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Participación comunitaria (página 2)

Enviado por amanrique53



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SEGUNDA PARTE.

Significado y contenido de la participación ciudadana.

Hablar de participación es hablar de democracia: "el establecimiento de la democracia es la gran cuestión de nuestra época", afirmaba Tocqueville hace más de ciento cincuenta años en su libro "La democracia en América". La cuestión hoy continúa siéndolo, porque los modelos políticos desarrollados hasta ahora no han podido desterrar la exclusión y las violaciones a los derechos humanos, la marginalidad de vastos sectores de la población, la pobreza, los abusos del poder, y la infelicidad de mucha gente.

La participación requiere ciertas premisas. Algunas de ellas son objetivas: que el aparato jurídico institucional sea abierto y permita la participación efectiva e influyente de todos los ciudadanos y de sus organizaciones; que el sistema político sea transparente y que permita el ejercicio libre de la contradicción y del disenso; que se respete la voluntad popular; y los medios masivos de información contemplen los mecanismos adecuados para la no manipularon de la opinión publica. Hay otras premisas que son subjetivas, que pertenecen a la racionalidad del individuo y de sus organizaciones, a sus afectos y necesidades; ellas tienen que ver con la autoestima y la valoración que la persona tenga de su propia dignidad, es decir, de la conciencia que posea el ciudadano como sujeto portador de deberes y derechos que un ultimas determinan las motivaciones que siente para participar; con la credibilidad, la confianza y el respeto que tenga el ciudadano por las instituciones políticas; con la utilidad y el beneficio que directamente perciba como individuo o como parte de la comunidad.

La participación es, entonces, a la vez un derecho y un deber. Es un derecho porque mediante ella la sociedad se construye, el individuo orienta el destino común, se fijan las pautas de comportamiento individual y colectivo, y se designan las instituciones políticas que deben orientar a la colectividad. Es un deber, porque la participación es solidaridad con el otro, es cooperación y colaboración con la organización social de la cual hacemos parte y a la cual exigimos responsabilidades.

Estas premisas se fundamentan sobre la igualdad de los seres humanos, la efectividad de sus organizaciones sociales que configuran el tejido social; la cultura como producción de un conglomerado humano que comparte su destino; y la legitimidad de sus instituciones políticas.

Vale la pena tener en cuenta que algunos consideran la participación como algo distinto a los procesos políticos, y plantea entonces que la participación comunitaria es un procedimiento ordenado mediante el cual se puede educar y conducir a grupos de interés y a fuerzas sociales en conflicto para que formulen demandas más racionales y manejables, o, en el mejor de los casos, que conduzcan a mejorar la productividad del sistema económico. Esta concepción de participación fundamentada en la ideología neoliberal, fomenta la exclusión y debilita la democracia, porque se fundamenta en perpetuar las condiciones de injusticia social.

1. PARTICIPACIÓN E IGUALDAD.

La participación en un sistema que se llame democrático, se fundamenta sobre la igualdad de las personas. La igualdad es una búsqueda económica y cultural de la humanidad. El profesor Estanislao Zuleta, en una de sus tantas conferencias magistrales refería que: "Es casi una burla para una población decir que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, si no lo son ante la vida. ¿Qué dice la Ley? Anatole France, dijo el siglo pasado: "Queda prohibido a ricos y pobres dormir bajo los puentes". Desde luego, sólo les queda prohibido a los pobres, porque los ricos no se van a dormir bajo los puentes. Si no hay igualdad ante la vida, la igualdad ante la Ley se convierte en una burla"1 .

Pero la igualdad ante la vida es algo que hay que conquistar, que hay que ganar. Es una tarea, no un decreto: "Todos son iguales"; no se puede decretar, es una búsqueda, es un reto para nosotros mismos, ya que requiere que el ciudadano se asumo como un sujeto autónomo e influyente, como una persona con derechos y con deberes.

Vivimos en un Estado tradicionalmente paternalista y autoritario, frente al cual la población asume una conciencia esencialmente sumisa, y formalmente igual y autónoma. Esta incoherencia del individuo se caracteriza por su incapacidad para asumir la responsabilidad de su propia vida y la incapacidad para participar en las responsabilidades sociales y políticas con vigor, y a mejorar la calidad de la vida, y entonces, toda solución debe provenir del Estado porque en él el individuo ha depositado toda su fuerza creadora: "Si el Estado ha asumido la responsabilidad de mi propio ser, de él deben provenir todas las formas de solución de las necesidades sociales e individuales".

La contradicción que imposibilita la participación real y efectiva de la ciudadanía se agudiza por la existencia de un Estado colapsado por la corrupción y su incapacidad de responder por sus responsabilidades mas esenciales como son la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la equidad en las oportunidades para acceder a los bienes materiales y espirituales del progreso de la humanidad.

La mayor expresión de esta incoherencia es la forma en que el individuo asume la dimensión de sus derechos, y esa como deja de asumir la responsabilidades que proviene de su participación en la vida de la comunidad, porque ésta la corresponde al Estado, a un Estado colapsado. Las zonas en donde el individuo se expresa como ser social son, formalmente, lugares de su libre disposición. Sin embargo, él no asume esta prerrogativa como suya, tanto para el goce como para su conservación. El yo lo usa y el Estado lo conserva. "Esta dicotomía entre el uso y la conservación de los lugares y elementos comunes, entre el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas y la posibilidad de participar de manera activa, en la protección y conservación de los espacios físicos y culturales que son expresión de la sociabilidad, es consecuencia inmanente de la dicotomía entre la libertad y la responsabilidad, la cual se expresa, a su vez, en la dicotomía entre el derecho y obligación, entre la conciencia legisladora y la conciencia obediente, entre la participación activa y pasiva en el ejercicio del poder"2 , pero ante todo es consecuencia de una sociedad autoritaria.

2. PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN POPULAR Y CULTURA.

Complementariamente, la consolidación de la democracia requiere avanzar más allá de la participación individual, y contemplar la participación colectiva. Ello supone la organización del pueblo en muchos niveles.

La sociedad civil debe generar interlocutores colectivos para hacer posible la participación. Estos interlocutores ya existen; son, fundamentalmente, los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales, cívicas, culturales, de interés común, etc. Unos se caracterizan por su representatividad, otros por su iniciativa, o por su fuerza o gestión de servicios o de organización de actividades. "La participación es, sobre todo, el encuentro entre las instituciones representativas, partidos y administración, por una parte, y los movimientos y organizaciones sociales, que existen autónomamente de los partidos políticos y de los mecanismos participativos. Por lo tanto, una prueba de la voluntad participativa de un gobierno, nacional o local, es el apoyo que presta a las organizaciones populares (económico o material, reconocimiento político-jurídico, respeto, acatamiento, etc.) sin exigir ningún tipo de dependencia administrativa o partidaria"3 .

La consolidación democrática exige que el pueblo se organice, porque ésa es la única manera que tiene el pueblo de producir su propia cultura y no sólo de recibirla. Para que el pueblo pueda ser creador de la cultura, es necesario que tenga una vida común. Cuando se dispersa, se atomiza.

Cuando cada quien, trepado en su egoísmo y su soledad, se refugia en su propio rincón, sin colaboración, sin solidaridad, sin una empresa y un trabajo común, se pierde la posibilidad de crear cultura y también democracia. "El pueblo disperso, las masas impotentes, cada cual refugiado en su pequeña miseria sin más relaciones que de linderos, de celos, es un pueblo que no produce nada. Es necesario que el pueblo se organice; mientras esté disperso está perdido, está perdido no solamente porque hay tanta miseria, sino porque no tiene una cultura y creatividad propias"4 .

3. PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA.

El objetivo principal de la participación es el de hacer más directo y más cotidiano el contacto entre los ciudadanos y las diversas instituciones del estado, y posibilitar que éstas tengan más en cuenta los intereses y opiniones de aquellos antes de tomar decisiones o de ejecutarlas. Las formas o procedimientos para alcanzar estos objetivos son muy diversos, pero antes de enumerar los principales conviene detenernos en precisar cuáles son las causas de la moderna preocupación pública por la participación.

Podemos sintetizar en cuatro tipos los factores que hacen conveniente desarrollar mecanismos de participación política complementarios de los partidos, incluso en el supuesto de que se dé un aceptable funcionamiento del sistema de partidos.

  1. El solo sistema de elecciones y de representación, sin otros mecanismos adicionales, acaba por producir una distancia entre instituciones y sociedad civil, incluso sobre cuestiones políticas de interés general. Este distanciamiento resulta particularmente insoportable en el ámbito local - porque se espera de él una mayor proximidad y articulación -, que es donde más fuerte es hoy la demanda de participación popular.6

  2. La multiplicación y especialización de las funciones de las instituciones representativas por una parte, y la complejidad creciente de la sociedad por otra, hace cada día más difícil que los partidos políticos aseguren las demandas y que el momento electoral baste como ocasión para que se expresen las principales opciones generales.
  3. La representación política mediante los partidos tiene un carácter sobre todo general, pero no asegura la representación de intereses especiales, sectoriales o territoriales; que, o bien actúan como grupos de presión, o bien deben encontrar canales de participación complementaria, no siempre regulada y transparente7 .
  4. Una parte importante de las instituciones o aparatos del estado están de hecho bastante al margen de la representación popular que personifican los cuerpos colegiados: la justicia, la seguridad social, el aparato educativo o cultural, el sector público o parapúblico de la economía, etc. En estos casos parece obvio que hay que inventar formas de participación distintas de la elección de asambleas representativas de carácter global.8
  5. Por último, hay que relacionar la participación con la existencia de grupos sociales que disponen de menos recursos económicos, culturales o políticos y que requieren mecanismos de participación que les equiparen a los grupos mejor situados y que les integren a la vida política. La participación es ante todo y sobre todo, un conjunto de instrumentos y procedimientos que las instituciones públicas ponen a disposición de los grupos sociales más desfavorecidos para facilitar su intervención en la vida política y para estimular su desarrollo social y humano.9 .

4. PARTICIPACIÓN Y MUNICIPIO.

Es el municipio, la organización jurídico-política que enmarca el comportamiento de una sociedad en un territorio determinado, el mismo que puede brindarle al ser humano la posibilidad de vivir dignamente. Algunos teóricos de la vida municipal señalan que el municipio es algo intrínseco al ser humano (iusnaturalismo), es decir, que cuando el hombre vio la necesidad de organizarse en grupo, la primera forma que tomó fue la que hoy puede entenderse como municipio: un jefe de la comunidad (alcalde), un concejo y un "fiscal", que puede asimilarse a lo que es hoy el personero.

En el municipio, el individuo se siente portador de deberes y derechos con la sociedad y con el Estado, lo mismo que es en lo local donde las comunidades perciben de la organización estatal en cuanto a la prestación de servicios, garantías civiles y políticas, posibilidades de surgimiento y de autorrealización, etc. Es también en el municipio donde la comunidad siente la ausencia de un Estado que supuestamente tiene razón de ser en la medida que regule el comportamiento social y propugne por el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades10 .

Tocqueville decía que si no hay democracia en el municipio, tampoco podrá hablarse de democracias en la Nación. En efecto, en su obra clásica sobre la democracia en América11 , al examinar la forma de Gobierno fundada en el principio de la soberanía popular y su presencia en el nuevo mundo, sus ventajas, dificultades y peligros, enfatiza que no por azar comienza por el estudio de la Comuna, antes de entrar al Condado y concluir finalmente, con el del Estado y la Unión. Son éstos los núcleos en que se encontraba la vida política y administrativa que él compara con los centros nerviosos del cuerpo humano, en lo que parece anunciar la teoría organicista, destacando entre ellos a la Comuna como la verdadera fuerza de los pueblos libres.

Hoy buena parte de los municipios colombianos pasan momentáneamente por una situación de crisis de sus finanzas, pero tienen la posibilidad de liderar la organización comunitaria para adelantar expediciones por la raíz de los problemas que le subyacen a la guerra, para encontrarles las soluciones y para dar paso procesos de reconciliación.

5. LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La Constitución Política y la frondosa normatividad vigente, establece más de 30 formas o escenarios distintos para viabilizar la participación comunitaria y ciudadana en la determinación de su propio destino. Sin embargo, el formalismo, los excesivos requisitos, los trámites y procesos dispendiosos y la efectividad misma de los mecanismos e instituciones de participación los hacen poco apetecibles para la población.

Por otra parte la desinformación de la ciudadanía sobre estos instrumentos es grande, pero también existe poca credibilidad y confianza en su efectividad. Son muchos los escenarios y los mecanismos que pretenden la participación, tantos que se requieren verdaderos cursos académicos para poder conocerlos, comprenderlos y utilizarlos.

Pero también hay una especie de "burocracia ciudadana" de la participación, conformada por "lideres" tradicionales que acumulan representaciones precarias y que copan todos los escenarios de participación ciudadana. Generalmente es un liderazgo rezagado y destituido del imaginario ciudadano contemporáneo que es excluyente y que imposibilita el surgimiento de liderazgos renovadores.

La construcción de la democracia local, requiere el aporte y la participación dinámica, creativa y constructiva de todos sus estamentos. Requieren articular un millón de líderes para un millón de problemas y soluciones.

¿Cómo lograrlo? En la introducción y en la primera parte de éste documento hay algunas ideas. También es necesario que los funcionarios y la administración en su conjunto cambien la actitud déspota y displicente que caracteriza sus relaciones con la comunidad. No podemos pedirle reciprocidad amable y participativa a una ciudadanía que se siente golpeada por las instituciones de gobierno. En éste, como en muchos otros procesos, el ejemplo es la mejor pedagogía.

Deben flexibilizarse los mecanismos e instituciones de participación. Simplificar procesos y procedimientos. Es necesario desregular, hacer más creíbles y confiables los resultados de la participación ciudadana y darle "más juego" a la iniciativa de la comunidad y de las O.N.G.

Finalmente, la administración municipal puede promover y estimular a la organización ciudadana en formas asociativas, cooperativas, mutuarias, corporaciones, clubes, etc. El ciudadano aislado se encuentra en desigualdad frente al complejo organigrama de la ciudad. Si por el contrario, se organiza y se robustece el tejido social, gana la democracia del día a día, la democracia cotidiana. En esta vía las estrategias pedagógicas que incorporen todo el sistema educativo, planes de fomento a la capitalización de los pobres, y proyectos que permitan superar la exclusión de los grupos vulnerables.

TERCERA PARTE.

Las formas más comunes de participación.

La participación encuentra, según los regímenes políticos, diversas formas y escenarios. La más común dentro de las democracias son las elecciones y su relación con los partidos. Si bien hay un acuerdo general de que las elecciones son la forma principal de participación política, y que los partidos, y ahora los movimientos sociales, son los instrumentos principales para que se dé esa participación, no parece que esto sea suficiente. También existen diversos mecanismos para la participación social, es decir, para permitir que los ciudadanos y sus organizaciones puedan incidir en las decisiones que afectan el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la sociedad.

  1. INSTRUMENTOS PARA EXPRESAR LA VOLUNTAD POPULAR.

La Constitución, en el artículo 2, consagró como un fin fundamental del Estado la tarea de "facilitar la participación de todos los Colombianos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

El artículo 103 de la Constitución Política señala que: "Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará."

Dichos mecanismos expresan la posibilidad de los ciudadanos a participar políticamente y a fortalecer la representación de las siguientes formas:

1) Elegir y ser elegidos

2) Participar en los plebiscitos, referendos y consultas populares

3) Constituir partidos y movimientos políticos

4) Revocar el mandato de los elegidos

5) Tener iniciativa en las corporaciones públicas

6) Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la Ley

7) Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos

Los mecanismos de participación popular están consagrados en la Constitución nacional, y desarrollados por la Ley 134 estos son : El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Veamos en que consiste cada uno.

El ejercicio de la ciudadanía es indispensable para el ejercicio del voto y del derecho de ser elegido.

El VOTO. Por medio de este, los ciudadanos ejercen el derecho de participar en la determinación de la orientación política general mediante la designación de sus representantes o mediante la votación (escogencia) de aquellas propuestas que sean sometidas para tal fin.

EL PLEBISCITO. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual se apoya o rechaza una determinada decisión del poder Ejecutivo.

EL REFERENDO. Es la convocatoria que se al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

LA CONSULTA POPULAR. Mediante este mecanismo, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.

EL CABILDO ABIERTO. Es la reunión pública de los Concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

LA INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y NORMATIVA ANTE LAS CORPORACIONES PUBLICAS . Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto Legislativo y de Ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ente las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las Leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

LA REVOCATORIA DEL MANDATO. Es el derecho político, por medio del cual, los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde.

LA PROTESTA CIUDADANA. Es al expresión legitima y democrática del derecho a disentir. Son los paros cívicos, las marchas, las tomas de espacios públicos, etc. Son un medio de excepción, al cual pueden acudir los ciudadanos, siempre y cuando no afecten los derechos de los demás, para hacer valer sus derechos o para manifestar su desacuerdo con políticas publicas, decisiones o eventos que lesionen los intereses de un individuo o un conglomerado. Las autoridades deben proteger y permitir este tipo de participación.

2. ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN POLITICA.

En este acápite señalamos los principales escenarios previstos en la Constitución y la Ley para viabilizar la participación política de los ciudadanos, que son las personas mayores de 18 años nacidas en Colombia o que adoptaron la nacionalidad. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se renuncia a la nacionalidad y su ejercicio se puede suspender mediante decisión judicial de conformidad con las leyes.

  1. Las Cuerpos Colegiados.

Son el Congreso de República (Senado y Cámara de Representantes), las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y Distritales, y las Juntas Administradoras Locales. Son organismos deliberantes integrados por un numero plural de personas elegidas por voto popular. Sus funciones están relacionadas con la expedición de normas que regulan las diversas actividades de la sociedad y del Estado (solo el Congreso hace las Leyes y la Constitución), con el ejercicio del control político al ejercicio del poder para evitar o corregir sus abusos o negligencias, y con la intermediación entre los intereses de la sociedad y las autoridades públicas.

2.2. La Designación de Autoridades de la Rama Ejecutiva.

Una de las características básicas de un Estado democrático es la de la libre competencia por el acceso al poder, es decir la elección disputada, libre, pacifica, periódica y abierta (es decir, sin exclusiones) por los electores tanto de las personas como de los programas y los partidos a los que los candidatos pertenecen.

De conformidad con la Constitución, los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

Son, por decirlo así, escenarios para que el ciudadano participe en la escogencia de programas, y a la vez de quienes los proponen y los van a ejecutar.

2.3. Los Partidos políticos.

Los partidos políticos son estructuras sociales históricas, creadas y organizadas para acceder al poder. Tienen una ideología, es decir, un catalogo de principios y valores que identifican y comparten sus adeptos. Tienen, por tanto, programas económicos, sociales y políticos definidos. Están organizados de diversa manera y contemplan estatutos internos para regular su dirección, su membresía y los deberes y derechos de sus afiliados.

Es por intermedio de los partidos que resulta dable cuantificar y valorar efectivamente al participación y las manifestaciones ciudadanas sin exclusiones de ninguna índole, al ser el sufragio de carácter universal. Con su concurso, los ciudadanos pueden encontrar respuesta a muchas de sus inquietudes.

Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas, de la misma manera, las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos (Ley 130 de 1994, art. 1).

  1. ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION SOCIAL.

Es en este aspecto en el que ha sido mas prolífica la imaginación del legislador. Son múltiples los escenarios para la participación ciudadana en el área social, al punto de que puede decirse que casi todas las leyes contemplan un mecanismo de participación de la ciudadanía ya sea de manera directa o de sus organizaciones o representantes. En éste acápite señalaremos algunas de ellas y al finalizar ésta tercera parte, se adjuntan unos cuadros publicados por la Presidencia de la República en una voluminosa colección de cinco tomos donde se recogen parte de las disposiciones normativas que regulan la participación comunitaria.

  1. Las Juntas de Acción Comunal.

Mediante la ley 19 de 1958 se creó este importante de participación ciudadana. En su artículo 22 SE establece que: "Los Concejos Municipales, las Asambleas Departamentales y el Gobierno Nacional, podrán encomendar a las Juntas de Acción Comunal integradas por vecinos de cada distrito y que se organicen de acuerdo con las normas que expidan los respectivos Concejos y otras entidades locales, funciones de control y vigilancia de determinados servicios públicos, o dar a esas Juntas cierta intervención en el manejo de los mismos." Y en el artículo 23 estipuló que: "El Gobierno fomentará, por los sistemas que juzgue más aconsejables, y de acuerdo con las autoridades Departamentales y Municipales, la cooperación de los vecinos de cada municipio para el efecto de:

  • Aumentar y mejorar los establecimientos de enseñanza y los restaurantes escolares.
  • Aumentar y mejorar los establecimientos de asistencia pública y los restaurantes populares y difundir prácticas de higiene y prevención contra las enfermedades.
  • Administrar equitativamente las aguas cuyo uso pertenezca a varios ribereños, y establecer adecuados sistemas de riego y drenaje.
  • Mejorar los sistemas de explotación agrícola.
  • Construir y mantener carreteras, puentes y caminos vecinales.
  • Construir viviendas populares y mejorarlas.
  • Organizar cooperativas de producción, de distribución y de consumo.
  • Organizar bolsas de trabajo.
  • Fomentar la difusión del deporte y de espectáculos de recreación y cultura."

Mas adelante el Decreto 300 de 1987, definió como objetivos de las Juntas de Acción Comunal las siguientes:

  • Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad, comprometiéndola en la búsqueda de soluciones;
  • Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del liderazgo en la comunidad;
  • Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo;
  • Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.
  • Fomentar las empresas de economía social e impulsar y ejecutar programas que promuevan el desarrollo integral;
  • Lograr que las organizaciones comunales se hagan representar pos sus líderes en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones que repercutan en la vida social y económica de la comunidad.
  • Procurar obtener de las entidades oficiales la celebración de los contratos previstos en los artículos 375 a 378 del Código de Régimen Municipal.2
  • Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo.
  • Establecer planes y programas relacionados con las necesidades, intereses y posibilidades de la comunidad.
  • Contribuir a la economía de la comunidad, vigilando que los artículos ofrecidos al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso se ajusten a los parámetros de las reglamentaciones vigentes, denunciando ante las autoridades competentes a aquellos que las infrinjan; y
  • Velar por la vida, integridad y los bienes de todos los miembros de la comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales las conductas violatorias de la ley o las que hagan presumir la comisión de hechos delictuosos o contravencionales."

Igualmente el artículo 16 del mismo decreto les asigna tareas en el área económica y social señalando que: "La Junta de Acción Comunal podrá ejercer actividades de economía social, enmarcadas dentro de la autogestión comunitaria, tales como tiendas comunales, centros de acopio de insumos de la construcción y similares.

Cada una de estas actividades o negocios de economía social estará dirigido por un comité de trabajo, integrado por un número reducido de afiliados, con las siguientes atribuciones:

  • Tomar las decisiones de especial importancia en el giro del negocio, de acuerdo con las cuantías establecidas por los estatutos o reglamentos;
  • Designar al Gerente o administrador, al auditor y demás empleados, fijándoles sus asignaciones; y
  • c)Determinar las utilidades que se le entregarán a la tesorería de la Junta para sus inversiones de beneficio común y las que se destinarán a la recapitalización del negocio."
  1. Cuando los servicios públicos municipales no se administren o presten por intermedio de entidades descentralizadas, las organizaciones comunitarias constituirán juntas de vigilancia encargadas de velar por la gestión y prestación de los mismos y de poner en conocimiento del personero, contralor municipal y demás autoridades competentes, las anomalías que encuentre.

    Es deber de las autoridades municipales encargadas de los servicios públicos, dar suficientes facilidades para que las juntas de vigilancia cumplan sus funciones.

    Las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal, responsables de la prestación de servicios públicos locales, así como las juntas de vigilancia se organizarán y funcionarán con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional para tal fin (Ley 136 de 1994, art. 144).

    Las juntas de vigilancia que cumplen sus funciones ad honorem, pueden citar a sus reuniones a los empleados que consideren convenientes, oír y solicitarles informes escritos o verbales y deberán recibir a quienes quieran poner en su conocimiento hechos de interés para la entidad ante la cual actúan.

    Las juntas de vigilancia entregarán sus observaciones al alcalde, al concejo distrital o municipal y a los empleados competentes, según la importancia y el alcance de las críticas, recomendaciones o sugerencias que se formulen.

    Las juntas también podrán poner en conocimiento de los jueces o del Ministerio Público, los hechos que consideren del caso.

    Con una periodicidad no inferior a seis (6) meses, las juntas informarán a la opinión pública sobre la labor por ellas cumplida (Ley 136 de 1994, art. 145).

  2. Las Juntas de vigilancia de los Servicios Públicos.
  3. Comités de desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos.

En desarrollo del Artículo 369 de la Constitución Política colombiana, en todos los municipios deberán existir "Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios" compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno o más de los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, sin que por el ejercicio de sus funciones se causen honorarios.

La iniciativa para la conformación de los comités corresponde a los usuarios suscriptores o suscriptores potenciales. EL número de miembros de los comités será el que resulte de dividir la población del respectivo municipio o distrito por diez mil (10.000), pero no podrá ser inferior a cincuenta mil (50.000). Para el Distrito Capital el número mínimo de miembros será de doscientos (200).

Para ser miembro de un "Comité de Desarrollo y Control Social", se requiere ser usuario suscriptor o suscriptor potencial del respectivo servicio público domiciliario, lo cual se acreditará ante la Asamblea y el respectivo Comité, con el último recibo de cobro, en el caso de los suscriptores potenciales con la solicitud debidamente radicada en la respectiva empresa (Ley 142 de 1994, art. 62).

3.4 Participación en el Sistema de Seguridad Social.

Las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizarán la participación ciudadana, comunitaria y social en todos los ámbitos que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables (Dec. 1757 de 1994, art. 9).

Igualmente el artículo 7 del decreto 1757 de 1994 establece los Comités de Participación Comunitaria en Salud y señala que: "En todos los municipios se conformarán los comités de participación comunitaria en salud establecidos por las disposiciones legales como un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado, para cuyos efectos estarán integrados así:

1. El alcalde municipal, distrital o metropolitano o su respectivo delegado, quien lo presidirá. En los resguardos indígenas el comité será presidido por la máxima autoridad indígena respectiva.

2. El Jefe de la Dirección de Salud Municipal.

3. El Director de la entidad prestataria de servicios de salud del Estado más representativa del lugar, quien presidirá el comité en ausencia de la autoridad administrativa de que trata el numeral 1 de este artículo. La asistencia del director es indelegable.

4. Un representante por cada una de las formas organizativas sociales y comunitarias y aquellas promovidas alrededor de programas de salud, en el área del municipio, tales como:

a) Las formas organizativas promovidas alrededor de los programas de salud como las Uros, Uairas, Coe, Cove, Madres Comunitarias, Gestores de Salud, Empresas Solidarias de Salud, entre otras;

b) Las Juntas administradoras locales,

c) Las organizaciones de la comunidad de carácter veredal, barrial, municipal;

d) Las asociaciones de usuarios y/o gremios de la producción, la comercialización o los servicios, legalmente reconocidos;

e) El sector educativo;

f) La Iglesia.

Los representantes ante los comités de participación comunitaria serán elegidos para períodos de tres (3) años; podrán ser reelegidos máximo por otro período y deberán estar acreditados por la organización que representen.

Los comités de participación comunitaria en salud podrán obtener personería jurídica si lo consideran pertinente para el desarrollo de sus funciones, sin detrimento de los mecanismos democráticos de participación y representatividad. En las grandes ciudades, los comités de participación comunitaria, tendrán como referente espacial la comuna, la localidad o el "silos" respectivo, si ellos se hubieren establecido.

Las asociaciones de usuarios tienen las siguientes funciones:

  • Asesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de salud, las instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora de salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.
  • Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al parque de servicios.
  • Participar en las juntas directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones prestatarias de servicios de salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario. En el caso de las privadas, se podrá participar, conforme a lo que dispongan las disposiciones legales sobre la materia.
  • Mantener canales de comunicaciones con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución prestataria de servicios de salud y la empresa promotora de salud.
  • Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas se apliquen según lo acordado.
  • Informar a las instancias que correspondan y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras, si la calidad del servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.
  • Proponer a las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de administración de personal del respectivo organismo.
  • Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo con lo que para tal efecto se establezca.
  • Atender las quejas que los usuarios presten sobre la deficiencia en los servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso.
  • Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven su menor costo, y vigilar su cumplimiento.
  • Ejercer veedurías en las instituciones del sector mediante sus representantes ante las empresas promotoras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad.
  • Elegir democráticamente sus representantes ante la junta directiva de las empresas promotoras y las instituciones prestatarias de servicios de carácter hospitalario que correspondan, por y entre sus asociados, para períodos máximos de dos (2) años.
  • Elegir democráticamente sus representantes ante los comités de ética hospitalaria y los comités de participación comunitaria por períodos máximos de dos (2) años.
  • Participar en el proceso de designación del representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la materia.
  1. Comités de ética Hospitalaria.

De conformidad con el artículo 15 del decreto 175 de 1994, "Las instituciones prestatarias de servicios de salud, sean públicas, mixtas o privadas, deberán conformar los comités de ética hospitalaria, los cuales estarán integrados por:

1. El director de la institución prestataria o su delegado.

2. Un (1) representante del equipo médico y un representante del personal de enfermería, elegidos por y entre el personal de la institución.

3. Dos (2) representantes de la Alianza o de Usuarios de la Institución prestataria de servicios.

4. Dos (2) delegados elegidos por y entre los representantes de las organizaciones de la comunidad, que formen parte de los comités de participación comunitaria del área de influencia de la respectiva entidad prestadora de los servicios."

Los representantes ante los Comités de Ética Hospitalaria serán elegidos para períodos de tres (3) años y podrán ser reelegidos máximo hasta por dos (2) períodos consecutivamente."

3.6 Consejo ciudadano de Desarrollo Social Rural.

Los municipios crearán el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural estará integrado así: el Alcalde, quien lo presidirá; representantes del Concejo Municipal; representantes de las entidades públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio; representantes de las organizaciones de campesinos y de los gremios con presencia en el municipio; y representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes deberán constituir mayoría.

La participación de los miembros de las comunidades rurales deberá ser amplia y pluralista, de manera que garantice la mayor participación ciudadana en las deliberaciones del Consejo.

En aquellos municipios en donde exista alguna instancia de participación ciudadana que permita el cumplimiento de los propósitos de que trata el presente artículo, no será necesaria la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (Ley 160 de 1994, art. 89).

3.7 Comité de Reforma Agraria.

En los municipios donde se adelanten programas de reforma agraria, los Consejos de Desarrollo Rural o las instancias de participación que hagan sus veces, podrán crear un Comité de Reforma Agraria para facilitar la realización de las reuniones de concertación y las actividades de que tratan los artículos 29 y 30 de la ley 160 de 1994 . Dichos comités deberán integrarse de la siguiente manera:

  • El Gerente Regional del Incora quien lo presidirá.
  • Los campesinos interesados en la adquisición de tierras.
  • Los representantes de las organizaciones campesinas legalmente constituidas con presencia en el municipio.
  • Los propietarios interesados en negociar sus predios.

(Ley 160 de 1994, art. 90).

  1. Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica.

La Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica es creada por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, y estará conformada por las siguientes personas:

  • El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá.
  • Un representante de los profesionales del agro, preferiblemente con residencia en los municipios y, escogido por la Comisión Seccional de Asistencia Técnica, creada por el Decreto 2379 de 1991.
  • Un Concejal escogido por el Concejo Municipal.
  • Cuatro usuarios del servicio de asistencia técnica, escogidos por ellos mismos, entre los inscritos en la Umata, en reunión especial citada para tal fin por el director de la Umata y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
  • El Director de la Umata, con voz pero sin voto y quien actuará como secretario (Dec. 1929 de 1994, art. 6).

Sus principales funciones son:

1. Determinar las zonas, veredas y especies agrícolas, pecuarias y acuícolas a atender en forma prioritaria por parte de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y velar por la efectiva prestación del servicio de asistencia técnica gratuita a los pequeños productores rurales.

2. Orientar la distribución de recursos municipales previamente asignados para los proyectos de tecnología y/o asistencia técnica agropecuaria a ser ejecutados en el municipio.

3. Informar al Consejo Municipal de Desarrollo Rural sobre el desarrollo de sus actividades y atender los planteamientos que allí se acuerden y que sean de su competencia.

4. Las demás funciones que los municipios y sus respectivos Consejos Municipales de Desarrollo Rural consideren pertinentes."

  1. En cada uno de los municipios donde existan playones y sabanas comunales funcionará una Junta de Defensa de Terrenos Comunales, integrada por el Alcalde Municipal, el Personero, un representante del Concejo Municipal elegido de su seno y dos representantes de los usuarios, elegidos por ellos mismos y por mayoría de votos de los que concurran a la reunión que para el efecto convocará el Alcalde Municipal y el funcionario que designe el Incora.

    EL período de ejercicio del representante del Concejo Municipal y de los dos representantes de los usuarios de los terrenos comunales será de dos años.

    Las Juntas de Defensa de Terrenos Comunales serán instaladas por el Alcalde del Municipio respectivo y por el funcionario que para el efecto designe el Gerente del Incora (Dec. 2663 de 1994, art. 38).

  2. Juntas de Defensa de Terrenos Comunales.
  3. Ligas de Consumidores.

Liga de consumidores es toda organización constituida mediante la asociación de personas naturales, con sujeción a las normas previstas en el decreto 1441 de 1982, cuyo objeto sea garantizar la protección, la información, la educación la representación y el respeto de los derechos de los consumidores de bienes y servicios, así como velar por el pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores, según la ley, por la violación de sus derechos. (decreto 1441 de 1982 )

Las ligas y asociaciones de consumidores velarán por:

  • La eficacia de los organismos y entidades que establezca la ley para la defensa del consumidor y la de sus funcionarios;
  • La observancia de las normas sobre precios dictadas por las autoridades gubernamentales y la racionalidad de los establecidos por los proveedores;
  • La observancia de las normas sobre tarifas de servicios públicos;
  • La idoneidad de las calidades de los bienes y servicios que se ofrecen al público y el ajuste a las normas técnicas expedidas por el Gobierno;
  • La protección a los arrendatarios de bienes muebles e inmuebles y la observancia de las normas relativas al contrato de arrendamiento;
  • La contaminación de los alimentos, del aire y del agua, así como por la imposición y efectividad de las sanciones que, según las normas aplicables, cupieren a quienes los contaminen;
  • La conservación y utilización racional del agua, la fauna, la flora y demás recursos naturales;
  • La responsabilidad de los productores y proveedores respecto de la publicidad de las mercancías, las marcas y leyendas que exhiban los productos, y en general, respecto de la divulgación de su contenido y características;
  • La equidad en las condiciones de los sistemas de financiación que se exijan en las operaciones de compraventa o de utilización de bienes y servicios;
  • La responsabilidad de quien suministra un servicio que supone el depósito de bienes de propiedad del usuario del servicio;
  • k El cumplimiento de las garantías ofrecidas por el productor o proveedor;
  • La promoción de la organización de cooperativas de consumo y de sistemas que hagan más eficiente el mercado de los productos;
  • El impulso a la afiliación de los consumidores a las ligas ya organizadas y a la organización de nuevas ligas;
  • La prestación en condiciones de equidad y eficiencia de los servicios de mercadeo, salud, educación, transporte y demás que interesen al consumidor;
  • La denuncia pública y ante las autoridades competentes de todos los hechos constitutivos de infracción penal o policiva que atente contra los intereses y derechos del consumidor;
  • El abastecimiento suficiente de los mercados y el mantenimiento de una oferta normal de bienes y servicios;
  • La prevención y castigo de las prácticas indebidas de los productores o proveedores y la intervención oportuna de las autoridades competentes en caso de infracciones penales o policivas;
  • La divulgación de los precios oficiales o racionales que rijan en determinado momento;
  • La difusión amplia de los derechos del consumidor y de las instituciones y mecanismos existentes para su defensa; y
  • La atención eficaz y oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes que ante ellas formulen los consumidores en relación con la protección, la información, la educación, la representación, el respeto de sus derechos y la efectividad de sus indemnizaciones. (Dec. 1441 de 1982 )
  1. Las Asociaciones de padres de familia

Según el artículo 139 de la ley 115 de 1994, en cada establecimiento educativo se promoverá por parte del Consejo Directivo la organización de asociaciones de padres de familia y de estudiantes vinculados a la respectiva institución educativa que dinamicen el proceso educativo institucional. Vale la pena señalar que la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde participar en las asociaciones de padres de familia; como lo señala la ley general de la educación.

3.12 El Personero de los Estudiantes y el Gobierno Escolar.

En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.

El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones:

  1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa.
  2. Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

Las decisiones respecto a las solicitudes del Personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento (Ley 115 de 1994, art. 94).

También es necesario tener en cuenta que Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico.

Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las mismas.

  1. La Ley 387 de 1997 en su articulo 7 estableció que el Gobierno Nacional promoverá la creación de estos comités, encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al Sistema Nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, los cueles deben estar integrados por el Gobernador, el Comandante del Ejercito y de la policía, los directores del servicio seccional de salud y del ICBF y representantes de la cruz roja, la defensa civil, las Iglesias, y las organizaciones de desplazados.

    Estos comités deberán emprender acciones de prevención del desplazamiento, desde la perspectiva jurídica orientando a las comunidades amenazas para que puedan resolver sus conflictos por vías institucionales y mediante la aplicación de los mecanismos de justicia cercana. Así mismo cumplirán acciones asistenciales a partir de la evaluación de las necesidades insatisfechas de las comunidades desplazadas o en alto riesgo y tomar las medidas asistenciales del caso.

  2. Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.
  3. La Junta Municipal de Educación.

En cada uno de los municipios se conformará una Junta de Educación con las siguientes funciones:

  • Verificar que las políticas, objetivos, planes y programas educativos nacionales y departamentales se cumplan cabalmente en los municipios;
  • Fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en su municipio;
  • Coordinar y asesorar a las instituciones educativas para la elaboración y desarrollo del currículo;
  • Proponer al departamento la planta de personal docente y administrativa de la educación, de acuerdo con sus planes, necesidades y recursos;
  • Emitir concepto previo para el traslado del personal docente y administrativo dentro del municipio y solicitar el traslado entre municipios, en todo caso de conformidad con el Art. 2~ de la Ley 60 de 1993, el Estatuto Docente y la Carrera Administrativa y sin solución de continuidad, dentro de un término no mayor de treinta (30) días, a partir de la aceptación del traslado por parte del municipio que vinculará el docente;
  • Contribuir al control a la inspección y vigilancia de las instituciones educativas del municipio conforme a la ley;
  • Recomendar la construcción, dotación y mantenimiento de las instituciones educativas estatales que funcionen en su municipio;
  • Presentar anualmente un informe público sobre su gestión, y
  • Darse su propio reglamento.

Las Juntas Municipales de Educación están conformadas por:

1. El Alcalde, quien la presidirá.

2. El Secretario de Educación Municipal o el funcionario que haga sus veces.

3. Un Director de Núcleo designado por la asociación regional de directores de núcleo o quien haga sus veces.

4. Un representante del Concejo Municipal o de las juntas administradoras locales, donde existan.

5. Dos (2) representantes de los educadores, uno de los cuales será directivo docente, designados por las respectivas organizaciones de educadores y de directivos docentes que acrediten el mayor número de afiliados.

6. Un representante de los padres de familia.

7. Un representante de las comunidades indígenas, negras o campesinas, si las hubiere, designado por las respectivas organizaciones.

8. Un representante de las instituciones educativas privadas del municipio, si las hubiere, designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados.

  1. Las Veedurías Ciudadanas.

La Constitución estableció en su artículo 270 que: "Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos"

De la misma manera la ley 489 que trata sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Estado, en su capítulo Vlll consagra la "democratización y el control social de la administración pública señalando que : "Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:

  • Convocar a audiencias públicas.
  • Incorporar a sus planes de desarrollo y dc gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
  • Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos.
  • Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos.
  • Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.
  • Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.

Para facilitar el ejercicio de la veeduría, se podrán realizar audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada. En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será utilizada.

Es necesario tener en cuenta que cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control, para lo cual deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

Eficacia de la acción de las veedurías. Cada entidad u organismo objeto de vigilancia por parte de las veedurías deberá llevar un registro sistemático de sus observaciones y evaluar en forma oportuna y diligente los correctivos que surjan de sus recomendaciones, con el fin de hacer eficaz la acción de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de las consecuencias de orden disciplinario, penal y de cualquier naturaleza que se deriven del ejercicio de la vigilancia. Las distintas autoridades de control y de carácter judicial prestarán todo su apoyo al conocimiento y resolución en su respectivo ramo de los hechos que les sean presentados por dichas veedurías;

Acceso a la información. Las entidades u organismos y los responsables de los programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar y permitir a los veedores el acceso a la información para la vigilancia de todos los asuntos que se les encomienda en la ley 489 y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. El funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurrirá en causal de mala conducta;

Formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, diseñará y promoverá un Plan Nacional dc Formación de Veedores en las áreas objeto de intervención. En la ejecución de dicho plan contribuirán, hasta el monto de sus disponibilidades presupuestales, los organismos objeto de vigilancia por parte dc las veedurías, sin perjuicio de los recursos que al efecto destine el Ministerio del Interior a través del Fondo para el Desarrollo Comunal.

  1. Consejos de Cultura.

Son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y municipales y de los territorios indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales. La Secretaría Técnica de los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura es ejercida por la entidad cultural oficial de mayor jerarquía de los respectivos entes territoriales, de conformidad con la ley 397.

Los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura tienen la representación de sus respectivas jurisdicciones ante los consejos de planeación respectivos.

La conformación de los Consejos Municipales de Cultura estará integrada así:

  • El alcalde, o su delegado.
  • El Director de la Institución Cultural del Municipio.
  • Un representante del Ministerio de Cultura.
  • Un jefe de Núcleo.
  • Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales.
  • Representantes de las comunas y corregimientos, de conformidad con la distribución administrativa del municipio.
  • Un representante de la filial de los monumentos en donde tengan presencia y sean representativos
  • Un representante de los consejos territoriales indígenas.
  • Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Municipal de Educación.
  • Un representante de los artesanos en donde tengan presencia y sean representativos.
  • Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.
  • Un representante de las ONG culturales.
  • Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los comunicadores.
  • Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios.
  • Un representante de las asociaciones juveniles en donde tengan presencia y sean representativos.
  • Un representante de los personeros estudiantiles en donde tengan presencia y sean representativos.
  • Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

La elección de los integrantes de los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Cultura excepto aquellos que por derecho propio o designación contemplada en esta ley sean parte de los mismos, así como la periodicidad de sus sesiones se realizará según reglamentación que para tal efecto formulen los gobiernos territoriales respectivos.

Los consejos municipales, distritales y departamentales desarrollan los siguientes objetivos dentro de su respectiva jurisdicción:

  • Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus respectivos entes territoriales.
  • Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades territoriales.
  • Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales.
  • Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.
  1. La ley 181 de 1995, "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte", consagra los siguientes principios que orientan la participación comunitaria y el actuar de las entidades públicas en relación con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social bajo los siguientes principios:

    Universalidad; Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.

    Participación comunitaria; La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

    Participación ciudadana; Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria.

    Integración funcional

    Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de. manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la presente Ley.

    Democratización; El Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin,, discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo.

    Ética deportiva; La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respecto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes."

    Igualmente dispone la ley 181 que los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción. Así mismo establece que las actuales Juntas Municipales de Deportes y la Junta de Deportes de Bogotá, reorganizadas por la Ley 49 de 1983 se incorporarán a los respectivos municipios o distritos como entes para el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar de la entidad territorial, de conformidad con los Acuerdos que para tal fin expidan los concejos municipales o distritales. Hay que tener en cuenta que no podrá existir más de un ente deportivo municipal o distrital por cada entidad territorial.

  2. Juntas Deportivas Municipales y Distritales.

    El Decreto 1447 de 1995, "Por el cual se reglamenta la concesión del servicio de radiodifusión sonora en gestión directa e indirecta, se define el Plan General de Radiodifusión Sonora y se determinan los criterios y conceptos tarifarios y las sanciones aplicables al servicio", define en el artículo 21 al servicio comunitario de radiodifusión sonora como un "servicio público sin ánimo de lucro, considerado como actividad de telecomunicaciones, a cargo del Estado quien lo prestará en gestión indirecta a través de Comunidades Organizadas debidamente constituidas en Colombia. El Ministerio de Comunicaciones otorgará directamente mediante licencia la correspondiente concesión. Para tales efectos la entidad, de oficio o a solicitud de parte, convocara públicamente a los interesados en prestar dicho servicio, a través de cualquier medio de comunicación de circulación nacional, determinando el término para la presentación de las solicitudes de concesión.

    Este servicio se prestará en los canales definidos para estaciones Clase D en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M), o en aquellos otros canales y modalidades que el Ministerio determine, teniendo en cuenta la disponibilidad de frecuencias y las necesidades del servicio".

    Son fines del Servicio Comunitario de radiodifusión sonora el difundir programas de interés social para los diferentes sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo socioeconómico y cultural, el sano esparcimiento y los valores esenciales de la nacionalidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana. Por tanto, todos los concesionarios tendrán la obligación de ajustar sus programas a los fines indicados.

    Las Comunidades Organizadas interesadas en prestar el servicio comunitario de radiodifusión Sonora, deberán tener:

    1. Personería Jurídica otorgada por autoridad competente.

    2. Estatutos en donde conste de manera expresa como objetivo social, el desarrollo de la comunicación social como instrumento de desarrollo y participación comunitaria.

    3. Domicilio en el municipio o distrito donde se pretende establecer la estación de servicio comunitario de radiodifusión sonora."

  3. Las Emisoras de la Radio Comunitaria.

    El decreto 1447 de 1995 en su artículo 37 establece el régimen de prestación de la televisión a nivel local de la siguiente manera: " En cada uno de los niveles territoriales antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal competencia, de conformidad con las siguientes reglas:

    Local: El servicio de televisión será prestado por las comunidades organizadas, las instituciones educativas, tales como colegios y universidades, fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y personas jurídicas con ánimo de lucro en municipios hasta de trescientos mil (300.000) habitantes, con énfasis en programación de contenido social y comunitario y podrá ser comercializado gradualmente, de acuerdo con la reglamentación que al efecto expida la Comisión Nacional de Televisión.

    Para estos efectos, se entiende por comunidad organizada la asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de televisión comunitaria, con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. El servicio de televisión comunitario será prestado, autofinanciado y comercializado por las comunidades organizadas de acuerdo con el reglamento que expida la Comisión Nacional de Televisión.

    El Acuerdo 006 de 1999 expedido por la Comisión Nacional de Televisión, en su artículo 3 consagra que la televisión comunitaria es el servicio de televisión prestado por las comunidades organizadas sin ánimo de lucro, con el objeto de realizar y producir su propia programación para satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales. Este servicio deberá prestarse bajo la modalidad de televisión cerrada, por uno o varios canales de la red. Así mismo, por razón de su restricción territorial y por prestarse sin ánimo de lucro, este servicio no se confundirá con el de televisión por suscripción. Los equipos necesarios para la prestación de este servicio, deberán ser de propiedad de la comunidad organizada operadora

    Igualmente define a la comunidad organizada como aquella asociación de derecho integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros están unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de televisión comunitaria, con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales.

  4. La Televisión Comunitaria.
  5. Consejos Municipales de Juventud.

La ley 375 de 1997, ley de la juventud, en su artículo 18 establece que el Sistema Nacional de Juventud es el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con la juventud y en pro de la juventud. Se clasifican en sociales, estatales y mixtas. Son instancias sociales de la juventud el Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales, y los Consejos Distritales y Municipales de Juventud como cuerpos colegiados de representación y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con jóvenes, y demás grupos juveniles de todo orden.

En los municipios y distritos se conformarán Consejos de la Juventud como organismos colegiados y autónomos, cuya conformación será de un 60% de miembros elegidos por voto popular y directo de la juventud y el 40% de representantes de organizaciones juveniles, según reglamentación del Gobierno Nacional. Los municipios y los distritos en asocio con el Gobierno Nacional desarrollarán programas que motiven la participación de los jóvenes en la conformación de los Consejos.

Funciones de los Consejos de Juventud:

  • Actuar como interlocutor ante la administración y las entidades públicas para los temas concernientes a la juventud;
  • Proponer a las respectivas autoridades los planes y programas necesarios para hacer realidad el espíritu de la presente ley;
  • Cumplir las funciones de veedor en la ejecución de los planes de desarrollo en lo referente a la juventud;
  • Establecer canales de participación de los jóvenes para el diseño de los planes de desarrollo;
  • Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles;
  • Dinamizar la promoción, formación integral y participación de la juventud, de acuerdo con los fines de la presente ley;
  • Elegir representantes ante otras instancias de participación juvenil; y
  • Adoptar su propio reglamento.
  1. La Constitución Nacional en su artículo 340 establece que habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

    Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación.

    Igualmente la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 en su artículo 34 estipula que los Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental, distrital o municipal, estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso.

    El Consejo Consultivo de Planificación de los territorios indígenas, estará integrado por las autoridades indígenas tradicionales y por representantes de todos los sectores de las comunidades, designados éstos por el Consejo Indígena Territorial, de ternas que presenten cada uno de los sectores de las comunidades o sus organizaciones.

  2. Los Consejos Territoriales de Planeación.
  3. Participación Comunitaria en el Ordenamiento Territorial

La Ley 388 de 1997, entre sus objetivos busca el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Luego en el artículo 22 prevé que para efectos de organizar la participación comunal en la definición del contenido urbano del plan de ordenamiento, las autoridades municipales o distritales podrán delimitar en el área comprendida dentro del perímetro urbano, los barrios o agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su localización en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ámbito local o vecinal. Lo pertinente regirá para la participación comanditaria en la definición del contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá a veredas o agrupaciones de veredas.

En el curso de la formulación y concertación de los planes de ordenamiento territorial, las organizaciones cívicas debidamente reconocidas de dichos agrupamientos de barrios o veredas, a través de mecanismos democráticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podrán designar representantes para que transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los componentes urbano y rural del plan. Una vez surtido el proceso de adopción o revisión del plan, estas mismas organizaciones cívicas mantendrán su participación en el ordenamiento del territorio en los siguientes eventos:

  • Para proponer, en los casos excepcionales que consideren las normas urbanísticas generales, la asignación específica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal, esto es, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no contraríen las normas estructurales. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas podrán referirse a normas de paisajismo, regulaciones al tránsito vehicular y demás previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona, siempre y cuando no se afecte el uso del espacio público, de acuerdo con las normas generales.
  • Para formular y proponer planes parciales para actuaciones urbanísticas dentro de su área, de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan.
  • Para ejercer acciones de veeduría ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la violación de las normas establecidas, a través de procedimientos acordes con las políticas locales de descentralización."

En este orden de ideas el artículo 29 de la mencionada ley habla del Consejo Consultivo de Ordenamiento en los siguientes términos: "El Consejo Consultivo de Ordenamiento será una instancia asesora de la administración municipal o distrital en materia de ordenamiento territorial, que deberá conformar los alcaldes de municipios con población superior a los treinta mil (30.000) habitantes. Estará integrado por funcionarios de la administración y por representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano. Así mismo los curadores urbanos forman parte de este consejo en las ciudades donde exista esta institución. Serán funciones de este Consejo, el seguimiento del plan de ordenamiento y proponer sus ajustes y revisiones cuando sea del caso.

Los miembros de este consejo podrán ser escogidos entre los integrantes del Consejo Territorial de Planeación.

  1. Los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres.

La Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989 organizan el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, para lo cual estatuye en su artículo que se deben crear Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres en cada uno de los Departamentos y Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres en el Distrito Capital de Bogotá y en cada uno de los municipios del país, los cuales estarán conformados por:

  • Gobernador o alcalde, según el caso, quien lo presidirá;
  • El comandante de Brigada o Unidad Militar existente en el área correspondiente; El Director del Servicio Seccional de Salud para los Comités Regionales o el Jefe de la respectiva unidad de salud para los Comités Locales;
  • El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción;
  • Un representante de la Defensa Civil y uno de la Cruz Roja Colombiana;
  • Dos representantes del gobernador, intendente, comisario o alcalde, escogidos de las corporaciones autónomas regionales o de las asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias;
  • El alcalde de la ciudad capital en el Comité Regional respectivo.
  • El Jefe de Planeación de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, actuará como Secretario del Comité Regional o Local respectivo.
  • Actuará como coordinador operativo, para la debida ejecución de las decisiones del Comité, el representante de la Defensa Civil en el respectivo territorio."

El respectivo Comité regional o local podrá, por decisión suya, convocar a representantes o delegados de organizaciones tales como el Cuerpo de Bomberos, las juntas de acción comunal, la Cámara de Comercio o, en general, organizaciones cívicas, o a personas de relevancia social en el respectivo territorio.

Funciones de los Comités Regionales y Locales

En relación con las situaciones de desastre:

Colaborar con la Oficina Nacional para la Atención de Desastres en la preparación de la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una situación de desastre o para recomendar el retorno a la normalidad;

  • Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender una situación de desastre regional o local declarada, con la colaboración de las entidades públicas y privadas que deban participar N e acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;
  • Ejecutar los planes de contingencia y de orientación para la atención inmediata de desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, bajo la coordinación y con el apoyo de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;
  • Ejecutar los planes sobre prevención de riesgos aprobados por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres;
  • Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en los planes de desarrollo regional, así como de las disposiciones sobre ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención mediata de desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local;
  • Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo;
  • Identificar los recursos institucionales, administrativos, financieros y jurídicos, públicos y privados, relacionados con la prevención y atención de desastres;
  • Velar por el cumplimiento de las funciones y los procedimientos por parte de las entidades públicas y privadas que participan en la prevención y atención de desastres, en armonía con el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;
  • Aplicar los programas de educación, capacitación e información pública que se establezcan;
  • Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la normalidad;
  • Organizar comités o grupos operativos regionales o locales.
  1. Las autoridades locales pueden encontrar en las organizaciones comunitarias una importante posibilidad para ejecutar sus planes de gobierno, para asegurar la transparencia en la gestión publica y también para generar trabajo honrado y reactivar la economía local.

    4.1. Vinculación de las comunidades al desarrollo municipal.

    Las organizaciones comunitarias cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Ley, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada.

    Los contratos o convenios que se celebren en desarrollo a los postulados anteriores y que están contemplados en el articulo 140 de la Ley 136 de 1994, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 375 a 378 del decreto 1333 de 1986 y la Ley 80 de 1993 (Ley 136 de 1994, art. 14).

    4.2. Convenios y contratos con ONGs.

    Con el fin de vincular a las organizaciones de la sociedad al desarrollo local, se podrán celebrarán con los municipios y sus entidades descentralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.

    Para el cumplimiento de los objetivos del respectivo contrato o convenio, las entidades contratantes podrán aportar o prestar determinados bienes (Dec. 1333 de 1986, art. 375, concordado con el art. 41 de la Ley 136 de 1994).

    Los contratos que celebren los municipios en desarrollo de los postulados anteriores (art. 375 del Decreto 1333 de 1986) no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que la Ley exige para la contratación entre particulares, ni requerirán la revisión que ordena el Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, contendrán las cláusulas que la Ley prevé sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, multas, garantías, sujeción de los pagos a las apropiaciones presupuestales y caducidad. La verificación de su cumplimiento estará a cargo del interventor que designe el alcalde o representante legal de la entidad descentralizada, según el caso (Dec. 1333 de 1986, art. 376).

    4.3. Formación ciudadana.

    Los alcaldes, los concejales, los ediles, los Personeros, los Contralores, las instituciones de educación, los medios de comunicación, los partidos políticos y las organizaciones sociales deberán establecer programas permanentes para el conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social de acuerdo con los derechos fundamentales; los económicos, los sociales y culturales, y los colectivos y del medio ambiente.

    El desconocimiento por parte de las autoridades locales, de la participación ciudadana y de la obligación establecida en este artículo será causal de mala conducta (Ley 136 de 1994, art. 142).

    4.4. Otorgamiento y suspensión de la personería jurídica.

    Corresponde a los alcaldes de los municipios clasificados en categoría primera y especial, el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica, así como la aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la municipalidad de conformidad con las orientaciones impartidas al respecto por el Ministerio de Gobierno.

    El alcalde podrá delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público de Gobierno.

    El ejercicio de estas funciones está sujeto a la inspección y vigilancia del Ministerio de Gobierno, en los mismos términos que preceptúa la Ley 52 de 1990 y el decreto 2035 de 1991 con respecto a los departamentos y Distrito Capital de Bogotá, o normas que lo constituyan.

    El Gobierno Nacional podrá hacer extensiva la competencia de este artículo a otros municipios que tengan debidamente organizado el Sector Público de Gobierno, a instancia de los interesados, previo dictamen sobre la capacidad de gestión, por parte Ministerio del Interior.

    4.5. La Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Interior.

    Son funciones de la Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad las siguientes:

    Diseñar e impulsar los procedimientos de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y la ciudadanía en general para que las instituciones regionales y locales garanticen su participación en la toma de decisiones, respecto al desarrollo de proyectos y actividades que afecten las condiciones ambientales de su entorno.

    Establecer mecanismos que garanticen a las organizaciones comunitarias y a la ciudadanía en general su participación en la identificación de su problemática ambiental y de las posibles soluciones.

    Diseñar y apoyar mecanismos de concertación con los diferentes gremios y sectores económicos, involucrados en los distintos procesos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales del medio ambiente para la determinación del grado y manera de utilización de los mecanismos.

    Estudiar y proponer mecanismos que garanticen la representatividad de los intereses de las comunidades indígenas o étnicas y entidades sin ánimo de lucro, a través de sus delegados en los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y verificar el cumplimiento de dicha reglamentación.

    Promover y orientar el desarrollo de programas de participación comunitaria en el diseño y ejecución de actividades de recuperación, manejo y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

    Asistir a las audiencias y procesos de participación ciudadana cuando haya lugar para ello (Dec. 1868 de 1994, art. 32).

  2. EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
  3. PRINCIPALES TIPOS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA PARTICIPACION.

A continuación se enumeran las principales tipologías de organizaciones no gubernamentales que hoy operan en Colombia.

  1. De autodesarrollo.

- Organizaciones Económicas Populares

· Asociaciones Económicas

· Entidades Mutuarias

· Asociaciones de Mujeres

· Cooperativas de Vivienda

· Asociaciones Económicas para Educación

· Grupos precooperativos

· Cooperativas Varias

· Asociaciones de Usuarios Campesinos

· Otras Agrupaciones Económicas

5.2. Organizaciones Comunitarias

· Asociaciones Gremiales Comunitarias

· Asociaciones de Limitados

· Asociaciones de Mujeres

· Asociaciones de Carácter Cívico

· Asociaciones de Ancianos

· Asociaciones para la Vivienda

· Asociaciones en Defensa del Medio Ambiente

· Asociaciones para Educación Básica

· Asociaciones Culturales

· Asociaciones para la Salud

· Asociaciones Multidisciplinarias

· Asociaciones para la Recreación Popular y Deporte

· Asociaciones de Financiamiento

· Asociaciones Comunales

· Clubes y Colonias

5.3. Promotoras y/o Ejecutoras de proyectos de Desarrollo Comunitario

· Programas para Apoyo a lii Tercera Edad

· Protección a Niños y Jóvenes

· De Servicio Comunitario

· Emergencias y Desastres

· Apoyo a la Mujer

· De Carácter Cívico t

· Comunicación, Información y/o Documentación

· Vivienda Popular

· De Pastoral y Promoción Social

· Medio Ambiente y Ordenamiento Urbano

· Fomento Asistencial e e Defensa del Interés Público

· Promoción y Apoyo a Microempresas

· Educación Básica con Enfoque Promocional

· Promoción del Arte y la Cultura

· Programas de Salud y Nutrición

· ONGs con Enfoque Multidisciplinario de Intervención

5.4. De Desarrollo Regional

· De Financiamiento

· Recursos para protección a Niños y Jóvenes

· Recursos para Habilitación y Rehabilitación

· Financiación a Microempresas

· Financiación para la Educación

· Financiación para la Promoción de la Cultura

· Financiación para la Salud

· Financiación para Actividades Multidisciplinarias

5.5. Centros de Investigación

· Gerontología (Vejez)

· Limitaciones Físicas y/o Mentales

· Documentación e información

· Vivienda y Ordenamiento urbano

· Pastoral Social

· Medio Ambiente y ordenamiento urbano

· Microempresas (Fomento empresarial)

· Educación con enfoque promocional

· Promoción de la cultura

· Salud y Saneamiento

· Investigación con Enfoque Multidisciplinario

· Investigación del Desarrollo Regional

  1. De Protección y Asistencia Social.

. Atención a la población desplazada por la violencia.

. Defensa de los presos políticos.

· Atención y Protección a ancianos

. Atención a las víctimas de la guerra.

. Defensa y Protección de los derechos humanos.

· Atención y Protección a niños y jóvenes

· Atención a indigentes y desvalidos

· Atención a estudiantes

· Atención a presidiarios

· Atención a pacientes terminales

· Atención mixta a niños y ancianos

· Atención a migrantes

5.7. Entidades de Socorro

· Entidades de Apoyo gubernamental

· Atención a ancianos

· Hogares infantiles

· Institutos de Educación Especial

· Institutos de Desarrollo Regional

· Centros de Desarrollo Comunitario y Atención Básica

· Promoción del Arte y la Cultura

5.8. ONGs que facilitan la acción de las entidades donantes

· Servicios evaluativos

· Asesoría para la obtención de recursos

· De prestación de servicios

· Entidades educativas (no de protección)

· Educación en salud

· De prestación de servicios hospitalarios y de salud

· De habilitación y rehabilitación

· De carácter cultural o artísticos

· De recreación popular y deporte

· De servicios integrados

· De asesoría jurídica popular

· De provisión de servicios básicos

5.9. Representación gremial y coordinación

· De empresas de autogestión económica

· De trabajadores y/o profesionales independientes

· Gremios empresariales formales

· Promoción del intercambio internacional

· Sin Clasificar

5.10. Agencias coordinadoras

· Asociaciones de ONGs y de voluntarios

· Centros de Información de las ONGs

· Ligas regionales para la salud

· Sin Clasificar

  1. Aquí hacemos referencia a una serie de mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, para hacer efectivos los derechos ciudadanos, siendo uno de ellos, el derecho a la participación

    1. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

      El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. (Constitución Nacional, art. 23. Código Contencioso Administrativo artículos 5,6,7 y 8

    2. Derecho de petición.
    3. Acción de Tutela.
  2. PRINCIPALES MEDIOS FACILITADORES DE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA.

La acción de tutela es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. Estos Derechos según la Corte Constitucional "son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable, caracterizada por su racionalidad, que le permite ejercer sus derechos y apetencias libremente.

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagra que "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar de los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien le solicite la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, se remitirá por éste a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud e tutela y su decisión.

La ley establecerá los casos en que la acción de tutela proceda contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de los cuales el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión."

Adicionalmente el Decreto 2591 de 1991 desarrolla todo lo concerniente a la aplicación, trámite y procedencia, de la acción de tutela, posteriormente el Decreto 1382 del 2000 reglamentó el reparto de las mismas.

6.3. Acciones Populares y de Grupo.

La ley 472 de 1998, por medio de la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Nacional, en relación con el ejercicio de las acciones Populares y de Grupo, tiene por objeto la creación del mecanismo para "garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personas".

Acciones Populares. La acción popular es el medio procesal consagrado en la Constitución y desarrollado por la ley para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para:

- Evitar el daño contingente.

  • Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos.
  • Restituir las cosas a sus estado anterior cuando fuere posible.

Acciones de Grupo. La acción de grupo o de clase es la garantía constitucional de carácter judicial que permite a una pluralidad de personas acudir ante la justicia, constituidas como grupo, para reclamar la reparación del daño ocasionado a un derecho constitucional fundamental, a un derecho o interés colectivo o a un derecho subjetivo de cada uno de los miembros de ese conjunto de personas, cuando el daño, sea para todos, producido por una misma causa.

La constitución Política en su artículo 88 se refiere a las acciones populares en el siguiente sentido: "La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos."

6.4. Acción de cumplimiento.

La Constitución política en su artículo 87 consagra: "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido." (Constitución Nacional, art. 87. Ley 363 de 1997)

  1. OTROS ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS ORGANICOS EN LOS QUE PARTICIPAN LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS.

ESPACIO

NORMA

PARTICIPACIÓN

Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Ley 160 de 1994

Seis representantes de las organizaciones campesinas nacionales.

Junta directiva del INCORA

Ley 160 de 1994

Un representante de la ANUC, un representante de otras organizaciones campesinas que integran el Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y una representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia.

Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.

Ley 160 de 1994

Representantes de las Organizaciones Campesinas.

Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

Ley 160 de 1994

Representantes de las Organizaciones Campesinas.

Comité de reforma Agraria Municipal.

Ley 160 de 1994

Campesinos interesados en la adquisición de tierras y representantes de las Organizaciones Campesinas.

Comité Ejecutivo del Fondo de organización y Capacitación Campesina.

Ley 160 de 1994

Tres Representantes de las Organizaciones Campesinas

Comité de Concertación ( asesora al anterior)

Ley 160 de 1994

Representantes de las Organizaciones Campesinas con asiento en el Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Consejo Superior de Adecuación de Tierras.

Ley 41 de 19993

Federación Nacional de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras y un Representante de la Asociación de Usuarios Campesinos.

Comisión de Asistencia Técnica Agropecuaria.

Dec.1929 de 1994

Un Representante de las Asociaciones Campesinas.

Junta directiva del IDEMA

Dec.2001 de 1993

Un Representante de las Asociaciones Nacional de Usuarios Campesinas.

Consejo Directivo de CODECHOCO

Ley 99 de 1993

Un representante Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Comisión Nacional Agropecuaria

Ley 101 de 1993

Un dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y un dirigente de otras organizaciones Campesinas.

Comité Consultivo del alto nivel del sector Agropecuario.

Dec. 830 de 1993

Presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Junta Directiva del ICA:

Dec. 2645 de 1993

Presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS ORGANICOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS PROFESIONALES Y LAS ASOCIACIONES DE PROFESIONALES.

ESPACIO

NORMA

PARTICIPACIÓN

Consejo directivo de la CVC.

Dec. 1275 de 1994

Un representante de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Seccional Valle y del Valle del Cauca para la elección de uno de los miembros al Consejo.

Consejo de Seguridad Aeronáutica.

Ley 105 de 1993

UN representante de los Aviadores Civiles escogido de terna presentada por la Asociación de Aviadores Civiles. ACDAC

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Dec. 1292 de 1994

Un representante de los profesionales de la salud.

Junta Directiva del Instituto Nacional de la Salud.

Dec. 1291 de 1994

Un representante de la comunidad científica.

Junta Directiva del Sanatorio de Agua de Dios.

Dec. 1288 de 1994

Un representante de la comunidad científica.

Junta Directiva del Instituto Nacional Cancerología.

Dec. 1287 de 1994

Un representante de la comunidad científica.

Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado.

Dec. 1876 de 1994

N una tercera parte por el sector científico de la salud.

Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de carácter Territorial.

Dec. 1876 de 1994

Dos representantes del sector científico de la salud.

Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud.

Dec. 1877 de 1994.

Un representante de los profesionales del área de la salud.

Junta Directiva del Hospital Militar Central .

Dec. 2162 de 1994

El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. ASCOFAME

Comité Nacional de Urgencias

Dec. 412 de 1992

El Presidente de Colegio Colombiano de Médicos de Urgencias.

Consejo Nacional de Seguridad Social.

Ley 100 de 1993

Un representante de la Academia Colombiana de Medicina y uno de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.

Junta Nacional de Educación.

Ley 115 de 1994

Un representante de las Instituciones dedicadas a la investigación educativa.

Junta Departamental de Educación.

Ley 115 de 1994

Un representante de las instituciones educativas privadas.

Junta Municipal de Educación.

Ley 115 de 1994

Un representante de las instituciones educativas privadas

Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial.

Ley 157 de 1994

Un representante de las Facultades de Diseño y dos diseñadores elegidos por gremios de diseñadores.

Colegio Profesional de Geógrafos.

Ley 78 de 1993

Un representante de las Universidades y uno de la Asociación Colombiana de Geógrafos.

Consejo Consultivo del Transporte.

Dec. 2159 de 1994

Un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y uno de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Transporte.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS ORGANICOS EN LOS

QUE PARTICIPAN LOS SINDICATOS.

ESPACIO

NORMA

PARTICIPACIÓN

Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo

Ley 13 de 1992

Un representante de los empleados de los trabajadores

Comisión Permanente del Sistema de Seguridad Social.

Dec. 1244 de 1994

Tres representantes de los empleados, un representante de la confederación de Pensionados y dos representantes de los trabajadores.

Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud

Dec 1877 de 1994

Representantes de los trabajadores

Comisión del pacto Social, productividad , precios y Salarios.

Dec. 2380 de 1994

CGTD, CTC, CUT, ULTRACUN y FANAL.

Consejo Directivo del ISS

Dec. 990 de 1994

Trabajadores y empleadores

Juntas Departamentales de Educación.

Ley 115 de 1994

Representantes de los educadores designados por la organización sindical.

Juntas Distritales de Educación.

Ley 115 de 1994

Representantes de los educadores designados por la organización sindical.

Foro Educativo Departamental

Ley 115 de 1994

Un representante de los educadores

Foro Educativo Nacional.

Ley 115 de 1994

Un representante de los educadores

Consejo Directivo Nacional del SENA.

Ley 119 de 1994

Representantes de los trabajadores.

Corporación autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.

Ley 161 de 1994

Un representante de las agremiaciones sindicales de Braceros y Coteros Portuarios en la asamblea Corporativa.

Consejo Directivo de la Caja de Compensación Campesina

Dec. 623. De 1994

Dos representantes de los Trabajadores.

CUARTA PARTE.

Normas Aplicables Vigentes

Vinculación de las comunidades al desarrollo municipal. Las organizaciones comunitarias cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Ley, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada.

Parágrafo. Los contratos o convenios que se celebren en desarrollo del artículo anterior (art. 140 de la Ley 136 de 1994), se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 375 a 378 del decreto 1333 de 1986 y la Ley 80 de 1993 (Ley 136 de 1994, art. 14).

Convenios y contratos con ONGs. Con tal fin, dichas organizaciones celebrarán con los municipios y sus entidades descentralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.

Parágrafo. Para el cumplimiento de los objetivos del respectivo contrato o convenio, las entidades contratantes podrán aportar o prestar determinados bienes (Dec. 1333 de 1986, art. 375, concordado con el art. 41 de la Ley 136 de 1994)

Formalidades de la contratación con ONGs. Los contratos que celebren los municipios en desarrollo del artículo anterior (art. 375 del Decreto 1333 de 1986) no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que la Ley exige para la contratación entre particulares, ni requerirán la revisión que ordena el Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, contendrán las cláusulas que la Ley prevé sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, multas, garantías, sujeción de los pagos a las apropiaciones presupuestales y caducidad. La verificación de su cumplimiento estará a cargo del interventor que designe el alcalde o representante legal de la entidad descentralizada, según el caso (Dec. 1333 de 1986, art. 376).

Contratos de fiducia. En virtud de contratos de fiducia, sujetos a lo dispuesto en el artículo anterior (art. 376 del Decreto 1333 de 1986), también podrá confiarse a la entidad contratista la recaudación y el manejo e inversión de determinadas contribuciones o tasas. Si así ocurriere, la entidad que haga las veces de administrador fiduciario no adquiere por este sólo hecho carácter público u oficial (Dec. 1333 de 1986).

Sanciones a contratistas. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas y la declaratoria de caducidad dará lugar a que, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Ley, se le suspenda la personería hasta por dos años, por la primera vez, y se ordene su cancelación en caso de reincidencia (Dec. 1333 de 1986, art. 378).

Formación ciudadana. Los alcaldes, los concejales, los ediles, los personeros, los contralores, las instituciones de educación, los medios de comunicación, los partidos políticos y las organizaciones sociales deberán establecer programas permanentes para el conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social de acuerdo con los derechos fundamentales; los económicos, los sociales y culturales, y los colectivos y del medio ambiente.

El desconocimiento por parte de las autoridades locales, de la participación ciudadana y de la obligación establecida en este artículo será causal de mala conducta (Ley 136 de 1994, art. 142).

Otorgamiento y suspensión de la personería jurídica. Corresponde a los alcaldes de los municipios clasificados en categoría primera y especial, dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente Ley (Ley 136 de 1994), el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica, así como la aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la municipalidad de conformidad con las orientaciones impartidas al respecto por el Ministerio de Gobierno.

El alcalde podrá delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público de Gobierno.

El ejercicio de estas funciones está sujeto a la inspección y vigilancia del Ministerio de Gobierno, en los mismos términos que preceptúa la Ley 52 de 1990 y el decreto 2035 de 1991 con respecto a los departamentos y Distrito Capital de Bogotá, o normas que lo constituyan (sic).

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional podrá autorizar que las capitales, antiguas intendencias y comisarías, a solicitud de los municipios interesados, asuman posteriormente la competencia a que se refiere este artículo, término durante el cual seguirá a cargo del departamento respectivo.

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional podrá hacer extensiva la competencia de este artículo a otros municipios que tengan debidamente organizado el Sector Público de Gobierno, a instancia de los interesados, previo dictamen sobre la capacidad de gestión, por parte de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad del Ministerio de Gobierno (Ley 136 de 1994, art. 143).

Juntas de vigilancia de los servicios públicos. Cuando los servicios públicos municipales no se administren o presten por intermedio de entidades descentralizadas, las organizaciones comunitarias constituirán juntas de vigilancia encargadas de velar por la gestión y prestación de los mismos y de poner en conocimiento del personero, contralor municipal y demás autoridades competentes, las anomalías que encuentre.

Es deber de las autoridades municipales encargadas de los servicios públicos, dar suficientes facilidades para que las juntas de vigilancia cumplan sus funciones.

Parágrafo. Las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal, responsables de la prestación de servicios públicos locales, así como las juntas de vigilancia se organizarán y funcionarán con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional para tal fin (Ley 136 de 1994, art. 144).

Funciones de las juntas de vigilancia. Las juntas de vigilancia que cumplirán sus funciones ad honorem, podrán citar a sus reuniones a los empleados que consideren convenientes, oír y solicitarles informes escritos o verbales y deberán recibir a quienes quieran poner en su conocimiento hechos de interés para la entidad ante la cual actúan.

Las juntas de vigilancia entregarán sus observaciones al alcalde, al concejo distrital o municipal y a los empleados competentes, según la importancia y el alcance de las críticas, recomendaciones o sugerencias que se formulen.

Las juntas también podrán poner en conocimiento de los jueces o del Ministerio Público, los hechos que consideren del caso.

Con una periodicidad no inferior a seis (6) meses, las juntas informarán a la opinión pública sobre la labor por ellas cumplida (Ley 136 de 1994, art. 145).

Período de la juntas de vigilancia. Los miembros de las juntas de vigilancia tendrán un período de tres (3) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente (Ley 136 de 1994, art. 146). En las elecciones a que se refiere esta Ley (Ley 136 de 1994), se aplicará el sistema de cuociente electoral de conformidad con el artículo 263 de la Constitución Política (Ley 136 de 1994, art. 147).

Libertad de expresión y derecho a la información. Se garantiza a toda persona libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones; la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación (Constitución Política, art. 20).

Derecho de reunión. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la Ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho (Constitución Política, art. 37).

Derecho a constituir partidos y movimientos. Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas.

Las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos (Ley 130 de 1994, art. 1).

Participación ciudadana en los servicios públicos. En desarrollo del Artículo 369 de la Constitución Política colombiana, en todos los municipios deberán existir "Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios" compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno o más de los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, sin que por el ejercicio de sus funciones se causen honorarios.

La iniciativa para la conformación de los comités corresponde a los usuarios suscriptores o suscriptores potenciales. EL número de miembros de los comités será el que resulte de dividir la población del respectivo municipio o distrito por diez mil (10.000), pero no podrá ser inferior a cincuenta mil (50.000). Para el Distrito Capital el número mínimo de miembros será de doscientos (200).

Para ser miembro de un "Comité de Desarrollo y Control Social", se requiere ser usuario suscriptor o suscriptor potencial del respectivo servicio público domiciliario, lo cual se acreditará ante la Asamblea y el respectivo Comité, con el último recibo de cobro, en el caso de los suscriptores potenciales con la solicitud debidamente radicada en la respectiva empresa (Ley 142 de 1994, art. 62).

Deber de conformación de los Comités de Desarrollo y Control Social. Con el objeto de organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las entidades de carácter privado, oficial o mixto, que presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible por red, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 62 de la Ley 142 de 1994, se conformarán a iniciativa de un número plural de usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno o varios de los citados servicios públicos domiciliarios, en todos los municipios, uno varios Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Parágrafo. Para efectos del Decreto 1429 de 1995 se define "usuario", "suscriptor" y "suscriptor potencial", en los siguientes términos:

  • Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la presentación de un servicio público, bien como propietario del inmueble donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.
  • Suscriptor. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.
  • Suscriptor Potencial. Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos.

La participación del usuario, o del suscriptor potencial, en la asamblea constitutiva, en el correspondiente Comité de Desarrollo y Control Social y en la asambleas de usuarios, es personal e indelegable (Dec. 1429 de 1995, art. 1).

Garantías a la participación en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizarán la participación ciudadana, comunitaria y social en todos los ámbitos que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables (Dec. 1757 de 1994, art. 9).

Funciones de las Asociaciones de Usuarios del Sistema de Seguridad Social. Las asociaciones de usuarios tendrán las siguientes funciones:

  • Asesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de salud, las instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora de salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.
  • Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al parque de servicios.
  • Participar en las juntas directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones prestatarias de servicios de salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario. En el caso de las privadas, se podrá participar, conforme a lo que dispongan las disposiciones legales sobre la materia.
  • Mantener canales de comunicaciones con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución prestataria de servicios de salud y la empresa promotora de salud.
  • Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas se apliquen según lo acordado.
  • Informar a las instancias que correspondan y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras, si la calidad del servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.
  • Proponer a las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de administración de personal del respectivo organismo.
  • Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo con lo que para tal efecto se establezca.
  • Atender las quejas que los usuarios presten sobre la deficiencia en los servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso.
  • Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven su menor costo, y vigilar su cumplimiento.
  • Ejercer veedurías en las instituciones del sector mediante sus representantes ante las empresas promotoras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad.
  • Elegir democráticamente sus representantes ante la junta directiva de las empresas promotoras y las instituciones prestatarias de servicios de carácter hospitalario que correspondan, por y entre sus asociados, para períodos máximos de dos (2) años.
  • Elegir democráticamente sus representantes ante los comités de ética hospitalaria y los comités de participación comunitaria por períodos máximos de dos (2) años.
  • Participar en el proceso de designación del representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la materia.

Parágrafo 1. Para aquellas poblaciones no afiliadas al régimen contributivo y subsidiado, el Gobierno promoverá su organización como demandante de servicios de salud, sobre la base de las formas de organización comunitaria.

Parágrafo 2. El asociado a una alianza o asociación de usuarios conserva el derecho a elegir o trasladarse libremente entre entidades promotoras de salud (Dec. 1757 de 1994, art. 14).

Promoción de Asociaciones de usuarios de servicios de salud. Para aquellas poblaciones no afiliadas al régimen contributivo, el gobierno promoverá la organización de las comunidades como demandantes de servicios de salud, sobre la base de las organizaciones comunitarias de que trata el Artículo 22 de la Ley 11 de 1986, y el Decreto 1416 de 1990, los cabildos indígenas, y en general, cualquier otra forma de organización comunitaria (Ley 100 de 1993, art. 200).

Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.

El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones:

  1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa.
  2. Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

Parágrafo. Las decisiones respecto a las solicitudes del Personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento (Ley 115 de 1994, art. 94).

De la Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Interior. Son funciones de la Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad las siguientes:

Diseñar e impulsar los procedimientos de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y la ciudadanía en general para que las instituciones regionales y locales garanticen su participación en la toma de decisiones, respecto al desarrollo de proyectos y actividades que afecten las condiciones ambientales de su entorno.

Establecer mecanismos que garanticen a las organizaciones comunitarias y a la ciudadanía en general su participación en la identificación de su problemática ambiental y de las posibles soluciones.

Diseñar y apoyar mecanismos de concertación con los diferentes gremios y sectores económicos, involucrados en los distintos procesos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales del medio ambiente para la determinación del grado y manera de utilización de los mecanismos.

Estudiar y proponer mecanismos que garanticen la representatividad de los intereses de las comunidades indígenas o étnicas y entidades sin ánimo de lucro, a través de sus delegados en los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y verificar el cumplimiento de dicha reglamentación.

Promover y orientar el desarrollo de programas de participación comunitaria en el diseño y ejecución de actividades de recuperación, manejo y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Asistir a las audiencias y procesos de participación ciudadana cuando haya lugar para ello (Dec. 1868 de 1994, art. 32).

Consejo ciudadano de Desarrollo Social Rural. Los municipios crearán el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural estará integrado así: el Alcalde, quien lo presidirá; representantes del Concejo Municipal; representantes de las entidades públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio; representantes de las organizaciones de campesinos y de los gremios con presencia en el municipio; y representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes deberán constituir mayoría.

La participación de los miembros de las comunidades rurales deberá ser amplia y pluralista, de manera que garantice la mayor participación ciudadana en las deliberaciones del Consejo.

Parágrafo. En aquellos municipios en donde exista alguna instancia de participación ciudadana que permita el cumplimiento de los propósitos de que trata el presente artículo, no será necesaria la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (Ley 160 de 1994, art. 89).

Comité de Reforma Agraria. En los municipios donde se adelanten programas de reforma agraria, los Consejos de Desarrollo Rural o las instancias de participación que hagan sus veces, podrán crear un Comité de Reforma Agraria para facilitar la realización de las reuniones de concertación y las actividades de que tratan los artículos 29 y 30 de la presente Ley. Dichos comités deberán integrarse de la siguiente manera:

  • El Gerente Regional del Incora quien lo presidirá.
  • Los campesinos interesados en la adquisición de tierras.
  • Los representantes de las organizaciones campesinas legalmente constituidas con presencia en el municipio.
  • Los propietarios interesados en negociar sus predios.

(Ley 160 de 1994, art. 90).

Unidad Municipal de Asistencia Técnica. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica es el ente encargado de prestar asistencia técnica agropecuaria, en forma directa, a los pequeños productores.

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica puede ser constituida, en forma individual, por cada municipio o distrito, o por asociación de un grupo de ellos: a) Como parte de su estructura administrativa, con personal profesional y técnico intermedio; b) Contratando el funcionamiento y el servicio que presta la Umata, con entidades públicas o privadas especializadas y debidamente acreditadas para tal fin (Dec. 1929 de 1994, art. 1).

Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica. La Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica que creará el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, estará conformada por las siguientes personas:

  • El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá.
  • Un representante de los profesionales del agro, preferiblemente con residencia en los municipios y, escogido por la Comisión Seccional de Asistencia Técnica, creada por el Decreto 2379 de 1991.
  • Un Concejal escogido por el Concejo Municipal.
  • Cuatro usuarios del servicio de asistencia técnica, escogidos por ellos mismos, entre los inscritos en la Umata, en reunión especial citada para tal fin por el director de la Umata y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
  • El Director de la Umata, con voz pero sin voto y quien actuará como secretario (Dec. 1929 de 1994, art. 6).

Juntas de Defensa de Terrenos Comunales. En cada uno de los municipios donde existan playones y sabanas comunales funcionará una Junta de Defensa de Terrenos Comunales, integrada por el Alcalde Municipal, el Personero, un representante del Consejo Municipal elegido de su seno y dos representantes de los usuarios, elegidos por ellos mismos y por mayoría de votos de los que concurran a la reunión que para el efecto convocará el Alcalde Municipal y el funcionario que designe el Incora.

EL período de ejercicio del representante del Concejo Municipal y de los dos representantes de los usuarios de los terrenos comunales será de dos años.

Las Juntas de Defensa de Terrenos Comunales serán instaladas por el Alcalde del Municipio respectivo y por el funcionario que para el efecto designe el Gerente del Incora (Dec. 2663 de 1994, art. 38).

Liga de Consumidores. Entiéndese por liga de consumidores toda organización constituida mediante la asociación de personas naturales, con sujeción a las normas previstas en el decreto 1441 de 1982, cuyo objeto sea garantizar la protección, la información, la educación la representación y el respeto de los derechos de los consumidores de bienes y servicios, así como velar por el pago de las indemnizaciones a que se hagan acreedores, según la ley, por la violación de sus derechos. (decreto 1441 de 1982 )

Funciones de las ligas y asociaciones de consumidores

De conformidad con los términos señalados por la prescripciones legales, las ligas y asociaciones de consumidores velarán por:

  1. La eficacia de los organismos y entidades que establezca la ley para la defensa del consumidor, así como por la eficacia de los funcionarios de dichos organismos y entidades,
  2. La observancia de las normas sobre precios dictadas por las autoridades gubernamentales y la racionalidad de los establecidos por los proveedores,
  3. La observancia de las normas sobre tarifas de servicios públicos,
  4. La idoneidad de las calidades de los bienes y servicios que se ofrecen al público y se ajuste a las normas técnicas expedidas por el Gobierno,
  5. La idoneidad de las calidades de los bienes y servicios que se - ofrecen al público y se ajuste a las normas técnicas expedidas por el Gobierno,
  6. La protección a los arrendatarios de bienes muebles e inmuebles y la observancia de las normas relativas al contrato de arrendamiento,
  7. La contaminación de los alimentos, del aire y del agua, así como por la imposición y efectividad de las sanciones que, según las normas aplicables, cupieren a quienes los contaminen,
  8. La conservación y utilización racional del agua, la fauna, la flora y demás recursos naturales,
  9. La responsabilidad de los productores y proveedores respecto de la publicidad de las mercancías, las marcas y leyendas que exhiban los productos, y en general, respecto de la divulgación de su contenido y características.
  10. La equidad en las condiciones de los sistemas de financiación que se exijan en las operaciones de compraventa o de utilización de bienes y servicios,
  11. La responsabilidad de quien suministra un servicio que supone el depósito de bienes de propiedad del usuario del servicio,
  12. El cumplimiento de las garantías ofrecidas por el productor o proveedor,
  13. La promoción de la organización de cooperativas de consumo y de sistemas que hagan más eficiente el mercado de los productos,
  14. El impulso a la afiliación de los consumidores a las ligas ya organizadas y a la organización de nuevas ligas.
  15. La prestación en condiciones de equidad y eficiencia de los servicios de mercadeo, salud, educación, transporte y demás que interesen al consumidor.
  16. La denuncia pública y ante las autoridades competentes de todos los hechos constitutivos de infracción penal o policiva que atente contra los intereses y derechos del consumidor;
  17. El abastecimiento suficiente de los mercados y el mantenimiento de una oferta normal de bienes y servicios,
  18. La prevención y castigo de las prácticas indebidas de los productores o proveedores y la intervención oportuna de las autoridades competentes en caso de infracciones penales o policivas,
  19. La divulgación de los precios oficiales o racionales que rijan en determinado momento,
  20. La difusión amplia de los derechos del consumidor y de las instituciones y mecanismos existentes para su defensa; y
  21. La atención eficaz y oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes que ante ellas formulen los consumidores en relación con la protección, la información, la educación, la representación, el respeto de sus derechos y la efectividad de sus indemnizaciones. (decreto 1441 de 1982 )

Apoyo al Sector Rural. Con el objeto de racionalizar la prestación de los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina el INCORA , con la colaboración de los organismos correspondientes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, la formación y financiación de cooperativas de Beneficiarios de reforma Agraria, integradas por los adjudicatarios de tierras, cuyo objeto preferencial será la comercialización de productos agropecuarios, y además la obtención de créditos de producción, la prestación de asistencia técnica y servicios de maquinaria agrícola, el suministro de semillas e insumos agropecuarios y otros servicios requeridos para incrementar la producción y mejorar la productividad en el sector rural. (Ley 160 de 1994, art. 94)

Asociación de Usuarios. Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos de la representación, manejo y administración del Distrito bajo la denominación de asociación de usuarios.

Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese sólo hecho la calidad de afiliado de la respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a sus miembros. (Ley 41 de 1993, art. 20 )

Mecanismos de participación popular. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará (Constitución Política, art. 103).

Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de Ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente (Ley 134 de 1994. Art. 2).

Referendo. Es la consulta que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.

Parágrafo. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local (Ley 134 de 1994, art. 3).

Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no (Ley 134 de 1994, art. 4).

Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente (Ley 134 de 1994, art. 5).

Cabildo abierto. En cada período de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva. (Ley 134 de 1994, art. 81).

Petición de Cabildo Abierto. Un número no inferior al cinco por mil del censo electoral de municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según el caso, podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en Cabildo Abierto, con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones.

Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los Cabildos Abiertos (Ley 134 de 1994, art. 82).

Materias objeto de Cabildo Abierto. Podrá ser materia de Cabildo Abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo (Ley 134 de 1994, art. 83).

El Voto. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La Ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. (Constitución Política, art. 258 )

Autoridades Elegidas por voto popular. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale. ( Constitución Política, art. 260 )

Calendario Electoral. La elección del Presidente y del Vicepresidente no podrán coincidir con otra elección. La del Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y municipales. ( Constitución Política, art. 262 )

Sistema de Cuociente Electoral. Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el sistema de cociente electoral. El cociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos a proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente. ( Constitución Política, art. 263 )

Condición de Residencia para Participar en las Elecciones Locales. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. ( Constitución Política, art. 316 )

Voto Programático. En desarrollo del Artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por Voto Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. (Ley 131 de 1994, art. 1)

Revocatoria del Mandato. En desarrollo de los Artículos 40 y 103 de la Constitución Política, la revocatoria del mandato por el incumplimiento del programa de gobierno, es un mecanismo de participación popular, en los términos de esta Ley. (Ley 131 de 1994, art. 2)

Programa de Gobierno. Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes, deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva, o en su defecto las administraciones departamentales o municipales, ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación. (Ley 131 de 1994, art. 3)

Convocatoria del Plebiscito. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes.

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un Plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en la que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. El plebiscito no podrá coincidir con otra elección. (Ley 134 de 1994. Art. 77)

Referendo Abrogatorio. Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un Referendo para la derogatoria de una Ley.

La Ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

No procede el Referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias. (Constitución Política, art. 170)

Materia Objeto de Referendo. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

(Constitución Política, art. 377)

Mecanismos Para Convocar el Referendo. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del Artículo 155, el Congreso, mediante Ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la Ley. El Referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente qué votan negativamente.

La aprobación de reformas a la Constitución por vía de Referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral. (Constitución Política, art. 378)

Referendo Derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto administrativo, de una Ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no. ( Ley 134 de 1994, art. 4)

Referendo Aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto administrativo, de una Ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. ( Ley 134 de 1994, art. 4)

Referendo Constitucional. A iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, el Congreso, mediante Ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras podrá someter a referendo un proyecto de reforma Constitucional que el mismo Congreso incorpore a la Ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente.

La aprobación de reformas a la constitución por vía de referendo requiere del voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. ( Ley 134 de 1994, art. 33)

Materias que pueden ser objeto de Referendos. Pueden ser objeto de referendos los proyectos de Ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local que sean de la competencia de la corporación pública de la respectiva circunscripción electoral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de esta Ley.

Para efectos del referendo derogatorio son leyes las expedidas por el Congreso y los decretos que dicte el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias que éste le haya conferido; son ordenanzas las expedidas por las Asambleas departamentales y los decretos que dicte el gobernador con fuerza de ordenanza; son acuerdos los expedidos por los consejos municipales y los decretos que dicten los alcaldes con fuerza de acuerdo; y son resoluciones las expedidas por las Juntas Administradoras Locales y las resoluciones que dicte el Alcalde local, todos de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas para tal evento. ( Ley 134 de 1994, art. 35)

De cuando no hay lugar a referendos derogatorios. Si antes de la fecha señalada para la votación de un referendo para derogar un acto legislativo, una Ley, una ordenanza, un acuerdo local o una resolución local, la corporación respectiva lo deroga, no habrá lugar a la celebración del referendo. ( Ley 134 de 1994, art. 37)

Iniciativa Popular Legislativa y Normativa ante las Corporaciones Públicas. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de Ley ante el congreso de la república, de ordenanza ante las asambleas Departamentales, de acuerdos ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que la reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. (Ley 134 de 1994. Art. 2 )

Materias que puede ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. Sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación.

No se podrán presentar iniciativas populares y normativas ante el Congreso, las Asambleas, los Concejos o las Juntas Administradoras Locales, sobre las siguientes materias:

1. Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes, según lo establecido en los artículos 154, 300, 322 y 336 de la Constitución Política.

2. presupuestales, fiscales o tributarias.

3. Relaciones internacionales.

4. Concesión de amnistía o indultos.

5. Preservación y restablecimiento del orden público.

(Ley 134 de 1994. Art. 29 )

Reglas para el tramite de iniciativas populares legislativas y normativas ante las corporaciones públicas. Para garantizar la eficacia de la participación ciudadana durante el trámite de la iniciativa popular legislativa y normativa en la corporación respectiva, se respetarán las siguientes reglas:

1. La iniciativa popular será estudiada de conformidad con lo establecido en el reglamento de la corporación respectiva y se aplicarán las disposiciones establecidas en el Artículo 163 de la Constitución Política para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.

En el caso de la iniciativa popular de acto legislativo presentada por el 20% de los concejales o diputados del país se aplicará el trámite previsto en el Artículo 375 de la Constitución.

2. El vocero deberá ser convocado a todas las sesiones en que se tramite el proyecto y ser oído en todas las etapas del trámite.

3. El vocero podrá apelar ante la plenaria cuando la comisión respectiva se haya pronunciado en contra de la iniciativa popular.

4. Cuando la respectiva corporación no dé primer debate a una iniciativa popular legislativa o normativa durante una legislatura y esta deba ser retirada, se podrá volver a presentar en la siguiente legislatura. En este caso, seguirán siendo válidas las firmas que apoyan la iniciativa popular, y no será necesario volver a recolectarlas.

Las firmas ciudadanas que apoyen iniciativas que al momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren en tránsito en cualquier Corporación seguirán siendo válidas por un año más. (Ley 134 de 1994. Art. 31 )

De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de acuerdo. Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las comisiones permanentes.

Las intervenciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre

por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta del Concejo.(Ley 136 de 1994, art. 77)

Consulta Popular Nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable dl Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. (Ley 134 de 1994, art. 50)

Consulta Popular a Nivel Departamental, Distrital, Municipal y Local. Sin perjuicio de los requisitos y formalidades que señale el Estatuto General de Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales. (Ley 134 de 1994, art. 51)

Forma del Texto que se Someterá a Votación. Las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal forma que puedan contestarse con un SI o un NO.

No podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, ni tampoco la convocatoria a una Asamblea Constituyente, salvo cuando se vaya a reformar la Constitución según el procedimiento establecido en el artículo 376 de la Constitución Política y en esta ley. (Ley 134 de 1994, art. 52)

Efectos de la Consulta. Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera de una Ley, de una Ordenanza, de un Acuerdo o de una resolución Local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones y a más tardar en el período siguiente. Si vencido este plazo el Congreso, la Asamblea, el Concejo o la Junta administradora Local, no la expidieren, el Presidente de la República, el Gobernador, el Alcalde o el funcionario respectivo, dentro de los tres (3) meses siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, Ordenanza, Acuerdo o Resolución Local, según el caso. En este caso el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de tres (3) meses. (Ley 134 de 1994, art. 56)

Oportunidad Del Cabildo Abierto. En cada período de sesiones ordinarias de los consejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva. (Ley 134 de 1994, art. 81)

Petición de cabildo abierto. Un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según el caso, podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en Cabildo Abierto, con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones.

Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los Cabildos Abiertos. (Ley 134 de 1994, art. 82)

Materias objeto de cabildo abierto. Podrá ser materia de Cabildo Abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin embargo, no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. (Ley 134 de 1994, art. 83)

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA.

Rey C. Ernesto; "Acción de Cumplimiento y Derechos Humanos"; Edit. TEMIS; Bogotá; 1997

Gaviria Correa Gonzalo; "Nuevo Manual de Administración Municipal" ; Edit. DIKE; Medellín, 1.996.

Legis; "Régimen Municipal Colombiano"; Compendio Normativo y Jurisprudencial; Edit. Legis; Bogotá; 2.000.

Manrique R. Alfredo; "El Municipio Colombiano después de la Constitución de 1.991"; Edit, DIKE; Tercera Edición; Medellín; 1998.

----------------------------; "La Constitución de la Nueva Colombia"; Edit. CEREC; Décima Edición; Bogotá; 1.999.

---------------------------- ; "La Ciudad que Tenemos no es la Ciudad que Queremos"; Veeduría Distrital; Bogotá; 1996

Eastman R. Jorge M. , Zambrano C. William ; "Manual Para Participar en el Desarrollo Institucional"; Compendio normativo tomos 1º al 5º ; Consejería Presidencial para el Desarrollo Institucional; Bogotá; 1996

Defensoría del Pueblo; "La Acción de Tutela" y "Las Acciones Populares y de Grupo"; Bogotá; 1998, 1999

Asociación Participación Ciudadana de Colombia; "Manual Para La Participación Ciudadana" Primera Edición ; Bogotá; 1999

 

 

Alfredo Manrique Reyes.

Partes: 1, 2


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