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Currículo Colombia

Enviado por morera



 

 

Satisfactorio y saludable para la formación intelectual haber elaborado una breve reseña descorriendo los velos de la historia con el propósito de conocer los hechos como fenómenos objetivos, con sus correspondientes causas que los engendraron y las razones mismas que impulsaron a la voluntad humana para ser causa eficiente de los acontecimientos.
Los partidos políticos, se presentan como los cauces por los cuales corren, y a veces se desbordan, determinadas corrientes de la opinión ciudadana.
Se ha dicho, y con razón, que la vida de la sociedad, al igual que la vida humana, se parte en edades específicas de evolución, progresiva y regresiva.
El proceso de institucionalización, se confunde con la historia misma de los pueblos. En el vasto campo de la vida política y de la religiosa cobra especial trascendencia. Dentro de las sociedades políticas se ha institucionalizado una multiplicidad de costumbres o normas que durante largo tiempo fueron simple derecho consuetudinario.
"Solamente cuando en un pueblo se ha perfeccionado el proceso de institucionalización de tales formas orgánicas de convivencia, dicho pueblo adquiere la madurez de su vida societaria y puede influir fecundamente sobre otros pueblos."
"A su vez la decadencia de los pueblos se inicia con la disolución o desfiguración de sus instituciones. Así, el Estado, el sistema, la doctrina, el partido político se desfiguran y corrompen por múltiples causas que, nos pone de presente la crónica de las grandes civilizaciones antiguas y modernas".
El estadista no es ya el que hace feliz al ciudadano sino el que con más habilidad lo explota, quien hace crecer su popularidad a costa del espíritu ingenuo, resignado e impotente de ese ciudadano a quien debiera proteger y elevar; no es hombre de Estado quien sirve a sus compatriotas sino quien con más dureza se hace servir.
El hombre honrado va quedándose zaguero como simple blanco de hazmerreír, y el más listo vale más porque, no importan los medios, ha llegado primero.
El político y el conductor de multitudes parecen de mejor recibo cuando traicionan y se traicionan, cuando fingen, cuando con cautela o interés rescatan u ocultan la verdad.
Es evidente la crisis en la democracia representativa colombiana, al igual que en su derecho objetivo, como consecuencia de la crisis en sus partidos tradicionales. Porque si éstos, que son los canalizadores del querer popular, se desvirtúan, para dar cauce a otros propósitos, ajenos a la finalidad para la cual se les dio existencia, necesariamente, o deben reorganizarse en una forma más conveniente y adecuada al momento, o deben morir para dar paso a nuevas organizaciones políticas en las que sí se busque el bienestar colectivo como resultado de la opinión popular.
La violencia como hecho político ha estado presente de manera persistente en el proceso de conformación de la sociedad colombiana. Desde las guerras civiles del siglo XIX, los nacientes partidos, Liberal y Conservador, "apostaron sus proyectos políticos a las armas, a través de las cuales comenzó ese largo transito de relación y entrecruzamiento entre violencia y política."
A diferencia de otros países de América Latina, los dos grandes partidos políticos colombianos se constituyen en verdaderas instituciones de profunda presencia nacional. La lealtad de sus partidarios se transmite por generaciones y aun por poblaciones. Ello va a tener decidida importancia en la extensión y radicalización de la violencia en el territorio colombiano.
Después de treinta años de un periodo que comienza con los albores del siglo XX y que se ha dado en denominar como de "la hegemonía conservadora", los liberales llegan al poder a principios de los años treinta. En su predicamento político está la idea de modernizar los criterios de desarrollo. Se introducen reformas al sistema laboral, al régimen de propiedad de la tierra y en otros sectores como la educación y los procesos de industrialización.
En 1946 los conservadores regresan al poder, en medio de fuertes tensiones políticas, agudizadas por viejos enfrentamientos. Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal de amplio arraigo popular, es asesinado en 1948, cuando se celebraba en Bogotá la Conferencia Panamericana que dio origen a la actual Organización de Estados Americanos, OEA. Hubo grandes motines urbanos conocidos como "el Bogotazo" y mueren mas de 2,000 personas. Se desata entonces el período de "la Violencia", un quinquenio de barbarie que se extiende hacia campos y ciudades. Entre 100,000 y 200,000 muertes cobra el proceso.
Un lógico trauma nacional deja como huella la violencia desatada. Sobreviene un Golpe de Estado que interrumpe, por corto lapso (l953-1958) lo que había sido una larga historia de democracia formal en Colombia. El Gobierno Militar obtuvo un armisticio parcial en las luchas campesinas, pero las restricciones a la prensa y a la actividad de los partidos llevaron a liberales y conservadores a unirse para derrocarlo.
Es así como nace en 1958 el acuerdo del "Frente Nacional" que cobra carácter constitucional de gobiernos compartidos y alternados por 16 años. Además de la alternancia en la Presidencia, permite la división de los cargos ministeriales y puestos en el Congreso. Restablece la paz y la estabilidad. Pero ese proceso va a tener una consecuencia de aplazamiento de muchos de los grandes problemas nacionales a la vez que opera como un mecanismo de bloqueo para opciones diferentes a los dos partidos tradicionales.
Para algunos, el modelo, al no presentar oportunidades políticas y a la tardanza de los gobernantes en atender con éxito situaciones de extrema pobreza o marginalidad en amplias zonas de la población, hizo posible el resurgimiento de anteriores movimientos agraristas que son infiltrados por la ultra izquierda y ahora adoptan carácter comunista o castrista en algunos casos; en otros, maoísta, sin excluir la aparición entre ellas, de bandas de delincuentes comunes. En 1964 se fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por guerrilleros de origen comunista y un año después aparece el Ejercito de Liberación Nacional, ELN, de clara inspiración pro-castrista.
Sin embargo, la visión extrema de atribuir exclusivamente el origen de la violencia a la depauperación social y la llamada conducta cerrada y elitesca de la política colombiana, contrasta con el esfuerzo de desarrollo social y económico adelantado por algunos gobiernos. El hecho de que Colombia por largos años mantuviera una razonable tasa de crecimiento, aceptable institucionalidad política y que constituyera la excepción a la crisis registrada en la región durante los años ochenta, arroja aún más elementos de análisis en la complejidad del caso colombiano.
En la primera parte de los años sesenta, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, la tensa situación política y la recesión económica impactada por la reducción de los valores de exportación, condujo a una fuerte devaluación de la moneda. Las compensaciones laborales, vista la gran presión sindical, se incrementan en hasta un 40%. Se registra el mas agudo proceso inflacionario desde 1905. Las políticas deflacionarias aplicadas elevan el desempleo a cerca del diez por ciento en las mayores ciudades y una creciente desconfianza hacia el Frente Nacional lleva a que menos del diez por ciento del electorado vote en las elecciones para congresantes de 1964.
Pero la economía retorna hacia el camino del crecimiento. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el tercer presidente del Frente Nacional (1966-70), se introducen importantes reformas políticas, y la economía, hacia el final del periodo, alcanza una elevada tasa de crecimiento (7%). No hay duda que influyen los altos precios que alcanza el café, pero ello no desmerita el esfuerzo hecho. Mucho menos, elevar el grado de credibilidad de la dirección política.
En 1970, va a producirse un hecho de especial importancia con ocasión de la elección de Misael Pastrana Borrero, el candidato conservador respaldado por el Frente Nacional. Su opositor, el ex-dictador Gustavo Rojas Pinilla, obtiene amplio respaldo en la votación urbana, lo cual se interpreta como un voto contra el Frente Nacional. Esa apretada elección da origen a la aparición de un grupo guerrillero, en 1973-74, el Movimiento 19 de Abril, o M-19, denominado así por la fecha en la cual, según su consigna, le fue "robada la elección" a Rojas Pinilla.
La transición hacia la libre competencia electoral y el fin del acuerdo del Frente Nacional, transcurre sin mayores dificultades. En 1974, Alfonso López Michelsen, del Partido Liberal, cumple su periodo de cuatro años (1974-78) y trasmite la presidencia a Julio César Turbay Ayala, un liberal de centro. Continua la baja participación electoral y crece el temor de que puede producirse una asonada militar de cualquier signo político.
El acuerdo de Frente Nacional, además de permitir a los oponentes políticos argumentar la toma de la vía armada por la imposibilidad de competir democráticamente, tuvo un importante efecto paradójico: el traslado de la competencia política dentro de cada partido y no entre ellos. La huella del Frente Nacional aun subsiste, y en los gobiernos electos son invitados a participar miembros del partido opositor. La secuela del asesinato de Gaitán y la constitución del Frente Nacional, produjeron una petrificación de la política colombiana en la memoria colectiva que ha llevado a descuidar las virtudes de la democracia representativa y a errar en el reconocimiento de su evolución.
El proceso armado en Colombia tiene hondas raíces sociales, políticas e históricas. Su inserción en la estructura social le ha permitido consolidarse y evolucionar hacia una pretensión de desplazamiento absoluto de las clases dirigentes actuales en la dirección del Estado.
Son muchos los factores que determinan esa realidad. Factores exógenos como la Revolución Cubana y el "castrismo" como ideología de insurgencia guerrillera para la toma del poder; la guerra fría y su consecuente enfrentamiento entre el mundo socialista y el mundo capitalista y la ruptura de las líneas políticas soviéticas y chinas que a su vez enfrentan las tendencias de "coexistencia pacífica" y "revolución mundial", respectivamente.
Algunos factores endógenos que determinan el proceso pueden encontrarse en: las insurgencias campesinas y su posible prolongación en la cultura popular; la exclusión política que representó la conformación del Frente Nacional; el retraso en la atención a los problemas sociales; la aparición de la "nueva izquierda" como organizaciones políticas distintas al Partido Comunista, tales como: el Movimiento Obrero Estudiantil, Campesino, MOEC; el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR y las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL, entre otros, que constituyen las simientes en las direcciones de los frentes armados actuales.
Desde los años setenta se inicia un proceso de reformas políticas que encuentran en la Constitución de 1991 su mejor expresión. Las primeras conversaciones de paz arrojan positivos resultados y grupos guerrilleros, con excepción de las FARC y el ELN, deponen las armas. La nueva constitución se dicta en el marco de un amplio debate nacional y sus previsiones apuntan hacia una profundización del proceso democrático. Restricción al poder central ejecutivo y promoción de la participación política, constituyen sus líneas básicas.
La influencia del modelo constituyente español en cuanto a autonomías regionales se hace presente en la concepción del proceso de descentralización. Se dota de mayor autoridad a las figuras de los alcaldes y gobernadores departamentales. La Fiscalia General y la protección a los derechos humanos ocupan ahora un espacio de destacada importancia. La participación ciudadana alcanza elevados niveles en los procesos electorales, cerca del sesenta por ciento en las elecciones de 1998. Nuevas figuras, sobre todo a nivel regional, aparecen en la escena política.
La necesidad de nuevas reformas constitucionales se hace evidente. La violencia y el terrorismo son rampantes; el "contrato social" esta amenazado. El sistema judicial es incapaz de reducir y castigar el crimen mientras que esa misma Constitución es proactiva en el área económica, cerrando posibilidades al mercado y al diseño de políticas económicas.
También el Parlamento aparece fragmentado y sujeto a miles de presiones. Sus relaciones con el Ejecutivo son difíciles.
Adicionalmente, las insuficiencias institucionales amenazan la tradicional estabilidad. En efecto, el proceso de descentralización ha dejado una secuela de importantes déficits fiscales e ineficiencias en las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales. El proceso presupuestario es frágil y no transparente. Los servicios sociales y los programas para la reducción de la pobreza son ineficientes y carecen de recursos. La política monetaria y financiera requiere de firmes controles de la inflación.
Aun cuando muchos de estos problemas son comunes a los países en vías de desarrollo y, aun en economías industriales, en Colombia aparecen al borde del colapso. Un obstáculo para superar estas limitaciones se encuentra en el hecho de que la Constitución de 1991 es sumamente detallada en su articulado. La consecuencia es que relativamente pequeños cambios e inclusive, requerimientos indispensables para la política económica, quedan sujetos a reformas constitucionales.
La exuberante y diversa geografía colombiana hace de este país el segundo, después de Brasil, en grado de biodiversidad en la región. Es también el quinto en cuanto a extensión geográfica y el tercero en población con sus 41 millones de habitantes. Colombia es el segundo exportador mundial de café y flores. Ha gozado de una privilegiada estabilidad económica con un crecimiento promedio del cinco por ciento de su Producto Territorial Bruto entre los años 1945 y 1995. Es uno de los pocos países de la región que disfruta de una alta calificación para la inversión internacional y, además, es una de las más antiguas democracias de Ibero América.
Sin embargo, también Colombia se ha convertido en el primer proveedor de cocaína del mundo. La presencia del narcotráfico como forma organizada de actividad criminal, ha desatado nuevas formas de violencia que amenazan la estabilidad del propio Estado. La violencia política se entrecruza con la violencia ejercida por la actividad ilegal del narcotráfico. El negocio de las drogas permite el fortalecimiento de las fuerzas insurgentes, tanto de las FARC y el ELN, como de la organización paramilitar de derecha, Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC. Evidente resulta la influencia determinante del narcotráfico, en la extensión, profundización y características del conflicto y en su proyección internacional.
La tasa de homicidios en Colombia es una de las mas altas del mundo. Para 1991, casi ochenta colombianos de cada cien mil eran asesinados. Los homicidios en Colombia son tres veces mayor que los que se registran en Brasil o México y diez veces superior a los cometidos en Argentina, Uruguay, o los Estados Unidos. Solamente El Salvador superó las cifras registradas en Colombia para la ultima década. Para el Ministerio de la Defensa el numero de victimas muertos en combate durante el año 2000 fue de 1.777, mientras que la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, grupo de defensa de derechos humanos, 6.067 personas fueron victimas de la violencia socio-política. Un incremento del 50% con respecto al año anterior. Por su parte, también Colombia es líder mundial en numero de secuestros. El año 2000 la policía registró 3.707 secuestros, es decir, unos diez diarios.
En general, existen serias dudas sobre las cifras oficiales de los índices de delitos cometidos. Ello encuentra su explicación
en la perversa tendencia del sistema judicial colombiano de registrar los delitos solamente en los cuales los delincuentes son identificados por las victimas. Es por eso que existe una extraña coincidencia entre la tasa de delitos reportados y el numero de delincuentes aprehendidos.
Las razones para explicar el alto índice delictivo en Colombia son, sin dudas, complejas. Determinar sus causas es una difícil tarea, mucho más si se tiene en cuenta de que se carecen de estadísticas confiables.
Así las cosas serian cinco las causas que explican este fenómeno social. Ellas son: (1) El trafico ilegal de drogas, (2) La falta de castigo a los delincuentes, (3) La presencia de grupos extra-gubernamentales (guerrillas y para-militares) que han asumido tareas que corresponden al gobierno en regiones del país, (4) La pobreza y desigualdad social, y su aprovechamiento por los irregulares, y (5) La posibilidad, para algunos analistas, que las décadas de conflicto hayan creado una población mas
inclinada hacia la violencia.
Una resaltante contradicción del caso colombiano es la de que a pesar de la magnitud de sus conflictos internos, el gasto militar es relativamente bajo. "Para 1998, el 15,8% del PNB ruso se destinaba a gasto militar, el 5,8% de los Estados Unidos, el 3,8% de Francia, el 3,0% de Noruega, el 2,35 de Chile y el 2,1% de los pequeños Uruguay y Panamá. Países con conflictos armados internos pendientes hacían esfuerzos mucho mayores: Filipinas el 15,8%, Angola e Israel el 13%, Nicaragua el 8,7%, y El Salvador el 2,8%". Colombia solo gastaba para 1989 el 1,4%. Las fuerzas militares colombianas fueron por años muy pequeñas. En 1985 contaban con 66.000 hombres, la mitad del Frente Sandinista y menos que el ejercito chileno de 100.000
hombres. Para el año 2000 se incrementan hasta 120.000 que no son muchos en relación en relación con el número de habitantes y la extensión del territorio.
Durante los años 80 se amplió la influencia de los carteles colombianos de drogas hacia los países vecinos mediante las operaciones de importación de químicos y el lavado de dinero. Fue en 1989, después de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, y la subsiguiente guerra contra el cartel de Medellín, que los capos colombianos de la droga extienden sus operaciones sobre todo el continente. Se afirma que ya "para mediados de los años 90 no existía un país de Latino América o el Caribe que no estuviese envuelto de alguna manera en la producción y el comercio de las drogas."
Colombia es considerada como el líder en la exportación de cocaína. La mayoría de la coca es cultivada hoy día en tierras colombianas, aun cuando todavía parte de ella se importa del Perú y Bolivia, para luego de tratada, ser re-exportada. Para la DEA, el 75 por ciento de la droga que llega a los Estados Unidos se origina en Colombia. Sin embargo, existe consenso de que en la actualidad México es la ruta más importante para el ingreso de la droga a los Estados Unidos. Esto significa que siendo el mercado de consumo la parte más rentable de esta actividad, los beneficios del comercio de la droga deben haber disminuido las entradas para los traficantes colombianos.
Las estimaciones sobre los ingresos por concepto del tráfico de drogas en Colombia, muestran altas variaciones para finales de los años ochenta. Las cifras oscilan entre unos 5.500 millones como máximo y un mínimo de 1.200 millones de dólares. Este valor de las exportaciones de drogas equivale a entre un 3 a un 14 por ciento del Producto Interno de Colombia. Otras fuentes señalan que el comercio de la cocaína -que por lo demás, desplaza al café como primer suplidor de ingresos de origen externo- canalizó, para 1984, entre 10.000 y 12.000 millones de dólares a la economía colombiana proveniente del trafico de
drogas.
Son muchas las evidencias que demuestran una estrecha correlación entre el tráfico de drogas y la violencia. Así por ejemplo, la experiencia norteamericana en los últimos 100 años sirve de ejemplo al analizar la tasa de homicidios per capita. Hay dos periodos en los cuales es excepcionalmente alta en los Estados Unidos: los años de la Prohibición (1920-33) cuando la venta de alcohol era ilegal, y desde los años 80 hasta principios de los 90 cuando el polvo de cocaína y después el crack de cocaína, floreció en los Estados Unidos.
El caso colombiano también prueba la existencia de la relación producción de drogas y violencia. El periodo de máximo incremento en el número de homicidios se corresponde con la expansión del mercado de exportación de cocaína. Los dos departamentos del país con la mayor tasa de homicidios fueron Valle y Antioquia en los cuales están localizadas las ciudades de Cali y Medellín. La tasa de homicidios en esos departamentos fue cuatro veces más alta que la media registrada en 1990 para otros departamentos de Colombia. A partir de ese año, con el desmantelamiento de los carteles de Cali y Medellín, disminuye considerablemente ese índice.
El exterminio de las siembras de drogas ha sido una tarea ímproba por parte de Colombia y los Estados Unidos; tal vez, la
facilidad de su cultivo impide su efectiva erradicación. Adicionalmente, la dependencia económica de pequeños agricultores de
esta actividad, también opera como un elemento que entorpece tal propósito. En las selvas de las provincias de Putumayo y
Vaupes, lejos del alcance de las bases anti-narcóticos y de los aviones fumigadores, florecen y se multiplican los cultivos de
coca.
Los pequeños cultivadores bendicen la coca pues es el único medio que nos da lo suficiente para vivir. Algunas variedades de
coca producen hojas frescas cada 75 días. Las cosechas legales de plátanos, por el contrario, solo producen dos o tres
cargas al año. Otros cultivos mas especializados, como el caucho y la palma africana, toman ocho y cuatro años,
respectivamente.
Adicionalmente, los intermediarios que compran la coca como pasta semi-procesada, pagan en efectivo y la recogen en la
puerta de los cosecheros. En provincias como el Guaviare, la cual es del tamaño de Suiza, hay solamente 5 Km. de carreteras
pavimentadas. Es decir, se le resuelve al agricultor el difícil problema del transporte de sus cosechas a los mercados. Los
esfuerzos por la sustitución de dichos cultivos forman parte de la agenda común de negociación de los norteamericanos.
En definitiva, los productores de coca son pequeños cosecheros utilizados, que ven en este cultivo la única posibilidad de subsistencia. En búsqueda de esa subsistencia se internan cada vez mas en las zonas selváticas para sobrevivir y estar a salvo a pesar del riesgo de sus vidas. Este fenómeno puede entenderse como la consecuencia de la imposibilidad del Estado colombiano de proveer un sistema de vida digno para estos pobladores. No es de extrañar entonces que las FARC ofrezcan protección a estos pequeños cultivadores para aprovecharse de ellos. Ello conduce a inevitables vínculos entre unos y otros.
Para algunos, la justificación de los cultivos de drogas está en el derecho de los campesinos de producir para el mercado norteamericano al igual que lo hacen los grandes cultivadores de café. Las áreas de cultivo de coca están concentradas, fundamentalmente, en los departamentos de Guaviare, al sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, y también en algunas áreas del Magdalena Medio, Norte de Santander y Sierra Nevada de Santa Marta. En el cultivo de esas áreas, las FARC, representan un papel semejante al del Estado frente a la economía informal. Como el cultivo de coca es una estructura económica ilegal, no regulada por el Estado, en la cual el Estado no aplica la ley ni resuelve los conflictos entre los ciudadanos, las FARC asumen ese papel. En el extremo de esta posición, en una forzada justificación socio-política, se concluye que las FARC en la industria de la droga intervienen con el objeto de regular la economía social y el derecho de los pequeños cultivadores. Ellos requieren que los traficantes de drogas le paguen sus correspondientes contraprestaciones a los débiles campesinos.
Existen marcadas diferencias entre la violencia en Colombia y otras regiones del continente. La prevalencia del conflicto, el incremento de los movimientos guerrilleros, la presencia de grupos paramilitares, la conexión con la ilícita actividad del trafico de drogas y en fin, la imposibilidad manifiesta del Estado para reducir su influencia, determinan especifidades que requieren de su revisión.
El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puede situarse en el llamado periodo de La Violencia, a pesar de que el propio movimiento sitúa su nacimiento en mayo de 1964.
La segunda organización en importancia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, encuentra su origen en un grupo de estudiantes que regresan de Cuba después de la Revolución liderada por Fidel Castro. Sin embargo, el propio movimiento lo califica como de origen netamente campesino.
A mediados de los años ochenta, estos grupos experimentan su mayor crecimiento. De menos de unos dos mil hombres armados para aquella época, alcanzan la cifra de 12.000 combatientes activos. Su influencia regional de un poco mas de 100 municipios de los 1.075 existentes, alcanza a cerca de 600 en 1997.
El vinculo entre guerrillas, paramilitarismo y otros grupos armados, debe analizarse desde dos dimensiones: el papel desempeñado por el sistema judicial que mediante su débil actuación propicia la existencia y proliferación de tales grupos, y, por otra parte, el hecho de que estos grupos suministran servicios de protección privada. Es por ello que la asociación con el crimen es de naturaleza compleja. Existen evidencias de que los primeros grupos guerrilleros ofrecían protección, en los municipios rurales, contra el robo de ganado. El rápido crecimiento del ELN en los ochenta, aparece asociado con extorsiones practicadas contra las compañías petroleras. Por su parte, los grupos paramilitares se presentan estrechamente vinculados con los capos de las drogas, entre otros, los conocidos como M.A.S. "Muerte a Secuestradores", creados como respuesta a los secuestros practicados por las guerrillas.
La evidencia empírica entre homicidio y guerrillas es muy débil y a veces arroja resultados sorprendentes. Los índices en áreas con presencia guerrillera, no son peores que donde no las hay. Municipios que para 1990 no tenían guerrillas y que hoy las tienen, ven disminuir su índice de homicidios. Municipios que nunca tuvieron guerrillas mantienen sus índices de homicidios.
En materia de secuestros los periodos de mayor crecimiento, van de 1986 a 1991, cuando la tasa de secuestros per cápita crece un 40% al año y, desde 1995 al presente, con una rata de casi un 25% anual. Existe un claro vinculo entre guerrillas y secuestros. Mas de la mitad de ellos lo atribuyen las victimas a grupos guerrilleros. La otra mitad es atribuida a "criminales comunes". Estos, a su vez, suelen "vender" sus secuestrados a los grupos guerrilleros. Para el periodo 1991-1995, el average de "rescate" pagado se calcula en cerca de US$ 100.000. Para 1997 un rescate de un millón de dólares, suele ser frecuente.
En 1982, el candidato conservador, Belisario Betancur Cuartas, es electo presidente. Su gobierno estuvo sometido a serios desafíos por parte de la violencia, que enfrentó con decisión y cordura. En 1984, es asesinado el Ministro de Justicia. El año siguiente, el M-19 asalta el Palacio de Justicia en Bogotá. Cuando las fuerzas militares intervienen para liberar a los rehenes, pierden la vida mas de 100 personas, incluyendo la mitad de los jueces de la Corte Suprema.
Betancur trata empeñosamente de poner fin a la violencia. En noviembre de 1982, firma una ley de amnistía y logra en los años siguientes convencer de un cese al fuego por parte de las FARC y l M-19. Al mismo tiempo comienzan a desarrollarse las llamadas "auto defensas". El M-19, tiempo después, depone las armas y se integra al proceso democrático.
La presidencia de Virgilio Barco Vargas, se inicia en agosto de 1986 con el firme propósito de resolver la conflictividad civil. Sin embargo, los grupos guerrilleros se hacen más activos y los "paramilitares" superan en numero de muertes a los grupos guerrilleros. Los carteles de la droga, especialmente el de Medellín inician la practica del terror contra el gobierno. El homicidio pasa a ser la primera causa de muerte en Colombia y su numero supera a los registrados durante la época de "La Violencia".
Durante el gobierno de Cesar Gaviria, se celebra una asamblea constituyente para reemplazar la de 1986. La Constitución de 1991 introduce cambios significativos. Como la elección limitada a un solo termino, una segunda vuelta electoral de ser necesario y, en fin, un sistema de control gubernamental. El Presidente desempeña un importante papel negociando con las FARC y el ELN, especialmente en Caracas en 1991 y en Tlaxcala, México, en 1992. Sin embargo, esos esfuerzos no arrojan resultados. Al final de su mandato, a pesar de los esfuerzos de paz, las estadísticas registran cifras semejantes de delitos a las que existían al principio de su periodo de gobierno.
Durante el periodo presidencial de Ernesto Samper la penetración del narcotráfico se incrementa gravemente. Se acelera igualmente la violencia ejercida por las "autodefensas".
Para Andrés Pastrana: "debemos reconocer que ahora, veinte años después de la llegada de los cultivos de marihuana a Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra economía, de una reversa en los avances logrados en la redistribución de tierras, una fuente de corrupción en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de todo, sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos armados... ".Y agrega: "Las debilidades de un Estado que todavía se encuentra involucrado en un proceso de consolidación han sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico..." "Recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes. La recuperación de esta capacidad por parte del Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y de la comunidad..."
Es por ello que toma forma el Plan Colombia que tiene como meta "promover nuevas actividades económicas y actividades alternativas en la agricultura con atención especial a la recuperación del medio ambiente y a la protección de los ecosistemas frágiles que han sido amenazados por los cultivos ilícitos."
Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico.
Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales.
Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que, además, deban fortalecer el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.
Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos.
Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de armas.
Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias.
Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el desplazamiento interno de individuos y comunidades.
Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años.
Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga.
En el marco de esas estrategias se inician las Conversaciones de Paz y como paso previo se crea el área desmilitarizada o "Zona de Distensión". Es creada por Ley para garantizar la seguridad necesaria con miras a avanzar en las negociaciones con la guerrilla. Esta ley permite que el Presidente cree y suspenda un área de distensión como expresión de la soberanía del Estado. La Ley solamente restringe la presencia del Ejército y la Policía dentro de dicha área y suspende órdenes de captura, sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios elegidos a nivel local o regional.
Hasta ahora los recursos aprobados por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, ascienden a cerca de 1,320 millones de dólares. Un 35% de la ayuda estadounidense en la practica no entrara a Colombia, sino que será destinada a otros países como Perú, Bolivia y Ecuador, para respaldar la acción antinarcóticos de Colombia.

Los recursos se aplican en la siguiente forma:
* Militar. 529,2 millones de dólares de los cuales 328 millones están representados por helicópteros y se incluye gasolina y repuestos
* Policía. 123,1 millones.
* Desarrollo Alternativo 68,5 millones
* Desplazados 37,5
* Derechos Humanos 51,0
* Reforma a la justicia 13,0
* Hacer cumplir la ley 45,0
* Paz 3,0
Total 862,3
Si se agrega la ayuda que ya había sido aprobada con anterioridad para los años 2000 y 2001, unos 330 millones de dólares, en su mayoría para la Policía Antinarcóticos, el total seria de 1,192.3 millones de dólares.
Conviene, someramente, revisar el Objetivo Numero Uno del Plan, el cual ha levantado agudas polémicas. En efecto, este establece que para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas, se desplegarán las siguientes acciones:
Combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, especialmente en la región del
Putumayo y en el sur del país. El gobierno no tolerará ningún vínculo entre los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley.
Establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación.
Destruir las instalaciones de procesamiento, y mejorar la intersección de drogas y de precursores en los medios terrestres, aéreos, marítimos y fluviales.
Establecer el control gubernamental sobre las áreas clave de producción de drogas.
Como puede apreciarse este recorrido por Colombia no para aquí, sino que sigue y sigue... del presente para adelante nada esta escrito, tan solo esta por escribirse..

 

 

 

 

 

Autor:


Jósse Orlando Morera

Bogotá Colombia 2002


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