Satisfactorio y saludable para la formación
intelectual haber elaborado una breve reseña descorriendo
los velos de la historia con el
propósito de conocer los hechos como fenómenos
objetivos, con
sus correspondientes causas que los engendraron y las razones
mismas que impulsaron a la voluntad humana para ser causa
eficiente de los acontecimientos.
Los partidos
políticos, se presentan como los cauces por los cuales
corren, y a veces se desbordan, determinadas corrientes de la
opinión ciudadana.
Se ha dicho, y con razón, que la vida de la sociedad, al
igual que la vida humana, se parte en edades específicas
de evolución, progresiva y regresiva.
El proceso de
institucionalización, se confunde con la historia misma de los
pueblos. En el vasto campo de la vida política y de la
religiosa cobra especial trascendencia. Dentro de las sociedades
políticas se ha institucionalizado una
multiplicidad de costumbres o normas que
durante largo tiempo fueron
simple derecho consuetudinario.
"Solamente cuando en un pueblo se ha perfeccionado el proceso de
institucionalización de tales formas orgánicas de
convivencia, dicho pueblo adquiere la madurez de su vida
societaria y puede influir fecundamente sobre otros pueblos."
"A su vez la decadencia de los pueblos se inicia con la
disolución o desfiguración de sus instituciones.
Así, el Estado, el
sistema, la
doctrina, el partido político se desfiguran y corrompen
por múltiples causas que, nos pone de presente la
crónica de las grandes civilizaciones antiguas y
modernas".
El estadista no es ya el que hace feliz al ciudadano sino el que
con más habilidad lo explota, quien hace crecer su
popularidad a costa del espíritu ingenuo, resignado e
impotente de ese ciudadano a quien debiera proteger y elevar; no
es hombre de
Estado quien
sirve a sus compatriotas sino quien con más dureza se hace
servir.
El hombre
honrado va quedándose zaguero como simple blanco de
hazmerreír, y el más listo vale más porque,
no importan los medios, ha
llegado primero.
El político y el conductor de multitudes parecen de mejor
recibo cuando traicionan y se traicionan, cuando fingen, cuando
con cautela o interés
rescatan u ocultan la verdad.
Es evidente la crisis en la
democracia
representativa colombiana, al igual que en su derecho objetivo, como
consecuencia de la crisis en sus
partidos tradicionales. Porque si éstos, que son los
canalizadores del querer popular, se desvirtúan, para dar
cauce a otros propósitos, ajenos a la finalidad para la
cual se les dio existencia, necesariamente, o deben reorganizarse
en una forma más conveniente y adecuada al momento, o
deben morir para dar paso a nuevas organizaciones
políticas en las que sí se busque el
bienestar colectivo como resultado de la opinión
popular.
La violencia como
hecho político ha estado
presente de manera persistente en el proceso de
conformación de la sociedad
colombiana. Desde las guerras
civiles del siglo XIX, los nacientes partidos, Liberal y
Conservador, "apostaron sus proyectos
políticos a las armas, a
través de las cuales comenzó ese largo transito de
relación y entrecruzamiento entre violencia y
política."
A diferencia de otros países de América
Latina, los dos grandes partidos
políticos colombianos se constituyen en verdaderas
instituciones
de profunda presencia nacional. La lealtad de sus partidarios se
transmite por generaciones y aun por poblaciones. Ello va a tener
decidida importancia en la extensión y
radicalización de la violencia en el territorio
colombiano.
Después de treinta años de un periodo que comienza
con los albores del siglo XX y que se ha dado en denominar como
de "la hegemonía conservadora", los liberales llegan al
poder a
principios de
los años treinta. En su predicamento político
está la idea de modernizar los criterios de desarrollo. Se
introducen reformas al sistema laboral, al
régimen de propiedad de
la tierra y en
otros sectores como la educación y los
procesos de
industrialización.
En 1946 los conservadores regresan al poder, en
medio de fuertes tensiones políticas, agudizadas por
viejos enfrentamientos. Jorge Eliécer Gaitán,
líder
liberal de amplio arraigo popular, es asesinado en 1948, cuando
se celebraba en Bogotá la Conferencia
Panamericana que dio origen a la actual Organización de Estados Americanos,
OEA. Hubo
grandes motines urbanos conocidos como "el Bogotazo" y mueren mas
de 2,000 personas. Se desata entonces el período de "la
Violencia", un quinquenio de barbarie que se extiende hacia
campos y ciudades. Entre 100,000 y 200,000 muertes cobra el
proceso.
Un lógico trauma nacional deja como huella la violencia
desatada. Sobreviene un Golpe de Estado
que interrumpe, por corto lapso (l953-1958) lo que había
sido una larga historia de democracia
formal en Colombia. El
Gobierno Militar
obtuvo un armisticio parcial en las luchas campesinas, pero las
restricciones a la prensa y a la
actividad de los partidos llevaron a liberales y conservadores a
unirse para derrocarlo.
Es así como nace en 1958 el acuerdo del "Frente Nacional"
que cobra carácter
constitucional de gobiernos compartidos y alternados por 16
años. Además de la alternancia en la Presidencia,
permite la división de los cargos ministeriales y puestos
en el Congreso. Restablece la paz y la estabilidad. Pero ese
proceso va a tener una consecuencia de aplazamiento de muchos de
los grandes problemas
nacionales a la vez que opera como un mecanismo de bloqueo para
opciones diferentes a los dos partidos tradicionales.
Para algunos, el modelo, al no
presentar oportunidades políticas y a la tardanza de los
gobernantes en atender con éxito
situaciones de extrema pobreza o
marginalidad
en amplias zonas de la población, hizo posible el resurgimiento de
anteriores movimientos agraristas que son infiltrados por la
ultra izquierda y ahora adoptan carácter
comunista o castrista en algunos casos; en otros, maoísta,
sin excluir la aparición entre ellas, de bandas de
delincuentes comunes. En 1964 se fundan las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC,
por guerrilleros de origen comunista y un año
después aparece el Ejercito de Liberación Nacional,
ELN, de clara inspiración pro-castrista.
Sin embargo, la visión extrema de atribuir exclusivamente
el origen de la violencia a la depauperación social y la
llamada conducta cerrada
y elitesca de la política colombiana, contrasta con el
esfuerzo de desarrollo social
y económico adelantado por algunos gobiernos. El hecho de
que Colombia por largos años mantuviera una razonable tasa
de crecimiento, aceptable institucionalidad política y que
constituyera la excepción a la crisis registrada en la
región durante los años ochenta, arroja aún
más elementos de análisis en la complejidad del caso
colombiano.
En la primera parte de los años sesenta, durante el
gobierno de
Guillermo León Valencia, la tensa situación
política y la recesión económica impactada
por la reducción de los valores de
exportación, condujo a una fuerte devaluación de la moneda. Las
compensaciones laborales, vista la gran presión
sindical, se incrementan en hasta un 40%. Se registra el mas
agudo proceso inflacionario desde 1905. Las políticas
deflacionarias aplicadas elevan el desempleo a cerca
del diez por ciento en las mayores ciudades y una creciente
desconfianza hacia el Frente Nacional lleva a que menos del diez
por ciento del electorado vote en las elecciones para
congresantes de 1964.
Pero la economía retorna hacia el camino del
crecimiento. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el
tercer presidente del Frente Nacional (1966-70), se introducen
importantes reformas políticas, y la economía, hacia el
final del periodo, alcanza una elevada tasa de crecimiento (7%).
No hay duda que influyen los altos precios que
alcanza el café,
pero ello no desmerita el esfuerzo hecho. Mucho menos, elevar el
grado de credibilidad de la dirección política.
En 1970, va a producirse un hecho de especial importancia con
ocasión de la elección de Misael Pastrana Borrero,
el candidato conservador respaldado por el Frente Nacional. Su
opositor, el ex-dictador Gustavo Rojas Pinilla, obtiene amplio
respaldo en la votación urbana, lo cual se interpreta como
un voto contra el Frente Nacional. Esa apretada elección
da origen a la aparición de un grupo
guerrillero, en 1973-74, el Movimiento 19
de Abril, o M-19, denominado así por la fecha en la cual,
según su consigna, le fue "robada la elección" a
Rojas Pinilla.
La transición hacia la libre competencia
electoral y el fin del acuerdo del Frente Nacional, transcurre
sin mayores dificultades. En 1974, Alfonso López
Michelsen, del Partido Liberal, cumple su periodo de cuatro
años (1974-78) y trasmite la presidencia a Julio
César Turbay Ayala, un liberal de centro. Continua la baja
participación electoral y crece el temor de que puede
producirse una asonada militar de cualquier signo
político.
El acuerdo de Frente Nacional, además de permitir a los
oponentes políticos argumentar la toma de la vía
armada por la imposibilidad de competir democráticamente,
tuvo un importante efecto paradójico: el traslado de la
competencia
política dentro de cada partido y no entre ellos. La
huella del Frente Nacional aun subsiste, y en los gobiernos
electos son invitados a participar miembros del partido opositor.
La secuela del asesinato de Gaitán y la constitución del Frente Nacional,
produjeron una petrificación de la política
colombiana en la memoria
colectiva que ha llevado a descuidar las virtudes de la
democracia representativa y a errar en el reconocimiento de su
evolución.
El proceso armado en Colombia tiene hondas raíces
sociales, políticas e históricas. Su
inserción en la estructura
social le ha permitido consolidarse y evolucionar hacia una
pretensión de desplazamiento absoluto de las clases
dirigentes actuales en la dirección del Estado.
Son muchos los factores que determinan esa realidad. Factores
exógenos como la Revolución
Cubana y el "castrismo" como ideología de insurgencia guerrillera para
la toma del poder; la guerra
fría y su consecuente enfrentamiento entre el mundo
socialista y el mundo capitalista y la ruptura de las
líneas políticas soviéticas y chinas que a
su vez enfrentan las tendencias de "coexistencia pacífica"
y "revolución mundial", respectivamente.
Algunos factores endógenos que determinan el proceso
pueden encontrarse en: las insurgencias campesinas y su posible
prolongación en la cultura
popular; la exclusión política que
representó la conformación del Frente Nacional; el
retraso en la atención a los problemas
sociales; la aparición de la "nueva izquierda" como
organizaciones
políticas distintas al Partido Comunista, tales como: el
Movimiento
Obrero Estudiantil, Campesino, MOEC; el Frente Unido de
Acción Revolucionaria, FUAR y las Juventudes del
Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL, entre otros, que
constituyen las simientes en las direcciones de los frentes
armados actuales.
Desde los años setenta se inicia un proceso de reformas
políticas que encuentran en la Constitución de 1991 su mejor
expresión. Las primeras conversaciones de paz arrojan
positivos resultados y grupos
guerrilleros, con excepción de las FARC y el ELN, deponen
las armas. La nueva
constitución se dicta en el marco de un amplio debate
nacional y sus previsiones apuntan hacia una
profundización del proceso democrático.
Restricción al poder central ejecutivo y promoción de la participación
política, constituyen sus líneas
básicas.
La influencia del modelo
constituyente español en
cuanto a autonomías regionales se hace presente en la
concepción del proceso de descentralización. Se dota de mayor
autoridad a
las figuras de los alcaldes y gobernadores departamentales. La
Fiscalia General y la protección a los derechos humanos
ocupan ahora un espacio de destacada importancia. La
participación ciudadana alcanza elevados niveles en los
procesos
electorales, cerca del sesenta por ciento en las elecciones de
1998. Nuevas figuras, sobre todo a nivel regional, aparecen en la
escena política.
La necesidad de nuevas reformas constitucionales se hace
evidente. La violencia y el terrorismo son
rampantes; el "contrato social"
esta amenazado. El sistema judicial es incapaz de reducir y
castigar el crimen mientras que esa misma Constitución es
proactiva en el área económica, cerrando
posibilidades al mercado y al
diseño
de políticas económicas.
También el Parlamento aparece fragmentado y sujeto a miles
de presiones. Sus relaciones con el Ejecutivo son
difíciles.
Adicionalmente, las insuficiencias institucionales amenazan la
tradicional estabilidad. En efecto, el proceso de descentralización ha dejado una secuela de
importantes déficits fiscales e ineficiencias en las
relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
El proceso presupuestario es frágil y no transparente. Los
servicios
sociales y los programas para la
reducción de la pobreza son
ineficientes y carecen de recursos. La
política
monetaria y financiera requiere de firmes controles de la
inflación.
Aun cuando muchos de estos problemas son
comunes a los países en vías de desarrollo y,
aun en economías industriales, en Colombia aparecen al
borde del colapso. Un obstáculo para superar estas
limitaciones se encuentra en el hecho de que la
Constitución de 1991 es sumamente detallada en su
articulado. La consecuencia es que relativamente pequeños
cambios e inclusive, requerimientos indispensables para la
política
económica, quedan sujetos a reformas
constitucionales.
La exuberante y diversa geografía colombiana
hace de este país el segundo, después de Brasil, en grado
de biodiversidad
en la región. Es también el quinto en cuanto a
extensión geográfica y el tercero en población con sus 41 millones de
habitantes. Colombia es el segundo exportador mundial de café y
flores. Ha gozado de una privilegiada estabilidad
económica con un crecimiento promedio del cinco por ciento
de su Producto
Territorial Bruto entre los años 1945 y 1995. Es uno de
los pocos países de la región que disfruta de una
alta calificación para la inversión internacional y, además,
es una de las más antiguas democracias de Ibero América.
Sin embargo, también Colombia se ha convertido en el
primer proveedor de cocaína del mundo. La presencia del
narcotráfico como forma organizada de
actividad criminal, ha desatado nuevas formas de violencia que
amenazan la estabilidad del propio Estado. La violencia
política se entrecruza con la violencia ejercida por la
actividad ilegal del narcotráfico. El negocio de las drogas
permite el fortalecimiento de las fuerzas insurgentes, tanto de
las FARC y el ELN, como de la
organización paramilitar de derecha, Auto Defensas
Unidas de Colombia, AUC. Evidente resulta la influencia
determinante del narcotráfico, en la extensión,
profundización y características del conflicto y en
su proyección internacional.
La tasa de homicidios en Colombia es una de las mas altas del
mundo. Para 1991, casi ochenta colombianos de cada cien mil eran
asesinados. Los homicidios en Colombia son tres veces mayor que
los que se registran en Brasil o México y
diez veces superior a los cometidos en Argentina,
Uruguay, o los
Estados
Unidos. Solamente El Salvador superó las cifras
registradas en Colombia para la ultima década. Para el
Ministerio de la Defensa el numero de victimas muertos en combate
durante el año 2000 fue de 1.777, mientras que la
Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, grupo de
defensa de derechos humanos, 6.067
personas fueron victimas de la violencia socio-política.
Un incremento del 50% con respecto al año anterior. Por su
parte, también Colombia es líder
mundial en numero de secuestros. El año 2000 la
policía registró 3.707 secuestros, es decir, unos
diez diarios.
En general, existen serias dudas sobre las cifras oficiales de
los índices de delitos
cometidos. Ello encuentra su explicación
en la perversa tendencia del sistema judicial colombiano de
registrar los delitos solamente
en los cuales los delincuentes son identificados por las
victimas. Es por eso que existe una extraña coincidencia
entre la tasa de delitos reportados y el numero de delincuentes
aprehendidos.
Las razones para explicar el alto índice delictivo en
Colombia son, sin dudas, complejas. Determinar sus causas es una
difícil tarea, mucho más si se tiene en cuenta de
que se carecen de estadísticas confiables.
Así las cosas serian cinco las causas que explican este
fenómeno social. Ellas son: (1) El trafico ilegal de
drogas, (2) La
falta de castigo a los delincuentes, (3) La presencia de grupos
extra-gubernamentales (guerrillas y para-militares) que han
asumido tareas que corresponden al gobierno en regiones del
país, (4) La pobreza y
desigualdad social, y su aprovechamiento por los irregulares, y
(5) La posibilidad, para algunos analistas, que las
décadas de conflicto
hayan creado una población mas
inclinada hacia la violencia.
Una resaltante contradicción del caso colombiano es la de
que a pesar de la magnitud de sus conflictos
internos, el gasto militar es relativamente bajo. "Para 1998, el
15,8% del PNB ruso se destinaba a gasto militar, el 5,8% de los
Estados
Unidos, el 3,8% de Francia, el
3,0% de Noruega, el 2,35 de Chile y el
2,1% de los pequeños Uruguay y
Panamá.
Países con conflictos
armados internos pendientes hacían esfuerzos mucho
mayores: Filipinas el 15,8%, Angola e Israel el 13%,
Nicaragua el 8,7%, y El Salvador el 2,8%". Colombia solo gastaba
para 1989 el 1,4%. Las fuerzas militares colombianas fueron por
años muy pequeñas. En 1985 contaban con 66.000
hombres, la mitad del Frente Sandinista y menos que el ejercito
chileno de 100.000
hombres. Para el año 2000 se incrementan hasta 120.000 que
no son muchos en relación en relación con el
número de habitantes y la extensión del
territorio.
Durante los años 80 se amplió la influencia de los
carteles colombianos de drogas hacia
los países vecinos mediante las operaciones de
importación de químicos y el lavado
de dinero. Fue en
1989, después de la muerte del
candidato presidencial Luis Carlos Galán, y la
subsiguiente guerra contra
el cartel de Medellín, que los capos colombianos de la
droga
extienden sus operaciones sobre
todo el continente. Se afirma que ya "para mediados de los
años 90 no existía un país de Latino
América
o el Caribe que no estuviese envuelto de alguna manera en la
producción y el comercio de
las drogas."
Colombia es considerada como el líder en la exportación de cocaína. La
mayoría de la coca es cultivada hoy día en tierras
colombianas, aun cuando todavía parte de ella se importa
del Perú y Bolivia, para
luego de tratada, ser re-exportada. Para la DEA, el 75 por ciento
de la droga que
llega a los Estados Unidos se origina en Colombia. Sin embargo,
existe consenso de que en la actualidad México es
la ruta más importante para el ingreso de la droga a los
Estados Unidos. Esto significa que siendo el mercado de
consumo la
parte más rentable de esta actividad, los beneficios del
comercio de la
droga deben haber disminuido las entradas para los traficantes
colombianos.
Las estimaciones sobre los ingresos por
concepto del
tráfico de drogas en Colombia, muestran altas variaciones
para finales de los años ochenta. Las cifras oscilan entre
unos 5.500 millones como máximo y un mínimo de
1.200 millones de dólares. Este valor de las
exportaciones de
drogas equivale a entre un 3 a un 14 por ciento del Producto
Interno de Colombia. Otras fuentes
señalan que el comercio de la cocaína -que por lo
demás, desplaza al café como primer suplidor de
ingresos de
origen externo- canalizó, para 1984, entre 10.000 y 12.000
millones de dólares a la economía colombiana
proveniente del trafico de
drogas.
Son muchas las evidencias que demuestran una estrecha
correlación entre el tráfico de drogas y la
violencia. Así por ejemplo, la experiencia norteamericana
en los últimos 100 años sirve de ejemplo al
analizar la tasa de homicidios per capita. Hay dos periodos en
los cuales es excepcionalmente alta en los Estados Unidos: los
años de la Prohibición (1920-33) cuando la venta de alcohol era
ilegal, y desde los años 80 hasta principios de los
90 cuando el polvo de cocaína y después el crack de
cocaína, floreció en los Estados Unidos.
El caso colombiano también prueba la existencia de la
relación producción de drogas y violencia. El
periodo de máximo incremento en el número de
homicidios se corresponde con la expansión del mercado de
exportación de cocaína. Los dos departamentos del
país con la mayor tasa de homicidios fueron Valle y
Antioquia en los cuales están localizadas las ciudades de
Cali y Medellín. La tasa de homicidios en esos
departamentos fue cuatro veces más alta que la media
registrada en 1990 para otros departamentos de Colombia. A partir
de ese año, con el desmantelamiento de los carteles de
Cali y Medellín, disminuye considerablemente ese
índice.
El exterminio de las siembras de drogas ha sido una tarea
ímproba por parte de Colombia y los Estados Unidos; tal
vez, la
facilidad de su cultivo impide su efectiva erradicación.
Adicionalmente, la dependencia económica de
pequeños agricultores de
esta actividad, también opera como un elemento que
entorpece tal propósito. En las selvas de las provincias
de Putumayo y
Vaupes, lejos del alcance de las bases anti-narcóticos y
de los aviones fumigadores, florecen y se multiplican los
cultivos de
coca.
Los pequeños cultivadores bendicen la coca pues es el
único medio que nos da lo suficiente para vivir. Algunas
variedades de
coca producen hojas frescas cada 75 días. Las cosechas
legales de plátanos, por el contrario, solo producen dos o
tres
cargas al año. Otros cultivos mas especializados, como el
caucho y la palma africana, toman ocho y cuatro años,
respectivamente.
Adicionalmente, los intermediarios que compran la coca como pasta
semi-procesada, pagan en efectivo y la recogen en la
puerta de los cosecheros. En provincias como el Guaviare, la cual
es del tamaño de Suiza, hay solamente 5 Km. de
carreteras
pavimentadas. Es decir, se le resuelve al agricultor el
difícil problema del transporte de
sus cosechas a los mercados. Los
esfuerzos por la sustitución de dichos cultivos forman
parte de la agenda común de negociación de los norteamericanos.
En definitiva, los productores de coca son pequeños
cosecheros utilizados, que ven en este cultivo la única
posibilidad de subsistencia. En búsqueda de esa
subsistencia se internan cada vez mas en las zonas
selváticas para sobrevivir y estar a salvo a pesar del
riesgo de sus
vidas. Este fenómeno puede entenderse como la consecuencia
de la imposibilidad del Estado colombiano de proveer un sistema
de vida digno para estos pobladores. No es de extrañar
entonces que las FARC ofrezcan protección a estos
pequeños cultivadores para aprovecharse de ellos. Ello
conduce a inevitables vínculos entre unos y otros.
Para algunos, la justificación de los cultivos de drogas
está en el derecho de los campesinos de producir para el
mercado norteamericano al igual que lo hacen los grandes
cultivadores de café. Las áreas de cultivo de coca
están concentradas, fundamentalmente, en los departamentos
de Guaviare, al sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, y
también en algunas áreas del Magdalena Medio, Norte
de Santander y Sierra Nevada de Santa Marta. En el cultivo de
esas áreas, las FARC, representan un papel
semejante al del Estado frente a la economía informal.
Como el cultivo de coca es una estructura
económica ilegal, no regulada por el Estado, en
la cual el Estado no aplica la ley ni resuelve
los conflictos entre los ciudadanos, las FARC asumen ese papel. En el
extremo de esta posición, en una forzada
justificación socio-política, se concluye que las
FARC en la industria de
la droga intervienen con el objeto de regular la economía
social y el derecho de los pequeños cultivadores. Ellos
requieren que los traficantes de drogas le paguen sus
correspondientes contraprestaciones a los débiles
campesinos.
Existen marcadas diferencias entre la violencia en Colombia y
otras regiones del continente. La prevalencia del conflicto, el
incremento de los movimientos guerrilleros, la presencia de
grupos paramilitares, la conexión con la ilícita
actividad del trafico de drogas y en fin, la imposibilidad
manifiesta del Estado para reducir su influencia, determinan
especifidades que requieren de su revisión.
El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) puede situarse en el llamado periodo de La Violencia, a
pesar de que el propio movimiento sitúa su nacimiento en
mayo de 1964.
La segunda organización en importancia, el
Ejército de Liberación Nacional, ELN, encuentra su
origen en un grupo de estudiantes que regresan de Cuba
después de la Revolución
liderada por Fidel Castro. Sin embargo, el propio movimiento lo
califica como de origen netamente campesino.
A mediados de los años ochenta, estos grupos experimentan
su mayor crecimiento. De menos de unos dos mil hombres armados
para aquella época, alcanzan la cifra de 12.000
combatientes activos. Su
influencia regional de un poco mas de 100 municipios de los 1.075
existentes, alcanza a cerca de 600 en 1997.
El vinculo entre guerrillas, paramilitarismo y otros grupos
armados, debe analizarse desde dos dimensiones: el papel
desempeñado por el sistema judicial que mediante su
débil actuación propicia la existencia y
proliferación de tales grupos, y, por otra parte, el hecho
de que estos grupos suministran servicios de
protección privada. Es por ello que la asociación
con el crimen es de naturaleza
compleja. Existen evidencias de que los primeros grupos
guerrilleros ofrecían protección, en los municipios
rurales, contra el robo de ganado. El rápido crecimiento
del ELN en los ochenta, aparece asociado con extorsiones
practicadas contra las compañías petroleras. Por su
parte, los grupos paramilitares se presentan estrechamente
vinculados con los capos de las drogas, entre otros, los
conocidos como M.A.S. "Muerte a
Secuestradores", creados como respuesta a los secuestros
practicados por las guerrillas.
La evidencia empírica entre homicidio y
guerrillas es muy débil y a veces arroja resultados
sorprendentes. Los índices en áreas con presencia
guerrillera, no son peores que donde no las hay. Municipios que
para 1990 no tenían guerrillas y que hoy las tienen, ven
disminuir su índice de homicidios. Municipios que nunca
tuvieron guerrillas mantienen sus índices de
homicidios.
En materia de
secuestros los periodos de mayor crecimiento, van de 1986 a 1991,
cuando la tasa de secuestros per cápita crece un 40% al
año y, desde 1995 al presente, con una rata de casi un 25%
anual. Existe un claro vinculo entre guerrillas y secuestros. Mas
de la mitad de ellos lo atribuyen las victimas a grupos
guerrilleros. La otra mitad es atribuida a "criminales comunes".
Estos, a su vez, suelen "vender" sus secuestrados a los grupos
guerrilleros. Para el periodo 1991-1995, el average de "rescate"
pagado se calcula en cerca de US$ 100.000. Para 1997 un rescate
de un millón de dólares, suele ser frecuente.
En 1982, el candidato conservador, Belisario Betancur Cuartas, es
electo presidente. Su gobierno estuvo sometido a serios
desafíos por parte de la violencia, que enfrentó
con decisión y cordura. En 1984, es asesinado el Ministro
de Justicia. El
año siguiente, el M-19 asalta el Palacio de Justicia en
Bogotá. Cuando las fuerzas militares intervienen para
liberar a los rehenes, pierden la vida mas de 100 personas,
incluyendo la mitad de los jueces de la Corte Suprema.
Betancur trata empeñosamente de poner fin a la violencia.
En noviembre de 1982, firma una ley de
amnistía y logra en los años siguientes convencer
de un cese al fuego por parte de las FARC y l M-19. Al mismo
tiempo
comienzan a desarrollarse las llamadas "auto defensas". El M-19,
tiempo después, depone las armas y se integra al proceso
democrático.
La presidencia de Virgilio Barco Vargas, se inicia en agosto de
1986 con el firme propósito de resolver la conflictividad
civil. Sin embargo, los grupos guerrilleros se hacen más
activos y los
"paramilitares" superan en numero de muertes a los grupos
guerrilleros. Los carteles de la droga, especialmente el de
Medellín inician la practica del terror contra el
gobierno. El homicidio pasa a
ser la primera causa de muerte en
Colombia y su numero supera a los registrados durante la
época de "La Violencia".
Durante el gobierno de Cesar Gaviria, se celebra una asamblea
constituyente para reemplazar la de 1986. La Constitución
de 1991 introduce cambios significativos. Como la elección
limitada a un solo termino, una segunda vuelta electoral de ser
necesario y, en fin, un sistema de control
gubernamental. El Presidente desempeña un importante papel
negociando con las FARC y el ELN, especialmente en Caracas en
1991 y en Tlaxcala, México, en 1992. Sin embargo, esos
esfuerzos no arrojan resultados. Al final de su mandato, a pesar
de los esfuerzos de paz, las estadísticas registran cifras semejantes de
delitos a las que existían al principio de su periodo de
gobierno.
Durante el periodo presidencial de Ernesto Samper la
penetración del narcotráfico se incrementa
gravemente. Se acelera igualmente la violencia ejercida por las
"autodefensas".
Para Andrés Pastrana: "debemos reconocer que ahora, veinte
años después de la llegada de los cultivos de
marihuana a
Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y
amapola, el narcotráfico sigue creciendo en importancia
como fuerza
desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra
economía, de una reversa en los avances logrados en la
redistribución de tierras, una fuente de corrupción
en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor
negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de
todo, sirve como fuente de los crecientes recursos de los
grupos armados… ".Y agrega: "Las debilidades de un Estado que
todavía se encuentra involucrado en un proceso de
consolidación han sido agravadas por las fuerzas
desestabilizadoras del narcotráfico…" "Recientemente, la
relación financiera entre los varios grupos armados y los
narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y
ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus
responsabilidades más importantes. La recuperación
de esta capacidad por parte del Estado exige un proceso de
reconstrucción de la sociedad y de la comunidad…"
Es por ello que toma forma el Plan Colombia que
tiene como meta "promover nuevas actividades económicas y
actividades alternativas en la agricultura
con atención especial a la recuperación
del medio ambiente
y a la protección de los ecosistemas
frágiles que han sido amenazados por los cultivos
ilícitos."
Una estrategia
económica que genere empleo, que
fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que
ofrezca una fuerza
económica viable para contrarrestar el
narcotráfico.
Una estrategia
fiscal y
financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con
el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar
el prestigio tradicional de Colombia en los mercados
financieros internacionales.
Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz
negociados con la guerrilla con base en la integridad
territorial, la democracia y los derechos humanos,
que, además, deban fortalecer el estado de derecho
y la lucha contra el narcotráfico.
Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y
modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que
estos recuperen el estado de
derecho, y proporcionen seguridad en todo
el territorio nacional, en contra del delito organizado
y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el
Derecho
Internacional Humanitario.
Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de
reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia
igualitaria e imparcial para todos.
Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los
demás países involucrados en algunos o todos los
eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo,
lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el
trafico de armas.
Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas
agropecuarios y otras actividades económicas rentables
para los campesinos y sus familias.
Una estrategia de participación social que apunte a una
concientización colectiva. Esta estrategia busca
desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el
compromiso de la comunidad en los
esfuerzos anticorrupción y una presión
constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos
armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el
desplazamiento interno de individuos y comunidades.
Una estrategia de desarrollo
humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados
para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los
próximos años.
Una estrategia de orientación internacional que confirme
los principios de corresponsabilidad, acción integrada y
tratamiento equilibrado para el problema de la droga.
En el marco de esas estrategias se
inician las Conversaciones de Paz y como paso previo se crea el
área desmilitarizada o "Zona de Distensión". Es
creada por Ley para garantizar la seguridad
necesaria con miras a avanzar en las negociaciones con la
guerrilla. Esta ley permite que el Presidente cree y suspenda un
área de distensión como expresión de la
soberanía del Estado. La Ley solamente
restringe la presencia del Ejército y la Policía
dentro de dicha área y suspende órdenes de captura,
sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios
elegidos a nivel local o regional.
Hasta ahora los recursos aprobados por el Congreso de los Estados
Unidos de Norteamérica, ascienden a cerca de 1,320
millones de dólares. Un 35% de la ayuda estadounidense en
la practica no entrara a Colombia, sino que será destinada
a otros países como Perú, Bolivia y
Ecuador, para
respaldar la acción antinarcóticos de
Colombia.
Los recursos se aplican en la siguiente forma:
* Militar. 529,2 millones de dólares de los cuales 328
millones están representados por helicópteros y se
incluye gasolina y repuestos
* Policía. 123,1 millones.
* Desarrollo Alternativo 68,5 millones
* Desplazados 37,5
* Derechos Humanos 51,0
* Reforma a la justicia 13,0
* Hacer cumplir la ley 45,0
* Paz 3,0
Total 862,3
Si se agrega la ayuda que ya había sido aprobada con
anterioridad para los años 2000 y 2001, unos 330 millones
de dólares, en su mayoría para la Policía
Antinarcóticos, el total seria de 1,192.3 millones de
dólares.
Conviene, someramente, revisar el Objetivo
Numero Uno del Plan, el cual ha
levantado agudas polémicas. En efecto, este establece que
para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y
desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos
integrales
dirigidos por las Fuerzas Armadas, se desplegarán las
siguientes acciones:
Combatir el cultivo ilícito mediante la acción
continua y sistemática del Ejército y de la
Policía, especialmente en la región del
Putumayo y en el sur del país. El gobierno no
tolerará ningún vínculo entre los miembros
de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con
ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley.
Establecer control militar
sobre el sur del país con propósitos de
erradicación.
Destruir las instalaciones de procesamiento, y mejorar la
intersección de drogas y de precursores en los medios
terrestres, aéreos, marítimos y fluviales.
Establecer el control gubernamental sobre las áreas clave
de producción de drogas.
Como puede apreciarse este recorrido por Colombia no para
aquí, sino que sigue y sigue… del presente para adelante
nada esta escrito, tan solo esta por escribirse..
Autor:
Jósse Orlando Morera
Bogotá Colombia 2002