Prisión sin condena: análisis desde el sistema interamericano de los derechos humanos (página 3)

Partes: 1, 2, 3

CEDAW define, en su primer artículo, que la discriminación contra las
mujeres debe entenderse como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tengaporobjetooresultadomenoscabaroanularelreconocimien-
to, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfe-
ra”.
El segundo gran consenso internacional en el marco de los derechos
humanosdelasmujeres,eslaConvenciónInteramericanaparaPrevenir,San-
cionaryErradicarlaViolenciacontralaMujer(ConvencióndeBelémdoPará).
Esteinstrumentointernacionaldederechoshumanosdelasmujeresreconoce
expresamentelarelaciónexistenteentrelaviolenciadegéneroyladiscrimina-
ción,apuntandoquelaviolenciacontralasmujeresesunreflejodelasrelacio-
nes de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
En Belem do Pará se definió la violencia contra las mujeres como:
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado”.
Esta Convención obliga a los Estados a adoptar medidas para prevenir,
sancionaryerradicarlaviolenciacontralasmujeresydefinecontodaclaridad
en su artículo 3, que:
“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto
en el ámbito público como en el privado”.
Puesto que dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas la falta
cometida, o la transgresión a la norma tiene una connotación distinta a la
concepcióndelasociedadpredominante.Estarsujetaslasmujeresindígenas

alaparatodejusticiapenalmexicano,conllevaunacombinaciónconeldere-
choindígenasdelospueblosyelderechopositivo,puestoqueambascosmo-
visionesseentrelazan,perodondepodemosdecirsaletriunfanteenlasdispu-
tas jurídicas la visión hegemónica del derecho estatal.
Asimismo, los derechos de las mujeres indígenas, atraviesan la triple
discriminaciónporsermujeres,pobreeindígenasysusituacióndeestarpri-
vadasdesulibertad;todoestotrastocagraveysistemáticamentelosderechos
básicos de la persona.
Unamujerindígenaseveenvueltaenunasituacióncomplejafrenteala
leypenal.Comoconsecuenciadeunaconductaantisocialoilícitasevinculaa
todo un aparato desconocido por su propia cultura. Las prácticas cotidianas
enestosespacioscarcelariosdancuentadequeexistepocoentendimientoen
el entramado jurídico, por ende, sus mínimos derechos económicos, sociales
y culturales se ven severamente violentados.
Existen, en la mayoría de los casos, sistemáticas violaciones a los dere-
choseconómicos,socialesyculturales,establecidoseninstrumentosinterna-
cionalesdederechoshumanos,talescomoalderechoaltrabajo,alavivienda,
la educación, la salud y el acceso a la justicia.
En materia de acceso a la justicia con perspectiva de género, podemos
decir que hay una carencia grave, puesto que los y las servidores/ras públi-
cos/cas están poco capacitados/das y son mínimamente sensibles en térmi-
nos de comprender la diferencia cultural de la otredad que representan las
mujeres indígenas, quienes carecieron de un defensor de oficio dentro del
proceso,detraductor,deperitajesantropológicos,yseviolentóelprincipiode
inmediatez,yaqueenmuchasocasionesnisiquieraconocieronaljuezquelas
sentenció.
Ensumayoría,sonmujeresquealingresaralacárcel,nosabíanelidioma
español, y lo fueron aprendiendo con el apoyo de otra mujer en la cárcel.
5.3. Homosexuales, lesbianas
Es común la violación de los derechos humanos de las personas homo-
sexualesylesbianasquegeneralmentepresentanquejasformalesporpresun-
to abuso y maltratos por parte de los agentes de la penitenciaría; asimismo

tienen un trato discriminario frente a las otras personas privadas de su liber-
tad.
Tambiénlafaltadeatenciónmédicaadecuadaporpartedelaspersonas
infectadas por el virus del VIH, son algunas de las graves violaciones de sus
derechos humanos básicos.
6.
A modo de cierre
Frentealagravesituacióngeneradaporlasprácticasdelajusticiapenal
queconstituyenunabusorespectodelautilizacióndelainstitucióndelencar-
celamientopreventivoenlospaísesdenuestraregión,setornaimprescindible
la búsqueda de medidas concretas orientadas a enfrentar el problema.
En este contexto, la opción de recurrir a las posibilidades que brinda el
derecho internacional de los derechos humanos, entre otras, constituye una
decisión razonable.
Lalecturadelcuadroprecedente,yloscasosdelospaísesqueenAmérica
Latinayahanproducidoavances,nosindicanquelatareadereducirlospre-
sos sin condena no es tan difícil, y que con una buena dosis de voluntad
política podría avanzarse mucho más en esta materia de tanta importancia.
Existenobstáculos,derivadosdelimitacionesmateriales,deunaugecierto
enunaseriedelitos,ydelaconsiguientealarmasocial,quepodríanconspirar
paraquehacináramosaúnmáslascárcelesdepresoscondenadosysinconde-
nahaciendounusoirracionaldelsistemadejusticiapenal,contrarioporcierto
a los mismos principios filosóficos y jurídicos que lo sustentan.
El desarrollo propuesto en el trabajo pende de un eslabón, que en la
presente década de ser un simple y frágil hilo a ser un especie de soga, más
robustayfirme,yquetalvezenunfuturocercanosetransformeenunvínculo
aún más preciado y fuerte para los Estados.
El sistema internacional establece exigencias materiales y formales que
definenlospresupuestosdelegitimidaddetodadetencióncautelardeperso-
nasqueaúnnohansidocondenadas(inocentes).Losinstrumentosinternacio-
nales establecen obligaciones específicas, que deben ser cumplidas por los
Estados para permitir la imposición legítima del encarcelamiento procesal
anterior a la condena.

Estas obligaciones recaen sobre la mayoría de los Estados, cuando deri-
van de un instrumento universal (v. gr., Declaración Universal de Derechos
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), o bien sobre
algunos Estados, como sucede con los países de América Latina con las obli-
gacionesimpuestasporinstrumentosregionales(v.gr.,DeclaraciónAmerica-
nadeDerechosyDeberesdelHombreyConvenciónAmericanasobreDere-
chos Humanos). Ello significa que estos instrumentos contienen soluciones
para el problema del encarcelamiento preventivo de alcance general en los
paísesdelaregiónyque,enconsecuencia,nodependendelaparticularlegis-
lación procesal vigente en el ordenamiento jurídico interno.
Elcarácterobligatoriodeciertosinstrumentosinternacionalesesincues-
tionableyreconocidodemaneraunánime.Losinstrumentosconvencionales,
unavezqueentranenvigor,obligandirectaeinmediatamentealEstadoparte
enuntratadodederechoshumanos.Estacircunstanciadeterminaqueseafir-
meque:“LostratadossonobligatoriosparalosEstadosPartesúnicamenteen
lamedidaenqueéstosnohaganreservas.Noobstante,lasreservasincompa-
tibles con el objetivo del tratado no son permitidas…”.
Enconsecuencia,seseñalalaexistenciade:“Lapresuncióniuristantum
delaoperatividaddelasnormasquerigenenelderechointernacionaldelos
derechoshumanos”,que“debeseradecuadamenteaquilatadaenlosámbitos
nacionales”.
Enconsecuencia,seseñalalaexistenciade:“Lapresuncióniuristantum
delaoperatividaddelasnormasquerigenenelderechointernacionaldelos
derechoshumanos»,que«debeseradecuadamenteaquilatadaenlosámbitos
nacionales”.
Respecto del encarcelamiento preventivo, el derecho internacional im-
pone obligaciones a diversos órganos del Estado, entre los cuales los más
importantes son el poder legislativo y el poder judicial. Así, se exige a los
legisladoresqueregulen“lasdisposicionesnacionalesenconformidadconlas
normas internacionales”, y a los tribunales que apliquen “las normas y con-
vencionesinternacionales…enloscasosenquelalegislaciónnacionalnopro-
tege adecuadamente los derechos del detenido”.
El papel atribuido a los tribunales en la aplicación efectiva del derecho
internacional de los derechos humanos es especialmente significativo en el
ámbito del encarcelamiento preventivo.

Ello pues el Poder Judicial constituye la última valla entre el poder del
Estadoylosderechosfundamentalesdelserhumano.Lostribunales,eneste
marco,pueden–ydeben–neutralizarlosactosuomisionesdelosdemáspo-
deres públicos que representen una violación de las obligaciones internacio-
nales asumidas por el Estado. Por ello, se señala que los jueces “deben tener
presenteyaplicarpermanentementecriteriosinterpretativosfavorablesalgoce
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en estas convenciones, y
estánimpedidosdelimitarlosenmayormedidaquelaprevistaenellas.Ellos,
porlodemás,deberáninteriorizarsesobrelajurisprudenciainternacionalen
lamateria,incluidaladetribunalesquedecidensobreconvencionessimilares
(por ej., el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), y tener en cuenta esos
criteriosinterpretativosparadecidirelcasoconcretoenexamen”.Tambiénse
indicaquelosmiembrosdelpoderjudicial«nodeberánolvidarquesusdeci-
sionescomprometenalaNacióníntegra,desdeelpuntodevistadelDerecho
internacional y que pueden generar, con sus fallos, consecuencias negativas
para la República (responsabilidad internacional)”.
En relación a la regulación, aplicación y ejecución del encarcelamiento
preventivo,elderechointernacionalestableceeldeberesencialderespetarel
principio jurídico de inocencia, garantía fundamental del Estado de derecho
queprotegelalibertadindividualfrenteatodoactoarbitrariodelpoderpúbli-
co.
Elprincipiodeinocenciaimpone,entreotras,exigenciassustantivasque
operan como presupuestos necesarios de la fundamentación legítima de la
privacióndelibertaddecaráctercautelar.Estasexigenciassustantivas,porsu
parte,comprendendeterminadasconsecuenciasquederivandeellas.Lapri-
mera exigencia sustantiva consiste en el exclusivo fin procesal atribuido a la
detención.Deelladerivanlasconsecuenciasvinculadasconlalimitaciónque
restringe la detención exclusivamente a determinados supuestos de peligro
procesal, con la necesidad de verificar la existencia concreta de ese peligro, y
con la atribución de esa función al poder judicial.
Una segunda exigencia sustantiva recibe el nombre de principio de ex-
cepcionalidad. El derecho a la libertad durante el proceso, y la necesidad de
regularlegislativamentemedidasdecoerciónmenoslesivasqueelencarcela-
miento, son consecuencias de ese principio fundamental derivado de la ga-

rantíadeinocencia.Elprincipiodeproporcionalidadesotradelasexigencias
sustantivas,ydeélderivanlaimposibilidaddeaplicarlaprivacióndelibertad
enciertossupuestos,comotambiénlalimitacióntemporaldelencarcelamien-
to en otros supuestos en los cuales éste resulta admisible.
Una cuarta exigencia sustantiva consiste en la sospecha material de res-
ponsabilidad penal del imputado por el hecho que se le atribuye, de la cual
derivanlaobligacióndedeterminarjudicialmentelaexistenciadelasospecha,
eldeberdeltribunaldeoíralimputadoylanecesidaddequeelprocedimiento
hayaalcanzadociertogradodedesarrolloalmomentodeladecisiónjudicial.
Finalmente,laúltimaexigenciasustantiva,conocidacomoprovisionalidadde
la detención, exige la obligación de ordenar la libertad cuando no subsistan
todos los elementos que justificaron inicialmente la medida cautelar, el reco-
nocimientodelderechodelimputadodesolicitarlarevisióndelamedidayel
establecimientodeldeberjudicialdecontrolarperiódicamentelasubsistencia
delospresupuestosydelanecesidaddeaplicarlamedidacautelarprivativa
de libertad.
Laimportanciadelasexigenciassustantivasanalizadaspermiteafirmar
que ellas constituyen mecanismos de significativa utilidad para revertir la
situacióndelospresossincondenaenlospaísesdelaregión.Elcumplimiento
de buena fe de la obligación internacional del Estado de regular, aplicar y
ejecutarlainstitucióndelencarcelamientopreventivosegúnlasexigenciasdel
derecho internacional de los derechos humanos, en conclusión, permitiría
alterar sustancialmente la crítica situación actual. El cumplimiento de estas
exigenciassustantivasdepende,engranmedida,deunaadecuadaregulación
de las exigencias formales referidas a la obligación de instrumentar un ade-
cuado control judicial de la legitimidad de la detención. Un grado razonable
derealizacióndeestasdosexigencias,porsímismas,reduciríadrásticamente
la gravedad del problema de los presos sin condena.
Si ello sucediera, los problemas vinculados con los otros dos grupos de
exigencias–condicionesmaterialesdeladetención,ylímitetemporaldelen-
carcelamiento–tambiénsereduciríansustancialmente,facilitandolasposibi-
lidadesdeprevereinstrumentarmedidasquereduzcanaúnmáslasdificul-
tades subsistentes.
Enconclusión,laaplicaciónenelámbitointernodelderechointernacio-
naldelosderechoshumanos,obligatoriaparalosEstados,representaríauna

medida adecuada, efectiva y legítima para impedir el abuso, actualmente
generalizado, de la facultad estatal de ordenar la privación de libertad de
personasinocentes,yparaalcanzarungradoaceptablederespetoefectivodel
principiodeinocenciaydelderechoalalibertadambulatoria.Enconsecuen-
cia, debe promoverse por todos los medios posibles el cumplimiento de las
obligacionesinternacionalesdelEstadoreferidasalaregulaciónlegislativay
alaaplicaciónjudicialdelencarcelamientopreventivoy,también,debeexigir-
seenloscasosconcretoslaaplicacióndelasnormasinternacionalesobligato-
rias y la efectiva protección de los derechos fundamentales del imputado.
Dejo constancia que la necesidad de cambio de escenario viene dada
precisamenteporelmarcoempíricoquemencionáramosmásarriba,peroen
modo alguno implica formar convicción sobre la justificación de la prisión
preventiva,esdecir,estetrabajonohapretendidolegitimarnilaexistenciani
el uso de la prisión preventiva. Es más, entiendo que prisión preventiva y
principio de inocencia encierran necesariamente una aporía, por ello no nos
eximedeldeberdeproponerestrategiasparadisminuirlamagnituddelfenó-
meno.