- 1.
Antecedentes - 2. La
situación comercial entre Chile y la Unión
Europea - 3. Los puntos de
Acuerdo - 4. Miel sobre
ojuelas - 5. Los puntos
grises - 6. A modo de
conclusión
El gobierno ha calificado como un
"triunfo histórico para la Cancillería chilena",
el reciente acuerdo de asociación con la Unión Europea, tras dos
años de arduas negociaciones, iniciadas en abril del 2000 se
llegó finalmente a un acuerdo que es definido como de
cuarta generación plus, es decir, no sólo
incorpora el tema comercial, sino también el diálogo político y el
ámbito de la cooperación.
Los acuerdos deben ser ratificados por los 15
parlamentos de los países de la Unión Europea y el
Congreso chileno. En el caso de los parlamentos europeos, la
ratificación sólo incluye el acuerdo político y de
cooperación, por cuanto para el acuerdo económico ya
estaba mandatado el Comisario Europeo (francés) Pascal Lamy. En el caso de
Chile, el Congreso debe
aprobar el acuerdo de asociación en su conjunto. De ser
ratificado se espera que el tratado entre en vigencia el 1°
de enero de 2003.
Chile se convierte así en el segundo socio
Latinoamericano de la Unión Europea después de México, aunque el acuerdo
alcanzado con Chile es mucho más amplio.
Europa se ha mostrado muy interesada en este acuerdo,
debido a que Latinoamérica ha dejado
de ser un área de su influencia -especialmente en lo
político- objetivo que se ve reforzado a
través de este acuerdo y así neutraliza el avance
significativo de EE.UU. en la región de los últimos
años.
Chile es un país exportador fundamentalmente de
commodities, es decir, de materias primas sin mayor grado de
elaboración. Debemos recordar que nuestro PIB está basado en
más de un 52% en las exportaciones y donde el 26% de
sus ventas al extranjero tiene
como destino el Viejo Continente. En el año 2001 Chile del
total de exportaciones realizadas a la
Unión Europea el 60,1% correspondió a cobre y derivados, un 8,1% a
celulosa y le siguen las frutas con un 4,2%. Pero ¿se
justifica una euforia tan elocuente de parte del gobierno chileno debido al
acuerdo?
2. La situación comercial
entre Chile y la Unión Europea
El comercio entre Chile y la
Unión Europea ha tenido una importancia bastante menor en
los últimos años. Las exportaciones chilenas en 1999
representaron tan sólo el 0,2% del total de importaciones de la Unión
Europea, lo que refleja la importancia menor de Chile como
proveedor de bienes para dicha zona, aunque
manteniendo una gran estabilidad desde el año 1995. Las
exportaciones chilenas a la Unión Europea crecieron a un
promedio anual de 4,1% entre 1991 y 1999, ritmo bastante menor al
ritmo que crecieron las exportaciones globales promedio que
alcanzó el 7,3% en el mismo periodo. Los cinco principales
productos exportados en dicha
zona en 1999 representaron el 62,3% del total de los envíos,
cifra que alcanzaba al 54,2% en 1991, lo que refleja además
la creciente concentración de la canasta exportadora a la
Unión Europea.
En tanto los productos de cobre aumentaron sus
exportaciones del 45,9% en 1991 al 51,6% en 1999, la harina de
pescado y las uvas que en 1991 ocuparon el cuarto y quinto lugar
en los envíos a la Unión Europea cedieron su lugar a
los vinos con denominación de origen, la pasta química de coníferas
semiblanqueadas y el oro bruto.
El principal producto de exportación chileno, los
cátodos de cobre, alcanzaron 22,9% de las exportaciones
totales del año 1999, mientras representaba el 42,6% de los
envíos a la Unión Europea en el mismo
año.
En el año 2001, el intercambio comercial entre
Chile y la Unión Europea sumó US$7.658 millones, de los
cuales US$4.594 millones correspondieron a exportaciones. En el
caso de las inversiones, entre 1974 y el
2001, los Estados Miembros de la Unión Europea invirtieron
US$17.629 millones en nuestro país, siendo España, Reino Unido,
Italia y Holanda los
países más importantes, incluyendo negocios en los sectores
eléctrico, gas, servicios, agua, transporte y telecomunicaciones.
La estructura de las
exportaciones chilenas a la Unión Europea se han
caracterizado por productos con muy poco valor agregado, precisamente
estos son los productos más beneficiados con las rebajas
arancelarias acordadas. La estructura exportadora se
mantiene relativamente constante entre el año 1992 y el
año 200, sólo destaca el aumento de un 5,3% de los
productos naturales procesados. Así tenemos que durante el
año 1992 las exportaciones de recursos naturales representaban
26,6% bajando a 22,9% en el año 2000, ello es debido al
aumento en los recursos naturales procesados del
69,7% a 73,4% en el mismo periodo. En tanto los productos
industrializados permanecen prácticamente sin variación
en una década, pues se pasa de 3,7% a 3,8%.
La estructura de las importaciones chilenas desde la
Unión Europea se ha caracterizado por el significativo
aumento de los bienes de consumo en un 20,5% y la
disminución en los bienes de capital en un 11,6%. Mientras
los bienes de consumo durante el año
1992 representaron 12,8% aumenta a 16,1% en el año 2000,
ello se explica por la reducción de las importaciones en
bienes de capital del 31,9% al 28,2% en
igual periodo. Para el caso de los bienes intermedios se tiene un
leve aumento al subir de 55,3% en 1992 a 55,7% en el año
2000.
El proceso de negociación culminó con
los acuerdos que se describen a continuación.
En el sector agrícola se estableció la
desgravación inmediata para una cantidad de 1.000 toneladas
de bovinos, 7.000 toneladas de aves, 3.500 toneladas de
cerdos y 5.000 toneladas de ovinos. Una cantidad adicional
perdería ese privilegio.
También contempla la desgravación inmediata,
dentro de límites de cuotas, para
algunos productos estrellas chilenos, como las manzanas frescas
que pagan actualmente un arancel de 5,4% y para las uvas
frescas que pagan un arancel de 6%. Mientras los kiwis
tendrán que esperar cuatro años para beneficiarse del
acuerdo.
En el caso de los lácteos se establece una
cuota máxima de exportación con arancel cero
de 1.500 toneladas de queso.
En la agroindustria los productos deshidratados
podrán beneficiarse inmediatamente, en tanto en los jugos,
que actualmente pagan aranceles entre un 22,4% y un
40%, del ketchup y demás salsas de tomate que pagan un 7,1%,
pulpas y purés de frutas y hortalizas deberán esperar
cuatro años, mientras los productos congelados deberán
esperar hasta el 2010.
En cuanto a los vinos la desgravación
será en forma recíproca en cuatro años, sin
ninguna cuota. Se otorga certeza jurídica para algunas
marcas chilenas de vinos
exportados a Europa, así como a las
prácticas enológicas que fueron consensuadas en el
acuerdo. Sin embargo, a partir del año 2007 en el mercado extranjero y del 2014 en
el mercado interno, las viñas
chilenas no podrán seguir comercializando marcas como Chablis,
Champagne, Chateau, Corton, Jerez, Pomar, Oporto o
Rhin por coincidir con el nombre de alguna región de
Europa. Se respetaron, en
cambio, las denominaciones de
origen Gran Vino, Reserva y Late Harvest. El
acuerdo no establece restricciones en materias de cepas. En tanto
el champagne que se produce en Chile debe denominarse en
el futuro "vino espumoso".
En los productos tradicionales se permite el mecanismo
de banda de precios, aunque deberían
readecuarse si la Organización Mundial de
Comercio (OMC) falla en contra de Chile.
Además el 99,5% de las exportaciones industriales
chilenas podrán ingresar libre de arancel a la Unión
Europea en forma inmediata, una vez que el acuerdo entre en
vigencia. Entre los productos favorecidos se encuentran la
madera, el papel, el metanol, los
fertilizantes, la sal, los textiles y las confecciones. En bienes
sensibles fue pactada una desgravación a siete años, la
cual incluye productos como químicos, pinturas y plásticos.
Respecto del sector pesquero se establece un
protocolo de inversión recíproca,
que permite a los europeos invertir en Chile bajo las mismas
condiciones que se les dan a los chilenos, es decir, tener el
100% de la propiedad de la flota,
mientras que la ley actual sólo permite
acceder al 49% de ella.
En cuanto al caso de la merluza fresca, que en un
principio no estaba incluida en el acuerdo y cuyo arancel en la
actualidad fluctúa entre 0% y 22%, sólo consiguió
plazos de desgravación de cuatro y siete años para
alcanzar un arancel cero. Además queda establecida el
respeto a la soberanía de Chile en las
200 millas marinas, donde no podrán ingresar barcos con
bandera extranjera.
En materia de
cooperación son cubiertas tres áreas:
económica y financiera, técnica, y ciencia y tecnología. Uno
de los elementos más significativos es un artículo
único, denominado cooperación en el contexto de la
Asociación o upgrading. Esto significa aumentar el nivel de
cooperación entre ambas partes, dejando abierta la
posibilidad de evaluar la participación de Chile en algunos
programas a los cuales hoy
sólo tienen acceso los Estados Miembros de la Unión
Europea. Es así como Chile accederá a programas de cooperación en
los que se contemplan 22 millones de euros que favorecerán a
la pyme, seis millones se
destinarán a proyectos culturales y otros seis
millones a programas de modernización del Estado.
En materia de servicios será posible
promover una mayor presencia de la industria aseguradora europea
en Chile. Para quienes deseen trabajar en Europa realizando
servicios profesionales tendrán una facilidad
automática para laborar por un máximo de tres meses. Se
permitirá una mayor internacionalización de los
negocios que realiza la
banca local, debemos considerar
el importante número de bancos chilenos en manos de
capitales europeos como el Banco Santander, BBVA, Desdner
Bank entre otros. Además se permitirá el desarrollo de empresas chilenas en Europa como
las constructoras y servicios de ingeniería. En materia
tributaria, los acuerdos de doble tributación quedarán
fuera del Acuerdo con la Unión Europea.
Asimismo los bienes finales europeos como
automóviles, perfumes, maquinarias y whisky podrán
acceder con un menor arancel. Para el instrumental médico y
bienes de alta tecnología habrá un desgravamen
especial bajo al arancel general chileno. Además Chile
reitera su compromiso de otorgar una protección efectiva
a los derechos de propiedad intelectual para
los productos europeos.
Finalmente se incorpora un mecanismo de consulta para la
solución de controversias y en casos de desacuerdos
graves existe la posibilidad de convocar a un tribunal arbitral
de tres miembros. Sin embargo, existe una virtual imposición
por parte de los países europeos, a través de una
cláusula de salvaguardia en el texto del tratado, que
podría ser activada para un producto que ellos estimen que
es afectado.
Esta asociación es vista por el gobierno de Lagos
como una confirmación de la confianza en la calidad de las políticas e instituciones chilenas, y se
concibe con un instrumento fundamental para generar un escenario
propicio para retomar tasas de crecimiento más elevadas,
mejorando la generación de empleo.
Asimismo es visto como un importante logro, en momentos
en que las negociaciones para un TLC con EE.UU. se encuentran
entrampadas en el Congreso de ese país. De esta forma
nuestro país podría acceder a uno de los mayores
mercados del mundo y
obtendría una mayor relevancia como interlocutor regional y
mundial.
A nivel de bloque comercial, la Unión Europea es el
primer socio comercial chileno. Es el primer mercado para las
exportaciones chilenas, del origen de las inversiones extranjeras,
así como el principal origen de cooperación
internacional.
La población de sus 15
Estados Miembros significará para Chile el acceso potencial
a un megamercado con 370 millones de consumidores de alto
poder adquisitivo, cuyos
ingresos per cápita
fluctúan entre los 11 mil y los 32 mil dólares, que
llevarán a sus mesas las diversas exportaciones nacionales.
Éste es el principal destino de las exportaciones chilenas,
con envíos que durante el 2001 llegaron a los US$4.607,2 y
que en la actualidad pagan entre un 12 y 15% de arancel. En tanto
las exportaciones llegaron a US$3.064,3 en el mismo
año.
Para los personeros de gobierno la suscripción del
tratado comercial con Europa respaldará de forma definitiva
los pronósticos optimistas del
FMI que auguran un crecimiento
de la economía en torno a un 6% para el año
2003.
En lo concerniente a los acuerdos alcanzados se destaca
el incremento de 3.000 a 5.000 toneladas de la cuota de carne de
cordero, que además tiene un incremento de 200 toneladas
anuales por un plazo indefinido, ello implica copar toda la
oferta exportadora que Chile
tiene en la actualidad.
Asimismo, la producción frutícola
chilena de exportación, recibirá un positivo impacto en
su producción, al obtener
beneficios de acceso para las manzanas, peras y kiwis.
También la producción de carnes blancas
tendrá una proyección y un desarrollo a largo plazo, con
influencia directa en la cadena agroindustrial completa (como
sería el positivo impacto en la producción de maíz).
Los principales productos de exportación
agroindustrial como los tomates, pastas de tomates, jugos y
concentrados de frutas, también verán aumentada su
producción.
Los productos sensibles como son las productoras de
grano, carne y leche quedarían cubiertos
por las bandas de precios, siempre que la
OMC no falle en contra de
Chile.
Además se abre la posibilidad de exportar carnes y
de lácteos, siendo la cuota
obtenida un equivalente a más del 10% de la producción
actual de novillos.
En el caso de la producción de lácteos, la
cuota de 1.500 toneladas de queso, requerirá una cantidad de
leche equivalente al doble del
excedente de comercio exterior que
presentó el país en el año 2001.
En el ámbito económico y comercial, existe un
mejoramiento con la posibilidad de ingresar productos más
elaborados a los mercados europeos. Hasta hoy, el
SGP (Sistema General de Preferencias)
favorecía con aranceles bajos a las materias
primas, pero estos se elevaban considerablemente cuando se
trataba de productos manufacturados.
A juicio de muchos economistas la materialización
de esta asociación permitirá diferenciarnos de los
países Latinoamericanos y tomar distancia de los problemas económicos y de
gobernabilidad que hoy los afectan. Dicho análisis es
verdaderamente ingenuo en un mundo interelacionado, donde es
imposible sustraerse a los problemas generados en una
crisis de dimensión
global, especialmente en economías abiertas y altamente
dependientes a la economía mundial.
Si bien, existe una rebaja arancelaria selectiva sobre
muchos bienes exportados por Chile, éstos difícilmente
se pueden exportar con una real ventaja competitiva, debido a la
estructura económica tremendamente subsidiada existente en
Europa. Sólo en la agricultura se entregan más
90 mil millones de euros (unos US$ 70.000 millones) al año
en subsidios. A pesar que Chile podría tener ventajas
comparativas debido al pago de salarios muy reducidos y por una
mayor flexibilidad laboral, Europa no se queda
atrás, debido al incremento paulatino del trabajo no
formalizado de miles de emigrantes provenientes de Asia, Africa, América Latina y Europa
Oriental. Por lo tanto los beneficios serán mínimos
tanto en el sector agrícola como en el sector
manufacturero, pues el nivel productivo en escalas
pequeñas no permite una real competitividad, sólo
grandes inversiones en infraestructura y tecnología podría
permitirlo.
En tanto en el sector pesquero el impacto es
más radical y reviste un análisis más
exhaustivo. La liberalización adoptada por Chile de su
ley de navegación
permitirá a las empresas europeas poder acceder al 100% de la
propiedad de las compañías locales, mientras que en la
actualidad sólo podía alcanzar al 49%, quedando la
propiedad mayoritaria en manos de chilenos. Este sector tiene una
importancia estratégica tanto por la riqueza que
involucra como por los empleos asociados. Además reviste una
concesión muy peligrosa para nuestro país, recordemos
que Chile no estuvo dispuesto a entregar en términos
jurídicos las 200 millas marinas para la explotación
extranjera, sin embargo, este acuerdo incluye un resquicio que
permite finalmente a los barcos europeos operar bajo bandera
chilena. Las empresas europeas podrán, entonces, poseer
participación mayoritaria en el área pesquera.
Obligando a los empresarios chilenos a vender sus empresas
procesadoras y pesqueras, al no poder competir con estas empresas
transnacionales europeas. Ello condena a los empresarios chilenos
a cambiar de giro, vivir de las rentas de los dineros obtenidos
por la venta de sus activos o, en el mejor de los
casos, a asociarse con los capitales europeos perdiendo la
autonomía de su empresa. Sin duda que
aumentarán las exportaciones de los productos marinos
chilenos, sin embargo, deberíamos precisar que éstos
son en realidad productos europeos pescados en Chile,
encareciendo su precio en el mercado local
debido a la masiva exportación hacia el mercado
europeo.
El interés europeo por el
sector pesquero chileno radica en la crisis de ese sector debido a
la sobreexplotación de los recursos marinos en el Viejo
Continente, razón por la cual deben esperar varios años
para que éstos se recuperen. Por ello se ha propuesto
disminuir la flota pesquera a la mitad, siendo los países
más afectados España, Italia y Portugal. La
solución de corto plazo a este problema ha sido establecer
acuerdos comerciales para utilizar el litoral de otros
países como es el caso de algunos países
africanos.
No obstante, el mayor peligro no está
en la desaparición de los empresarios pesqueros chilenos, ni
en los empleos que se perderán por la mayor tecnología
asociada a los procesos productivos que
implementarán los capitales extranjeros, sino radica en que
la riqueza marina (la flora y fauna chilena) quedará a
merced de las flotas europeas. Y así, tal como ha ocurrido
con la explotación indiscriminada del cobre por las
compañías extranjeras, ocurrirá con el mar, con el
agravante que este recurso marino ya está en estado de
explotación máximo. Recordemos que los
españoles desde hace varios años venían
insistiendo en traspasar las 200 millas para acceder a los
recursos marinos chilenos que ahí existen, pues bien,
finalmente a través de este acuerdo han logrado su objetivo más
preciado.
Además para los europeos crear empresas en nuestro
país es más que satisfactorio, pues Chile es concebido
como un paraíso fiscal, ya que las empresas
chilenas no tributan debido a que la legislación permite
múltiples mecanismos de evasión y elusión
tributaria.
Quedan condenados también los pescadores
artesanales y pequeños empresarios pesqueros, al no quedar
peces para pescar, por lo que
también se puede prever su colapso y
aniquilamiento.
Un análisis separado merece en esta negociación el caso de la
merluza, que devela la ineptitud del equipo negociador
chileno. La merluza representa el 26% de las exportaciones
del sector pesquero, este producto deberá esperar ocho
años para llegar a arancel cero, mientras otros países
Latinoamericanos pagan cero arancel sin ser socios de la
Unión Europea. El gran error del equipo radica en no haber
exigido el tratamiento de país más favorecido,
como cláusula aceptable para todo trato de socios a largo
plazo.
Otro de los vacíos que presenta el acuerdo, excepto
en el caso de servicios profesionales que podrán laborar por
un máximo de tres meses, es que no se hace mayor
alusión a la libre circulación de personas, como si el
único interés de los países
involucrados fuese la libre circulación de capitales y
productos.
El compromiso de Chile de mantener la protección de
los derechos de propiedad intelectual
para los productos europeos, podría implicar el pago de
patentes en muchos productos importados, ello especialmente en
los medicamentos y productos de alta investigación
científica y tecnológica, lo que encarecería
su precio.
Mientras en el caso de la cooperación en las
áreas de economía y finanzas, técnica y
educación, ciencia y tecnología
hubiese bastado con firmar un acuerdo de cooperación
mutua.
Para un país que posee un sector agrícola en
crisis permanente (debido al nivel de desprotección en que
se encuentra), el costo de sacrificar el sector
pesquero, el mar y su riqueza, es un costo demasiado alto como para
compensarlo con potenciales beneficios del presente acuerdo en
franquicias arancelarias en el
sector agrícola, pesquero y productos manufacturados que
ampliaran la concentración de la riqueza en nuestro
país en grandes empresas que son las que poseen la capacidad
de producir en gran escala permitiendo así
reducir los costos unitarios y competir con
las empresas europeas (las exportaciones de las micro,
pequeñas y medianas empresas representan tan sólo el 5%
de la exportaciones chilenas).
Es más que cuestionable que el acuerdo implique
efectivamente mayor empleo, debido a la
reducción significativa del empleo en la pesca (especialmente en la
pesca artesanal) y por la
incorporación de alta tecnología en la producción
de las megaempresas europeas instaladas en territorio nacional,
lo que se traducirá en una producción enorme con unos
cuantos empleados y en la quiebra de muchas empresas
pequeñas que no podrán competir con estos gigantes
europeos. Ni siquiera a través de los impuestos se tiene la certeza de
obtener grandes ingresos, pues al igual que en el
caso del cobre, los altos volúmenes de los productos
exportados harán reducir su precio y, por otro lado, debido
al escaso nivel de tributación de las empresas
chilenas.
Además, los términos del acuerdo no pueden
ser modificados, pese a que se requiere la ratificación
del acuerdo por el Parlamento chileno, éste sólo vota
por su aceptación o rechazo, sin tener la facultad de
realizar modificaciones al acuerdo.
Esperemos que una vez traducido a los idiomas de los
distintos países involucrados y se envíe al Congreso
podamos debatir efectivamente su alcance. Aunque se ve poco
probable, de no existir presión social, debido a que
los últimos gobiernos chilenos se han caracterizado por
acuerdos y medidas económicas sin la suficiente información y por el
reducido espacio entregado a la participación de la
ciudadanía en la definición de los temas que son
verdaderamente importantes para el desarrollo de nuestro
país.
Claudio Pérez Díaz