Políticas económicas y judiciales del régimen estadounidense en Puerto Rico y la reacción de la prensa: 1898-1899

La carrera expansionista de los Estados Unidos, iniciada en el último cuarto del siglo XIX, estaba directamente motivada por los intereses económicos que perseguían nuevos mercados, los intereses políticos que buscaban puntos estratégicos y esferas de influencia, y en cierto grado las ideologías que promovían el "civilizar" a los pueblos conquistados. Estas fueron las metas que en mayor o menor grado dirigieron las acciones y el proceder de los Estados Unidos en los territorios en que intervinieron.

A mediados del año 1898 Puerto Rico pasó a formar parte del grupo de territorios obtenidos por los Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana. Este conflicto entre los Estados unidos y España finalizó con la cesión de Puerto Rico a los Estados Unidos como estaba estipulado en el Tratado de París.

Los Estados Unidos impusieron un gobierno militar en Puerto Rico durante los años 1898-1900. Este gobierno introdujo en la Isla diversas reformas que respondían a los intereses de la nueva metrópoli, y a su interés por "modificar" las condiciones de la Isla. El pueblo puertorriqueño que en su mayoría acogió con beneplácito la llegada de los norteamericanos, no recibió algunas de las reformas con tanto entusiasmo. De dichas reformas, las reformas de carácter económico y judicial fueron las que mayor reacción causaron en la sociedad isleña, en especial de parte de la prensa liberal puertorriqueña.

En este trabajo expongo las políticas económicas y judiciales impuestas por los Estados Unidos en Puerto Rico en los Anos 1898-1899 y la reacción ante estas por parte de la prensa liberal, tanto la afiliada al Partido Autonomista Puertorriqueño como la no afiliada políticamente.

Como veremos, las reformas de carácter económico jugaron un papel crucial en la transformación de Puerto Rico de acuerdo con el plan económico de los Estados Unidos. En cuanto a las reformas judiciales, estas no tuvieron gran impacto en la población de la Isla, pero sí afectaron profundamente las instituciones isleñas.

El gobierno militar

Durante las semanas que siguieron a la invasión estadounidense a Puerto Rico, los militares de los Estados unidos enfrentaron la situación de la Isla con alguna incertidumbre debido al "desconocimiento" de las particularidades del país. Esta situación cambió cuando los oficiales del ejército asumieron la comandancia de varios municipios. El gobernador militar, el general Nelson Miles, no había recibido instrucciones especiales para la ocupación de Puerto Rico. En este caso, aplicó las órdenes generales utilizadas en los casos de Cuba y las Filipinas.[1] Estas ordenes establecían la "total ruptura" de los lazos políticos anteriores de los territorios ocupados. La ocupación militar estadounidense debía afirmar la naturaleza de la superioridad de los poderes de los Estados Unidos sobre la Isla; manteniendo las leyes locales concernientes a los derechos personales y de propiedad, siempre y cuando fueran compatibles con el nuevo régimen.

A tono con la ocupación militar, los estadounidenses se dedicaron a desmantelar los organismos gubernamentales que España había establecido en Puerto Rico. Esto incluyó la eliminación de las instituciones representativas del gobierno autonómico que había sido establecido poco antes de la invasión norteamericana. Estas medidas responden a la iniciativa estadounidense de "borrar" los vínculos con el pasado colonial español en Puerto Rico, pero más aún, con lograr una estandarización que permitiese una operación más efectiva del gobierno militar. Se debe recordar que para Puerto Rico poder funcionar dentro del sistema norteamericano, primero tenía que poseer las "mismas instituciones" de los Estados Unidos.

Mientras el gobierno militar se establecía, su perspectiva sobre Puerto Rico cambió en gran medida. Los comandantes militares de los distritos sometieron informes sobre los complejos problemas económicos y sociales de sus respectivas zonas.[2] En estos informes se planteaba la problemática sobre la falta de acuerdos tarifarios adecuados, el cambio de moneda y las dificultades de financiamiento. Dichos problemas serían enfrentados por las autoridades norteamericanas de acuerdo a sus intereses.

La reacción de la prensa ante el gobierno militar

La prensa puertorriqueña había cambiado significativamente en la década anterior al 1898. A partir del 1890 la prensa isleña, en especial la liberal, había desarrollado una actitud combativa contra los abusos del régimen español.

Con la ocupación norteamericana, la prensa liberal de la Isla pensaba que al fin llegaría la ansiada "libertad de expresión" de la nación americana. Sin embargo, la situación no fue tal como esperaban. Tan temprano como en el mes de enero del 1899, el gobernador militar, el general Guy V. Henry, ordenó al Secretario de Justicia que se continuaran los procesos criminales por delitos de imprenta iniciados bajo el régimen español.[3]

Este hecho puso a la prensa liberal en una posición antagónica con el gobierno militar de los Estados Unidos. Cabe señalar que la prensa de Puerto Rico confiaba en las garantías de libertad que trajeron los Estados Unidos, pero por la situación política indefinida de la Isla, el Congreso de los Estados Unidos no le hacía extensiva la garantía constitucional de la libertad de expresión. Por ello, la censura a la prensa liberal puertorriqueña continuó durante el gobierno militar norteamericano, pero es notable que los gobernadores militares también amenazaron judicialmente a periodistas y periódicos norteamericanos que criticaban su obra de gobierno en Puerto Rico. Tal fue el caso del periódico Baltimore American, al cual el general Henry recomendó se le radicaran cargos el 31 de octubre del 1898, por un artículo sobre las condiciones del hospital militar de Ponce. Además, el general Henry ordenó el arresto del reportero Arthur B. Jack del periódico New York Journal el 1 de enero del 1899, bajo cargos de "falsos reportajes".[4]

Esta actitud represiva del gobierno militar hacia la prensa no es sorprendente si consideramos la mentalidad militarista del "ejército conquistador". El autoritarismo y las actitudes supremacistas eran comunes en las tropas norteamericanas que emprendieron las aventuras imperialistas de los Estados Unidos. En esa línea, la censura a la prensa puertorriqueña era utilizada por los oficiales militares como medida para "evitar" la propagación de ideas "subversivas" o las críticas a los "desmanes" del ejército. Los procesos contra los periodistas norteamericanos que eran críticos al régimen militar están marcados por la actitud de los militares de "lealtad a la patria sobre todo". No es de extrañar que los militares consideraran las críticas de sus compatriotas como actos de "traición" o "deslealtad" hacia los Estados Unidos. Dado el debate entre los imperialistas y anti-imperialistas en los Estados Unidos en aquella época, seguramente los militares temían que la prensa propagara una imagen negativa en los Estados Unidos sobre la ocupación norteamericana en Puerto Rico.

Controversias sobre las políticas económicas

En cuanto al tema de la situación económica de la Isla, hay que señalar que antes de que ocurriera la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico exportaba sus productos agrícolas a los Estados Unidos, pero no en una escala tan grande como lo hacía Cuba. Durante las últimas dos décadas del siglo XIX, el azúcar comenzó a tener mayor importancia frente al café como producto de exportación.[5]

Esta sustitución gradual del café por el azúcar hizo a Puerto Rico más atractivo para las corporaciones americanas. Poco después de la invasión del 1898, algunas corporaciones del este de los Estados Unidos enviaron agentes a Puerto Rico para hacer estudios sobre terrenos para el cultivo y embarque de caña de azúcar.

Sin embargo, la situación económica de Puerto Rico a partir de la invasión estadounidense se tornó precaria. Como consecuencia directa de la ocupación, Puerto Rico perdió sus mercados de Cuba y España, y los productos puertorriqueños enfrentaron tarifas en el exterior, incluidos los propios Estados Unidos, ya que el libre comercio entre la Isla y los E.U. no se había iniciado aún. No obstante, los Estados Unidos representaban un gran mercado potencial, por lo menos para los terratenientes puertorriqueños, que aspiraban a la incorporación de Puerto Rico en el mercado proteccionista de los Estados Unidos.[6]

Como indicaron los informes de los comandantes militares, uno de los principales problemas económicos de Puerto Rico lo era el cambio de moneda. Las incesantes fluctuaciones en el cambio del peso al dólar habían prácticamente paralizado la economía de la Isla. La prensa liberal no alineada atacó fuertemente la inacción del gobierno de los Estados Unidos por no haber actuado de inmediato, permitiendo que las clases pobres fueran afectadas severamente.[7]

No fue hasta hasta enero de 1899 que el gobierno de los Estados Unidos fijo la tasa de intercambio para todas las monedas. Por orden ejecutiva del presidente William Mc Kinley, la tasa se fijó en 60 centavos de dólar estadounidense por peso español, siendo esto una devaluación forzosa.[8] El efecto inmediato fue un alza en los precios que se agravó más cuando la moneda española escaseó al ser sacada de circulación. En cambio, los salarios de la clase trabajadora fueron adaptados rápidamente a esta baja tasa de cambio, reduciéndose así poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Esta medida de cambio de moneda beneficiaría a las inversiones de capital que las empresas norteamericanas planeaban hacer en la Isla. Los intereses económicos que tenían influencia en el gobierno perseguían la creación de una industria de mano de obra barata en Puerto Rico. Las clases bajas puertorriqueñas al empobrecerse más con el cambio de moneda, se transformarían en una clase obrera "apropiada" para los planes económicos de las corporaciones, que de esta forma "indirecta" buscaban apoderarse de la economía.

La política arancelaria fue otro asunto de gran importancia en el año 1899. a pesar de que los comerciantes puertorriqueños, los políticos, y aún el mismo presidente Mc.Kinley abogaban por el libre comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico, las razones económicas y políticas impidieron que esto fuera así. Los grupos influyentes en el Congreso, que representaban los intereses de los cultivadores de azúcar de remolacha, consideraban la incorporación de Puerto Rico al mercado norteamericano como "negativa" por la competencia que ello traería para su producto.

Sobre las razones políticas, cabe señalarse que el debate en Washington sobre el estatus de la Isla no había terminado, pero se reconocía el poder del Congreso para legislar finalmente sobre ello. Aunque la Constitución proveyese poderes para imponer contribuciones uniformes, etc., en los Estados Unidos, la controversia era si dicha Constitución aplicaba o no a los "territorios".[9] Finalmente, los intereses económicos tuvieron mayor peso, y como el estatus de la Isla no estaba resuelto, se consideró a Puerto Rico como a un país extranjero. Por ello se mantuvieron los aranceles en el comercio entre la Isla y los Estados Unidos.

La opinión de los políticos en Washington con respecto al libre comercio era negativa, y este no fue concedido a la Isla. El 20 de enero de 1899 entró en vigor una nueva ley arancelaria que afectó las importaciones a la Isla. Esta ley entra en efecto casi al mismo tiempo en que el gobernador militar ordenó prohibir las transacciones a crédito dentro de Puerto Rico.

El gobierno militar hizo algunas concesiones rebajando los aranceles sobre productos tales como el arroz, la harina, el queso, las habichuelas y la manteca, productos básicos para la alimentación. De esta forma se satisfacían las demandas de los grupos sociales que se oponían. No obstante, las nuevas medidas afectaban seriamente al sector que demandaba medidas que permitiesen modernizar y agilizar la producción agrícola.[10]

Los sectores terratenientes de la Isla hacían llegar sus protestas por medio de los lideratos políticos de la elite puertorriqueña. Este tipo de protesta era una de carácter moderado y mayormente confiando en la "buena voluntad" del gobierno de los Estados unidos.[11] Por otro lado, los sectores profesionales y pequeños burgueses, se hacían eco de las protestas más radicales de la prensa liberal no alineada. Periódicos como El Combate de Evaristo Izcoa Díaz, asumían una posición más crítica y expresaban el desencanto que experimentaban ciertos sectores con el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, pese a las protestas, estaba claro que la prioridad de los intereses económicos de los Estados Unidos continuaba siendo el convertir a Puerto Rico en una gran factoría azucarera.

Las reformas implantadas a principios de 1899 solo consiguieron que las clases bajas sufrieran condiciones de pobreza extrema, y que los propietarios comenzaran a empeñar sus terrenos para transacciones económicas. Esta acción de los propietarios facilitaba que los comerciantes estadounidenses adquiriesen propiedades agrícolas en la isla a bajísimos precios. Ante esta situación el periódico El Combate criticó la gestión del gobierno militar al permitir una "hambruna" en el país y un altísimo desempleo.[12] En cuanto a la situación de los propietarios, el periódico La Democracia advertía a la ciudadanía sobre el peligro de perder las propiedades a manos de extranjeros. Además, señalaba la posibilidad de que el pueblo se convirtiese en una "masa de trabajadores" sometidas al capital extranjero.[13]

Los cambios económicos introducidos por los Estados Unidos en Puerto Rico transformaron la opinión que tenían los puertorriqueños sobre el gobierno de los Estados Unidos. La desilusión con las reformas económicas y la falta del comercio libre causó que grupos de la sociedad comenzaran a ver a los Estados Unidos como otro "régimen opresor", y que comenzaran rechazar de plano al gobierno estadounidense. Pero sería este gobierno quien decidiría el futuro económico de Puerto Rico.

Con el fin de desarrollar una política económica más apropiada para la Isla, el gobierno estadounidense estudió los informes que en 1899 sometieron el reverendo Henry K. Carroll, el último gobernador militar de Puerto Rico general George W. Davis, y el mismo Secretario de Guerra Eliu Root. Dichos informes detallaban la situación precaria de la economía isleña y recomendaban como solución la concesión del libre comercio a Puerto Rico.[14] Era la opinión de Carroll que la producción y economía puertorriqueña en ninguna forma afectarían adversamente a la economía de la metrópoli. Además, el general Davis recomendaba que los ingresos de las aduanas de la Isla se destinaran al presupuesto local para crear infraestructura.

El presidente William Mc.Kinley recomendó el libre comercio para Puerto Rico en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos el 5 de diciembre de 1899. Su principal fuente de información había sido el informe del general Davis. Mc.Kinley pensaba que el libre comercio remediaría los daños sufridos por la economía isleña al perder sus mercados luego de la guerra. El apoyo de Mc.Kinley al libre comercio respondía a su interés de cumplir con sus promesas de campaña, el obtener mercados para el excedente de producción estadounidense, colocar a los Estados Unidos en una posición ventajosa con respecto a otras potencias, y a la vez mantener la política proteccionista de los republicanos.[15] La empobrecida economía de Puerto Rico sería un mercado excelente para la expansión y no representaría problema para los Estados Unidos.

La actitud del Congreso ante la concesión del libre comercio no cambió. El debate sobre la tarifa continuó ya que, los representantes de los sectores agrarios de los Estados Unidos, principalmente los del tabaco y el azúcar de remolacha, se oponían al libre comercio. Estos sectores temían la competencia que ofrecería Puerto Rico para sus productos.

En los Estados Unidos, algunos periódicos demandaron acción rápida del Congreso para mejorar la economía de Puerto Rico. The American Monthly Review of Reviews, el Evening Post, y el New York Herald eran periódicos que opinaban en favor del libre comercio, como acto de justicia y humanidad de parte de los Estados Unidos.[16] Estos periódicos señalaban la necesidad de estimular la economía de Puerto Rico como base para el desarrollo de un "auto gobierno" efectivo.

Como se ha visto, la indecisión del Congreso permitía que las políticas económicas impuestas en Puerto Rico continuaran transformando la economía de la Isla en una "dominable" por los Estados Unidos. El lograr esto era de vital importancia para el plan imperialista de los Estados Unidos, pero más importante aún para el partido en el poder, que había basado su campaña en dicha meta.

Controversias sobre las reformas judiciales

A la vez que las reformas económicas de los Estados Unidos transformaban la economía de Puerto Rico, las reformas judiciales implantadas por los gobernadores militares hacían lo mismo con el sistema judicial de la Isla. Sin embargo, las metas de los norteamericanos con respecto al sistema judicial puertorriqueño no eran las mismas que para la economía. Los gobernadores militares entre 1898 y 1899 procuraron establecer un sistema "parecido" al de los Estados Unidos que permitiese una "afinidad" entre la Isla y la nueva metrópoli. En este proceso se cometieron atropellos que causaron malestar en los sectores profesionales y una fuerte reacción por parte de la prensa liberal de la Isla.

Desde la fecha de la invasión norteamericana a Puerto Rico y la ratificación del Tratado de París, el gobierno militar estadounidense mantenía el "derecho de conquista" que lo facultaba a gobernar sin la necesidad de ampararse en la constitución de los Estados Unidos.[17] Luego de firmado el tratado, recayó en el Congreso la autoridad de establecer leyes para Puerto Rico, pero en realidad eran los gobernadores militares los que establecerían las reformas judiciales en la Isla.

Las reformas hechas al sistema jurídico de Puerto Rico se pueden agrupar de acuerdo a sus fines. Las reformas estuvieron encaminadas a lograr, la centralización de los poderes gubernamentales, la reorganización y creación de tribunales, y la transformación del derecho civil.

En cuanto a la centralización de los poderes gubernamentales, es notable la acción tomada por el general John R. Brooke, quien gobernó la Isla desde el 18 de octubre hasta el 9 de diciembre de 1898. Brooke suprimió el Parlamento Insular y la Diputación Provincial de Puerto Rico. Este acto eliminaba las instituciones representativas que existían en Puerto Rico. La decisión de Brooke resulta contradictoria ya que, él le había expresado al Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que no tenía intención de "alterar" las instituciones de la Isla para evitar el caos.[18] Siguiendo esa misma línea, el sucesor de Brooke, el general Guy V. Henry, impulsó reformas para "americanizar" el sistema judicial, pero su resultado fue el centralizar más el poder en las manos de los militares estadounidenses y mantener un estilo de gobierno autoritario.[19]

El general Henry, quien gobernó desde el 9 de diciembre de 1898 hasta el 9 de mayo de 1899, disolvió el Consejo de Secretarios del Gobierno, sustituyéndolo por un sistema de departamentos. El general argumentó que el antiguo sistema era "incompatible" con los métodos americanos y el progreso. Además, según Henry el Consejo de Secretarios era una institución española que permitía la concentración del poder de varios departamentos en la figura del presidente de dicho cuerpo. Para Henry esto no era aceptable, porque bajo la forma de gobierno militar, solo podía haber una autoridad, el Gobernador General.[20] Esta reforma del general Henry causó una crisis de tipo político-constitucional.

Para Puerto Rico, la eliminación del Consejo de Secretarios significaba la perdida de la oportunidad de que el liderato político puertorriqueño ocupase posiciones de poder dentro del nuevo gobierno. Por ello, la política del general Henry de aceptar solo "consejeros" y no un cuerpo legislativo, fue severamente criticada por La Democracia.[21] Esto porque los autonomistas se veían amenazados al perder sus facultades frente al gobernador militar.

Otra de las reformas que el general Henry implantó durante su mandato, fue la creación del Departamento de Justicia en sustitución de la Secretaría de Justicia.[22] Dicha reforma, implantada entre el 6 y el 10 de febrero de 1899, hacía que el nuevo departamento se encargara por medio de su secretario, de los nombramientos de notarios, y de abolir las leyes innecesarias que estuviesen en pugna con las que rigen en los Estados Unidos.

La tendencia centralizadora del régimen militar estadounidense en Puerto Rico continuó durante la gobernación del general George W. Davis, el último gobernador militar de la Isla. Davis asumió el cargo el 9 de mayo del 1899, terminando su mandato al aprobarse la Ley Orgánica de 1900. Bajo el gobierno de Davis, el sistema judicial de Puerto Rico es transformado en uno completamente al estilo norteamericano.

A partir del 14 de julio de 1899, el general Davis reorganiza la rama ejecutiva y centraliza en el gobernador los nombramientos y las destituciones de los funcionarios públicos. Esta iniciativa de Davis creó un conflicto entre este gobernante y el asesor jurídico del Departamento de Guerra, Charles E. Magoon. En una opinión emitida el 7 de diciembre de 1899, Magoon afirmaba que el poder de legislar para los civiles de Puerto Rico radicaba solo en el Congreso, y que ello obligaba a Davis a abstenerse de intervenir.

Esta reforma de Davis sobre los nombramientos, a pesar de estar en contra de los mandatos del gobierno de los Estados Unidos, se implantó en la Isla. El efecto causado en el país por dicha decisión fue la exclusión de muchos funcionarios puertorriqueños de cargos públicos. De esta forma, el gobierno de Puerto Rico, tanto el estatal como el municipal, fue acaparado por los norteamericanos o por funcionarios puertorriqueños dignos de la "confianza" de los militares estadounidenses.

En relación a la transformación y creación de tribunales, las reformas encaminadas a ello perseguían el establecer tribunales estadounidenses en la Isla, y a "[23]americanizar" las instituciones puertorriqueñas. Con miras a esto, el 27 de octubre de 1898, el general Brooke transformó la Audiencia Territorial de Puerto Rico en Tribunal Supremo de Justicia. Este nuevo tribunal se hacía cargo de los casos pendientes de la Audiencia y las apelaciones.

A la creación del Tribunal Supremo le siguió la creación de Comisiones Militares, para enjuiciar crímenes "civiles" porque según el general Brooke, los tribunales puertorriqueños no estaban actuando con "severidad y prontitud".[24] A pesar de haber sido eliminadas más tarde por el general Davis en mayo de 1899, estas comisiones representaron una medida conflictiva, pues los militares tomaron la administración de la justicia civil en Puerto Rico, por encima de los tribunales locales.

El 27 de junio de 1899, bajo el gobierno del general Davis, se establece por Orden General la Corte Provisional de los eStados Unidos para el Departamento de Puerto Rico.[25] Dicha corte tendría jurisdicción sobre asuntos civiles y criminales que atañesen a los Estdos Unidos y otras situaciones similares. Este nuevo tribunal creó un conflicto en el sistema jurídico puertorriqueño, al tener en un mismo territorio dos tribunales de diferente tradición jurídica.

Las reacciones ante el establecimiento de la "corte federal" no se hicieron esperar. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, El Secretario de Justicia de entonces el Sr. Díaz Navarro, el Partido Liberal, y la mayoría de los abogados puertorriqueños se opusieron al establecimiento del tribunal federal por considerarlo ajeno y extraño al sistema jurídico puertorriqueño. Los periódicos, La Democracia, El Territorio, y El Combate, tronaron contra lo que consideraban una afrenta al pueblo puertorriqueño.[26] Estas criticas surgían, porque al contrario de lo que exigían los usos federales vigentes, si un puertorriqueño era parte de un litigio en la corte federal, esta se conduciría por los precedentes federales de casos adjudicados en otros territorios adquiridos por los Estados Unidos, y no por el derecho local como lo establecía la Orden General 101.[27] a todas luces, el procedimiento del tribunal federal era claramente discriminatorio y contrario a las leyes establecidas.

Entre las últimas reformas del gobierno militar a los tribunales de Puerto Rico estuvo la eliminación del cargo de Procurador. En esta medida del general Davis, se argumentó que dicha eliminación respondía a que el cargo no se adaptaba al procedimiento estadounidense. La eliminación de este cargo dejaba a los puertorriqueños desprovistos de otra posición importante dentro del sistema judicial de la Isla.

La acción de Davis contra el cargo de Procurador fue muy criticada. La prensa liberal no alineada la emprendió contra el gobierno, aduciendo que las reformas de Davis respondían a su deseo de "expulsar" a los puertorriqueños de los puestos públicos importantes. Al parecer, la actitud de Davis respondía a las percepciones negativas que él y los demás gobernadores militares tenían sobre los puertorriqueños. Tanto Brooke como Henry y Davis, dudaban de la capacidad de los puertorriqueños para el autogobierno.[28]

Con relación a los derechos civiles, las reformas implantadas por los gobernadores militares fueron controversiales y causaron malestar, tanto a la prensa liberal como a los profesionales del derecho. Las reformas relacionadas a los derechos civiles estaban encaminadas a principalmente a "controlar" a los grupos profesionales, que los militares consideraban podían obstaculizar la obra del gobierno militar en la Isla.

A finales de la gobernación del general Brooke, la posición del sector liberal, en especial la prensa, se había tornado negativa a causa de las reformas de dicho gobernador. Sin embargo, fue durante el gobierno del general Henry cuando la reacción de la prensa se tornó abiertamente hostil. Durante ese periodo los editoriales de La Democracia reclamaban el final del gobierno militar. Este reclamo molestó al gobernador, llevándolo a declarar que el gobierno "no permitirá" la publicación de artículos que hicieran referencia al ejército o al gobierno militar.[29] Esta declaración de Henry causó gran indignación entre la prensa liberal, que sostenía su derecho a la libre expresión.

La actitud del general Henry hacia la prensa demuestra la intolerancia del gobierno militar hacia las voces disidentes dentro de la sociedad puertorriqueña. Las acciones represivas del gobierno militar continuaron imponiendo la "censura" contra los periódicos liberales que denunciaban las malas prácticas del gobierno. Fue durante el mandato del general George W. Davis en 1899, que para controlar las críticas de la prensa y otros grupos, se aplicó en Puerto Rico un estatuto de "sedición" contra le prensa. Dicho estatuto establecía como castigable a cualquier periodista o publicación que escribiera algo que insinuase algún "rechazo" hacia el gobierno.

La prensa liberal criticó ferozmente la imposición del estatuto de sedición. El periódico El Combate calificó de "absurda" la medida y resaltó la opresión del gobierno al tratar de entorpecer la función de la prensa. Para El Combate, al igual que para la mayoría de los periódicos liberales, la medida de Davis significaba una amenaza sería a la libertad de prensa.[30] Por esta razón mantuvieron una especial actitud "combativa" durante el gobierno de Davis, resultando muchas veces en que las autoridades censuraran e iniciaran procesos judiciales contra periodistas liberales. No obstante el peligro, la prensa liberal se mantuvo firme en sus críticas al régimen militar.

Las reformas judiciales del general Davis se extendieron al campo de la profesión legal. Inconforme con la situación de ley existente en la práctica de la abogacía en Puerto Rico, Davis decidió legislar al respecto.[31] Con una Orden General, Davis estableció que únicamente podían practicar la abogacía en Puerto Rico aquellos que obtuviesen su título de una universidad de los Estados Unidos. Se exceptuaba sólo a aquellos que ya estuviesen practicando la profesión en Puerto Rico, y a los que estuviesen terminando la carrera en universidades españolas y cubanas. Esta medida estaba dirigida abiertamente a "americanizar" la profesión legal y a desalentar el estudio del Derecho en universidades "extranjeras". Sin embargo, es notable que dicha Orden General sobre la abogacía también creaba conflicto con los abogados estadounidenses, ya que les exigía un examen de revalida ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico antes de poder ejercer su profesión en la Isla.[32]

La legislación del general Davis para regular la profesión legal es otra muestra de las imposiciones de los gobernadores militares al sistema legal puertorriqueño. Davis impuso su medida en clara desobediencia a los procedimientos y leyes requeridas para ese tipo de reforma. Para los abogados puertorriqueños esto significó otra imposición que les obligaba a "amoldarse" al sistema estadounidense, mientras que para los abogados norteamericanos, significaba el ser "excluidos" de poder ejercer dentro de un sistema que "supuestamente" ya era parte del sistema estadounidense.

El final del mandato del general Davis coincidió con el fin del gobierno militar. No obstante, al final de dicho régimen las reformas implantadas cumplieron su cometido, al transformar el sistema jurídico de la Isla en uno que funcionara de acuerdo con el de la metrópoli.

Conclusión

Las reformas económicas que el gobierno militar de los Estados Unidos implantó en Puerto Rico durante los años 1898 y 1899, fueron iniciativas destinadas a transformar la economía puertorriqueña en una sometida a los intereses de las corporaciones estadounidenses que buscaban establecerse en la Isla. Dichas reformas económicas estaban dirigidas por el Congreso, pero carecían de un apoyo multilateral de parte de los grupos de poder en Washington. Esto porque las reformas económicas sólo beneficiaban a determinados sectores de la economía de los Estados Unidos, como los productores de azúcar de caña o a los manufactureros, mientras resultaban amenazantes a los intereses de otros sectores como los productores de azúcar de remolacha. Además, dichas reformas dependían de acontecimientos políticos del momento y de la política partidista estadounidense.

A pesar de que Puerto Rico no era un gran centro de producción, para los Estados Unidos representaba una oportunidad que no podía ignorar dentro de sus planes de expansión económica. Por ello, las reformas económicas impuestas en la Isla, aunque no constituyeron una política económica consistente, sirvieron para aclimatar a la economía y la fuerza trabajadora isleñas para la dominación económica que comenzaría en las primeras décadas del siglo XX.

Las reformas judiciales que el gobierno militar estadounidense estableció en Puerto Rico, representaron otra faceta dentro del curso de transformación de la Isla. Pero contrario a las reformas económicas, las reformas judiciales no contaron con la dirección del Congreso, ya que los intereses del Congreso en ese momento no fueron precisos sobre cómo transformar las instituciones judiciales de Puerto Rico. Es por esto que las reformas judiciales fueron iniciativas personales de los gobernadores militares para "adaptar" el sistema isleño. No obstante, estas reformas fueron hechas arbitrariamente y en ocasiones por encima de las disposiciones legales, creando conflictos de índole político-judiciales. La falta de definición del estatus de la Isla y de un consenso en el Congreso, fueron factores que permitieron a los gobernadores militares extralimitarse al imponer medidas.

Los resultados de las reformas judiciales en Puerto Rico fueron, el establecimiento de un sistema jurídico de tipo estadounidense, y la gradual exclusión de los puertorriqueños del control administrativo de dicho sistema. De esta forma el gobierno militar logró una mayor centralización del poder.

La reacción de la prensa liberal puertorriqueña estuvo a tono con las reformas económicas y judiciales del gobierno militar. Las críticas hechas a las reformas económicas reflejan los intereses de clase que influenciaban la posición de la prensa liberal. La prensa liberal alineada con los intereses autonomistas defendió los intereses del sector hacendado que se preocupaba ante la amenaza de la pérdida de terrenos y la paralización del comercio. La prensa liberal no alineada, respaldó los intereses de la clase trabajadora y la pequeña burguesía, quienes sufrían ante el desempleo generalizado y el alto costo de vida, producto de las reformas económicas.

Las críticas que la prensa liberal autonomista levantó ante las reformas judiciales respondían a la amenaza que la "americanización" de las instituciones representaba para el poder de los autonomistas. La defensa de las instituciones "tradicionales" era por mantener un liderato político que temía ser excluido del futuro político de la Isla. Por otro lado, la defensa que hacía la prensa liberal no alineada, respondía al interés de los grupos profesionales por "preservar" la integridad de las instituciones con miras a mantener una "independencia" administrativa de los Estados Unidos.

Las reformas expuestas en este trabajo son una pequeña parte
de las transformaciones que el régimen estadounidense introdujo en Puerto
Rico al inicio del proceso de dominación colonial de la Isla. Proceso
que formó parte de la expansión imperialista estadounidense en
el Caribe a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Bibliografía

Fuentes primarias

El Combate, 1899

El Territorio, 1899

La Bomba, 1898

La Correspondencia, 1899

La Democracia, 1898

La Democracia, 1899

Fuentes secundarias

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Autor:

Luis A. Reyes Rodríguez

Diciembre 1997

[1] Fernando Pic?, 1898 La guerra despu?s de la guerra, R?o Piedras, Ediciones Hurac?n, 1987, p.184; Mar?a Eugenia Estades Font, La presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico 1898-1918, R?o Piedras, Ediciones Hurac?n, 1988, p.87.

[2] Pic?, op. cit., p.185.

[3] Pic?, op. cit., pp. 189 y 190; Antonio S. Pedreira, El periodismo en Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura Puertorrique?a, 1970, p.275. Al instalarse el gobierno militar, aboli? la ley de imprenta que reg?a en Puerto Rico desde 1886.

[4] Pic?, op. cit., pp. 192 y 193. Curiosamente, Arthur B. Jack fue finalmente arrestado por cargos de ?apropiaci?n ilegal?.

[5] James L. Dietz, Historia econ?mica de Puerto Rico, R?o Piedras, Ediciones Hurac?n, 1989 ,p.116.

[6] Mar?a Dolores Sanchez, La ocupaci?n norteamericana y la Ley Foraker, R?o Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1980, p.63; Mariano Negr?n Portillo, El autonomismo puertorrique?o: su transformaci?n ideol?gica 1895-1914, R?o Piedras, Ediciones Hurac?n, 1981, p.41.

[7] La Bomba, 4 de octubre de 1898, p.1; 9 de octubre de 1898, p.1; 11 de octubre de 1898, p.1.

[8] Dietz, op. cit., p.108; Estades Font, op.cit., p.101; Luque de S?nchez, op. cit., p.69.

[9] Dietz, op. cit., p.102; Luque de S?nches, op. cit., p.76; Carmen I. Rafucci, El gobierno civil y la Ley Foraker, R?o Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1981, p.46.

[10] La reducci?n de aranceles a algunos productos ayud? en general a las clases bajas, pero el aumento de aranceles a otros productos, afect? a las clases altas que eran las que favorec?an el libre comercio con los Estados Unidos.

[11] La Democracia, 18 de enero de 1899, p.1; 13 de abril de 1899, p.1.

[12] El Combate, 6 de septiembre de 1899, p.2; 7 de septiembre de 1899, p.2; 18 de septiembre de 1899, p.2. La situaci?n general se agrav? con el paso del hurac?n San Ciriaco en agosto de 1899.

[13] La Democracia, 17 de abril de 1899, p.1. Es notable el inter?s por preservar las propiedades que presentan los grupos terratenientes representados por La Democracia, pues el inter?s era comerciar con los Estados Unidos, no ser despose?dos por ellos.

[14] Dietz, op. cit., p.110; Luque de S?nchez, op. cit., pp. 62 y 85; Rafucci, op. cit., p.49. Para el secretario Root, el bienestar econ?mico de Puerto Rico era importante para que los Estados Unidos tuviesen ?xito en su empresa colonial, considerando que si el pueblo estaba satisfecho ser?a m?s f?cil de gobernar.

[15] El apoyo de Mc.Kinley al libre comercio realmente ten?a poca influencia, pues los poderes del presidente sobre la Isla como Comandante en Jefe del Ej?rcito hab?an cesado cuando el Congreso asumi? el poder de legislar para el nuevo territorio.

[16] Luque de S?nches, op. cit., pp.86 y 87.

[17] Jos? Tr?as Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, 4vols, R?o Piedras, Editorial Universitaria, 1980-1983, p.163.

[18] Ibid., p.165.

[19] El general Henry apoyaba mantener la ley marcial en Puerto Rico ante la falta de legislaci?n de parte del Congreso.

[20] El 7 de febrero de 1899 el general Henry coloc? la polic?a bajo el control del gobernador y nombr? a un estadounidense para dirigirla.

[21] La Democracia, 9 de febrero de 1899, p.3; 11 de febrero de 1899, p.3.

[22] Carmelo Delgado Cintr?n, ?La administraci?n de justicia en Puerto Rico durante el gobierno militar de Estados Unidos 1898-1900?, Revista Jur?dica de la Universidad de Puerto Rico, Vol. XLIX, N?m. 4 (1980), p.355.

[23] Delgado Cintr?n, op. cit., p.345.

[24] Trias Monge, op. cit., p.166.

[25] Delgado Cintr?n, op. cit., pp. 359 y 360. El Presidente de los Estados Unidos autoriz? el establecimiento de dicha corte el 14 de abril de 1899, luego de consultar con la Corte Suprema de los E.U.

[26] El Combate, 4 de Julio de 1899, p.2; 1 de agosto de 1899, p.2.

[27] Trias Monge, op. cit., p.169.

[28] Para el general Davis, el gobierno territorial para Puerto Rico era impermisible en el momento. Sin embargo, apoyaba un gobierno civil de tipo ?colonial ingl?s?, en el que una elite estadounidense gobernase contando con la participaci?n de puertorrique?os.

[29] Trias Monge, op. cit., p.166.

[30] El Combate, 10 de agosto de 1899, p.2.

[31] Davis no consider? que dentro del propio sistema estadounidense en Puerto Rico, ese asunto le compet?a al reci?n establecido Tribunal Supremo de Puerto Rico.

[32] Delgado Cintr?n, op. cit., p.370.