Introducción
Objetivo: Caracterizar la evolución del sistema político cubano mediante la explicación de las categorías legitimidad y legalidad a partir de la influencia que ambas brindaron y brindan a la definición del carácter democrático y socialista de nuestra Revolución.
Es fácil verificar que el término legitimidad evoca la conformidad de un mandato o de una institución con la ley. Debemos señalar que la legitimidad racional es la que se ampara en normas estables y formalizadas. En la actualidad son las leyes y las constituciones las que contienen estas normas.
Debemos comprender que estas dos categorías no son equivalentes, cada una de ellas encierran un contenido amplio y singular.
Expondremos además las principales características que tipifican el grado y evolución de la legitimación y la legalización del proceso revolucionario cubano, que durante todo este tiempo han brindado el carácter democrático de nuestro sistema. Para este estudio reflejaremos el acontecer político más importante de los años noventa de nuestra Revolución, la cual, partiendo de la destrucción del sistema político anterior, de la edificación incluso de nuevos conceptos y estructuras aparecidas ya desde la propia lucha, se abrió caminos legitimadores desde su génesis.
Desarrollo
¿De dónde extrae el poder los resortes que hacen aceptables sus propuestas y sus decisiones? ¿Dónde adquiere su legitimidad? Se admite que sus decisiones serán percibidas como legítimas en tanto en cuanto se ajusten a los valores y a las creencias que dominan en una sociedad. Si concuerda con lo que aquella sociedad considera conveniente o digno de aprecio, una decisión o una propuesta adquieren mayor legitimidad y cuentan con más probabilidades de ser aceptadas. En cambio, cuanto más lejos están de las ideas y valores dominantes, sólo la aplicación de una mayor dosis de coacción podrá hacerlas efectivas.
La noción de legitimidad, por tanto, vincula el poder con el mundo de las ideas y de los valores.
Es en este mundo donde se encuentran las raíces de la legitimidad de un sistema político determinado y de cada una de las demandas y propuestas que propugnan los diferentes actores. Esta relación no será siempre la misma y variará según épocas y sociedades. Max Weber elaboró una tipología que intentaba sintetizar en un esquema ideal los diferentes modos de legitimidad del poder político. Una adaptación libre de la propuesta de Weber nos permite distinguir tres fuentes de legitimidad del poder: la tradición, la racionalidad y el carisma, a las que puede añadirse también el rendimiento.
• La tradición: Lo que justifica las propuestas del poder es su adaptación a los usos y costumbres del pasado. El precedente -‹siempre se ha hecho así›, ‹así lo hicieron ya nuestros antepasados›.
• La racionalidad: El fundamento de una orden o de una demanda es aquí la adecuación entre los fines que pretende y los medios que propone: ‹Hay que adoptar tal decisión, porque es la que conduce razonablemente al objetivo elegido.›
• El carisma: También puede conferir legitimidad a una propuesta o a una decisión una cualidad extraordinaria o excepcional de quien la formula o la adopta.
• El rendimiento: Finalmente, el poder puede fundar su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones. Si este resultado es percibido como satisfactorio y se ajusta a las expectativas generales, su legitimidad queda reforzada y los mensajes y órdenes que emite son bien recibidos.
Es fácil verificar que el término legitimidad evoca la conformidad de un mandato o de una institución con la ley. Debemos señalar que la legitimidad racional es la que se ampara en normas estables y formalizadas. En la actualidad son las leyes y las constituciones las que contienen estas normas. ¿Hay que entender, por tanto, que los dos conceptos –legitimidad y legalidad- son equivalentes?
El concepto de legitimidad es más amplio que el de legalidad. Mientras que la legalidad comporta la adecuación de una decisión o de una propuesta a la ley vigente, la legitimidad nos señala el ajuste de esta misma decisión a un sistema de valores sociales, que van más allá de la propia ley escrita, incluida la constitución. Cuando la ley refleja adecuadamente el predominio del sistema dominante de valores sociales tiende a darse coincidencia entre legalidad y legitimidad.
Hay que entender, por tanto, que las propuestas de reforma legal –o de reforma constitucional- responden a la necesidad de acomodar las normas vigentes a los cambios que se producen en las ideas y los valores sociales mayoritarios. La máxima coincidencia posible entre lo legítimo y lo legal es garantía de que el poder político sea estable y aceptable por la comunidad.
Dejando explicito todo lo referente al tema sobre legalidad y legitimidad pasemos entonces a exponer las principales características que tipifican el grado y evolución de la legitimación y la legalización del proceso revolucionario cubano, que durante todo este tiempo han brindado el carácter democrático de nuestro sistema. Para este estudio reflejaremos el acontecer político más importante de los años noventa de nuestra Revolución.
Los procesos sociales se legitiman no sólo en su génesis, sino, y lo que es de mucho valor, en su curso ulterior, en cada paso transformador. La legitimidad de un proceso se da no de una vez y por todas con su acción inicial, sino que se va madurando a lo largo del desarrollo social, proceso de legitimación que no alcanza sea sólo "en sí", sino impone que sea sobre todo un "para sí" de los actores sociales que lo conducen.
La Revolución Cubana, partiendo de la destrucción del sistema político anterior, de la edificación incluso de nuevos conceptos y estructuras aparecidas ya desde la propia lucha, se abrió caminos legitimadores desde su génesis.
La tendencia del sistema político cubano al autoperfeccionamiento, su capacidad de lograr un alto nivel de legitimidad, su gran fortaleza y apoyo popular son reconocidos, incluso, en publicaciones recientes, por algunos de los más destacados críticos del régimen político prevaleciente en Cuba, aunque le den explicaciones que no siempre corresponden a la realidad política de la nación.
Está más acorde con la democracia el reconocimiento y respeto al derecho de otros a construir y aplicar sus propios modelos de gobierno y buscar sus propias alternativas de régimen que garanticen una participación real y efectiva de la ciudadanía en la dirección de los procesos sociales.
Los principales cambios efectuados en la década de los noventa del siglo xx en Cuba han estado dirigidos a fortalecer la materialización del criterio fundamental de perfeccionamiento del sistema político: el logro de la más amplia participación del pueblo en las decisiones.
Ejemplos de esto lo son:
1-Cambios estructurales y funcionales que conllevan a dotar de mayor autoridad a las asambleas del Poder Popular desde el municipio, especialmente a sus delegados de base. Entre esos cambios podemos mencionar como más significativos: la creación de los consejos populares.
Estos son nuevos elementos del sistema de organización estatal que agrupan al conjunto de delegados de una determinada demarcación, están presididos por uno de esos delegados elegidos por ellos mismos y están investidos de la más alta autoridad, a estos concejos pertenecen, como práctica política cotidiana, los representantes de las organizaciones de masas y de las instituciones más importantes de su radio de acción, así como otras personas que representen intereses de la comunidad.
Encontramos además:
El establecimiento del voto libre, directo y secreto de toda la población para elegir a los delegados a las asambleas provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional, complementando la ya establecida, desde 1976, elección directa por la población de los delegados municipales o de base (de circunscripción), constituye uno de los cambios más notorios en el proceso de perfeccionamiento del sistema político cubano, que indica un indudable ascenso en el proceso democrático del país.
2-Otro cambio importante de los años noventa se refiere a la simplificación de las estructuras del Partido con el objetivo de acercar más la dirección central a la base y, por tanto, a las más amplias masas populares.
3-Cambios en el estilo y métodos de trabajo del Partido, más democráticos y participativos, los cuales deben continuar perfeccionándose y hacerse cada vez más evidentes y convincentes ante los ojos de sus propios militantes y de toda la población que es, en definitiva, la que debe legitimarlo y como fuerza superior de la sociedad y del Estado.
4-Se reafirma el reconocimiento, respeto y garantía constitucional de la libertad religiosa y se introduce el carácter no confesional del Estado cubano y la garantía de la no discriminación por motivos religiosos.
Otro aspecto que confirma la democracidad, legitimidad y legalidad del sistema político cubano lo encontramos en la Nueva Ley Electoral adoptada a partir de los cambios en la Constitución, la cual recoge que:
1-Todos los habitantes eligen y son elegibles, según el caso, por voto mayoritario, universal y secreto, a los órganos representativos y cargos de dirección del sistema.
2-Existe la revocación, en cualquier tiempo, de representantes y de autoridades por sus electores.
3-Rendición de cuentas por parte de todos los dirigentes del Estado, de las organizaciones políticas y de masa ante los órganos representativos correspondientes y ante la población.
4-Participación activa de la población en la discusión de documentos partidistas y leyes estatales previa a su aprobación, como medio de búsqueda de un consenso nacional ante los principales problemas a debate.
Las principales reformas económicas y políticas que se produjeron en los años noventa, los elementos claves señalados que confirman la democracidad del sistema político, especialmente en el aspecto electoral, así como los resultados de los diferentes procesos electorales (tanto a lo que respecto a las cifras de votación como a la calidad del voto), son considerados también factores legitimadores del sistema político cubano.
Conclusiones
Con la realización de este trabajo estudiamos que las categorías legitimidad y legalidad no son equivalentes, así como el papel que ambas jugaron en el desarrollo del proceso revolucionario cubano. Comprendimos como, mediante la legitimidad, nuestro proceso político fue capaz de ganar aceptación social y plasmar en leyes, normas que fueran reflejo de los valores y principios de nuestra sociedad. Observamos cómo se desarrollaron algunos de los cambios estructurales y funcionales del sistema político cubano durante la década del noventa, cambios que fueron dirigidos desde un primer momento a garantizar una mayor participación del pueblo en los asuntos políticos del país, contribuyendo con esto a que toda la materia legislativa fuera reflejo del consenso establecido entre el Estado y la nación.
Bibliografía
Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. Tomo II. Autor: Emilio Duharte Díaz
Teoría Sociopolítica. Selección de Temas Tomo II. Colectivo de autores.
Ciencia Política. Una introducción. Autor: Josep M. Vallés.
Política, Estado y transición al socialismo.
Autor:
Alejandro Simón Valdés
Facultad: Ciencias Sociales y Humanísticas
Departamento: Derecho
Universidad de Pinar del Río
"Hermanos Saiz Montes de Oca"
2016, Pinar del Río.