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Participación comunitaria

Enviado por amanrique53



Partes: 1, 2

  1. Siete Premisas para la Participación en la Construcción de la Nueva Colombia.
  2. Significado y contenido de la participación ciudadana.
  3. Las formas más comunes de participación.
  4. Normas Aplicables Vigentes
  5. Bibliografia de consulta.

Introducción.

El presente documento tiene el doble propósito de brindar al lector algunas reflexiones que permitan recuperar el verdadero sentido de la participación ciudadana en la construcción de "lo publico", y por otro lado, dar a conocer de manera esquemática, las principales formas de participación previstas en el ordenamiento jurídico Colombiano vigente.

La violencia y la degradación de los derechos humanos han lesionado hoy de manera grave la dignidad de muchos colombianos. Los niveles de autoestima son precarios y ello tiene incidencia directa en el ejercicio de los deberes y de los derechos ciudadanos, uno de los cuales es la participación. Esta circunstancia impone importantes desafíos a la sociedad (que es algo mas que la suma de personas) para construir individuos autónomos, dignos y responsables y ello no es otra cosa que permitir la liberación de las amarras impuestas por las tradiciones y las costumbres autoritarias que inhiben a la persona llegar a ser "ella misma". El descubrimiento de "si mismo", inmediatamente plantea la inquietud de la relación con "el otro", inquietud que propone impresionantes oportunidades para superar la exclusión social, que es la negación absoluta de toda forma de participación... convoca a un nuevo ejercicio político de la ciudadanía.

El primer paso quizá es que esos individuos consientes y autónomos se asocien, que generen organizaciones para potenciar su capacidad de influir e incidir en el diseño y en la marcha del destino colectivo. Una sociedad es capaz de adueñarse de su destino no solo, cuando sabe pensar el futuro, sino cuando se organiza, cuando genera redes sociales para construirlo.

La participación que requiere la democracia esta relacionada con las aspiraciones que abriga la gente acerca del futuro, con sus sueños y sus utopías. La aspiración generalizada es la paz, porque la echamos de menos y nos hace mucha falta. Los sueños y las utopías se refieren a los proyectos individuales y sociales para el bienestar y para hacer viable la felicidad. Son el fundamento de la integración social y de la potenciación del capital humano.

Por eso la participación comunitaria no puede seguir siendo solo un instrumento para legitimar un orden injusto y excluyente, o para resolver problemas coyunturales. Colombia requiere de una participación fundante, es decir, de un nuevo pacto que le dé vida al futuro.

PRIMERA PARTE.

Siete Premisas para la Participación en la Construcción

de la Nueva Colombia.

La participación de los diversos estamentos de la sociedad civil en la definición del destino colectivo y de las decisiones públicas, es fundamento de la democracia municipal o de lo que es lo mismo: de la democracia cotidiana. Es por ello que antes de adentrarnos en el conocimiento de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, es necesario incorporar algunas reflexiones sobre el proceso colombiano actual.

  1. ALIANZAS ENTRE RICOS Y POBRES.

En Colombia, especialmente a partir de la Constitución de 1991, se han profundizado los esfuerzos para sistematizar y construir nuevas perspectivas teóricas acerca del tema de la participación.

Pero antes de dicha Constitución, y particularmente en la década de los años sesenta, se produjo un gran movimiento de reflexión sobre las relaciones Estado -Comunidad.

Esa reflexión tenía un eje común que era la generación de escenarios compartidos entre la cultura de la pobreza y la cultura del desarrollo.

Una idea genérica denominada "modernización" quiso funcionar como el cemento articulador entre los intereses que sobre el Estado tenían las clases dirigentes más progresistas, y los intereses que sobre ese mismo Estado tenían las clases más pobres.

Como pasa con toda alianza entre sectores sociales, la fórmula encontró en los grupos dirigentes más retardatarios, tanto por razón de sus ideas como de sus prácticas económicas, la fuerza reactiva que frustró las posibilidades de esa alianza modernizadora.

Algo parecido ocurrió con el maravilloso experimento político del doctor Jorge Eliécer Gaitán y sus huestes liberales y conservadoras de los años 40 y 50.

Sin embargo, existe una diferencia que los historiadores han señalado: mientras la alianza modernizadora liderada por Jorge Eliécer Gaitán tenía como actores principales los intereses, los lenguajes, las potencialidades y los recursos físicos y mentales de los pobres de la ciudad y el campo, la alianza modernizadora de los años sesenta y setenta tenía como actores principales los intereses, las ideas y las potencialidades de un grupo de empresarios, propietarios y profesionales, y como actores secundarios a esos mismos pobres.

La alianza de pobres y empresarios que imaginó Gaitán miraba a la revolución nacionalista, estimulada por una estrategia de restauración moral y de justicia.

La alianza de empresarios y pobres de los años 60 y 70 miraba al desarrollo y la modernización, y tenía como base una propuesta masiva de reformas sociales y económicas.

La alianza gaitanista fue frustrada por las fuerzas retardatarias que además de asesinar al líder aceleraron e incrementaron un monstruoso genocidio cuyo factor de polarización fueron las aparentes divergencias políticas entre liberales y conservadores.

La alianza desarrollista y modernizadora de los años 60 y 70 fue frustrada por esas mismas fuerzas retardatarias que bloquearon las reformas, impusieron su agenda económica y política, y cerraron los espacios de participación mediante una disuasión violenta y focalizada sobre los dirigentes populares, sus ideas, sus programas y sus organizaciones.

Ni uno ni otro esfuerzo de modernización pudieron remontar los cauces del origen principal de nuestro malestar colectivo, que no es otro que un notable atraso político y social.

Ese atraso político ha perfilado históricamente una sociedad autoritaria y violenta; intolerante, capaz de llegar a niveles escandalosos de violación de los derechos humanos y caracterizada por unos elevados perfiles de abstencionismo e indiferencia.

El atraso social ha generado una cultura de la exclusión que se expresa en un creciente deterioro de los índices de desarrollo humano, incremento de la pobreza extrema y absoluta, atraso en las estrategias de descentralización y un paulatino deterioro del desarrollo regional y local.

Comenzando el siglo XXI podemos afirmar que el país que tenemos no es el país que queremos.

Esta introducción, quizá un poco esquemática, la presento a los lectores, con el propósito de compartir con ustedes una hipótesis inicial: la de que no es posible superar los graves problemas de la sociedad colombiana si no logramos construir un escenario compartido entre unos empresarios capaces de incorporar en su agenda social y económica las potencialidades económicas y culturales de los pobres y excluidos, y de éstos con aquéllos, en tanto las actividades económicas de los pobres puedan ser competitivas; puedan incrementar el producto nacional y puedan modernizarse con los recursos de la tecnología, la ciencia y la informática contemporáneos.

Para esto necesitan oportunidades y capacitación. En tanto sus actividades sociales puedan reinscribirse en un acuerdo fundamental que les permita respetar las nonas como sujetos responsables y autónomos, y que haga posible erradicar las múltiples formas de derecho paralelo que frente a la crisis del derecho surgido del Estado nacional vienen apareciendo a lo largo y ancho de nuestro país frente a la crisis del derecho del Estado.

2. SUPERAR LOS DERECHOS PARALELOS.

Los derechos paralelos son las normas que, aunque existen como patrón de conducta y comportamiento de grupos sociales, así como marco para la "administración de justicia privada o paralela", no están escritas en Códigos, leyes, ni en la Constitución.

Esas formas de pretendido "derecho paralelo" han surgido por causa de la crisis de la justicia y de la crisis de legitimidad de nuestro Estado.

En Colombia existe un "derecho paralelo" impuesto por los grupos insurgentes, por los narcotraficantes y por los delincuentes comunes, cuya siniestra eficacia se deriva de su absoluto desprecio por el debido proceso.

Existe también un "derecho paralelo" de la economía informal y del rebusque, que existen al margen de las regulaciones económicas y de los controles sociales; un derecho paralelo de los delincuentes de cuello blanco que saltan los vallados de las regulaciones formales mediante el soborno, la mordida y la corrupción, con el fin de evadir obligaciones tributarias y ecológicas, de violentar el ordenamiento urbano y mantener una situación rural caracterizada por la guerra de todos contra todos.

Existe un "derecho paralelo" de las comunidades indígenas cuyas tradiciones históricas y culturales no coinciden con el derecho sustantivo ni con el derecho procedimental que nos rige.

Toda esta gama de "derechos paralelos" reflejan la crisis de nuestro Estado de derecho y ponen en grave riesgo la unidad nacional.

La alianza que el país necesita debe dar lugar a un nuevo derecho que esté al servicio de la justicia y no al servicio del poder; que proteja principalmente a los ciudadanos inermes y no a los ciudadanos armados; que derrote la impunidad y facilite la iniciativa pública y privada para el aprovechamiento ecológicamente sostenible, equitativo, redistributivo y respetuoso de la diversidad, de nuestras riquezas naturales y de nuestras tradiciones culturales y sociales.

3. FORTALECER EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

Históricamente, el escenario común de esas alianzas de reconstrucción es el Estado democrático; su lenguaje, el lenguaje de la política y de lo público. Y a través del Estado, el árbitro de los conflictos de esa alianza es, o debiera serlo, el derecho, y no, como sucede en Colombia desde hace muchos años, la violencia y la intolerancia.

Pero el Estado en Colombia es un Estado débil, vulnerado por la corrupción, incapaz de frenar la violencia y la violación de los derechos humanos y que ha perdido su norte político; con la función pública desprestigiada y generadora de una gran desconfianza en toda la sociedad; perdido en una maraña de trámites, reglamentaciones y obstáculos; de espaldas a la modernidad;.

Un notable pensador inglés decía que el Estado nunca pudo ser dibujado por ningún pintor, porque ningún pintor ha podido dibujar jamás lo que no existe.

Paradójicamente, el inglés se refería a la inexistencia de una criatura cuyos órganos y funciones se caracterizan por una gran incoherencia entre los objetivos y los instrumentos. Por ello, el esfuerzo de expresar el Estado a partir de elaboraciones no verbales, mediante lenguajes alternativos, sigue siendo un desafío fascinante.

Uno de los objetivos esenciales del Estado es el de gestionar el bien común. Lo dicen los textos constitucionales, las leyes, los decretos y las resoluciones. Sin embargo, los instrumentos que debieran realizar esos objetivos son casi siempre inadecuados. Cuando esa inadecuación llega a niveles intolerables se producen las crisis y los colapsos de legitimidad que no pueden resolverse sino mediante la revolución o mediante un nuevo pacto fundacional.

La alianza que se propone reclama un lenguaje común entre el Estado, los pobres, los ricos y las clases medias; los campesinos y los habitantes urbanos; los servidores públicos y la sociedad civil. Ese lenguaje común solamente puede encontrarse en la recuperación del sentido de la política como una función noble y elevada que pasa transitoriamente por una crisis de credibilidad.

4. UN NUEVO LIDERAZGO.

El gran drama de la sociedad colombiana se debe entre otras razones a que nadie está en capacidad de liderar a través del estado un gran propósito nacional.

Ese propósito nacional expresado a través de la actividad pública y política tiene que recuperar la congruencia entre el Estado y la sociedad civil.

Pero los lenguajes del Estado y las prácticas de la función pública no coinciden con el lenguaje de la sociedad y sus prácticas sociales. El lenguaje del Estado representa los intereses de una minoría que, entre otras cosas, se ha impuesto la tarea imposible de destruirlo.

Desde hace una década, una filosofía y un modelo económico inexactamente denominado neoliberalismo ocupa posiciones claves del Estado con el propósito aparente de racionalizarlo para recuperar su eficiencia, pero con el objetivo político de debilitarlo en su capacidad reguladora y redistributiva para sustituirla por la mano invisible del mercado, abriendo con ello el camino de un capitalismo salvaje al servicio de las transnacionales y de los centros metropolitanos del poder.

En este marco podemos ubicar una de las grandes contradicciones de la Constitución de 1991. Esa contradicción se expresa en el hecho de que los enunciados de los instrumentos económicos de esta Constitución son neoliberales, mientras sus enunciados políticos y participativos corresponden a un Estado social de derecho.

Mientras esa contradicción subsista, dicha Constitución será una criatura escindida que pretende servir a la vez a dos señores: a los intereses del capitalismo salvaje, y a los intereses de la integración económica y social de una nación pluriétnica y pluricultural, cuyas mayorías están excluidas y sobreviven sin la esperanza de la igualdad de oportunidades.

Dolorosamente, nuestra clase política se propone liquidar la Constitución de 1991, reformando lo que en ella debiera permanecer, como son las nonas dirigidas a erradicar las peores costumbres de nuestro sistema político y representativo.

Diez años después de estar en vigencia la Constitución de 1991, cabe preguntarnos si el dilema había sido correctamente planteado. Modestamente, considero que fue incorrectamente planteado.

La Constitución de 1991 pretendió eliminar la intermediación de los políticos, elegidos popularmente, entre el Estado y las comunidades. Quizá lo conveniente no era eliminar esa intermediación sino la corrupción de las prácticas políticas.

A raíz de la Constitución de 1991 se planteó un falso dilema entre la democracia representativa y la democracia participativa. Se dijo que con esa Constitución el país avanzaba de una cultura política de la representación a una cultura política de la participación.

La llamada democracia directa, es decir, aquella en la cual la comunidad interviene en los asuntos públicos, sin la intermediación de los mecanismos históricos de participación y gestión política, necesita de tres condiciones, ninguna de las cuales se cumple en la sociedad colombiana actual. En primer lugar, un Estado fortalecido en la democracia y no en el militarismo; en segundo lugar, una audaz política de descentralización y de incremento de la capacidad local de decisión, y en tercer lugar, una alianza de sectores sociales unida sistémicamente por un proyecto nacional.

Si estas condiciones, entre otras, no se cumplen, los canales de participación de las comunidades deben asociarse no con la democracia participativa sino con la democracia representativa. Por qué razón? Por la razón de que como lo afirmaba Jurgen Habermas, las comunidades exigen no democracia retórica sino democracia en efectivo, democracia in cash, que no es otra que aquella que permite orientar los recursos públicos para resolver las necesidades colectivas y procurar el bienestar y la felicidad.

  1. RECUPERAR EL SENTIDO POLÍTICO DE LA PARTICIPACIÓN.

Las comunidades pueden tener capacidad y creatividad a través de sus recursos culturales y de sus tradiciones para resolver sobre los asuntos de sus ámbitos locales, de sus comunas, de sus barrios y veredas. Pero cuando se trata de incorporar esas decisiones de manera orgánica al conjunto de la nación con la finalidad de potenciar el uso y goce de los recursos, de defender la soberanía y de proteger la identidad cultural, se exige un salto de calidad que convierte al comunero, al maestro, al padre de familia, al estudiante, al policía, al profesional, no en un líder social o deportivo, sino en un líder político, cuyo principal compromiso en las difíciles circunstancias del país es el de sustituir las élites políticas actuales para producir ese recambio de actores y escenarios que haga posible la nueva alianza fundamental.

El gran vacío de las estrategias de participación de la Constitución de 1991 surge de que ella potenció la participación social de las comunidades y anuló la participación política en los niveles nacionales. Quizá más exactamente debiéramos afirmar que facilitó instrumentos de participación social pero fue poco ambiciosa en la facilitación de instrumentos de participación política, allí donde se toman las decisiones claves para la nación, tanto respecto de los departamentos, regiones y provincias, como de cara al mundo contemporáneo.

  1. Ahora bien, la crisis de la participación política ha generado profundas distorsiones en el ejercicio del control social de la gestión pública, tan de moda en los últimos tiempos.

    Los esquemas de participación para el control social de la gestión pública están diseñados con un objetivo perverso de fomentar demagógicamente entre los ciudadanos la suspicacia y la desconfianza sobre las actividades de los funcionarios públicos, lo cual es el reflejo exacto de la suspicacia y la desconfianza que el pensamiento neoliberal promueve contra el Estado.

    La enseñanza que se transmite a los veedores ciudadanos es la de que todo funcionario público es un truhán, un pillo, un enemigo, y que toda actividad de ese funcionario es corrupta; que la ineficiencia es estructural y que la generalidad de los políticos son unos bandidos.

    Con esos ingredientes se cocina un menú de indiferencia, de abstención, de parálisis de la creatividad y de divorcio creciente entre las actividades privadas y las actividades públicas. Sería estúpido negar la existencia de la gran corrupción, de la ineficiencia y del retraso en la actividad pública en Colombia. Pero el remedio que hemos ensayado ha sido peor que la enfermedad. Antes de 1991 podría demostrarse que había menos teoría sobre la participación, pero más participación real.

    Fueron esos unos años difíciles caracterizados por una represión a veces abierta y a veces embozada de las luchas populares, que estaban articuladas en un horizonte político. A partir de 1991 ese horizonte político se disuelve hacia un horizonte antipolítico. Los tecnócratas neoliberales y de otras afiliaciones han dicho siempre que la crisis de nuestro Estado y de nuestra función pública puede resolverse con estrategias de gerencia antes que con estrategias políticas. Tuvieron la oportunidad de ensayar sus recetas, y el resultado ha sido un gigantesco fracaso. Que la administración pública debe racionalizarse y optimizarse, nadie lo niega. Pero esa racionalización y esa optimización no pueden darse en el vacío; tienen que responder a un objetivo y ese objetivo no puede ser el de facilitarle las cosas a un pequeño grupo de privilegiados.

    El modelo de participación al alcance de las comunidades está basado en la desconfianza y la suspicacia, quizá porque no hemos encontrado ese objetivo común Estado-Sociedad civil al cual me he referido.

    Gobernar y administrar en la Colombia de hoy es muy difícil. Los funcionarios no actúan, o actúan retardadamente porque deben medir cada paso que dan. Se sienten con un pie en la cárcel, muchas veces no porque sean corruptos sino porque se equivocan en los trámites. Lo que permite funcionar a la empresa privada contemporánea es precisamente ese objetivo común: los accionistas coinciden con los administradores frente a la expectativa de incrementar ganancias a menores costos de operación.

    En asambleas periódicas, anuales o semestrales, se renueva la confianza en los administradores, o sencillamente se la suspende. Pero imagínense ustedes una empresa que diariamente fuese interferida por sus accionistas, los cuales pueden ser miles si se trata de una sociedad anónima. El resultado sería una empresa no viable.

    Racionalizar la administración pública en Colombia se ha convertido en una tarea imposible porque existe una lamentable confusión entre el verdadero sentido del control social de la gestión pública y el control colectivo de los procesos y de las estructuras de operación de esa administración, acrecentando con ello los déficits de eficiencia.

    La razón de esa confusión se explica por la falta de coincidencia en los indicadores de resultados de la gestión pública.

    Lo que a las comunidades interesa es que las obras públicas y demás actividades se hagan oportunamente, a costos razonables y con reales factores de calidad. El cómo se hace, o la ritualidad de los contratos o los acuerdos entre el sector privado y el sector público, seguramente no son de interés primordial de las comunidades, porque evaluar esos factores exige experticia técnica y ejercicios de planificación no siempre al alcance de las veedurías ciudadanas. El principal indicador de resultados que reclama la comunidad debe medirse a partir del mejoramiento real de las condiciones ; de vida y de trabajo que puedan producirse por una obra pública o de la cuantificación de saldos en bienestar y felicidad.

    Es una política resueltamente equivocada pretender transferir las funciones propias de las entidades públicas de control y vigilancia a las comunidades, porque las comunidades carecen de los instrumentos y porque la sociedad financia mediante impuestos el eficaz funcionamiento de las gigantescas y costosas entidades de control.

    El control social de la gestión pública debe ser entonces no un control de trámites y procedimientos ni tampoco un control genérico de la actuación administrativa, sino un control de resultados facilitado de manera prioritaria por los canales de la participación política y de manera complementaria por los canales de las ONGs y de las asociaciones de profesionales o de la experticia de las tradiciones culturales.

    En mi opinión, ha llegado el momento de rescatar para la participación una perspectiva política.

    Aun cuando la finalidad sustantiva del control social de la gestión pública fuera la lucha contra la corrupción, estoy seguro de que no podremos hacer retroceder la gran corrupción que nos asfixia sino a partir de la refundación de nuestro Estado.

    Pero si, además, somos más ambiciosos y entendemos el control social como un intercambio de lenguajes entre el de la sociedad civil y el del Estado, es claro que es cada vez más urgente dotar ese intercambio de contenido político.

    Los temas prioritarios de ese intercambio de lenguajes y saberes giran alrededor de la paz, la educación, la ecología, la dinamización de la economía de los pobres a partir de sus recursos propios, potenciados por recursos técnicos, científicos y financieros, la defensa de la identidad cultural, y la generación de espacios reales que permitan por fin, en Colombia el ejercicio eficaz de la oposición.

    Sobre estos temas puede dibujarse una pedagogía del control social a partir de la participación ciudadana. Esa pedagogía exige, en primer lugar, información y transparencia. El Estado es quizá la estructura que más lentamente se moderniza en cuanto información y transparencia. La mayor parte de los contratos que suscribe la administración pública se mueve en una zona oscura que emite señales sobre lo que no es importante y oculta lo que es verdaderamente importante. En esa zona oscura se cocina buena parte de la corrupción.

    Las comunidades, apoyadas en los nuevos y viejos partidos políticos, en las prácticas sociales de los universitarios, en las asociaciones profesionales, en las ONGs, etc., pueden, con un alto grado de decisión, aclarar esa zona.

    Para lo que no puede seguir sirviendo el control social es para obstaculizar la actividad administrativa. Los mecanismos de participación que hemos construido convierten a los veedores ciudadanos en censores prejuiciados de procedimientos técnicos que muchas veces no conocen, en lugar de potenciarlos como evaluadores, desde sus nichos de interés y desde sus tradiciones culturales, de los resultados de la gestión pública, mediante procesos que se inicien en la ejecución de los contratos.

  2. POTENCIAR EL CONTROL SOCIAL.
  3. UNA NUEVA CIUDADANIA.

Muchos colombianos pensamos que la única manera de formar ciudadanos influyentes es la creación de un movimiento de ciudadanos indignados. El futuro de la descentralización, de la participación, de la lucha contra la corrupción y del incremento de la autonomía local, así como de la consecución de la paz y de la reconciliación, depende en gran medida de la viabilidad de esa indignación.

Las recientes luchas de los franceses contra las políticas neoliberales nos muestran la tremenda separación que existe en la noción de valor que sobre sí mismo tiene el ciudadano que ha vivido siglos de libre examen, de realización de su personalidad y de respeto a la individualidad, contrastando con la sumisión y la poca autoestima del ciudadano k latinoamericano cuya capacidad de protesta y su conciencia de poder han sido vulneradas por largos siglos de represión y exclusión.

Hay que adquirir conciencia cabal de que el país posible está en la país presente.

No se trata de inventar algo que no existe, sino de aprovechar y potenciar lo existente para obrar una transformación necesaria. Pero la primera condición para ello es que cada quien adquiera conciencia de su propia importancia, no sólo para sí sino para la sociedad en su conjunto.

¿Cómo construir una comunidad capaz de valorarse y de sentir entusiasmo, sobre una tradición de siglos de exclusión, de descalificación de los humildes, y de arrogancia de las clases dirigentes? ¿Cómo superar un hábito de intolerancia, tanto auto desprecio resuelto en agresividad?

No es posible crear ciudadanos si antes no se procede a dignificar seres humanos. Pero ello supone unas tareas económicas, políticas y sociales que no pueden ser reemplazadas por el mero proceso cultural. Sería tramposo pretender escamotear las reformas económicas y políticas que son urgentes para dignificar a la población, sustituyéndolas sofisticadamente por un mero discurso pedagógico. Pero como esas reformas políticas y económicas no se van a dar espontáneamente por iniciativa del poder, es preciso que la conciencia, el reclamo y la presión de las comunidades contribuyan a desencadenar y fortalecer ese proceso, y será en el esfuerzo por hacer valer sus derechos donde se consolide la conquista de autoestima de las comunidades y su dignificación.

El primer paso de un proceso de formación ciudadana, no es aparentemente un paso social. Consiste en confrontar a cada quien con su propia idea de sí mismo, y sospecho que sólo puede cumplirse en el ámbito profundamente personal de la experiencia artística, o en el campo de la conversación y la polémica.

Lo primero que hay que hacer es permitir que las personas se conviertan en interlocutores respetados y respetuosos, sea cual sea el tema sobre el cual se de el diálogo. El segundo paso es procurar la presencia de alguien que con su información y con su criterio contribuya a provocar la necesaria perplejidad de las personas con respecto al mundo en que viven. Una situación insoportable puede ser soportada por muchos sólo porque tienen la idea de que es algo natural y por ello inevitable. Bastaría que surja en ellos la duda sobre esa fatalidad o que descubran la existencia verosímil de una alternativa, para que la situación tolerada siempre empiece a volverse invivible. Una persona sólo puede vivir sin árboles mientras no surja en ella la conciencia profunda de que la vida con árboles es más grata y más bella. El verdadero enemigo de los pobres es la resignación. Y lo más difícil es impedir que cuando la gente deje de resignarse a ser pobre, empiece a resignarse a ser delincuente. Porque en el primer caso se resigna a ser víctima, pero en el segundo se resigna a que las víctimas sean los otros. Por ello la alternativa a la resignación es la acción común, la solidaridad.

El Estado existe para evitar que los conflictos sociales tengan víctimas, para garantizar un principio armonizador que reduzca al mínimo el número de seres que en lugar de vivirlo deben padecer el orden social. Un Estado que permita la existencia de innumerables víctimas es un error y tiene que ser modificado.

Formar ciudadanos, en las condiciones de Colombia al comenzar el nuevo milenio, tiene que significar, no formar seres que perpetúen lo existente, sino seres que contribuyan rápidamente a su transformación. Para ello tienen que transformarse ellos mismos, y esa transformación no supone cambiar lo que son sino básicamente la conciencia de lo que son, hacerse consecuentes con su realidad y no prestarse a engaños.

La condición humana reclama en todos algunas cosas elementales idénticas. La increíble pretensión de que lo que es elemental para unos es lujo innecesario para otros, tiene que abandonarse. Todos necesitamos alimento, techo, trabajo, dignidad, cultura, y un sentimiento profundo de pertenencia a la ciudad y a la sociedad. Y más vale que el Estado esté dispuesto a escuchar estas exigencias y a contribuir a su solución. Si no lo hace, estará autorizando a la sociedad a satisfacer sus necesidades por el camino que considere más práctico. Cuando evidentemente no coinciden, el interés de la comunidad es mucho más importante que la mera letra de la ley.

Los autores Almond y Verba en su obra La cultura cívica, citados por Habermas, escriben: «Para que las élites sean poderosas y puedan tomar decisiones con autoridad, es preciso restringir el compromiso, la actividad y la influencia del hombre común. El ciudadano común debe resignar su poder ante las élites y dejarles gobernar. El poder de la élite requiere que el ciudadano común sea relativamente pasivo, que participe poco y que se muestre deferente hacia las élites. De este modo se invita al ciudadano democrático a perseguir fines contradictorios: debe mostrarse activo, pero pasivo; debe participar, pero no demasiado; debe influir, pero aceptar» (Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, p. 98).

La esperanza de una participación ciudadana en la reconstrucción del país, que sea tranquila y a la vez intransigente; pacífica, pero igualmente combativa; alegre y a vez profunda y seria, es una esperanza que, estoy seguro, no está lejana. Es por ello que es necesario abrirle camino a nuevos modelos de participación en los cuales la energía y las iniciativas de la comunidad y de la sociedad civil, iluminadas por el espíritu del interés general y no de los egoísmos particulares, lideren el esfuerzo de reconstrucción nacional y puedan triunfar históricamente allí donde otros liderazgos han fracasado.

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