman el sector público lo que incluye
  a la Administración Central, Institucional y el Régimen
  Seccional Autónomo. Adicionalmente se sujetan a esta norma
  las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles cuando estén
  integradas por entidades del sector público o posean o administren
  fondos y en general derechos pertenecientes al Estado e inclusive
  las compañías mercantiles que administren fondos y
  derechos que pertenecen al Estado. Es por ello que el número
  de entidades contratantes registradas en el Registro Único
  de Proveedores (RUP) a febrero de 2011 llegó a 9796 de las
  cuales 5014 se encuentran habilitadas. Por otra parte, se encuentran
  registrados 156.670 proveedores de los cuales se encuentran habilitados
  111.811, mismos que incluyen empresas y entidades públicas
  que pueden actuar como entidades contratantes y como proveedores
  al mismo tiempo.

• Desde enero de 2010 a febrero de 2011, el Sistema reporta
  un total de 189.258 procesos de contratación realizados a
  través del Portal, con un presupuesto total de 6.977 mil
  millones de dólares EE.UU., un valor adjudicado de 6.630
  mil millones de dólares EE.UU. y por ende un ahorro de 486୩llones
  de dólares EE.UU. Los procesos de contratación de
  mayor recurrencia son el de menor cuantía y subasta inversa
  electrónica, seguido por el catálogo electrónico.
  Este último se desarrolló ampliamente durante el año
  2010, pues en la actualidad existen un total de 2.351 ítems
  registrados que corresponden a las categorías de vehículos,
  suministros de oficina, equipos de impresión, equipos de
  computación, suministros de limpieza y productos de apoyo
  para discapacitados, con lo que se ha abarcado un importante mercado
  de productos que de forma recurrente son adquiridos por las entidades
  contratantes, lo que ha facilitado y agilitado su adquisición.
  El éxito que ha tenido el catálogo electrónico
  ha llevado a que las entidades públicas soliciten la inclusión
  de una mayor cantidad de bienes y servicios a fin de realizar adquisiciones
  efectivas.

• De otra parte se ha observado que las microempresas reportan
  el mayor monto de contrataciones, seguidas muy de cerca por las
  pequeñas empresas, lo que implica que se están cumpliendo
  con los objetivos del sistema que es justamente promover la participación
  de micros y pequeños empresarios, quienes bajo el régimen
  anterior tenían poca o ninguna participación.

• De otra parte se observa que entre enero de 2010 y febrero
  de 2011, un 43 por ciento de adquisiciones corresponden a bienes,
  el 28 por ciento a obras y el 24 por ciento a servicios, el resto
  corresponde a consultoría, seguros y fármacos. Cabe
  señalar que dichas adquisiciones dependen de las necesidades
  de las entidades contratantes y que deben guardar plena concordancia
  con el PAC.

• En uso de sus facultades el INCOP ha observado dentro del
  período 20102011, un total de 2.654లocesos, ha monitoreado
  2.390, es decir se ha efectuado un control directo del 87,54 por
  ciento de los procesos de contratación efectuados a través
  del sistema.

• Debido a que el Instituto no posee una facultad sancionadora
  y por así disponerlo el ordenamiento jurídico, se
  han enviado a Contraloría General del Estado un total de
  168 procesos que corresponden a aquellos sobre los cuales el INCOP
  ha solicitado información relacionada a las actuaciones efectuadas
  y que no se encuentran justificadas. De igual manera se han reportado
  263లocesos sobre los cuales el INCOP no ha recibido respuesta
  de las entidades contratantes respecto a observaciones efectuadas.
  Una vez que la información pasa al ente de control, corresponde
  a este imponer las sanciones pertinentes.

5.11 Política Ambiental y Comercio

• De acuerdo con la Constitución del Ecuador de 2008,
  es un derecho de la población el vivir en un ambiente sano
  y ecológicamente sano que garantice la sostenibilidad y el
  buen vivir (artículo౴). De igual manera, se estipula que
  el sistema económico debe estar en armonía con la
  naturaleza y garantizar un consumo ambientalmente responsable (artículos
  283284). Además, se reconoce que el Estado garantizará
  un modelo sustentable de desarrollo que asegure la satisfacción
  de las necesidades de las generaciones presentes y futuras (artículo
  395). Por otro lado, el Plan Nacional del Buen Vivir de 2009 reitera
  la necesidad de promover un medio ambiente sano y sustentable, y
  garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo. Asimismo, replica
  la pertinencia y obligación de establecer un sistema económico
  solidario y sostenible.

• La Política Ambiental Nacional se fundamenta en los
  principios de la Constitución y se articula con el Plan Nacional
  del Buen Vivir. En este sentido, la política resalta la estrecha
  vinculación de la economía con el ecosistema, a través
  de la incorporación de la variable ambiental en el modelo
  económico, la adaptación del sector productivo a las
  buenas prácticas ambientales, extracción sustentable
  de recursos renovables e incentivo de actividades productivas rentables
  de bajo impacto ambiental. De igual manera, la política se
  enfoca en el uso eficiente de recursos estratégicos para
  el desarrollo sustentable. Por otro, lado se incorpora la necesidad
  de enfrentar al cambio climático, con la finalidad de disminuir
  la vulnerabilidad social, económica y ambiental. Las estrategias
  para esta política se relacionan con la mitigación
  de los impactos de este fenómeno ambiental y otros eventos
  naturales y antropogénicos en la población y los ecosistemas,
  incrementar el manejo integral de riesgo y la reducción de
  las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos.

• Iniciativa Yasuní (ITT)

• El Presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció
  en 2007 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el compromiso
  del país para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas
  de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini),
  equivalentes al 20 por ciento de las reservas del país, localizadas
  en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana.

• A cambio, el Presidente propuso que la comunidad internacional
  contribuya financieramente con al menos 3.600 millones de dólares
  EE.UU., equivalentes al 50 por ciento de los recursos que percibiría
  el Estado en caso de optar por la explotación petrolera.
  De esta forma se crea un fondo de capital administrado por el PNUD,
  con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana
  y representantes de los contribuyentes. Esta Iniciativa permitirá
  evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, el
  principal gas que provoca el cambio climático. Esta reducción
  es mayor a las emisiones anuales de países como Brasil o
  Francia.

• Como dijo el Presidente Correa en aquella ocasión
  en Nueva York: "Éste sería un extraordinario
  ejemplo de acción colectiva mundial, que permita no solo
  reducir el calentamiento global para beneficio de todo el planeta,
  sino también inaugurar una nueva lógica económica
  para el siglo XXI, donde se compense la generación de valor
  y no solamente la generación de mercancías."

• El Parque Nacional Yasuní es la reserva más
  importante de biodiversidad en el planeta y alberga los dos pueblos
  en aislamiento voluntario del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenane.

5.12 Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

• Principios

• Los preceptos de cambio social incluidos en la Constitución,
  en las Leyes y en el Plan del Buen Vivir, tienen como horizonte
  el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos del
  Ecuador, la consolidación del Estado constitucional de derechos
  y justicia social y el fortalecimiento de una sociedad incluyente,
  diversa, plural y solidaria.

• Tanto la Constitución como las nuevas leyes que buscan
  llevarla a la práctica, se basan en el reconocimiento del
  rol que debe cumplir el Estado como garante de los derechos de los
  ciudadanos y los mecanismos que debe implementar para hacer efectivo
  el ejercicio de los derechos. Este mandato legal es un elemento
  fundamental de la gestión pública, en especial cuando
  debe cumplir con los principios de transparencia, eficiencia y ética.

• El Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
  orienta sus estrategias y acciones a hacer operativo este enfoque
  de garantía de derechos, a la lucha contra la impunidad,
  contra el abuso de poder y la discrecionalidad en las decisiones
  de las autoridades y de los servidores públicos.

• Para el Gobierno Nacional la Revolución Ética,
  implica entre otros aspectos, transformar el servicio público
  hacia la transparencia y eficiencia en la gestión, desterrar
  prácticas y relaciones de corrupción entre servidores
  públicos y actores privados, incorporar la participación
  ciudadana en procesos de contraloría social y aportar al
  afianzamiento de una ética y responsabilidad empresarial
  y gremial basada en la transparencia y cumplimiento de la ley.

• El Plan Nacional también recupera valores culturales
  representativos de la sociedad, como la honestidad, lealtad, responsabilidad,
  probidad, respeto y dignidad, que han sido transmitidos por generaciones,
  y que expresan además de las cualidades ciudadanas, la voluntad
  de transitar por un camino de equidad, libertad y solidaridad.

• El Buen Vivir no habla de metas macro económicas que
  pueden exhibir resultados, ocultando la trascendencia en cada uno
  de los ciudadanos, el Buen Vivir exige rehacer las relaciones entre
  lo público y lo privado. Para lograrlo es necesario que se
  transparenten los objetivos, se amplíen las coberturas en
  la educación, salud y asistencia social. Ampliar es sólo
  posible con mejor distribución de los recursos, por eso el
  Plan Nacional de Transparencia aportará a recuperar y evitar
  que los recursos nacionales sean saqueados por la corrupción,
  para que sean invertidos en la reducción de los niveles de
  inequidad y desigualdad. El Buen Vivir exige a todos, capacidad
  de movilización y compromiso, en otras palabras, ciudadanía.

• La transparencia, entendida por la SNTG, como "el comportamiento
  y la actitud que permite a todas las personas, organizaciones e
  instituciones, mostrar sus acciones e información para que
  la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones", se
  convierte en una poderosa herramienta en la medida que se logre
  convencer a los actores involucrados, que la transparencia genera
  beneficios para todos. La transparencia permite que la gestión
  pública sea imputable, que los ciudadanos conscientes de
  sus derechos exijan la rendición de cuentas, y que los proveedores
  estén sometidos a reglas claras y decisiones transparentes
  en sus ofertas al Estado.

• El Plan Nacional se enmarca para su implementación
  y ejecución, en los capítulos de Participación
  y Organización del Poder, Régimen del Buen Vivir y
  Supremacía de la Constitución de la República,
  que se refieren en el artículo 3, a los deberes primordiales
  del Estado: "8. Garantizar a sus habitantes el derecho
  a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
  democrática y libre de corrupción"; el artículo
  141 en cuanto a las atribuciones del Presidente de la República,
  establece el campo de acción del gobierno nacional, al manifestar
  que "La Función Ejecutiva está integrada
  por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los
  Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones
  necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia,
  las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución
  y evaluación de las políticas públicas nacionales
  y planes que se creen para ejecutarlas".

• De la misma manera, el artículo 147, numeral 3 de
  la Constitución, al referirse a las atribuciones y deberes
  del Presidente enuncia "Definir y dirigir las políticas
  públicas de la Función Ejecutiva", y finalmente
  en el artículo 206, numeral 1, manifiesta que son atribuciones
  de la Función de Transparencia y Control Social son "Formular
  políticas públicas de transparencia, control, rendición
  de cuentas, promoción de la participación ciudadana
  y prevención y lucha contra la corrupción"; y
  numeral 3 "Articular la formulación del plan nacional
  de lucha contra la corrupción".

• Este último artículo, si bien recoge la competencia
  de la Función de Transparencia en cuanto a la coordinación
  para la formulación de un Plan Nacional de Lucha contra la
  Corrupción, a criterio de la SNTG es deber también
  de la Función Ejecutiva, aportar de manera efectiva y sin
  dilaciones al combate a la corrupción y a la implementación
  de políticas públicas que fomenten la transparencia
  y eficiencia en la gestión pública, recogiendo de
  esta manera el espíritu del texto constitucional.

Principales fuentes y fundamentos legales del Plan Nacional
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Elaboración: Secretaría Nacional de Transparencia
y Gestión.

• De la misma forma, el Plan Nacional de Transparencia propuesto
  por la SNTG para la Función Ejecutiva, se enmarca también
  en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en los objetivos 1: "Auspiciar
  la igualdad, cohesión e integración social y territorial
  den la diversidad"; 3: "Mejorar la calidad de
  vida de la población"; 5: "Garantizar
  la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica
  en el mundo y la integración Latinoamericana";
  9: "Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia";
  10: "Garantizar el acceso a la participación pública
  y política"; y 12:঱uot;Construir
  un Estado democrático para el Buen Vivir"; y especialmente
  en las políticas 10.2:঱uot;Fortalecer, generar e innovar
  formas de control social y rendición de cuentas a las y los
  mandantes"; 10.4: "Garantizar el libre acceso
  a información pública oportuna; 12.2: "Consolidar
  la nueva organización y rediseño institucional del
  Estado que recupere las capacidades estatales de rectoría,
  planificación, regulación, control, investigación
  y participación"; y 12.4: "Fomentar un
  servicio público eficiente y competente".

• Recoge los postulados de las Convenciones de Naciones Unidas
  e Interamericana contra la Corrupción y el Plan Andino de
  Lucha contra la Corrupción (Decisión 668 de la CAN),
  que son de aplicación obligatoria para el Ecuador; y se basa
  en la política 3 "Alcanzar una gestión pública
  transparente" de la Agenda Sectorial de la Política
  del Gobierno del Ecuador.

Políticas sectoriales

6.1 Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

• En el período comprendido entre los años 2005
  y 2010 la participación del sector agropecuario (agricultura,
  ganadería, caza, silvicultura y pesca), en términos
  constantes alcanza una participación en promedio del 10,28
  por ciento en relación al PIB total. Si tomamos en cuenta
  el aporte ampliado de la agricultura y los otros subsectores al
  PIB, este alcanzaría aproximadamente el 25 por ciento.

• Los denominados productos tradicionales de exportación
  (banano, café, cacao) mantienen una tendencia creciente durante
  el periodo de análisis; no obstante de ello su participación
  frente a las exportaciones no petroleras del país es del
  33,50 por ciento, cabe destacar que las exportaciones de los rubros
  banano, cacao y café mantienen una tendencia positiva, con
  un aporte importante de divisas a la economía nacional y
  con una adecuada contribución al fisco.

Cuadro 6.1

Participación de la agricultura en el PIB nominal ecuatoriano

(Miles de $EE.UU. del 2000)

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