- El intento fundacional (1976-80) Actos Institucionales
- El plebiscito de 1980
- La dictadura transicional (1980-84)
Según esta Doctrina, cualquier amenaza a la Seguridad Nacional de EE. UU. originada en cualquier parte del mundo, constituía una acción a favor de la potencia enemiga de EE. UU., la URSS. Existía la convicción, en ciertas áreas del gobierno estadounidense, de que el bloque comunista (surgido después de la Segunda Guerra Mundial) tenía como principal objetivo el convertirse en la única potencia mundial y reorganizar la sociedad mediante la expansión del comunismo soviético. La llamada doctrina considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad.
Los defensores de la Doctrina sostienen oficialmente que fue necesaria su aplicación durante la guerra fría para frenar el avance del comunismo. Según esta Doctrina el comunismo acabaría con las libertades y los derechos individuales en el país donde se instaurara, y las violaciones a los DD. HH. necesarias para evitar la acción o la instauración del comunismo, eran vistas como un daño colateral o un sacrificio menor. Los defensores de la Doctrina también argumentan que no es correcto llamarla "doctrina" ya que nunca fue redactada oficialmente, y por lo tanto sostienen que sólo se la entiende como una doctrina desde una postura adversa a la política internacional de EE. UU. Así mismo según la Escuela de las Américas su objetivo fundacional era enfatizar en la democracia y los derechos humanos.
Empleando la Doctrina de seguridad nacional los Estados Unidos consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras latinoamericanas, como la de Augusto Pinochet en Chile(1973-1990), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983), Juan María Bordaberry en Uruguay (1973-1985), el general Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978), la dinastía de los Somoza en Nicaragua, de los gobiernos de El Salvador durante sus más sangrientos años de guerra civil, y del gobierno colombiano de Julio César Turbay Ayala con su famoso "Estatuto de Seguridad" (1978-1982). Se unificó la acción represiva de todos estos gobiernos mediante los denominado Plan Cóndor en Sudamérica, y Operación Charlie en Centroamérica. Es conveniente añadir que en Argentina, uno de los precursores de la doctrina de la seguridad nacional fue el plan CONINTES, sancionado y puesto en práctica durante el gobierno de Arturo Frondizi en 1958. La sigla significaba Conmoción Interna del Estado, y consistía en poner a las Fuerzas Armadas y de seguridad a disposición de la represión interna, permitiendo la militarización de los grandes centros urbanos y permitiendo allanamientos y detenciones a los líderes opositores.
Las técnicas de contrainsurgencia aplicadas con la Doctrina de seguridad nacional tienen dos vertientes. La primera de origen estadounidense llamada Doctrina de Seguridad Hemisférica, impartida en la Escuela de las Américas, y la segunda de origen francés, llamada Doctrina de la Contrainsurgencia, creada a partir de la lección aprendida por el general D'Allegret tras las derrotas en las guerras de independencia de Indochina y Argelia.
La Doctrina llega a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas armadas en América Latina, quienes por primera vez extienden su papel de defensores de las fronteras nacionales con la defensa contra el propio pueblo, constituyéndose en artífices del Terrorismo de Estado. Además la Doctrina propaga una visión amplia del enemigo: no sólo se consideran terroristas insurgentes a las personas armadas contra un gobierno determinado, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno de EE. UU. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición. Además, los insurgentes son considerados subversivos, terroristas, traidores a la patria, etc., y por consiguiente no se los ve como Sujetos de Derecho. Por esto la doctrina justifica utilizar los métodos violentos para tratar y eliminar al enemigo.
Uruguay
El intento fundacional (1976-80) Actos Institucionales
El día que asumió la presidencia, Demicheli firmo las dos primeras de esas "leyes constitucionales", conocidos como Actos Institucionales 1 y 2. Se trataba de normas que modificaban la constitución de 1966 en aquellos aspectos que chocaban con lo que la dictadura hacía. El primero establecía la suspensión de las elecciones por tiempo indefinido. El segundo creaba un nuevo organismo, el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales del ejército, la marina y la aviación. Las funciones de este organismo eran designar al Presidente, a los miembros del Consejo de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que los máximos organismos del estado eran designados por un órgano militar: la Junta de Oficiales.
Para reforzar la presencia militar en el gobierno, que ya existía de hecho pero ahora quería establecerse de "derecho", el Acto Institucional 3 legalizó la existencia del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que venía actuando desde febrero de 1973. Además creó el Ministerio de Justicia, supeditando el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
El Acto Institucional número 4 establecía la proscripción por 15 años de todos los políticos con actuación en los últimos años, bajo la acusación genérica de haber colaborado con la subversión o la corrupción. Cuando volviera a haber actividad política esas personas no podrían participar. El presidente Demicheli se negó a firmarlo y fue destituido. En su lugar fue designado Aparicio Méndez (setiembre de 1976).
El Acto Institucional 5 también "legalizaba" otra situación de hecho: la violación de los derechos humanos. Establecía que los derechos individuales quedaban limitados por razones de seguridad nacional. Por su parte el acto 7 dejó las manos libres al gobierno para "disponer" de los funcionarios públicos es decir destituirlos sin causa. Esta medida se consideraba importante para limpiar la administración de la "infiltración subversiva" como lo señaló el Ministro de Justicia Fernando Bayardo Bengoa. El Acto Institucional 9 organizó el procedimiento laboral y la seguridad social.
La reiterada violación de los derechos humanos (detenidos sin causa, torturas, destituciones, proscripciones, etc) le causó problemas a la dictadura en el exterior. Las denuncias realizadas por los exiliados (Wilson Ferreira, Zelmar Michellini y Enrique Erro entre otros) provocaron la condena de varios países y de organismos internacionales. Además el presidente de EEUU, James Carter que en ese momento llevaba adelante una política de fuerte respaldo a los derechos y de condena a su violación, expresó su desagrado por lo que sucedía en Uruguay y el Congreso norteamericano suspendió la ayuda militar a nuestro país.
Tal vez por la condena internacional, tal vez por que pensaba que ya se había eliminado la "subversión comunista", el gobierno comenzó a planificar una salida a largo plazo.
En un Cónclave reunido en Santa Teresa (agosto de 1977) el gobierno trazó un plan político en el que se preveía hacer una nueva constitución que se plebiscitaría en el año 1980 y elecciones para 1981 donde sólo participarían los partidos tradicionales.
Hasta ese momento los partidos tradicionales tenían un funcionamiento clandestino mínimo. Hubo cierta apertura cuando los militares consultaron a algunos políticos sobre los cambios a realizar en la constitución. Los políticos consultados se mostraron en contra del proyecto y los militares volvieron a criticar a los políticos sosteniendo que "a los vencedores no se le ponen condiciones".
A pesar de las críticas de los políticos, el gobierno siguió adelante con su proyecto de constitución que claramente se basaba en la doctrina de la seguridad nacional. Entre otras cosas se preveía la existencia del COSENA (lo que significaba la presencia permanente de los militares en el gobierno), se establecía que en las elecciones de 1981 habría un candidato único a la presidencia y debía contar con el apoyo militar. En materia de derechos humanos se restringían las libertades: se permitían allanamientos nocturnos, se daba más plazo para mantener detenida a una persona, se reglamentaba el derecho de huelga recortándolo. Se creaba un Tribunal de Control Político que tenía potestades para investigar el funcionamiento de los partidos y sancionar a sus dirigentes, además se ponía trabas a la formación de nuevos partidos.
El plebiscito de 1980
En noviembre el gobierno lanzó una fuerte campaña publicitaria para lograr el voto de apoyo por el SI en el plebiscito a realizarse el último domingo de ese mes. La propaganda se basaba en "crear un nuevo Uruguay" y "combatir al comunismo internacional". La dictadura intentó asociar el voto por el NO con la subversión y la corrupción política.
Casi todas las figuras políticas habilitadas (aún se mantenía la proscripción) se expresaron por el NO. Sólo se expresaron por el SI el colorado Jorge Pacheco Areco y dentro del Partido Nacional algunos sectores herreristas y Alberto Gallinal. Los dirigentes de izquierda desde el exilio la cárcel se pronunciaron en contra de la reforma. Pero mientras el gobierno disponía de todos los medios de comunicación para hacer propaganda a favor de la reforma, los opositores no tenían esa posibilidad. El boca a boca fue importante para difundir los motivos de quienes se oponían. También se contó con dos medios de comunicación que trataron de hacer la crítica de la reforma propuesta: el semanario "Opinar" fundado por Enrique Tarigo y CX30 La Radio a través de las palabras de su director José Germán Araújo. Ambos medios se convirtieron en símbolos de la resistencia frente a la dictadura y de la lucha por recuperar la democracia.
En el plebiscito participó el 85% de los habilitados para votar. Triunfó el NO (57% de los votantes) por lo tanto el proyecto de constitución presentado por el gobierno no fue aceptado.
La dictadura transicional (1980-84)
Ante el resultado del plebiscito el gobierno preparó un nuevo plan político que buscaba la participación de los partidos políticos. En julio de 1981el gobierno entregó a algunos dirigentes políticos unas "bases para el diálogo" que establecían un transición de tres años, la designación de un nuevo presidente, la integración de representantes de los partidos tradicionales en el Consejo de estado, desproscripciones paulatinas.
El plan se puso en marcha. Se desproscribió a un centenar de políticos (no los de primera línea) y se designó un nuevo presidente: el General Gregorio Alvarez (setiembre de 1981).
Las Fuerzas armadas crearon una Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) que comenzó a discutir con los representantes de los partidos las condiciones en que estos funcionarían. No fue convocado ningún representante de la izquierda. Las mayores dificultades de entendimiento de los militares fueron con el Partido Nacional, cuya mayoría se organizó en torno a la figura de Wilson Ferreira, exiliado en Londres.
El año 1982 fue clave para el comienzo del fin de la dictadura. Tres hechos importantes debilitaron al gobierno y aumentaron la fuerza de la oposición:
a) la crisis económica conocida como el "quiebre de la tablita" que le quitó al gobierno el apoyo de sectores empresariales;
b) la aparición pública de organizaciones gremiales de trabajadores y estudiantes (ASCEEP: Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública);
a) el triunfo de los sectores más opuestos a la dictadura en las elecciones internas realizadas en noviembre.
En junio de 1982 el Consejo de Estado había aprobado el Estatuto por el que debían regirse los partidos políticos. Inmediatamente comenzaron las movilizaciones partidarias para las elecciones internas de noviembre. En ellas se elegirían las autoridades de los partidos tradicionales. Esas autoridades eran las que después discutirían con los militares el proceso para poner fin a la dictadura.
Las internas de 1982.-
Se presentaron muchas listas (las que se identificaban con tres letras del alfabeto para evitar usar los números que identificaban a las antiguas listas) pero inmediatamente aparecieron figuras predominantes. En el Partido Colorado Jorge Pacheco Areco ( a quien se identificaba con la dictadura por el apoyo que le había dado a ésta), Julio María Sanguinetti (a quien se veía como representante de Jorge Batlle que estaba proscrito) y Enrique Tarigo (que aparecía como uno de los colorados opositores por su campaña por el NO en el 80 y por las críticas constantes al gobierno hechas en el semanario Opinar y como una figura política nueva ya que no tenía actuación política anterior al 73). El acercamiento que hubo entre Sanguinetti y Tarigo llevó a un grupo de jóvenes colorados que apoyaban a Tarigo a crear su propio sector: la Corriente Batllista Independiente liderada por Manuel Flores Silva y Victor Vaillant.
En el Partido Nacional había claramente dos tendencias: una a la que se identificaba con la dictadura y que tenía entre sus líderes a Alberto Gallinal y la otra identificada con el Movimiento Por la Patria (Wilson Ferreira) y el Movimiento de Rocha (Carlos Julio Pereira), opositora. Como ambos dirigentes estaban proscriptos (Ferreira se mantenía aún en el exterior)no podían formar parte de la lista que fue encabezada por el historiador Juan Pivel de Voto
El gobierno también había autorizado el funcionamiento de la Unión Cívica, pero no había permitido el funcionamiento de los sectores de izquierda que en 1971 habían integrado el Frente Amplio. Algunos de estos sectores, como el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano reclamaron la posibilidad de presentarse a las internas pero le fue negada. Entonces a la izquierda se le presentaron dos posibilidades: o hacer que sus seguidores votaran dentro de los partidos tradicionales aquellas listas más opositoras a la dictadura o votar en blanco. En un primer momento el Partido Comunista, que en el exterior coordinaba acciones con exiliados blancos de la línea wilsonista, se pronunció a favor de que sus afiliados votaran por la lista identificada con Wilson Ferreira. Pro otros sectores del Frente Amplio, siguiendo la recomendación de su líder Liber Seregni, aún preso, optaron por el voto en blanco.
El gobierno liberalizó las condiciones políticas para permitir el desarrollo de la campaña electoral. Hubo mayor libertad de prensa, reuniones y concentraciones callejeras. La campaña se fue radicalizando ya que todas las actividades políticas eran aprovechadas por la población para expresar sus críticas y desaprobación al gobierno. Este reaccionó cerrando algunos medios de prensa y procesando a algunos dirigentes.
Las elecciones se realizaron el 28 de noviembre de 1982. Concurrió a votar el 60% de los habilitados. Los sectores simpatizantes con la dictadura fueron ampliamente derrotados. Dentro de los blancos se consolidó la postura intransigente frente al régimen que tenían Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereira. Dentro del P. Colorado la derrota del pachequismo abría el camino para Sanguinetti y Tarigo. Ambos sectores ganadores quedaban confirmados como representantes de la mayoría de la población. La importante cantidad de votos en blanco (85.377 votos) demostraba la existencia de una izquierda que no se podía desconocer.
Al gobierno la situación se le había complicado: ahora los partidos estaban legitimados y los dirigentes políticos con quienes tenían que dialogar la "salida" tenían el respaldo de la gente, a pesar la durísima crítica que la dictadura había hecho desde 1973 a "los políticos".
Acto Institucional 19
DEROGACION DEL ACTO INSTITUCIONAL Nº 1. RECUPERACION DE LAS LIBERTADES
POLITICAS. CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES para el 25 de noviembre de 1984.
Autor:
Dr. Esc. Maximiliano Mauri Vidal